El transporte de cargas comenzó 2026 con un aumento mensual de costos del 2,08%, según el Índice de Costos del Transporte (ICT) que elabora la FADEEAC. El dato marca una desaceleración respecto del último tramo de 2025, cuando los incrementos habían sido más pronunciados: octubre registró +3,27%, noviembre +2,65% y diciembre +2,27%. Aunque la suba de enero es más moderada, confirma que la presión sobre la estructura operativa del sector continúa.El balance del año pasado deja un piso elevado. En 2025, el índice acumuló un alza del 37%, con el combustible como principal motor del encarecimiento, al trepar un 45% anual. Ese incremento superó en 5,5 puntos porcentuales a la inflación minorista, lo que profundizó el desfasaje entre costos logísticos y precios generales de la economía, un factor que incide de lleno en la formación de tarifas y en la rentabilidad de las empresas.El estudio es elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de FADEEAC y auditado por la Universidad de Buenos Aires. El relevamiento mide 11 rubros que impactan directamente en la actividad de las firmas de autotransporte de cargas de todo el país. Por su alcance y metodología, el ICT se consolidó como referencia clave para la negociación y actualización de tarifas en un contexto de alta volatilidad de precios relativos.En enero, la mayoría de los componentes mostró aumentos. Con la excepción de Patentes y Tasas —que exhibe una suba anual del 28,59%— el rubro que más incidió en el mes fue Personal (Conducción), con un alza de 4,19%. El ajuste responde a la entrada en vigencia de la quinta cuota del acuerdo paritario del CCT 40/89, que prevé actualizaciones mensuales entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, además del impacto de sumas no remunerativas.Otros costos operativos también presionaron al alza: Lubricantes subieron 3%, Reparaciones 2,31% —en un escenario de marcado deterioro de la infraestructura vial— y Gastos Generales 2,07%. Entre los rubros vinculados a los equipos, se registraron incrementos en Neumáticos (1,71%), Seguros (1,05%) y Peajes (0,54%), configurando un panorama donde los gastos corrientes mantienen una dinámica sostenida, aun cuando el ritmo general parece desacelerarse.El combustible, protagonista excluyente de 2025, mostró en enero su variación más baja de los últimos ocho meses, con un alza de 0,85% en el gasoil. La moderación se dio en un contexto de nueva postergación de la actualización plena de los impuestos específicos prevista en el Decreto 929/25, prórroga que también regirá durante febrero. Como contrapunto, el Costo Financiero registró una leve baja (-1,1%) y Material Rodante se mantuvo sin cambios, dos señales que aportan un respiro parcial en una estructura que sigue ajustada.

El Índice de Costos de Transporte (ICT) registró en diciembre un aumento del 2,3% y cerró 2025 con una suba acumulada del 37%, un nivel que se ubicaría al menos cinco puntos por encima de la inflación minorista anual.El resultado consolida una tendencia de aceleración de costos que se intensificó durante la segunda mitad del año y que impacta de lleno en la estructura logística.Si bien el ajuste de diciembre fue más moderado que en meses anteriores, confirmó un patrón que comenzó a consolidarse a partir de julio. Tras un primer semestre con variaciones contenidas, el índice mantuvo registros elevados durante el segundo tramo del año, reflejando un cambio de ritmo en los costos operativos del transporte en un contexto de recuperación parcial de la actividad.El informe es elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Costos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y auditado por la Universidad de Buenos Aires. Releva 11 rubros clave que inciden directamente en los costos del transporte de cargas y funciona como referencia central para la actualización de tarifas en la cadena logística.

