La crónica de los hechos judiciales indica que el 24 de octubre de este año, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano requirieron la remisión de causa a juicio en relación a Sergio Daniel Urribarri, Diego Armando Cardona Herreros y Rubén Ángel Martínez, por el delito de Enriquecimiento Ilícito en carácter de autor el primero y en calidad de partícipes, El resto. Siempre se entendió que el empresario paraguayo Cardona Herreros y el ciudadano capitalino Martínez oficiaron de testaferros de Urribarri en los últimos veinte años por lo menos, en diferentes operaciones inmobiliarias, negociados con el Estado y manejos irregulares de fondos públicos. Al día siguiente de tal planteo se pidieron medidas cautelares sobre los tres imputados. En especial, hicieron una solicitud de embargos millonarios sobre sus bienes ante el juez de Garantías a cargo del Juzgado Nº 4, Julián Vergara. Se pedían varios allanamientos en domicilios de los imputados. Fue un escrito estrictamente reservado en el sistema judicial.

Pese a que las medidas eran secretas, sin intervención de la defensa, en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) -que depende de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia- "alguien" puso en conocimiento de las defensas la existencia de las peticiones de los fiscales Yedro y Badano. O sea, dejaron al descubierto la estrategia reservada impulsada por los fiscales, lo que no es habitual que suceda. Estaba claro que una mano negra quiso concretarlo.

El día 14 de noviembre el magistrado Vergara hizo lugar parcialmente al pedido, rechazando la solicitud de orden de allanamientos. Tampoco se hizo lugar a distintas medidas cautelares en relación con Urribarri. Solamente embargó por algo más de 100 mil dólares a Urribarri (o sea, lo que tenía informado "en blanco", cuando los movimientos "en negro" indicaron que no pudo justificar 9 millones de dólares) y, a la vez, dispuso inhibiciones generales a bienes de Cardona Herreros y Martínez.

Hay quienes sostienen que el propio Urribarri se comunicó con altos funcionarios de Gustavo Bordet para expresar su malestar y exigió que se desestime lo dispuesto sobre los bienes de sus testaferros. Desde ahí comenzó todo un trajín recursivo. Los fiscales Yedro y Badano apelaron la medida de Vergara, pero el vocal Gervasio Labriola -del Tribunal de Juicios y Apelaciones- se negó a tratar el recurso de apelación. Y pidió que se notifique a los abogados defensores de los imputados. Pero los fiscales se opusieron, remarcando que no se podían notificar a los abogados porque ello iba a develar qué domicilios se iban a allanar.

Labriola se negó y por ende los fiscales fueron a la Cámara de Casación penal. Estos últimos, el 22 de noviembre le ordenaron a Labriola que trate el recurso interpuesto por los fiscales.

Así fue como en dicha audiencia, Labriola anuló el fallo del juez Vergara y ordenó que vuelva a resolver sobre las cautelares. No lo concretó él mismo como suele resolverse. El juez Vergara hasta ahora no ha vuelto a resolver el asunto. Mientras tanto, Cardona Herreros pidió que previo a dictar las medidas cautelares se haga saber el pedido a la Embajada de Paraguay en la Argentina, y que se les corra vista del escrito de la fiscalía

Entre tanto, la Sala Penal por iniciativa de los vocales Daniel Carubia y Claudia Mizawak (exabogada defensora de Urribarri a fines de los '90 y principios del 2000) está proponiendo el cese de la suplencia que viene haciendo Vergara, pese a que tal instancia no corresponde que finalice en este momento. Y, a la vez, llevará al próximo Acuerdo del STJ de los martes, la propuesta de dejar sin efecto la designación del citado magistrado.

Entre tanto, las defensas de Urribarri y Cardona interpusieron recurso de queja directo ante el STJ, para que paralicen la remisión a juicio por enriquecimiento, que sería como el objetivo final de toda esta historia, porque la situación de los imputados es muy comprometida y está plagada de pruebas documentales, para llevar la condena de los tres.

El juez Vergara solo podría cesar en el cargo si vuelve al cargo el magistrado Mauricio Mayer, quien se encuentra en lugar de Gustavo Pimentel, que está en Casación en un cargo que no se ha concursado. La intención de sacarlo a Vergara es porque no obedeció lo que pretendían: que sobreseyera a Urribarri por aplicación del precedente del fallo de la causa Cozzi, que determina un plazo de no más de 18 meses para investigar delitos de corrupción en Entre Ríos, tal como lo dispusieron los vocales de la Sala Penal del STJ, lo que siempre fue considerado una medida vergonzosa.

Si el STJER lo saca a Vergara (quien viene siendo presionado desde diferentes ángulos de la cúpula judicial) la semana que viene estarían incurriendo en ilegitimidad porque a los funcionarios subrogantes no los pueden hacer cesar si no ocurre el motivo de caducidad de la designación (en el caso la vuelta de Pimentel al cargo de Mayer y de Mayer a su cargo). Pero todo puede pasar. (I: Daniel Enz-Análisis)

En una resolución que adoptó el magistrado resolvió no hacer lugar al recurso de reposición presentado por los abogados defensores de Urribarri, Raúl Barrandeguy y Miguel Cullen; al que se sumaron José Candelario Pérez y Tomás Vírgala, representantes de Rubén Martínez, e Ignacio Esteban Díaz y José Velázquez, defensores de Diego Armando Cardona Herreros, estos dos últimos considerados "testaferros" del exgobernador. Así, el juez Vergara ratificó una resolución del 6 de este mes que dispuso que "del pedido de remisión de la causa a juicio efectuado por la parte acusadora (Fiscalía), notifíquese a las defensas de los imputados". En ese marco, no concedió el recurso de apelación a lo resuelto aunque sí hizo lugar a la prórroga que peticionaron los defensores para contestar el pedido de remisión a juicio y otorgó 30 días hábiles.

El Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio oral de una tercera causa por corrupción que involucra al exgobernador Sergio Urribarri. El dos veces titular del Poder Ejecutivo ya fue condenado a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio; y tiene pedido de remisión a juicio en una causa por coimas, con una solicitud de pena de 10 años de cárcel.

Ahora, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano remitieron la causa por enriquecimiento con un pedido de condena para Urribarri de 5 años y 6 meses de cárcel. En tanto, para el empresario Diego Armando Cardona Herreros, implicado en esa investigación, los fiscales solicitaron 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. En tanto, para Rubén Ángel Martínez, 3 años de prisión de cumplimiento condicional.

Qué se investiga

La causa se abrió en 2015 y, por eso, el exgobernador entiende que se han vencido los plazos para avanzar con la investigación y ha planteado la prescripción.

El exgobernador Sergio Urribarri negó la existencia de una pericia contable que dé cuenta de un crecimiento sin justificar de su patrimonio, y alegó que los números que ha difundido el Ministerio Público Fiscal parten de un informe que ha hecho un «empleado» de la Procuración, en directa referencia al contador Héctor Enrique, «La pericia no está terminada y no existe la cifra exorbitante y mentirosa que difundió Fiscalía", aseguró.

Urribarri calificó de "intencional y maliciosa" el accionar del Ministerio Público Fiscal. "La verdadera pericia contable no está terminada porque los profesionales a cargo están esperando una documentación solicitada por mis abogados y por Fiscalía al juez de Garantías para que libre un exhorto a Grecia sobre los ingresos que tuvo mi hijo futbolista (Bruno Urribarri) en los años en que vivió y trabajó allá. Esto ocurrió en octubre de 2022. Cuando la pericia esté completa se podrá ver que no hay ninguna inconsistencia en mi patrimonio, y que no existe la cifra exorbitante y mentirosa que difundió Fiscalía y sus medios afines", manifestó el exmandatario.

Esa primera pericia habla de un crecimiento patrimonial de alrededor de 9 millones de dólares.

“El monto económico que la pericia arrojó hasta este momento y sin contar los ingresos de mi hijo, es 20 veces menor al monto que el Ministerio Público Fiscal difundió con sus medios afines para instalar un relato que nada tiene que ver con la realidad”, aseveró Urribarri. “Lo que Fiscalía difundió intencional y maliciosamente no es una pericia sobre el patrimonio de mi familia», puntualizó. “Ese empleado de Fiscalía (Héctor Enrique) fue antes funcionario de mi gobierno y despedido por ineficiente. Por eso cuando empezó a hacer `informes` sobre mi patrimonio, inmediatamente lo impugnamos. También intervino en otras causas en mi contra y ya son conocidos sus errores malintencionados y sus inconsistencias”, señaló. “Llaman a indagatoria cuando todavía no se ha terminado de recolectar la prueba. Es insólito. ¿Cuál es el apuro de repente? Yo sé: el cronograma electoral», soltó el exgobernador. “El Ministerio Público Fiscal me citó a esta indagatoria el mismo día en que se difundió el cronograma electoral, y la fijó en esta fecha, hoy, cuando cierran las alianzas electorales. Se nota mucho”, asestó.

