UPCN declaró el estado de alerta por las condiciones en las que, según denunció, trabajan los empleados del Registro de la Propiedad de Entre Ríos y advirtió que profundizará el reclamo si no recibe respuestas del Gobierno provincial.

La secretaria adjunta del sindicato, Carina Domínguez, cuestionó el contraste entre los anuncios oficiales vinculados con la transformación digital del Estado y la situación que, según describió, atraviesa actualmente el organismo.

“Es un desastre, está todo el cableado por fuera y cuando llueve el peligro es inminente”, sostuvo la dirigente.

Uno de los puntos que UPCN considera más preocupantes es el estado de los archivos. Domínguez aseguró que existe un deterioro permanente de documentación y cuestionó que se hable de digitalización mientras documentos considerados delicados continúan en papel y, según el gremio, no cuentan con condiciones adecuadas para su conservación.

La dirigente afirmó además que ya no se reciben protocolos de escribanos por falta de espacio y sostuvo que en el archivo notarial existen protocolos almacenados incluso en un baño.

“No es un problema de ahora, pero nadie lo soluciona”, manifestó.

Reclamo por las condiciones laborales

UPCN también puso el foco en la situación del personal. De acuerdo con Domínguez, aproximadamente la mitad de la planta del organismo tendría carácter transitorio.

El sindicato pretende que esta situación sea considerada dentro de la discusión por los concursos en la administración pública provincial y manifestó su preocupación ante la posibilidad de que puedan desaparecer vacantes.

Domínguez destacó además que las tareas realizadas en el Registro requieren personal capacitado y vinculó la situación laboral con cuestiones salariales y otros reclamos pendientes.

El gremio sostiene que exigir condiciones mínimas y dignas de trabajo no puede ser presentado como un privilegio de los empleados públicos.

Finalmente, UPCN anticipó una medida llamativa si durante la próxima semana no aparecen soluciones.

“Vamos a sacar los escritorios a la calle, con las máquinas de escribir, y vamos a atender en la vereda”, anunció Domínguez.

Una advertencia que eleva la tensión del conflicto y coloca ahora la respuesta en manos del Gobierno provincial.

La decisión del Gobierno de Entre Ríos de avanzar con los primeros concursos para cubrir cargos en la administración pública abrió una nueva etapa y, al mismo tiempo, puso bajo la lupa el mecanismo que se utilizará para llevar adelante el proceso.

Desde UPCN plantearon que los trabajadores deben conocer con claridad cada uno de los pasos y reclamaron que se pongan en funcionamiento todos los mecanismos de control previstos en el Régimen General de Concursos.

En ese marco, el sindicato exigió la inmediata conformación de la Comisión Consultiva contemplada en el Decreto Nº 1452.

“Queremos que se formalice porque implica el seguimiento constante del proceso, teniendo en cuenta que es la primera vez que se lleva a cabo y seguramente va a ser necesario ir haciendo correcciones”, afirmó la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez.

La dirigente aclaró que la Comisión no tendrá intervención sobre todas las decisiones. El cargo que se pone a concurso y el perfil requerido, por ejemplo, serán determinados por el organismo en el cual se produzca la convocatoria.

Sin embargo, UPCN considera fundamental controlar otros aspectos que tendrán incidencia directa sobre quienes participen.

Domínguez enumeró entre ellos la valoración de títulos y capacitaciones, la elaboración de los exámenes, los parámetros que se utilizarán durante las entrevistas y las condiciones específicas establecidas para cada convocatoria.“Sobre todos esos puntos hay que hacer un seguimiento”, sostuvo.

Una comisión con participación sindical y universitaria

La Comisión Consultiva está prevista en el artículo 33 del Régimen General de Concursos y fue definida como un órgano asesor, aunque sus decisiones no tendrán carácter vinculante.

Entre sus funciones estará colaborar durante las distintas etapas de los concursos y aportar criterios técnicos y organizativos destinados a garantizar transparencia, equidad y una mejora progresiva del sistema.

Para UPCN, su funcionamiento cobra especial importancia debido a que se está comenzando a aplicar una normativa nueva.“Alentamos ese artículo porque sabíamos que en la aplicación de la normativa hay cosas que seguramente se deben corregir para que el proceso de concursos se consolide”, señaló Domínguez.

De acuerdo con el artículo 34, la Comisión estará integrada por seis miembros: uno en representación de la Dirección General de Recursos Humanos; tres representantes sindicales —dos por la organización gremial mayoritaria y uno por la minoritaria— y dos representantes del sector académico, correspondientes a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

UPCN considera insuficientes los seis concursos anunciados en Copnaf

El gremio también anticipó que planteará al Ejecutivo provincial la necesidad de ampliar la cantidad de concursos.El Gobierno anunció inicialmente seis convocatorias en el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), una cantidad que UPCN considera insuficiente.

“No estamos de acuerdo con que se hagan solamente seis en el Copnaf”, expresó Domínguez.

La organización sindical puso, además, una condición que considera central: que las convocatorias estén destinadas efectivamente a cubrir cargos vacantes y que su implementación no genere incertidumbre entre trabajadores que actualmente desempeñan funciones dentro del Estado.

