El Gobierno de Javier Milei condenó enérgicamente el tiroteo ocurrido en el hotel Washington Hilton durante la tradicional cena de corresponsales, al que calificó como un grave intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de un comunicado oficial, la Casa Rosada manifestó su alivio al confirmar que tanto Trump como la primera dama, Melania Trump, no sufrieron heridas, en un episodio que generó momentos de extrema tensión entre los asistentes.Desde el Ejecutivo argentino también se valoró la rápida reacción del Servicio Secreto, que logró reducir al sospechoso antes de que la situación escalara a consecuencias mayores. Durante el incidente, uno de los agentes de seguridad resultó herido, aunque se encuentra fuera de peligro gracias al uso de chaleco antibalas.El hecho obligó a suspender el evento y generó escenas de pánico dentro del salón, donde cientos de invitados debieron resguardarse tras escuchar las detonaciones.En su posicionamiento, el Gobierno argentino vinculó el ataque con un clima de violencia política a nivel internacional y reafirmó su rechazo a cualquier forma de agresión contra dirigentes. Además, expresó su disposición a colaborar en materia de seguridad y protección de líderes.Mientras tanto, en Estados Unidos continúa la investigación sobre el detenido, en un contexto de alta preocupación por la seguridad en actos públicos y la estabilidad política.

Uruguay amplió los controles de seguridad en la frontera con Brasil para evitar el ingreso de miembros de organizaciones criminales a raíz del megaoperativo policial implementado en Río de Janeiro que dejó más de un centenar de muertes.El ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro, indicó el jueves a última hora: “Ya se tomaron medidas. Hay órdenes expresas de la custodia y reforzamiento de la vigilancia de la frontera y la Policía está tomando cartas en el asunto”.“La problemática de Río de Janeiro por supuesto que nos preocupa. Aparte nos lleva a pensar en lo que no puede pasar y lo que no debemos hacer en nuestro país”, señaló en conferencia de prensa tras asistir a una comisión del Senado.Asimismo, Negro se mostró preocupado por el uso de “la violencia indiscriminada” que “se ejerció sin objetivos claros y que seguramente está determinando el fallecimiento de personas inocentes”. Eso “nos lleva a la reflexión de qué políticas de seguridad queremos implementar en nuestro país y qué política de seguridad no debemos implementar”, sostuvo.

Al menos 132 personas murieron, entre ellos cuatro agentes, confirmó este miércoles a la agencia de noticias EFE la Defensoría Pública regional.Esta institución, encargada de ofrecer asistencia legal gratuita, divulgó la nueva cifra de fallecidos, después de que habitantes de los barrios afectados se lanzaran a buscar a sus familiares desaparecidos y empezaran a juntar decenas de cuerpos en una plaza.Funcionarios del organismo acompañan desde la madrugada de este miércoles las búsquedas en la favela de la Penha, uno de los focos de la operación, y están presentes en los institutos forenses responsables por la identificación de los cadáveres, según un comunicado.

Asimismo, la Defensoría Pública afirmó que recabó testimonios de habitantes y familiares de los fallecidos para “contribuir a la necesaria respuesta institucional ante la violencia estatal nunca vista”.Los cadáveres encontrados por los familiares, todos de hombres, quedaron tendidos uno al lado del otro en el suelo de una plaza de la Penha, a la vista de los vecinos.El Gobierno regional afirmó en un comunicado que los sospechosos fueron abatidos tras “reaccionar” a las acciones de los agentes. La operación policial buscaba ejecutar 100 órdenes de prisión contra miembros del Comando Vermelho, una de las dos facciones criminales más poderosas de Brasil, en dos complejos de favelas, las de la Penha y del Alemão.Durante las acciones realizadas con el apoyo de 2.500 agentes y decenas de vehículos blindados, fueron arrestados 81 sospechosos y se requisaron 93 fusiles y media tonelada de drogas, según el último comunicado del Gobierno regional.Los miembros de la banda respondieron a la operación con bloqueos en varias vías de la zona norte de Río, lo que llevó a interrupciones en el tránsito de un centenar de líneas de autobuses y al cierre de decenas de escuelas y centros de salud.Este miércoles, la ciudad amaneció sin nuevos bloqueos después de la jornada de caos, si bien la mayoría de comercios y escuelas de los barrios afectados se mantienen cerrados. NA.