“No hay casualidades en esto. Hay causalidades. Porque todo se diseñó cuando estaba la posibilidad de que yo sea candidato. La misma causalidad de que cuando las encuestas vienen mal para algunos, hacen que Urribarri entre a escena. Esa es la reacción inmediata, la maniobra política”, dijo.

Y agregó: “Intentan anularme políticamente y quieren tenerme a la parrilla como se dice, entonces, cuando tienen alguna necesidad política, le arriman un poco de brasas como para calentarla. De manual”.

“Es tan insólito que llevan más años de investigación que el tiempo de condena que supone el delito de que se me acusa. A tal punto que estuvieron un año y medio con la causa parada, sin ningún movimiento, hasta que les surgió “la necesidad” electoral de reflotarla”. (Entre Ríos Ahora)

Para lograrlo, se valió de Diego Armando Cardona Herreros y Rubén Ángel Martínez, quienes actuaron en calidad de persona interpuesta para disimular su real patrimonio y gestionar sus fondos y bienes”.

Urribarri prestó declaración indagatoria en esa investigación penal el miércoles 15 ante los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, asistido por sus abogados Raúl Barrandeguy y Miguel Ángel Cullen. Este viernes lo hicieron, a las 9, Rubén Ángel Martínez, un empresario porteño ligado al club Boca Juniors, a quien lo representan los abogados Candelario Pérez y Tomás Vírgala; y, a las 11, el empresario de origen paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, a quien representan Ignacio Díaz y José Raúl Velázquez. Ninguno de los dos -ni Martínez ni Cardona Herreros- reconocieron los hechos que les imputa la Fiscalía, y los negaron de forma enfática, por lo que el trámite no se extendió más allá de entre 15 y 20 minutos.

Martínez es un personaje secundario en la historia. Poco se sabe de él. El periodista Daniel Enz cuenta de él en El Nido. Poder, justicia y corrupción en Entre Ríos: «Fue Ricardo Sabán -dirigente de Boca Junios- quien le presentó a Urribarri a Rubén Ángel Martínez, nacido en Avellaneda (Buenos Aires), en 1952, aunque en la actualidad vive en calle Austria, entre French y Peña, en Capital Federal. La relación es por lo menos desde 2003, según los más conocedores. Martínez y Sabán aparecen como socios en dos empresas: Sigmesur SA y Cladd Amis SA. Ambas se dedican al negocio de procesamiento de datos como hardware y software. Pero a la vez Martínez también estaba vinculado a Boca Juniors. El mencionado Sabán es dueño además de la Inmobiliaria Sabán, Crédito Fácil SRL y la última empresa que creó fue Orangedata SRL, en abril del 2017, también ligada al negocio de sistemas informáticos. Fue tan importante la relación de Martínez con los Urribarri que las hijas del porteño, Aldana y Jennifer, siempre le dicen “tío Pato” al exgobernador. Y lo mismo pasaba con Mauro o Bruno, cuando se encontraban con Martínez. Le decían “tío”, como una cuestión de afecto. Pese a su rol de mandatario, Urribarri se organizaba incluso para estar en los cumpleaños de las jóvenes o del mismísimo Martínez, quien hace ya varios años quedó viudo».

Así pues, de los dos “testaferros”, el más conocido y nombrado es Cardona Herreros por cuanto su empresa, Relevamientos Catastrales SA, fue proveedora de software en las dos administraciones de Urribarri, contrataciones que fueron puestas bajo la lupa de la Justicia y por la que se abrió una causa por supuesto pago de “coimas”.

La causa pone la lupa en las operaciones concretadas para la Dirección General de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía, en tiempos del ministro Diego Valiero, en las dos administraciones de Sergio Urribarri. Todo comenzó con la publicación en la edición gráfica de la revista Análisis del 9 de noviembre de 2017 de la investigación titulada “El amigo paraguayo”. Tras ese artículo, se inició una causa de oficio.

Allí, se investiga de qué modo a partir de 2007, cuando Urribarri era ministro de Gobierno del exgobernador Jorge Busti, y luego durante sus dos gestiones como titular del Poder Ejecutivo, “con el fin de generar un núcleo ilícito, favoreció a Relevamientos Catastrales”, la empresa de Cardona Herreros en diversas contrataciones desde el Estado entrerriano. Lo hizo mediante maniobras para favorecer que esa firma lograra quedarse con las distintas licitaciones para la adquisición de software en la provincia, según se desprende de la investigación fiscal.

La imputación dice que Urribarri realizó “acuerdos con Cardona Herreros, y ordenó a funcionarios que aportaran información anticipada, y que gestionaran la contratación a favor de Cardona Herreros”. En esas maniobras, señala la imputación fiscal, hubo cobro de sobreprecios que sirvieron, después, para el pago de sobornos a funcionarios. En esa causa la investigación apunta a la participación de una serie de funcionarios, entre los que están el exministro de Economía, Diego Valiero; el titular de la Secretaría de Presupuesto, Luis Erbes; el director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; el exsecretario de Hacienda, José Humberto Flores; y el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone.

En esa investigación -la de enriquecimiento arrancó en 2015, tras una denuncia presentada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet-, en mayo de 2022, un mes después de que Urribarri fuera condenado a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio, el entonces juez de Garantías Mauricio Macelo Mayer -hoy miembro del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná- dictó el sobreseimiento del exgobernador al amparo del denominado «fallo Cozzi» de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

El pronunciamiento de Mayer fue volteado por su ahora colega Elvio Osir Garzón tras la apelación de la Fiscalía, y el caso llegó hasta la Cámara de Casación Penal, que en octubre trabó la vía recursiva. También la Sala Penal del STJ le negó la apelación a los abogados de Urribarri que, luego, fueron con un recurso extraordinario federal para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En medio, se coló un fuerte cruce entre uno de los vocales de la Sala Penal, Daniel Omar Carubia, y el Procurador General, Jorge García, que le sugirió que debía excusarse y no intervenir en el caso.

De modo que estos dos casos que unen a Urribarri con el empresario Cardona Herreros están con final abierto: la causa por enriquecimiento y la investigación penal por supuesto pago de coimas. En esta última, hay un pedido de la Fiscalía para que se remita a juicio, pero esa petición duerme el sueño de los justos. (I:Analisis)

Sergio Urribarri está en uno de los peores momentos de su vida política. Tiene una condena sobre sus espaldas de 8 años de cárcel por delitos de corrupción (que sería ratificada por la Cámara de Casación Penal) y una causa por enriquecimiento ilícito que avanza, con 9 millones de dólares sin justificar, en la que seguramente resultará condenado en un tiempo no muy lejano. �STiene miedo a terminar preso por varios años. Y más aún si cambia de color el gobierno nacional y sucede lo mismo en la provincia⬝, dicen a su alrededor. En los últimos días, varios allegados directos al gobernador Gustavo Bordet y el propio mandatario, recibieron duros mensajes a sus respectivos celulares de parte del exembajador argentino en Israel.

Hay quienes sostienen que casi todos los días hace un cálculo: �Stiene 8 años de condena por las causas de corrupción del Megajuicio. Esa situación puede confirmarse en Casación y vaya a saber qué sucederá luego en la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, con vocales que no son los amigos de él, porque se deben excusar dos de ellos por lo menos. Con eso nomás, un cambio de gobierno nacional y provincial, a más tardar a fines de 2024, con 66 años, puede terminar en la Unidad Penal 1, tal como sucediera en su momento con el exsenador provincial Félix Abelardo Pacayut y estar detenido por lo menos 4 años⬝ (ver recuadro). Ese es el escenario que lo aterra a Urribarri, quien incluso se quedó sin el paraguas que le podía determinar una candidatura de Cristina Fernández, tras la decisión de la exmandataria de no ser candidata a presidenta en las próximas elecciones. Por ende, no dudó un instante en retirar su presentación ante el STJ (exigiendo un nuevo mandato como candidato a gobernador, en una interpretación respecto de lo que dice la Constitución provincial sancionada en el 2008) y todo indica que irá por fuera de la estructura, con Mauro Urribarri gobernador y él como primer candidato a diputado provincial, para lograr fueros legislativos y esquivar una instancia carcelaria.

Toda esa situación adversa hizo que en las últimas semanas recrudeciera su embate contra funcionarios directos del gobernador y el propio mandatario Gustavo Bordet, a través de mensajes de texto y audio por whatsapp, responsabilizándolos de alguna manera de todos sus males políticos y judiciales de los últimos años. De acuerdo a lo que pudo reconstruir ANÁLISIS, a quien más atacó fue al gobernador Bordet, que fuera el sucesor de Urribarri, a partir de diciembre de 2015, luego de conformada la fórmula con Adán Bahl, que había sido el ministro de Gobierno entre el 2007 y el 2015. De alguna manera, fue un escenario muy parecido al de Mario Moine con Jorge Busti, cuando ambos se distanciaron políticamente y durante muchos años nunca más se hablaron.