“No queremos que haya compañeros que de la noche a la mañana se enteren que el lugar que están ocupando se concursa y se genere una psicosis en todas las áreas de la administración pública”, advirtió la dirigente.

Qué ocurrirá con los suplentes que llevan más de un año

Otro de los puntos sensibles aparece en el artículo 20 del régimen, referido a cargos vacantes en determinadas áreas críticas que actualmente están cubiertos por personal suplente con más de un año de prestación.UPCN sostiene que durante la discusión de la normativa logró incorporar un tratamiento específico para estas situaciones.Según Domínguez, aplicar un único modelo de concurso podía provocar dificultades especialmente en hospitales, Copnaf, comedores y escuelas, donde determinados puestos están directamente relacionados con la continuidad de servicios esenciales.

La normativa establece que, para llamar a concurso cargos vacantes correspondientes a obrero y maestranza, mantenimiento y servicios auxiliares de educación y salud —como mantenimiento, ordenanzas y cocineros— que no involucren tareas administrativas y estén cubiertos por suplentes con más de un año de antigüedad, deberá existir previamente una reglamentación específica.

Esa reglamentación deberá contemplar las particularidades de cada situación y, al mismo tiempo, garantizar que los servicios continúen funcionando, además de considerar la disponibilidad presupuestaria y financiera del Estado provincial.

Con los primeros concursos en marcha, la discusión ya no estará solamente centrada en la decisión de concursar los cargos, sino también en cómo se aplicará el nuevo régimen, qué garantías tendrán quienes participen y de qué manera se resolverá la situación de trabajadores que desde hace tiempo vienen ocupando puestos vacantes dentro del Estado entrerriano.

La transformación digital impulsada por el Gobierno de Entre Ríos sumó cuestionamientos de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), que reclamó incorporar garantías específicas para evitar que la modernización estatal derive en modificaciones unilaterales de las tareas o en una pérdida de derechos laborales.

El sindicato presentó hace dos semanas una serie de propuestas durante el tratamiento del proyecto en una comisión de la Cámara de Diputados. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no recibió respuestas de los legisladores.

Ante la posibilidad de que la iniciativa llegue al recinto, UPCN pidió que cualquier cambio importante en la organización administrativa, las funciones o las condiciones laborales sea discutido previamente con las entidades sindicales que representan a los trabajadores.

La organización señaló que la aplicación de nuevas tecnologías debe realizarse de manera gradual, ordenada y con participación de los empleados. Para ello, propuso incorporar al proyecto el concepto de “transición digital justa” y mantener las garantías previstas en las leyes provinciales 9755 y 9811 hasta que se alcance un Convenio Colectivo de Trabajo.

El planteo busca impedir que la digitalización sea utilizada para eliminar funciones, aumentar obligaciones o modificar responsabilidades sin acuerdos previos. Según la postura gremial, la incorporación de herramientas tecnológicas no otorga al Estado la facultad de alterar por sí solo las relaciones de trabajo.

Capacitación y reconocimiento salarial

UPCN también solicitó que los empleados tengan garantizado el acceso a capacitación, reconversión laboral y participación en las diferentes etapas de implementación de los sistemas digitales.

El Estado, según la propuesta, debería proporcionar los conocimientos y equipos necesarios para que los trabajadores puedan adaptarse a las nuevas funciones. Al mismo tiempo, las responsabilidades adicionales derivadas del uso de tecnología tendrían que estar acompañadas por el correspondiente reconocimiento salarial.

El gremio resumió esta posición con un criterio concreto: modernizar el Estado no puede significar asignar mayores obligaciones sin mejorar las condiciones de trabajo ni la remuneración.

La entidad también advirtió sobre la brecha digital y pidió conservar canales presenciales y asistencia humana para quienes no puedan utilizar plataformas electrónicas. Esta garantía debería alcanzar tanto a los trabajadores como a los ciudadanos que necesitan acceder a trámites, prestaciones y servicios públicos.

Finalmente, UPCN propuso ampliar los principios éticos previstos para la utilización de inteligencia artificial y crear un organismo encargado de supervisar y controlar las tecnologías aplicadas por el Estado.

El objetivo es que estas herramientas no queden sometidas únicamente a decisiones administrativas, sino que existan controles institucionales sobre su funcionamiento y sus consecuencias. Para el sindicato, la innovación puede mejorar la gestión pública, pero debe avanzar con reglas claras, participación gremial y protección efectiva de los derechos laborales.

Tal como ocurrió anteriormente en Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, UPCN participó del acto de presentación del Sigap Salud en el Hospital Masvernat, para las instituciones de todo el departamento Concordia. Representó al Sindicato la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez, junto a integrantes de la Comisión Directiva Provincial y miembros de la Delegación Concordia.

La dirigente sindical destacó este hecho como “un hito importante” y remarcó que debe ser parte de una transformación más amplia en la gestión del personal de Salud. “El desafío es que no haya más información sectorizada de los trabajadores, para un manejo discrecional de nadie”, sostuvo.

