Según relataron los moradores, escucharon desesperados gritos de auxilio provenientes de una habitación en la que convivía una pareja. Al acercarse, observaron al hombre salir corriendo, mientras que la mujer fue hallada tendida en el suelo y cubierta de sangre.

En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para avanzar en la investigación.La víctima fue asistida de urgencia por una unidad sanitaria y trasladada al Hospital Masvernat, donde se informó que presenta múltiples heridas de extrema gravedad. Entre ellas, traumatismos punzocortantes en la región occipital, lesiones en la zona cervical, interescapular y supraescapular, además de una herida penetrante en el tórax. La paciente permanece en asistencia respiratoria mecánica, con diagnóstico de neumotórax derecho y un cuadro crítico. El carácter de las lesiones fue estimado en 35 días.

Ante la gravedad del hecho, la fiscal interviniente, Dra. Espinosa, dispuso un mandamiento de captura y detención para el presunto autor, quien sería la pareja de la víctima.

Tras un rápido operativo de búsqueda, el sospechoso fue localizado en el domicilio de su hermana, en inmediaciones de calles T. Ibáñez y Larroca, donde fue aprehendido por personal policial. En el procedimiento, también se secuestraron prendas de vestir tanto de la víctima como del detenido, las cuales serán sometidas a peritajes. 

Del total de casos registrados durante el mes de enero, 1.214 correspondieron a denuncias nuevas, mientras que 515 fueron redenuncias, es decir, situaciones previamente denunciadas que volvieron a requerir intervención judicial. Este dato muestra que una parte importante de los casos responde a conflictos persistentes que demandan seguimiento por parte del sistema judicial. En relación con la tipología de los procesos, 889 causas se vincularon con violencia de género y 672 con violencia familiar dentro del ámbito civil, mientras que 168 expedientes tramitaron en el fuero penal. Otro dato significativo es que el 32% de las causas iniciadas correspondieron a redenuncias, lo que evidencia la continuidad de situaciones de violencia que ya habían sido expuestas ante la Justicia.

Denuncias online y respuesta judicialDurante la feria judicial también se registró el uso del sistema digital de denuncias. En total, 141 presentaciones se realizaron a través de la planilla online, lo que representa aproximadamente el 9% del total mensual.

Como respuesta a estas situaciones, los juzgados civiles de la provincia dictaron más de 4.500 medidas de protección durante enero, destinadas a resguardar la integridad de las personas afectadas y prevenir nuevos episodios de violencia.Botones de pánicoEn paralelo, 35 dispositivos de botón de pánico fueron entregados a víctimas durante el período de feria judicial. Estos equipos permiten emitir alertas inmediatas ante situaciones de riesgo y facilitan una intervención rápida de los organismos de seguridad.Las cifras forman parte del monitoreo que realiza el Poder Judicial entrerriano para evaluar la evolución de los casos de violencia y fortalecer los mecanismos de prevención, protección y acompañamiento a las víctimas.

La docente de Geografía,  integrante de la red de socorristas “Dora te escucha” y de la Asamblea Participativa de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná, Belén Lescano, manifestó su profunda preocupación ante el nuevo escenario normativo que modifica la implementación de la Ley Nacional 27.234. Esta normativa, sancionada en 2015, establecía la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual de “Educar en Igualdad” en todos los niveles educativos para prevenir y erradicar la violencia de género.Según explicó Lescano, el argumento del Ejecutivo Nacional es que ya no le corresponde al Estado garantizar estas instancias, delegando la facultad en las autoridades locales. “El derecho de las infancias y de las juventudes va a depender de si la Provincia o su jurisdicción quiere o no aplicar esta jornada y es una violación en materia de derechos humanos”, señaló la docente.

La escuela como espacio de detección y cuidadoPara la comunidad educativa, estas jornadas no representaban meros contenidos académicos, sino herramientas de protección. Lescano destacó que la escuela suele ser el único lugar donde muchos estudiantes logran identificar situaciones de abuso o violencia doméstica.“La eliminación de la obligatoriedad de ‘Educar en Igualdad’ lo que hace es prácticamente invisibilizar la violencia. Esto no quiere decir que deje de existir; al contrario, se perpetúa y esto simplemente intenta minimizarla”, afirmó la docente.Asimismo, vinculó este retroceso con los ataques que viene sufriendo la Educación Sexual Integral (ESI): “A través de la ESI se pudieron identificar muchos casos de abuso intrafamiliar. Es a través de la misma en la que se ha podido intervenir y proteger a esa infancia o juventud”.