Hace dos semanas, lo que más lo hizo estallar de bronca a Urribarri fue el anticipo dado en el programa Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral), respecto del contenido de la imputación de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano, donde la pericia contable respecto al patrimonio, bienes y movimientos de dinero del exgobernador, dio una cifra superior a los 9 millones de dólares sin justificar.

La pericia, firmada por los contadores Romina V. Stepanic Pouey (del Ministerio Público Fiscal) y Cristián Dumé, contador propuesto por los propios abogados de Urribarri, demandó más de dos años de trabajo y unas 180 reuniones entre ambos profesionales.

Los abogados Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez pretendían finalizar el proceso y que Urribarri sea sobreseído. Para esto y evitar la foto del 14 de junio, pidieron al Juzgado de Garantías tres cosas: la nulidad de la modificación de la apertura de la causa, la insubsistencia de la investigación por la extensión de los plazos y la prescripción de la acción penal. El juez Vergara rechazó todos los planteos. 

El delito no prescribió

Vergara decidió comenzar los argumentos a la inversa: �SComienzo por el planteo de prescripción puesto que si el delito está prescripto los otros planteos no tendrían valor⬝, explicó el juez y motivó algún mínimo de esperanza en la defensa de Urribari. Sin embargo, fue el primer tramo de un fuerte revés a las pretensiones de Urribarri en este expediente. El magistrado puntualizó en que cuando el acusado es funcionario público los plazos no corren porque están suspendidos: �SDurante casi toda la investigación estuvieron suspendidos los plazos, de acuerdo a mi criterio no estaría prescripto por esta causal⬝, aseguró el juez. 

La Investigación Penal Preparatoria (IPP) comenzó en 2015 tras una denuncia periodística de ANÁLISIS y la posterior presentación ante la Justicia por parte de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. Desde entonces hasta la actualidad, Urribarri fue funcionario casi siempre: gobernador, diputado provincial y luego embajador. Es decir, Urribarri sólo dejó de ser funcionario entre su estadía en Cámara de Diputados -hasta diciembre del 2019- y su posterior designación como embajador en mayo del 2020. 

La investigación nunca estuvo paralizada

Otro de los planteos defensivos buscaba sobreseer a Urribarri basándose en la extensión de los plazos de la IPP. Aseguraron los defensores que se violaron las garantías de un imputado que no debe estar sometido a una causa de manera injustificada y puntualizaron en un período en el cual la causa presuntamente había estado �Sparalizada⬝. En rigor, dijeron que desde agosto del 2019 hasta diciembre del 2020 no hubo actuaciones en el expediente. 

Tal como quedó evidenciado en la audiencia previa del 8 de mayo la causa nunca estuvo paralizada y así lo confirmó el juez Vergara este miércoles en el Salón 5 de Tribunales. El magistrado no sólo rechazó ese argumento defensivo sino que agregó que durante ese plazo señalado la causa �Stuvo una intensa actividad procesal de la que fue parte la defensa⬝. Enumeró los actos ocurridos y afirmó: �STodo esto demuestra que no hubo un abandono de la IPP por parte de la Fiscalía⬝. 

Pero el juez aseguró que para rechazar el planteo defensivo hay un argumento más sólido: el plazo previsto en el artículo 223 del Código Procesal Penal establece que la IPP debe durar tres meses (y una eventual prórroga) desde que Fiscalía le toma la declaración de imputado al acusado.

En este expediente, Urribarri fue convocado para el 14 de junio para que comparezca a su declaración de imputado. Es decir, el plazo de tres meses de la IPP no empezó siquiera a correr según entendió el juez. �SEs por esto que también rechazo este planteo de los abogados defensores⬝, expresó el magistrado.

La nulidad de la modificación de apertura de la causa

Los abogados defensores utilizaron la modificación de la apertura de causa realizada por el Ministerio Público Fiscal (MPF). Fue eso lo que abrió la posibilidad de que Barrandeguy y Pérez busquen suspender el proceso y evitar la indagatoria de Urribarri el próximo 14 de junio. 

Aseguraron que en el nuevo marco de la investigación el MPF incluyó evidencias falsas y no consistentes. Además, que la modificación es impertinente. El juez entendió que no le asiste razón a los defensores. 

�SLa apertura de causa es una descripción que hace el MPF respecto a un hecho (de sospecha) delictivo, le da marco a la investigación. Si en el transcurso de la investigación surgen otras circunstancias se modificará la apertura de causa. Esto puede estar incompleto, porque es la apertura de la causa no es un juzgamiento⬝, relató Vergara.

En esa línea, agregó: �STodo lo que señala la defensa se verá más adelante. Las partes podrán demostrar irregularidades o defender las evidencias en caso de que sean presentadas ante un eventual juicio. No es el momento para analizar las conclusiones del informe técnico contable, ni de la pericia. Será eventualmente, si se incorpora como prueba, en un eventual juicio. Por lo tanto también rechazo el planteo de nulidad a la modificación de la apertura de causa⬝.

Así las cosas, luego de lo resuelto por Vergara, el exgobernador Sergio Urribarri deberá concurrir a su declaración de imputado y tendrá la oportunidad de explicar cómo incrementó su patrimonio. Cabe recordar que según la pericia y pruebas con la que cuenta Fiscalía, el enriquecimiento ilícito de Urribarri durante sus dos mandatos como gobernador superaría los Us$ 9.000.000.-

(I:Analisis)

La misma fue solicitada por los abogados defensores del exembajador, Raúl Barrandeguy y Miguel Cullen, con el objetivo de solicitar que Urribarri sea absuelto por haberse vencido los plazos de la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

La audiencia está prevista para el lunes 8 de mayo, a las 10.30 horas en el Salón 2 de Tribunales de Paraná.  

El pedido de los abogados se basará en lo resuelto anteriormente por la Justicia en el caso Blazón Lorenzatto, conocido públicamente como el fallo Cozzi, donde se lo liberó de culpa y cargo por la extensión de la IPP.

Sin embargo, en esa misma causa, el entonces diputado Ricardo Troncoso sufrió un revés judicial cuando la Fiscalía consiguió que su sobreseimiento sea rechazado y ahora todo debe discutirse en el seno de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. 

Lo que buscan revertir los abogados de Urribarri es la declaración indagatoria contra su defendido por el enriquecimiento ilícito.

La misma está programada para una audiencia el 14 de junio y se convertirá en una imputación formal donde el exgobernador tendrá la posibilidad de defenderse de la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF) e intentar justificar los más de 9 millones de dólares de su patrimonio que no lograría sustentar con sus ingresos formales. 

Es por esto que acudieron al Juzgado de Garantías, a cargo del magistrado diamantino Julián Vergara, con el objetivo de impedir el avance de la imputación basándose en la extensión de los plazos y de ese modo evitar discutir la cuestión de fondo: el enriquecimiento desmedido del exgobernador. 

Cabe recordar que el exgobernador ya está condenado por delitos de corrupción en el marco del megajuicio que investigó y comprobó desvíos en publicidad oficial y cartelerías en la vía pública. Sobre Urribarri recae una condena a 8 años determinada por el Tribunal de Juicios y un impedimento perpetuo para ocupar cargos públicos.

Tal sentencia no está firme y es por eso que el exembajador está en libertad y con la posibilidad concreta de ser candidato. (I:Analisis)

Las audiencias de revisión de los fallos condenatorios en el marco del megajuicio que sentó en el banquillo y condenó a 8 años de cárcel al exgobernador Sergio Urribarri, y aplicó distintas penas a exfuncionarios, parientes y empresarios, y que están previstas para los días 15, 16, 17, 22 y 23 del actual, podrían postergarse si la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) hace lugar a un recurso de queja que plantearon los abogados defensores. El recurso apunta a apartar mediante recusación al camarista Darío Perroud, de la Cámara de Casación Penal de Concordia.

El magistrado integró el tribunal -junto a las juezas Marcela Davite y Marcela Badano, de la Cámara de Casación Penal de Paraná- que rechazó la recusación de María Evangelina Bruzzo que interpusieron los abogados Raúl Barrandeguy, defensor de Urribarri, y José Raúl Velázquez e Ignacio Díaz, representantes de Báez. Los letrados recusaron a Bruzzo -que integra, junto a Davite y Badano el tribunal que revisará las condenas del megajuicio, en principio a partir del miércoles 15- por ser la esposa del dirigente del PRO Juan Ruiz Orrico, quien se ha manifestado públicamente a favor de las condenas recaídas en el megajuicio.

La recusación de Bruzzo, sin embargo, fue rechazada este sábado por un tribunal conformado por las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y Darío Perroud. Aunque en la recusación de Bruzzo, los abogados defensores habían recusado a Perroud. El argumento fue que no podía intervenir dos veces en la misma causa. En septiembre de 2022, la Cámara de Casación Penal de Concordia -con el voto de María del Luján Giorgio, María Evangelina Bruzzo y Darío Perroud- había rechazado la primera recusación en el megajuicio: de las integrantes de la Casación de Paraná Davite y Badano.

