Las concejalas justicialistas Carolina Amiano y Claudia Villalba presentaron una nota ante el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos para que el organismo analice el proceso mediante el cual la Municipalidad de Concordia contrató y concesionó el servicio de recolección de residuos a la firma VITSA Soluciones Ambientales S.A.

La iniciativa surgió luego de que tomaran conocimiento de la denuncia presentada por el abogado Mariano Giampaolo ante la Justicia, donde solicita investigar posibles irregularidades vinculadas a la contratación del servicio y el manejo de fondos públicos comprometidos en la operación.

Las ediles sostienen que, independientemente de la actuación judicial, corresponde que los organismos de control administrativo ejerzan sus facultades de supervisión sobre una contratación que involucra recursos municipales de significativa magnitud. En ese sentido, solicitaron que el Tribunal de Cuentas evalúe la legalidad del procedimiento, la razonabilidad económica del acuerdo alcanzado, la existencia de previsiones presupuestarias suficientes y los antecedentes técnicos y jurídicos que respaldaron la decisión adoptada por el Ejecutivo.

En la presentación también remarcan que el organismo de control debería requerir toda la documentación vinculada al expediente administrativo y determinar si existieron observaciones de carácter contable, presupuestario o patrimonial que ameriten una intervención específica.

Las concejalas consideran que el debate excede las diferencias partidarias, debido a que involucra un servicio esencial para la ciudad y compromete fondos públicos por montos que superarían los 3.000 millones de pesos anuales.

El pedido se suma a los cuestionamientos que se vienen planteando en distintos ámbitos sobre el proceso de contratación, especialmente en relación con los tiempos administrativos utilizados y los mecanismos que derivaron en la adjudicación del servicio.

Desde el bloque justicialista entienden que la intervención del Tribunal de Cuentas puede aportar una mirada técnica e independiente mientras la Justicia avanza con las actuaciones correspondientes.

La presentación también refleja el posicionamiento político que viene adoptando el PJ en el Concejo Deliberante frente a las principales decisiones de la actual gestión municipal. En ese contexto, y tal como ocurrió durante el tramo final de la última administración justicialista, todo indica que las decisiones más relevantes del Departamento Ejecutivo comenzarán a atravesar un fuerte filtro político, con un nivel de observación y cuestionamiento que probablemente se intensifique a medida que avance la gestión y se acerquen los tiempos electorales.

El convenio -suscripto por el presidente del Tribunal de Cuentas, Diego Lara, y el Secretario de Modernización, Emanuel Gainza- establece un plan de trabajo conjunto para fortalecer la trazabilidad, la transparencia y la seguridad jurídica de los expedientes electrónicos, alineado con la normativa provincial y nacional vigente.Además, el convenio garantiza al Tribunal de Cuentas el acceso institucional oportuno y seguro a los documentos electrónicos necesarios para sus auditorías, e incluye la meta estratégica de evaluar la interoperabilidad entre sus propios sistemas y el GDE a mediano plazo, lo que permitirá acelerar tiempos y reducir costos administrativos.

Luego de la firma, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, aseguró que “este convenio es un paso más dentro de la decisión firme del gobernador de impulsar el proceso de modernización más importante en la historia de Entre Ríos. Bajo este eje de gobierno iniciamos la digitalización integral de los trámites administrativos. Y hoy puedo decir con orgullo que, después de dos años, aquel punto de partida en el que no había un solo expediente digital quedó atrás. Es un logro que debemos destacar y valorar, porque demuestra que la modernización no es un discurso, sino una política que se concreta con hechos”.

Por su parte, el presidente del Tribunal de Cuentas, Diego Lara, destacó que “este convenio representa un paso fundamental para fortalecer el control público en Entre Ríos” y señaló que “la inclusión del expediente digital al trabajo del Tribunal permite modernizar las auditorías sin perder la rigurosidad que exige nuestra misión”.“Este proceso de modernización se desarrolla respetando íntegramente la autonomía funcional del Tribunal de Cuentas. Incorporar tecnología no implica modificar nuestros criterios de control, sino potenciarlos”, agregó.Finalmente, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, explicó que el acuerdo permite ordenar el flujo de información y que el Tribunal de Cuentas pueda trabajar directamente sobre expedientes digitales con mayor seguridad y trazabilidad. “Un Estado moderno necesita procesos claros y datos confiables. Este paso va en esa dirección”, indicó.También remarcó que digitalizar el control público mejora la eficiencia de toda la administración. “Cuando eliminamos papeles y unificamos sistemas, reducimos tiempos y evitamos errores. Eso libera capacidad de trabajo y nos permite enfocarnos en brindar mejores servicios a los entrerrianos”, afirmó.

Analizaron las acciones para volver más eficiente el control y mejorar la transparencia en el Estado provincial. Lara valoró la vocación del primer mandatario para “modernizar, desburocratizar y lograr una mayor eficiencia y eficacia en los controles”. También destacó que “el gobernador es muy respetuoso de la autonomía del Tribunal de Cuentas”. Tras del encuentro con el gobernador, Rogelio Frigerio, el presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, Diego Lara, valoró la vocación del mandatario para “modernizar, desburocratizar y lograr una mayor eficiencia y eficacia en los controles”. También destacó que “el gobernador es muy respetuoso de la autonomía del Tribunal de Cuentas”.“Venimos trabajando con una mirada constructiva del control. El Tribunal no solamente apunta a sancionar, que, por supuesto debe hacerlo, sino también a colaborar con la gestión de gobierno para que se mejore y se eviten errores, desvíos de fondos e inconsistencias, a la hora de las rendiciones”, señaló Lara.Por otra parte, el titular del Tribunal de Cuentas recordó que “venimos impulsando un plan de actualización, modernización y digitalización del organismo con el objetivo de brindar mayor celeridad y eficacia a los procedimientos e incorporamos más herramientas de digitalización a nuestros procesos administrativos”.En este marco, señaló que “el año pasado comenzamos a trabajar con notificaciones electrónicas, en reemplazo del envío postal de cédulas y oficios en soporte papel, y actualmente se han integrado al sistema las 83 comunas, los 83 municipios y los 66 hospitales de la provincia; además de los entes autárquicos, organismos descentralizados y el Poder Judicial”.

