El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard, junto al decano de la UCA Sede Paraná Teresa de Ávila, Marcelo Adrián Agolti, suscribió un convenio de beneficios entre la Fundación Universidad Católica Argentina (UCA) Facultad Teresa de Ávila y el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. Acompañó el acto de rúbrica la coordinadora de Recursos Humanos del ministerio, Nancy Velázquez.

Este nuevo convenio se inscribe en la política de capacitación y desarrollo del capital humano que posee el Ministerio de Planeamiento. Al respecto, el ministro Marcelo Richard destacó que “con esta nueva rúbrica se continúa fortaleciendo el capital humano que se tiene dentro del ministerio, como así también en el seno familiar”.

“A lo largo de la gestión hemos celebrado diferentes convenios con múltiples universidades públicas que se encuentran dentro de la provincia. Ha sido para incorporar, mediante el sistema de pasantías, a estudiantes avanzados que reforzaron diferentes áreas dentro del propio ministerio. Seguimos apostando por la educación, ahora morigerando el costo del valor de una cuota”, precisó el ministro.

En tal sentido, el convenio firmado tiene por objeto favorecer el acceso de los empleados del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios y sus familiares directos (cónyuge, hijos, padres y hermanos) a las ofertas educativas de la UCA, a efectos de fomentar, promover y facilitar el progreso y la capacitación de sus recursos humanos. Asimismo, la UCA pondrá a disposición del organismo provincial su oferta educativa correspondiente a cursos y carreras vigentes de la Facultad Teresa de Ávila, asumiendo el compromiso de bonificar un porcentaje sobre los aranceles (no así sobre la matrícula) de la oferta educativa que deseen tomar el personal del ministerio y sus familiares directos.

La duración del convenio se establece en un (1) año, contado a partir del día de su firma, salvo rescisión anticipada que hiciera cualquiera de las partes mediante notificación fehaciente con una antelación no menor a 30 (treinta) días corridos.

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA UCA) publicó el documento estadístico: �SRetorno a la senda de privaciones que signan a la infancia argentina. Las deudas sociales con la infancia se retrotraen a los niveles prepandemia, marcando lo estructural de las carencias y desigualdades sociales que condicionan su desarrollo⬝. El estudio revela que 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes (NNyA) de hasta 17 años son pobres (8,2 millones) y que más de 4,2 millones tienen problemas de alimentación.

El informe recorre diferentes dimensiones de derechos de los NNyA, procurando ofrecer un diagnóstico preciso de la evolución de las principales deudas sociales y desigualdades sociodemográficas, socioeconómicas y regionales urbanas, asociadas a cada dimensión de derechos en el período 2010-2022: 1) Alimentación, 2) Salud, 3) Hábitat, 4) Subsistencia, 5) Crianza y socialización, 6) Información, 7) Educación y 8) Protecciones especiales: trabajo infantil.

Derecho a la alimentación

Los datos indican que el derecho a la alimentación de (NNyA) en el país es una deuda pendiente cuyo balance general es negativo. En efecto, entre 2010 y 2022, la situación de inseguridad alimentaria se incrementó un 44 %; sin embargo, el mayor deterioro se registra en los últimos cinco años. Se registra el peor momento de la serie en plena pandemia de 2020, llegando al 37,2 %. Y, si bien en los últimos dos años postpandemia se registra una mejora, los niveles de privación alimentaria afectan a un tercio de la población de NNyA en el segundo semestre del 2022.

La inseguridad alimentaria severa -que afecta especialmente a los NNyA, porque es cuando los progenitores reconocen que sus hijos/as han pasado hambre por no tener que comer- ha seguido una tendencia más estable e incluso se ha ubicado por debajo de los dos dígitos entre 2014 y 2017, pero en los últimos cincos años se incrementó de modo significativo y alcanzó el 15 % en 2020, logrando una progresiva recuperación y llegando al 12,4 % en 2022. En este marco, las ayudas alimentarias directas e indirectas no han dejado de aumentar en cuanto a su cobertura. Justamente, las ayudas alimentarias directas en comedores escolares, y comunitarios, así como la copa de leche, entre otros, han incrementado su cobertura de modo progresiva y, a partir de 2020, sumaron una ayuda indirecta, como es la Tarjeta Alimentar. Estas ayudas alcanzaron en plena pandemia al 46,5 % de la población de NNyA, pero en 2022, llegaron de una u otra forma al 59 %. Sin dudas, erradicar el hambre es una meta compleja, porque supone diferentes estrategias de intervención y cambios en las economías domésticas. Existe consenso entre los especialistas en torno a que estas ayudas directas e indirectas han sido claves en ciertos contextos, como la crisis sanitaria y social del Covid-19, pero también es claro que se revelan insuficientes en un mercado laboral inestable, con elevado nivel de informalidad y crecientes niveles de inflación. Lógicamente, esta síntesis apretada esconde en los promedios injustas desigualdades sociales y regionales, que son descriptas en el mismo informe en el apartado específico. Solo a los efectos de representar de modo resumido dichas brechas cabe mencionar que, en el segundo semestre de 2022, un niño/a en el 25% más pobre registraba 17 veces más chances de estar en una situación de privación alimentaria por problemas económicos que un par ubicado en el 25 % superior. Y que dicha situación se elevaba por encima del promedio en la población de NNyA del Conurbano Bonaerense y de las principales áreas metropolitanas del país.

