Durante el encuentro, se abordaron aspectos relacionados con la operatoria actual del transporte de cargas, en un contexto que requiere previsibilidad y condiciones claras para el normal desarrollo de la actividad.

Luego de un intercambio de ideas, las entidades acordaron los siguientes puntos:• Que existe una desregulación en materia de transporte de cargas, en la cual las partes pueden contratar y acordar libremente las tarifas.• Que resulta necesario garantizar la libertad de contratación y el libre tránsito en todo el territorio provincial.• Que es el Gobierno provincial, en cada uno de sus poderes, quien debe velar para que estas condiciones, hoy claramente establecidas en la legislación vigente, se mantengan plenamente operativas.

Las instituciones destacaron la importancia de sostener un marco de funcionamiento que brinde certidumbre a todos los actores de la cadena, favoreciendo el normal desenvolvimiento de la actividad agroindustrial en la provincia.(Campo en Acción)

La Argentina dio un paso importante hacia la modernización de los procedimientos logísticos en el transporte internacional terrestre. A partir de un nuevo acuerdo suscripto con Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay, las empresas que realizan operaciones transfronterizas ya no deberán realizar el trámite de la Apostilla de La Haya para validar sus Documentos de Idoneidad y sus anexos, requisito hasta ahora necesario para circular entre los países signatarios del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT).El cambio impacta directamente en transportistas de carga y pasajeros, quienes podrán completar sus permisos internacionales sin recurrir al proceso de legalización o apostilla ante Cancillería, reduciendo así tiempos administrativos y costos operativos.El apostillado era, hasta hoy, un paso obligatorio para certificar la autenticidad de las firmas y sellos de los documentos emitidos por las autoridades nacionales. Su eliminación representa un avance significativo en la simplificación de los trámites logísticos, especialmente para las empresas que realizan múltiples operaciones entre los países del Cono Sur.En lugar de la apostilla, los Estados acordaron reconocer mutuamente las firmas electrónicas oficiales emitidas por sus organismos competentes, siempre que cuenten con mecanismos de encriptación y verificación que garanticen la identidad del firmante.Este nuevo sistema permitirá validar la documentación de manera digital, evitando traslados, demoras y costos derivados de gestiones presenciales. Además, otorga mayor trazabilidad y transparencia a los procesos administrativos, en línea con los estándares internacionales de digitalización de la documentación de transporte.El Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT) es el principal marco jurídico que regula el tránsito de cargas y pasajeros entre los países del MERCOSUR y sus asociados. La eliminación del apostillado representa un alivio operativo para las miles de empresas que utilizan esta vía de conexión, ya que acelera los tiempos de habilitación y reduce los gastos de documentación, favoreciendo la fluidez del comercio y el turismo.En un contexto donde la logística regional enfrenta desafíos crecientes —como la congestión fronteriza, la necesidad de interoperabilidad tecnológica y la presión por mejorar la eficiencia—, la medida busca consolidar un sistema de transporte más integrado y competitivo.Para el sector del transporte de cargas, la simplificación administrativa se traduce en una ventaja concreta: mayor velocidad en la emisión y validación de permisos internacionales, reducción de costos por aranceles consulares y eliminación de esperas en los trámites de Cancillería.

Hacia una logística más conectada en el MERCOSURLa medida se enmarca en las políticas de modernización y cooperación regional impulsadas por el MERCOSUR, orientadas a fortalecer la integración operativa entre los países del bloque. Además, responde a una tendencia global en materia de transporte y comercio exterior: la digitalización de los procesos documentales y la adopción de tecnologías que aseguren la autenticidad y seguridad jurídica de las operaciones.La interoperabilidad de las plataformas digitales y el reconocimiento de las firmas electrónicas oficiales son pasos necesarios para avanzar hacia una logística regional más ágil, sustentable y transparente, capaz de sostener el crecimiento del comercio terrestre en Sudamérica.Con esta decisión, Argentina y sus socios del Cono Sur refuerzan su compromiso con la simplificación de los procedimientos internacionales, unificando criterios que favorecen la circulación eficiente de bienes y personas. En un escenario donde cada hora y cada documento cuentan, la eliminación del apostillado se convierte en una herramienta concreta para mejorar la competitividad logística y el dinamismo del transporte regional. Infobae. 