Desafíos en el aula y desinformaciónLa referente advirtió que, al quitarse el carácter obligatorio, la aplicación de estos contenidos quedará bajo la “ética y convicción” de cada profesional de la educación, lo que genera una desigualdad en el acceso a derechos según la institución o el docente que le toque a cada alumno.“La violencia no se resuelve con el silencio, se previene con un Estado presente y con ESI en las aulas”, remarcó. Según su análisis, los jóvenes reciben un bombardeo de discursos que naturalizan la violencia, lo que vuelve indispensable el rol docente para “desarmar” esos contenidos.Por otro lado, Lescano, quien también se desempeña como socorrista, observó un crecimiento en la desinformación respecto a derechos reproductivos y un retorno al “miedo a lo clandestino”.Ante la consulta periodistica sobre cuál considera que es el mensaje que el gobierno nacional envía a los estudiantes en este marco, la docente respondió: “Además del claro abandono, es la habilitación y la naturalización de la violencia”.

La mujer relató que, tras el incendio, debió abandonar su vivienda debido a los graves daños estructurales. “La casa quedó destrozada, no se puede ingresar, no tengo luz, hay una camioneta atravesada en el garage y los caños de agua están quemados”, explicó. Actualmente, se encuentra viviendo en otro lugar junto a su hija, en un contexto que describió como “muy complicado desde lo económico y lo psicológico”.Según su testimonio, la situación impactó de manera directa en la salud emocional de la niña. “Mi hija está muy perjudicada, está en retroceso con su diagnóstico”, señaló, al tiempo que confirmó que ambas se encuentran bajo acompañamiento profesional. “Ella tiene pánico, no puede quedarse sola ni salir, la vida cambió completamente”, agregó.

María Eugenia explicó que el incendio se produjo en el marco de un proceso de separación conflictivo que llevaba apenas unos meses, aunque aclaró que la violencia no comenzó entonces. “La violencia estaba desde que nació mi hija”, afirmó. “Uno naturaliza, se acostumbra, va tolerando”, expresó, al describir una convivencia atravesada durante años por situaciones de violencia psicológica y verbal que, según indicó, no logró identificar como tales en ese momento.Las denuncias formales comenzaron el 21 de septiembre, luego de un episodio en el que “un vidrio de una puerta me estalló en la cara”. “Ahí empezó todo”, sostuvo. Desde entonces, aseguró haber realizado múltiples presentaciones ante la Justicia. “Tengo una pila de denuncias”, remarcó.En relación al accionar judicial, la mujer cuestionó la falta de respuestas rápidas por parte de la Fiscalía de Violencia de Género, a cargo de Juan Pablo Gianbattista. “No entendían cómo una persona con más de veinte denuncias seguía como si nada”, afirmó. En ese sentido, consideró que el incendio podría haberse evitado. “Si se hubiera actuado cuando hice la primera denuncia, esto no pasaba”, expresó.El día del incendio, María Eugenia se encontraba declarando en sede judicial cuando fue alertada por una vecina. “Estaba declarando cuando me llamaron y me dijeron ‘se está incendiando tu casa’”, recordó. “No sabíamos dónde estaba él y lo primero que pensé fue en mi hija”, explicó, al relatar que temió por su integridad, ya que “me había amenazado muchas veces con prender fuego la casa”.

Por razones de seguridad, no pudo regresar de inmediato al lugar. “No me dejaron ir porque no sabían si me estaba esperando o dónde estaba”, señaló. Posteriormente, pudo constatar los daños materiales ocasionados tanto por el incendio como por el operativo de emergencia. “Como pensaban que estábamos adentro, los bomberos rompieron puertas y rejas para entrar”, indicó.

