Por Lola Loustalot - El aumento del 1% en el precio de los combustibles dispuesto por YPF al cierre de la jornada del miércoles será replicado por el resto de las petroleras del país. El objetivo es estabilizar el valor de la nafta durante los próximos 45 días, por lo que la medida combina un ajuste mínimo inmediato con el mantenimiento del denominado “buffer” de precios, una política que busca evitar el traslado de los sobresaltos del barril internacional del petróleo al surtidor argentino.De esta manera, a partir de este jueves, las otras compañías del sector —Shell, Puma Energy y Axion Energy— confirmaron que replicarán la decisión de la petrolera de mayoría estatal, manteniendo el esquema de amortiguador de precios hasta mediados de julio. Dado que YPF representa el 55% del despacho de combustibles en el mercado interno, esta posición dominante la convierte en referente inevitable para el resto de los actores: cualquier movimiento en sus precios suele ser replicado de inmediato por las demás empresas, que adoptan una política de seguimiento para evitar desventajas competitivas.El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, detalló la mecánica de la medida a través de su cuenta oficial en X: “A partir del jueves 14 de mayo, YPF ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda. De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de buffer de precios por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor”.Marín insistió en que durante este período, la compañía absorberá las posibles “fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo (Brent)”, comprometiéndose a mantener las demás variables del precio sin restricción, como ya había ocurrido en ciclos previos del esquema amortiguador.En términos comparativos, desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, la suba acumulada en los surtidores argentinos es cercana al 25%, mientras que el valor del crudo se apreció más de un 50%. Sin embargo, diversos consultores del rubro indicaron a Infobae que el precio de los combustibles presenta un atraso de “entre un 15 y un 16,5%” respecto de las referencias internacionales, producto de la política de amortiguación adoptada desde abril.El esquema, impulsado por YPF y replicado por el resto de las empresas, consiste en tomar como referencia para las transacciones internas el valor del crudo correspondiente a marzo —cercano a los USD 70 por barril—, mientras que la cotización internacional del Brent escaló hasta USD 120 en los picos y ronda actualmente los USD 105,23 al momento de publicación de esta nota.Esta diferencia se registra en cuentas compensadoras que las refinadoras deberán saldar cuando el precio internacional del crudo Brent regrese a rangos inferiores. Pese a la eventual resolución del conflicto geopolítico, desde el sector energético consideran improbable que el petróleo retorne al entorno de USD 60 por barril, previendo en cambio un precio internacional sostenido en torno a USD 90.Durante el período de vigencia del “buffer”, Marin explicó que YPF administrará una cuenta compensadora destinada a recuperar, una vez concluido el ciclo de congelamiento, el ingreso diferido originado por no haber trasladado al instante el impacto de las variaciones internacionales.Respecto a la duración de esta cuenta compensadora, Santiago Capdevila, consultor de Empiria especializado en energía, dijo a este medio que “no hay garantía de que el petróleo internacional vuelva rápido a los niveles previos”. Resaltó, además, que “hay que sumarle también el tipo de cambio. Si hacia fin de año vuelve a aparecer presión cambiaria, también puede ponerle un piso a los precios y hacer más difícil que haya bajas importantes en combustibles”.El mecanismo adoptado por YPF incluye también la aplicación del sistema de micropricing: una herramienta que permite ajustar el valor final al consumidor según horarios, corredores y regiones, optimizando los retornos de acuerdo con la dinámica entre oferta y demanda. Así, los precios pueden variar en algunas franjas horarias o zonas geográficas, aunque el ajuste global siga el esquema establecido.Un cartel de precios digital rojo de una estación de servicio Shell muestra los valores para diferentes tipos de combustible bajo un cielo azul claroConsultores del sector estiman un atraso de hasta 16,5% en el precio local respecto de las referencias globalesEn la estructura del precio de la nafta y el gasoil en Argentina, el costo del crudo incide sobre el 40% del valor final al público, mientras que el 60% restante proviene de impuestos, refinación, logística, biocombustibles y márgenes comerciales. Factores como la actualización de impuestos nacionales —Combustibles Líquidos y Dióxido de Carbono— y la cotización del dólar oficial también impactan de manera directa en los precios locales.El conflicto en Medio Oriente generó obstáculos para el tránsito por el estrecho de Ormuz, vía por donde pasa cerca del 20% del crudo y gas globales. Las restricciones en los puertos iraníes y la falta de acuerdos entre partes elevaron y sostuvieron —más allá de lo previsto— la tendencia alcista del precio del petróleo, contexto que motivó la repetición del esquema de amortiguación en Argentina.La decisión tiene un impacto directo en los sectores vinculados al consumo masivo de combustibles, como el transporte y la logística, que dependen del precio del gasoil para calcular sus costos operativos.

El anuncio fue realizado durante una entrevista televisiva en A24.

La medida llega en un contexto de volatilidad internacional en el mercado energético, especialmente por el impacto de la tensión geopolítica derivada del conflicto entre Estados Unidos e Irán sobre el valor internacional del petróleo crudo.

Durante la entrevista, Marín explicó que el esquema de contención de precios, que había sido implementado el pasado 1 de abril y vencía este viernes, será prorrogado por otros 45 días. Según indicó, el sistema continuará funcionando en función de “la oferta y la demanda”.

Cómo funciona el sistema de amortiguaciónEl acuerdo había sido sellado entre YPF y las principales compañías petroleras que operan en Argentina con el objetivo de reducir el impacto inmediato de las subas internacionales del barril de petróleo sobre los combustibles locales.

El mecanismo permitió moderar los incrementos en surtidores durante las últimas semanas, evitando traslados bruscos al consumidor final pese a las fluctuaciones registradas en el mercado global de energía.“Se extenderán otros 45 días dependiendo de la oferta y la demanda”, sostuvo Marín al explicar la continuidad del esquema de amortiguación.

El impacto de la guerra y el mercado internacionalLa decisión de mantener el sistema de amortiguación está directamente vinculada al escenario internacional y al comportamiento del crudo.La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán generó incertidumbre en los mercados energéticos y presionó sobre los precios internacionales del petróleo.Con el nuevo aumento del 1%, las compañías intentarán equilibrar parte de los costos acumulados mientras mantienen vigente el esquema de estabilización acordado entre el sector privado y YPF. 

 El balance financiero de YPF del primer trimestre de 2026 generó un fuerte entusiasmo en el Gobierno nacional, que lo calificó como un hito sin precedentes para la petrolera de mayoría estatal. Según los datos difundidos por la Vocería Presidencial, la compañía logró una mejora interanual de su rendimiento del 28% en comparación con 2025, respaldada por una agresiva estrategia de inversión focalizada en la eficiencia operativa y la rentabilidad de sus activos.La columna vertebral de este crecimiento fue Vaca Muerta, donde la empresa destinó el 78% de su capital de inversión. Este enfoque permitió alcanzar una producción récord de 205.000 barriles diarios de petróleo shale, consolidando un EBITDA ajustado (ganancias antes de impuestos y depreciaciones) de US$1.594 millones. La liquidez y el robusto flujo de caja fueron otros de los puntos destacados, lo que permitió a la firma sanear su perfil de deuda y fortalecer su posición de cara a proyectos de exportación a gran escala.Desde el oficialismo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, señalaron que estos resultados son el fruto directo de las políticas económicas de Javier Milei y la dirección estratégica de Horacio Marín.Al liberar la presión sobre los precios internos y priorizar los yacimientos no convencionales de alta productividad por sobre los pozos maduros, YPF logró lo que las autoridades describen como “el mejor inicio de año de toda su historia”, posicionando a la energía como uno de los pilares del superávit comercial argentino. NA.

La decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York de dejar sin efecto la condena de primera instancia por más de US$16.000 millones contra la Argentina en el juicio por la estatización de YPF supuso, a fines de marzo, un importante respiro para el Gobierno en el frente judicial externo.Sin embargo, el alivio podría ser transitorio. Los fondos que impulsan la demanda confirmaron que no dan por cerrado el conflicto y anticiparon una estrategia que combina una nueva instancia en la justicia estadounidense con el eventual traslado del caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial, pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas.El movimiento reubicó a YPF en el centro de la escena y volvió a poner bajo la lupa a un foro internacional que, durante años, concentró la mayoría de los litigios contra el Estado argentino y en el que el país acumula uno de los peores registros de resultados a nivel regional.

