Durante la reunión, los docentes expusieron su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo, el atraso salarial acumulado y las crecientes dificultades para sostener la actividad académica en condiciones adecuadas.

También alertaron sobre el riesgo de un éxodo de profesionales ante la falta de recomposición salarial.

En ese marco, Bordet señaló que “la caída del salario docente es muy preocupante y pone en riesgo la continuidad de muchos profesionales en la universidad pública”.

El diagnóstico coincide con datos del Consejo Interuniversitario Nacional, que reflejan una fuerte caída de los recursos: las universidades habrían perdido cerca de la mitad de su financiamiento en términos reales en los últimos años, mientras que los salarios docentes registran una pérdida aproximada de un tercio de su poder adquisitivo.

A esto se suma la reducción de los gastos de funcionamiento, que hoy cuentan con apenas una fracción de los recursos reales previos, obligando a las instituciones a sostener sus actividades en condiciones cada vez más limitadas.

El legislador advirtió sobre las consecuencias de este proceso: “El éxodo de docentes es una amenaza real que puede debilitar seriamente el sistema universitario”. Asimismo, remarcó que “si no se aplica la reforma de la ley de financiamiento universitario, no solo está en juego el nivel académico, sino también la investigación y la extensión, claves para el desarrollo productivo”.

Bordet subrayó además el impacto estructural de la situación: “Cuando se deteriora la universidad pública, también se resiente el desarrollo, aumenta el desempleo y se profundiza la pobreza”.

Frente a este escenario, ratificó su compromiso de avanzar desde el Congreso para impulsar la reforma de la ley de financiamiento universitario y respaldar al sector docente.

Quince universidades de diversas regiones del país manifestaron públicamente su respaldo al nuevo proyecto de reglamento para los concursos de jueces aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la Acordada 4/2026. En un comunicado conjunto, los rectores y decanos de estas casas de estudios destacaron la importancia de la iniciativa, orientada a perfeccionar el sistema de selección de magistrados y fortalecer la transparencia de los concursos públicos, e instaron a las autoridades competentes a darle pronto tratamiento.El documento, firmado por representantes de universidades privadas, subraya que la calidad de la Justicia depende en gran medida de la calidad de quienes la integran. Por ello, valoraron que la propuesta de la Corte coloque en el centro del proceso la formación profesional, la excelencia académica y la capacitación continua como condiciones indispensables para el acceso a la magistratura. “La calidad de la Justicia depende, en gran medida, de la calidad de quienes la integran, lo que exige reglas claras, evaluaciones objetivas y procedimientos previsibles”, señala la declaración.Los firmantes señalaron que avanzar en esta dirección permitirá consolidar un sistema consistente y eficaz, evitando “soluciones fragmentarias que debiliten su alcance y comprometan sus objetivos”. Además, remarcaron que el nuevo reglamento refuerza la confianza pública y mejora la calidad institucional del Poder Judicial, en línea con el mandato fundacional de la Constitución Nacional de afianzar la justicia.El comunicado destaca especialmente la importancia de reglas claras y evaluaciones objetivas para garantizar procesos de selección previsibles y basados en el mérito. En este sentido, las universidades respaldaron la centralidad de la formación profesional y la capacitación continua de los aspirantes, recordando que la excelencia académica es un pilar para el fortalecimiento del sistema judicial. “Su aprobación en forma integral permitirá consolidar un sistema consistente y eficaz”, sostuvieron, y advirtieron que ello evitará soluciones parciales que puedan afectar la coherencia y los objetivos de la reforma.Las autoridades universitarias también invitaron a los poderes públicos a brindar un tratamiento rápido e integral a la propuesta de la Corte Suprema, entendiendo que su aprobación redundará en un avance concreto para el sistema de justicia. “Avanzar en esta dirección no solo mejora la calidad institucional del Poder Judicial y refuerza la confianza pública, sino que constituye un paso concreto en el camino de afianzar la justicia”, concluye el texto.La declaración lleva las firmas de los máximos responsables de quince instituciones académicas: Universidad de Belgrano, Universidad CAECE, Universidad del Salvador, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Católica de Cuyo, Universidad Católica de La Plata, Universidad FASTA, Universidad de Morón, Universidad Museo Social Argentino, Universidad de Palermo, Universidad Ciencias Empresariales y Sociales, Universidad Santo Tomás de Aquino de Tucumán, Universidad Católica de Santa Fe, Universidad de Concepción del Uruguay y Universidad Blas Pascal.

Consejo de la MagistraturaEl Consejo de la Magistratura inició el debate sobre la reforma del sistema de selección de jueces impulsada por la Corte, con posiciones divididas entre aprobación inmediata y análisis profundo.La semana pasada, las comisiones de Reglamentación y Selección del Consejo de la Magistratura se reunieron de manera conjunta para iniciar el análisis de la acordada 4/2026 -firmada el 25 de marzo por los ministros de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti-, que propone una reforma integral del reglamento de concursos para la selección de jueces federales. El debate dejó posturas encontradas: algunos consejeros impulsaron la aprobación inmediata del texto, otros reclamaron un análisis pausado que incorpore los proyectos que el propio Consejo tenía en trámite, y un tercer grupo introdujo advertencias sobre las condiciones políticas e institucionales en las que se desarrolla la discusión.La acordada 4/2026, en rigor, propone un plexo de 100 artículos con dos tipos de concursos para la selección de magistrados: los anticipados -como regla general, con un máximo de ocho cargos, desvinculados de la existencia de una vacante al momento del llamado- y los especiales, como excepción. Establece una prueba de oposición escrita dividida en dos etapas: una general de 120 preguntas de opción múltiple seleccionadas aleatoriamente de un banco de 2.000, con corrección automatizada; y una especial de resolución de casos prácticos y redacción de sentencias, de seis horas de duración, con anonimato garantizado mediante sistemas informáticos auditables.

Educación y prioridades de gastoTroncoso apeló a su experiencia personal para defender la universidad pública, aunque marcó un límite: “Fui estudiante y egresado de la universidad pública, pero no todas pueden ser prioridades. ‘‘Hay que ver qué recursos hay para sostenerlas”. Señaló que la sustentabilidad fiscal también debe alcanzar a la educación y la salud, advirtiendo que los debates no pueden plantearse como todo o nada.

Libertad de conciencia en el oficialismoRespecto al rol del gobernador Rogelio Frigerio en las votaciones legislativas, sostuvo que “es un demócrata” y que no impone instrucciones a los diputados. Reconoció la heterogeneidad ideológica de la coalición y defendió la libertad de conciencia como principio: “Sería muy difícil pedirle a alguien que vote en contra de sus convicciones”.