Derecho a la salud

El ejercicio del derecho a la salud es complejo y multidimensional porque se trata de acceder a la atención de la salud, pero también de gozar de buena de salud. Como es tradición en el marco de los estudios del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, se ofrece una aproximación parcial al fenómeno y vinculada al déficit de acceso a la atención de la salud clínica preventiva y odontológica de tipo preventiva. También se considera un indicador de cobertura que no es valorado como un déficit, pero sí como un desafío de atención por parte de los servicios estatales de salud. Justamente, cabe reconocer primero que los servicios estatales de salud tienen el desafío de ofrecer oportunidades de atención de la salud preventiva al 58,4 % de la población de NNyA en el país urbano. Cada vez el desafío de cobertura es mayor y ello sin dudas guarda correlato con la situación de precariedad e informalidad laboral de los progenitores. Este desafío de atención es mayor entre los más vulnerables donde llega al 80 y 90 % según el estrato social que se considere. Asimismo, se ubica por encima del promedio nacional en el Conurbano Bonaerense y áreas metropolitanas del interior. Más allá de este dato estructural que marca la responsabilidad de los Estados en términos de ofrecer estructuras de oportunidades en la atención preventiva de la salud del niño/a sano, una proporción que se estima en un 18,4 %, en 2022, no realizó una consulta médica a un pediatra o clínico en el último año. Este nivel de incidencia representa una fuerte recuperación en relación a los elevados niveles de déficit de la pandemia y postpandemia 2020 y 2021, y un retorno al momento previo. El déficit de atención se eleva por encima del promedio en la adolescencia, a medida que desciende el estrato socioeconómico y en la población del Conurbano Bonaerense.

La atención de la salud odontológica es un claro problema que de modo progresivo ha empeorado alcanzando sus máximos niveles de déficit en la pandemia donde el 65 % de los NNyA entre 3 y 17 años no consultaron por su salud bucal. El regreso a los consultorios odontológicos fue paulatino y recién en el segundo semestre de 2022 se llega a niveles similares a los prepandemia, pero aún por encima de los mismos (44,9 %). Se trata de un déficit de tipo estructural y que salvo en pandemia suele mantenerse muy estable. Las desigualdades son sociales, regionales, pero también por ciclo vital. La consulta al odontólogo es menos frecuente en los primeros años y en la adolescencia. El déficit de atención se ubica muy por encima del promedio en el Conurbano Bonaerense.

Derecho a un hábitat digno

El hábitat de vida representa mucho en términos de recurso esencial para el desarrollo del máximo potencial de un niño/a. La vivienda requiere de una construcción protectora ante las inclemencias del tiempo, contar con espacio para lograr diferenciar las actividades, rutinas, y garantizar la privacidad y el buen descanso. Asimismo, se trata de un espacio que requiere de servicios y uno de los más prioritarios y sensibles al desarrollo del niño/a es el acceso a agua segura y sanitarios. Por supuesto, que el medio ambiente en el que se ubica la vivienda también es relevante por su potencial contaminante y su incidencia en la salud.

Si bien se trata de un recorte de indicadores sobre el espacio del hábitat de NNyA, permite reconocer deudas sociales muy persistentes y con marcadas disparidades sociales. Por ejemplo, la precariedad de la vivienda afecta a dos de cada diez NNyA en el país urbano, y el hacinamiento también. Pero el déficit de condiciones sanitarias adecuadas duplica su incidencia, y en lo mismo ocurre con la contaminación del medio ambiente.