Un respiro parcial tras el fallo en Nueva YorkEl tribunal de alzada del Segundo Circuito estadounidense anuló la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska, que había condenado a la Argentina a pagar una indemnización multimillonaria por no haber lanzado una oferta pública al expropiar el 51% de las acciones de YPF en 2012.El fallo consideró que la magistrada había interpretado de manera incorrecta la normativa argentina y ordenó revisar sus conclusiones, lo que dejó sin efecto la condena económica que pesaba sobre el país.Lejos de aceptar el resultado, los fondos demandantes —Petersen y Eton Park, financiados por el hedge fund Burford Capital— notificaron a la defensa argentina su intención de redoblar la ofensiva judicial. El plan incluye solicitar una revisión adicional del fallo en Estados Unidos y, en paralelo, iniciar un nuevo litigio en el CIADI, un camino que abre un frente distinto y potencialmente más riesgoso para el país.

El CIADI, un terreno históricamente adversoEl CIADI es el principal tribunal internacional de arbitraje en disputas entre Estados e inversores extranjeros. Su competencia está habilitada por los tratados bilaterales de inversión, la mayoría de los cuales la Argentina firmó en la década de 1990, y permite a empresas e inversores reclamar compensaciones por incumplimientos contractuales, privatizaciones fallidas o expropiaciones.Desde comienzos de los años 2000, ese tribunal se convirtió en el principal escenario de los pleitos contra la Argentina. Según datos procesados por la organización Transnational Institute, el 94% de las demandas internacionales contra el país se presentaron ante el CIADI, y hasta 2025 la Argentina encabezó el ranking mundial con 65 casos, posición que luego fue superada por Venezuela. Ambos países, de hecho, concentran cerca de un tercio de los reclamos iniciados contra América Latina y el Caribe.El dato más sensible para el Tesoro argentino es el saldo de esas disputas: el país perdió alrededor del 86% de los casos resueltos en su contra y acumula laudos adversos por más de US$10.000 millones. Aunque esas sentencias arbitrales no son ejecutables de forma directa, los beneficiarios pueden recurrir luego a tribunales nacionales para obtener el reconocimiento del crédito y avanzar con embargos si el Estado no paga.

Antecedentes de YPF y el tratado con EspañaLa posibilidad de que el caso llegue al CIADI no es inédita. Tras la expropiación de YPF, Repsol, entonces accionista mayoritaria, recurrió a ese tribunal invocando el tratado bilateral de inversiones entre la Argentina y España, firmado en 1991. Aquella controversia se cerró en 2014 mediante un acuerdo de compensación por US$5.000 millones, que evitó una condena arbitral definitiva.Especialistas en derecho internacional señalan que Burford podría intentar una estrategia similar, apoyándose en ese mismo tratado para reformular en el CIADI un reclamo que fracasó en los tribunales de Nueva York. Para ello, los abogados del fondo solicitaron autorización para utilizar documentación obtenida durante el proceso de discovery en Estados Unidos, con el objetivo de reforzar la futura demanda arbitral.

Un frente abierto con múltiples antecedentesEl litigio por YPF se suma a otros casos aún pendientes o en ejecución contra el país en el CIADI. Entre los antecedentes figuran laudos por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, ratificados por la justicia estadounidense; condenas por la pesificación de contratos energéticos, como el caso de AES en la represa Alicurá; y fallos vinculados a congelamientos tarifarios en infraestructura y servicios públicos.En varios de estos expedientes, las sentencias arbitrales llevan más de una década sin resolverse plenamente, ya sea por apelaciones, negociaciones de compensación o dificultades para ejecutar los pagos, lo que muestra la larguísima duración de los procesos y el impacto financiero sostenido en el tiempo.

Un escenario de alta complejidad para la ArgentinaAunque el resultado en Nueva York fortaleció la posición defensiva de la Argentina, el potencial desembarco del caso YPF en el CIADI reabre un escenario cargado de incertidumbre. Se trataría de un proceso confidencial, de varios años de duración y en un ámbito donde el país históricamente tuvo poco margen de éxito.Para el Gobierno, el desafío será doble: consolidar la victoria judicial obtenida en Estados Unidos y, al mismo tiempo, preparar una defensa sólida ante un eventual arbitraje internacional que podría volver a poner en juego cifras multimillonarias. En ese delicado equilibrio, el caso YPF se perfila como uno de los principales riesgos legales y financieros externos de los próximos años, más allá del alivio coyuntural que trajo el fallo neoyorquino.

El Segundo Circuito de Apelaciones de Nueva York resolvió suspender momentáneamente el avance del juicio por la expropiación de YPF, al dejar en pausa todas las apelaciones en trámite y cancelar la audiencia que estaba prevista para esta semana. La decisión también congela la orden de la jueza Loretta Preska, que obligaba al país a entregar acciones de la petrolera como garantía.

La medida apunta a reorganizar el proceso tras el fallo de marzo, que había significado un giro clave para Argentina al revertir la millonaria condena de 16.100 millones de dólares. Con esta nueva resolución, se evita avanzar en instancias que podrían quedar sin efecto si ese pronunciamiento se mantiene firme.

En aquella oportunidad, la noticia del fallo favorable generó un fuerte impacto tanto en el ámbito político como en el económico. El Gobierno celebró el resultado como un respaldo a su estrategia legal, mientras que en los mercados se reflejó rápidamente en la caída de las acciones de los fondos litigantes. Fue el primer gran indicio de que la posición argentina podía fortalecerse en una causa que llevaba años de incertidumbre.En su análisis, los jueces del tribunal de apelaciones consideraron que la magistrada de primera instancia aplicó de manera incorrecta el derecho argentino. Señalaron que los estatutos de la compañía no generan obligaciones que habiliten reclamos de daños en tribunales estadounidenses.

Si bien reconocieron que el Estado argentino no cumplió con ciertos aspectos formales en el proceso de expropiación, aclararon que los demandantes no tienen sustento legal para exigir la indemnización en el marco jurídico correspondiente. Este punto fue determinante para el revés que sufrió el fondo Burford Capital, que aspiraba a quedarse con la mayor parte de la compensación.

Lo que vieneA pesar de este escenario favorable, el litigio aún no está cerrado. Los demandantes cuentan con dos alternativas: solicitar una revisión ampliada dentro del mismo tribunal o recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos.No obstante, especialistas coinciden en que las posibilidades de revertir el fallo son limitadas. Mientras tanto, la suspensión de las apelaciones impide cualquier avance sobre los activos vinculados a YPF y le otorga a la Argentina un margen de tiempo clave para consolidar su estrategia judicia.

El CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, calificó como “histórico” el fallo del segundo circuito de la Corte de Apelaciones de Nueva York que eximió a la petrolera de pagar una indemnización multimillonaria y revirtió la sentencia contra la Argentina, al tiempo que destacó la estrategia legal del Gobierno y proyectó un escenario optimista para el sector energético nacional.Marín explicó que existían “dos juicios” vinculados al reclamo del fondo Burford Capital: uno contra YPF y otro contra la República Argentina. Según detalló, en primera instancia la jueza había fallado “a favor de YPF y en contra de la República con los 16.000 millones de dólares”, pero la Cámara de Apelaciones ratificó que la compañía “no tuvo responsabilidad alguna” en la nacionalización de las acciones de Repsol y, además, revocó la condena contra el Estado.“El segundo circuito nuevamente ratifica que YPF no tuvo responsabilidad alguna como compañía en la nacionalización”, sostuvo Marín por Splendid AM 990, quien remarcó que el resultado “es muy importante” para la empresa por tratarse de una firma que cotiza en bolsa. “Haber perdido un juicio de esta envergadura podía extinguir a la compañía”, señaló.El ejecutivo también elogió el desempeño del Gobierno en la defensa judicial y mencionó al presidente Javier Milei y a funcionarios del equipo económico y legal. “El trabajo que hicieron fue extraordinario”, afirmó, y agregó que la probabilidad de revertir la sentencia “era menor al 15% según datos estadísticos”. En ese sentido, calificó el fallo como “una de las mejores noticias del año”, ya que “es como sacarse una mochila de 18.000 o 20.000 millones de dólares”.Respecto del impacto internacional, Marín indicó que la coyuntura global, marcada por conflictos geopolíticos, abre oportunidades para el país. “Lo que más se habló es de la seguridad del suministro. Argentina está en una zona sin conflictos y eso la convierte en un lugar seguro”, explicó tras participar en un encuentro energético en Houston. Según el titular de YPF, la diversificación de proveedores impulsada por Europa y Asia posiciona a la Argentina como un actor competitivo.“El mundo busca no poner todos los huevos en una misma canasta. Nosotros podemos aprovechar esa oportunidad”, afirmó. En esa línea, sostuvo que el país podría convertirse en uno de los principales exportadores de gas natural licuado. “Vamos a ser el sexto exportador mundial de LNG”, aseguró, y agregó que el interés de bancos y compradores internacionales “va a aumentar”.Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Marín también se refirió a la política de precios de los combustibles ante el impacto de la guerra en Medio Oriente. “Tenemos una política de precios honesta y moral”, sostuvo, y explicó que la compañía decidió trasladar al surtidor “solamente el impacto real en los costos”. Según argumentó, un aumento pleno “iba a generar una baja de consumo tan grande que iba a ser peor el remedio que la enfermedad”.“El objetivo es no especular con los consumidores”, indicó el ejecutivo, quien enfatizó que la relación con los clientes es central para la compañía. “Nos debemos a ellos. Gracias a ellos facturamos 12.000 millones de dólares por año”, expresó.Consultado sobre la estatización de la empresa impulsada durante el gobierno de Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, Marín sostuvo que la medida “es legal, pero es una violación al derecho de propiedad” y consideró que ese tipo de decisiones desalientan las inversiones. Sin embargo, evitó profundizar en la discusión política y remarcó que su rol es “generar valor para los accionistas”.En relación con una eventual privatización, el titular de YPF aseguró que no corresponde que opine. “Yo soy un empleado de YPF. Mi trabajo es generar valor”, afirmó, y señaló que cualquier decisión sobre la estructura accionaria “es una discusión del Ejecutivo y del Legislativo”.Finalmente, Marín destacó que, pese a controversias políticas internas, el interés de los inversores se mantiene. “A mí nadie me pregunta eso. El cambio en Argentina lo consideran extraordinario”, señaló, y concluyó que el proceso de reformas “va a hacer a la Argentina muy próspera en los próximos años”.