Respecto al vínculo con la hija en común, María Eugenia aclaró que al momento de los hechos existía una orden de restricción a su favor, aunque no incluía a la niña. “Yo nunca quise impedir el vínculo, solo una rutina normal, que la llevara a la escuela y nada más”, explicó.Finalmente, dejó un mensaje dirigido a otras mujeres que atraviesan situaciones similares. “Que se instalen en Tribunales hasta que les den bola”, expresó. “Si se actuara a tiempo, muchas cosas no pasarían”, concluyó.Mientras la causa judicial continúa su curso, María Eugenia intenta reorganizar su vida junto a su hija, lejos de su hogar y con el acompañamiento de su familia y de profesionales de la salud, a la espera de respuestas que, según señaló, no llegaron a tiempo.

La Policía de Entre Ríos investiga un grave episodio ocurrido días atrás en Santa Elena, donde un funcionario de la fuerza está acusado de haber privado ilegítimamente de la libertad a su pareja, una joven que permanece internada en estado reservado en el hospital San Martín de Paraná.

Según datos recabados por AHORA, el hecho habría comenzado cuando el hombre interceptó a la mujer en una calle de tierra alejada de la ciudad. La obligó a subir a su auto y luego de unos metros la arrojó con el vehículo en marcha.Tras esa situación, la subió otra vez al automóvil y la llevó a su casa. Allí la retuvo contra su voluntad durante al menos tres días. Finalmente, la acercó a un centro de salud producto de las severas lesiones que le provocó.

Estado de salud de la víctimaLa joven se encuentra internada en el tercer piso del hospital San Martín, en el área de neurología. Presenta una fractura de cráneo y los médicos trabajan para drenar líquido que se filtraba por el oído, con el objetivo de evitar una infección que podría derivar en meningitis. Su estado es delicado y reservado.

Testimonios familiaresFamiliares de la víctima señalaron que habían advertido sobre la violencia en la relación y temían un desenlace grave. “La tiró del auto andando, pero primero le pegó”, relató una allegada.También denunciaron que el acusado habría llevado a la joven inconsciente a su casa, reteniéndola allí y utilizando su celular para simular publicaciones en redes sociales como si fueran de ella.

La denuncia fue presentada y el fiscal interviniente tomó declaración a la víctima en el hospital, donde ratificó lo sucedido y acusó directamente a su pareja. La causa se encuentra en etapa de investigación y las autoridades judiciales analizan las pruebas y testimonios para determinar responsabilidades.

Según se informó, un hombre habría amenazado e intentado agredir a una mujer, quien sería su ex pareja, utilizando un destornillador. Luego de esta situación, el agresor se atrincheró dentro de la vivienda portando un cuchillo, negándose a deponer su actitud.Al arribar al lugar, el personal policial constató que el individuo se encontraba en un estado de extrema alteración, con indicios de estar bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Ante el riesgo que representaba tanto para la víctima como para los efectivos, se dio intervención al Grupo Especial.Los uniformados intentaron inicialmente reducirlo mediante el uso de gas lacrimógeno, aunque dicha medida no fue suficiente debido al elevado nivel de agresividad del sujeto, quien se abalanzó sobre el personal policial. Frente a esta situación, y con el objetivo de neutralizar la amenaza, los efectivos debieron repeler la agresión mediante un disparo de escopeta con munición antitumulto (postas de goma), logrando finalmente desarmar y reducir al agresor.Se confirmó además que el hombre posee medidas de restricción vigentes respecto de la víctima, lo que agrava su situación judicial. Todo lo actuado fue puesto en conocimiento de la fiscal de género interviniente, Dra. Espinosa, quien dispuso las actuaciones correspondientes mientras continúan las diligencias del caso.

Según informaron fuentes policiales, una mujer pidió auxilio telefónicamente tras ser agredida y amenazada por su expareja dentro del domicilio. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la situación y encontraron al agresor aún presente en la vivienda.La Fiscalía en turno ordenó de inmediato la detención del hombre, mayor de edad, quien fue trasladado y alojado en la Jefatura Departamental San Salvador, donde permanece a disposición de la Justicia.La víctima radicó la denuncia correspondiente y fue examinada por el médico policial, quien constató lesiones de carácter leve. Además, por disposición fiscal, se secuestraron un arma blanca y un teléfono celular vinculados al episodio.El hecho se investiga bajo las figuras de lesiones leves, daño y coacciones agravadas, en el marco de un caso de violencia de género.

El relevamiento indica que el 88,7% de las víctimas son mujeres o niñas, con una edad promedio de 34 años. En la provincia, se formula una denuncia por violencia de género cada 40 minutos.

