Por unanimidad, el Tribunal consideró que la interpretación del Fisco Nacional no se ajustaba a la ley de impuesto a las ganancias.En el 2007, la AFIP determinó el impuesto a las ganancias de Vicentin correspondiente a los períodos fiscales 2001 y 2002.  El monto de la diferencia fue, para el ejercicio 2001, de $ 476.334,03 en concepto de impuestos, $731.887.23 por intereses, y $952.668,06 por multa; y para el ejercicio 2002, de $14.898.848,43 (por ajuste de quebrantos).El Tribunal Fiscal y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dejaron sin efecto la determinación, y la AFIP interpuso recurso extraordinario ante la Corte Suprema.La cuestión a resolver, principalmente, era si la empresa contribuyente debía ajustar los precios de las exportaciones de commodities a empresas independientes –residentes o no en países de baja o nula tributación– al índice FOB oficial que fijaba la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca del día de la operación respectiva, en el marco del régimen de productos agrícolas previsto en la ley 21.453.El Tribunal interpretó el artículo 8, inciso “a” de la ley de impuesto a las ganancias que regía al momento de los hechos y consideró que el Fisco no estaba autorizado para tomar como referencia de los precios de exportación al precio mayorista (de destino u origen) cuando el exportador pudiese efectivamente demostrar que los precios de venta pactados por él con empresas independientes eran precios de libre competencia.Sobre esa base, consideró que la decisión de la Cámara -que valoró la prueba del expediente y concluyó que las operaciones efectuadas por la empresa se ajustaron a las condiciones normales de mercado- no fue arbitraria, sino el resultado del criterio de selección y valoración del material probatorio que corresponde a los jueces de la causa.En ese contexto, resolvió que no podía considerarse a los índices de precios fijados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura de la ley 21.453 de productos agrícolas como el “precio mayorista vigente en el lugar de origen” requerido por el artículo 8°, inciso a, de la ley de impuesto a las ganancias.En efecto, la finalidad de la ley 21.453 al fijar el mencionado índice oficial no fue la de determinar la ganancia neta de fuente argentina derivada de exportaciones regulada por el citado artículo 8°, sino permitir que las ventas al exterior de productos de origen agrícola registradas quedasen sujetas a un régimen tributario, de alícuotas, aranceles y base imponible uniforme a la fecha de cierre de cada venta. Por ello, la Corte confirmó la sentencia de la Cámara y dejó sin efecto el ajuste fiscal. NA. 

 El Banco Nación es el principal acreedor individual, con 300 millones de dólares. La homologación judicial de la propuesta de pago efectuada por la agroexportadora Vicentin a sus acreedores �Sresulta impracticable⬝ porque contempla la venta a Viterra Argentina por 310 millones de dólares, por el 33% de las acciones que aún conserva en la firma Renova, operación inhibida por dos resoluciones judiciales del fuero penal de Rosario, según informaron fuentes del caso.

El presidente del directorio de Vicentin, Omar Scarel, fue incluso imputado en junio del año pasado por desobediencia de esas dos órdenes judiciales al avanzar en la venta de las acciones de la empresa a su socia Viterra Argentina (ex Glencore), y debió afrontar una caución de 500.000 dólares, para quedar en libertad.

Esta pasada semana la agroexportadora sumó presión al juez de civil y comercial del concurso, Fabián Lorenzini, quien tiene un plazo de 10 días para homologar o rechazar las conformidades presentadas por la empresa para acordar el pago de su deuda, que supera los U$S1.500 millones.

Vicentin consiguió los porcentajes de conformidad que exige la ley tanto de personas como de capital, pero hay acreedores que consideran �Sabusiva⬝ la propuesta, que en algunos casos alcanza una quita del 80%.

En un comunicado, la empresa señaló que �Sen un escenario de no homologación -que descartamos- y ante la ausencia de una propuesta superadora, lo que devendría es el cierre definitivo de Vicentin⬝.

Agregó que eso �Sprovocará los efectos conocidos: pérdida definitiva de los créditos para todos los acreedores, la pérdida de todos los puestos laborales, con la consecuente conflictividad social derivada y su posible extensión al sector agro exportador⬝.

El comunicado de Vicentin fue en respuesta a uno difundido un día antes por el Banco de la Nación Argentina (BNA), el principal acreedor individual del concurso con U$S300 millones.

El BNA manifestó que �Simpugnará por abusiva y contraria a los intereses de la entidad una eventual decisión judicial de avalar la propuesta de pago⬝, y agregó que la oferta es �Sextremadamente desfavorable para el banco⬝ porque �Sno representa ni siquiera un cuarto del dinero que la empresa le adeuda⬝ a la entidad.

El diputado provincial Carlos Del Frade, miembro de la comisión legislativa del concurso de Vicentin, consideró que el comunicado de la empresa que expresa la posibilidad de su cierre definitivo �Stiene un profundo olor a extorsión⬝.

Del Frade recordó, además, que la propuesta de pago de Vicentin no puede llevarse a la práctica porque incluye el dinero proveniente de la venta a Viterra de las acciones que aún posee en la planta de Renova, operación que está interdicta por el Poder Judicial.

En septiembre y diciembre de 2020, los jueces penales de la ciudad de Rosario Nicolás Foppiani y Hernán Postma dictaron en dos causas por presuntas estafas y por presentación de balances falsos �Sla prohibición de innovar sobre la composición de la masa accionaria y disposición respecto de las empresas sobre las que Vicentin SAIC tendría participación accionaria⬝.

En junio del año pasado, el entonces presidente del directorio de la compañía, Scarel, fue imputado por desobediencia de órdenes judiciales al avanzar en la venta de esas acciones.

Los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos, Sebastián Narvaja y Miguel Moreno, señalaron que �Seste contrato de compra-venta fue celebrado por medio de una ��Oferta de Compra�", suscrita por los representantes de Viterra Argentina SA, por medio de un documento fechado el 28 de abril de 2022, dirigido a Vicentin SAIC, denominado ��Oferta de Compra de Acciones de Renova 001/2022⬝.