Pero, el planteo recusatorio de Perroud fue rechazado in límine por la Casación de Paraná, y el magistrado fue quien intervino y firmó el rechazo a la recusación de Bruzzo. Disconformes con esa decisión, Barrandeguy, Velázquez y Díaz interpusieron una impugnación extraordinaria, que también fue rechazado y entonces el caso derivó con un recurso de queja ante la Sala Penal del STJ, que todavía no se ha resuelto. �SEn la medida que se van sumando arbitrariedades, más se expone la diferencia de criterios y tratamiento de los mismos conflictos jurídicos⬝, dice el planteo de los defensores.

Por lo demás, entre los defensores resta tomar una definición: la apelación a la resolución de la Cámara de Casación Penal que este sábado rechazó la recusación de la jueza Bruzzo. Este domingo podría haber una postura al respecto, aunque lo más probable es que ese tema también desemboque para su tratamiento en la Sala Penal del STJ. De ese modo, las audiencias del megajuicio, que están programadas para el miércoles 15, podrían ver alterado su cronograma a la espera de una decisión del Alto Cuerpo.

 El trámite terminó de confirmarse administrativamente la semana pasada por lo cual Urribarri ya es un nuevo jubilado entrerriano.

El salario nominal que percibirá será de unos dos millones de pesos aproximadamente, con el 82 % móvil, teniendo en cuenta que ocupó cargos de legislador provincial y embajador, además del cargo de gobernador provincial.

Vale recordar que entre 1987 y 1991 Sergio Urribarri fue intendente de General Campos; posteriormente, entre 1992 y 1995 fue diputado provincial. Entre 2003 y 2006 fue ministro de Gobierno, Justicia, Educación y Obras y Servicios Públicos de la provincia de Entre Ríos. Entre 2007 y 2015 fue gobernador de Entre Ríos. En marzo de 2014 se presentó como pre-candidato a Presidente de Argentina por el Frente para la Victoria.

Luego, en enero de 2020 fue designado por el Presidente Alberto Fernández como Embajador argentino en Israel, cargo al que debió renunciar en 2022 luego de ser condenado a ocho años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.

De esta manera, Urribarri pasará a ser el exgobernador entrerriano que más dinero percibirá de la Caja de Jubilaciones. Muy por encima de Mario Moine -que hace ya varios años que dona buena parte de su pensión a entidades de bien público-, de Cristina Cremer (como exesposa de Jorge Busti) y de Martha Jordan, exesposa de Sergio Montiel. De hecho, Urribarri cobrará más del doble de lo que percibe Moine de la caja previsional. (I:Analisis)

Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos y exembajador en Chipre e Israel, habló después de la condena a 8 años por corrupción. Estuvo unos 45 minutos con el periodista Ernesto Tenembaum, donde dijo que recibió �Sel respaldo de funcionarios nacionales⬝, sin mencionarlos.

En ese marco, insistió en que la condena en su contra no tiene base probatoria. Aseguró que los entrerrianos y argentinos están �Smal informados⬝. Descartó que su cuñado Juan Pablo Aguilera sea propietario de Formato Urbano y cuando se le preguntó por la existencia de un documento de propiedad, mintió al decir que �Sno existe⬝.

Por otra parte, negó también que su foto haya estado en el parador de Mar del Plata. Consultado sobre su evolución patrimonial, dijo que tiene �Suna casa en Concordia, un vehículo, una sociedad con sus hijos y una casa en el lago de 200 o 250 metros, algo así⬝.

Asimismo, Sergio Urribarri admitió que es �Samigo⬝ del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros y confundió: �SMe sobreseyeron en esa causa porque no hay pruebas y demoraron 23 meses⬝, cuando la decisión se tomó solo en base al fallo �SCozzi⬝ porque Fiscalía excedió los plazos procesales previstos en el Código Procesal Penal (CPP) de la provincia.

Además, mencionó el jury contra la fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche, y culpó a �Sun sector de la política, la prensa y la justicia⬝ por instalar una historia que no es. �SMe sacaron de la cancha pero las pruebas no existen⬝, insistió.

�Urribarri, usted dice que no robó ¿No sospecha de su cuñado?-- retrucó Tenembaum al final de la entrevista. �No hay pruebas Ernesto. Mi cuñado se comió una tapa de un semanario que usted conoce intentando víncularlo con los Panamá Papers -contestó-, en referencia a aquella edición de ANÁLISIS en la que se publicaron los viajes al exterior del cuñado, uno de los cuales fue al país caribeño, paraíso fiscal, pero nunca refiriendo a los Panamá Papers.

�SAntes de ayer se contó que en el programa radial de Antonio Tardelli, columnista de Daniel Enz, que Rogelio Frigerio fue visitado por Cecilia Goyeneche y el procurador para que interceda en el jury. Hay una relación entre el marido de Goyeneche, Frigerio y la exviceintendenta de Paraná. Hay una relación política⬝, subrayó.

En el documento se aclaró Urribarri será trasladado �Sdesde la Embajada de la República ante el Estado de Israel al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto⬝ y que �Sel gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se imputará a las partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 35⬝ de esa misma cartera.⬨

⬨El exgobernador de Entre Ríos había puesto a disposición su dimisión el 7 de abril después de que se conociera la decisión de un tribunal de Juicios y Apelaciones de Entre Ríos de condenarlo a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua en un juicio oral y público por el desvío de fondos públicos entre 2010 y 2015.⬨⬨

En esa oportunidad, Urribarri expresó que el fallo de primera instancia era una �Sclara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de derecho⬝, por lo que anticipó que apelaría la medida con la �Sconvicción de que me asiste la razón⬝.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio (JxC), presentaron un pedido de informes, para que se indique oficialmente cuál es la situación de Sergio Urribarri, quien tras ser condenado por una causa de corrupción, presentó la renuncia a las embajadas de Israel y Chipre.

Los legisladores, alertaron que no hay ninguna documentación e información oficial que aclare quién ocupa las representaciones diplomáticas, y en qué situación se encuentra el exgobernador de Entre Ríos.

�SPasaron más de 45 días desde que se informó la renuncia del embajador (Sergio) Urribarri. Ya debería estar de regreso en el país, pero nada de esto consta en documentos oficiales.

Por eso, acompañado por 18 diputados de Juntos por el Cambio, presenté este pedido de informes al Canciller Santiago Cafiero⬝, notificó este miércoles el legislador Fernando Iglesias.

El pedido de informes, fue acompañado por los diputados Waldo Wolff, Rogelio Frigerio, Tito Stefani, Gustavo Hein, Francisco Sánchez, Graciela Ocaña, Pablo Torello, Alfredo Schiavoni, José Núñez Jurado, Marcela Campagnoli, Alejandro Finocchiaro, Marilú Quiroz, Soher El Sukaria, María Luján Rey, Alberto Asseff, Sofía Brambilla, Adriana Ruarte y Ana Clara Romero.

Allí se le exige a la Cancillería Argentina, que se informe si el exgobernador de Entre Ríos, sigue actualmente desempeñando funciones en la embajada argentina en Israel. 

También, se le reclamó al Ministro de Relaciones Exteriores, �Ssi fue aceptada la renuncia, y en ese caso, el número de decreto donde se deja constancia de dicha renuncia y el día que el embajador Urribarri deberá regresar a la Argentina⬝.

Días atrás los abogados de Sergio Urribarri solicitaron el sobreseimiento del exmandatario en la causa en la que se lo investiga por supuestos delitos de peculado, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en una serie de contrataciones de su gobierno con el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.

Dicha audiencia fue presidida por el juez de Garantías Mauricio Mayer, quien este martes a las 12 citó a audiencia y anunció el sobreseimiento de los involucrados: Sergio Urribarri, Cardona Herreros, Miguel Ulrich y Carlos Haidar 

La decisión la tomó el juez de Garantías Mauricio Mayer, al considerar que los fiscales no produjeron avances significativos en el legajo.

Sergio Urribarri, el exgobernador de Entre Ríos y exembajador en Israel y Chipre, fue sobreseído por la Justicia en una causa en la que se lo investigaba por supuestos hechos de corrupción que involucraban también al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros y a exfuncionarios de su gestión.

La decisión la tomó el juez de Garantías, Mauricio Mayer, al considerar que la Fiscalía dejó vencer los plazos de la investigación penal preparatoria sin producir avances significativos en el legajo.

En febrero del año pasado, la defensa de Urribarri había pedido su sobreseimiento, pero fue negado por Mayer, quien dio a los fiscales un plazo de tres meses para que completaran la pesquisa y enviaran a juicio la causa.

El nuevo pedido del exmandatario entrerriano se produjo a fines de abril de este año, dado que no se habían producido novedades de importancia en la investigación que se inició en 2017.

En concreto, el magistrado consideró que había �Sinsubsistencia de la acción penal⬝ porque se habían traspasado todos los plazos razonables que fija el Código Procesal Penal provincial y que no había habido avances investigativos, pese a reconocer la complejidad de la causa y a destacar la labor que habían hecho los integrantes del Ministerio Público Fiscal.