Como órgano de fiscalización de la administración pública provincial y municipal, una de las funciones del Tribunal de Cuentas es realizar el control externo de las Administraciones Municipales, según lo previsto en la Constitución Provincial, y en las Leyes Orgánicas del Tribunal de Cuentas y de los Municipios. De modo que todos los Presidentes Municipales deben presentar, anualmente, ante el TCER, la rendición de cuentas por los fondos que administran personalmente o a través de subresponsables.En este marco, y como parte de la Rendición de Cuentas Anual que deben presentar antes del 30 de abril de cada año, el Tribunal de Cuentas recepciona las Planillas de Ejecución Presupuestaria de los mismos. Éstas registran la percepción efectiva de los ingresos previstos en el Cálculo de Recursos y el compromiso asumido por los gastos estimados en el Presupuesto de Gastos.Como tarea complementaria a las auditorias in situ y en sede que el Tribunal de Cuentas realiza, el Cuerpo de Auditores del organismo procesa esta información rendida y genera diferentes estadísticas sobre la ejecución presupuestaria en las diferentes Administraciones Municipales. 

Con el objetivo de continuar avanzando en el fortalecimiento del control público, el presidente del Tribunal de Cuentas, Dr. Diego Lara; y el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; acompañados por los vocales del TCER, Cres. María de los Ángeles Moia y Gustavo Labriola; y por el equipo técnico jurídico y contable de ambos organismos, mantuvieron una reunión de trabajo en la sede del órgano de control entrerriano. Durante el encuentro se acordaron criterios de trabajo y se coordinaron acciones que permitirán fortalecer el accionar del TCER, como principal órgano de control de la administración pública entrerriana. Se dialogó sobre diferentes temáticas relacionadas a la Secretaría General de la Gobernación y las D.A. bajo su jurisdicción, y se intercambió información sobre los distintos procedimientos inherentes a la rendición de cuentas. Luego de la reunión, Lara indicó: "Mantuvimos una reunión de trabajo con el secretario Colello y su equipo técnico, con el objetivo de continuar avanzando en el fortalecimiento del control público, para garantizar un manejo de fondos transparente y eficaz".Además, el presidente del Tribunal de Cuentas, calificó el encuentro como "muy fructífero" y agregó: "Acordamos determinados criterios de trabajo que permitirán fortalecer el accionar del Tribunal de Cuentas, coordinando acciones que ayuden a lograr una mayor eficacia y eficiencia a la hora de controlar las cuentas públicas".Participaron del encuentro también, por la Secretaría General de la Gobernación, el coordinador de Gabinete de la Secretaría, José Luis Patiño; el coordinador de Asuntos Legales Estratégicos, Alejandro Matías Plugoboy; y la directora Gral. del Servicio Administrativo Contable, Silvia Lilian Acevedo. En tanto, por el Tribunal acompañaron la fiscal de Cuentas, Elena Ballhorst; el secretario Contable, Víctor Díaz; y la secretaria Letrada Adjunta, Irene López Lauvenstein. 

La Constitución Provincial, en su artículo 213, establece que el Poder Ejecutivo deberá remitir al Tribunal de Cuentas de la Provincia, el informe sobre la ejecución presupuestaria y los resultados de la gestión financiera para que el TCER analice, controle e informe sobre el mismo. Asimismo, la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas (Ley 5796), en su artículo 40 inciso 4, dispone como competencia del organismo el pronunciarse sobre la Cuenta General del Ejercicio remitiendo informe al Poder Legislativo, con las observaciones que la misma le merezca.

La Cuenta General del Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública es el documento mediante el cual el Poder Ejecutivo Provincial, da cuenta a la legislatura �S...del uso y ejercicio del presupuesto anterior⬝, de acuerdo al artículo 175 inc. 9 de la Constitución Provincial; su elaboración es competencia de la Contaduría General, órgano rector de la contabilidad de la administración gubernamental, conforme lo dispuesto por la Constitución Provincial en su artículo 210.

Se trata de un Balance que hace el Estado Provincial, incluyendo, el movimiento de los tres Poderes del Estado, Organismos Descentralizados y Entes Autárquicos. Cabe destacar que queda excluido el movimiento de las Empresas Comerciales, tales como ENERSA, IAPSER y SIDECREER SA.

El contenido de la CGE está regulado en la Ley de Contabilidad, de la que surge que antes del 30 de abril de cada año, se formulará una cuenta general del ejercicio. La cual debe ser remitida, por el Ministro de Economía, al Tribunal de Cuentas antes del 30 de junio.

Una vez recibida la Cuenta General del Ejercicio, el Tribunal de Cuentas de la Provincia procede a su análisis y, con posterioridad, remite el respectivo informe a la Legislatura, lo que fue dispuesto mediante Resolución N° 543/2022.

En su sitio web, el organismo de control pone a disposición de toda la ciudadanía la información detallada de los últimos Informes de Auditoría de la Cuenta General del Ejercicio remitidos a la Honorable Legislatura.