El rostro de la violenciaEl estudio muestra que la violencia psicológica es la forma más frecuente, representando el 57% de los casos. Le siguen:• Violencia física: 28%,• Económica patrimonial: 7%,• Sexual: 5%,• Simbólica o política: 3%.Desde la OVG se advirtió que “la mayoría de las mujeres sufre más de un tipo de violencia a la vez”, lo que complejiza los abordajes y las medidas de protección.

El hogar, el ámbito más inseguroEl lugar donde con mayor frecuencia ocurre la violencia sigue siendo el ámbito doméstico, con un 79% de los registros. El 15% se produce en espacios públicos, institucionales o laborales, y un 3% corresponde a hechos de violencia digital o telemática.“El hogar sigue siendo un lugar inseguro para muchas mujeres”.

Agresores mayormente conocidos por las víctimas• 66% de los agresores son varones que fueron pareja o ex pareja de la víctima.• El 97% de los agresores registrados son hombres.“La mayoría de las violencias contra mujeres proviene de vínculos afectivos previos”.

Denuncias y revinculacionesEl informe revela que el 85,5% de las denuncias son realizadas por las propias víctimas, aunque un 84,5% de los expedientes ingresan por vía policial.En materia de riesgo, se registraron 4.680 episodios en diez meses, y 1 de cada 2,3 corresponde a hechos reiterados con el mismo agresor. “Más de 4.600 mujeres realizaron redenuncias”.Producción de datos para fortalecer políticas públicasEl informe se elaboró a partir de la información que diariamente ingresan los organismos del Poder Judicial al sistema REJUCAV, lo que permite dimensionar la problemática y fortalecer las políticas de prevención y protección.La OVG recordó que las denuncias pueden realizarse ante la policía, en las unidades judiciales o telefónicamente a través del 144, disponible las 24 horas o en forma online en https://www.jusentrerios.gov.ar/denuncias/

El procedimiento se realizó tras obtener la correspondiente habilitación judicial. Durante el operativo se secuestraron diversos elementos de interés para la investigación, entre ellos armas blancas.

En el lugar trabajó también personal de la Sección Policía Científica, que realizó tareas de planimetría y registro fotográfico de la finca.

Ante los indicios reunidos y con el objetivo de resguardar la integridad de la víctima, se dispuso la detención del presunto agresor. La mujer, en tanto, quedó bajo custodia y protección policial.

En el sitio se hizo presente la fiscal Dra. Camila Barhich, quien interviene en la causa, junto a personal del Área de la Niñez, Mujer y Familia, encargado de brindar la asistencia correspondiente a la víctima.

El incidente se inició cuando una mujer llamó a la central “911” del Comando Radioeléctrico para denunciar que su pareja —a quien ya había denunciado minutos antes por violencia de género— se había presentado nuevamente en su domicilio. Según el parte policial, el hombre ingresó por la fuerza a la vivienda, mantuvo un forcejeo con la víctima y sustrajo algunos elementos personales.Al llegar al lugar, el personal policial fue informado por otra vecina que el mismo individuo, al huir, le había robado su motocicleta marca Siam Qu, la cual se encontraba estacionada en la vereda con la llave colocada.Ante la situación, se implementó un operativo cerrojo con la participación de varios móviles. Tras una persecución, los efectivos lograron localizar al sospechoso cuando llegaba a una vivienda ubicada sobre Avenida Colón.Por disposición de la Fiscalía de turno, el hombre fue detenido por el presunto delito de hurto de motovehículo y quedó alojado en la Jefatura Departamental. El rodado sustraído fue recuperado.Las actuaciones continúan bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal. 

La decisión fue adoptada por unanimidad por la Sala II del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, quienes rechazaron los cuestionamientos de la defensa a la confirmación del procesamiento de Fernández como autor de lesiones leves y graves agravadas por contexto de violencia de género y amenazas coactivas, todos en concurso real.

Apartan al juez Ercolini, pero se acerca el juicio oralLos camaristas también descartaron los pedidos de nulidad y las excepciones de falta de acción, así como el intento de derivar la causa a la jurisdicción de San Isidro. En cuanto a la recusación de Ercolini, los magistrados consideraron que los nuevos elementos aportados en audiencia daban sustento a la versión del ex mandatario sobre la pérdida de relación con el juez, lo que podría afectar la imparcialidad del proceso.Pese al apartamiento, el tribunal dejó firme la validez de todas las actuaciones previas, citando los compromisos internacionales del Estado argentino en materia de género, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. Con este fallo, Fernández queda a un paso del juicio oral por las acusaciones de violencia contra su ex pareja. NA.