Las principales compañías del sector energético en Argentina, con YPF a la cabeza, resolvieron mantener sin cambios los precios de los combustibles durante los próximos 45 días, en un intento por contener el impacto local de la escalada del petróleo a nivel global. La decisión busca evitar que la volatilidad internacional se traslade de manera directa a los surtidores, en un contexto donde el litro de nafta súper ya supera los $2000 en gran parte del país.El acuerdo se apoya en un mecanismo de compensación entre empresas refinadoras, que establece un valor de referencia interno para el barril de crudo en una franja de entre 90 y 100 dólares. De esta forma, se intenta amortiguar el efecto del Brent, que en las últimas semanas registró una fuerte suba impulsada por el conflicto en Medio Oriente.Desde el inicio de las tensiones entre Irán e Israel, el precio internacional del crudo trepó cerca de un 50%, pasando de valores cercanos a los 72 dólares a superar los 100 dólares por barril a comienzos de abril de 2026. Este escenario ya se reflejó parcialmente en el mercado local, donde los combustibles acumulan incrementos en torno al 25%, con algunas diferencias regionales.El esquema acordado entre las empresas no contempla modificaciones en impuestos, costos de biocombustibles ni variaciones del tipo de cambio, concentrándose exclusivamente en estabilizar el precio del crudo. Según analistas del sector, esta medida apunta a evitar un nuevo impulso inflacionario, aunque advierten que, si la crisis internacional se prolonga, la presión para futuros aumentos será difícil de contener.En comparación internacional, los precios en Estados Unidos muestran otra dinámica. Allí, el galón de nafta se ubica en promedio entre 3,5 y 4 dólares, lo que equivale a aproximadamente 0,92 a 1,05 dólares por litro. Convertido a valores argentinos, tomando un dólar oficial cercano a los $900, el litro ronda entre $830 y $950, mientras que al tipo de cambio blue, en torno a los $1200, el valor se ubicaría entre $1100 y $1250 por litro. Aun con la suba global, el combustible en Argentina continúa ubicándose por encima de esos niveles, reflejando la carga impositiva y las particularidades del mercado local.

El interbloque Frente Peronista que integraba contaba con 23 diputados. De todos ellos, sólo cuatro votamos a favor de la estatización: Alfredo Atanasof, Ramona Pucheta, Alberto Roberti —secretario general de los petroleros— y yo.No fueron momentos sencillos. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y una parte del peronismo entrerriano teníamos diferencias que no eran menores. Votar a favor de aquella ley no era un acto de disciplina kirchnerista. Era, sencillamente, una posición nacional. YPF era y es un activo estratégico irrenunciable, y entregársela indefinidamente a una empresa extranjera que la vaciaba de inversiones era una forma de hipotecar el futuro energético argentino. Lo dije entonces y lo sostengo ahora, cuando han pasado catorce años de aquella votación. Y los hechos lo confirman: tener la principal petrolera en manos del Estado no es una cuestión ideológica sino estratégica. Es lo que hoy hace posible el superávit energético que la Argentina está alcanzando, con exportaciones que generan divisas genuinas y alivian una restricción externa que durante décadas fue un lastre estructural para la economía nacional. Sin YPF en manos argentinas, ese horizonte sería impensable.También quiero destacar algo de lo que me siento especialmente orgullosa: de los nueve diputados nacionales que representábamos a Entre Ríos en aquella sesión, ocho votamos a favor. Sólo hubo una abstención.Durante años, quienes apoyamos esa decisión soberana debimos soportar un relato que la presentaba como un manotazo populista, una expropiación “mal hecha”, un capricho que tarde o temprano nos iba a costar caro. Los fondos buitre construyeron una arquitectura judicial en Nueva York destinada a confirmar esa narrativa y, de paso, a llevarse más de dieciséis mil millones de dólares del patrimonio de los argentinos. Durante más de una década, esa espada estuvo suspendida sobre la Argentina.El viernes 27 de marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York la sacó de escena. Por dos votos contra uno, los jueces Chin y Robinson revocaron la condena que había dictado la jueza Preska y concluyeron que los reclamos de los fondos demandantes no eran reconocibles bajo el derecho argentino. La expropiación, determinaron, fue un acto de derecho público soberano, regido por la legislación nacional y avalado por el Congreso. Lo que hicimos en 2012 estaba dentro de la ley. Lo que hicimos fue correcto.Noto, con cierta perplejidad, que hoy varios se disputan la paternidad del triunfo. El presidente Milei salió en cadena nacional a celebrar lo que él mismo —y su coalición, y sus aliados ideológicos, como la entonces diputada Patricia Bullrich— cuestionaron durante años. El mismo espacio político que calificó la estatización como un “impuesto Kicillof”, que la presentó como un símbolo del desquicio intervencionista, hoy la defiende ante los tribunales extranjeros y la celebra como un logro propio. No hay que escandalizarse: la política tiene esa capacidad de apropiar victorias ajenas. Pero los registros están, y la historia tiene memoria.Pero lo que importa subrayar, más allá del ruido circunstancial, es el fondo del asunto. La Argentina actuó conforme a derecho. El Congreso votó una ley. Los gobiernos que siguieron —de distintos signos— sostuvieron la misma posición jurídica ante los tribunales norteamericanos. Y esa continuidad institucional fue, precisamente, la que permitió este resultado. Cuando un país defiende sus decisiones soberanas con argumentos sólidos, más allá de la politiquería de cotillón, con abogados capaces y con coherencia en el tiempo, los resultados llegan. Aunque tarden.

Desde Entre Ríos, desde el federalismo que siempre defendió el espacio político en el que milito, quiero decirlo sin eufemismos: aquellos que en 2012 votamos a favor de recuperar YPF no nos equivocamos. Lo hicimos pensando en el interés nacional, en la soberanía energética, en el derecho de la Argentina a decidir sobre sus propios recursos. Eso no tiene bandera partidaria. Tiene, simplemente, el nombre de una convicción. 

Javier Milei celebró por cadena nacional el fallo postivo que obtuvo la Argentina en Estados Unidos por el litigio con YPF.

El Presidente lanzó duras críticas a Cristina Kirchner y Axel Kicillof, quienes impulsaron la nacionalización de la empresa petrolera en 2012: “Hay una verdad irrefutable: expropiar está mal porque robar está mal”.

El mandatario buscó desterrar la idea de que este fallo le da razón a los argumentos jurídicos que defienden la ex presidenta y el gobernador bonaerense y lo dijo sin tapujos: “Hay quienes quieren leer esta noticia como un logro que expropió las empresas en un pimer lugar. ‘‘Lo voy a decir con nombre y apellido: hablo de Cristina Kirchner y del inefable Axel Kicillof.

‘‘Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado.

‘‘Esos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo. Nos podría haber dejado sin YPF y con un país fundido”.

Y agregó: “De pagarlos habria representado un enorme obstáculo en el camino de la recuperación económica. ‘‘En términos de riesgo país, tasa de interés y menor crecimiento. Hay una verdad irrefutable: expropiar está mal, porque robar está mal. Quebrar este principio nos costó 12 años de inversiones, más pobreza, menos trabajo y más indigencia”.