Según detalló Narvaja, Viterra realizó una oferta para quedarse con la totalidad del paquete accionario de Renova y Scarel, como presidente del directorio, dio su �Sacepción irrevocable de la oferta de compra⬝.

Vicentin y Viterra compartían una sociedad en partes iguales en la planta de molienda de soja Renova, pero 24 horas antes del default la primera le vendió un 16,6%, en una operación que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) consideró �Ssimulada⬝.

En abril del año pasado, firmaron un documento por la venta del 33% restante por U$S310 millones, que Vicentin volcaría al pago del concurso.

Para los fiscales, esa transacción significó un incumplimiento de las órdenes judiciales dictadas por los jueces Foppiani y Postma de no innovar sobre la composición de la masa accionaria, que aún siguen vigente, según recordó a Télam el abogado de un acreedor del concurso.

En el fallo que rechazó el avocamiento solicitado por un acreedor, el 29 de noviembre último, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe se refirió al tema. El voto del ministro Daniel Erbetta señaló que �Slas eventuales controversias vinculadas a las medidas adoptadas con motivo de la investigación de hechos con relevancia penal deben dirimirse y agotarse en esa jurisdicción⬝.

El juez civil Lorenzini no puede adoptar decisiones sobre las órdenes dictadas por los jueces penales de Rosario.

�SLa extraordinaria relevancia en el orden económico social del presente proceso concursal y las innumerables consecuencias que pueden derivarse de las decisiones que se adopten, importan -en función de lo dicho- priorizar la extrema prudencia con la cual habrá de ponderarse la propuesta de acuerdo formulada, en tanto condiciona su viabilidad a decisiones judiciales propias de la justicia penal y ajenas a la competencia del juez del concurso, cuestiones éstas, que pudieron no haber sido advertidas por los acreedores que han prestado su conformidad⬝, sostuvo Erbetta.

El ministro de la Corte santafesina Rafael Gutiérrez, también recordó en su voto la existencia de las medidas cautelares dictadas por dos jueces que inhiben a Vicentin de desprenderse de sus acciones en Renova para afrontar la salida del concurso.

�SDichas medidas cautelares deben ser consideradas por el juez del concurso, a los fines de ser respetadas y armonizadas con la decisión que eventualmente se tome en caso de arribarse a un acuerdo en este proceso⬝, señaló Gutiérrez.

Vicentin obtuvo una prórroga del período de exclusividad hasta el 30 de junio. Se trata de la fecha límite que tiene para cerrar un acuerdo con sus acreedores, en el marco del proceso concursal.

La extensión fue autorizada por el juez de Reconquista Fabián Lorenzini, el magistrado que lleva la causa de la convocatoria. En lo que va del concurso, es la tercera prórroga que recibe.

De esta manera, la Justicia dio lugar al pedido de la cerealera, que, a mediados de mes, solicitó estirar el plazo que vencía el 31 de marzo. Se trata de la fecha original que le pidió a Lorenzini en diciembre y que el juez, inicialmente, declinó otorgarle.

"El juez Lorenzini y su secretario Dr. José Boaglio aprobaron efectivamente la prórroga del período de exclusividad hasta el 30 de junio, lo que significa que la empresa concursada cuenta con tres meses más para lograr un acuerdo con los acreedores", señala el texto de la aprobación, al que accedió El Cronista.

El pronunciamiento de Lorenzini se dio este jueves, luego de que hace un día se conociera la noticia de que Molinos Agro se bajó del consorcio de interesados estratégicos en convertirse como socios inversores. La empresa del Grupo Perez Companc argumentó su decisión en los cambios de las condiciones que impone el contexto para el negocio.

Pese a la baja de Molinos, los otros dos inversores siguen en pie: la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Viterra, la unidad de commodities agrícolas del grupo suizo Glencore. Desde la cerealera concursada, aclararon que mantienen su interés en participar del plan de salvataje.

De esta manera, con una deuda superior a u$s 1500 millones, la empresa consiguió más tiempo para seguir negociando con sus acreedores, en pos de obtener las adhesiones que necesita para alcanzar un acuerdo que le permita salir del concurso preventivo.

En el mismo documento, ya se estableció la fecha y hora para la realizar la próxima audiencia informativa: se llevará a cabo ocho días antes de que venza el período de exclusividad, el 22 de junio a las 17.30 horas.

Considerando el abandono de Molinos Agro, Lorenzini dispuso que la empresa concursada deberá presentar la firma de contratos vinculantes en el marco del expediente, suscriptos por sus representantes legales.

Vicentin tiene en pie una propuesta de pago que ya cuenta con la aceptación de la mayoría de sus acreedores. Según la compañía, las conversaciones están avanzadas y el acuerdo está encaminado. Pero aún falta que algunos acreedores comerciales se expresen al respecto. El tiempo extra que ganó es clave en ese sentido.

Según expuso en un documento reciente que le entregó a la Justicia, la empresa ya consiguió el visto bueno de más de 600 acreedores quirografarios. Necesita un total de 847 votos afirmativos para alcanzar la mayoría que exige la Ley de Concursos y Quiebras nacional, teniendo en cuenta que precisa el aval del 50,1 % de las cápitas, con representación del 66,6 % de las acreencias.

Más precisamente, en el escrito, reveló los resultados obtenidos hasta el momento. Aclaró que, de 1120 acreedores contactados (el 70 % del total), 657 ya firmaron o firmarán (el 58 %), 92 desistieron (8 %) y 371 se encuentran analizando qué hacer (33 %).

Asimismo, la agroexportadora todavía tiene pendiente la definición por parte de los bancos internacionales, que, según trascendidos, se espera que se pronuncien a la brevedad.

En caso de cerrar el acuerdo, Vicentin se desprendería de activos como parte de un reordenamiento de sus negocios y haría un pago inicial a todos los acreedores de u$s 30.000, que se completaría con pagos futuros, en base a un fideicomiso a 12 años.