El combustible vuelve a marcar el ritmoAl igual que en los cinco meses previos, el combustible fue el principal impulsor de los aumentos. En diciembre, el gasoil registró una suba mensual del 4,4%, tanto en el canal minorista como mayorista, consolidando su rol como variable crítica dentro de la estructura de costos.Con este ajuste, el gasoil acumuló un incremento del 45% en 2025, con una particularidad relevante: el 31% del aumento se concentró en los últimos seis meses del año. Esta dinámica reafirma una trayectoria alcista iniciada a partir de junio.Este comportamiento se dio aun cuando volvió a postergarse la aplicación plena de la actualización impositiva sobre los combustibles líquidos. El mecanismo de diferimiento fiscal, vigente desde mayo de 2024, ya supera los doce meses y se extenderá al menos hasta enero de 2026. En paralelo, los lubricantes también mostraron una suba significativa del 3,5%.El informe destaca que la aceleración de costos, el peso del combustible y una economía desacelerada vuelven a tensionar la ecuación logística.

Mano de obra y estructura operativaDentro de los costos laborales, el rubro Personal (Conducción) registró en diciembre un incremento del 2,47%, explicado por la entrada en vigencia de una nueva cuota del convenio colectivo 40/89, que contempla actualizaciones mensuales hasta febrero de 2026.Este ajuste tuvo un efecto arrastre sobre otros componentes de la estructura operativa, como Reparaciones (+1,76%) y Gastos Generales (+2,13%), en un contexto marcado por el deterioro de la infraestructura vial y mayores exigencias de mantenimiento.En contraste, algunos rubros mostraron variaciones más moderadas, como Seguros, Material Rodante y Peajes. No se registraron cambios en Neumáticos ni en Patentes, mientras que el Costo Financiero volvió a mostrar una baja relevante (-3,71%), asociada a la reducción de tasas de interés.

Un escenario exigente para la logísticaEl cierre de 2025 encuentra al transporte de cargas operando en una coyuntura compleja. Tras un 2024 recesivo, la reactivación fue limitada y concentrada en algunos segmentos, sin lograr un repunte generalizado de la actividad.En este escenario, la aceleración de costos, el peso del combustible y una economía desacelerada vuelven a tensionar la ecuación logística. A esto se suma el estado de la infraestructura y la necesidad permanente de recalibrar tarifas, lo que anticipa un 2026 con desafíos significativos para la planificación y la previsibilidad del sector.

Lejos de enfocarse únicamente en incentivos comerciales, el documento dedica un capítulo central a los costos logísticos, la fragmentación del sistema de transporte y la falta de una planificación integral que articule los distintos modos.Según el diagnóstico, la combinación de lejanía geográfica, infraestructura insuficiente y una matriz de transporte desequilibrada termina penalizando la inserción internacional de los productos argentinos.Uno de los puntos más relevantes es el predominio del transporte carretero frente al ferroviario y fluvial, un esquema que incrementa costos, reduce eficiencia y limita la capacidad de escalar exportaciones de manera sostenida. La CERA advierte que la ausencia de una visión multimodal profundiza esta situación y propone avanzar hacia un sistema que integre corredores viales, ferroviarios, fluviales y marítimos bajo una lógica de cadena de suministro.El informe señala la necesidad de identificar y priorizar proyectos estratégicos de infraestructura logística, con foco en accesos a puertos, nodos intermodales, equipamiento operativo y mejoras en la Vía Navegable Troncal. Dragado, balizamiento, gestión digital y tarifas aparecen como variables clave para mejorar la eficiencia del transporte fluvial y reducir sobrecostos en un corredor fundamental para el comercio exterior.En paralelo, se destaca la importancia de modernizar la infraestructura aduanera y digital, con sistemas interoperables que reduzcan tiempos, eliminen duplicaciones documentales y aporten previsibilidad a la operatoria logística. La falta de coordinación entre organismos y la persistencia de procesos manuales son señaladas como causas recurrentes de demoras y pérdida de ventanas de carga.Otro eje central del documento es la limitación normativa del transporte multimodal. La legislación vigente contempla esta modalidad para importaciones, pero no para exportaciones, lo que obliga a fragmentar operaciones, encarecer procesos y perder flexibilidad logística. La CERA propone avanzar en una nueva ley orientada específicamente a la exportación, con la utilización de un único documento de transporte para toda la operatoria.En esa misma línea, el informe plantea la necesidad de aprovechar herramientas internacionales subutilizadas, como el sistema TIR, para facilitar corredores alternativos y fortalecer la conexión logística con mercados del Pacífico, integrando tramos terrestres y marítimos.La digitalización aparece como otro factor crítico. El documento remarca el bajo nivel de adopción local del Bill of Lading electrónico, en contraste con los compromisos globales para estandarizarlo en los próximos años. La persistencia de documentos físicos, según la CERA, genera cuellos de botella, sobrecostos y riesgos operativos que impactan directamente en la eficiencia de la cadena logística.En el plano aduanero, se propone avanzar hacia controles basados en riesgo, validaciones automáticas y mayor trazabilidad informativa, con el objetivo de reducir la carga administrativa sin afectar la seguridad. Estas medidas buscan mejorar el flujo físico de mercadería y dar mayor previsibilidad a exportadores y operadores logísticos.El informe también incorpora la dimensión ambiental como un desafío emergente para el transporte y la logística. La falta de mediciones sistemáticas de huella de carbono, la escasa infraestructura para combustibles alternativos y el rezago frente a normativas internacionales podrían, según advierte la CERA, dejar a la Argentina fuera de futuros corredores logísticos verdes.En este contexto, se plantea la necesidad de integrar criterios de sustentabilidad en la planificación logística, desde la matriz modal hasta la infraestructura portuaria y energética, anticipando exigencias de los mercados internacionales.