“El populismo puede aparentar ser beneficioso a corto plazo ante las cámaras, pero trae consecuencias a mediano y largo plazo.

‘‘Porque pone en jaque los cimientos legales sobre los que se sustentan todas las inversiones del país.

‘‘Para los que se llenan la boca hablando de soberanía y desarrollo, de los sectores estratégicos y del interés nacional, la mejor forma de defender los intereses estratégicos es con inversiones cuantiosas y sostenidas en el tiempo, y la única forma de garantizarlo es con seguridad jurídica ‘‘Esto es el verdadero patriotismo, no el populismo barato de pacotilla”, sentenció el Presidente.

En el comienzo del discurso, Milei dijo que el fallo “es un hecho de trascendencia histórica y sin precedentes para el país”.

Aseguró que, de perderlo, hubiera “implicado pagar 18 mil millones de dólares, equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas”.

“Era virtualmente imposible, pero gracias a la pericia jurídica, política y diplomatica del Gobierno se logró torcer el destino a nuestro favor. Ante la adversidad, triunfó la perseverancia. Ante la irresponsabilidad, triunfó la constancia”, expresó.

Luego, recordó que “el juicio comenzó durante la presidencia de Cristina Kirchner, se perdió en primera instancia con Alberto Fernández y ahora se logró una sentencia histórica durante esta administración”.

Sobre el final, el jefe de Estado anunció que buscarán cambiar la legislación actual: “El liberalismo es hacernos cargo de los errores del pasado y las necesidades del futuro. Por eso hemos enviado al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Expropiaciones”.

La Corte de Apelaciones de Nueva York dio de baja el fallo en primera instancia contra Argentina por la expropiación de YPF. “Revocamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la República, confirmamos la desestimación por parte del tribunal de distrito de los reclamos contra la República y YPF, confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF y devolvemos el caso para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”, destacaron los jueces los jueces Denny Chin,José Cabranes y Beth Robinson.

Ahora los demandantes podrían pedir, antes de ir a la Corte Suprema de EEUU, que todos los jueces de ese tribunal (unos 22, de los cuales 13 son activos) revisen otra vez el fallo, algo que no es usual que ocurra. Si eso ocurre podría haber cambios.

Más allá de las apelaciones que puedan surgir, se trata de una victoria para el país, en un juicio de más de una década en el que había sido condenado por Loretta Preska a pagar una suma de más de USD 16.000 millones. Infobae.

El presidente Javier Milei celebró el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que resultó favorable a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, al considerar que la decisión representa un avance clave para el país en un litigio de alto impacto económico.

A través de declaraciones públicas y mensajes en redes sociales, el mandatario destacó que la resolución permite evitar el pago de una suma cercana a los 18.000 millones de dólares. “Hemos logrado que la Argentina no tenga que afrontar ese monto”, expresó durante una actividad oficial.

El fallo se vincula con la sentencia dictada en primera instancia por la jueza Loretta Preska, que había condenado al país a pagar una cifra millonaria por la forma en que se llevó adelante la expropiación de YPF en 2012.

Aquella resolución consideraba que el Estado argentino debía haber realizado una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios, lo que derivó en el reclamo de fondos de inversión internacionales.

La reciente decisión de la Cámara de Apelaciones revocó ese criterio y dejó sin efecto la condena, en lo que el Gobierno interpretó como un resultado altamente favorable y poco probable dentro del proceso judicial.

En ese marco, Milei también aprovechó para cuestionar la gestión anterior en relación al origen del conflicto, al tiempo que defendió el rumbo de su administración. En redes sociales, celebró el fallo con mensajes enfáticos y lo definió como “el mayor logro jurídico de la historia nacional”.

Desde el oficialismo remarcaron que el resultado fortalece la posición del país en litigios internacionales y evita un impacto significativo sobre las cuentas públicas, en un contexto económico complejo.

Por Lola Loustalot -  “Es el proyecto más grande y complejo de la historia de América Latina”, dijo Horacio Marín, CEO de YPF, sobre el Argentina GNL, el megaproyecto de la petrolera de mayoría estatal que prevé producir gas natural licuado en la costa de Río Negro junto a, por el momento, dos socios internacionales.El ejecutivo lo confirmó en un encuentro con periodistas argentinos durante el CERAWeek by S&P Global, el principal evento del sector energético a nivel global. Allí aseguró que el desarrollo alcanzará un nivel de financiamiento internacional sin precedentes y, aunque reconoció que existen conversaciones con un nuevo socio global —que, de haberse cerrado, habría sido presentado durante el evento—, aclaró que el proyecto puede avanzar con los actuales integrantes.La sociedad, que ya tiene nombre propio —aunque todavía no fue revelado—, está integrada hoy por YPF, la italiana Eni y XRG, una firma vinculada al grupo saudita Aramco, uno de los mayores jugadores mundiales del negocio de los hidrocarburos.

Si bien Marín resaltó que el megaproyecto no depende del ingreso de un cuarto socio para avanzar, reconoció que existen conversaciones avanzadas con una empresa internacional. Sin embargo, enfatizó que el consorcio no está en búsqueda activa y que, si no se concreta esa oportunidad puntual, el desarrollo seguirá adelante con los actuales integrantes. “Es esa o nada”, dijo y comentó que todo avance en torno al eventual cuarto socio depende, además, de los plazos internos de aprobación y de la revisión técnica de la potencial interesada.

“El proyecto está y va. Pero la guerra en Medio Oriente podría acelerar la expansión”, dijo Marín, al vincular el escenario geopolítico global con el aumento de la demanda de GNL.Esto, además, se suma a una idea muy repetida en el mayor evento energético del mundo que se lleva a cabo esta semana en Houston: todos los actores del sector energético buscarán diversificar el origen de sus suministros. En ese sentido, por su ubicación, la Argentina emerge como uno de los candidatos más señalados.También reconoció que la guerra produjo un impulso imprevisto que coloca a la Argentina en una posición estratégica como proveedor seguro, “alejado de conflictos calientes”.Según explicó, los ataques a infraestructura energética, especialmente en Qatar, dejaron fuera de operación una planta de dimensiones similares al desarrollo argentino y obligaron a declarar fuerza mayor por cinco años en ciertos contratos en Europa. Esta situación abre una oportunidad inesperada para la Argentina.

“Esta guerra aceleró el GNL de Argentina de una forma que no se imaginan. Creo que la guerra va a impulsar fuertemente la expansión del proyecto de 12 millones de toneladas a los seis millones adicionales que proyectamos para la segunda etapa”, detalló. Ese salto, según planteó, podría posicionar al país como proveedor preferente, con acceso simultáneo tanto al Atlántico como al Pacífico.

La magnitud del financiamiento es inédita en la región. Marín detalló que el objetivo es reunir USD 15.500 millones solo para la primera fase del proyecto.

Se trata, según dijo, del “mayor esquema de project finance de la historia de América Latina”, según confirmó JP Morgan, el banco encargado de estructurar el financiamiento internacional del desarrollo.El plan prevé tener asegurado el financiamiento principal antes de fin de año. En tanto, los cronogramas ubican la decisión final de inversión (FID) en octubre y la adjudicación de las principales licitaciones antes de esa fecha.Marín explicó que el costo total para el mainstream y downstream asciende a USD 20.000 millones, de los cuales un 70% se financiará mediante créditos internacionales. El restante 30% será cubierto por aportes directos de los socios. Este esquema busca combinar financiamiento bancario con garantías de bancos de desarrollo, extendiendo los plazos de repago y reduciendo el costo financiero general.Consultado sobre los criterios de licitación y transparencia, el presidente de YPF subrayó: “Tenemos que hacer todo transparente, homologando procesos y eliminando negociaciones secundarias. Queremos que el proceso de licitación sea instantáneo, público y con criterios técnicos y económicos claros, porque así también cambiamos la cultura interna y damos garantías a todos los proveedores y socios”.En paralelo, adelantó que los socios originales ya avanzan con las negociaciones de contratos de venta futuros y con la compra de equipamiento estratégico. Solo los buques necesarios para el desarrollo tienen un costo individual que oscila entre USD 2.000 y 3.000 millones.Respecto a las ventas futuras, el empresario confirmó que ya existen contratos avanzados con “muy buenos países y de alto poder adquisitivo”. Los montos y compradores se mantienen en reserva hasta la consolidación de los acuerdos finales, aunque el proyecto se reserva entre un 10% y un 20% del volumen para el mercado spot. Eso abre la puerta a ventas puntuales a países de la región, como Brasil, o incluso a cubrir picos de consumo local.El avance del GNL es solo una parte de la estrategia de YPF. En paralelo, la compañía prevé aumentar la producción de crudo en Vaca Muerta con la incorporación de nuevos equipos de perforación. Según detalló Marín, la empresa operará con 13 rigs durante la primera mitad del año y sumará entre cuatro y cinco más hacia fin de 2026.Con ese crecimiento, la producción neta de crudo alcanzaría los 250.000 barriles diarios en diciembre de este año, frente a los 200.000 actuales. El aumento estará destinado principalmente a exportación a través del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que ya presenta un avance cercano al 50 por ciento.En paralelo, el proceso de transformación de la compañía también incluye la salida progresiva del negocio convencional. Tras la venta de áreas emblemáticas como Manantiales Behr y otros activos maduros como Chachahuen, en Mendoza, Marín confirmó que la petrolera estatal también avanzará con la devolución de áreas en el norte del país.“No es material para YPF. Nuestro objetivo es devolver esas áreas a las provincias, como ya hicimos en otras. Nos quedan algunos activos como Agua Salada y áreas en Salta donde la compañía tiene participación”, dijo Marín.El objetivo, explicó, es concentrar los recursos en desarrollos de mayor productividad y abrir nuevas licitaciones para empresas medianas y pequeñas. Algunas de ellas podrían ser de origen brasileño, ya que se trata de áreas gasíferas con potencial de exportación hacia ese país. Infobae. 