Un grupo de empresas agropecuarias que tienen acreencias comerciales con la aceitera Vicentin presentó ante la justicia rosarina una demanda civil contra síndicos, auditores y exdirectivos de la firma por alrededor de 25 millones de dólares, que se suma a la convocatoria de acreedores y a las causas penales en curso, indicaron este martes voceros judiciales.

La demanda, patrocinada por el estudio Robiolo y Asociados, dedicado a la intervención judicial y extrajudicial en relación con la actividad empresaria, pretende conseguir un resarcimiento económico por los perjuicios económicos sufridos por los acreedores.

Las fuentes dijeron que la demanda civil por daños y perjuicios involucra a quienes dirigían la empresa al momento de declararse el default, a los exsíndicos, al auditor que certificó los balances de Vicentin y a las firmas KPMG Argentina y KPMG Internacional, que avalaron los estados contables.

Los denunciantes pretenden que se investigue la presunta adulteración de los balances, que de comprobarse abriría las puertas para lograr una reparación económica por los perjuicios sufridos en el proceso.

La demanda civil fue presentada por Robiolo y Asociados antes de la feria judicial de enero y es independiente de las demandas penales que están en marcha, motorizadas por bancos nacionales y extranjeros y grupos de empresas acreedoras.

Voceros judiciales indicaron que se buscará probar que se concretó un fraude a través de la adulteración de los balances contables de la aceitera con sede en la ciudad de Avellaneda, que habría permitido ocultar un faltante de 900 millones de dólares.

Las maniobras, como se ha venido denunciando desde sectores empresarios y legislativos, se habría realizado a través de contabilizar números falsos en el stock de materia prima, que eran elevados en forma ficticia, y minimizar el impacto de la carga de deuda.

En ese sentido, se habría evitado contabilizar contratos a fijar por 463 millones de dólares en el ejercicio 2017 y por 395 millones de dólares al año siguiente, con el objetivo de obtener endeudamiento en perjuicio de sus acreedores comerciales y financieros.

Los demandantes también solicitaron se investigue la estructura societaria de Vicentin con filiales en otros países, que en la práctica, a través de empresas off shore, dejaba fuera del alcance de los acreedores los activos de la firma, con lo cual la aceitera podía operar sin tener que responder por sus deudas.

Una de las claves de la denuncia civil es determinar la naturaleza de la actuación de KPMG, firma a la que acusan de no haber advertido un faltante patrimonial de 900 millones de dólares.

La quiebra y/o el desguace o un plan de pagos como el planteado, son un golpe al corazón de la cadena del agro, es decir, a cientos de Pymes de todo el país, que verán socavados sus capitales de trabajo, construidos con mucho esfuerzo durante décadas.

Hace casi dos años que un número importante de acreedores granarios, conformamos un grupo abierto de trabajo dispuesto y comprometido a sumarse y colaborar, como un bloque ágil y dinámico, en los proyectos que persiguieran la continuidad de la empresa y con ello, el resguardo equilibrado de los intereses de todas las partes afectadas.

Entendimos siempre, que en una empresa en la situación de Vicentín, el aporte del sector proveedor de granos era determinante para la continuidad de la misma y que los �Sgranarios⬝ debían ser cuidados y respetados si, verdaderamente, se perseguía la restauración de la cadena comercial y el bienestar del agro argentino.

Trabajamos mucho para transmitir a la concursada, a los síndicos y al juez del concurso que, dolarizar las acreencias granarias, era lo justo para esta cadena que opera 100% en esa moneda, y condición fundamental para pensar en un futuro de la empresa.

Ofrecimos ideas y propuestas que sistemáticamente parecían caer en saco roto, con una continua postura esquiva de los participantes que, se suponía, estaban interesados en solucionar el problema.

Nuestras charlas con los principales grupos damnificados comenzaron a principios del año 2020 y hemos construido un entendimiento y respeto mutuo. Comprendiendo las limitaciones e intereses de cada una de las partes, desarrollamos un modelo de negocio virtuoso, que permite pagar a los acreedores granarios la totalidad de sus acreencias, medidas en la moneda de la cadena, y con ello construir el motor para la continuidad de la empresa, para el mantenimiento de los puestos de trabajo y, para la obtención los recursos necesarios en una reestructuración del pasivo.

Hoy, a la luz de los hechos expuestos, conociendo la imposibilidad de que una propuesta como la planteada prospere, y, la voluntad explícita del gobierno de proteger la competencia y las fuentes de trabajo, evitando el desguace y la concentración en la industria, hemos decidido avanzar en los pasos necesarios para transformar el modelo validado, en la solución a concretar.

Es por ello, que agotadas todas las instancias con la concursada, impulsaremos y participaremos activamente en el proceso de Cram Down de Vicentín para proponer y

luego implementar el modelo anunciado, y al que invitaremos a participar a todo aquel que quiera aportar a este proyecto transformador para el agro argentino.

Para acompañarnos en este camino, y porque sabemos que existe una sola forma de llevar adelante un proceso que alinee los intereses y posibilidades de los participantes de este concurso, hemos seleccionado a UBS Investment Bank (�SUBS⬝) como Advisor Financiero. Nos encontramos en plena tarea y esperamos poder comunicar los avances en corto plazo.

Fideicomiso Acreedores Granarios de Vicentín

Admin. industrial y agrop. SA

Agricultores Ganaderos Villa Cañas SRL

Agro Hernando SRL

Agro Matorrales SA

Agroempresa Colón SA

Agroempresa Semillas SA

Agroinversiones Pampeanas SA

Aguirre Vázquez SA

Alassia Cereales SA

Albarellos Cereales SRL

Albeciano Misael Domingo

Alfredo Sebastian Mondino

Bartolo J Pons

Baya Casal Enrique M. SA

Borsini SA

Bosetti Cereales SA:

Bruno Tesan SA

Cereales Santa Lucia SA

Cerros Servicios Agrícolas SA

Cifre Agropecuaria S.A.

Comini Daniel Heraldo

Comini Hermanos SA

Commodities S.A.