La denuncia fue realizada por una mujer de 27 años, quien manifestó haber sido víctima de reiterados episodios de hostigamiento y celos por parte de su pareja, un hombre de 30 años. Según detalló, en esta oportunidad el agresor se retiró de la vivienda y luego regresó, ingresando por la fuerza y ocasionando daños en la puerta de ingreso.La situación provocó temor en la denunciante, quien decidió abandonar la casa y dirigirse al domicilio de una amiga. Con conocimiento de la Fiscalía de San Salvador, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar, donde aún se encontraba el agresor. Por disposición de la autoridad judicial, el hombre fue detenido y trasladado a la Jefatura de Policía de San Salvador, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.

Claudia Perillo, responsable del área mencionada, indicó que el primer paso fue concretar un espacio físico adecuado para llevar adelante las distintas acciones con el objetivo de preservar la identidad y dar seguridad a las mujeres que lamentablemente pasan por esta situación. “Logramos concretar un lugar con todas las condiciones y el personal adecuado para poder brindar la asistencia que cada caso necesita” afirmó.Esto se obtiene en un trabajo conjunto con la Justicia, particularmente con la Fiscalía de Género “que cuenta con personal y profesionales muy comprometidos que nos permite realizar un abordaje ante cada denuncia y la posterior intervención de la Casa de la Mujer” puntualizó Perillo.En ese sentido indicó que además de acompañar a las víctimas ante cada instancia judicial, reciben atención médica y contención psicológica “no sólo a quien efectúa la denuncia sino también a su entorno ya que hay casos donde hay menores involucrados”.Por otro lado, Perillo señaló que actualmente el Gobierno de Entre Ríos cuenta con un programa de inserción o reinserción laboral “que también cumple un rol importante ya que hay hechos de violencia que se relacionan con la dependencia económica”.La parte de alfabetización también está cubierta a través de los programas que se desarrollan por medio de la Subsecretaría de Educación y Cultura. 

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas y fue clave la intervención del menor, quien, desesperado, pidió ayuda a los vecinos para evitar una tragedia.Según datos aportados a un cronista de 7Paginas, el niño ingresó en la vivienda de una vecina manifestando que su padre estaba «matando a su mamá». De inmediato, la hija de la vecina junto a una amiga ingresaron a la casa de la víctima, donde encontraron al agresor sujetándola del cuello. En ese momento, el hombre también intentó agredir a las jóvenes que intentaban socorrer a la mujer.Mientras ocurría este desesperante cuadro, la vecina logró comunicarse con la Comisaría Séptima, cuyos efectivos acudieron rápidamente al lugar, logrando controlar la situación y detener al atacante.Fuentes confirmaron que el agresor tenía medidas de restricción de acercamiento hacia su expareja, producto de denuncias previas por violencia de género, las cuales, evidentemente, no impidieron el nuevo ataque.Además, pudo saberse que la víctima es la madre de Josefina López, la joven asesinada y descuartizada en el año 2015, un crimen que conmocionó al país y por el cual un hombre de apellido Acuña —familiar de la menor— cumple actualmente una condena de prisión perpetua.  La vecina cuyo accionar fue clave para alertar a la policía, relató a 7Paginas que no es la primera vez que esta mujer es agredida por el mismo hombre, y que en ocasiones anteriores también fue socorrida por los vecinos. “Nos amenazó al momento de ser detenido, pero no podemos mirar para el costado”, expresó.La vecina también denunció la falta de protección real que sufren las víctimas de violencia de género en barrios alejados. Explicó que muchas veces los agresores ingresan nuevamente a las viviendas, incluso robando los teléfonos que sirven para activar botones antipánico. “Las mujeres viven atemorizadas. Hacen la denuncia, pero después los violentos regresan a tomar venganza”, señaló.Este nuevo caso vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de políticas más efectivas para proteger a las víctimas de violencia de género, especialmente en zonas vulnerables donde el acceso a asistencia inmediata es limitado y la reincidencia de los agresores representa un peligro constante. 