Para Domínguez, el rol del Sindicato es que esta decisión aporte a una política integral de los trabajadores del sistema sanitario. “Que el gobierno no crea que el gremio está únicamente para sostener esa decisión política. Consideramos que el Sigap es una pieza dentro de la complejidad que tiene el sistema de salud. Hay que ir mucho más allá”, explicó.

La Secretaria Adjunta planteó que, junto con la implementación gradual del sistema, es necesario avanzar en el relevamiento del personal transitorio, fortalecer las comisiones de suplentes y vincular estos procesos con los concursos. “No puede ser que tengamos un número tan importante de personal transitorio y al mismo tiempo tengamos vacantes. Hay una contradicción a la cual hay que encontrarle la vuelta sin perjudicar a los trabajadores”, subrayó al respecto.

En ese marco, destacó también el inicio de un cambio cultural en el empleo público, con reglas claras, capacitación, jerarquización, igualdad de oportunidades y mejores condiciones laborales.

“No se pueden cambiar tantos años de resolver la urgencia de un día para el otro”, expuso y remarcó que en ese punto se destaca la visión estratégica del Sindicato para que este sistema se convierta en el futuro en “un proyecto amplio y con coherencia”. “La transparencia no se da únicamente en los sistemas informáticos. La transparencia es un valor, por eso la tenemos que incorporar en todos lados”, afirmó además.

Primera recategorización para EnfermeríaPor otra parte, la dirigente sindical aseguró que UPCN está “muy cerca de alcanzar un principio de solución para la recategorización de los enfermeros en función de la Ley 10.930”.“Al ser la primera recategorización de enfermería, estamos tratando de lograr la mayor inclusión de enfermeros con posibilidades concretas de recategorización. Y después sí, viene otro capítulo que será cumpliendo totalmente los requisitos de la ley 10.930”, anticipó.Remarcó que “la recategorización de enfermería, si se hiciera como algunos sectores sindicales exigen, el gobierno estaría en condiciones. Por eso es necesario un ámbito de negociación que solo lo está llevando adelante UPCN.

“La lucha es distinta”Domínguez reivindicó el diálogo como herramienta sindical. “Los trabajadores tenemos que debatir, tenemos que proponer ideas, ser creativos y ser inteligentes, porque la lucha es distinta”, expresó.Sostuvo que “para eso tiene que haber un diálogo bien entendido con el gobierno. Un diálogo no es, como dicen algunos, el acuerdo espurio, la entrega. Los que dicen eso es porque no se les cae una idea para ayudar a los trabajadores”, advirtió.

Por último remarcó: “Somos críticos desde UPCN, pero se pueden encontrar coincidencias cuando hay voluntad. Y no se pueden pretender conquistas con empujones, matoneo, aprietes. Hacer sindicalismo no es eso”.

Si bien todavía no se ha lanzado oficialmente, el Sindicato fue convocado a designar sus representantes en el jurado que participará del concurso público y abierto para cubrir un cargo de planta permanente en la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), con la función de Jefatura en el Área de Tesorería.

“Haber sido convocados para integrar el jurado implica que el proceso ya se puso en marcha”, explicó la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez. Además, sostuvo: “A la brevedad vamos a tener toda la información”.Señaló que no se conoce la fecha en que se sustanciará el concurso, pero sostuvo que será en el transcurso de este año.

“Sabemos que hay numerosos trabajadores que tienen intenciones de presentarse y aspiran a ocupar el cargo.

En ese sentido, vamos a hacer una jornada de intercambio para transmitir algunos detalles y escuchar las inquietudes de los trabajadores”, expuso la dirigente.El encuentro tendrá lugar el lunes 14 de septiembre a las 10 en la sede sindical de Santa Fe 463.

La convocatoria del Sindicato es abierta a todos los trabajadores de la administración pública provincial, afiliados o no, que residan en Paraná, estén interesados y reúnan el perfil para postularse al cargo a concursar. Se requiere inscripción previa a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyAM2sxznHdhu3FtPpLZeRV5w7UkhGYhad17ENpYPDWjSa6w/viewform?pli=1 .

Por último, la Secretaria Adjunta apuntó: “Al tratarse del primer concurso que se realizará en el marco del Decreto Nº 1452, no sólo nos interesa el proceso formal sino también saber si se cumplen todos los aspectos del procedimiento, con la incorporación de tecnología y la transparencia que se requiere para este caso. Hay un equipo trabajando en eso”.

Los trabajadores aseguran que resulta imposible aplicar el nuevo procedimiento porque no cuentan con los elementos necesarios. UPCN pidió una reunión al Secretario General de la Gobernación.

El pedido fue realizado en representación de los trabajadores de la Secretaría de Deportes, quienes manifestaron su preocupación ante la falta de condiciones materiales para afrontar el nuevo procedimiento. “Acordamos totalmente con la modernización, estamos convencidos que hay que implementarla”, expuso la Secretaria Adjunta del Sindicato, Carina Domínguez, pero aclaró que, para ello, “el Estado debe tener cierta coherencia respecto a los tiempos”.Explicó que en este caso, se dispuso la puesta en marcha del GDE sin que estén las condiciones materiales para implementarlo. “Hay organismos que están pidiendo prórroga porque les resulta imposible hacerlo, porque no cuentan con los elementos necesarios”, expuso la dirigente y precisó que esas áreas “están pidiendo que los dejen hacer en papel hasta tanto se compren equipos o se puedan implementar las cuestiones técnicas”.Advirtió que la consecuencia de esta medida es social. “En este caso, está impidiendo el procedimiento normal para la asignación de fondos para los clubes”, señaló.