Coop. Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Limitada

Cooperativa Agrícola Ganadera de Armstrong Limitada

D5 Cereales SRL

Delfino C Porporato y Cia SRL

Desab SA

Distribuidora Royjo SRL

Division Agropecuaria S.A.

Don Ponciano SA

Dottori Hnos SA

El Choli SA

El Remanso SA

El Sol Agropecuraria SRL

Elorza Marcelo y José María SRL

Enrique Berdini y Cia

Feccia y Battistoni SRL

Fedea SA

Flor del Cardo

Fraisa S.A.

Gagliardo Agricola Ganadera S.A

Galvez Cereales SA

Gear SA

Granar SRL

Granos del Oeste SA

Granos del Plata

Grassi S.A.

Grupo Ckoos SRL

Guira Guazu SA

Héctor A Bertone S.A.

Integral Acopio SRL

J A Agricola

La Clementina S.A.

La Constancia Agro SA

Lopez Carlos Walter

Merlo y Manavella S.A.

MH Cereales SRL

Morel Vulliez SA

Moscoloni Hnos.SRL

MyMsa Agronegocios S.A.

Ortega Hermanos S.A.

Pussetto Agropecuaria SRL

R. Y G Sgarlatta SRL

Ramon Rosa y Cia.S.A.

Santiago Dugan Trocello SRL

Terra Verde Agro Insumos SA

Terrapampa SA

Teumaco cereales SA

Villarrica SRL

Zanoy Agro y Servicios SA

Los 14 miembros del directorio de la agroexportadora Vicentin, que llegó a alcanzar los primeros puestos en el ranking de embarques de granos al exterior, fueron imputados esta martes por estafa, defraudación y balances falsos por el fiscal de Rosario, Miguel Moreno, quien pedirá en la próxima audiencia fijada para mañana jueves la prisión preventiva de algunos de esos directivos.

Moreno, fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, imputó a los directivos de Vicentin por el delito de balance falso en concurso real por defraudación y estafa en seis hechos cometidos contra bancos extranjeros damnificados por el default de la empresa, en la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal.

También imputó a todos los ejecutivos por el delito de estafas en carácter de coautor contra las acopiadoras de quienes recibió granos hasta el momento de declararse en estrés financiero y posterior cesación de pagos, precisaron fuentes judiciales santafesinas.

Los 14 imputados son Daniel Néstor Buyatti (presidente de Vicentin), Alberto Julián Macua (vicepresidente), Roberto Alejandro Gazze (director financiero), Máximo Javier Padoan, Cristián Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Boschi, Raúl González Arcelus, Omar Adolfo Scarel (síndico) y Miguel Vallazza.

Buyatti fue imputado además en forma personal por el delito de apropiación indebida de tributos, y junto al resto de los directivos recibió la imputación por el delito de estafa contra el Banco Macro, una de las instituciones financieras locales afectadas por las maniobras de Vicentin, junto a los bancos Nación y Provincia de Buenos Aires.

El fiscal Moreno señaló que"si bien la pena contemplada por estafa es de seis años, por la acumulación de delitos imputados estamos en condiciones de pedir la pena máxima, que son hasta 50 años".

El juez que interviene en el caso, Román Lanzón, deberá decidir este jueves si dicta la prisión preventiva de algunos directivos, medida que será solicitada por el fiscal en el entendimiento de que pueden influir para alterar el proceso, o si acepta la oferta de fianza ofrecida por la empresa por una suma de US$ 5 millones.

Al concluir la audiencia, el fiscal Moreno señaló que "si bien la pena contemplada por estafa es de seis años, por la acumulación de delitos imputados estamos en condiciones de pedir la pena máxima, que son hasta 50 años".

Entre los directivos de Vicentin, sólo Máximo Padoan hizo declaraciones a la prensa al retirarse y manifestó su "desconcierto" por la imputación.

Tras el cuarto intermedio, en el tramo final de la investigación que Moreno encaró desde hace casi un año y medio, durante la audiencia del jueves los defensores de los imputados harán su descargo, ya que señalaron que tienen que analizar en detalle una evidencia electrónica de 36 millones de archivos que les llegaron a último momento.

Además de las diligencias de los principales acreedores y bancos perjudicados, la semana pasada el Banco Nación pidió que se investigue a la consultora que auditaba los balances de Vicentin, dados los elementos que permitieron deducir la falsificación documental, aún cuando los auditores adujeron que la caída de la empresa en 2019 fue una crisis que arrastraba desde años anteriores.

La encuesta del fiscal analizó la actividad desarrollada por los representantes del órgano de dirección y fiscalización de Vicentin, que �Shabrían celebrado contratos de compra venta y recibiendo mercadería, sabiendo y conociendo la imposibilidad de afrontar los pagos de la misma⬝.

A los imputados se les atribuye haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 que contenían información financiera falsa consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresa.

La fiscalía sostiene que también confeccionaron y presentaron ante los bancos internacionales, informes trimestrales correspondientes a los períodos enero 2017, abril 2017, julio 2017, enero 2018, abril 2018, julio 2018, enero 2019, abril 2019 y julio 2019.

Esos informes exhibían una aparente sólida situación patrimonial de Vicentin �Scon el fin de ocultar su realidad económica financiera, engañar a las entidades financieras y así, provocaron bajo error disposiciones patrimoniales que superan los US$ 500 millones en virtud de líneas de créditos acordada⬝.

Los bancos extranjeros denunciantes son la Corporación Financiera Internacional (CFI, del Grupo Banco Mundial); los holandeses Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., Coöperatieve Rabobank U.A e ING Bank; y Natixis New York Branch, de Estados Unidos.

El fiscal Moreno definió las maniobras de Vicentin como �Suna puesta en escena de empresa solvente y confiable⬝, a fin de generar confianza en los productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores, �Squienes, engañados, entregaron toneladas de granos bajo la modalidad de contratos con precio a fijar, con el pleno conocimiento de los directores y síndicos de la imposibilidad de cumplir las obligaciones asumidas⬝.