La violencia desatada en la capital de Haití, Puerto Príncipe, obligó a casi 60.000 personas a huir de sus hogares en tan solo un mes, informó hoy la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).La institución señaló en un comunicado que “durante años, la violencia de pandillas, el desplazamiento y la inestabilidad asolaron Puerto Príncipe y gran parte del país, y cada oleada de ataques agravó el sufrimiento de comunidades ya vulnerables”.“Sin embargo, en los últimos dos meses, la situación de seguridad se deterioró aún más en la capital, con una escalada de ataques contra civiles, erosionando las pocas zonas libres de pandillas que quedan y provocando desplazamientos repetidos y sin precedentes”, señaló el organismo.Expresó que más de un millón de personas se encuentran desplazadas en todo el país, una cifra que se triplicó en el último año.El director de la OIM en Haití, Grégoire Goodstein, advirtió el alarmante aumento de desplazados, lo que pone de “relieve el incesante ciclo de violencia que devastó la capital de Haití. Nunca habíamos observado un desplazamiento tan grande de personas en tan poco tiempo”.La OIM se comprometió a brindar socorro y apoyo a los haitianos desplazados, garantizando que reciban la ayuda necesaria para sobrevivir; sin embargo, reconoció importantes desafíos.“Los recursos están al límite y el acceso humanitario se ve cada vez más limitado debido a la inseguridad, lo que deja a miles de personas sin protección adecuada ni servicios esenciales”, manifestó. (NA)

El taller grupal, denominado Voces de Igualdad, forma parte de las intervenciones de la Dirección de Mujeres, dependiente de la Secretaría de Políticas del Cuidado del Ministerio de Desarrollo Humano. La propuesta se basa en la idea de que, para generar cambios profundos, es fundamental repensar los modelos de masculinidad y promover vínculos más respetuosos y libres de violencia.En este sentido, el Área Mujer de Federal solicitó asesoramiento para la creación de un espacio que aborde estas temáticas en la localidad.La coordinadora de Violencia de Género de la Dirección de Mujeres, Paola Vidal, junto a profesionales del área de Capacitación, mantuvo una reunión con la responsable del Área Mujer de la Municipalidad de Federal, Flavia Molina, y parte del equipo interdisciplinario local. El objetivo del encuentro fue acordar criterios de trabajo y definir estrategias de abordaje para el desarrollo del taller.Durante la reunión se definieron aspectos clave para su implementación, como los criterios de admisión, los objetivos del espacio, la cantidad de participantes, la modalidad de las entrevistas y otros puntos relevantes para su puesta en marcha.

“La participación activa y comprometida en ese proceso debe estar alejada de cualquier acto de violencia y represión.“La Democracia es escuchar y considerar todas las voces, especialmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. ‘‘Solo así se construye una sociedad más justa e inclusiva”. 

Cabrera, madre de la menor,  y Altamirano están acusados de provocarle graves lesiones a la bebé de un año y diez meses, que actualmente se encuentra internada en el Masvernat  evolucionando favorablemente, estable y sin asistencia respiratoria mecánica.

Además, la menor evoluciona de sus lesiones abdominales y en cráneo, aunque se encuentra inmovilizada con yeso en la fractura de húmero, lúcida y alimentándose correctamente. La Misiva.

En ambas jornadas, la apertura estuvo a cargo, de forma virtual, del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, quien hizo referencia a una de las formas más extrema de violencias como lo es la Trata de Personas en sus diversas modalidades. “Es importante que estemos presentes desde el Estado en las capacitaciones, sobre todo a funcionarios que deben hacer cumplir la Ley. Si no tenemos personas capacitadas para la lucha contra el delito de Trata estamos en problemas”, sostuvo. Con una amplia concurrencia en ambas jornadas la coordinadora del Consejo Provincial contra la Trata, Silvina Calveyra hizo alusión a la importancia de contar con la presencia de funcionarios policiales y de las diversas áreas municipales que abordan cotidianamente la problemática. “El trabajo mancomunado en estas temáticas, la detección e identificación temprana, la prevención, el acompañamiento y la denuncia hacen a la obtención de mejores resultados frente a una situación. En este sentido se brindaron herramientas conceptuales, normativas vigentes y estrategias de abordaje como de denuncia”, explicó. Durante los encuentros, se analizó la implementación de medidas cautelares de protección y se revisaron casos concretos de aplicación. Estas jornadas de formación están previstas para todo el año en diferentes departamentos de la provincia.

