La Ley 27.794 que fue sancionado por el Congreso el 20 de agosto de 2025, buscaba terminar con la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en el manejo de los ATN, creados originalmente para asistir a las provincias en emergencias y desequilibrios financieros. Con el veto, el ejecutivo nacional mantiene la posibilidad de retener y usar los recursos según su conveniencia política.

"Ya está muy claro que el modelo económico de Javier Milei solo se sostiene a base de vetos de leyes importantes. Con el veto de los ATN, Entre Ríos pierde más de 10 mil millones de pesos que podrían  ser destinados a mejorar escuelas, hospitales y rutas. No estamos reclamando por ningún privilegio, sino que exigimos lo que nos corresponde por ley a todos los entrerrianos”, concluyó Rossi.

Las cifras muestran la gravedad del problema: en 2024 el Fondo de ATN contó con un presupuesto de $278 mil millones, pero solo se distribuyeron $49 mil millones, es decir, menos del 20%. Para Entre Ríos, la pérdida fue especialmente significativa: la provincia dejó de percibir más de $10 mil millones en el segundo semestre de 2025, dinero que podría haberse destinado a caminos rurales, rutas, escuelas y hospitales públicos.

Asimismo, la cartera que conduce Sandra Pettovello, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, exigió “el cese inmediato de esa maniobra”, informó en un comunicado, en referencia al subdominio que se creó dentro de la web oficial de la UBA para impulsar protestas contra el reciente veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario que aprobó la oposición en el Congreso.Al respecto, el Ministerio solicitará “la investigación de quienes ordenaron crear el subdominio https://noalveto.uba.ar, a fin de determinar las responsabilidades administrativas y legales correspondientes”.“Las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y la igualdad de acceso a la información académica y administrativa. La manipulación de los canales oficiales de comunicación y la utilización de recursos públicos con fines partidarios configuran una violación a estos principios, además de comprometer la transparencia que debe regir en la gestión de las universidades, se indicó.Por último, Capital Humano sostuvo que reafirma “su compromiso con la transparencia institucional y la defensa de los derechos de los estudiantes en todo el sistema universitario nacional, al tiempo que respeta el derecho a huelga dentro del marco de la ley”. NA.

La decisión del Poder Ejecutivo, que se produce en un contexto de tensión entre el Gobierno y las universidades por recortes presupuestarios, fue confirmada por fuentes oficiales. Según supo Noticias Argentinas, el veto generará una nueva escalada en el conflicto con el sector educativo y con la oposición parlamentaria, que había impulsado la norma.

Los puntos clave del Proyecto de Ley vetado:El Proyecto de Ley de "Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente" Nº 27.795 buscaba:La norma planteaba medidas claras para consolidar el financiamiento de la Universidad Pública en todo el país. A continuación, se resumen los puntos centrales:Garantizar el financiamiento: Establecía como objeto “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA”.Partidas presupuestarias específicas: Determinaba que el Poder Ejecutivo Nacional debía definir partidas presupuestarias destinadas al programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” para:Afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad del estudiantado.Garantizar la formación continua.Asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes.Incrementar recursos para tecnología digital.Impulsar la formación y fortalecimiento del personal.Ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias.Promover la función de extensión universitaria.Desarrollar la función de investigación.Prever la provisión y mantenimiento de infraestructura y equipamiento.Impulsar la internacionalización inclusiva de la enseñanza, investigación y extensión.Asegurar y profundizar programas de bienestar estudiantil e incrementar la inversión en becas.Actualización por IPC: Encomendaba al Poder Ejecutivo Nacional actualizar al 1 de enero de 2025 el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024.La objeción total al proyecto de ley se fundamenta en la visión del Gobierno de mantener el control sobre el gasto público y evitar lo que considera intromisiones en las facultades del Poder Ejecutivo para administrar los recursos del Estado. Sin embargo, la medida abre un nuevo frente de conflicto con un sector que reclama mayores fondos para garantizar la calidad y accesibilidad de la educación superior. NA. 

La Cámara de Senadores convirtió en Ley la Emergencia en Discapacidad al rechazar el veto presidencial de forma definitiva con un total de 67 votos a favos, 7 en contra y ninguna abstención.

La otra novedad la dieron a conocer los tres senadores que representan a Entre Ríos. A pesar de pertenecer a diferentes Bloques, Stefania Cora (Unión por la Patria), Alfredo De Angeli (PRO) y Stella Maris Olalla (Unión Cívica Radical) votaron en contra del veto presidencial.

Cabe recordar que en la sesión ordinaria para convertir en Ley la Emergencia, que se llevó a cabo el pasado 10 de julio, otro fue el panorama. En aquella oportunidad, solo Cora voto a favor mientras que De Angeli y Olalla estuvieron ausentes. 