Identificó entre los afectados a las firmas locales Cuatro Hojas S.A, Olzen Industria y Comercio de Calzados S.A., Maniagro S.A., La Clementina S.A., Commodities S.A, a las que ofrecieron mejores precios que la competencia y plazos muy superiores para fijar precio.

El cuerpo sin vida de Nicolás Nardelli, integrante de unas de las familias propietarias de la cerealera Vicentin, fue hallado en la madrugada de este jueves en una vivienda de Campo Timbó de la localidad santafesina de Oliveros, y la justicia de la provincia investiga las causas de la muerte, informaron voceros policiales y judiciales.

Nardelli, de 37 años, es hijo de Gustavo Nardelli, quien se desempeñó como gerente de Terminal Puerto Rosario como representante de Vicentin.

La policía de la comisaría 9na. de Timbúes informó que pasadas las 23 del miércoles recibieron un llamado alertando sobre la presencia de un cadáver en una vivienda de Campo Timbó, en la localidad de Oliveros.

El hallazgo estuvo a cargo de un amigo de Nardelli, que concurrió a visitarlo alrededor de las 21.

Allí comprobaron que yacía sin vida Nicolás Nardelli, con domicilio en una finca de calle Urquiza, de la ciudad de San Lorenzo.

El cuerpo fue trasladado hacia el Instituto Médico Legal de la ciudad de Rosario, donde se le iba a practicar la correspondiente autopsia.

Voceros judiciales indicaron a Télam que, en principio, la causa de muerte fue suicidio por ahorcamiento. (Télam)

El juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que entiende en el concurso de acreedores de la aceitera Vicentin, verificó 1727 presentaciones de acreedores -sobre un total de algo más de 2638- entre proveedores de granos, entidades financieras, empresas y el Estado nacional, dijeron este jueves voceros judiciales.

Las 911 presentaciones restantes que existen en el juzgado en esta causa todavía no cuentan con la verificación correspondiente y son las que explican la mayor parte de la deuda en dólares, entre ellas las del Banco Nación y otras entidades internacionales, que figuran como admisibles.

Lorenzini, a través de resoluciones firmadas durante la víspera, detalló los créditos en documentos que dividió entre acreedores de bienes y servicios, financieros, fiscales, granarios y de accionistas y sociedades, en tanto a través de una de ellas designó como subinterventor al abogado rosarino Guillermo Nudenberg.

Respecto de los acreedores granarios, el juez aceptó un total de 1290 créditos sobre más de 1400 que se presentaron.

Una de las principales decisiones del magistrado fue la de aceptar los montos en moneda local, a excepción de los bancos y otras entidades que le concedieron préstamos en dólares.

En todos los casos, Lorenzini incluyó al final de sus resoluciones un listado de acreedores, aclarando los que admitió y los que no, con los montos que se le reclaman a la firma con sede en la ciudad santafesina de Avellaneda.

Por las características de Vicentin, "una organización empresaria, dedicada al comercio y exportación de granos, con una posición de relevancia en el mercado interno y agroexportador", el juez enfatizó la situación de los acreedores de ese tipo.

En ese sentido, dijo que "han concurrido tempestivamente a verificar sus créditos un total de 1321 acreedores granarios, de los cuales 1065 formularon su pedido en pesos, mientras que otros 390 lo han hecho en dólares estadounidenses".

Aclaró que "el total de los peticionantes en ambas monedas totaliza 1455 acreedores concurrentes, dado que 134 de los mencionados formularon pedidos en ambas monedas".

Los reclamos de ese sector representan en conjunto "una suma total de $ 19.172.796.333,23 y U$S 166.360.452,56, cuya verificación se pretendió".

El juez aclaró que admitió 1290 acreedores granarios, de los cuales 111 son admisibles en dólares y 1266 en pesos, con un total de algo más de $ 23.956 millones y U$S 31,2 millones.

Para ponderar los intereses en pugna, "confrontando por un lado la posibilidad de mantener el valor de los créditos granarios en dólares y por el otro, la taxatividad de los artículos 19 y 127 de la Ley de Concursos y Quiebras", el juez resolvió tomar "el valor de cotización del grano entregado, conforme pizarra de cotizaciones del mercado local, a la fecha de la presentación concursal".

En los fundamentos de la iniciativa, el legislador gualeyo indicó que repudia la �Smanera de actuar⬝ del Gobierno Nacional respecto a la propiedad privada. �SEl presente proyecto de declaración pretende repudiar una manera de actuar, por parte del Gobierno Nacional, respecto a la propiedad privada. En este caso, se trata de una empresa argentina de extensa trayectoria que, como miles de empresas de nuestro país, se ve afectada por los vaivenes de la economía nacional⬝, indicó.

�SLo repudiable en este caso es la prepotencia del Gobierno Nacional al comenzar el proceso de intervención y expropiación de la empresa, que se encontraba desarrollando un proceso judicial, tal como lo establece la ley⬝, enfatizó.

Para Morchio �Sresulta violento que el Gobierno Nacional avance sin haber respetado los tiempos de la Justicia, resultando así un avance sobre la división de poderes.

����Estas medidas significan un pésimo mensaje para las miles de empresas que hoy se encuentran atravesando una situación similar, al ver restringida su actividad a causa del aislamiento establecido por el DNU 297/2020⬝, dijo.

El proyecto de declaración de Morchio, contó con las adhesiones de los senadores Omar Migueles (Tala) y Rubén Dal Molín (Federación)

PROYECTO DE DECLARACI�N LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

PRIMERO: El H. Senado expresa su repudio ante la intención del Gobierno Nacional de apropiarse de la propiedad privada, a partir de la intervención y expropiación de la empresa Vicentin, violando la división de poderes republicanos, al desconocer el procedimiento judicial en el que se encuentra dicha empresa argentina.

SEGUNDO: Comuníquese al Ing. Luis Basterra, Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca del Poder Ejecutivo Nacional.

Fundamentos

Señora Presidenta,

El presente proyecto de declaración pretende repudiar una manera de actuar, por parte del Gobierno Nacional, respecto a la propiedad privada.