En una entrevista con Fox News Sunday, el funcionario de la Casa Blanca señaló que, de mantenerse la parálisis, el sistema de transporte aéreo enfrentará interrupciones masivas justo antes de la temporada de Acción de Gracias, uno de los periodos de mayor demanda del año.Duffy explicó que la falta de personal podría provocar que, en las próximas semanas, muy pocos vuelos despeguen o aterricen, lo que derivaría en interrupciones masivas y miles de pasajeros varados. “Vas a tener el tráfico aéreo reducido a un goteo mientras todos intentan viajar para ver a sus familias”, señaló, al destacar que cada vez menos controladores aéreos se presentan a trabajar.Las cancelaciones superaron los 3.500 vuelos y los retrasos alcanzaron los 3.700, según datos recogidos este domingo por la plataforma FlightAware. Durante el viernes y sábado, las aerolíneas estadounidenses suspendieron más de 2.500 trayectos, impulsados por las directivas de la Administración Federal de Aviación (FAA) para limitar operaciones en medio del prolongado “shutdown”. Solamente el sábado, se registraron 1.526 cancelaciones, una cifra inusualmente alta para ese día, y para la noche del domingo ya se había anticipado la suspensión de otros 1.000 vuelos.El Senado de Estados Unidos se reúne de emergencia para intentar poner fin al cierre gubernamental más prolongado en añosLos aeropuertos con mayores contratiempos comprendieron Atlanta, Chicago, Charlotte y Newark, sobre todo debido a la falta de controladores en centros de radar y torres de control situadas en la costa este y el área de Nueva York. Si bien algunas cancelaciones respondieron a factores adicionales, la FAA comunicó que los recortes ya afectan al 4% de los vuelos en 40 terminales y esa proporción podría aumentar al 10% para el viernes 14 de noviembre.El sindicato de controladores aéreos entregó 1.600 cartas escritas a mano al Congreso, solicitando resolver el desacuerdo presupuestario que mantiene a la plantilla sin salario desde hace casi un mes y forzados a cumplir horas extras. Muchos viajeros han logrado reprogramar sus trayectos, pero otros sufrieron pérdidas económicas. Los vuelos internacionales de larga distancia, hasta ahora, permanecen sin afectaciones directas, aunque la incertidumbre persiste.Testimonios recogidos por Associated Press reflejaron la frustración de los pasajeros. Emmy Holguin, quien viajaba desde Miami a República Dominicana, expresó su deseo de que el gobierno encuentre una solución: “Todos viajamos. Todos tenemos algún lugar al que ir. Espero que el Gobierno pueda solucionar esto”. Por su parte, Heather Xu relató que viajar es “suficientemente estresante” y que las interrupciones actuales lo complican aún más.En paralelo, empresas de alquiler de coches informaron un aumento de reservas en trayectos de ida, mientras varios viajeros optaron por cancelar sus vuelos ante la falta de alternativas. El especialista en logística de la Universidad de Syracuse, Patrick Penfield, advirtió que la crisis podría traducirse en demoras en el suministro de mercancías en tiendas, un problema sensible a las puertas de las fiestas navideñas.Aproximadamente la mitad de la carga aérea nacional se transporta en bodegas de aviones de pasajeros, lo que implica que demoras y cancelaciones pueden incrementar los costos y repercutir en los precios al consumidor. Greg Raiff, director ejecutivo de Elevate Aviation Group, sumó que el impacto económico se extiende más allá del transporte de carga, abarcando viajeros de negocios o turismo y afectando la recaudación fiscal de municipios y hoteles.La parálisis presupuestaria lleva 39 días activa en el Senado, donde demócratas y republicanos no logran un acuerdo para reabrir el gobierno federal. El presidente Donald Trump reiteró a través de la red Truth Social la necesidad de resolver cuanto antes el estancamiento: “¡Acabemos con la obstrucción parlamentaria!”Las terminales más afectadas por los recortes de personal y las restricciones de la FAA incluyen, entre otras, los aeropuertos internacionales de Atlanta, Boston, Baltimore-Washington, Charlotte, Washington Dulles, Dallas-Fort Worth, Newark, Los Ángeles, JFK, LaGuardia, Miami, Chicago O’Hare, San Francisco y Seattle-Tacoma. Infobae.