Con el objetivo de generar acciones de prevención y atención de la salud mental de mujeres que han sido violentadas, se desarrolló un encuentro intersectorial, en el que también se socializó la red de atención y abordaje de salud mental pública con la que cuenta la provincia.

En cuanto a las instancias de capacitación, las mismas tendrán como eje central la prevención y asistencia de consumos problemáticos y estarán destinadas a trabajadores de áreas específicas del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia.

Unos 170.000 niños abandonaron sus hogares en Haití debido a la violencia de las bandas criminales, informó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en un informe en el que alertó sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa el país más pobre del hemisferio occidental.

La "alarmante" cifra, que se duplicó con respecto al año pasado, "pone de relieve el rápido deterioro de la situación y su profundo impacto en los niños, las niñas y las familias más vulnerables del país", según el informe de Unicef, que fue reproducido por la agencia de noticias Europa Press.

En total, cerca de 314.000 personas viven como desplazados, principalmente en la capital, Puerto Príncipe, y el departamento de Artibonite. En menos de dos semanas, 2.500 haitianos han tenido que abandonar sus hogares, en su mayoría mujeres y niños.

"Es una catástrofe humanitaria que se desarrolla ante nuestros ojos", expresó el representante de Unicef en Haití, Bruno Maes, quien lamentó cómo estas "oleadas incesantes de violencia brutal" dejan "nuevos horrores" y "una sombra siempre presente de miedo" entre la población.

En el comunicado, la agencia también denuncia los bloqueos de servicios básicos, entre ellos los de salud o educación, así como las recurrentes violaciones de los derechos de la infancia.

Reclutamiento forzado

Sobre las amenazas a la infancia, lamenta que los niños viven bajo el peligro del reclutamiento forzado y alerta que muchos de los ataques a los menores ocurren cuando se dirigen a la escuela.

"No podemos permanecer de brazos cruzados mientras el futuro de los niños y las niñas de Haití se ve erosionado por un sufrimiento sin fin. Cada momento de inacción agrava la crisis que consume sus vidas", subrayó Maes, apelando a la comunidad internacional para lograr "esperanza y cambio" para los jóvenes. Unos 3 millones de niños necesitarán este año ayuda humanitaria en Haití. Unos 3 millones de niños necesitarán este año ayuda humanitaria en Haití y la ONU teme que el dato aumente si las condiciones sobre el terreno empeoran. Haití, el país más pobre de América, sumido en una larga crisis política y económica, se convirtió en un territorio propicio para las bandas criminales que se fortalecieron tras el magnicidio de Jovenel Moise, ocurrido el 7 de julio de 2021.

El Gobierno de Ecuador mantiene la dura ofensiva militar sobre las más de veinte bandas criminales y narcotraficantes que desde hace cuatro días imponen el terror en el país, en una ola de violencia y “guerra interna” que ha dejado 14 muertos y que hace que presos de varios penales retengan todavía a 178 personas.

Más de 22.400 militares desplegados, patrullajes por tierra, aire y mar, requisas en las calles, operaciones en cárceles, toques de queda: el Gobierno del nuevo presidente, Daniel Noboa, no cede ante los ataques del narco en un enfrentamiento que tiene a la población sumida en el terror.

“Quisieron infundir temor, pero despertaron nuestra ira. Creyeron que someterían a todo un país y se olvidaron que las fuerzas armadas están entrenadas para la guerra”, advirtió el ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo, en un mensaje en redes sociales.

Aunque la actividad se reanudó levemente en las principales ciudades, muchos comercios se mantenían cerrados, el transporte público circulaba con menor frecuencia de la habitual, universidades y escuelas daban clases de manera virtual y primaba el teletrabajo, describió la agencia de noticas AFP.

“Ceder ante el mal, ¡jamás!, luchar incansablemente ¡siempre!”, dijo en alocución Noboa, de 36 años y en el poder desde noviembre.

Su decisión recibió un apoyo rotundo y unánime del Parlamento unicameral, que además de acompañar la lucha frontal contra el narco hizo un llamamiento a la unidad nacional para fortalecer al Estado en esta crisis.

También se conocieron este jueves detalles y fundamentos del decreto ejecutivo por el cual Noboa declaró a las bandas narco como “terroristas” y en consecuencia blanco de la inédita ofensiva militar y policial.

El instrumento legal reveló que las bandas dedicadas al narcotráfico en Ecuador generaron ganancias por más de 120 millones de dólares al año.