Alianza con Milei y mirada hacia octubreSobre la alianza con La Libertad Avanza, Troncoso destacó que el objetivo común es impedir el regreso del kirchnerismo: “Hay que deponer egos y abonar al proyecto”. Resaltó, además, un cambio en el tono del presidente Milei hacia “una vocación más dialoguista”, lo que abre expectativas de recursos para la provincia.

Resultados electorales y federalismoAl analizar la derrota oficialista en Buenos Aires, pidió humildad para escuchar el mensaje de las urnas, pero relativizó un “efecto dominó”: “En las elecciones provinciales juegan fuerte los gobernadores e intendentes”. Reivindicó así el peso del federalismo frente al centralismo porteño.

Ética y campañaSobre los funcionarios que son candidatos, afirmó que en lo personal pediría licencia, aunque aclaró que es una decisión individual: “Con los líos que tengo en el Ejecutivo, me resultaría imposible hacer campaña y cumplir con la gestión”.

Escenario político provincialEl ministro dejó entrever que podrían darse cambios en el gabinete en 2026, aunque aclaró que los anuncios los hará Frigerio. También valoró el estilo del gobernador, al que definió como “un toro de trabajo” y un dirigente que responde personalmente a opositores y oficialistas, incluso a quienes lo critican.

Barra informó que el sistema de control interno previsto está incluido en la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y de aplicación a las universidades nacionales, detallaron fuentes oficiales. La resolución fue informada a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, en respuesta a la solicitud que los legisladores del PRO y el MID elevaron al Gobierno nacional en el marco de las mesas conjuntas que funcionan en Casa Rosada.Hasta hoy, solo la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que depende del Congreso, podía llevar adelante las auditorias. Dicho cuerpo está encabezado por Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete durante el gobierno de Alberto Fernández.La conclusión del dictamen firmado por Barra establece: “En síntesis, a la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales, en tanto el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521”.Esta decisión anula la resolución del ex procurador del Tesoro Carlos Zannini, quien en noviembre de 2022 determinó que las universidades quedaban exentas de la aplicación del artículo 100 de la ley de Administración Financiera.

En 2023, el aquel entonces ministro de Educación, Jaime Perzyck, firmó un convenio con la SIGEN habilitando la posibilidad de solicitar auditorías por parte del organismo.Al respecto, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, destacó la modificación: “Celebramos este dictamen ejemplar de la Procuración que permite a la SIGEN auditar a las universidades nacionales”.“De esta manera, el Ejecutivo tendrá participación en la revisión financiera y operativa que está actualmente cargo de la oposición a través de la Auditoría General de la Nación (AGN). Logramos revertir la norma que impulsó Carlos Zannini en 2022 para evitar que el Gobierno Nacional pueda auditar los gastos de las universidades nacionales”, sintetizó a través de sus redes sociales. La decisión de la administración libertaria va en sintonía con los permanentes cuestionamientos del presidente Javier Milei al sector, luego de denunciar falta de transparencia en las cuentas de las altas casas de estudio. “¿Por qué no quieren ser auditados sin no están en discusión la universidad pública, si no está en discusión que es no arancelada? ¿Tanto problema porque los queremos auditar?”, planteó en una entrevista para La Nación +, y concluyó: “No quieren ser auditados los que están sucios. Todo este revuelo es tomar una causa noble y ocultar los curros de los delincuentes”.Los cambios se enmarcan en pleno auge estudiantil en rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Educativo, con tomas en más de 80 facultades, clases públicas y asambleas. 

Mientras que Nancy Ballejos del PRO y Beltran Benedit apoyaron la decisión del Presidente.

El diputado Morchio, aseguró que “la educación pública, gratuita y de calidad es una prioridad en nuestra gestión en la provincia.

‘‘No puedo avalar el desfinanciamiento del sistema público universitario.

‘‘Compartimos la necesidad de sostener el equilibrio fiscal pero el ajuste no puede ser en donde se construye el futuro de los argentinos”, afirmó. “Mi voto es por convicción.

‘‘Son los valores que he defendido siempre y a lo largo de toda mi vida pública”, sentenció.

A su turno, el diputado Benedetti, aseguró ser “radical, y del partido de la Reforma Universitaria que hace más de 100 años declaró la autonomía de las universidades nacionales respecto del Poder Ejecutivo Nacional.‘‘En ese sistema, quien fija el presupuesto de las universidades autónomas es el Congreso, no el Presidente”, sostuvo y, por lo cual consideró que el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario “es una intromisión en la autonomía  de las universidades nacionales, que siempre defendí con convicción y por esa razón, mi voto es en contra”, afirmó.

En tanto, la diputada Ántola remarcó que “la universidad pública es un orgullo para nuestro país, defenderla es nuestra obligación.

‘‘En ese sentido ratificamos el voto a favor de las universidades votando en contra del veto presidencial”.

Por su parte, la legisladora Blanca Osuna de Unión por la Patria expresó:

“El veto de la Ley de Financiamiento Universitario significa que se entra en otra etapa.

‘‘Etapa que pone en jaque a nuestras universidades y, con ellas, el futuro de nuestros/as jóvenes, pero  al mismo tiempo, impulsa nuevos debates y batallas para sostenerla”.

Y agregó que “si bien no alcanzó, por  condiciones reglamentarias para validar la ley,  sí dio clara y contundente señal  de una  mayoría sobre los 257 que somos”. 

Luis Caputo, afirmó que el “gobierno está a favor de las universidades públicas”, pero enfatizó que quiere auditarlas.Caputo aprovechó un posteo en la red social “X” de la diputada por Córdoba Alejandra Torres, para reafirmar la posición oficial.  “Estimada Alejandra, tu postura hacia las Universidades no es muy diferente a la del gobierno nacional. Nosotros también estamos a favor de las universidades públicas. Solo queremos que se auditen los gastos, porque es lo que corresponde dado que la plata es del contribuyente y no nuestra”, señaló el ministro al iniciar el texto.Añadió que “si entre todos concluimos que las Universidades necesitan más plata, se debe proponer cómo se financia ese nuevo gasto, como lo indica la Ley de Administración Financiera y el propio Reglamento del Senado”.“En resumen, el veto NO es contra el financiamiento universitario, sino contra la ley propuesta, porque precisamente, NO incluye el financiamiento universitario”, remató el jefe del Palacio de Hacienda.Torres había anunciado que no estará presente en la sesión, lo cual favorece la posición del oficialismo, por problemas de salud, incluso adujo estar transitando covid. NA. 