�SReceptó lo que sosteníamos: la Fiscalía no puede ir a la pesca para saber si existieron o no conductas ilegales.

����Tiene que focalizarse en la investigación, que comienza con un primer filtro que es la apertura de la causa.

����Ahí determina si la denuncia es seria y si hay elementos que sean materia de investigación.

����Eso da un primer panorama de adónde se enfoca. 

����Pero si después se abre un abanico de posibilidades, impidiendo lo concreto de lo denunciado porque los esfuerzos se van por las ramas, generan un grado de incertidumbre que debe ser acotado en el tiempo⬝, explicó a Infobae el abogado defensor de Urribarri, Miguel Ángel Cullen.

El letrado marcó que la Fiscalía no solo se le vencieron los plazos sino que también hubo �Sfalta de actividad de los fiscales⬝ en su labor investigativa, lo que debe tener �Suna sanción o consecuencia, que en esta caso fue la insubsistencia de la acción penal⬝.

Mayer, para tomar su decisión, tuvo a la vista una minuta de las últimas acciones que habían llevado adelante los investigadores. Según su criterio, fundado a lo largo de una exposición de casi dos horas, ninguna de estas acciones convalidaba que la causa siguiera tramitándose.

El magistrado también echó mano a la doctrina del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en el reciente caso �SCozzi⬝, en el que se marcó que los plazos legales que impone el Código para que la Fiscalía investigue deben respetarse y que una persona no puede estar sometida a una investigación sin tiempo.

A Urribarri, Cardona Herreros y los exfuncionarios Carlos Haidar y Miguel Ulrich se les imputaban los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y cohecho.

La lupa estaba puesta en dos contrataciones realizadas con la empresa �SRelevamientos Catastrales⬝, de Cardona Herreros, con los Ministerio de Trabajo y de Economía de Entre Ríos durante la gestión de Urribarri por un valor de $19 millones y $7,8 millones, respectivamente.

El Ministerio Público Fiscal anticipó que apelará esta decisión del juez de Garantías.

Urribarri había sido condenado a principios de abril por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública en otra causa que aglutinó cinco investigaciones.

Se le impusieron 8 años de prisión efectiva, inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de $180 mil por haber desviado fondos públicos para fines privados, entre ellos la campaña para alcanzar la presidencia en 2015.

Tras esta sentencia, renunció a las embajadas a pedido del presidente Alberto Fernández.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió una copia del expediente del jury contra la fiscal anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche quien impulsó la condena a 8 años de prisión por corrupción contra el ex gobernador de Entre Ríos y ex embajador en Israel Sergio Urribarri.

El pedido fue remitido a la justicia de Entre Ríos por Sergio Napoli, que es secretario de la Corte Suprema, la que ahora decidirá si corresponde aceptar el amparo que elevó Goyeneche denunciando las irregularidades del jury.

Goyeneche está suspendida desde el 30 de noviembre de 2021, cuando el Jurado de Enjuiciamiento le abrió un proceso por supuesto mal desempeño en la llamada causa de los contratos truchos en la Legislatura entrerriana, no duda en afirmar que hay un proceso de �Spersecución política⬝ en su contra por investigar la corrupción en esa provincia.

�SSe trata de la culminación de un proceso de persecución por haber investigado, por haber tocado sectores del poder que resultan intocables⬝, dijo Goyeneche. La fiscal Goyeneche fue apoyada por la asociación de fiscales nacionales y varias ONGs como la Red de Entidades por una Justicia Independiente (REJIA) y elevó su queja a la CIDH.

La Corte pidió una copia del jury contra la fiscal Goyeneche

El tribunal que la juzgará está presidido por Verónica Mulone, que representa al Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, y lo completan los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Gisela Nerea Schumacher, Daniel Omar Carubia y Juan Ramón Smaldone; el senador Armando Luis Gay y el diputado Gustavo Zavallo, ambos del Frente Creer; y Gonzalo García Garro, por el Colegio de la Abogacía. La acusación correrá por cuenta de un fiscal ad hoc, Gastón Justet.

El Poder Judicial tiene mayoría en el Jurado, y sus tres integrantes han sido cuestionados por Goyeneche por responder a Urribarri o sus aliados en la provincia.

A Goyeneche se le acusa en la causa de los contratos truchos en la Legislatura de haber tenido supuestamente un vínculo comercial con Pedro Opromolla, uno de los investigados.

La revista Análisis, que dirige el periodista Daniel Enz. afirmó que el jury tiene una mayoría contra Goyeneche y muchos están íntimamente vinculados al peronismo de la provincia.

Sin embargo, Urribarri negó estár impulsando el juicio contra su investigadora y apeló la condena que le impusieron. ⬨

Según Análisis,  Daniel Carubia, vocal del Superior Tribunal de Justicia fue socio del ex gobernador Jorge Busti en un estudio jurídico. Juan Smaldone, vocal también del STJ, fue nombrado por Urribarri, con quien tiene una estrecha relación de amistad. Su hijo Guillermo Smaldone fue secretario de Trabajo de Urribarri y luego lo nombró presidente del Tribunal de Cuentas.

Por otra parte, Guillermo Smaldone fue secretario de Trabajo de la provincia y está imputado por supuesto peculado, negociaciones incompatibles con el Estado y cohecho, en la causa contra Urribarri. Gisella Schumacher juró como vocal del STJ el viernes último y es la actual mujer de Angel Giano, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. La vocal Schumacher era socia de Claudia Mizawak en su estudio jurídico. Mizawak fue abogada de Urribarri y luego vocal del Superior Tribunal de Justicia.

El abogado Gonzalo García es director de Asuntos Jurídicos del Senado entrerriano, cámara que fue la investigada en la causa de los Contratos Truchos. El fiscal acusador es el abogado Gastón Justet, del Colegio de Abogados de Gualeguay, donde fue concejal del PJ, entre otros vínculos personales y políticos. 

 ''Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante he puesto a disposición del presidente mi renuncia como embajador''.

Por otra parte, al cierre, se supo que el presidente de la Argentina, Alberto Fernández le aceptó la renuncia al Embajador de Israel y Chipre.

Fue decidido por unanimidad por el tribunal integrado por Carolina Castagno, José María Chemez y Elvio Garzón.

También fue condenado el exfuncionario legislativo Juan Pablo Aguilera, a quien se lo acusó de uno de los delitos contra la administración pública, quien deberá cumplir seis años y seis meses de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua y multa por $180 mil.

Por otro lado, el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Baez, fue condenado a seis años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua y multa por $90 mil.

Respecto a Corina Elizabeth Cargnel, partícipe necesaria de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua y multa por $90 mil.

 El emprendedor le presentó los proyectos en marcha y el funcionario inició gestiones para darlos a conocer en Israel y obtener financiamiento que complemente el ya aportado por el gobierno nacional.⬨

⬨�SCompartimos con Urribarri un encuentro muy cordial en el que pudimos contarle de primera mano nuestro trabajo, desde el nacimiento de este proyecto hasta nuestros pasos hacia el próximo lanzamiento previsto para octubre de 2022.

 El embajador quedó totalmente comprometido para ayudarnos a conocer actores que pueden ser el puente para una futura inversión en nuestra compañía⬝, indicó Cordero.⬨⬨

De visita en Israel por haber ganado un concurso de emprendedores, Cordero valoró �Spoder conocer de cerca la Startup Nation⬝ y señaló: �SNos llevamos un aprendizaje tremendo para aplicar en nuestra startup y en nuestro país⬝.⬨⬨Innova Space se denomina el proyecto que lidera Cordero, que surgió con el diseño de prototipos en una escuela técnica de Mar del Plata en la que es docente. Los estudiantes ganaron el primer premio de Innovación del Ministerio de Educación y luego accedieron a un aporte no reembolsable (ARN) de 50 millones de pesos del Ministerio de Desarrollo Productivo, lo que les permitió concretar el desarrollo.⬨

⬨Los dispositivos, denominados �Spicosatélites⬝, tienen 10 centímetros de largo, 5 de ancho y 5 de alto y pesan aproximadamente medio kilo. El primer lanzamiento se realizó el 3 de enero, con la puesta en órbita del satélite San Martín por parte de SpaceX, compañía de Elon Musk encargada de la nueva generación de cohetes de la Nasa.⬨⬨

Actualmente Innova Space es una startup valuada en unos 40 millones de dólares con el objetivo principal de lanzar una constelación de satélites en miniatura que permita la conectividad en las zonas más remotas, no solo de Argentina, sino a nivel global. La constelación se llama Libertadores de América y está compuesta por 120 satélites. Para octubre está previsto el lanzamiento de los dispositivos Simón Bolivar y Juana Azurduy.⬨

⬨�SEn esta iniciativa que nos enorgullece como argentinos confluyen la importancia estratégica de la educación técnica, la economía del conocimiento, la pasión de un innovador popular, como se define Alejandro, que supo entusiasmar a un grupo de pibes y pibas en el aula de una escuela pública, y un Estado que los va apuntalando a través de distintas políticas. Ese Estado también está presente aquí, a miles de kilómetros, gestionando para que consigan el financiamiento y el apoyo que necesitan⬝, señaló Urribarri.⬨

⬨�SLa realización de este tipo de gestiones concretas son las que nos encomendó el presidente Alberto Fernández al señalar a la cooperación en ciencia, tecnología e innovación como uno de los ejes de nuestra misión en Tel Aviv⬝, expresó el embajador, al tiempo que mencionó que el proyecto de los minisatélites fue presentado antes del lanzamiento al canciller Santiago Cafiero, quien destacó �Sla decisión política del gobierno de apostar a la ciencia y la tecnología⬝.