La actual crisis empezó el domingo, cuando uno de los capos más temidos desapareció de su prisión en Guayaquil (suroeste).

A la fuga de Adolfo Macías, alias “Fito”, jefe de la principal banda criminal del país conocida como “Los Choneros”, le siguió una arremetida violenta: motines en las cárceles, 178 guardiacárceles retenidos por presos, siete policías secuestrados de los cuales seis ya fueron liberados, ataques con explosivos y vehículos incendiados.

La Policía no ha actualizado cifras y el organismo que administra las prisiones no da información sobre retenidos.

La noche del miércoles el balance de muertos aumentó a 14 tras un incendio provocado en una discoteca en la Amazonía que dejó dos fallecidos, nueve heridos y 11 locales afectados, en un ataque que la Policía calificó de “terrorista”.

A diario circulan videos en redes sociales sobre crueles asesinatos de miembros de la fuerza pública, supuestos saqueos y ataques.

En entrevista con Radio Sucesos, Pabel Muñoz, alcalde de Quito, señaló que en la capital “hubo 53 alertas de emergencia de las cuales 18 han sido ciertas”.

La ciudad portuaria de Guayaquil, la más peligrosa del país, retomó paulatinamente su actividad.

La principal avenida de la ciudad se veía este jueves sin sus habituales embotellamientos, aunque el confinamiento casi total del día anterior cedió. Algunos comercios prevén abrir media jornada y algunos ciudadanos transitaban las calles camino a sus trabajos, al igual que en Quito.

Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína, Ecuador se ha transformado en un nuevo bastión del tráfico de droga con bandas enfrentadas por el control del territorio y unidas en su guerra contra el Estado.

La violencia en Ecuador llegó a un nuevo pico estos últimos días y dejó al recientemente electo presidente Daniel Noboa frente a una grave crisis de seguridad nacional.

A pesar de que la situación ya era delicada desde hacía meses, todo se precipitó este domingo 7 de enero cuando el comandante general de la Policía, César Zapata, confirmó que desconocían el paradero de Adolfo Macías Villamar -más conocido como Fito- líder de Los Choneros. El criminal se encontraba recluido en una prisión en Guayaquil, de donde se fugó sin dejar rastro en algún momento antes de la tarde de aquel día.

Se cree que su decisión habría sido en respuesta a un posible traslado a la cárcel de máxima seguridad La Roca, donde ya había estado en agosto de 2023, en medio de la lucha contra el narcotráfico que Noboa prometió al asumir el cargo.

Este episodio, que derivó en una fuerte investigación policial, generó una serie de incidentes en cuatro prisiones en todo el país, con oficiales secuestrados por los reos, amenazas con cuchillos y mensajes amenazantes para el Ejecutivo en los que se le exige que “recapacite en sus decisiones y no se deje manejar por los impulsos o falsas expectativas”.

A la par, Fabricio Colón Pico, uno de los cabecillas de Los Lobos, que fue detenido el 5 de enero tras intentos de asesinar a la Fiscal General Diana Salazar, grabó un mensaje desde la cárcel también en contra de las autoridades y, finalmente, se fugó del penal al sur de Quito este martes junto a otros 38 presos. También se cree que temía un traslado a La Roca.

En medio de esta crisis, el lunes Noboa declaró el Estado de Excepción, lo que implicó una suspensión de los derechos a la libertad de asociación, la inviolabilidad de domicilio, la inviolabilidad de correspondencia en las cárceles y la libertad de tránsito, entre las 23:00 y las 05:00 horas, durante 60 días.

“Se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y crimen organizado le dictaban al Gobierno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos”, declaró el mandatario la víspera en un intento por restablecer la paz.

Sin embargo, la situación lejos de mejorar, empeoró y durante la noche -y pese al toque de queda- la guerra de las bandas criminales contra el Estado continuó con más actos de violencia en las calles de todo el país.

Durante la madrugada de este martes, cuatro policías fueron secuestrados, el balance de oficiales penitenciarios rozó los cien y se registraron detonaciones de coches bomba y vehículos incinerados en Esmeraldas, Cuenca, Loja, Quito y Guayaquil. A la par, un artefacto en el puente peatonal de Quito y un patrullero en Quevedo fueron detonados y tres policías en Machala y uno en Quito fueron secuestrados por estas bandas.