La Cámara de Diputados dejó firme  el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, al no haber obtenido la oposición los dos tercios necesarios para mantener la iniciativa que había sido aprobada por el Congreso.  Los bloques de Unión por la Patria, la UCR, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Por Santa Cruz, Producción y Trabajo y algunos legisladores monobloquistas lograron reunir 159 votos, pero no fue suficiente.Con 85 votos, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) con el apoyo de bloques afines lograron levantar un muro infranqueable para la oposición, que se quedó con las manos vacías.   El oficialismo recibió la ayuda del grueso del PRO, cuatro diputados de la UCR, el MID, el bloque tucumano Independencia y Paula Omodeo de CREO.El resultado se completa con cinco abstenciones y ocho ausencias que fueron determinantes en la victoria oficialista. Después de transpirar mucho la camiseta, de fatigar teléfonos de gobernadores y diputados, el Gobierno gana otra batalla decisiva y mantiene el rumbo fijo con el norte puesto en el equilibrio fiscal.No le sobró nada. Hasta el tuit del ex presidente Mauricio Macri, en el que garantizó el apoyo del PRO, las fuerzas de la oposición tenían contra las cuerdas al oficialismo. Confiaban en que el partido amarilla iba a dictar libertad de acción y se iba a dividir. “Pensábamos que por ejemplo Silvia Lospennato, Alejandro Finocchiaro y Sabrina Ajmechet iban a ausentarse si el PRO resolvía la libertad de acción”, confesó un diputado de Encuentro Federal.En el bloque que preside Miguel Pichetto también hubo movimientos sospechosos. Horas antes de la sesión, la cordobesa Alejandra Torres avisó que no concurriría a la sesiones por transitar problemas de salud. Más alevoso fue el cambio en el voto del chubutense Jorge “Loma” Ávila, quien estaba decidido a votar a favor de la universidad pública hasta que recibió el llamado de su gobernador, Ignacio Torres. La orden fue que se ausentara y así lo hizo.Lo del mandatario chubutense no quedó en ese gesto. También operó para que la otra diputada que le responde, Ana Clara Romero (PRO), quien había tenido expresiones de solidaridad con las universidades públicas, votara a favor del veto.En Unión por la Patria llamó la atención la ausencia de la catamarqueña Fernanda Ávila, posiblemente inducida por su gobernador, Raúl Jalil, quien para sostener la buena sintonía con el Gobierno tenía que ofrendar algún favor político.Como en la sesión en la que se trató el veto a la ley de movilidad jubilatoria, fue determinante la división de la UCR para desnivelar la balanza a favor del Gobierno. Los cinco “radicales con peluca”, como fueron apodados maliciosamente por quienes no perdonan la traición, volvieron a jugar en contra de su propia bancada.El “panquequeo” más explícito fue el del misionero Martín Arjol, que en la sesión del pasado 15 de agosto había votado a favor del financiamiento universitario y sin que hubiesen transcurrido siquiera dos meses hizo un giro copernicano para respaldar el veto.Los otros tres votos radicales que respaldaron la posición del oficialismo vinieron de manos de Mariano Campero, Martín Picat y José Federico Tournier, en tanto que Pablo Cervi, que en la mencionada sesión había votado a favor de la ley, en esta ocasión optó por abstenerse.Con que tres de ellos hubieran votado con la oposición, se habrían alcanzado los dos tercios y el debate habría continuado en el Senado, donde las previsiones eran bastante favorables para voltear el veto.Casi en la misma magnitud que la UCR, la fragmentación del voto de Innovación Federal fue clave. Pocos días atrás, los ocho diputados del interbloque iban a votar con el resto de la oposición. Pero algo sucedió en el medio para que de un momento a otro, los cuatro misioneros se dieran vuelta y optaran por abstenerse. Tanto los tres salteños como el rionegrino Agustín Domingo respetaron la postura que habían tenido el 15 de agosto y votaron en consecuencia.

El debate en el recintoDurante su intervención, la diputada libertaria Lourdes Arrieta (FE) anunció que rechazaría el veto a la ley de financiamiento universitario, con lo cual profundizó su distancia con el Gobierno Nacional.Destacó que su compromiso es que “con los estudiantes y argentinos de bien, que nunca iban a poder acceder a la universidad pública, pero con el IVA a la polenta que compran financian a las Universidades, la SIDE, los ñoquis, y los trolls”.La legisladora, expulsada del bloque de la Libertad Avanza, agregó que “yo les pido perdón a los argentinos porque el dinero no está siendo bien administrado” y pidió que haya un debate sobre las auditorías.El diputado nacional de la UCR Facundo Manes aseguró que “la educación es la mejor política económica en el siglo XXI”.Al defender la ley de Financiamiento Universitario durante la sesión especial, el legislador radical argumentó que “los países que están desarrollados es por sus sistemas educativos y científicos”.Para el neurocientífico, “la educación pública es un derecho que define a nuestra Nación” y es “el corazón de la identidad argentina”.“Cuando pienso en la educación no pienso en estadística o en un presupuesto. Pienso en inversión, en esperanza. Pienso en millones de argentinos que encontraron en la educación la posibilidad de ser alguien y de soñar”, manifestó.Por su parte, Pichetto señaló que el aumento de los recursos para las universidades prevista en la ley representaba “solo el 0,14 del PBI”, según estimó informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso.Al apuntar sobre la alianza parlamentaria entre el oficialismo y el PRO, consideró que “acá lo que están haciendo es consolidar el partido del bloqueo y de la minoría”.El diputado nacional del PRO Fernando Iglesias rebatió a la oposición al considerar que “no hay ningún plan de desmantelamiento de la universidad pública” y calificó de “mentirosos” y “caraduras” a quienes pretender instalar esa interpretación.“No estamos discutiendo el valor ni la continuidad de la universidad pública. No hay ningún plan desmantelamiento. Mienten sin pruebas los que dicen eso”, indicó.El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro sostuvo que con el veto a la ley de Financiamiento Universitario, el oficialismo está conduciendo a “un claro conflicto de poderes”. “Apareció la plata en el día de ayer para tratar de sumar mayor cantidad de diputados, y para impedir hoy que tengamos los dos tercios”, se quejó el legislador opositor.A su turno, el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo, aseguró que “es falso” que el aumento de partidas para la educación superior pública pueda “quebrar el equilibrio fiscal”, dado que “el 0,14 que prevé la oficina de presupuesto del Congreso equivale el 10 % del superávit primario”.El presidente del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, embistió contra los sectores de la oposición que están en contra del veto a la ley de financiamiento universitario, a los que acusó de querer “golpear a un Gobierno que tiene debilidad parlamentaria”.En representación de Unión por la Patria, el jefe del bloque, Germán Martínez, sostuvo que “no se hace política traicionando los compromisos electorales” y llamó a rebelarse “contra los aprietes del Gobierno y de los jefes políticos territoriales”, al defender la ley de financiamiento universitario cuyo veto fue ratificado por el cuerpo. NA. 