La medida, dispuesta por el titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 5, Juan Marcelo Micheloud, se dio en el marco del proceso por violencia institucional que inició en marzo de 2024 la jefa del bloque de diputados del PJ, María Laura Stratta, contra el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.En primera instancia, la jueza civil y comercial Nº 4 Elena Albornoz había rechazado la presentación de Stratta. Pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo hizo lugar a la denuncia y revocó lo resuelto en primera instancia.Con la firma de los jueces Adriana Acevedo y Marcelo Baridón, la Cámara dispuso el 25 de marzo de 2024 «como medida de tutela anticipada que el denunciado Gustavo Hein deberá abstenerse en lo sucesivo y hasta que finalice la presente causa de efectuar pronunciamientos públicos por cualquier medio de difusión sobre cualquier pormenor y/o circunstancia atinente a la presente y/o a su sustanciación, sin perjuicio de los derechos procesales y sustanciales de los que dispone, debiendo recordar y honrar el mandato legal que impone reserva y confidencialidad a actuados de esta naturaleza, artículo 6 inciso e) de la ley 10.956. La medida deberá ser notificada al denunciado en su domicilio real mediante cédula, con habilitación de días y horas inhábiles (artículo 9 de la ley 10.956)”.Ahora, el juez Micheloud, que siguió el trámite del proceso, ordenó que esa medida de tutela anticipada se mantenga hasta tanto el fallo haya adquirido firmeza.Además, el magistrado exhortó “a las autoridades de las cámaras legislativas a que verifiquen el estricto cumplimiento de la capacitación obligatoria y permanente en la temática de género y violencia contra las mujeres establecida por la ley provincial 10768, facilitando a quienes integren cada cuerpo -en todos  sus niveles y jerarquías- las instancias de capacitación correspondientes”.A mediados de marzo, y durante una reunión de Labor Parlamentario, hubo un entredicho entre Stratta y Hein que la legisladora entendió como violencia de género. En su denuncia, señaló que Hein le respondió de manera agresiva gritándole ante todos los presentes descalificando su labor y humillando sus aportes. Destacó el contenido estereotipado de sus intervenciones, con frases como “no hay nada que te venga bien”, “vos tenés algo personal conmigo”, “siempre ponés palos en la rueda, con vos no se puede Laura todo te molesta”, “tengo que bancarme que me critiquen callado la boca”. Stratta señaló que esta última frase fue en alusión a otras sugerencias que se le habían realizado en otras instancias. Describió en su presentación que se sintió humillada, evaluando incluso, y así se lo hizo saber a sus compañeros de bloque, renunciar, por temor a su integridad”.El juez Micheloud se valió de la opinión del equipo técnico interdisciplinario (ETI) de Tribunales y sostuvo: “Atento a lo considerado precedentemente y a que la magistratura debe velar porque se vea salvaguardado el derecho de acceso a la justicia, entiendo que en la reunión de comisión de labor parlamentaria del día 13.03.2024 se produjo una situación que se extralimitó del marco propio del desempeño de la función de quienes integran el cuerpo legislativo y que, por las razones antes apuntadas y en el especialísimo caso concreto, no puede quedar amparada en la inmunidad de opinión y ver impedida su consideración en esta instancia judicial”.Y sumó: “En efecto, la conducta y las expresiones cuestionadas -si bien fueron vertidas en el ámbito parlamentario- se revelan como alusiones de carácter personal hacia la denunciante que escapan al marco de desarrollo propio de una reunión de comisión”.“En dicho marco, entiendo que la respuesta del denunciado en dicha reunión fue desmedida e inadecuada en relación con el planteo efectuado por la diputada S., fundamentalmente por haber sido efectuada en términos personales (`vos tenés algo personal conmigo`), con algunasexpresiones que pueden tener un sesgo discriminatorio de género, y generando abruptamente una situación de tensión en la que la diputada se sintió claramente agredida”.Así, el juez  invitó “a reflexionar sobre el impacto de nuestros gestos y palabras cotidianas y a fomentar debates constructivos con exclusión de todo tipo de violencia. A lo anterior se suma que, en calidad de servidoras y servidores públicos, quienes ejercen una función pública, deben tener en cuenta el amplio alcance y los eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en determinados sectores de la población. Ello se ve acentuado en ciertos contextos sociales o políticos”.