En este caso, se trata de una empresa argentina de extensa trayectoria que, como miles de empresas de nuestro país, se ve afectada por los vaivenes de la economía nacional.

Lo repudiable en este caso es la prepotencia del Gobierno Nacional al comenzar el proceso de intervención y expropiación de la empresa, que se encontraba desarrollando un proceso judicial, tal como lo establece la ley. La ley, que rige para todos por igual, contempla las medidas que fue tomando Vicentin, para dar respuesta a los acreedores y actuar conforme a lo que indica la normativa.

Por ello, resulta violento que el Gobierno Nacional avance sin haber respetado los tiempos de la Justicia, resultando así un avance sobre la división de poderes.

Estas medidas significan un pésimo mensaje para las miles de empresas que hoy se encuentran atravesando una situación similar, al ver restringida su actividad a causa del aislamiento establecido por el DNU 297/2020.

Por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

En particular, por ser él un profesional de ciencias económicas que apoya una medida ilegal que se lleva puesta la ley de quiebras, dado que es la que regula los procesos de concursos preventivos, por lo menos me llama la atención, �S⬦Una medida acertada en torno a una empresa clave que ha sido financiada mayoritariamente con el esfuerzo de todos los argentinos⬝.

Tampoco un profesional puede confundir el capital de un banco, aunque en este caso sea un banco estatal, con los dineros del estado provenientes de los impuestos. Cualquier banco, ya sea de capital estatal o privado, es responsable de los créditos que otorga, de los dineros de sus depositantes, y esto no hay que confundirlo con los dineros aportados por los ciudadanos por medio de impuestos para financiar con mucho esfuerzo al estado. El mensaje del gobernador también expresa que �Sla gerenciación estatal de una de las más grandes operadoras de granos del país permitirá ejercer un rol testigo en el comercio de granos⬦⬝. El rol de testigo se ejerce cuando se puede observar el comportamiento de una empresa para inferir el de otras similares o de la cadena productiva, pero las exportadoras de granos son agentes de retención de los derechos de exportación �Sretenciones⬝, por lo que cada empresa que exporta sabe cuánto y a qué precio vendió cada productor que entrega su grano a la exportadora. Los derechos de exportación son un �Simpuesto confiscatorio⬝, algo que los profesionales contadores conocen muy bien. El mercado agropecuario no necesita testigos, es un mercado totalmente transparente y no forma precios, los precios de los denominados commodities se forman en el mercado internacional, en el caso de la soja uno de los referentes es el mercado de Chicago.

Si estas son cuestiones conocidas por la mayoría, y mucho más por los profesionales en ciencias económicas me pregunto, ¿por qué este apoyo a una medida ilegal y totalmente cuestionable desde el punto de vista de la economía es explícitamente apoyada?, solo encuentro explicación en el hecho de que tenemos una democracia endeble, que se basa en el que gana en las elecciones es quien manda y el resto no puede opinar, solo debe limitarse a apoyar. El ejercicio democrático no es solo ejercer el derecho al voto cada dos o cuatro años, sino la búsqueda de consensos en el ejercicio de gobernar, por lo que tomar una medida inconsulta a escondidas no representa una forma democrática de ejercer el poder. En la búsqueda de consensos, en el escuchar a otros es donde se encuentran las mejores alternativas.

La presión de la ciudadanía es importante en estos casos donde el poder se ejerce de forma caprichosa, el ciudadano como integrante de esta sociedad en democracia es un actor importante y no debe dejar de estar presente y hacerse escuchar.

El presidente Alberto Fernández se reunió con Sergio Nardelli, CEO de Vicentin, y el gobernador santafesino, Omar Perotti, en el marco de un diálogo que comenzó el martes con una comunicación telefónica, en medio del proceso de intervención que el Gobierno aplicó sobre la empresa y el proyecto de expropiación de la misma.

Además de Fernández, Nardelli y Perotti, también estuvieron el ministro de Producción, Matías Kulfas; el ministro de Agricultura, Luis Basterra; y la secretaria Legal Técnica, Vilma Ibarra.

La reunión comenzó a las 18 hs y finalizó a las 20:15, al término de la misma el único que realizó declaraciones fue el gobernador Omar Perotti, quien dio muchas vueltas para decir en concreto si hubo toma de alguna decisión, solo indicó que el presidente tiene la intención de rescatar la empresa y pidió que los empleados no interfieran en las medidas que se irán tomando y subrayó que lo importante es que está abierta la posición de diálogo permanente.

La iniciativa privada es insustituible, incluso en contextos adversos como el que atraviesa el mundo a causa de la pandemia. Los privados, la iniciativa que los motoriza y la búsqueda de la rentabilidad que persigue cualquier persona a la hora de trabajar, no pueden ser reemplazadas por el sector público. Debe ser facilitada para que el progreso económico se transforme en desarrollo. Es función del Estado promover este desarrollo impulsando la creación de empresas, no interviniéndolas.

Es parte del riesgo empresario atravesar por momentos de estrés financiero, así como es posible también que Directores de empresas incurran en conductas tipificadas por la ley penal de nuestro país. En caso de que eso ocurra, debe acarrear sanciones penales para los empresarios o para los funcionarios de turno que se vieron involucrados. Pero esto no puede ser justificativo de la nacionalización de una deuda privada, a través de una intervención que se extralimita y entromete en la órbita del poder judicial y que finalmente busca la declaración de utilidad pública de una empresa a los fines de ser expropiada.

 Máxime cuando existen otras empresas que operan en nuestro país con interés de adquirir a la concursada.

En este marco no se comprende el accionar del Poder Ejecutivo Nacional, tomando por decreto la Dirección de una empresa privada concursada y planteando un debate sin precedente en la opinión pública en un contexto de pandemia.

Desde el Consejo Empresario de Entre Ríos se espera la reflexión de todo el arco político nacional y provincial a los fines de generar una salida a esta situación que no sea la expropiación y nacionalización de la deuda de una empresa concursada que puede ser vendida en el mercado, salvando la fuente de trabajo y resguardando la seguridad jurídica y las arcas públicas.