En el contexto actual, la situación de las universidades en Argentina se ha convertido en un tema candente de discusión y protesta.

Miles de personas, entre las que se encontraban estudiantes, profesores y ciudadanos en general, marcharon en defensa de la educación superior, rechazando el posible veto a la ley de financiamiento educativo anunciado por el gobierno.

Esta movilización pone de manifiesto la profunda preocupación que existe en la sociedad respecto a la educación pública.

La universidad pública en Argentina ha sido históricamente vista como un pilar fundamental para la movilidad social. Muchas familias consideran que el acceso a la educación superior es una de las claves para salir de la pobreza. Los antecedentes de las luchas estudiantiles en el país son numerosos y muestran un fuerte consenso social en favor de una educación pública accesible y de calidad.

Argentina cuenta con varias universidades que se encuentran entre las mejores de América Latina y del mundo.

El nivel académico de estas instituciones es reconocido internacionalmente, y sus egresados, profesionales en diversas áreas, tienen una destacada reputación en el mercado laboral global.

Por lo tanto, la defensa de la universidad pública no solo es una cuestión de acceso, sino también de calidad educativa y de prestigio profesional.

Las universidades son cruciales para el desarrollo de la sociedad.

Aportan no solo formación académica, sino también investigación, innovación y servicios comunitarios. Sin ellas, se limitaría la capacidad de generar conocimiento y soluciones a problemas sociales, económicos y ambientales.

Sin embargo, el gobierno actual argumenta que busca un sistema universitario más eficiente.

En su política de ajuste fiscal, el rechazo a la ley de financiamiento educativo se enmarca en la necesidad de equilibrar las cuentas públicas.

Las razones del poder ejecutivo para vetar la ley son, en su mayoría, de índole fiscal y administrativa.

Se argumenta que el proyecto sancionado por el Congreso es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, ya que no contempla el impacto fiscal de la medida ni determina la fuente de su financiamiento.

Además, se sostiene que las disposiciones de la ley intentan limitar la discrecionalidad del Poder Legislativo, el cual debe actuar con responsabilidad para no comprometer las cuentas públicas.

El Gobierno también señala que la administración de los recursos públicos debe realizarse de manera responsable, conforme a los principios de buena administración, procurando siempre el bien común.

Se argumenta que la medida sancionada generaría un privilegio para el personal de las universidades nacionales respecto al resto del personal de la administración pública, sugiriendo que los incrementos salariales deberían ser fruto de la negociación colectiva.El poder ejecutivo también enfatiza que cumplir con la medida dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de Argentina, implicando la necesidad de obtener fuentes de financiamiento extraordinarias e imprevistas para afrontar su costo, estimándose en un gasto adicional de $ 811.569.000.000 millones.

En este sentido, la responsabilidad del gobierno es lograr y mantener el equilibrio fiscal a largo plazo, cuidando los escasos recursos del Estado y estabilizando la macroeconomía.A pesar de los argumentos del gobierno, las universidades enfrentan desafíos críticos debido a la falta de financiamiento adecuado.

La infraestructura deteriorada, la insuficiencia en tecnología y la precarización laboral son problemas urgentes que requieren atención inmediata.

La creciente deserción estudiantil es otro indicador preocupante que resalta la necesidad imperiosa de recursos.

La idea de que las universidades privadas pueden sustituir a las públicas es un mito peligroso.

Las universidades privadas, aunque pueden ofrecer educación de calidad, no tienen la misma obligación de acceso universal que las públicas.

Si se eliminaran las universidades públicas, se profundizaría la desigualdad, ya que solo quienes puedan pagar tendrían acceso a la educación superior, condenando a muchos a la falta de oportunidades.

La defensa de la universidad pública en Argentina es, por lo tanto, una lucha por la igualdad de oportunidades, por el futuro del país y por el reconocimiento del valor del conocimiento como motor de desarrollo.

La educación es un derecho, no un privilegio, y su defensa es esencial para construir un futuro más equitativo y justo.

En conclusión, es imperativo que se establezca un diálogo constructivo y efectivo entre el gobierno y las universidades para abordar la crisis actual que enfrenta la educación superior en Argentina.

Comparto la necesidad del gobierno de equilibrar las cuentas públicas, pero esto  no debe convertirse en un obstáculo insalvable para asegurar el financiamiento adecuado de las instituciones educativas.

Es posible encontrar un terreno común donde se reconozcan las limitaciones fiscales del Estado, al tiempo que se priorice la inversión en educación como un motor esencial para el desarrollo social y económico del país.

El Gobierno tiene la responsabilidad de escuchar y considerar las demandas de la comunidad universitaria, promoviendo un marco que no solo permita el crecimiento y sostenibilidad del sistema educativo, sino que también garantice su calidad.

Por su parte, las universidades deben reafirmar su compromiso con la excelencia académica y la inclusión social, siempre dentro de un marco de estabilidad financiera acorde con el contexto económico actual.

La defensa de la educación pública es una lucha crucial por el futuro del país.

En estos tiempos difíciles, donde muchos estudiantes no pueden acceder a la educación privada, las universidades públicas juegan un papel fundamental en la movilidad social y en la formación de profesionales capacitados.

Por lo tanto, es vital que todos los actores involucrados —gobierno, universidades, docentes y estudiantes— trabajen juntos para construir soluciones viables y sostenibles.

Solo a través del diálogo sincero y la colaboración activa se podrá resolver este conflicto.

Así, se garantizará que las universidades continúen siendo un pilar de movilidad social y un faro de conocimiento en Argentina.