A esto se sumó que, por la tarde, un grupo de criminales irrumpió durante la transmisión de Canal 10 -conocido como TC- y secuestró a sus empleados. Uno de los encapuchados, inclusive, colocó un explosivo en la ropa de uno de los presentadores y lo obligó a hablar a la cámara y pedirle a la policía que se retirara del lugar. Se cree que hay un trabajador herido según se pudo observar en la transmición web.

“Para que sepa que no deben jugar con las mafias”, amenazaron nuevamente al Ejecutivo los delincuentes.

Momentos más tarde se conoció que hombres armados también ingresaron en la Universidad de Guayaquil, que ocasionó corridas de estudiantes y docentes en el campus, en busca de refugio.

Nuevamente, en una señal de resistencia a estas intimidaciones criminales, Noboa ordenó al Ejército restablecer el orden en el país y “neutralizar” a las bandas armadas. Puntualmente, el Presidente declaró la existencia de un conflicto armado interno y, por tanto, pidió a las Fuerzas Armadas que ejecuten “operaciones militares para neutralizar a estos grupos”.

“He firmado el decreto ejecutivo declarando Conflicto Armado Interno e identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones”, indicó en un mensaje difundido en redes sociales.

En paralelo, la ministra del Interior, Mónica Palencia, aseguró que todo el gabinete trabaja contrarreloj “por la recuperación de un estado de paz” y sumó que, “en este momento, las cárceles son el centro de atención específico”.

Los Lobos y Los Choneros, ambas bandas cuyos líderes se dieron a la fuga en los últimos días, mantienen pugnas por la gobernanza criminal en el país y operan en cárceles y jurisdicciones en todo el país, infundiendo su miedo.

En medio del caos suscitado luego de la fuga de dos líderes criminales de Los Choneros y Los Lobos, un grupo de criminales tomó el canal de televisión TC. La transmisión en vivo mostró a los periodistas y trabajadores del medio amenazados con armas y explosivos.

Casi dos horas después, la policía de Guayaquil recuperó el control del edificio y detuvo a gran parte de la banda armada. “Como resultado de la intervención en @tctelevision #GYE, nuestras unidades policiales hasta el momento logran la aprehensión de varios sujetos e indicios vinculados al ilícito”, informó la fuerza de seguridad.

La policía además informó que son 13 los detenidos y que los delincuentes serían de la banda Los Tiguerones.

Apenas comenzada la toma, uno de los criminales encapuchados habló ante la cámara y dijo: “Para que sepa que no se deben jugar con las mafias”. Luego obligaron a uno de los presentadores a dirigirse en vivo y pedir que se retire la Policía. De inmediato iniciaron los disparos en medio de gritos de los trabajadores.

Infobae conoció que los directivos de los medios públicos solicitaron al gobierno protección ante los hechos violentos que el país enfrenta. Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación indicó en X que: “En la mañana nos pusimos en contacto con la gerente de medios públicos para el acompañamiento a los mismos por parte de la fuerza pública, un escuadrón está fuera de las instalaciones de TC en este momento, la mesa técnica se convoca urgente”.

Susana Medina, destacó que es necesario tomar conciencia de qué actitudes constituyen violencia; desnaturalizar los hechos y conductas violentas; conocer las leyes que las sancionan y utilizar los mecanismos disponibles para la denuncia; sanción y reparación de los hechos violentos, son componentes esenciales de esta tarea. Asimismo, ratificó que desde el STJ se trabaja fuertemente para sancionar y erradicar la violencia. Indicó que la prevención es tarea de todos los organismos del Estado; pero también de la familia; vecinos; compañeros/as de trabajo y amigos/as que denuncien esta situación. “La violencia no es una cuestión privada sino de orden público. Prevenirla es una obligación; pero una vez ocurrida, callarse, tolerarla y mirar para otro lado es una forma de encubrirla”, señaló finalmente.

La intervención se tornó tensa cuando un individuo mayor de edad, residente en el ex Emplazamiento de Federación, se negó a acatar la orden judicial, amenazó al personal accionante y expresó su deseo de atentar contra su propia vida para evitar ser excluido del hogar. En un giro impactante, el sujeto prendió fuego a su morada, una casilla de madera, durante el intento de persuasión.

En un acto heroico, el personal de la guardia especial, utilizando un ariete, logró salvar la vida del individuo, quien sostenía un objeto punzante. El arresto del sujeto se llevó a cabo por "Desobediencia judicial, resistencia a la autoridad e incendio", todos delitos flagrantes. El fuego resultante también afectó a la vivienda contigua, perteneciente a un familiar. La rápida intervención de los bomberos voluntarios evitó que las llamas se propagaran a otras viviendas cercanas.

