En el país existen diferentes organismos académicos, universidades y centros de investigación asociados que llevan a cabo estudios relacionados con las distintas variedades de cannabis.

En el país existen diferentes organismos académicos, universidades y centros de investigación asociados que llevan a cabo estudios relacionados con las distintas variedades de cannabis.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, rubricaron una resolución que permitirá la inscripción de semillas de la especie Cannabis sativa L para su uso medicinal y de investigación en el Registro Nacional de Cultivares y/o el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, se informó oficialmente.

La resolución firmada por Vizzotti y el presidente del Sistema Nacional de Semillas (INASE), Joaquín Serrano, "posibilitará avanzar en la estandarización de las genéticas obtenidas y someterlas a certificaciones nacionales para su utilización como insumos en la producción de cultivos controlados, lo cual tendrá efectos en la seguridad y calidad de los productos utilizados en el ámbito medicinal, además de evitar el mercado ilegal", se informó a través de un comunicado de prensa.

�SEl Estado cambió su mirada y con este paso estamos contribuyendo a solucionarle la vida a un número de familias que tienen una problemática de salud⬝, destacó Vizotti y agregó que �Sdarles un camino legal es algo que era nuestra responsabilidad y no es menor que haya pasado a pesar de la pandemia⬝.

La ministra destacó la articulación interministerial porque �Seste desafío es transversal y acá estamos para reconocer el trabajo que ha realizado el INASE en todo el capítulo semillas que permitirá profundizar esta política que nació de una deuda que teníamos con la ciudadanía⬝.

Por su lado, Basterra destacó que �Sel trabajo llevado adelante por el INASE en articulación con el Ministerio de Salud es muy importante, en cuanto al desarrollo de herramientas tendientes a facilitar el acceso a la planta y sus derivados, como al tratamiento medicinal. Es una muestra más del potencial de nuestra industria semillera nacional⬝.

Con respecto a los alcances de la resolución, Serrano subrayó �Sla importancia de la soberanía genética porque es un gran paso adelante que le da luz a todos los eslabones de la cadena, desde la investigación y el desarrollo nacional, y la producción para potenciar la industria semillera nacional, en este caso relacionado con la industria médica para favorecer el acceso a medicinas para todos y todas⬝.

"Darles un camino legal es algo que era nuestra responsabilidad y no es menor que haya pasado a pesar de la pandemia⬝.

La resolución establece que todos aquellos que tramiten la inscripción deberán presentar ante el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus Derivados y Tratamientos No Convencionales del Ministerio de Salud un informe con el fundamento técnico de la inscripción en los registros del INASE, que tendrá carácter de declaración jurada.

En el país existen diferentes organismos académicos, universidades y centros de investigación asociados que llevan a cabo estudios relacionados con las distintas variedades de cannabis, etnobotánica, morfología, taxonomía, anatomía y caracterización química de las variedades locales que podrán ser registradas.

También se informó que "hay proyectos de extensión universitaria que han recibido material genético de distintas organizaciones para caracterizarlas y realizarle la analítica correspondiente a los productos que circulan en el país".

Finalmente, se informó que "esta medida pone en valor nuestro germoplasma nacional, teniendo en cuenta que nuestro país tiene vasta experiencia en programas de fitomejoramiento vegetal y producción de semillas".

La iniciativa crea el régimen para el acceso �Sseguro e informado al cannabis terapéutico y/o paliativo del dolor y sus derivados, con el fin de garantizar y promover el cuidado de la salud integral de las personas a las que se les indique el uso de la planta de cannabis y sus derivados con fines médicos, terapéuticos o paliativos del dolor⬝.

El proyecto autoriza a sembrar, cultivar, transportar, almacenar y producir cannabis y sus derivados, con recomendación médica para su uso terapéutico, a todas las personas, humanas y jurídicas habilitadas por la norma.