Tambien se resolvió solicitar a los rectores la declaración de emergencia salarial y participar del plenario del Consejo Interuniversitario Nacional en La Pampa el próximo 30 de agosto, en donde en caso de no recibir una respuesta favorable, se definirá la fecha para una próxima marcha universitaria.En una reunión para analizar cómo continuar con el plan de lucha, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales resolvió el no inicio del segundo cuatrimestre con un paro de 24 hs para el día 12 de agosto y la realización de dos jornadas de protesta más con cese de actividades los días 20 y 21 del corriente.El motivo se debe a “la falta de respuesta del gobierno nacional frente a la crítica situación de los salarios docente y nodocentes a la mayor pérdida salarial de la historia y el fuerte ajuste del gobierno en educación”.También se decidió peticionar a los/as rectores/as de las distintas casas de estudio la declaración de emergencia salarial en todas las universidades públicas y participar del plenario del CIN, que tendrá lugar en La Pampa el próximo 30 de agosto, en donde, en caso de no recibir una respuesta favorable, se definirá la fecha para una próxima marcha universitaria.Al respcto, el secretario General de Fedun, Daniel Ricci, resaltó: "Durante los 7 meses de Javier Milei como presidente, los trabajadores docentes y nodocentes de las universidades nacionales perdimos más del 50% de nuestro salario frente a la inflación. Luego de la marcha del 23 de abril, donde toda la sociedad se expresó a favor de las universidades, tuvimos una reunión con la ministra Sandra Pettovello, a partir de la cual, hasta el día de hoy, no hemos tenido ninguna respuesta".Y agregó: "Esta situación nos parece una falta absoluta de respeto y consideración por parte de la funcionaria y del gobierno, ante la durísima situación salarial que atravesamos las y los trabajadores de las universidades de todo el país. Por eso retomamos el plan de lucha con estas medidas, para la recuperación de nuestros ingresos". 

“El significativo incremento de la tarifa de luz es una de las variables que más impacta en el funcionamiento de las universidades entrerrianas desfinanciadas por la falta de actualización presupuestaria. No estamos solo hablando una ecuación económica sino de cuidar a nuestros jóvenes estudiantes entrerrianos. Confiamos en el respaldo de los diputados que deberán ahora debatir esta ley”, expresó el senador. La norma establece una bonificación equivalente al cincuenta por ciento (50%) del importe básico facturado por consumo (cargo fijo bimestral y cargo variable por energía), antes de la aplicación de impuestos y contribuciones. Se aplicará desde julio a diciembre. La Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) no está incluida en la norma porque es una universidad financiada por el gobierno provincial. Se invita además a los municipios que tengan residencias de UTN y UNER a disponer medidas análogas.En ese marco, el senador puso de relieve el consenso alcanzado con los senadores de Juntos por Entre Ríos para llevarle un alivio a las universidades públicas. “Hemos escuchado a las autoridades universitarias que nos detallaron el impacto del incremento de la tarifa eléctrica en su funcionamiento”, manifestó. “Son miles los estudiantes entrerrianos que se capacitan en las aulas de las universidades nacionales y quienes ya egresados vuelcan sus conocimientos en nuestras comunidades”, expresó el senador.

Oliva mencionó que “del mismo modo que hoy el Estado provincial subsidia la energía para sectores productivos, impulsamos un aporte para las universidades productoras de conocimiento. A la vida universitaria hay que reducirle una de las variables, en este caso es la tarifa eléctrica”, hizo saber.

“La única llave que tiene un pueblo para la libertad es la educación. Hemos ratificado la importancia de tener a la educación pública dentro de las prioridades, jerarquizando su asignación presupuestaria, para poder seguir brindado un servicio de calidad, no arancelada y con ingreso libre”. 

Hoy el Poder Ejecutivo puso la mira en nuestras Universidades acusándolas de politización partidaria en sus claustros, sembrando dudas, además, de su manejo administrativo.

Para ello no ve otro camino posible que reducir el presupuesto a las Universidades Estatales en un 50 %. Esto y decirles a los Consejos Universitarios que cierren o que aranceles es lo mismo.  

Los distintos gobiernos dictatoriales lo primero que hacían al ocupar el gobierno   era intervenir las Universidades aduciendo que estas altas casas de estudio eran focos de comunistas y subversivos. Ahora estamos gobernados por ciudadanos elegidos democráticamente y en elecciones libres, por eso llama la atención que para silenciar la opinión de estos jóvenes, futuros dirigentes, no se les ocurre nada mejor para acallarlos que acusar a los Rectores .de politizar los claustros, junto a falencias administrativas malversando sus presupuestos.

Hoy estamos transitando una de peores crisis que vivimos desde hace años. En estas circunstancias hay que ahorrar achicando gastos superfluos, que en nuestro país abundan, pero también debe quedar muy claro que paralelamente se debe priorizar disciplinas que harán que salgamos más rápido de estas crisis y comencemos a transitar la senda del progreso definitivo.  

La educación, en sus tres niveles es una de ellas. Lo que se gasta no debe interpretarse como gasto, se debe interpretar como Inversión. Por eso es lastimoso lo que hace hoy el Estado Argentino, abandonando a las Universidades a su libre albedrío retaceando aún más su hoy escaso presupuesto.  

No olvidemos que de sus claustros salieron 5 premios Nobel, se graduaron y se formaron profesionales respetados en el mundo entero como el Dr. René Favaloro y muchos otros.

Si el Poder Ejecutivo considera que se malversan los dineros que reciben estas instituciones debe auditar sus cuentas (la autonomía universitaria no se verá afectada por ello, además estas ya son auditadas por la auditoría General de la Nación).  

Que en sus claustros se polemice de política me parece muy bien. ¿Quiénes si no los jóvenes y futuros dirigentes de este país deben esclarecerse en esa tan cuestionada y desacreditada disciplina? ¿No estamos pidiendo que los políticos argentinos estén mejor formados? Por todo ello adhiero e invito a la movilización del día martes 23 de abril por una Universidad que responda enteramente al espíritu de la Reforma Universitaria del 18. 

En una muestra de unidad y compromiso con la causa, se ha fijado la fecha del próximo 23 de abril para llevar a cabo esta importante movilización. La concentración está programada para las 19:00 horas en la Plaza Urquiza de la ciudad, desde donde los participantes marcharán hacia el Gazebo de la Plaza 25 de Mayo.En este emblemático lugar, se llevará a cabo una clase pública de concientización sobre la crítica situación que atraviesan las Universidades Nacionales, el sistema Científico Tecnológico, y la Educación Pública en general. Será un espacio para informar y sensibilizar a la comunidad sobre los desafíos y las amenazas que enfrenta el sector educativo en la actualidad.

Desde el Salón Arturo Illia las comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda, a cargo de la sanjuanina Cristina López Valverde (FdT) y el riojano Ricardo Guerra (FdT) respectivamente, dictaminaron los proyectos que crean la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado con sede central en el distrito de Cañuelas, provincia de Buenos Aires; la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede en Paraná, Entre Ríos, y la Universidad Nacional de Saladillo en la provincia de Buenos Aires. El objetivo de los senadores oficialistas convertirlas en ley en la primera semana de noviembre, a más tardar.

No fueron los únicos temas de la agenda. En el trascurso del día, agregaron al temario un proyecto de la senadora Clara Vega para crear la Universidad Nacional de Aimogasta con sede central en la ciudad de Aimogasta, departamento de Arauco de la provincia de La Rioja, que tuvo dictamen favorable.