Para el Ministerio Público Fiscal, la firma TEP constituía junto a Next, Montañana Publicidad y Bustamante Publicidad un conglomerado de firmas dedicadas a la publicidad en vía pública que cartelizó la publicidad estatal en vía pública. Algo que pesa mucho a la defensa del exgobernador es la empresa de Bustamante, quien acepto culpabilidad, lo condenaron a 3 años de prisión y una multa.

El factor clave en la construcción de esa hipótesis acusatoria pasaba por la suposición de Fiscalía de que el real dueño de TEP y de Next era Aguilera. Y que su pareja Luciana Almada; su cuñado Alejandro Almada y sus amigos de la niñez en general.

Campos Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena actuaban de prestanombres.

Con sarcasmo, Cullen señaló: �SAguilera fue tan canalla que hizo aparecer como testaferros, a quienes les caería todo el peso de la ley, al amigo de la infancia y a la madre de sus dos hijos⬝.

Durante el debate surgió el dato de que Next no tenía nada que ver con la publicidad oficial, ni con la cartelería en vía pública. Su objeto social era otro. Sólo compartía con TEP la locación y una estructura administrativa personificada en la contadora Corina Cargnel, otra de las imputadas en la causa.

Para sustentar esta trama, el MPF apeló a recortar conversaciones privadas entre Aguilera y Luciana Almada. Una de ellas, incluso, se trató de una discusión de pareja en un momento de tensión del vínculo.

Palabras más

Pero el abogado defensor de Almada, Miguel Cullen, presentó ante el Tribunal otra cara de los mensajes extraídos de los celulares incautados durante los allanamientos a la firma realizados el 1 de agosto de 2016.

Pese a señalar que el procedimiento fue irregular y que la obtención de datos no se hizo conforme a la ley, el letrado repasó extensos tramos de conversaciones entre Almada y Giacopuzzi, que figuran como únicos socios de TEP, para demostrar ante el Tribunal integrado por José María Chemes; Carolina Castagno y Elvio Garzón que esas charlas se correspondían más al intercambio entre dos propietarios de un emprendimiento que a una conversación entre testaferros despreocupados de la marcha del negocio.

El letrado señaló que durante la presentación del caso de Fiscalía se mostraron cuestiones íntimas. �SNos enteramos de las peleas conyugales (de Aguilera y Almada) y de que habían suspendido dos veces el casamiento. Vimos las conversaciones privadas más dolorosas. Todo el mundo se enteró. No importa ¿Saben qué no vimos? � señaló - Si hablaban los socios⬝, es decir Almada y Giacopuzzi.

�SSi hablaban ¿lo hacían sobre cosas de la empresa? ¿Hablaban de la empresa de un tercero? Eso no interesó⬝, consignó. Corresponde señalar que en la etapa posterior de réplica, cuando Fiscalía tiene la chance de contraargumentar los planteos de las defensas, el Ministerio Público Fiscal no realizó ningún planteo contra este desarrollo hecho por el abogado defensor.

Cullen repasó tramos de los chats entre Almada y Giacopuzzi extraídos del celular de la mujer y que obran como prueba de la causa. Uno de ellos fue un intercambio sobre un conflicto laboral con una empleada identificada como �SP⬝ en febrero de 2015.

- Hola Emi. Perdoná que joda. Pero me enteré lo de P. Si vos vas a hablar ¿Querés que te acompañe? Tengo buena onda con ella � dice Almada.

- Mañana vamos a hablar con Lisandro. Y la voy a llamar, aunque cero onda para llamarla. Ya veré que hacemos. Ya veremos cómo lo resolvemos de la mejor manera � responde Giacopuzzi.

�SEs un conflicto laboral de la empresa TEP. Y tiene que ver con la charla que tienen los dos socios sobre este problema. No van a ir a hablar con Aguilera. Ni le preguntarán qué hacer. Van a ir con Lisandro ¿Quién es Lisandro? El abogado⬝, subrayó Cullen.

Luego, citó otro intercambio del 18 de junio de ese mismo año.

- Mañana a las 14:30 reunión con los empleados así hacemos presentación del área de recursos humanos. Por favor: ir pasando la info, gracias. Es para todos los que trabajan en (el local de calle) Racedo � le indica Almada a Giacopuzzi.

- Ok � contestó Giacopuzzi. Y agregó: El Pulga ¿Por qué se iba antes? Me dijo Edu que habló con vos.

- Porque estaba agotado y se dormía. Después recupera las horas � fue la respuesta de Almada.

- Eso hay que ajustar. Porque yo no tengo la culpa de que ande festejando hasta las 3 de la mañana ¿Entendés? Si no cualquiera se retira y después recupera las horas � agregó Giacopuzzi.

- Sí es así � consintió Almada � Pero no entiendo bien lo del Pulga. Mañana ajustamos bien porque su situación es rara

- Ok

- No sé bien la negociación con él. La última vez que nosotros hablamos (ella y Giacopuzzi) era la contemplación por su situación. Así que es raro. Pero mañana ajustamos bien en la reunión ¿Te parece bien?

- La situación fue esos días. Porque boludean todo el día con (otra persona). Pero bueno. Mañana hablamos.

- Si hay excesos, ajustamos sí o sí.

�S¿De qué están hablando? � preguntó Cullen observando al Tribunal - ¿No están hablando de la empresa, del giro comercial y comportándose como socios de la firma? Giacopuzzi estaba cansado de que se le vayan los empleados. Y por eso hablaba con Luciana, que era la encargada de los recursos humanos ¿Qué parte no vieron?⬝, acotó, interpelando directamente a los fiscales que sólo atinaban a bajar la mirada.

En septiembre, Giacopuzzi y Almada intercambiaron otros mensajes sobre un negocio de la empresa. Se trataba de una colaboración con la librería Alfa, propiedad de Next, la firma de Alejando Almada y Sena. Por un problema de salud de Sena, la empresa había quedado bajo el manejo exclusivo de Almada y su hermana lo ayudaba.

- ¿A quién podemos pedirle el rotulado de Alfa? � pregunta Luciana Almada

- Acá no tengo a nadie. Pero ¿Se le puede tapar la vidriera con el pasacalle?. Te mando un rollo y lo pegan con cinta bifaz � contesta Giacopuzzi.

- No. Es un ploteo � aclara Almada.

Luego, citó otra conversación, también relacionada con un problema laboral. Un empleado había pedido el día por un problema en la muela y envió otro mensaje pidiendo otra jornada más por esa causa.

- Todos vivos � observa Giacopuzzi.

- Así que ayer y hoy no vino � responde Almada.

- Por una muela.

- Y sí. Y ese es el encargado.

- Una vergüenza.

�SPor supuesto: ¿a quién rendía cuentas ese encargado? A Giacopuzzi y Almada que eran los dueños⬝, remarcó Cullen. A continuación repasó otra situación de faltas injustificadas de trabajadores alegando problemas de salud. �S¿Y qué deciden los socios? »Que traigan certificados todos. Basta de giladas»⬝, apuntó.

También puso la lupa sobre un diálogo del mes de octubre. Organizaban la asistencia de personal durante el feriado local en Paraná.

- A los que trabajan se les paga doble. No sé si es necesario que todos trabajen salvo las áreas como taller e impresión. Creo que sí. Estamos en campaña (proselitista, la firma realizaba trabajos para el PJ Entre Ríos) y saben que se trabaja sí o sí � comenta Giacopuzzi.

- Me parece que operativamente vos me dirás quienes sí o sí. Administración comercial me parece que no sería necesario � contesta Almada.

- Los únicos que tienen que venir son los de impresión. Yo evaluaría si es determinante

- Ok. Pero no te limités si necesitás gente trabajando.

- Ok.

También proyectó un mensaje donde, ante la eventualidad de que se Giacopuzzi se dedique full time a otro emprendimiento que tenía en marcha, Almada le reclamó: �SNi en pedo vas a dejar Formato⬝ Urbano, el nombre de fantasía con el que TEP realizaba los trabajos en vía pública.

A párrafo seguido, retomó las críticas a la investigación fiscal: �S¿Alguien de la Fiscalía se preocupó de ver si había mensajes entre ellos (por Almada y Giacopuzzi)? Porque seguro (en la hipótesis acusatoria) iban a hablar de Juan (Aguilera). (O de que) Estamos faltos de plata, habría que pedirle a (el ex ministro de Comunicación, Pedro) Baez que nos tire unas órdenes de publicidad. (O) Vos que sos la cuñada del Pato (Urribarri) por qué no le decís que nos contraten⬝, hipotetizó.