Asimismo, remarcó que el Sindicato siempre ha apoyado la implementación del GDE e incluso las capacitaciones en ese sentido. “De ninguna manera planteamos un retroceso sobre esa decisión política. Pero sí que esa decisión tenga criterio y que esté contemplada en el Presupuesto que se debe presentar en los próximos días, para evitar que el que quede en el medio sea el trabajador”, sostuvo.

Uno de los principales inconvenientes está relacionado con el parque informático de la repartición, que se encuentra obsoleto y no permite procesar el volumen de documentación digital que ahora se exige. A esto se suma la falta de escáneres de alta capacidad que permitan convertir la documentación física en archivos PDF compatibles e importables al GDE.

Frente a estas dificultades, los trabajadores vienen realizando un esfuerzo extraordinario para sostener la actividad y garantizar la continuidad de los trámites. Sin embargo, remarcaron que la buena voluntad y el compromiso del personal no pueden reemplazar la infraestructura que debe garantizar el Estado.Ante esta situación, UPCN solicitó formalmente que se prorrogue por 90 días  la aplicación de la Resolución N° 77/2026 en la Secretaría de Deportes y que, durante ese período, se mantenga la metodología de trabajo vigente, hasta tanto se provean los equipos y herramientas necesarios.

“Resolver este problema es también garantizar que los aportes lleguen en tiempo y forma a clubes y deportistas. Ellos son los destinatarios de estas políticas y no pueden verse perjudicados por una implementación que no cuenta todavía con las herramientas necesarias”, sostuvo Domínguez.Por último, la Secretaria Adjunta informó que se solicitó una audiencia al Secretario General de la Gobernación, Mauricio Collelo, que ya se comunicó con el Gremio. “Seguramente esta semana tendremos novedades”, anticipó al respecto.

El Gobierno entrerriano y UPCN avanzan en la definición de un nuevo esquema para ordenar la carrera de los trabajadores de la Administración Pública Provincial, después de un proceso de elaboración conjunta entre representantes gremiales y equipos técnicos del Ejecutivo.

El tema fue analizado durante una reunión encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, de la que participaron el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el secretario general de UPCN, José Allende; la secretaria adjunta, Carina Domínguez, y miembros de la conducción sindical.

La discusión no se limita a las condiciones laborales actuales. Uno de los objetivos es establecer reglas más precisas para ingresar al Estado, avanzar dentro de la carrera administrativa y acceder a ascensos, incorporando la capacitación como requisito y, al mismo tiempo, como un derecho que deberá estar al alcance de los empleados.

UNA ESCUELA PARA CAPACITAR A LOS ESTATALES

Una de las principales novedades será la creación de una Escuela de Capacitación, que funcionará bajo un esquema bipartito entre UPCN y la Administración Pública Provincial.

La intención es que la formación deje de depender solamente de iniciativas aisladas y pase a formar parte del recorrido laboral de los agentes.

Troncoso calificó el proceso como un “hito histórico” y destacó el trabajo realizado para alcanzar un nuevo Convenio Colectivo.

Desde el sindicato, Allende puso el acento en una cuestión concreta: si la capacitación será necesaria para ascender o pasar de un tramo a otro dentro de la carrera, el Estado y el gremio deberán garantizar que esa formación llegue efectivamente a todos los trabajadores.

CADA ÁREA TIENE NECESIDADES DIFERENTES

El esquema proyectado contempla además realizar un relevamiento dentro de los distintos organismos provinciales para determinar qué conocimientos y competencias necesita cada repartición.

Para ello se prevén reuniones con ministros y responsables de las diferentes áreas del Gobierno. A partir de ese diagnóstico, UPCN elaborará propuestas específicas de capacitación.

La intención es evitar programas generales que tengan poca relación con el trabajo cotidiano y avanzar hacia una formación vinculada con las necesidades reales de cada organismo y las posibilidades de crecimiento de sus empleados.

El convenio entra ahora en una instancia decisiva. Una vez concluido, establecerá un nuevo marco para aspectos centrales de la vida laboral de miles de agentes provinciales.

Más allá de los acuerdos alcanzados entre Gobierno y sindicato, el verdadero alcance del nuevo sistema se podrá medir cuando las reglas para ingresar, capacitarse y ascender comiencen a aplicarse en la práctica dentro de la Administración Pública entrerriana.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) confirmó que el próximo miércoles 29 de julio llevará adelante un paro activo en toda la provincia, en el marco del conflicto salarial con el Gobierno entrerriano. Desde la organización sindical aclararon que la medida “no implica ausencia de los trabajadores”, sino una jornada de permanencia y militancia en los lugares de trabajo para visibilizar los reclamos del sector.