El ex presidente Alberto Fernández apeló su procesamiento por violencia de género contra Fabiola Yañez y reclamó ser sobreseído en el escrito que será evaluado por la Cámara Federal porteña.La defensa del ex mandatario, a cargo de Silvina Carreira, pidió al Tribunal de Apelaciones que revoque la decisión del juez federal Julián Ercolini y dicte el sobreseimiento al ex presidente ante la “vaguedad de la imputación”, informaron fuentes judiciales.En el escrito, se sostuvo que hay “contradicción” en los hechos denunciados por Yañez y que eso “violenta la garantía” al debido proceso porque “una acusación deficiente no permite una defensa eficaz” porque Fernández no sabe “de qué ha de defenderse” en concreto.La sala II del Tribunal de Apelaciones fijará ahora fecha para una audiencia previa a decidir si confirma, modifica o revoca el procesamiento.Fernández fue procesado con un embargo de diez millones de pesos por “lesiones leves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, reiteradas en 2 oportunidades; lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja; y amenazas coactivas”.Este último delito por haber intentado evitar que Yañez presentara una denuncia ante el juzgado de Ercolini, cuando el magistrado encontró imágenes de la ex primera dama con moretones en el celular de la ex secretaria privada del ex presidente, María Cantero.Esto ocurrió en el marco de otra causa penal, la que investiga delitos con la contratación de pólizas de seguro en el gobierno de Fernández y en la cual tanto el ex mandatario como Cantero fueron indagados y el juez federal Sebastián Casanello debe definir sus situaciones procesales.El caso estuvo a cargo también de Ercolini hasta mediados de febrero como juez subrogante del juzgado federal 11, vacante, pero ya fue reemplazado por Casanello.

Además de Berisso, formaron parte de la actividad la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, Victoria Tejeda; la secretaria de Políticas del Cuidado de Entre Ríos, Ayelén Acosta; la secretaria de la Mujer del Gobierno de Córdoba, Claudia Martínez; y la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Eva Jane Llopis. La actividad fue organizada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, a través de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad.La reunión tuvo como principal objetivo avanzar en la articulación entre los distritos para fortalecer las políticas públicas orientadas a la prevención y el abordaje de la violencia de género. Asimismo, durante el encuentro se repasaron los programas implementados en cada provincia y se analizaron estrategias comunes que integren a organismos nacionales, provinciales e internacionales.Al respecto, Berisso, señaló: “Estas reuniones permiten construir una agenda común. En esta oportunidad trabajamos en torno a la violencia de género, poniendo énfasis en la necesidad de contar con estadísticas confiables que permitan diseñar políticas efectivas”.  Y agregó: “Estamos alineados en la búsqueda de la independencia y libertad de las mujeres, y esto incluye programas que aborden las problemáticas de manera integral y cultural”.

Este encuentro se enmarca en el compromiso asumido por la Región Centro en cuanto al trabajo articulado en la lucha contra la violencia de género y la construcción de políticas públicas que promuevan igualdad, salud integral y desarrollo en las tres provincias.

También participaron del encuentro la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe, Alicia Tate; y la directora provincial de Igualdad y Diversidad Sexual, Pamela Rocchi. 

Grave agresión en la vía públicaEn la noche del sábado, funcionarios policiales de la Comisaría Segunda, en un patrullaje preventivo, encontraron a una mujer con lesiones visibles acostada en la vereda. La víctima relató que había sido golpeada por su pareja, quien permanecía dentro de la vivienda. La mujer fue trasladada al hospital, mientras que los efectivos ingresaron al domicilio y detuvieron al agresor. En el interior de la casa, los oficiales hallaron manchas de sangre en el piso, una trincheta ensangrentada y un notable desorden en los ambientes. La fiscalía de género de turno ordenó la aprehensión del hombre, quien quedó a disposición de la Justicia.

Violencia y resistencia en Barrio UniversidadOtro episodio ocurrió en Barrio Universidad, donde una mujer denunció que su pareja la agredió físicamente, la expulsó de su casa, le quitó las llaves y su celular, y se encerró en el domicilio con un niño de 5 años.La fiscalía autorizó el ingreso de la policía para garantizar la seguridad del menor. Al intentar aprehender al hombre, este amenazó a los oficiales y se resistió violentamente, aunque afortunadamente ningún efectivo resultó herido. La mujer pudo radicar la denuncia correspondiente.