Las autoridades judiciales han sido informadas sobre el incidente y se espera que se tomen las medidas correspondientes.

Testigos presenciales relataron un escenario aterrador en el que se desató una ola de agresiones físicas y disparos de balas de goma. Entre los afectados se encontraba el periodista Sergio "Tota" Ferrari, quien recibió cuatro impactos de bala de goma, y Roque Gaitán, a quien un proyectil rebotó en una chapa y le impactó en el costado del ojo. Sin daños graves, ambos quedaron aturdidos por las detonaciones.

El árbitro del partido fue señalado como uno de los principales desencadenantes de los incidentes. Los jugadores del equipo Zorraquín expresaron su descontento, lo que provocó una serie de enfrentamientos a golpes y patadas contra el equipo de Libertad.

En el transcurso del partido, el árbitro otorgó siete minutos de tiempo extra, y justo en el límite de ese tiempo, Gustavo Trinidad logró anotar el gol del triunfo. A partir de ese momento, el clima en el campo se tornó tenso y hostil, lo que finalmente culminó en el trágico desenlace de violencia incontenible.

Tras llegar al lugar, se constató que la mujer se encontraba a salvo, pero dentro de la vivienda se encontraba un hombre de 25 años, quien tenía medidas de restricción y una orden de no contacto en su contra. De inmediato, los agentes procedieron a la aprehensión del sujeto, asegurando su cumplimiento con la legislación vigente. Para confirmar los cargos y garantizar la protección de la víctima, se informó del incidente a la Unidad Fiscal de Género, quienes ratificaron la detención y ordenaron el traslado del individuo a la Alcaldía Policial.

 A través de una carta pública, expresaron que la Argentina “solo tendrá futuro si todos respetamos las instituciones, los procesos y decisiones tomadas de acuerdo con nuestra Constitución Nacional”.

“Nuestra Constitución Nacional es clara: ‘El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este, comete delito de sedición’. Repudiamos los actos de violencia ocurridos en Jujuy con motivo de la reforma de la Constitución de esa provincia”, afirmaron a través de la carta pública, que se conoció esta tarde.

La iniciativa se gestó el martes pasado. En pleno feriado nacional por el Día de la Bandera, la jornada se vio opacada por enfrentamientos y los hechos de violencia que se sucedieron en la provincia de Jujuy. En vistas de lo ocurrido, Santiago Mignone, Javier Goñi, Juan Vaquer, Guillermo Lipera, Agustín Stellatelli, Miguel Blanco y Máximo Fonrouge decidieron lanzar una convocatoria con sus pares empresariales para expresarse al respecto.

Entre los hombres de negocios y dirigentes figuran Cristiano Ratazzi, Guibert Englebienne, Paula Altavilla, Roberto Murchison, Eduardo Braun, Carlos Blaquier, Martín Cabrales, Cecilia Giordano, Enrique Cristofani, Oscar Andreani, Susana Balbo, Arturo Acevedo, Jorge Aufiero, Silvia Bulla, Gustavo Grobocopatel, Luis Pescarmona, Karina Román, Gonzalo Tanoira, Gabriela Arias Uriburu, Santiago del Sel, Héctor Aranda, Ignacio Stegmann, Cristina Miguens, Jorge La Roza, Jimena Vega Olmos, Santiago Fontán Balestra, Ricardo Esteves, Sofía Vago y Alberto Garay, entre muchos otros.

Es la mayor declaración empresarial que se realizó sobre Jujuy, aunque no la primera. Ayer por la tarde, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) envió un comunicado expresándose en el mismo sentido y “lamentando” los hechos de violencia.

“Deseamos adherirnos a los pronunciamientos de los Obispos de Jujuy, de la Pastoral Social de la Prelatura de Humahuaca y de diversas cámaras empresariales de la provincia. Compartimos sus afirmaciones en el sentido que la violencia no conduce a ninguna solución y, por lo tanto, debe ser repudiada y rechazada. Creemos firmemente que el diálogo social sincero, sereno y respetuoso es el único camino para la solución de los conflictos. Asimismo, consideramos fundamental preservar las instituciones y los valores republicanos propios de un sistema democrático”, consideraron.