La logística agroalimentaria en Argentina enfrenta un desafío constante: garantizar que los productos circulen por el país cumpliendo las normas sanitarias y de inocuidad que permiten sostener tanto el consumo interno como la apertura de mercados internacionales. En ese marco, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) ejecutó en Entre Ríos un plan intensivo de fiscalización que alcanzó a 16.348 transportes de cargas agropecuarias entre enero y agosto de 2025.El operativo, desarrollado en puntos estratégicos de la provincia, estuvo orientado a verificar documentación sanitaria, condiciones de traslado y estado higiénico de las unidades que transportaban animales vivos, productos de origen animal y vegetal, y subproductos agroindustriales. La medida busca preservar la salud de los consumidores, proteger los estatus zoofitosanitarios del país y asegurar la continuidad de las exportaciones.Las inspecciones derivaron en 308 actas de infracción, con un predominio de irregularidades vinculadas a documentación y habilitaciones. El 66% de las actas respondió a faltas en los papeles exigidos; un 16% a interdicciones; un 12,3% obligó a que la carga retornara a origen; un 8,6% correspondió a liberaciones de interdicciones y un 6,4% culminó en decomisos.En materia de productos decomisados, los controles detectaron volúmenes significativos que no cumplían con la normativa vigente. Entre ellos se contabilizaron 809 kilos de embutidos, 5.000 kilos de grasa, 5.000 huevos (equivalentes a 416 docenas), 47 aves vivas, 416 plantines de cannabis y 407 plantas cítricas. Estos hallazgos evidencian la magnitud del riesgo que representan los traslados irregulares para la inocuidad de los alimentos y la bioseguridad del país.La fiscalización no se limitó a la carga en sí, sino también a las condiciones logísticas de cada transporte. El Senasa informó que muchas de las infracciones se vincularon con la ausencia de habilitación oficial, falta o falsificación de documentación sanitaria (como el Documento de Tránsito Vegetal electrónico, DTV-e, o el Documento de Tránsito electrónico, DT-e), credenciales apócrifas y deficiencias en las condiciones de traslado.Estos puntos son determinantes para la logística: un camión que no cuenta con la documentación en regla o que transporta mercadería en condiciones inadecuadas no solo compromete la seguridad alimentaria, sino que también interrumpe la fluidez de las cadenas de abastecimiento. A nivel macroeconómico, cada infracción representa un riesgo potencial para la continuidad del comercio internacional, ya que los mercados compradores exigen trazabilidad y cumplimiento de estándares sanitarios estrictos.

Controles en rutas estratégicas

Los operativos se realizaron en coordinación con la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos y Gendarmería Nacional. Los puestos fijos de control funcionaron en Cerrito (Ruta Nacional 14, km 341, Chajarí), en Federal (Ruta 127, km 197, incluyendo controles en Sauce de Luna y Conquistadores) y en el acceso al Túnel Subfluvial “Raúl Uranga–Carlos Sylvestre Begnis”, que conecta Paraná con Santa Fe.A estos se sumaron patrullas móviles: una con base en Concordia (Ruta 14, km 240), que extendió su cobertura a rutas de Villaguay, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú; y otra en Gualeguay, que realizó operativos en corredores hacia Victoria. Esta cobertura dinámica permitió abarcar puntos neurálgicos de la red vial entrerriana, utilizada para el traslado de mercaderías tanto al mercado interno como a los puertos de exportación. 