El gremio fundamentó la decisión en la falta de acuerdo alcanzado durante la última negociación paritaria. Según expresó, las propuestas oficiales no respondieron a las expectativas de los trabajadores estatales, por lo que consideró necesario profundizar las acciones gremiales.En los días previos al paro, UPCN informó que realizará recorridas y asambleas en distintas dependencias públicas para debatir, además de la cuestión salarial, otros temas que considera prioritarios, entre ellos la reforma previsional, la realización de concursos para fortalecer la carrera administrativa y el atraso en el pago de las recategorizaciones.

La organización también dirigió un mensaje a la ciudadanía, al solicitar comprensión por las eventuales consecuencias que pueda generar la medida de fuerza. En ese sentido, sostuvo que el reclamo busca defender las condiciones laborales de quienes sostienen diariamente los servicios públicos y remarcó que el fortalecimiento del Estado requiere trabajadores con salarios y condiciones adecuadas.

Finalmente, UPCN insistió en la necesidad de que el Gobierno provincial reabra la negociación salarial con una propuesta que permita alcanzar un acuerdo y evitar una mayor profundización del conflicto. Mientras tanto, ratificó que el 29 de julio sus afiliados permanecerán en sus lugares de trabajo desarrollando la modalidad de paro activo en toda la administración pública.

El secretario general de UPCN, José Ángel Allende, explicó que la jornada buscará acercar la discusión a la sociedad. “Vamos a explicarle a la comunidad que defender al trabajador público es defender al Estado y a quienes sostienen diariamente los servicios de salud, educación, seguridad y toda la administración pública”, sostuvo.

Entre las demandas figuran la recuperación del poder adquisitivo, las recategorizaciones, la regularización del personal temporario, la puesta en marcha de concursos y la continuidad de las negociaciones por el Convenio Colectivo de Trabajo. Allende afirmó que el sindicato pretende una política salarial que permita, al menos, preservar el ingreso de los trabajadores y recuperar parte de lo perdido frente a la inflación.

La secretaria adjunta, Carina Domínguez, indicó que el reclamo también contempla situaciones específicas, como la aplicación de la Ley 10.930 para el sector de Enfermería, los conflictos que atraviesa el Copnaf y la necesidad de brindar certezas sobre la continuidad del personal temporario y la implementación progresiva del nuevo sistema de concursos.En materia previsional, UPCN ratificó su rechazo a distintos aspectos de la reforma que ya obtuvo media sanción legislativa. Aunque reconoció que durante el debate logró introducir modificaciones, el gremio entiende que aún existen puntos que deberán revisarse y no descartó impulsar acciones judiciales si considera que la futura reglamentación vulnera derechos adquiridos.

Un diálogo que duró pocoLa convocatoria al paro también marca un cambio político en la relación entre el sindicato y el gobierno provincial. En los primeros meses de gestión, José Allende había mantenido una actitud de diálogo y moderación que fue interpretada como un intento de construir una relación institucional con la administración de Rogelio Frigerio. Esa postura le permitió conservar canales de negociación y recibir el reconocimiento habitual que suele existir cuando un dirigente gremial privilegia el entendimiento con el poder.

Sin embargo, el escenario cambió rápidamente. La decisión del Gobierno de avanzar con un proceso de reducción del gasto público, reordenamiento del Estado y disminución de personal terminó ubicando a UPCN nuevamente en una posición de confrontación. No se trata solamente de una estrategia provincial: el gremio responde a una estructura nacional que históricamente sostiene la defensa del empleo público frente a las políticas de ajuste.

En ese contexto, si desde el Gobierno existió la expectativa de consolidar una relación de conciliación con Allende, los hechos parecen demostrar que esa posibilidad resultó, cuanto menos, ingenua. Cuando las políticas oficiales apuntan a reducir estructuras y planteles, el margen para sostener acuerdos con un sindicato cuyo mandato central es preservar esos puestos de trabajo se vuelve prácticamente inexistente.

Pese al endurecimiento de la postura gremial, Allende aseguró que UPCN no abandonará las instancias de negociación. “Las medidas de fuerza fortalecen la mesa de diálogo; quienes se levantan de esa mesa terminan entregando a los trabajadores”, concluyó.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) advirtió que, si en la audiencia paritaria prevista para las 14 no se presenta una propuesta salarial que considere superadora, avanzará con una medida de fuerza de 24 horas en toda la administración pública provincial.La decisión fue adoptada este lunes durante una reunión de la Comisión Directiva del sindicato. Según se informó, la fecha del paro será definida en el transcurso de la semana, de acuerdo con el resultado de las negociaciones que se desarrollen en la mesa paritaria.Desde la organización gremial señalaron que la modalidad elegida será un paro activo, con el objetivo de permitir la continuidad de los servicios considerados esenciales y, al mismo tiempo, visibilizar el reclamo de los trabajadores por la pérdida del poder adquisitivo frente al contexto económico.