La Justicia de Estados Unidos resolvió suspender todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, favoreciendo la posición de Argentina tras el pedido formalizado por el recientemente designado procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.La Cámara de Apelaciones de Nueva York dispuso que ningún tribunal avance con medidas relacionadas al caso hasta que se determine la cuestión de fondo en el proceso de apelación promovido por el Estado nacional.

El planteo argentino había sido presentado por Amerio en sus primeras horas al frente de la Procuración, solicitando frenar el avance de investigaciones y procedimientos en torno a la ejecución de la sentencia dictada contra Argentina en 2023.La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que analiza la apelación planteada por Argentina, aceptó el planteo y dispuso frenar cualquier avance procesal hasta que se expida sobre el fondo del litigio. Este tribunal es clave en la causa, ya que tiene la potestad de confirmar, modificar o revocar la sentencia que condenó a la Argentina al pago de una cifra millonaria por la expropiación de YPF. Su decisión de conceder la suspensión implica que, por el momento, no se podrán ejecutar reclamos ni avanzar en investigaciones adicionales.

“Esta decisión podría indicar que el fallo de la cuestión de fondo podría conocerse dentro de poco tiempo, aunque la cámara no tiene no tiene plazo para hacerlo. La audiencia de apelación por el fallo madre había sido en octubre del año pasado, y desde entonces están esperando”, dijo Sebastián Maril, analista de LATAM Advisors.“Entonces, esto puede ser una señal de que los mismos jueces de la Cámara van a resolver el tema, y van a laudar sobre la cuestión de fondo. Como la van a decidir pronto, dicen, ‘no tiene sentido seguir con toda una serie de audiencias que estaban previstas en el contexto del discovery’”, agregó. (NA)

A partir del conflicto entre Irán, Israel y EEUU, los precios internacionales del petróleo se dispararon, lo que podría impactar finalmente en los consumidores con aumentos en los surtidores. No obstante, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, explicó que la suba no se trasladará automáticamente a los surtidores.“No hay que actuar con pánico en estos escenarios. No habría cimbronazos con los precios de las naftas, YPF no lo va a hacer. Va a ir viendo cómo evoluciona el precio. Tenemos una fórmula matemática para que los picos y los valles no afecten al consumidor. No esperen cimbronazos, por eso hicimos esa política de precios de promedios móviles”, explicó Marín.Como contexto, el barril de crudo ascendió a USD 82, dado que Irán es el quinto productor mundial de crudo y controla el estrecho de Ormuz, zona por la que transita aproximadamente un tercio del comercio global de petróleo y cerca de un quinto del gas. Al respecto, Marín precisó que actualmente hay 15 millones de barriles que no pueden salir de allí por el bloqueo definido por el régimen iraní.El titular de YPF explicó que el eventual traslado a precios dependerá de la magnitud y, sobre todo de la duración de las variaciones.“Si el petróleo se mantiene en torno a los 85 dólares durante cuatro meses, eso va a tener impacto. Ahora bien, si se trata de un pico transitorio, es diferente. Nadie sabe qué puede pasar, pero supongamos que mañana sube a 100 dólares y al día siguiente vuelve a 70: en ese caso, el efecto sería prácticamente nulo”, sostuvo Marín en declaraciones radiales a Mitre y La Red.En ese sentido, remarcó que movimientos bruscos pero breves no necesariamente se trasladan a los surtidores. “En situaciones así, no habría impacto”, insistió.“En YPF tenemos una política de precios, no vemos el precio del petroleo en el día, tenemos un acuerdo con los consumidores. Lo que hacemos es tener un promedio, entonces cuando hay precios del petroleo que duran muy poco no afecta al precio de los combustibles”, dijo.Marín destacó que la empresa cuenta con un sistema que le permite monitorear en tiempo real lo que sucede en cada surtidor del país y en base a ello administrar los precios.Consultado por las recientes subas de los combustibles, el directivo vinculó las variaciones al incremento en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC). “Explican algunos puntos porcentuales”, afirmó.De todos modos, aclaró que la política de la compañía es aplicar los ajustes de manera gradual. “Nosotros hacemos aumentos muy lentos; no es que trasladamos todo en un solo día”, explicó.En cuanto al impacto sobre los proyectos en marcha de gas natural licuado (GNL), el directivo señaló que aún resta evaluar la repercusión del conflicto en el mercado financiero, aunque aseguró que la hoja de ruta de la compañía no se modificó. “Hay que ver cómo afecta esto al mundo de las finanzas, pero nosotros seguimos adelante con el programa”, afirmó.“Estamos terminando los documentos finales con ENI y XRG para empezar el proceso de financiamiento del proyecto Argentina LNG”, explicó, al tiempo que remarcó que la intención es avanzar según el cronograma previsto.En términos generales, Marín señaló que la escalada bélica posiciona a la Argentina, al estar lejos de la zona de guerra, como un proveedor seguro, como sucedió cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania.De acuerdo con lo señalado por Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, la Argentina dispone de iniciativas para exportar GNL desde 2027 y registra una producción de petróleo que ya supera los 900.000 barriles por día.Ese escenario, planteó, habilita la posibilidad de capitalizar la volatilidad del contexto internacional y profundizar la presencia del país en mercados considerados estratégicos.El especialista subrayó además que, únicamente en el segmento de hidrocarburos, el año pasado se obtuvo un superávit cercano a los USD 5.000 millones, lo que marcó un giro relevante frente a ejercicios previos, cuando la balanza comercial energética mostraba déficits acumulados.Describió a la energía como un “ordenador económico” para la Argentina y destacó su incidencia tanto en la mejora del frente externo como en el impulso al entramado productivo.Por su parte, Daniel Dreizzen, Director de Aleph Energy, aseguró que un eventual aumento sostenido del precio internacional del crudo tendría un impacto directo sobre la balanza comercial argentina en 2026, ya que elevaría los ingresos por exportaciones de petróleo.En cambio, dice el también ex secretario de Planeamiento Energético, si el valor del gas en el mercado global se mantuviera elevado, el efecto sería más complejo: en el corto plazo implicaría mayores costos de importación, aunque en una perspectiva de más largo plazo podría favorecer el desarrollo y la viabilidad económica de proyectos de GNL.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó ante el tribunal de la jueza de Nueva York Loretta Preska un documento para respaldar a la Argentina en el marco del juicio por YPF.En un documento de 29 páginas, la justicia estadounidense considera que “el litigio en tribunales de los Estados Unidos contra Estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior para los Estados Unidos y afectar el trato recíproco que reciba el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones”.Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la presentación destaca “los esfuerzos realizados por el país para cumplir con los requerimientos de discovery dirigidos a obtener comunicaciones de altos funcionarios argentinos vinculadas a entidades estatales, requerimientos que, en sí mismos, resultan incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios contra Estados soberanos”.Además, el documento considera que “la moción de los demandantes para que se dicten sanciones de preclusión, inferencias adversas y sanciones pecuniarias por desacato contra la Argentina no se ajusta a los principios de cortesía internacional y reciprocidad ni a la FSIA y debe ser rechazada”.

Desde el inicio de la gestión de Milei el Departamento de Justicia de los Estados Unidos respaldó la posición de la República Argentina en esta causa.“Este respaldo pone de relieve la solidez técnica y jurídica de las presentaciones efectuadas por el Estado argentino, sustentadas en principios reconocidos del derecho internacional y en el respeto a las normas que rigen las relaciones entre Estados y la inmunidad soberana.” remarcaron desde la Procuración del Tesoro.