Con el objetivo de agilizar el transporte de ganado en el territorio nacional, el Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos lanzó en 2024 el Documento Único de Tránsito (DUT). Desde entonces, se emitieron de 160 mil DUTs, lo que representa un total de 7.820.392 de animales transportados.

“La implementación del DUT es una de las políticas públicas más eficientes que hemos incorporado en producción animal. Se trata de un sistema que le costó 0 pesos al Estado y que realmente simplificó un trámite para los productores, generándoles un ahorro en tiempo y dinero al momento de hacer una guía de transporte de animales”, explicó el director de Producción Animal, Martín Sieber.

Este sistema digital reemplazó al sistema antiguo de guías ganaderas de transporte, en el cual el productor tenía que ir a un destacamento policial para hacer la visación del documento. El DUT surge gracias a la interacción de distintos estamentos del Estado: el Ministerio de Desarrollo Económico, la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), la Policía de Entre Ríos y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa); y permite al productor generar dicho documento los 365 días del año de manera online sin necesidad de dirigirse a dichos destacamentos.

Sieber indicó también que “se implementó el débito automático como medio de pago para el DUT, lo cual evita que el productor tenga que dirigirse a una red de cobranza para abonarlo. Esta medida facilita el trabajo de más de 20 mil productores bovinos, ovinos, caprinos y porcinos”, concluyó el funcionario.