UPCN sostuvo que la situación salarial de los empleados públicos se ha deteriorado de manera sostenida y remarcó la necesidad de alcanzar un acuerdo que permita recomponer los ingresos. Asimismo, indicó que durante la eventual jornada de protesta se buscará informar a la comunidad sobre la realidad que atraviesan distintos sectores de la administración provincial.

El gremio también planteó que áreas sensibles, como el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y el sistema de salud, requieren mantener la atención a la población, razón por la cual propone una modalidad de protesta que combine la expresión del reclamo con la continuidad de las prestaciones indispensables.La audiencia convocada por el Gobierno provincial se realizará este martes 14 de julio, a las 14, y será determinante para conocer si las partes logran acercar posiciones o si el conflicto salarial deriva en una medida de fuerza en los próximos días.

Durante un encuentro con delegados de Paraná, la secretaria adjunta del sindicato, Carina Domínguez, afirmó que el nuevo esquema marca el inicio de una etapa distinta dentro del Estado provincial.“Donde antes no había oportunidades, hoy existe la posibilidad de acceder a la planta permanente o concursar un cargo sin depender de decisiones discrecionales”, expresó la dirigente.Domínguez recordó que el ingreso mediante concursos está previsto en la Constitución de Entre Ríos y señaló que UPCN participó activamente en la elaboración del régimen para introducir modificaciones al proyecto inicial.Según indicó, el primer borrador presentaba aspectos que podían generar discrecionalidad, por lo que el gremio impulsó cambios que permitieron establecer un procedimiento con etapas definidas y mayor transparencia, aunque aclaró que aún quedan aspectos por perfeccionar mediante futuras reglamentaciones.La dirigente también respondió a los cuestionamientos realizados desde ATE sobre las capacitaciones y la integración de los jurados de concursos. En ese sentido, defendió el rol de UPCN y destacó que el sindicato cuenta desde hace más de una década con instituciones de formación cuyos certificados poseen validez oficial otorgada por el Consejo General de Educación.Respecto de la representación sindical en los jurados, sostuvo que la participación de UPCN responde a su condición de gremio mayoritario dentro de la administración pública provincial, aunque remarcó que el resto de las organizaciones también continuará formando parte del proceso.Finalmente, Domínguez instó a los delegados a acompañar la implementación del nuevo régimen promoviendo la formación de los trabajadores, al considerar que el éxito en los concursos dependerá de la preparación, el conocimiento de la normativa y la capacitación permanente. Según afirmó, el objetivo del sindicato es fortalecer las herramientas de los empleados públicos para que puedan competir en igualdad de condiciones y resguardar sus derechos.

La actividad fue impulsada a partir de un pedido de representantes gremiales del organismo y contó con la presencia de autoridades y dirigentes sindicales, quienes explicaron los alcances de la nueva normativa y respondieron consultas relacionadas con su implementación.Desde el gremio señalaron que estas capacitaciones forman parte de un recorrido por distintas reparticiones del Estado provincial con el objetivo de acercar información a los empleados públicos sobre el funcionamiento del régimen y su impacto en la carrera administrativa.

Durante el encuentro, los trabajadores plantearon inquietudes vinculadas a las particularidades de cada situación laboral, entre ellas el proceso de acceso a los concursos y la situación del personal temporario.

Los representantes sindicales brindaron precisiones sobre el funcionamiento del sistema y remarcaron la importancia de conocer la normativa para poder participar de los procesos de selección.La dirigente gremial Pamela Encina destacó que la convocatoria tuvo una buena recepción y valoró el interés de los trabajadores por interiorizarse sobre el nuevo régimen.

En ese sentido, sostuvo que la capacitación permite despejar dudas y comprender el alcance de una herramienta que, según afirmó, busca fortalecer la carrera administrativa.

Encina señaló además que muchos empleados consideran que el sistema de concursos representa una oportunidad para revalorizar el trabajo dentro de la administración pública, al establecer criterios objetivos para el acceso a cargos y reconocer la capacitación y la experiencia de los trabajadores.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) continúa fortaleciendo su política de capacitación destinada a los trabajadores estatales a través de una amplia oferta formativa que ya supera las 80 jornadas realizadas en diferentes puntos de la provincia.

Actualmente, el sindicato dispone de más de 14 propuestas de capacitación vigentes, orientadas a brindar herramientas para el desarrollo profesional y el fortalecimiento de la carrera administrativa. Entre las temáticas más demandadas se encuentran Inteligencia Artificial aplicada a la Administración Pública, Empleo Público y Normativas Vigentes, además de cursos de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), uso de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) y Primeros Auxilios.

Desde la organización gremial destacaron que todas las capacitaciones forman parte del Plan Provincial de Capacitación y cuentan con las correspondientes resoluciones oficiales, lo que les otorga validez para procesos de recategorización y futuros concursos dentro del ámbito estatal.

La secretaria de Capacitación de UPCN, Adriana Satler, señaló que las propuestas están abiertas a todos los trabajadores, independientemente de su afiliación sindical. Según explicó, muchos agentes estatales se acercaron a la entidad a través de estas instancias formativas y encontraron un espacio para el crecimiento personal y profesional.