El encuentro llega luego de un llamado telefónico entre ambos y de una reunión entre directores de la empresa y enviados del gobierno nacional a Avellaneda, la ciudad de Santa Fe donde nació la empresa hace 90 años.

Nardelli es uno de los principales directivos de la compañía y nieto del fundador de la firma.

�STuve una buena charla con uno de los accionistas de la empresa, Sergio Nardelli. Confío en que podremos hacer las cosas tranquilos, no es motivo de pelea. Lo que hacemos es rescatar a la empresa de una quiebra, pero tratan de mostrarlo como un gesto arbitrario⬝, aseguró el Presidente en una entrevista radial. �SHay que explicarle a la gente lo que está pasando: estamos en presencia de un grupo económico que tiene muchas actividades pero la principal es exportar cereales. Vicentin ha entrado en un colapso enorme, como consecuencia de un crecimiento desbordado, y está en muchas dificultades para operar⬝, dijo Fernández.

Según fuentes informadas se seguiría adelante con la intervención por 60 días acordando con el juez de la causa pero se retiraría el proyecto de expropiación. Mientras tanto el juez amplió hasta agosto la presentación de todos los acreedores. El viernes Delgado, el interventor de Vicentin, se reunirá con CONINAGRO para ver cómo pueden mover la empresa, las cooperativas que son las principales acreedoras.

�SPermitirá al Estado tener un rol más activo en el mercado de cereales y oleaginosas y sostener la soberanía alimentaria nacional⬝, destacó el legislador.

Loggio, además, precisó que con estas medidas del Gobierno nacional �Sse resguarda además el interés general de argentinos y argentinas, comprometida por las decisiones al menos desacertadas de las autoridades del Banco Nación durante la administración macrista, que otorgaron créditos irrecuperables a una empresa que financió la campaña de Juntos por el Cambio y que luego dejó de cumplir con sus compromisos⬝.

El legislador apuntó que la administración estatal de una operadora de la magnitud de Vicentin, permitirá al Estado tener peso propio en el mercado de granos, arrojando además transparencia sobre los despachos al exterior que se realizan, siempre sospechados de ser facturados a través de las subsidiarias de Uruguay o Paraguay de la firma intervenida.

La intervención y potencial expropiación a la empresa Vicentin S.A.I.C, obliga al Gobernador Perotti a fijar una posición sólida para así defender los intereses de la Provincia de Santa Fe como acreedora. 

�SLas determinaciones tomadas por el Ejecutivo Nacional llevarán a que indirectamente, los argentinos terminen pagando la millonaria deuda. La decisión del Presidente Alberto Fernández, de intervenir de manera transitoria la firma VICENTIN S.A.I.C., una de las principales empresas del país y que da empleo a casi 5.000 trabajadores de manera directa en Santa Fe, es lisa y llanamente un ejercicio abusivo del poder político y una extralimitación de las facultades del presidente.

No corresponde al Poder Ejecutivo tomar intervención en un concurso preventivo que tramita por los carriles judiciales habituales⬝; Parte de un comunicado del Bloque SOMOS VIDA de la legislatura de la provincia de Santa Fe. �SEstá claro que  nadie puede oponerse al concepto de soberanía y aún menos si se trata de asegurar un derecho como el alimentario⬝, sentenció Granata, y agregó, �Sutilizar esto como slogan significará que todos los argentinos  que abonamos  los impuestos vamos a tener que  responder por  una deuda millonaria de MIL TRESCIENTOS MILLONES DE DOLARES o más, dado que hay un Juez de Concurso trabajando en la causa⬝.

Si la intención del ejecutivo es velar por los puestos de trabajo y por el patrimonio de la empresa, la ley de Concursos y Quiebras ya prevé un mecanismo para ello, pues se encuentra trabajando una Sindicatura plural, a cargo de tres contadores públicos, y un comité de control de actuaciones, formado por los cuatro (4) principales acreedores de la firma (entre los que ya está el Banco de la Nación Argentina) y por tres (3) acreedores laborales, que representan al resto de los trabajadores.

Por lo que no existe justificativo para que el Presidente decida nombrar un interventor del estado, siquiera de manera transitoria. 

Se dejó constancia del acto y fue todo muy breve. No llevaron ni pidieron documentación. Por razones de espacio para lograr el distanciamiento suficiente, el magistrado no los recibió en su despacho sino en el hall que está en el primer piso del edificio de tribunales.

Terminado ese breve trámite, la delegación que llegó al aeropuerto de Reconquista en dos aviones y allí se movilizaba en ocho automóviles y camionetas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con acompañamiento de la Policía Federal, se desplazaron al otro lado del Arroyo del Rey, donde están las oficinas centrales de Vicentin, en Avenida San Martín y calle 14 de la ciudad de Avellaneda, donde no pudieron ingresar porque el edificio estaba bajo llave.

El abogado de Vicentin había ordenado al personal desalojar las oficinas y dejar todo cerrado.

 El poco personal y algunos herederos que permanecían en la vereda fueron testigos de la llegada de la delegación oficial rodeada de policías.

El diario Reconquistas aseguró que escucharon un agravio, que alguien expresó: �S¡Abran delincuentes!⬝; y que �Srecibió puteadas de respuesta⬝; y que la otra reacción de integrantes de la delegación estatal fue hacerse unas �Sselfies con el edificio de fondo⬝, lo que algunos tomaron como una provocación; y se retiraron. Fueron a la Municipalidad de Reconquista donde los recibió el intendente, pidieron comida y allí permanecieron al menos hasta las 15:51. 

Los activos de la empresa son muy importantes y están intactos. Todos los que participan en esta actividad lo saben perfectamente.