En este sentido, agregaron que “durante más de dos años, la Argentina cumplió de buena fe con el proceso de discovery, priorizando el respeto a las órdenes judiciales. En ese período se realizaron entregas periódicas que superaron las 115.000 páginas. Y agregaron: “A pesar del amplio acceso a información, los demandantes no lograron encontrar evidencia que respaldara sus acusaciones”.En los últimos días la República Argentina solicitó la suspensión del discovery ante la jueza Preska y, tras la negativa del tribunal, se encuentra en proceso de apelar esa decisión ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. Las partes ya han presentado sus argumentos dentro de los tiempos estipulados por el tribunal y la Argentina confía “en la razonabilidad del tribunal para rechazar un planteo desproporcionado e improcedente”.Desde la Procuración del Tesoro expresaron que “el apoyo recibido a nivel internacional y la reacción natural de los mercados sobre la expectativa de la resolución del litigio confirman los fundamentos de la estrategia trazada por la defensa argentina”.

El proceso atraviesa una instancia clave. Se espera una decisión sobre la apelación de fondo, mientras permanecen pendientes otras dos apelaciones vinculadas a la entrega de las acciones de YPF y al proceso de discovery. NA.

El presidente de YPF, Horacio Marín, prevé un aumento en las exportaciones energéticas este año, totalizando entre USD 13.500 millones y USD 14.000 millones, luego de haber ascendido a USD 11.000 millones en 2025. Consideró que esa cifra apenas un anticipo de lo esperado a mediano plazo.

Marín afirmó en Infobae en Vivo que el país alcanzará, entre 2027 y 2031, un volumen inédito de ventas externas de petróleo y GNL gracias a las inversiones y alianzas internacionales en marcha.

Según explicó, hasta 2027 las exportaciones seguirán limitadas por la capacidad de evacuación actual. “Tenemos que terminar el oleoducto VMOS, que ya pasamos el 50% y se termina a fin de año. Entonces, hasta el 2027 no puede haber un salto en las exportaciones, porque Argentina no tiene poder de evacuación”, enfatizó ante el reclamos de las pymes del sector.

Por otra parte, el presidente de YPF subrayó el rol clave del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), llevado adelante junto a compañías internacionales. Se trata de acuerdo con la italiana ENI y la gigante árabe XRG. Este año está en proceso el project finance y se espera que se concrete este año.“En el 2027 agarrate porque, una vez que se firme, tenemos 4 años para hacer el gasoducto más grande que se va a hacer en Argentina”. Añadió que en breve podría sumarse un nuevo inversor: “Hay una posibilidad de que ingrese un cuarto socio muy importante”. Asimismo, adelantó que en la primera etapa se van a exportar 100.000 barriles de petróleo.Al ser consultado sobre las inversiones que requiere el proyecto, Marín afirmó: “Nosotros tenemos que invertir 20.000 millones de dólares en infraestructura, más de 10.000 millones en pozos. Son 30.000 millones en cuatro años. Y es pura inversión extranjera. YPF va a tener el 30%”.El presidente de YPF sumó que el proyecto Argentina LNG tendrá un impacto significativo en materia de empleo: “El proyecto Argentina LNG va a generar 40.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos”.

En ese sentido, y en el marco de la apertura del Instituto Vaca Muerta, alertó sobre la necesidad de garantizar entornos seguros: “Yo no quiero trabajar en una industria donde haya accidentes. Entonces, tenemos que capacitar a la gente para que sepa los riesgos que toma cuando está trabajando y vuelva a su casa igual que yo”.

Marín insistió en la prioridad absoluta de la seguridad: “Le vamos a dar las herramientas para que las personas sepan el riesgo que esté tomando. Y que sepan parar las operaciones cuando ve que está tomando riesgo”.“Brindamos capacitación orientada al trabajo específico que cada persona va a desempeñar. Vamos a instalar un equipo de perforación escuela, con todo el sistema informático y la tecnología que utilizamos para la transferencia de datos en tiempo real, para que puedan formarse y observar en detalle cada proceso”, precisó Marín.

“A partir de esa instancia, se otorgará una certificación, y tanto las compañías petroleras como las empresas de servicios asumimos el compromiso, desde el sector privado, de incorporar a los nuevos trabajadores que cuenten con la certificación de ese instituto”, añadió.

La más reciente convocatoria a formación en el Instituto Vaca Muerta desbordó todas las expectativas del sector, reflejando el interés inusitado de miles de aspirantes para ingresar a la industria energética argentina. “Abrimos la inscripción la semana pasada, y en tres días, para 600 vacantes del año, hubo más de 10.000 anotados”.

La reforma laboral en la agenda energética

Consultado por la aprobación de la reforma laboral, Marín contó que la están analizando, pero que “por supuesto, una reforma laboral siempre es buena”.

Explicó los fundamentos detrás de ese reclamo: “Se necesita actualizar la legislación, y hay temas que son importantes para YPF, hay otros que ya YPF los tiene, pero es mejor que sea una cuestión regulatoria y no de relación con el sindicato”.

El proceso judicial vinculado a la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo cuando la República Argentina entregó ante la corte del Distrito Sur de Nueva York una declaración jurada sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El escrito responde a una solicitud del tribunal a cargo de la jueza Loretta Preska, quien falló a favor del fondo Burford Capital en la causa por la estatización de la petrolera.

La defensa argentina sostuvo ante la magistrada que las reservas internacionales del BCRA tienen inmunidad y no pueden ser objeto de ejecución judicial en los Estados Unidos ni en ningún otro país, independientemente de cualquier pedido de discovery. Esta posición se plasmó en una declaración jurada firmada por el secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton.

El documento dejó constancia del conocimiento disponible en la repartición sobre la ubicación y administración del oro, mencionando que se consultó al ministro de Economía, Luis Caputo, así como al Ministerio de Seguridad y al propio BCRA, que ratificó la imposibilidad de entregar la información requerida.La declaración argentina llegó tras la negativa inicial a revelar detalles sobre las tenencias internacionales de oro del BCRA, un tema sensible debido al interés de los fondos demandantes en identificar bienes susceptibles de ejecución para cumplir la sentencia dictada por la expropiación de YPF. El pedido de información incluyó la identificación de cuentas, movimientos y localización del oro, así como la disposición de un funcionario con conocimiento directo para declarar sobre el tema.

El BCRA remarcó que entregar información sobre la ubicación geográfica pasada, presente o futura de las cuentas utilizadas para mantener activos de reserva en custodia podría afectar la política monetaria y cambiaria, así como el respaldo de los depósitos y la seguridad del sistema financiero. Según el organismo, la administración de las reservas constituye una función bajo su órbita como ente autárquico, y responder a solicitudes de este tipo vulneraría su independencia funcional.

Fuentes oficiales subrayaron que “las reservas del BCRA gozan de inmunidad y no están sujetas a ejecución en los Estados Unidos, en la Argentina ni en ningún otro país, con independencia de cualquier solicitud de discovery”. Además, afirmaron que “cualquier información relacionada con la ubicación geográfica pasada, presente o futura de las cuentas que utiliza para mantener sus activos de reserva en custodia podría afectar la política monetaria y cambiaria implementada, el respaldo de los depósitos y la seguridad del propio sistema financiero”.La posición del Estado argentino se apoyó en la consulta a diversas áreas del Gobierno, incluyendo al Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Economía, así como al propio BCRA, que reiteró su postura de proteger la confidencialidad y el resguardo de las reservas internacionales.El conflicto se inscribe en el marco de la ejecución de la sentencia por la expropiación de YPF, que condenó a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a los fondos Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management. Los demandantes vienen insistiendo desde mayo de 2024 mediante pedidos formales de discovery para obtener información clave sobre los activos del país, en particular sobre más de 1.000 millones de dólares en reservas de oro.A pesar de que la jueza Preska ordenó expresamente en agosto de 2025 que la Argentina presentara a un testigo para declarar sobre el oro, la defensa argentina sostuvo que el representante enviado no contaba con las credenciales ni la preparación requeridas para responder a las preguntas del tribunal. Ante la falta de respuesta satisfactoria, los fondos solicitaron la convocatoria a una audiencia probatoria con la comparecencia de funcionarios con conocimiento directo, incluyendo al ministro Caputo.La declaración jurada presentada por el secretario Legal y Técnico de Economía buscó dejar en claro el alcance de la información disponible por parte del Estado y el criterio adoptado respecto al resguardo de datos sensibles. El BCRA insistió en que revelar detalles sobre la localización del oro comprometería la política de seguridad y la autonomía de la entidad, además de contrariar el interés público.La Procuración del Tesoro también intervino en la presentación, reiterando que la información sobre las reservas se encuentra bajo la administración exclusiva del BCRA y que facilitar esos datos “vulneraría su independencia funcional”. El criterio de confidencialidad, argumentaron, se justifica por razones de seguridad, respaldo de los depósitos y resguardo del sistema financiero.El pedido de discovery de los fondos incluyó la exigencia de que el Estado argentino identificara dónde se encuentra el oro, en qué cuentas está depositado y cómo llegó allí, además de poner a disposición un funcionario capacitado. Si la Argentina alegaba no tener acceso a la información por estar bajo control del BCRA, los demandantes pidieron la convocatoria a una audiencia con funcionarios con conocimiento directo.Hasta el momento, la jueza Preska no emitió una resolución definitiva sobre la solicitud de los fondos ni sobre la posibilidad de realizar una audiencia específica sobre el oro. Tampoco resolvió el pedido de suspensión de todo el proceso de discovery que la defensa argentina presentó ante el tribunal. En caso de rechazo, la defensa anticipó que recurrirá a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.La postura argentina incluyó la advertencia sobre la legitimidad de los pedidos de información y la defensa de los principios constitucionales y de derecho internacional. En despachos oficiales no ocultan su cansancio con estos pedidos a los que consideran ilegítimos porque vulneran las leyes locales, la Constitución Nacional y los principios básicos del derecho internacional.El conflicto judicial por YPF y sus derivaciones sobre los activos del BCRA representa un punto de tensión relevante para la política económica y financiera argentina, en un contexto de presión internacional por el cumplimiento de la sentencia y el resguardo de los intereses soberanos.La situación genera incertidumbre sobre los próximos pasos en el proceso judicial y sobre la estrategia del Estado argentino para proteger sus reservas internacionales y evitar eventuales embargos o ejecuciones en el exterior.