Esta autorización habilita a que las personas físicas puedan cultivar para sí o para un tercero beneficiario que acredite receta médica. También autoriza al Estado provincial, municipios y comunas; organismos de ciencia y tecnología dependientes de otros niveles de gobierno; laboratorios públicos; universidades públicas; centros de investigación; asociaciones civiles; fundaciones; mutuales y cooperativas vinculadas a la materia.

Un dato para destacar es que la ley faculta al Gobierno provincial a constituir empresas del Estado o sociedades mixtas para producir cannabis.

La autoridad de aplicación de la norma será el Ministerio de Salud, en coordinación con el de Producción. Salud deberá crear un Registro Provincial de Usuarios y Cultivadores Medicinales y el Registro Provincial de Farmacias. También tendrá que otorgar la Certificación de Acceso al Cannabis Medicinal (CACM) que servirá de constancia.

Todas las personas humanas, asociaciones civiles y fundaciones que cultiven para sí o para un tercero beneficiario tendrán derecho a solicitar y recibir una certificación oficial de parte del Estado Provincial que valide la autorización de su cultivo de cannabis con fines terapéuticos, médicos o paliativos del dolor. Para ello será requisito presentar una recomendación médica para uso medicinal, terapéutico o paliativo de cannabis y sus derivados.

Habrá también una habilitación para cultivar para un tercero, que deberá acreditar recomendación médica.

La iniciativa contempla también la creación del Programa de acceso al cannabis de Entre Ríos, como marco para la generación y el diseño de las políticas públicas que se implementen para desarrollar e implementar acciones de promoción y prevención dirigidas a los usuarios medicinales y terapéuticos de la planta de cannabis y sus derivados y crear un registro voluntario de profesionales de la salud formados en el uso de cannabis medicinal, terapéutico y paliativo entre otros objetivos.

De la misma manera, se instituirá un Consejo Consultivo Honorario que tiene por objeto velar por el cumplimiento de la norma, integrado por 19 representantes (con paridad de género) del Ministerio de Salud; del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB); Centro Regional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); de la Dirección provincial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); un representante de la Uner, la Uader y la UTN (tres en total); uno del Conicet; uno del Ministerio de Gobierno; uno de la Secretaría de Ciencia y Tecnología; dos de la Cámara de diputados y otros tantos del Senado (uno de la oposición y otro del oficialismo) cuatro de la sociedad civil y un referente del Colegio de Farmacéuticos.

⬢ Fundamento

Loggio y Moreno apuntaron entre los argumentos para impulsar el proyecto el incesante reclamo social por una reglamentación de la normativa nacional que permita libremente el autocultivo de cannabis y sus derivados con fines terapéuticos, medicinales o paliativos del dolor, como el reconocimiento de un amplio abanico de condiciones de salud.

Como correlato de esta realidad, citaron la existencia de gran cantidad de municipios en todo el país que, a través de ordenanzas locales, permiten y habilitan el cultivo de cannabis con fines medicinales y científicos.

De esto �Ssurge la imperiosa necesidad en nuestra provincia de contar con un marco regulatorio amplio, que satisfaga las exigencias y demandas de la comunidad de manera efectiva, integral y sin cortapisas, atentos a que la prohibición y restricción del acceso al cannabis por parte del Estado y sus agencias es una clara violación de derechos humanos básicos y fundamentales⬝, consignaron Loggio y Moreno.

�SLas personas usuarias de cannabis con fines médicos se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, siendo que se ven afectadas por una patología de salud, la falta de información confiable, derivados de cannabis de dudosa procedencia y por la criminalización por parte del Estado⬝, reseñaron luego.

�SEl Estado debe erigir como máxima el acceso seguro al cannabis con fines medicinales, terapéuticos o paliativo del dolor, asegurando en primer término mediante la permisión del autocultivo⬝, argumentaron, sosteniendo la necesidad de que la autoridad pública avance hacia un nuevo paradigma, emergiendo como �Suna figura de acompañamiento, y garante de que la venta de productos a base de cannabis por parte de farmacias consten con niveles de calidad y control, como asimismo que informen debidamente al paciente de todos los componentes del producto⬝.