Agresión tras una discusiónUn tercer incidente tuvo lugar en jurisdicción de la Comisaría Tercera, donde una mujer sufrió agresiones físicas por parte de su pareja durante una discusión. La fiscal de género dispuso la inmediata aprehensión del agresor. 

Un problema persistenteEstos hechos subrayan la urgencia de abordar la violencia de género como una problemática estructural. Desde los organismos de seguridad, destacaron la importancia de denunciar este tipo de situaciones para activar los protocolos de protección y justicia. Las víctimas cuentan con herramientas legales y un marco institucional que busca garantizar su seguridad, pero resulta crucial reforzar el trabajo preventivo y educativo para erradicar esta forma de violencia en la sociedad.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este lunes, la Cámara de Diputados de Entre Ríos dio inicio a la capacitación establecida por la Ley Micaela en género y violencia contra las mujeres, dirigida a diputados y diputadas, funcionarios, asesores y personal legislativo.  Entre Ríos adhirió a la Ley Micaela (Ley Nacional 27.499) a través de la Ley 10.768, sancionada el 3 de diciembre de 2019. Esta norma establece la capacitación obligatoria en estas temáticas para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en los tres poderes del Estado. El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, encabezó la apertura del curso en el recinto de sesiones, acompañado de Ayelen Acosta, secretaria de Políticas del Cuidado del Ministerio de Desarrollo Humano, y la diputada Mariana Bentos, titular de la comisión Banca de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Luego disertaron Leandro Dato, fiscal coordinador de la Unidad Especializada en Género del Ministerio Público Fiscal; la comisaria principal María Fernanda Ramírez, jefa de la División Minoridad y Violencia Familiar de la Policía de Entre Ríos, y Andrea Saxer, vicepresidente del Colegio de Abogacía Entre Ríos. “La capacitación permanente de todos los funcionarios y funcionarias y de todo el plantel de la Administración Pública es muy importante, porque es una temática que ha tenido su evolución pero que continúa, planteando nuevos paradigmas y desafíos. También es muy rico conversar entre los distintos poderes”, sostuvo Leandro Dato. En cuanto a las estadísticas sobre esta problemática en Entre Ríos, señaló: “La curva siempre va para arriba, tanto en el fuero Penal como de Familia, por eso también el Estado tiene que estar presente con recursos”.Por su parte, Andrea Saxer agradeció la convocatoria, ya que “es la primera vez que se invita al Colegio a participar en la formación de la Ley Micaela”. Y agregó: “Es una oportunidad para poder volcar todo lo que entendemos que necesitamos traducir en estas capacitaciones y en futuras leyes que estamos seguros que los diputados van a crear”.“Esto ya es un avance: no vamos a esperar a que la Justicia resuelva con perspectiva de género, sino que las leyes van a empezar a tener otro contenido”, completó. La capacitación continuará durante esta semana con el desarrollo de cinco ejes temáticos conforme el Plan de Capacitación 2024. Estará a cargo de las capacitadoras Marina Peltzer y Noelia Schenfeld, especialistas en la temática que se desempeñan como jefa técnica del Departamento de Planificación y Articulación de Políticas en el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y coordinadora del Observatorio de Seguimiento de Capacitación en Género y Violencia contra las Mujeres “Ley Micaela”, respectivamente. 

El incidente se desató cuando una joven de 18 años detuvo un móvil policial que realizaba tareas de patrulla preventiva, solicitando auxilio urgente. La joven informó a los agentes que su padre estaba atacando violentamente a su madre en su domicilio. Siguiendo la indicación de la joven, los funcionarios se dirigieron rápidamente al lugar señalado.

Al llegar, los policías observaron que el hombre intentaba ocultarse detrás de una puerta, empuñando un cuchillo. Ante la situación de peligro, los agentes ingresaron por la fuerza a la vivienda y lograron reducir al agresor, despojándolo del arma blanca.

Durante la intervención, se constató que la víctima presentaba lesiones visibles en el rostro y hematomas en varias partes del cuerpo. La mujer fue inmediatamente trasladada a la Sección de Servicio Médico para recibir un examen completo y la atención necesaria.