Asimismo, remarcó que la capacitación constituye una herramienta clave para el fortalecimiento del empleo público y recordó que todas las propuestas cuentan con reconocimiento oficial. En ese sentido, sostuvo que la difusión de información errónea sobre la validez de los cursos puede generar incertidumbre entre quienes buscan mejorar su formación.

Satler destacó además la trayectoria que UPCN viene desarrollando en materia educativa desde hace más de una década, con iniciativas vinculadas a la formación profesional y la finalización de estudios secundarios para trabajadores estatales.

Finalmente, la dirigente reafirmó el compromiso del sindicato con la capacitación permanente y aseguró que la formación continuará siendo uno de los ejes centrales de la acción gremial. “Creemos en las personas, en su capacidad de superarse y en el enorme potencial que tienen los trabajadores estatales”, expresó.

Durante la reunión, el gremio insistió en la necesidad de participar activamente en la discusión de los cambios que podrían impactar sobre trabajadores activos y jubilados. Entre los principales planteos figuró la revisión del mecanismo de actualización de los haberes previsionales, proponiendo que se contemplen tanto las negociaciones salariales de la administración pública como las del sector docente.

También se expresaron objeciones respecto de la posibilidad de incrementar los aportes personales de los jubilados en el marco de la emergencia previsional, al considerar que una medida de ese tipo tendría un fuerte impacto sobre los ingresos de los beneficiarios.

Otro de los pedidos formulados fue la creación de una instancia permanente de seguimiento y diálogo una vez que la ley sea sancionada, con participación de los sectores involucrados para monitorear la evolución de las cuentas del sistema previsional.

Durante el encuentro también se planteó la necesidad de revisar la situación de las cajas municipales, establecer fuentes de financiamiento para sectores ajenos a la administración pública y analizar mecanismos diferenciados para determinados regímenes especiales.

Desde UPCN defendieron además la estrategia de mantener presencia en todos los ámbitos de negociación y sostuvieron que las mejoras alcanzadas en distintos sectores estatales fueron producto de años de participación gremial en las mesas de discusión.

La defensa de los derechos de los trabajadores constituye un reclamo legítimo y necesario en cualquier democracia. Sin embargo, en Entre Ríos ese discurso pierde parte de su fuerza moral cuando quienes encabezan algunas de esas banderas arrastran desde hace años situaciones personales sin resolver ante la Justicia. 

Durante la mañana expondrán la secretaria general de la Asociación del Personal Superior de Paraná (APS), Alejandra Levrand, y el secretario general de UPCN Entre Ríos, José Allende.Por la tarde será el turno del secretario general de FESTRAM, Mario Barberán; del titular del SUOYEM, Jesús Núñez; y de la presidenta de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, María Angélica Hermosi.Las audiencias forman parte del cronograma de consultas impulsado por el Senado antes de avanzar con el tratamiento definitivo de la iniciativa.La semana pasada ya pasaron por las comisiones representantes de ATE, AJER y distintos gremios docentes. Entre los principales cuestionamientos surgieron advertencias sobre una eventual pérdida de derechos previsionales, críticas al concepto de emergencia utilizado en el proyecto y objeciones a que el equilibrio financiero del sistema se logre mediante mayores exigencias para trabajadores y futuros jubilados.Desde el oficialismo, el senador Gustavo Vergara ratificó que el objetivo es alcanzar una reforma que garantice la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones y adelantó que el proyecto podría llegar al recinto durante el próximo mes, una vez finalizada la ronda de consultas y análisis en comisión.El legislador aseguró que las observaciones realizadas por los distintos sectores serán consideradas durante el proceso de discusión, aunque remarcó que el Gobierno mantiene la convicción de avanzar con cambios que permitan sanear el sistema previsional provincial a largo plazo.

Se trata del Decreto N.º 1654, que pone en marcha la primera etapa del proceso y alcanza a agentes de distintas dependencias del Ministerio de Gobierno y Trabajo, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social y la Secretaría de Cultura. La medida establece que las adecuaciones escalafonarias tendrán vigencia retroactiva al 1 de marzo de 2026.Desde UPCN destacaron que esta decisión es el resultado de años de gestiones en defensa de la carrera administrativa y remarcaron que el proceso ya comenzó a concretarse. Además, señalaron que la iniciativa demuestra la voluntad de avanzar en un esquema que contemple el desarrollo profesional de los trabajadores públicos.El mecanismo se encuentra encuadrado en el instructivo de “Bases y Pautas para Recategorizaciones 2025”, que incorporó dos nuevos criterios impulsados por el sindicato: la capacitación y la digitalización, sumándose al parámetro tradicional de antigüedad.La entidad gremial sostuvo que el decreto representa el inicio de una etapa más amplia y confirmó que continúan las gestiones para acelerar la incorporación de nuevos sectores al proceso de recategorización. 

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) ratificó su decisión de participar activamente en el debate sobre la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial y confirmó que presentará observaciones y propuestas alternativas durante el tratamiento legislativo en el Senado.

La secretaria adjunta del gremio, Carina Domínguez, consideró que las próximas semanas serán determinantes para el futuro de la Caja de Jubilaciones y expresó su expectativa de que las reuniones de comisión sean públicas para que la ciudadanía pueda conocer los argumentos de todos los sectores involucrados.