Impacto en la cadena logística

El sistema de control desplegado cumple un doble rol: protege la salud de la población al impedir que alimentos y animales en condiciones irregulares lleguen a los mercados, y fortalece la competitividad de la logística agroindustrial argentina al garantizar el cumplimiento de normas internacionales.En un contexto donde la confianza de los mercados depende de la inocuidad de los alimentos y la trazabilidad de los procesos, el cumplimiento estricto de la normativa sanitaria se convierte en un factor logístico decisivo. Los controles del Senasa en Entre Ríos no solo se inscriben en la vigilancia local, sino que forman parte de una estrategia nacional de resguardo de la producción y las exportaciones.Con más de 16 mil unidades inspeccionadas en ocho meses, el operativo refleja la magnitud del esfuerzo destinado a ordenar el tránsito de cargas agropecuarias y a consolidar un sistema logístico seguro, capaz de sostener el abastecimiento interno y, al mismo tiempo, responder a las exigencias de los mercados globales. Infobae.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, pidió al gobierno nacional por los subsidios al transporte y firmó un pedido de medida cautelar ante la Justicia federal para exigir "el pago del subsidio nacional al transporte público de pasajeros".

La decisión del mandatario integrante del PRO se da luego de que el presidente Javier Milei decidiera eliminar el Fondo Compensador al Interior, una asistencia que es igual para todos, vivan en el lugar que vivan, y que implica un descuento del 55% de la tarifa del boleto del transporte público".

El pedido de Torres también fue rubricado por el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, de Unión por la Patria, quien acompañó la iniciativa porque advirtió que esa zona "es la más perjudicada por la medida".

Según el mandatario provincial, "a partir del mes de diciembre el propio Gobierno del Chubut incrementó ya en un 50 % el monto total de la erogación correspondiente al subsidio al transporte que depende de Provincia".

Torres, además, puso énfasis en la situación que afronta Comodoro Rivadavia, una de las localidades más afectadas por la quita del subsidio al transporte dictaminada por el gobierno nacional:

"Con la baja del subsidio nacional, Comodoro Rivadavia sería la ciudad más perjudicada de Chubut. Cuenta con la mayor cantidad de pasajeros que se trasladan diariamente en su tejido urbano, demandando entre el 6 % y el 7 % del subsidio que se destina a dicha localidad".

Una localidad de Córdoba prevé el boleto a $1000

En el marco de la reducción de subsidios a empresas de transporte público con la eliminación del Fondo Compensador del Interior, anunciada por el Gobierno nacional, varios municipios se vieron afectados. Uno de ellos es San Francisco, en Córdoba, cuyo intendente adelantó que evalúa rescindir el contrato con la empresa que presta el servicio de colectivos en la localidad.

Damián Bernarte, titular del Ejecutivo municipal sanfrancisqueño, subrayó que para su gestión "afrontar el costo del subsidio que recibíamos de la Nación sería imposible, no lo teníamos ni siquiera previsto como partida presupuestaria". "En el caso de nuestra ciudad, el transporte público debería ser levantado", sentenció en declaraciones a C5N.

"El valor del boleto, al igual que en Córdoba capital, rondaría entre los $1.000 y $1.100 sin subsidio. En nuestra ciudad es utilizado esencialmente por los estudiantes para llegar hasta los establecimientos educativos y a sus domicilios. Hemos tenido casi 135 mil boletos de estudiantes durante el ciclo lectivo 2023", detalló.

El comunicado, que lleva la firma de Roberto Carlos Fernández, Secretario General, la UTA expresó su preocupación por el futuro del transporte público de pasajeros.

Asimismo, aclara que "es responsabilidad exclusiva de las autoridades la determinación de las políticas públicas en materia de transporte de pasajeros ya que la actividad, en nuestro país, se encuentra regulada como un servicio público".

Continúa el comunicado diciendo "frente a un escenario de quita de subsidios luego de varios años de su implementación, no podemos sino manifestar nuestra profunda preocupación por las posibles consecuencias que generará dicha medida sobre el desenvolvimiento de la actividad y su repercusión sobre la fuente de empleo de los más de 80.000 compañeros trabajadores."