También se le dio tratamiento y despacho al proyecto de resolución de la senadora Cristina del Carmen López Valverde, para crear el Instituto Nacional del Libro Argentino (INLA).

Universidades en Buenos Aires,

Entre Ríos y La Rioja

Al inicio del encuentro, López Valverde informó dos cambios en la composición de las comisiones. Así los senadores Marcelo Lewandowski (FdT- Santa Fe) y Anabel Fernández Sagasti (FdT – Mendoza) se incorporaron a la Comisión de Educación y Cultura en reemplazo de María Teresa Margarita González y Ana María Ianni.

Hecha la aclaración, la sanjuanina se refirió a la Universidad del Salado y remarcó que el proyecto se viene presentando desde 2015 en cuatro oportunidades hasta que “al final tuvo dictamen favorable y cuanta con el proyecto de factibilidad y del CIN”.

“Esto tiene que ver con una estrategia de políticas universitarias y superiores para hacer la oferta a los jóvenes del lugar, evitando el desarraigo y potenciando a los jóvenes en aquellas disciplinas que tienen que ver con la producción regional”, señaló y agregó: “Esta universidad responde a problemáticas y necesidades de estrategias para el desarrollo regional y la propuesta curricular contempla en su desarrollo la enseñanza en aula presencial y virtual”.

Respecto de la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz explicó que “se constituye sobre la base de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER y desde el 2021 es la que cuenta con mayor matrícula de estudiantes. Su campo de enseñanza abarca lo que es la formación docente necesaria porque hay pocos docentes y hay que aumentar el número y que estén bien formados. La educación, las ciencias sociales, humanidades, artes y el campo de la salud pública y mental, este último aspecto es importante porque se pretende trabajar desde una perspectiva de derechos y se está estimulando y motivando a que todas las universidades contemplen los problemas de salud mental y que sean atravesados y profundizados más aún post Covid-19”.

Al hacer referencia a la creación de la Universidad del Saladillo, López Valverde indicó que cuenta con el estudio de factibilidad y el acuerdo favorable del CIN. “Básicamente se va a centrar en las ciencias agropecuarias, ciencias básicas, aplicadas y tecnológicas, ciencias sociales que incluyen títulos de grado, posgrado, tecnicaturas y diplomaturas. Las propuestas se orientan al turismo rural, la cultura, la formación docente, el desarrollo humano, ambiente, producción y la empresa con acento en tecnología y biotecnología”, detalló y sumó que apunta “a la realidad circundante y a la necesidad de diversificar la oferta académica y de contar con profesionales en ciertas disciplinas que tienen que ver con la realidad económica y que, a veces, no tenemos la cantidad suficiente de egresados”.

La senadora nacional Clara Vega (Hay Futuro Argentina) defendió el proyecto que presentó respecto a la creación de la Universidad Nacional de Aimogasta (UNA) con sede en el departamento de Arauco y expresó que “venimos presentándolo desde el 2021 y es muy importante por la trayectoria de La Rioja en educación”.

“Esta es la mejor forma de homenajear a Joaquín v. González porque también, en 1918 varios riojanos fueron parte de la reforma universitaria”, señaló Vega. Además, sostuvo que “la gestión de varios ministros como Joaquín Santos Salinas acompañó a la transformación de la creación de escuelas”.

Respecto a los beneficios en la localidad respecto a la creación de la casa de altos estudios, la senadora explicó: “Es un departamento con mucha producción olivícola y desarrollos termales”. “Parque Arauco tiene la posibilidad de ser un parque hídrico para mayor regularidad de ingreso y producción de energía y está al norte de La Rioja”, indicó.

Así las cosas, Vega reiteró que “si hoy podemos darle dictamen –al proyecto- pondríamos una semilla en el norte argentino para jerarquizar e igualar y Arauco está interrelacionado con Catamarca y muy cerca de Chile”. También, manifestó que “busca generar la llegada de la mayor cantidad de alumnos para las carreras”.

“Creemos que podemos avanzar en igualar y mejorar para ser generadores de esta transformación porque la universidad forma para generar trabajo”, expresó, y concluyó: “Todos nosotros podemos acompañar para que muchos estudiantes que no pueden irse a otro lugar a estudiar tengan ese polo de desarrollo científico y tecnológico para generar autonomía energética. Vamos por ese sueño”.

Fuente. Parlamentario

Once universidades argentinas, entre ellas cuatro públicas, fueron destacadas entre las más prestigiosas del mundo según la duodécima edición del ranking internacional difundido por la consultora Quacquarelli Symonds (QS), especializada en el análisis de la educación superior a nivel internacional.

De las casi 24.000 universidades que hay en el mundo, este ranking evalúa a las 1.000 instituciones más sobresalientes e influyentes de la educación superior a nivel global con el objetivo de brindar a la comunidad académica un informe detallado de cada casa de altos estudios.

Entre otros parámetros, considera la reputación mundial del empleador y académica; la capacidad docente; la proeza investigadora; la internacionalización; empleabilidad y la sostenibilidad.

“A nivel de indicadores, las instituciones argentinas obtienen los mejores resultados en la medida de QS del tamaño de las clases y la disponibilidad de recursos”, arrojó el análisis.

La Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) se encuentra en el puesto número 95 y logró un destacado desempeño al ubicarse entre las 20 mejores de renombre mundial según los empleadores internacionales, destacaron.

Esto la mantiene en “el TOP 100 mundial de manera ininterrumpida desde el año 2015” y la erige en “la única casa de altos estudios pública, masiva, intensiva en investigación y gratuita en alcanzar esta posición”, precisaron.

Después de la UBA, se encuentran las argentinas Pontificia Universidad Católica Argentina (514); Universidad Austral (520); Universidad de Palermo (530); Universidad Nacional de La Plata (540); Universidad de Belgrano (entre la 761 y 770); Instituto Tecnológico de Buenos Aires ITBA (791-800); Universidad San Andrés (801-850); Universidad Di Tella (851-900); y las universidades nacionales de Córdoba y Rosario (951-1000).

En cuanto a la reputación mundial, la UBA “goza de una excepcional consideración internacional” ya que alcanzó “el puesto más alto de Argentina en cualquier indicador individual de Reputación del Empleador, en el que ocupa el puesto 20 en el mundo”.

También obtuvo “excelentes resultados” en Reputación Académica, que tiene en cuenta las respuestas de 144.000 académicos de todo el mundo, situándose en el puesto 36 a nivel mundial.

Es la única universidad argentina que se sitúa entre las 100 mejores del mundo en cualquiera de las dos métricas, resaltaron.