“El hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados, afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”, señala el documento elevado al Juzgado del Segundo Distrito de Nueva York al que accedió Agencia Noticias Argentinas.El proceso de discovery es aquel que le permite a los beneficiarios del fallo pedir información y rastrear posibles activos embargables para que se cumpla la sentencia.Desde la Procuración recordaron que, “durante gobiernos anteriores, la Argentina fue declarada en desacato en tres oportunidades” y, en contraposición, destacaron que “desde la asunción del actual gobierno, en diciembre de 2023, la Argentina siguió plenamente con el proceso de discovery ordenado en esta causa” y “cumplió con todas las obligaciones impuestas por el tribunal”.Asimismo, subrayaron que “el Estado argentino realizó un esfuerzo extraordinario para entregar toda la información razonablemente relevante, con un volumen de producción sin precedentes”.En ese marco, advirtieron que, frente al cumplimiento del Estado argentino, “los demandantes escalaron sus reclamos hacia pedidos cada vez más jurídicamente inaceptables, invasivos, costosos y completamente ajenos al objeto del proceso”.Asimismo, señalaron que, en las últimas semanas, “Burford escaló la presión mediante una injustificada moción de desacato y la solicitud de información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina”.Al respecto, aclararon que “dichas reservas son propiedad del Banco Central” y que, como tales, “resultan protegidas por la inmunidad de ejecución, es decir, constituyen activos no ejecutables, por lo que cualquier requerimiento de información al respecto resulta manifiestamente improcedente”.En esa línea, desde la PTN afirmaron que el discovery impulsado “se ha desnaturalizado y transformado en una herramienta de hostigamiento, destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino”.Advirtieron que “los demandantes manifestaron de forma explícita su objetivo de ‘poner arena en los engranajes’ de la recuperación económica de la Argentina”, una conducta que calificaron como “inaceptable jurídica y moralmente”.Finalmente, ratificaron que “la República Argentina continuará ejerciendo todas las herramientas legales a su alcance, en todas las instancias judiciales disponibles, para proteger su soberanía, defender el Estado de Derecho y poner freno a pedidos ilegítimos que vulneran sus leyes, su Constitución y los principios básicos del derecho internacional”. NA.

La Argentina rechazó ante la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el pedido de los beneficiarios del fallo de USD 16.000 millones por la expropiación de YPF en 2012, que reclamaban información sobre la ubicación y el uso de las reservas de oro del Banco Central. “El Gobierno rechazó este pedido explicando que el oro pertenece al BCRA y, al ser una entidad independiente, el Tesoro no tiene acceso a dicha información. De todos modos, enviará un pedido al BCRA. El Gobierno también rechazó el pedido de los beneficiarios para que el ministro Luis Caputo se presente a declarar sobre dicha información”, informó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.Cabe recordar que en enero de 2025, Preska había ordenado al país entregar toda la información requerida por los beneficiarios del fallo, donde el monto a pagar ya asciende a USD 18.000 millones al contabilizar intereses. Entre los datos solicitados se encontraba información detallada sobre la ubicación del oro argentino y otros activos.Fuentes oficiales de la Procuración del Tesoro, la cual comanda la defensa del Estado, explicaron: “Nosotros cumplimos con un proceso de discovery que fue exhaustivo y agotador. El nivel de cooperación y la actuación de buena fe por parte de la República Argentina a lo largo de este proceso han sido realmente significativos”. Además, precisaron que la legislación argentina establece que el Banco Central es un ente autárquico. En ese marco, la Procuración no tiene la potestad ni la competencia para informar nada relacionado a la autoridad monetaria, cuyas reservas, además, tienen inmunidad y no son embargables.En diciembre, Burford Capital, principal beneficiario del fallo, solicitó oficialmente a Preska que declare al país en desacato y le imponga sanciones por supuestamente incumplir órdenes en el proceso judicial, luego de que Argentina entregara más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de diversos funcionarios.“Los acreedores de la sentencia de YPF notificaron a la jueza Loretta Preska el miércoles su intención de solicitar sanciones y un fallo de desacato contra la república, alegando la supuesta omisión de Argentina de presentar ciertas comunicaciones off-channel que, según el Gobierno, escapan a su control. Los acreedores solicitaron autorización para un cronograma de presentaciones informativas del 15 de enero al 5 de marzo de 2026”, había señalado un paper de Latam Advisors.Burford busca medidas como sanciones civiles, multas diarias de un millón de dólares y que se declare al Estado como alter ego de entes estatales (BCRA, BNA, YPF y Aerolíneas), para facilitar embargos sobre sus activos.Este jueves habrá una audiencia, pactada previamente al pedido de sanciones, y desde la Procuración afirman que la postura de Argentina será más firme e intransigente que nunca. Tratarán de apelar a la razonabilidad de Preska, que es la que ha dado marco a Burford para que avance de esta manera.Posteriormente, frente al descargo presentado hoy en rechazo a la entrega de información sobre el oro, el 19 de febrero Burford tendrá la posibilidad de efectuar un nuevo descargo en respuesta. “De este modo, continúan abriéndose aristas puntuales dentro del pedido de sanciones presentado, que recién será tratado, según entendemos, hacia fines de marzo”, dijeron las fuentes oficiales.Creen que los beneficiarios del fallo están buscando ejecutar la sentencia lo antes posible y a como dé lugar, ya que en cualquier momento la Corte de Apelaciones puede revertirla completamente. Al respecto, ya interpusieron varias acciones en el tribunal de Preska, como intentar quedarse con las acciones que el Estado tiene en la petrolera (51%).Asimismo, en la Procuración remarcaron que el negocio para Burford y sus accionistas resulta excepcional: adquirieron los derechos de litigio por USD 16 millones y aspiran a cobrar 16.000 millones, lo que implica una rentabilidad cercana al 100.000%. “Este dato es relevante porque esa diferencia sale del bolsillo de los argentinos”, destacan.