Para finalizar expresa: "Instamos a las autoridades nacionales y provinciales a asegurar las condiciones que permitan la continuidad del servicio público en todo el país, advirtiendo que la suba de las tarifas debe encontrar equidad y proporcionalidad con los ingresos de los trabajadores y sectores más vulnerables que son los principales usuarios del transporte urbano de pasajeros. De no tenerse en cuenta esto, resultará insuficiente el sostenimiento del beneficio del Atributo Social, medida que compartimos y que confiamos no será alterada o distorsionada por decisiones políticas económicas".

Quita de subsidios

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a la quita de subsidios al transporte en el interior y aclaró que el Gobierno lo había anunciado en los primeros días de gestión y que las tarifas son responsabilidad de las provincias y municipios. "Hoy cualquier aumento de tarifas son responsabilidad de las jurisdicciones y no del Gobierno nacional", dijo en su conferencia de prensa en Casa Rosada.

"El Gobierno está corrigiendo años de desajuste financiero", dijo Adorni para justificar la medida de la Secretaría de Transporte y recalcó que la "nación va a seguir asistiendo al transporte que sea de jurisdicción nacional".

En su conferencia de prensa habitual, Adorni lanzó la responsabilidad a las provincias tras la quita de subsidios: "El transporte provincial y municipal es una responsabilidad no delegada a la Nación. Las provincias y los municipios son responsables por sus sistemas de transportes públicos en el ámbito de sus jurisdicciones".

"El gobierno nacional, con esto, está simplemente corrigiendo años de desajuste financiero y llevando una tarifa que pueda cubrir el costo real del servicio", agregó.

Nuestro sector terminó 2023 con un aumento récord de costos de 248% (el doble de la cifra de 2022, que había sido la más alta en 20 años), tal como refleja el Índice de Costos, transparente y profesional, que mensualmente realiza FADEEAC. La aceleración de esos valores en los últimos meses no hace más que confirmar el agravamiento de la situación, con costos descontrolados en varios rubros, y sin referencia a patrón alguno.

Inmersos en esta particular coyuntura, hemos participado de negociaciones paritarias para adecuar los salarios de enero y febrero de 2024 para nuestros colaboradores, parte esencial en el desempeño de nuestra actividad. Con notable sacrificio y cumpliendo con la responsabilidad social empresaria que nos cabe, las 4.500 pymes que integran la Federación han ajustado rentabilidad para colaborar con esta nueva etapa del país al suscribir la paritaria con la Federación de Camioneros.

La contratación de nuestros servicios mantiene desde los últimos meses de 2023 y el comienzo de 2024 la misma tasa de retracción que refleja el consumo en general. Es importante recordar que nuestros vehículos mueven más del 90% de las mercaderías que circulan por la Argentina.

“Nuestro sector va camino a una situación recesiva que debemos evitar por todos los medios. Parar la actividad no hará más que profundizar la crisis que vivimos, porque el día después no surgirán soluciones a partir de esa medida, más allá de las estadísticas e interpretaciones que se hagan desde los diferentes lugares que se ocupen. Por ello, una vez más, reiteramos el valor y la importancia del diálogo como vía primordial para construir un país con más y mejores oportunidades para todos”, concluyó Guarnieri.

En el marco de la segunda vuelta electoral a celebrarse este domingo 19 de noviembre, el servicio de transporte público urbano y suburbano de pasajeros será gratuito en la provincia de Entre Ríos, en el horario de 7:30 a 18:30.

La medida fue implementada por el Ministerio de Transporte de la Nación a cargo de Diego Alberto Giuliano, a través de la Resolución 610/2023, con motivo de facilitar a las y los ciudadanos la emisión del sufragio, procurando garantizar la mayor concurrencia a los actos eleccionarios.

En función de este objetivo, el Secretario de Transporte de Entre Ríos, Maximiliano Villa, firmó la nota de adhesión correspondiente para que la medida se aplique en la jurisdicción provincial.

Cabe recordar que las ciudades entrerrianas donde se presta el servicio de transporte urbano y suburbano de pasajeros son: Concordia, Paraná, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Chajarí y La Paz.