En cuanto a capacidad docente, la Pontificia Universidad Católica Argentina se destacó con la puntuación más alta del país en la ratio profesorado/alumno, situándose en el puesto 22.

En International Research Network, seis universidades se sitúan entre las 1.000 mejores del mundo, y la mejor clasificada, la UBA, ocupa el puesto 470.

En cuanto a la internacionalización, la Universidad de Palermo (UP) se destacó como líder nacional y ocupa el puesto 79 en este indicador, lo que la convierte en la universidad latinoamericana con mejor puntuación.

En el nuevo indicador de Resultados Laborales, que evalúa las tasas de empleo y las perspectivas profesionales de los graduados, la UBA fue “la mejor situada, en el puesto 311”.

Por su parte, el rector de la Universidad Austral, Julián Rodríguez, consideró que “es un logro que, año tras año, nuestra institución sea reconocida como una de las mejor posicionadas en la región, en cuanto a la calidad de sus programas y la relevancia de la producción científica de sus docentes”.

El ranking está liderado, por duodécimo año consecutivo, por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Cambridge, en el segundo puesto, mientras que la Universidad de Oxford ocupa el tercero, concluyó el informe.

El Gobierno talibán de Afganistán prohibió a las estudiantes presentarse a las pruebas de acceso a la universidad, una medida que amplía el veto a la educación superior femenina dictado por las autoridades el mes pasado.

En un comunicado, el Ministerio talibán para la Educación Superior ordenó a las universidades públicas y privadas del país que impidan a las estudiantes realizar el examen de ingreso universitario, que tendrá lugar a finales de febrero, informó la cadena de noticias Tolo News.

Cualquier institución que se niegue a adoptar esta decisión será castigada con las medidas legales amparadas en el código penal islámico, argumentaron los fundamentalistas, que gobiernan el país según su interpretación radical de la ley islámica.

La prohibición quedará en vigor �Shasta nuevo aviso⬝, concluye la nota, citada por la agencia de noticias ANSA.

Esta nueva imposición se da un mes después de que Kabul vetara el acceso de las alumnas a las universidades por �Sviolar las leyes del Islam⬝ y ordenara a las ONG locales e internacionales suspender la contratación y el trabajo del personal femenino.

Estas medidas se suman a una serie de restricciones contra la libertad femenina impuestas por los talibanes desde su llegada al poder en agosto de 2021, pese a sus promesas iniciales de respetar los derechos de las mujeres y no volver a la brutal represión de su primer Gobierno (1996-2001).

Durante su gobierno, las 19 millones de afganas se vieron excluidas del empleo -salvo algunos trabajos específicos como sanitarios o de enseñanza- y privadas de la educación secundaria y la práctica deportiva, además de estar obligadas a usar el velo integral, no poder viajar solas y estar segregadas en los espacios públicos.

Más allá de las críticas de la comunidad internacional e incluso de la Organización para la Cooperación Islámica, los talibanes insisten en pedir respeto a su decisión basada en su interpretación radical de la ley islámica, reportó la agencia de noticias Europa Press.

Al respecto, Bisogni dijo que "estos convenios son de gran importancia dada la trayectoria de ambas casas de altos estudios, que tiene como propósito brindar de manera sistemática, sostenida y sin costo acciones de capacitación para todo el personal de la repartición provincial⬝.

En ese sentido, el funcionario destacó que �Ses una forma de trabajo y planificación que ha asumido el gobernador Gustavo Bordet, de articular y avanzar en conjunto con facultades, universidades y los colegios de profesionales en la búsqueda de la profesionalización permanente para el personal y un incentivo en la formación del recurso humano en el Estado provincial⬝.

Por su parte, el decano de la UTN regional Paraná, Alejandro Carrere manifestó la importancia del convenio �Sque permitirá brindar un mejor servicio a la comunidad basados en la capacitación y el fortalecimiento de las capacidades que tiene el personal del organismo, y donde la universidad aporta tecnología, asesoramiento y transferencia de información científica y técnica⬝.

En tanto, el Rector de Uader, Luciano Filipuzzi señaló que "es muy importante llevar adelante este convenio porque Uader es la universidad de la provincia de Entre Ríos y es necesario poder relacionarnos con los distintos organismos, que nos permitirá llevar adelante todo lo referido a las capacitaciones⬝.

Además participaron del encuentro los vocales de IAPV Marcelo Báez y Juan Martínez.

Por la UTN Paraná participaron el coordinador de relaciones institucionales, Hernán Pirro, la coordinadora de capacitación, Laura Cesarini y el subsecretario de coordinación tecnológica Eduardo Zamboni.

Mientras, que por Uader intervinieron el decano de la facultad de Ciencias de la Gestión Carlos Cuenca, el Secretario General de la Universidad Mariano Camoirano y la secretaria general de la facultad Ciencias de la Gestión, Camila Giménez .

�SLa decisión del intendente Alfredo Francolini es propiciar más espacios de participación y profundizar la democracia en todos los aspectos.

Por eso llevamos el programa de Presupuesto Participativo a la Universidad, para que los estudiantes se apropien de esta herramienta y les sirva para seguir ejerciendo ciudadanía�S, indicó Laura Gervasi, directora de Presupuesto Participativo de la Municipalidad.

�~Junto al Jefe de Gabinete Fernando Barboza nos reunimos virtualmente con el Decano de la UTN Concordia Ing. Jorge Penco y los miembros del Centro de Estudiantes para que ellos puedan elegir qué hacer y cómo invertir el destino de los fondos municipales⬝, explicó Gervasi. Desde el Centro de Estudiantes de UTN Concordia presentaron un proyecto, que será puesto a consideración de los estudiantes, para evaluar su factibilidad de instrumentarlo a través de este programa.

�SEn la Argentina hay pocas universidades que implementan el Presupuesto Participativo y en Entre Ríos ésta será la primera experiencia⬝ comentó Gervasi. 

 �SLa comunidad universitaria podrá debatir de manera transparente, colectiva y democrática el destino de este presupuesto, es un mecanismo innovador para la gestión de la Universidad Pública⬝, agregó.

�SA partir de esta experiencia esperamos poder llevar esta línea de trabajo a las otras universidades que tenemos en la ciudad, trabajando en conjunto y profundizando los procesos democráticos en la gestión universitaria, aportando desde el Municipio recursos para beneficio de los estudiantes, y también ampliando los espacios de participación⬝, concluyó.

Más allá de lo estrictamente pedagógico sobresale el compromiso con la comunidad, los proyectos de investigación y el asesoramiento permanente a los ámbitos que tratan la emergencia y las comunidades en que se insertan.