Una nueva marcha “multisectorial” se registrará hoy miércoles en el Congreso cuando confluyan los jubilados, en su tradicional movilización semanal, con las dos fracciones de la CTA y el gremio de estatales ATE, que reclamarán a la Cámara de Diputados el rechazo definitivo de los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de aumento jubilatorio y de emergencia en Discapacidad.Además, familiares y personas con discapacidad también se movilizarán al Congreso después de una vigilia iniciada este martes en Plaza de Mayo en reclamo del rechazo legislativo al veto a la ley de emergencia en el área.Mientras los jubilados marcharán desde las 15 bajo organizaciones como Jubilados en Lucha y Jubilados Insurgentes, entre otras, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma harán lo propio desde las 12 en rechazo de los vetos de Milei y para respaldar las leyes de “moratoria previsional, de aumento a jubilados y la emergencia en Discapacidad”.Por su parte, ATE convocó a una Jornada Nacional de Lucha que incluye un paro de 24 horas en la Administración Pública Nacional y asambleas en diversas reparticiones, además de la suspensión de actividades y movilizaciones en distintos puntos del país.La Cámara de Diputados se encamina este miércoles a convertir en ley los proyectos impulsados por los gobernadores para reformar la distribución de la partida de ATN y del impuesto a los combustibles, dos proyectos que, junto con los vetos a las leyes jubilatorias y de emergencia en Discapacidad, configuran los temas que monopolizarán la sesión impulsada por los bloques opositores.En tanto, dos personas habían sido demoradas el miércoles último por efectivos de la Policía de la Ciudad durante la marcha que los jubilados realizaron en las inmediaciones del Congreso. (Noticias Argentinas)

El Juzgado Federal de Campana declaró la invalidez del decreto del gobierno de Javier Milei que vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el CongresoEn el fallo, al que tuvo acceso TN, el juez Adrián González Charvay aseguró que “el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias”.La decisión se dio en el marco de un amparo presentado por los padres de dos menores con discapacidad. Los demandantes argumentaron que buscan “asegurar que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida” tal como se afirma en el sitio oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad.Los afectados por la medida, aseguró el juez, “son personas en situación de múltiple vulnerabilidad por su condición de niños y de personas con discapacidad (Art. 75 inc. 23, Constitución Nacional), de lo que se desprende que sus derechos deben ser objeto de una protección especial”, destacó la sentencia.La sentencia consideró que la decisión del gobierno “viola obligaciones internacionales de derechos humanos al mantener el desfinanciamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad”.“El veto cuestionado provoca como resultado directo el deterioro progresivo de servicios y prestaciones a la salud que afecta a un grupo de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y demandan una protección especial por parte del Estado”, advirtió González Charvay.El juez recordó también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva a instancias de la República Argentina, en la que reconoció la existencia del derecho autónomo al cuidado e hizo énfasis especialmente en la responsabilidad del Estado con los menores de edad, los adultos mayores y las personas con discapacidad.Esta decisión, que implica la vigencia automática de la Ley 27.793, con medidas como compensaciones arancelarias y actualización de prestaciones, puede ser apelada por el Estado ante la Cámara Federal de San Martín.En el Decreto 534/2025, el Gobierno fundamentó su decisión al sostener que las leyes aprobadas implicaban un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, sin fuentes de financiamiento suficientes ni cálculos actuariales que aseguraran su viabilidad.La ley vetada declaraba la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027y disponía un refuerzo en las pensiones no contributivas por invalidez, elevándolas al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, establecía que dichas pensiones serían compatibles con empleos formales, siempre que los ingresos no superaran los dos salarios mínimos. (TN)

La convocatoria se replicó en todo el país, con acciones coordinadas en plazas y espacios públicos de al menos 19 provincias, en una expresión clara y contundente de unidad federal en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán fueron algunos de los puntos de encuentro.Las instituciones, profesionales y transportistas del sector suspendieron sus actividades en sede en señal de protesta, ya que el presidente desoyó una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso, que reconoció la gravedad de la crisis que atraviesa todo el colectivo de discapacidad.Este lunes, el presidente Javier Milei vetó a través del Decreto 534/2025 vetó las leyes de Emergencia en Discapacidad y de mejoras para los jubilados. Ahora, Diputados deberá conseguir los 2/3 de quórum necesarios para tratar el tema, sin que pase por comisiones, ya que el tiempo es urgente. Tal como se preveía el veto, legisladores que apoyan la ley ya trabajan para que, a más tardar, la sesión se lleve a cabo la próxima semana y se rechace el veto.El Gobierno, por su parte, negocia con gobernadores y distintos bloques para reunir 84 votos en Diputados, buscando sostener el veto, mientras la oposición debe conseguir dos tercios en ambas cámaras para insistir con la sanción original.

¿Por qué la emergencia es urgente?

La Emergencia en Discapacidad abarca realidades que no pueden esperar:Personas que trabajan en talleres protegidos sobreviven con apenas $28.000 mensuales.Personas que aún esperan acceder a una pensión para contar con ingresos y apoyos básicos.Prestaciones y apoyos en riesgo porque los aranceles no cubren los costos y muchos prestadores están al borde del cierre.Presidente Milei, ¿cómo se sobrevive sin trabajo ni ingresos?, ¿cómo se transita una vida digna sin los apoyos necesarios?, ¿cómo responde el Estado a quienes dependen de estos dispositivos para vivir?Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir. Gobernar implica asumir responsabilidades con todos los sectores y no dejar en el olvido a quienes más lo necesitan.El verdadero desafío es construir una sociedad más justa, donde nadie quede excluido ni enfrente solo las dificultades.