Durante la pandemia por covid-19 estos indicadores no se modificaron salvo el del medio ambiente que había mejorado como consecuencia del aislamiento social y la merma del transporte, y la producción. No obstante, tras tres años se ha recuperado el nivel de contaminación y las condiciones habitacionales de la población de NNyA sigue siendo deficitaria para proporciones significativas. Lógicamente, las privaciones en la construcción de la vivienda, el hacinamiento y el déficit de saneamiento se profundizan en condiciones de vulnerabilidad social y repercuten especialmente en la población del Conurbano Bonaerense.

Derecho a la subsistencia

Muchas de las barreras al desarrollo se suelen vincular a la situación de pobreza de los hogares con niños/as. Y, si bien la complejidad de la pobreza en el ejercicio de derechos responde a múltiples causas, una innegable es el déficit de acceso a recursos económicos de los hogares. La pobreza monetaria en la población de NNyA asciende en el segundo semestre de 2022 al 61,5 %, y dentro de esta población se estima que 13,1 % son indigentes. Si bien esta incidencia es menor a la observada en pandemia y postpandemia, todavía es levemente superior a la registrada en la prepandemia. No ocurre lo mismo con la indigencia que logra ubicarse en los valores prepandemia. Lo que no ha dejado de incrementarse paulatinamente es la cobertura de las transferencias de ingresos orientadas a los sectores sociales más vulnerables. Se estima que, en 2022, la AUH y otras transferencias han alcanzado al 49,8% de la infancia y adolescencia, alcanzado niveles más elevados que en la prepandemia, e incluso que en la pandemia.

El dato representa una leve baja respecto de 2020, cuando la pobreza arrojaba 44,7%, pero sigue por encima del 39,8% de 2019.

Entre julio y octubre de 2021, el 43,8% de las personas eran pobres, mientras el 8,8% eran indigentes.

Sin los planes, la pobreza subiría del 43,8% a 48,9%, de acuerdo con el estudio.

Los niveles de indigencia se encuentran en valores relativamente similares a los de la prepandemia: la pobreza por ingresos es aún superior a la que se registraba en 2019, cuando llegaba al 39,8%.

Salvia señaló que los planes sociales son "fundamentales para evitar que se dispare la indigencia", y sostuvo que sin estas ayudas, ese índice subiría del 8,8% al 18%.

Los expertos de la UCA alertaron que la franja etaria de los más jóvenes es la única en la que la pobreza volvió a subir, al presentar los nuevos datos del barómetro de la deuda social.

Así, la medición tiene registros mejores a los de 2020, aunque advierten que persiste el deterioro socioeconómico, en buena medida por la inflación.

Según el relevamiento, entre el tercer trimestre de 2021 y el mismo período del 2020, la pobreza se redujo del 44,7% al 43,8%, mientras el desempleo retrocedió del 14,2% al 9,1%.

Por el efecto del confinamiento severo que generó la pandemia, entre 2019 y 2020 la tasa de desocupación se incrementó de 10,6% a 14,2%.

Tanto en 2020 como este año, impactó fuerte el "efecto desaliento", de desocupados que abandonaron la búsqueda de empleo al ver que disminuían las chances de conseguir trabajo.

La UCA estima que sin ese fenómeno la desocupación se habría incrementado a niveles cercanos al 28,5% en 2020, y al 12,5% en 2021.

En 2021 sólo el 42,1% de la población económicamente activa tenía un empleo pleno de derechos, mientras el 29,6% tenía uno precario, el 19,2% un subempleo inestable y el 9,1% estaba desocupado.

Esta situación, unida al efecto de la inflación, hizo que entre 2019 y 2021 el poder adquisitivo del total de los ocupados disminuyera 7,4%.

En 2021, la media de los ingresos mensuales del total de los ocupados fue de $50.534.

Para trabajadores con empleo pleno el ingreso medio fue de $68.973 y para los que tienen un subempleo inestable fue de $18.637.

Agustín Salvia, responsable del trabajo, dijo que el empleo se recupera más en el sector informal, pero allí a su vez golpea fuerte la inflación.

Dijo que observaron un "empobrecimiento de las clases medias con capacidades de ahorro".

El impacto sobre la niñez

El relevamiento estimó que en 2021 el 64,9% de los niños/as y adolescentes vivían en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza, y el 14,7% en viviendas con ingresos por debajo de la frontera de la indigencia.

En 2020, la pobreza había llegado al 44,7%, y no escaló más allá por el impacto de medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), con tres bonos de $10.000 para 9 millones de personas.

Salvia alertó que a la Argentina le tomará varios años volver a los niveles de pobreza del 2017, cuando el indicador estaba en 28%.