También difundió un comunicado “el Grupo de los 6 (G6)”, conformado por la banca argentina (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), el comercio (Cámara Argentina de Comercio), la construcción (CAMARCO), el campo (Sociedad Rural Argentina) y la industria (UIA).

“El G6 destaca, como siempre, la importancia del diálogo como única vía para la resolución de conflictos, respetando el derecho legítimo a la protesta pacífica y en el marco del orden institucional, y el respeto por el derecho a circular libremente y llevar a cabo las actividades diarias de los ciudadanos”.

No vamos a permitir que grupos violentos se lleven puestas las instituciones provinciales y la decisión que el pueblo jujeño tomó en las urnas el 7 de mayo. Nuestro compromiso a 40 años ininterrumpidos de democracia es repudiar cualquier forma de violencia política que atente contra la soberanía democrática del pueblo y las instituciones de la República. El uso de la violencia como mecanismo desestabilizador ante el claro mensaje de las urnas es inaceptable. Los años más dolorosos de la historia de nuestro país están signados por la violencia y el autoritarismo de quienes se rehúsan a aceptar las reglas de juego de la democracia. El respeto por la ley, la democracia y las instituciones no es negociable. A los argentinos y argentinas que están mirando lo que sucede en Jujuy con preocupación y angustia: estas son las imágenes de la Argentina que no queremos más. La Argentina del apriete, del pensamiento único, de los privilegios para unos pocos, de quienes se creen por encima del resto, esa Argentina se tiene que terminar. Los argentinos tenemos este año en nuestras manos la elección de qué país queremos ser. Nosotros queremos un país en libertad, con paz, unidad y desarrollo.

O tomamos el camino del cambio o profundizamos de forma dramática el patrón de atraso en el que nos sumergió el kirchnerismo y que estamos viendo ahora en Jujuy. Cambiar es más que un imperativo ético: es la única alternativa real para lograr una vida digna y plena. La vida que soñamos para nosotros y para nuestros hijos y para siempre.

Tenemos la firmeza y la determinación para construir un futuro diferente.

Maximiliano Ferraro, Presidente CC

Federico Angelini, Presidente PRO

Martin Lousteau, Vicepresidente UCR

Miguel Ángel Pichetto, Presidente ERF

José Luis Espert, Presidente Avanza Libertad

Sergio Abrevaya, Presidente GEN

Alberto Aseff, Secretario General UNIR

La atención telefónica, los equipos móviles y las oficinas permiten brindar asesoramiento integral y acompañamiento presencial.

Víctimas de violencia en cualquier lugar de la Argentina son asistidas a través de la línea telefónica gratuita 137, que en el último tiempo amplió además su asistencia territorial en coordinación con los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) y la incorporación de equipos móviles distribuidos en todas las provincias para que �Sel acompañamiento de cada persona sea próximo e integral⬝, informó este martes el Ministerio de Justicia.

La Línea 137 es una de las herramientas que despliega el Estado nacional desde 2006 para asistir y acompañar a víctimas de violencia familiar y/o sexual y asesorarlas en el acceso a la justicia.

Desde su creación, durante la presidencia de Néstor Kirchner, hasta abril de este año, ese número telefónico oficial lleva atendidos 219.640 llamados, en los que se registraron 280.909 víctimas de ese tipo de delitos, conforme consignó la cartera de Justicia. Siempre en el mismo lapso, los equipos móviles -están integrados por psicólogas y trabajadoras sociales- acompañaron en territorio a 50.092 víctimas, 33.244 de violencia familiar y 16.848 de violencia sexual. Entrevistada por Télam, la asesora general del programa �SLas víctimas contra las violencias⬝, Carina Rago, recordó que �Sa la Línea 137 puede llamar cualquier persona desde cualquier lugar del país los siete días de la semana y las 24 horas de manera gratuita⬝.