La dirigente sostuvo que UPCN mantiene una postura de discusión y análisis del proyecto, aunque aclaró que ello no implica acompañamiento automático a la iniciativa oficial. “Tenemos diferencias con el proyecto y las vamos a plantear”, afirmó.

Domínguez también respondió a declaraciones formuladas desde otros sectores sindicales que cuestionaron a las organizaciones dispuestas a debatir la reforma. En ese sentido, rechazó que participar de las conversaciones con el Gobierno pueda interpretarse como un respaldo a la propuesta y señaló que el sindicato busca defender los intereses de los trabajadores mediante el diálogo y la negociación.

Entre los puntos observados por UPCN, mencionó la inclusión de una eventual emergencia previsional, la posible litigiosidad de algunos artículos y aspectos vinculados a la situación de las mujeres dentro del sistema jubilatorio.

Asimismo, destacó que la etapa de intercambio con el Poder Ejecutivo ya concluyó y que ahora comienza una instancia decisiva en el Senado, donde el gremio buscará incorporar modificaciones al texto.

Finalmente, Domínguez defendió la estrategia adoptada por la organización y afirmó que la representación sindical “se ejerce en la discusión y la defensa de propuestas concretas”, al tiempo que manifestó respeto por las distintas metodologías de acción que puedan adoptar otros gremios frente al debate previsional.

El secretario general del gremio, José Allende, destacó que se trata de una demanda histórica y afirmó que la medida permitirá poner fin a situaciones de inestabilidad laboral que afectan a numerosos agentes. La comisión tendrá un plazo para evaluar cada caso y elevar una propuesta al Poder Ejecutivo.Además, las partes acordaron incorporar los efectores de salud al Sistema Integral de Gestión y Administración de Personal (Sigap), lo que permitirá a los trabajadores acceder desde una aplicación a información vinculada con su carrera, licencias y trámites administrativos.Otro de los avances anunciados es la digitalización de la programación de enfermería, que dejará atrás los expedientes en papel y permitirá un seguimiento en tiempo real por parte del Ministerio de Salud, con el objetivo de mejorar la transparencia y agilizar los procesos.Los acuerdos fueron presentados este martes en Casa de Gobierno, con la participación de autoridades provinciales y representantes gremiales.Allende remarcó que los logros alcanzados son consecuencia del diálogo sostenido entre UPCN y el Gobierno provincial, y sostuvo que la participación permanente en las mesas de discusión es una herramienta fundamental para defender los derechos de los trabajadores.

El Gobierno de Entre Ríos puso en vigencia el Decreto Nº 1452, que establece el nuevo Reglamento General de Concursos No obstante, señalaron que aún existen aspectos susceptibles de revisión y mejora.La secretaria adjunta del sindicato, Carina Domínguez, remarcó que uno de los principales objetivos fue reconocer la experiencia de quienes ya se desempeñan en el Estado provincial y garantizar la participación de los representantes gremiales en las distintas etapas del proceso.La dirigente también expresó la necesidad de que la implementación del nuevo sistema sea gradual y acompañada por instancias de capacitación para los trabajadores, con el propósito de asegurar igualdad de oportunidades y agilizar los mecanismos de selección mediante la incorporación de herramientas tecnológicas.El régimen contempla concursos para el acceso a cargos de conducción y para el ingreso a la planta permanente. Además, incorpora previsiones especiales para organismos considerados críticos, con el fin de evitar que vacantes esenciales queden sin cobertura mientras se desarrollan los procesos de selección. 

Desde el gremio remarcaron que esa interpretación “no es así” y advirtieron que el Gobierno “no debe confundir ni desvirtuar” la postura sindical respecto al futuro de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

UPCN sostuvo que participar de las reuniones de análisis y debate “de ninguna manera significa aprobar o apoyar” una eventual reforma impulsada por el Ejecutivo provincial. “Siempre entendimos que hay que discutir para defender los derechos de los trabajadores”, señalaron.El sindicato aclaró además que debatir una iniciativa “no significa consensuar ni aprobar” y recordó que durante las conversaciones mantenidas con las autoridades provinciales expresaron “profundas diferencias” respecto de algunos de los ejes planteados.En ese sentido, indicaron que varias observaciones fueron tomadas en consideración por los funcionarios, aunque remarcaron que todavía desconocen el contenido definitivo del proyecto, ya que el texto aún no ingresó formalmente a la Legislatura.“La reforma previsional es una decisión del gobierno”, afirmaron desde UPCN, al tiempo que señalaron que recién cuando el proyecto tome estado parlamentario podrá conocerse con precisión cuál fue el verdadero resultado de las conversaciones mantenidas con el presidente de la Caja.Finalmente, el gremio advirtió que declaraciones como las formuladas por el ministro Troncoso “desvirtúan los hechos” y podrían afectar el espacio de diálogo abierto hasta el momento. “Son discursos que no reflejan la realidad y que podrían terminar empujándonos hacia un escenario de conflicto”, concluyeron.