El pedido se fundamenta en la denuncia de una supuesta estrategia de ocultamiento de activos por parte del gobierno para evitar el pago de la sentencia de US$ 16.100 millones de dólares.Según los demandantes, el país incumplió la orden de presentar un testigo calificado para declarar sobre el patrimonio nacional.Los fondos Petersen y Eton Park sostienen que Argentina presentó a un expositor “deliberadamente no preparado”, lo cual consideran una maniobra de obstrucción en el proceso de descubrimiento de bienes.Los demandantes buscan identificar activos embargables para ejecutar la sentencia dictada en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.La información proviene de una carta remitida el 21 de enero de 2026 por el estudio de abogados Levine Lee LLP a la jueza Loretta A. Preska.En el documento al que tuvo acceso Agencia Noticias Argentinas, los representantes legales de los beneficiarios del fallo detallan los incumplimientos en los que habría incurrido la República Argentina respecto a las órdenes judiciales de agosto de 2025.En el cuerpo de la nota presentada al tribunal, los abogados afirmaron que “el incumplimiento de la República en producir un testigo calificado forma parte de su estrategia para evadir la ejecución de la sentencia de US$16.1 mil millones, incluyendo la ocultación de más de US$1.000 mil millones en reservas de oro”. Los demandantes argumentaron que la falta de respuestas es “grave y continua” y que el daño económico es mayor debido a que el precio del metal alcanzó un máximo histórico.La presentación judicial señala que funcionarios de alto rango tienen acceso a los datos requeridos.Según el texto, el ministro de Economía, Luis Caputo, posee información directa sobre el traslado de los activos, resaltando que “el ‘jefe’ de (Santiago) Bausili” (presidente del Banco Central) y que ambos están en “contacto continuo vía grupo de chat”.Para los litigantes, la elección de un testigo sin estos conocimientos “equivale a una falta de comparecencia”.Ante esta situación, los beneficiarios del fallo solicitaron que el tribunal “obligue a la República a proporcionar de inmediato una declaración jurada identificando la ubicación, movimientos y cuenta(s) que mantienen el oro”.En caso de que el gobierno alegue falta de acceso a la información del Banco Central, pidieron celebrar una “audiencia probatoria con testimonio de individuos con conocimiento, incluyendo a Caputo y otros testigos”.Finalmente, el escrito reclama que se ordene a la República Argentina pagar los “honorarios razonables de abogados” de los demandantes por su conducta obstructiva.Los abogados recordaron que organismos como el Ministerio de Seguridad y la Auditoría General de la Nación (AGN) poseen autoridad legal para acceder a la información sobre el transporte de las reservas. NA.

Por Sebastián Catalano - El principal beneficiario del litigio por la expropiación de YPF, el bufete inglés Burford Capital, insiste con la entrega de comunicaciones y documentos de una lista de funcionarios argentinos y exfuncionarios, en el marco de la fase de discovery judicial ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.La petición vuelve a generar controversias, ya que el Gobierno argentino, por medio de la Procuración del Tesoro, manifestó la imposibilidad de reunir esa información, a pesar de que dijo que iba a cooperar para conseguirla.Según la carta del 8 de diciembre de 2025 y la Joint Letter presentada ante la jueza Loretta Preska, Burford busca pruebas que permitan determinar la supuesta relación de alter ego entre la Argentina y ciertas entidades estatales, como YPF, Banco Central, Banco Nación, Enarsa y Aerolíneas Argentina.En 2023, Preska condenó en primera instancia a la Argentina por mala praxis expropiatoria a pagar una multa que, con intereses, ya ronda los USD 18.000 millones. Esa causa “madre” tuvo su audiencia en la Cámara de Apelaciones de Nueva York semanas atrás y se espera una resolución el año próximo. En paralelo, Burford intenta cobrar como sea con medidas en el estrado de Preska, entre ellas pidiendo las acciones de la petrolera o intentando demostrar “alter ego” entre el Estado y varias compañías (que son lo mismo). En este último intento está enmarcado en pedido de información de funcionarios y ex funcionarios.El tribunal le ordenó a Argentina producir comunicaciones “off-channel” (por fuera de los canales oficiales) de funcionarios, considerando que son información pública bajo la legislación estadounidense y argentina. Los demandantes sostienen que la producción de apenas 200 páginas de mensajes de WhatsApp de cinco funcionarios y ex, sobre un total de 36, es insuficiente y evidencia una resistencia sistemática a la entrega de pruebas relevantes y que los funcionarios usan WhatsApp para asuntos oficiales.El Estado, por su parte, argumenta que ha realizado un esfuerzo considerable para recolectar y revisar documentos en dispositivos personales de altos funcionarios, y que la demora responde a la complejidad y volumen de la tarea, no a una intención de obstaculizar el proceso. Además, sostiene que la mayoría de los funcionarios actuales han accedido a cooperar, mientras que la negativa de algunos se ampara en derechos reconocidos por la ley argentina.

Los funcionariosDe acuerdo con los listados consolidados en las cartas del estudio Sullivan & Cromwell y sus anexos, la solicitud de los demandantes abarca a 36 funcionarios y exfuncionarios, tanto de la administración actual como de la anterior. Entre los funcionarios de este Gobierno (alguno ya no están están en funciones) figuran:Luis Caputo, Ministro de Economía (desde el 10/12/2023)Pablo Quirno Magrane, ex Secretario de Finanzas y actual Ministro de Relaciones Exteriores (desde el 28/10/2025)Carlos Jorge Guberman, Secretario del TesoroMaría Carmen Tettamanti, Secretaria de EnergíaMariela Beljansky, ex Subsecretaria de Planeamiento EnergéticoFranco Hernán Mogetta Prevedello, ex Secretario de TransporteLuis Octavio Pierrini, Secretario de TransporteHernán Adrián Gómez, Subsecretario de Transporte AéreoJose Luis Daza Narbona, Vice Ministro de Economía y Secretario de Política EconómicaHoracio Federico Veller, Subsecretario de Combustibles LíquidosSusana Beatriz Casillas, Directora Nacional de la Oficina de Crédito PúblicoJorge Horacio Domper, Tesorero General de la NaciónEduardo Javier Rodríguez Chirillo, ex Secretario de EnergíaLuís Francisco De Ridder, ex Subsecretario de HidrocarburosNicolás Posse, ex Jefe de GabineteJosé Rolandi, Secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de GabineteDamián Eduardo Sanfilippo, Subsecretario de Planeamiento EnergéticoAntonio Milanese, Subsecretario de Planeamiento EnergéticoGuillermo Alberto Francos, ex Jefe de GabineteEduardo Oreste, ex Asesor de la Secretaría de EnergíaMaggie Luz Videla Oporto, ex Subsecretaria de HidrocarburosA estos se suman 14 exfuncionarios de la administración anterior, entre ellos Sergio Tomás Massa (ex Ministro de Economía), Agustín Oscar Rossi (ex Jefe de Gabinete), Flavia Gabriela Royón (ex Secretaria de Energía) y otros responsables de áreas vinculadas a las entidades estatales investigadas.Según las cartas de Sullivan & Cromwell LLP del 10, 21 y 28 de noviembre de 2025, la mayoría de los funcionarios actuales que han sido contactados han aceptado voluntariamente entregar sus comunicaciones personales relevantes. Entre quienes han cooperado se encuentran Guberman, Tettamanti, Beljansky, Pierrini, Gómez, Chirillo, De Ridder, Posse, Rolandi, Sanfilippo, Milanese, Francos, Oreste y Videla Oporto.Burford reconoce que el país inició producciones escalonadas de los materiales recolectados, aunque en algunos casos la revisión y procesamiento de los datos continúa. En el caso de algunos exfuncionarios, como Raúl Enrique Rigo, también se ha recibido cooperación.Pero el núcleo de la controversia reside en la negativa de seis funcionarios de la administración actual, entre ellos los ministros Luis Caputo y Pablo Quirno, quienes invocaron, según el bufete inglés, derechos bajo la ley argentina para no entregar sus comunicaciones personales. El Estado dice que estos funcionarios ejercen una prerrogativa legal y que no puede obligarlos a entregar información privada sin su consentimiento. Los demandantes, en cambio, insisten en la relevancia de Caputo y Quirno para la investigación sobre la relación de alter ego, citando incluso resoluciones previas del tribunal que subrayan la importancia de sus comunicaciones para esclarecer la relación entre la República, el BCRA y YPF. Las posiciones de las partes, reflejadas en la Joint Letter y en la correspondencia cruzada, muestran un desacuerdo persistente sobre la amplitud y pertinencia de los funcionarios incluidos como custodios. Burford –que compró los derechos de litigio e impulsa una causa en cuya carátula figuran como demandantes Petersen y Eton Park– sostiene que Argentina está en “desacato” de la orden judicial al no producir las comunicaciones de todos los funcionarios requeridos, y que la objeción basada en la falta de consentimiento carece de fundamento, ya que el tribunal ya determinó que la información está bajo control del Gobierno.Argentina, en cambio, argumenta que cumplió con la orden judicial en la medida de sus posibilidades, que la recolección de comunicaciones “off-channel” es una tarea compleja y que la negativa de algunos funcionarios se ampara en derechos legítimos. Además, cuestiona la relevancia de algunos funcionarios y ex propuestos por los demandantes y sostiene que la búsqueda de pruebas sobre la supuesta relación de alter ego es infundada, ya que tribunales anteriores han descartado esa hipótesis respecto de las entidades estatales involucradas.En cuanto a la metodología de búsqueda, las partes también discrepan sobre los términos de búsqueda y la producción de informes, así como sobre la forma y formato de entrega de ciertos documentos, como los mensajes SWIFT. Infobae.