Los datos vertidos en el informe que realizaron las autoridades de la Universidad Nacional de Entre Ríos: Universidad Autónoma de Entre Ríos; Universidad Tecnológica Nacional. Regional Paraná; Universidad de Concepción del Uruguay y Universidad Adventista del Plata, reflejan la capacidad de adaptación rápida del sistema educativo superior a las nuevas modalidades y su compromiso comunitario.

El trabajo de sistematización de la información surgió como respuesta al diálogo permanente que las casas de estudio mantienen en el Foro Universidades de la Región Centro capítulo Entre Ríos.

A continuación, se presenta una ajustada síntesis del camino recorrido en este período inter pandemia y los resultados del estudio realizado, sobre las políticas, acciones, intervenciones, infraestructura y equipamiento para enfrentar la pandemia Covid-19 y el consecuente aislamiento y distanciamiento social estipulado desde el gobierno nacional y provincial.

Abordaje según ejes temáticos

Las universidades organizaron la información atendiendo a los siguientes ejes temáticos: Asesoramiento, consultorías técnicas y protocolos en relación a la enfermedad; Asesoramiento, consultorías y protocolos que ayuden a mitigar los efectos colaterales de la pandemia; Infraestructura y equipamiento puesto a disposición de la situación; Programas y acciones tendientes a virtualizar la actividad académica y el teletrabajo y los Programas y acciones de cuidado al interior de la propia comunidad universitaria.

Toda la actividad de grado, pregrado, posgrado y extensión están operativas con la utilización de plataformas de videoconferencias para el dictado de clases en los horarios previstos antes para el dictado presencial, lo que se completa con el uso generalizado de las Aulas Virtuales. Asimismo, se están realizando las actividades de evaluación parciales y finales con el uso de dichas herramientas. La totalidad de las carreras ofrecen tutorías para los espacios virtuales y han organizado el trabajo remoto en cada unidad académica incluso en su aspecto técnico y administrativo. Todas han avanzado hacia el desarrollo de mecanismos de toma de decisiones en reuniones virtuales y han egresado los primeros estudiantes de modo ciento por ciento on-line.

El ciento por ciento de las carreras realizó un exhaustivo trabajo de aislamiento correspondiente con los alumnos que llegaron de países o provincias afectadas. En el caso particular de la Universidad Adventista del Plata (UPA), dentro del campus universitario se delimitó un área de uso exclusivo de los 480 alumnos pupilos, del cual no pueden salir.

Todas las universidades realizan diversas acciones de promoción y contención comunitaria, atendiendo a adultos mayores, mujer y género, salud mental, asistencia alimentaria a los estudiantes de menos recursos, ampliación del sistema de becas. En el caso particular de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), se entregaron 300 módems a fin de asegurar la conectividad de sus estudiantes.

Sobre la convocatoria que realizó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación para proyectos de investigación y desarrollo para enfrentar el Covid-19, todas ellas presentaron diversas propuestas, quedando seleccionados 11 por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y seis por la Uader, seis de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y uno de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU).

A fin de colaborar con el plan de emergencia provincial las universidades en su totalidad pusieron a disposición de las autoridades su capacidad técnica a través de la colaboración de estudiantes avanzados y graduados, interviniendo en la puesta a punto y calibración del equipamiento médico disponible en los hospitales cabeceras. Relevamiento, elaboración de protocolos de bioseguridad, asesoramiento para la confección de mascarillas 3-D y materiales de actualización en la materia. Además en algunos casos de la elaboración de la solución hidro-alcohólica para centros de salud y comedores comunitarios.

Por último, cabe destacar que las universidades en la totalidad de su oferta académica han puesto sus canales de información y difusión al servicio de la prevención de la pandemia y, además, han ofrecido distintas propuestas culturales que contribuyan a la contención comunitaria en este difícil momento a través de sus redes sociales, las radios universitarias y los micro-televisivos que algunas de ellas poseen.

Sobre el Foro Universidades

La Junta de Gobernadores de la Región Centro acordó la implementación y puesta en marcha de cuatro foros que tuvieran por protagonista a la sociedad civil y que fueran capaces de articular las mejores estrategias de vinculación entre el ámbito público y privado.

El de Foro Universidades como espacio de intercambio tiene por misión realizar diferentes aportes a la construcción de políticas públicas desde una mirada académica, es decir, desde una perspectiva ética, epistemológica y crítica de los procesos científicos y sociales que tienen lugar en la región.

Desde la creación del foro se han desarrollado proyectos con una visión común: la integración con inclusión y la permanente mejora de la calidad educativa, la ciencia y la tecnología como herramientas de equidad en las condiciones estructurales de producción.

Frente a la actual crisis sanitaria y económica, el foro propició el diálogo y el intercambio de ideas sobre el diagnóstico y las propuestas que las universidades de la provincia realizan para evitar la propagación de una enfermedad desconocida, contenerla en caso de ser necesario, y avanzar en la programación de proyectos de investigación y extensión sobre el tema. (Prensa Ente Región Centro)

El mandatario se dirigió al funcionario nacional, en su carácter de coordinador de la Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional, y solicitó que en el ámbito de la provincia de Entre Ríos las universidades puedan tomar de manera presencial los finales de las carreras de pregrado, grado y posgrado cursadas en las mismas.

En la nota, el mandatario detalla que tal petición realizada por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regionales Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay, �Stiene como correspondencia que el cursado de las distintas carreras en las mismas se han desarrollado mediante tecnologías de la información y la comunicación, tornándose imprescindible la realización de los exámenes finales presenciales, como instancia que cierra el proceso enseñanza-aprendizaje, permitiendo dar cuenta de la efectiva realización del derecho a la educación, no solo en cuanto al aspecto de asistencia a clases sino también a la continuidad de los estudios emprendidos luego de acreditar los saberes correspondientes⬝.

Precisa que �Sa tal fin, dichas universidades han aprobado dentro del marco de sus competencias, los respectivos protocolos atendiendo la actual situación sanitaria, contemplando las medidas de distanciamiento, sanitarias, de prevención y actuación frente a la pandemia, instándose en consonancia con lo establecido en el Decreto 520/20 precitado, el establecimiento de protocolos adicionales, específicos para la realización de exámenes finales, incluyendo el registro de los asistentes a cada espacio, conforme determinadas pautas, contenidas en dicha presentación, y poniéndolos a consideración⬝.

Detalla además, que dicha solicitud tiene fundamento en la situación epidemiológica favorable actual de la provincia, luego de ser evaluada y aprobada por nuestra máxima autoridad sanitaria jurisdiccional Comité de Organización de Emergencia de la Salud (COES).