�S¿De qué hablaban? � contrastó � De la marcha de la empresa. Porque eran socios⬝, afirmó Cullen. Y observando fijamente al Tribunal inquirió: �S¿A ustedes les parece que están hablando dos testaferros de la empresa de un tercero?

 ����¿Se les ocurre, por un minuto, que algo de la conversación de estos dos socios no se compadece con dos personas que se preocupan, que aman y que están apostando a futuro por su empresa?⬝

Hubo señalamientos concretos hacia la ilegalidad de los allanamientos realizados por la Policía Federal, los informes acusatorios y las violaciones a la privacidad de los acusados.

Los abogados Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, integrantes de la defensa técnica de Urribarri, se turnaron durante esta última jornada de alegatos para exponer sobre las fragilidades de la acusación.

En primer lugar, Barrandeguy aseguró que la clave para entender los hechos sobre los cuales se puso la lupa es el derecho administrativo, materia sobre la cual los integrantes del Ministerio Público Fiscal demostraron no saber �Sabsolutamente nada⬝.

Del mismo modo, consignó que las cuentas generales de los ejercicios donde ocurrieron los hechos investigados fueron aprobados por la Legislatura sin que haya habido ningún señalamiento por parte de la Tesorería General, ni la Contaduría General ni tampoco de las fuerzas opositoras que los tuvieron a la vista.

Antes, le reclamó a la acusación: �S¿No se pudo investigar a Urribarri de manera menos humillante?⬝. Más adelante, puntualizó que personas que no estaban acreditadas como peritos judiciales tuvieron acceso y dieron a publicidad fotografías familiares, personales y hasta de menores vinculados al ex gobernador. El letrado marcó que en las elevaciones a juicio de las causas, a Urribarri se le habían solicitado 8 años de prisión. Pero en los alegatos finales, la acusación pidió 12 pese a no tener �Sni un elemento para descargar⬝ una variación de ese tipo.

�S¿Qué sucedió? La suspensión de una funcionaria jerárquica importante (de la Fiscalía, Cecilia Goyeneche, acusada de mal desempeño de sus funciones). Como probablemente no gustó esto que pasó en el Jurado de Enjuiciamiento y nos adjudicaban a los abogados de Urribarri alguna participación (dijeron) «en vez de ocho, ponele 12». Esto no es democracia. En la democracia no manejamos poderes propios, sino ajenos. Y lo hacemos con límites y controles. Hay desborde y descontrol por parte del Ministerio Público⬝ Fiscal, reseñó.

Pérez, por su parte, hizo un racconto de los hitos centrales de la acusación y de los legajos investigativos sobre los que fue marcando errores e inconsistencias. Una de las más importantes fue cuando indicó que el MPF acusaba a Urribarri y también al ex ministro de Comunicación Pedro Baez de haber sustraído dinero de una partida presupuestaria para atender gastos de la campaña política del ex gobernador.

Al respecto, resaltó que «sustraer» no es una palabra que se ajuste a la ejecución presupuestaria, ya que el Estado no maneja dinero tangible que haya podido llegar a manos de los acusados para ser derivados a otro destino. Todos los gastos de la Administración Pública se manejan con procedimientos preestablecidos, consignó.

Otro elemento sobre el que llamó la atención fue que la acusación sostuvo que el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, utilizaba como «testaferros» a su esposa, Luciana Almada, al cuñado Alejandro Almada y a sus amigos de la infancia Maximiliano Sena y Emiliano Giacopuzzi, quienes figuraban como titulares legales de las empresas TEP y Next, que para el MPF eran una mascarada para detraer fondos públicos a través de la publicidad oficial en vía pública.

El punto más fuerte de su intervención se dio cuando citó un párrafo de la denuncia ante Fiscalía que dio origen a la investigación sobre TEP y Next y el allanamiento posterior. Para este último procedimiento, el Ministerio Fiscal corrió a la Policía de Entre Ríos y pidió el auxilio de la Policía Federal.

En el texto de la presentación, los abogados Guillermo Mulet y Rubén Paglioto mencionaron: �SAcercamos también, debido a nuestra vinculación con funcionarios del Estado nacional la posibilidad de acercar recursos técnicos de organismos con aquilatada trayectoria en faenas de similares características⬝.

�SEstas fuerzas federales se las mandaron las autoridades nacionales que en ese momento gobernaban el país. Y también les mandaron los expertos que fabricaron cualquier cantidad de pruebas⬝, sostuvo Pérez.

Cabe consignar que al momento del allanamiento, 1° de agosto de 2016, el Ministerio de Seguridad estaba cargo de la actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y que al frente de la Policía Federal estaba el comisario general Néstor Roncaglia, quien tras su retiro se sumó a los equipos técnicos de Juntos por el Cambio de la provincia de Entre Ríos.

Otro cuestionamiento al andamiaje probatorio de la acusación fue la no inclusión como testigo en las audiencias de la dueña de la casa lindera a TEP y Next donde supuestamente la Policía Federal encontró y secuestró un disco rígido que para la Fiscalía es la «caja negra» de la corrupción.

Pérez señaló que la mujer, de apellido Brambilla, no está nombrada en el acta de allanamiento. Y que debía hacerse presente ante el Tribunal para confirmar que había dado su consentimiento expreso para que los fiscales y uniformados entren a su domicilio, ya que, como lo indica la jurisprudencia de la Corte Suprema, no puede haber «consentimiento tácito» en una situación así.

También apuntó contra el ex policía y contador de Fiscalía Héctor Enrique. Subrayó que en su informe, Enrique aseveró que hubo un �Sacto simulado⬝ entre las empresas señaladas y el empresario Gerardo Caruso, para que Aguilera pudiera hacerse de un «retorno» que, en el relato acusatorio, provendría de un sobreprecio en la contratación del parador de Mar del Plata concesionado a Caruso.

Pérez consignó que los informes no pueden contener una evaluación legal y recordó que cuando se le preguntó a Enrique de dónde había sacado la existencia de un acto simulado, el testigo dijo �Slo supongo⬝. �SEs un irresponsable este profesional⬝, concluyó el abogado defensor.

Además, puso de relieve que Enrique construyó una �Snovela⬝ sobre los supuestos retornos entre empresas pero que al ser interrogado al respecto reveló que era �Suna suposición suya⬝, rememoró Pérez. El letrado también puso sobre la mesa que en su testimonio, el ex agente de Policía reconoció haber �Smodificado⬝ los números de los montos de dinero de los expedientes que tenía a estudio. Y que luego se vio que en su informe las cifras parciales, al ser sumadas, no daban con el total. Tampoco se condecían los porcentajes de participación en la pauta oficial de vía pública con el global: el valor llegaba al 122%.

En el tramo final del alegato de defensa de Urribarri, Barrandeguy marcó que en el Estado de Derecho no puede haber condenas basadas en el �Stodos saben⬝ que los acusados cometieron un delito. Y marcó que una condena se basa en tres factores: que la acusación se base en pruebas que no pueden ser refutadas por otras; que los elementos probatorios sean sostenidos por otros indicios y, finalmente, que las versiones restantes del hecho no necesariamente sostengan pero, al menos, no contradigan la versión condenatoria.

Al concluir, Barrandeguy interpeló al Tribunal de Juicio integrado por José María Chemes; Carolina Castagno y Elvio Garzón. �STenemos una expectativa enorme en el fallo. Supera largamente las que hemos tenido en otros juicios importantes durante toda nuestra trayectoria profesional. Está fincada en que la defensa del Estado de Derecho, de nuestra Democracia, de nuestra República, no requiere más presos. Requiere más razones. Esperamos que nos acompañen en este razonamiento⬝. La etapa de alegatos quedó cerrada con esta exposición. El jueves próximo se concretarán las respuestas de Fiscalía a los argumentos defensivos (réplicas) y, de inmediato, las dúplicas o contestación de las defensas a la contraargumentación acusatoria. Está previsto que el lunes los imputados comiencen a decir sus últimas palabras antes de que el Tribunal pase a debatir el fallo. Urribarri sería el primero en hacer uso de este derecho.

Para el ex gobernador Sergio Urribarri solicitó 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En tanto para los ex ministros Pedro Baez y Hugo Marsó requirió 10 y 5 años y inhabilitación para ejercer cargos públicos.

También se requirió prisión para Juan Pablo Aguilera: 10 años e inhabilitación a perpetuidad. El pedido de penas para los demás imputados va desde los 2 años y seis meses a los 4 años.

El último tramo del alegato de cierre de la acusación en el que se presenta como uno de los juicios sobre corrupción más importantes de la provincia estuvo a cargo de dos agentes fiscales interinos. Gonzalo Badano hizo un repaso de las cinco investigaciones que desembocaron en el proceso, detalló responsabilidades, expuso agravantes y solicitó las condenas. Previamente, Juan Francisco Ramírez Montrull completó la acusación en la causa del parador de Mar del Plata.