El dato representa una leve baja respecto de 2020, cuando la pobreza arrojaba 44,7%, pero sigue por encima del 39,8% de 2019.

Entre julio y octubre de 2021, el 43,8% de las personas eran pobres, mientras el 8,8% eran indigentes.

Sin los planes, la pobreza subiría del 43,8% a 48,9%, de acuerdo con el estudio.

Los niveles de indigencia se encuentran en valores relativamente similares a los de la prepandemia: la pobreza por ingresos es aún superior a la que se registraba en 2019, cuando llegaba al 39,8%.

Salvia señaló que los planes sociales son "fundamentales para evitar que se dispare la indigencia", y sostuvo que sin estas ayudas, ese índice subiría del 8,8% al 18%.

Los expertos de la UCA alertaron que la franja etaria de los más jóvenes es la única en la que la pobreza volvió a subir, al presentar los nuevos datos del barómetro de la deuda social.

Así, la medición tiene registros mejores a los de 2020, aunque advierten que persiste el deterioro socioeconómico, en buena medida por la inflación.

Según el relevamiento, entre el tercer trimestre de 2021 y el mismo período del 2020, la pobreza se redujo del 44,7% al 43,8%, mientras el desempleo retrocedió del 14,2% al 9,1%.

Por el efecto del confinamiento severo que generó la pandemia, entre 2019 y 2020 la tasa de desocupación se incrementó de 10,6% a 14,2%.

Tanto en 2020 como este año, impactó fuerte el "efecto desaliento", de desocupados que abandonaron la búsqueda de empleo al ver que disminuían las chances de conseguir trabajo.

La UCA estima que sin ese fenómeno la desocupación se habría incrementado a niveles cercanos al 28,5% en 2020, y al 12,5% en 2021.

En 2021 sólo el 42,1% de la población económicamente activa tenía un empleo pleno de derechos, mientras el 29,6% tenía uno precario, el 19,2% un subempleo inestable y el 9,1% estaba desocupado.

Esta situación, unida al efecto de la inflación, hizo que entre 2019 y 2021 el poder adquisitivo del total de los ocupados disminuyera 7,4%.

En 2021, la media de los ingresos mensuales del total de los ocupados fue de $50.534.

Para trabajadores con empleo pleno el ingreso medio fue de $68.973 y para los que tienen un subempleo inestable fue de $18.637.

Agustín Salvia, responsable del trabajo, dijo que el empleo se recupera más en el sector informal, pero allí a su vez golpea fuerte la inflación.

Dijo que observaron un "empobrecimiento de las clases medias con capacidades de ahorro".

El impacto sobre la niñez

El relevamiento estimó que en 2021 el 64,9% de los niños/as y adolescentes vivían en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza, y el 14,7% en viviendas con ingresos por debajo de la frontera de la indigencia.

En 2020, la pobreza había llegado al 44,7%, y no escaló más allá por el impacto de medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), con tres bonos de $10.000 para 9 millones de personas.

Salvia alertó que a la Argentina le tomará varios años volver a los niveles de pobreza del 2017, cuando el indicador estaba en 28%.

La cifra implica un 30,5% de personas en ese rango de edad con problemas alimentarios y constituye un incremento del 48,3% en relación con igual parámetro de 2015.

El estudio también revela que mientras en 2019 la inseguridad alimentaria total trepó sólo un punto porcentual y la severa (pasar hambre) subió de 13,5 a 14%, la alimentación gratuita en escuelas y comedores comunitarios (almuerzos, desayunos, copas de leche y viandas) tuvo un �Screcimiento muy significativo⬝, dado que pasó del 34,6 al 39,2% de cobertura en ese período.

Este último dato implica que a fines del último año casi 4 de cada 10 niños y adolescentes debían cubrir su dieta alimentaria de esta forma.

La relación entre estos dos indicadores permite inferir, según la ODSA UCA, que �Sel incremento de esta cobertura alimentaria no fue suficiente para contener la crisis socioeconómica⬝.

�SSi bien la información que se ofrece corresponde a la evolución 2010-2019, y puede resultar desactualizada ante la actual crisis social y sanitaria, es la línea de base con la que podremos realizar comparaciones próximamente y evaluar cambios en la incidencia de los indicadores de derechos, así como en las brechas de desigualdad social 2019-2020⬝, precisa Ianina Tuñón, investigadora a cargo del estudio.