No se ha despedido durante todo el proceso a un solo trabajador. Más allá de que muchos no han podido trabajar por la pandemia, todos han cobrado como corresponde. Entre las alternativas en análisis siempre estuvieron la venta de activos y la posibilidad de asociación con compañías nacionales. Dentro de esas opciones estuvo siempre contemplada YPF Agro. Todos sabemos lo que representa YPF para Argentina en el negocio de hidrocarburos, y también su muy importante vinculación con nuestro Agro, por lo cual en ningún momento descartamos que puede ser un actor importante en el futuro de Vicentin. 

El camino elegido nos llena de incertidumbre y preocupación. Nos hemos enterado de la decisión por los medios y estamos realizando las consultas necesarias para entender las características y la profundidad de las medidas anunciadas. Por último reivindicamos la legitimidad de proteger los derechos de una empresa argentina y de sus accionistas, de origen familiar y del interior del país que se encuentra ajustada al marco legal vigente, dentro de un concurso preventivo de acreedores y que ha manifestado reiteradamente la voluntad de honrar los compromisos asumidos.

El objetivo es rescatar a la empresa, cuyo principal acreedor es el Banco de la Nación, para que cumpla el rol de empresa testigo en la comercialización de granos y en la producción de alimentos.

�SQueremos que la empresa siga funcionando, que los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo y que los pequeños productores puedan seguir vendiéndole lo que producen⬝, aseguró el mandatario, que estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; por la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti, y por el designado interventor, Gabriel Delgado. El Presidente destacó que el objetivo es �Srescatar a la empresa en favor de la economía argentina y de una parte de la economía que tiene particular relevancia como es el mercado de granos y de cereales⬝.

�SQue el Estado cuente con una empresa testigo en el sector es algo muy importante⬝, expresó, y consideró que la medida es �Sestratégica⬝ y que �Sfavorece a la Argentina para lograr la soberanía alimentaria⬝.

Por su parte, Kulfas también destacó la importancia de �Stener una empresa testigo en el mercado de granos y en el mercado de cambios⬝. El proyecto de ley busca declarar a Vicentin de utilidad pública y sujeta a expropiación para que pase a formar parte de un fondo fiduciario que administrará YPF Agro, con lo que se replicará el modelo de gestión mixta. YPF Agro es una compañía de la petrolera nacional que comercializa semillas, productos para la protección y nutrición de cultivos, además de silo bolsas y lubricantes.

El interventor designado por el Estado Nacional es Gabriel Delgado, �Sun experto en temas agropecuarios⬝ según lo calificó el mandatario, que fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2013 y 2015, es doctor en Finanzas de la Universidad del CEMA y economista del INTA.

Más allá de la intervención, el proceso de convocatoria de acreedores que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista seguirá su cauce normal. Y se pondrá a disposición de la Justicia toda la información para que se lleve adelante la investigación sobre el proceso de vaciamiento al que fue sometida la empresa.

Vicentín, líder en la producción de alimentos, entró en convocatoria de acreedores luego de que anunciara la cesación de pagos de su deuda a fines del 2019 como resultado de un proceso de vaciamiento. El principal acreedor de la empresa es el Banco Nación, que concentra el 80 por ciento de la deuda financiera.

La empresa cuenta con plantas de cereales y oleaginosas en las localidades santafesinas de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, una división de producción de Biodiesel (Renova), otra textil que incluye desmotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo concentrado de uva en San Juan, Vicentin Family Wines en Mendoza, además de acopio y exportación de Miel (Promiel), producción ganadera y sedes en Montevideo, San Pablo y Asunción.

La oposición no avala la intervención del Gobierno  en Vicentín 

El presidente Alberto Fernández, anunció desde Casa de Rosada, que se elevará al Congreso un proyecto de ley para la expropiación de la firma que actualmente está en concurso de acreedores.

Dirigentes del frente Juntos por el Cambio rechazaron este lunes la intervención de la empresa Vicentín que dispuso el Gobierno nacional y coincidieron en que es una «señal trágica» que cuenta con los «horribles antecedentes» de Ciccone e YPF.

En conferencia de prensa el jefe de Estado, adelantó la medida de su Gobierno de avanzar en la intervención de la empresa santafesina y publicó en una de las redes sociales los pasos que seguirá la resolución adoptada: �SEstamos firmando un DNU que dispone la intervención del Grupo Vicentín, y hemos designado como interventor a Gabriel Delgado. Y estamos mandando al Congreso una ley de expropiación para que el Estado nacional se haga cargo⬝.

Desde la oposición, hizo punta el diputado nacional de la UCR por Mendoza Luis Petri se preguntó: «Intervienen Vicentín para saber qué hay en la empresa, y si no saben que hay, ¿por qué expropian?

«Las respuestas respecto de qué hacer con Vicentin están en la Ley de Concursos y Quiebras. Allí se regula qué hacer con una empresa en concurso, eso es lo que diferencia un estado de derecho, su seguridad jurídica, algo que con este gobierno empieza a brillar por su ausencia», subrayó Petri.

El diputado nacional del PRO Luciano Laspina señaló que tiene «dudas sobre la expropiación de Vicentín a la luz del antecedente de YPF, que costó Usd 8.000 millones y un juicio por 13.000 millones en NY, y aún se esperan los beneficios.

«Por ahora solo tenemos que pagar el ´barril criollo´ más caro para que no pierda plata», indicó el macrista y agregó: «No abro juicio aún sobre la expropiación de Vicentín. Solo aviso que ahora las millonarias deudas pasan a ser de todos los argentinos que pagan impuestos. Las ganancias futuras, ya veremos».

Por la Coalición Cívica, el legislador nacional Juan Manuel López destacó que «otra vez el kirchnerismo interviene una empresa por DNU, como hizo con Ciccone e YPF.

«Más allá de la expropiación que discutiremos en el Congreso otra vez el kirchnerismo interviene una empresa por DNU cómo hizo con Ciccone e YPF. Horribles antecedentes ambos. Las intervenciones sólo puede disponerlas el Poder Judicial.

En tanto que el expresidente provisional del Senado, Federico Pinedo, dijo «Cuando hay que generar inversiones para generar empleo, intervenir una empresa privada por decreto sin ley de expropiación, es una señal trágica».