Pueden hacerlo -indicó la funcionaria- �Sla propia víctima, una vecina, la maestra o incluso instituciones como comisarías o juzgados, los cuales también nos pueden solicitar intervención ante una posible denuncia⬝. Rago sostuvo que �Sla central telefónica de la línea 137 se encuentra en la ciudad de Buenos Aires y es atendida por profesionales que cubren guardias entre los que hay psicólogas y trabajadoras sociales, quienes lo primero que hacen, al atender una llamada, es averiguar la ubicación de la víctima para desplegar un dispositivo de asistencia (en lo posible territorial) en función de su ubicación⬝. La Línea 137 es una de las herramientas que despliega el Estado nacional desde 2006. �SPara los casos en que la víctima se encuentra en la ciudad de Buenos Aires tenemos equipos de guardia en dos comisarías, y si es necesario podemos ir a buscarla en el momento. En las provincias de Chaco y Misiones funcionan mecanismos similares, y desde el año pasado estamos trabajando con los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) para federalizar este modelo de abordaje integral⬝, agregó. Además, explicó que �Ses importante que todos sepan que cualquier llamada al 137 puede incluir el despliegue de un móvil policial en cualquier lugar del país si es necesario ir a buscar una víctima, y que los equipos que atienden los llamados acompañan a las víctimas de manera telefónica hasta cerciorarse que estén a resguardo.

Para lograrlo, coordinan con los servicios disponibles en el lugar del país en el que se encuentren⬝, apuntó.

Rago recordó que �Seste programa de asistencia a las víctimas se gestó cuando el gobierno del presidente Néstor Kirchner se dio cuenta que las víctimas de violencias muchas veces no terminaban radicando las denuncias o no se las tomaban. Por tal motivo, impulsó la creación de un equipo de profesionales especializados con perspectiva de género que pueda ir a buscar a la víctima al lugar en el que se encuentre y hacer una primera evaluación de la situación para considerar si la víctima tiene que ir directo al juzgado a hacer la denuncia o antes la acompañamos al hospital para que no este sola frente al protocolo de atención si hubo delitos sexuales⬝.

También agregó que esa compañía sirve �Spara asegurarnos que el agresor sea alejado del hogar de la víctima o, en caso contrario, que ésta quede a resguardo en casa de un familiar, una amistad o un refugio⬝.

�SLa Línea 137 no es sólo de escucha, sino de abordaje integral y acompañamiento territorial. Además de pedirle su ubicación a la víctima, lo primero que hace la operadora es pedirle su número de teléfono por si la llamada se corta o la víctima corta por la presencia del agresor, muchas veces lleva más de una llamada que la víctima se dé cuenta que está en una situación de riesgo o que se anime a hacer la denuncia. Si es necesario, en algunos casos también viajan equipos desde Buenos Aires para acompañar a las víctimas⬝, completó Rago.

En septiembre de 2022, la Línea 137 de Asistencia y Acompañamiento para Víctimas de Violencia Familiar y/o Sexual se integró a la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia para ampliar y extender el servicio de atención integral a todas las provincias del país, lo que permitió su integración con el trabajo de la Central de Atención de Barrios Populares, creada en 2020 durante la emergencia sanitaria producto de la pandemia de Covid-19, y potenciar el alcance de la atención a víctimas a través de la estructura de la Red Federal de Centros de Acceso a la Justicia compuesta por 106 centros distribuidos en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

La integración permitió que la Línea 137 ampliara su servicio de atención personalizada incorporando una nueva opción a la atención telefónica que permite acceder al asesoramiento legal gratuito que brindan los profesionales de los CAJ en materia de relaciones de familia como el incumplimiento de cuota alimentaria, desalojos y conflictos con la ley penal, entre otras problemáticas.

Asimismo, la vinculación de forma directa entre los CAJ y la Línea 137 es un aporte significativo en la calidad de las intervenciones en territorio porque los equipos móviles apelan a los abogados, trabajadores sociales y psicólogos que prestan servicio en los CAJ, lo que permite movilizarlos y tener un seguimiento personalizado, ante eventuales emergencias, a distintos puntos del país con apoyo local, redes de articulación y dispositivos provinciales.

En aquellos lugares donde no hay CAJ y si la situación denunciada no reviste urgencia, la Línea 137 programa una visita territorial a través de sus equipos móviles y los profesionales interdisciplinarios. En el caso de que revistiese urgencia, mantiene contacto telefónico con la víctima de modo permanente y hasta asegurarse que sea socorrida a través de la Línea 911 u otras de las herramientas del Estado nacional y de la jurisdicción donde está ocurriendo el hecho denunciado.

El trabajo coordinado entre la atención telefónica, los equipos móviles y las oficinas en todas las provincias del país permite brindar asesoramiento integral y un acompañamiento presencial a las distintas problemáticas que atiende la línea, incluyendo la posibilidad de coordinar mediaciones comunitarias prejudiciales o brindar patrocinio jurídico gratuito para resolver conflictos.

TELAM