El relevamiento de la ODSA UCA también ofrece información en el espacio de los derechos a la alimentación, a la salud, al hábitat, a la subsistencia, a la crianza y socialización, a la información, a la educación y al trabajo infantil. (AICA):

El 34,9% de los hogares y el 44,2% de las personas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza al cierre del tercer trimestre del año, por encima del 32,1% y 40,8% registrado en igual período de 2019, en un contexto en el que resultó determinante la pandemia de coronavirus y en la que los números hubiesen sido mayores si el Estado no implementaba medidas de ayudas para enfrentar la situación, según un informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). �SBajo el escenario de crisis covid-19, las capacidades monetarias de los hogares experimentaron un deterioro abrupto y pronunciado, con efecto regresivos sobre la pobreza y la indigencia⬝, señaló el informe de la UCA.

�SEl nuevo escenario paralizó aún más la inversión, los consumos y la demanda de empleo en la economía formal, a la vez que frenó toda expectativa de reactivación, afectando especialmente a la pequeña y mediana empresa, profundizando la relación entre informalidad económica, pobreza y exclusión social⬝, agregó la casa de Altos Estudios. Según los datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), entre julio y octubre 34,9% de los hogares y 44,2% de las personas se encontraban bajo la línea de la pobreza, y 7,3% de los hogares y 10,1% de las personas eran indigentes, los porcentajes más altos de la década.

Al respecto, el director del Observatorio Social de la UCA, Agustín Salvia, dijo que �Ssin la AUH, el IFE, la Tarjeta Alimentar y el resto de los subsidios, la indigencia hubiera sido el doble y la pobreza hubiese trepado al 53%⬝. Remarcó que estos guarismos son �Sparte de un proceso que lleva diez años de estancamiento, con tres años de caída⬝, entre 2018 y 2020.

�SEs necesario un crecimiento económico y un pacto económico-social para crear empleo porque si no no hay posibilidad de salir de la pobreza⬝, completó Salvia.

Entre 2019 y 2020, 10,3% y 13,7% de las personas cayeron en situación de indigencia y pobreza, respectivamente; y, las ayudas sociales brindaron �Sun piso mínimo de ingresos⬝ pero fueron �Sinsuficientes⬝ y �Sno llegaron a todos los que sufrieron pérdidas de ingresos⬝, alertó el informe.

Según la UCA, en los dos últimos años se registró un deterioro tanto en relación a la carencia monetaria como a las privaciones no monetarias, con un incremento de la pobreza por ingresos como de los niveles de pobreza �Smultidimensional⬝: de 37,5% a 41% de la población.

El 64% de niñas, niños y adolescentes viven en hogares pobres.

El 64% de niñas, niños y adolescentes viven en hogares pobres.

Para la UCA, los nuevos pobres provienen principalmente de un grupo de hogares que, si bien en 2019 no eran pobres por ingresos, presentaban condiciones de vulnerabilidad que se manifestaban en privación en al menos una dimensión no monetaria.

Otro aspecto que destacó el trabajo es el �Sfuerte incremento de la pobreza estructural⬝, por el incremento en las carencias experimentadas en los hogares, con un aumento de la pobreza multidimensional estructural de 21,4% a 27,3% a nivel de la población.

�SSi bien hubo mejoras durante la década, la desigualdad estructural ha aumentado, con mayores déficit y brechas en materia de inseguridad alimentaria, mala calidad del hábitat y déficit en el acceso a agua, energía, servicios de saneamiento y a una vivienda digna⬝, precisó la UCA.

El análisis por segmentos

Por regiones, el informe sostiene que en el Conurbano bonaerense �Sla pobreza crece casi ininterrumpidamente desde 2013-2014 y evidencia un nuevo salto en la pandemia⬝.

En términos etarios, al cierre del tercer trimestre de 2020, el 64,1% de los niños/as y adolescentes viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza; al tiempo que el 16% reside en hogares con ingresos que se encuentran por debajo de la frontera de la indigencia.

El informe de la UCA destaca que �Slas políticas sociales estuvieron presentes en el contexto de crisis covid-19, no sólo a través de las políticas de transferencias de ingresos, programas de empleo y ayudas alimentarias ya existentes, sino también a través de mecanismos compensatorios implementados en el marco de la pandemia, como ha sido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), bonos extraordinarios a AUH y Tarjeta Alimentar, así como mediante los refuerzos extra realizados en la entrega de viandas y bolsones de alimentos o el retiro de los mismos de comedores comunitarios.

Así, precisa, 47,4% de hogares y alrededor de 55,5% de personas recibió alguna de estas asistencias sociales en 2020, porcentajes que reflejan un crecimiento significativo entre 2019 y 2020.