 Al lado de ambos, y en completo silencio durante la audiencia, estuvo la única fiscal titular: Patricia Yedro.

Badano indicó que por las distintas causas que se ventilaron en el juicio, el MPF solicitaría al Tribunal de Juicio integrado por José María Chemes; Elvio Garzón y Mónica Castagno, las siguientes penas:

1. Sergio Urribarri: como autor de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, pena de 12 años e inhabilitación absoluta perpetua. Además

$ 180 mil de multa más accesorias legales y costas. 

2. Pedro Baez (ex ministro de Comunicación): como autor de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, pena de 10 años e inhabilitación absoluta perpetua. Además multa de $ 90 mil, accesorias legales y costas.

3. Hugo Marsó (ex ministro de Turismo): como autor de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, 5 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua, multa de $ 90 mil, accesorias legales y costas.

4. Juan Pablo Aguilera: como partícipe necesario de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles, pena de 10 años e inhabilitación absoluta perpetua. Multa de $ 180 mil, accesorias legales y costas.

5. Gustavo Tamay: como partícipe necesario de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles, 4 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $ 90 mil, más accesorias legales y costas.

6. Emiliano Giacopuzzi: como partícipe secundario del delito de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, 4 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $ 90 mil accesorias y costas.

7. Maximiliano Sena: como partícipe secundario del delito de peculado y negociaciones incompatibles, 2 años 6 meses de prisión de cumplimiento condicional, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $ 90 mil, accesorias legales y costas.

8. Luciana Almada: como partícipe secundario de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles, 3 años de prisión condicional, inhabilitación perpetua, multa de $ 90 mil, accesorias legales y costas.

9. Alejandro Almada: como partícipe secundario del delito de peculado y negociaciones incompatibles, 3 años de prisión condicional, inhabilitación perpetua, multa de $ 90 mil, accesorias legales y costas.

10. Corina Cargnel: como partícipe necesaria de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles, pena de 8 años e inhabilitación absoluta perpetua. Multa de $ 180 mil, accesorias legales y costas.

11. Gerardo Caruso: como partícipe necesario de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles, 5 años de prisión efectiva y multa de $ 90 mil, accesorias y costas.

12. Germán Buffa: como partícipe necesario de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, 3 años de prisión condicional, inhabilitación perpetua, accesorias legales y costas.

13. Gustavo Tortul: como partícipe necesario de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles, 3 años de cumplimiento condicional, accesorias legales y costas.

En el proceso, se juzgaron las conductas de estos ex funcionarios y particulares en las investigaciones conocidas como de las imprentas (por la posible utilización de empresas para cartelizar publicidad en vía pública, firmas que para Fiscalía serían en realidad del cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera) y las de utilización de publicidad y actos de gobierno para fines particulares entre los que estaría desviar fondos hacia la campaña llevada adelante por el ex gobernador para promocionar su figura a fin de competir por la presidencia. Estas son: la de la solicitada contra los fondos buitres; la del pautado con Global Means, del empresario Germán Buffa; la de los spots de la Cumbre del Mercosur y la del parador en playa La Perla de Mar del Plata.

⬢ Causa Parador

A primera hora, Ramírez Montrull completó lo que Yedro y Badano habían hecho en las jornadas anteriores al realizar ante el Tribunal la interpretación que sostiene la acusación de las pruebas y testimonios recogidos en la causa del parador montado en Playa La Perla en enero de 2015.

El agente fiscal interino basó su exposición en las convicciones que la Fiscalía tiene sobre lo ocurrido, completando vacíos probatorios con interpretaciones y especulaciones.

La más notoria de fue la que realizó sobre las comunicaciones telefónicos entre los distintos imputados antes y durante la realización del evento. El informe telefónico de que está incorporado a la investigación detalla los cruces de llamadas y mensajes entre ellos, pero no su contenido.

Pese a esta limitación, consignó por caso que el armado del parador no comenzó cuando se inició el expediente administrativo sino en un llamado que realizó Urribarri al empresario Gerardo Caruso el 14 de octubre de 2014. Ramírez Montrull sólo tenía el dato del contacto, pero no existen en el expedientes grabaciones ni transcripciones de lo que conversaron ambos.

Otro ejemplo de esto fue cuando hizo mención a llamados entre Marsó y el hombre de negocios ocurridos en días previos al llamado de la licitación. �SClaramente estos llamados fueron para establecer las condiciones del pliego, para definirlo a medida de «El Juego en que Andamos»⬝, expresó Ramírez Montrull montado sólo sobre los datos de que hubo comunicación entre ambos en esas fechas y sin aportar otros elementos que permitan echar luz sobre el contenido de las conversaciones.

Lo mismo ocurrió con el resto de los imputados. Incluso sumó como elemento para sostener la existencia de un vínculo espurio de connivencia entre Urribarri y Caruso un llamado entre el hijo del ex gobernador, Franco, y el empresario. El agente fiscal hizo esta afirmación estribando sólo en el hecho de que existió un contacto telefónico entre Franco Urribarri (que no fue imputado, ni siquiera testigo en la causa) y Caruso.

Por otro lado, el MPF reiteró el criterio asumido en los alegatos sobre los spots del Mercosur: la sola identidad visual entre las imágenes de Urribarri utilizadas en la publicidad oficial y la propaganda de su campaña de posicionamiento para aspirar a la presidencia es prueba de que se desviaron recursos oficiales para atender intereses particulares del ex mandatario.

Sobre esta base, Fiscalía entendió que primero se pergeñó �Sla operación⬝ y luego �Sse armó el expediente administrativo (del parador) para ocultar el desvío del dinero con el objetivo de promocionar la figura de Urribarri⬝, razonó Ramírez Montrull.

Indicó luego que existió una doble disposición de elementos en el parador. Uno oficial para el trámite administrativo, con imagen de las palmeras del Parque Nacional de Colón en la gigantografía, y otro clandestino, que manejaban los proveedores privados, donde la imagen dominante era el rostro del ex gobernador.

Ramírez Montrull minimizó el hecho de que la foto de Urribarri no estuvo expuesta durante el tiempo que duró el parador, afirmando: �SLo delictual es haber cambiado una imagen por otra⬝. Cabe señalar que, finalmente, el escalador inflable que debía llevar una gigantografía no tuvo ninguna. Solo se podía observar el fondo blanco de la lona de confección.

También consideró arbitrario y discrecional cambiar la imagen de las palmeras en el escalador inflable por las palmeras reales que se instalaron en el predio, dado que se modificó �Slo que establecía el pliego de licitación⬝.

Por otro lado, marcó la simultaneidad de encargos de elementos de merchandising de Turismo Entre Ríos y de la campaña de Urribarri realizados por la empresa TEP, en particular por su contadora interna Corina Cargnel. Ramírez Montrull consignó que ambos materiales se distribuyeron en el parador. Corresponde marcar que durante las audiencias ningún testigo acreditó que se haya utilizado el parador para distribuir material de campaña política, ni para promocionar la figura del ex mandatario.

Apuntó también a que el supuesto préstamo entre Juan Pablo Aguilera y Gerardo Caruso existiera. Aguilera dijo que le facilitó al empresario dinero del Partido Justicialista para atender gastos. Y que luego Caruso se lo devolvió parte en efectivo y parte en pagos a proveedores del PJ que habían realizado material de campaña de Urribarri.

Consignó que, en rigor, se trató de un esquema de devolución de dinero, de retorno del dinero pagado por el Estado por el parador para ser utilizado en la campaña de Urribarri, mediante un esquema de sobreprecios y sobrepagos ficticios a empresas que brindaron servicios a �SEl juego en que andamos⬝.

El agente fiscal estribó para sostener esta hipótesis en el informe del contador Héctor Enrique  sobre un archivo de Excel donde se habría pegado el texto de un mail enviado por Caruso y que contiene movimientos de fondos entre empresas y particulares, muchos de ellos no vinculados a la causa ni como imputados ni testigos.

Además, Ramírez Montrull acusó a estas personas, físicas y jurídicas, de haber incurrido en delitos (incluso federales) distintos a los de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública por el que se está llevando adelante el juicio.

�SEl parador era un acto simulado⬝, concluyó.

�SEstamos ejerciendo nuestro rol. No es una cuestión personal. Tenemos la obligación de mantener la acusación por lo que dice la Constitución y las leyes. La objetividad de la acusación se sostiene en el cuerpo probatorio⬝, afirmó el agente fiscal.

�SNo hubo errores de tramitación. Son delitos. Las irregularidades administrativas son indicio de delito. Y tienen su correlato de beneficio. Se confunden intereses personales con la función pública. Es un modus operandi. No es casual, es intencional. Hay manejo de la cosa pública como si fuese privada. Para ello se anula, se aniquilina normativa que tiene como finalidad la transparencia en la administración pública. No es todo un gran malentendido. Esta irregularidad es corrupción⬝, concluyó.