Según se establece en la resolución, la frecuencia de los colectivos será la de un día sábado como mínimo.

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) alertó sobre la eventual paralización de la actividad a raíz de los continuos aumentos de costos y la falta de previsibilidad en la operatoria, producto del escenario de incertidumbre en materia económica que atraviesa el país, acrecentada por el resultado electoral.

Uno de los puntos sensibles que acarrea al sector es el aumento aplicado a los combustibles, entre otros insumos. En medio de un contexto de altísima volatilidad, el Departamento de Estudios Económicos y Costos de Fadeeac se vio obligado a actualizar los datos del índice que tradicionalmente elabora cada mes: sólo en lo que va de agosto, mover un camión en la Argentina fue 17,04 % más caro.

En este período, según indicó la Fadeeac en un comunicado, nueve de los once rubros que forman parte del índice sufrieron aumentos derivados de la depreciación del tipo de cambio oficial.

“En los últimos días hemos padecido una escalada en los costos del autotransporte de carga al punto que nos vimos obligados, por primera vez, a publicar un nuevo Índice de costos a poco más de una semana de haber dado a conocer el de julio”, explicó Roberto Guarnieri, presidente de Fadeeac.

En ese sentido, explicó: “La alta inflación, la fuerte presión tributaria, la falta de insumos, las altas tasas de interés y la volatilidad en el tipo de cambio ponen en riesgo la continuidad en el negocio de las mayorías de las 4.500 pymes que forman parte de Fadeeac”.

Dentro del panorama de alerta, Fadeeac destacó el pronunciado aumento de los combustibles (17,9 %), luego de los incrementos mensuales en torno al 5 % que había mostrado el gasoil desde diciembre de 2022 hasta julio pasado, en el marco del programa Precios Justos.

También aclararon que el incremento del casi 18 % se refiere al combustible en surtidor, pero si se tiene en cuenta lo que ocurrió con el precio del combustible a granel y mayorista (vías de aprovisionamiento natural para el sector), esa cifra trepa al 35 %.

La suba en lubricantes, por su parte, se encuentra en línea con esos mayores incrementos (27,5 %).

“Teniendo en cuenta la experiencia del año pasado durante los meses de escasez de gasoil, la diferencia sustancial de costos entre el canal mayorista/granel y surtidor, derivará de modo natural en un aumento de la demanda del transporte de cargas en estaciones de servicio, lo que generará un problema de abastecimiento, sobreprecios y ventas no registradas, tal como ocurrió en el pasado reciente”, advirtieron. Por el lado de los insumos vinculados con los equipos, los aumentos rondan entre el 23 y 25 %, en un contexto de fuerte incertidumbre en cuanto a los precios de referencia de los principales insumos y de acceso a los mismos.

Finalmente, la proyección elaborada esta semana a partir de la devaluación del tipo de cambio oficial, incluye la cuarta cuota del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, con adicionales, y los incrementos ya producidos en los peajes nacionales y de accesos.

Con el registro indicativo del mes, transcurrida la segunda semana de agosto (17,04%), el Índice acumula un aumento de 87% en lo que va de 2023 (enero-agosto). En tanto que la variación acumulada en los últimos 12 meses (agosto-agosto) trepa al 142%. La Capital.

Hace meses que la FATAP viene alertando sobre el constante deterioro que están sufriendo los números de la actividad como consecuencia del fuerte incremento de los costos y, principalmente, por el retraso en la actualización de las tarifas y compensaciones. En ese marco, entienden que la sanción de una ley que mejore las condiciones de funcionamiento es una de las últimas opciones que tienen para seguir prestando servicio.

Las cifras del reclamo

Hoy los subsidios que recibe el transporte de pasajeros en el AMBA alcanzan los 24.700 millones de pesos. Mientras tanto, el interior recibe apenas 3.800 millones. En ambos casos se tratan de fondos del Tesoro Nacional. �SEl transporte de pasajeros del interior del país está en emergencia. Compensación justa ya⬝, reclaman los transportistas en la campaña que comenzaron.

Además, los costos de las operaciones por kilómetro es igual tanto para el Interior como para el AMBA. Por eso también resulta inexplicable esta diferencia en los subsidios. Por otra parte, en cuanto a las ganancias, también se notan claras diferencias. En el AMBA por cada colectivo los ingresos llegan a 1,4 millones de pesos mientras que, en el interior, esta cifra es de apenas 300 mil pesos.

El persistente incremento en el precio del gasoil, que alcanzó aumentos de entre el 120% y el 150% en los últimos seis meses, agrava la situación. En este escenario, se torna todavía más difícil calcular los costos para las empresas de transporte del interior. Por eso, desde la FATAP, afirman no poder garantizar la regularidad y continuidad de los servicios en el interior del País.

Este lunes se reunió la Comisión de Hidrovía, Puertos y Transportes Multimodales, presidida por la senadora Claudia Gieco (Diamante- Frente Justicialista). En la oportunidad, las y los senadores integrantes de la Comisión dieron tratamiento al Expediente N°13.642 (unificado con el Expediente N°24.225) de autoría del senador Jorge Maradey (Gualeguaychú- Frente Justicialista), con la coautoría de los senadores Armando Gay (Concordia- Frente Justicialista) y Horacio Amavet (Uruguay- Frente Justicialista).

El proyecto de ley establece que toda ruta o camino de jurisdicción provincial a pavimentarse, deberá contar con un sistema integral de control permanente que incluya plataforma de pesaje dinámico y estática para el pesaje del transporte vehicular de cargas. En la revisión de la Honorable Cámara de Diputados se le introdujeron modificaciones a la iniciativa, por lo que fue tratada nuevamente por la Comisión del Senado, en la que se emitió dictamen que recomienda la aprobación de la norma con las reformas introducidas.

Integran la Comisión de Hidrovía, Puertos y Transportes Multimodales: Claudia Gieco (Diamante- Frente Justicialista); Daniel Olano (Islas del Ibicuy- Frente Justicialista); Adrián Fuertes (Villaguay- Frente Justicialista); Horacio Amavet (Uruguay- Frente Justicialista); Jorge Maradey (Gualeguaychú- Frente Justicialista; Amílcar Genre Bert (La Paz- Frente Justicialista); y Rubén Dal Molin (Cambiemos- Federación).

Comisión de Asuntos Municipales

Para continuar con la agenda legislativa de la Cámara alta, este martes 17 de mayo, se reunirá la Comisión de Asuntos Municipales, que preside el senador Adrián Fuertes (Villaguay- Frente Justicialista).

En encuentro, previsto para las 11, las y los legisladores integrantes de la Comisión, abordarán los siguientes expedientes:

1) Expediente 14.321 por el que se modifica el artículo 95º de la Ley Nº 10.027 -Régimen Municipal-.

2) Expediente 14.297 por el que se crea el Programa Provincial �SPlazas de Bolsillos⬝, que se implementará en los Municipios que adhieran a la presente.

3) Expediente 14.275 por el que se amplía el Ejido Comunal de la Localidad de San Marcial, Departamento Uruguay, en cumplimiento del artículo 4° de la Ley N° 10.027.

4) Expediente 14.276 por el que se amplía el Ejido Municipal de la Localidad de San Justo, departamento Uruguay, en cumplimiento del artículo 4º de la Ley Nº 10.027.

5) Expediente 13.979 por el que se propicia el principio de paridad de género en la designación de juezas y jueces de paz.

Integran la Comisión de Asuntos Municipales: Adrián Fuertes (Villaguay- Frente Justicialista); Marcelo Berthet (San Salvador- Frente Justicialista); Daniel Olano (Islas del Ibicuy- Frente Justicialista); Juan Carlos Kloss (Paraná- Frente Justicialista); y Rubén Dal Molin (Cambiemos- Federación).