La asistencia es coordinada por el Consejo General de Educación (CGE) y el Instituto Becario; la primera de las reparticiones analiza periódicamente los tramos, mientras que la segunda realiza el acompañamiento y control de los mismos.Al respecto, el director ejecutivo del Instituto, Mariano Berdiñas, sostuvo que "continuamos trabajando junto a las autoridades del CGE para optimizar este importante servicio que presta el Gobierno de Entre Ríos". "Siempre con la premisa de garantizar la educación básica de los estudiantes en el marco de la ruralidad, el Estado provincial invierte 930 millones de pesos mensuales para que, a la fecha y a partir del registro del Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE), más de 10.000 estudiantes asistan a clases en zonas rurales o periurbanas", subrayó.Por su parte, la presidente del CGE, Alicia Fregonese, remarcó: "Estamos llevando adelante un plan integral para optimizar el sistema de transporte escolar, priorizando la educación de todos los estudiantes, especialmente en las zonas rurales, tal como lo establece la Ley Provincial de Educación Nº 9.890". Berdiñas destacó que "los equipos de trabajo, tanto del Becario como del CGE, coincidimos en la necesidad de acompañar, controlar y corregir -si es necesario- los 193 tramos existentes". "El Instituto administra y controla el sistema de Transporte Escolar Rural y Fluvial mediante convenios celebrados con el Consejo. La demanda de servicios es establecida por el CGE siguiendo pautas concretas", explicó.En ese sentido, en junio de 2025 se comenzó con un ordenamiento que implicó una readecuación haciendo un uso eficiente de los recursos públicos. Toda esta nueva propuesta se llevó a cabo sin dejar de transportar a ningún alumno que asistía a su escuela con este servicio. En los últimos días, ese trabajo permitió reestructurar 10 de ellos, cuyos cambios se reflejan en menos kilómetros recorridos, unificación de tramos de escuelas cercanas con baja matrícula, la corrección de recorridos subocupados y la firma de convenios con municipios para garantizar el traslado de alumnos de zonas urbanas. 

Se identificaron zonas críticas del país donde el crecimiento de la demanda eléctrica no fue acompañado por la infraestructura necesaria.La Secretaría de Energía avanza con la ejecución del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico y ya definió las tres primeras obras estratégicas que serán licitadas bajo un modelo de concesión a inversores privados, frente a la necesidad de ampliar infraestructura y evitar cortes de suministro.Las iniciativas buscan fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), mejorar la calidad del servicio eléctrico y eliminar cuellos de botella en el sistema de transmisión.Las obras seleccionadas son AMBA I, que mejorará la capacidad de abastecimiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires que concentra el 40% del consumo eléctrico nacional; la Línea de 500 kV Río Diamante – Charlone – O’Higgins, un corredor que permitirá la evacuación de mayor generación renovable y convencional que se puede instalar en la región Cuyo a la vez que permitirá evacuar parte de la generación de COMAHUE; y la Línea de 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca, que mejorará la conexión entre la Patagonia y el sistema troncal.Las licitaciones serán de carácter nacional e internacional, abiertas a empresas con capacidad técnica y financiera para llevar adelante los proyectos. Las obras se solventarán mediante el cobro de un concepto en las tarifas de los usuarios que sean beneficiados por la nueva infraestructura pero una vez que sean completadas y estén en funcionamiento.Estas obras forman parte del conjunto de 16 proyectos prioritarios definidos por la Resolución 715/2025, en el marco del Plan de Contingencia para Meses Críticos 2024–2026, que identificó zonas críticas del país donde el crecimiento de la demanda eléctrica no fue acompañado por la infraestructura necesaria.El plan, que conlleva unos USD 6.600 millones, contempla la construcción y ampliación de estaciones transformadoras de 500 kilovoltios y la incorporación de 5.610 kilómetros de líneas nuevas, lo que representa un incremento del 38% respecto de la red existente.La planificación se basó en estudios técnicos liderados por la Secretaría de Energía junto a CAMMESA, ATEERA y el Consejo Federal de la Energía Eléctrica, entre otros actores del sector.El vocero presidencial Manuel Adorni, al momento de la presentación del plan en mayo pasado, había remarcado que el 35% de las instalaciones actuales están al final de su vida útil y que la última obra de alta tensión nacional se realizó en 2017, mientras que en el AMBA la última data de 2006. Asimismo, subrayó que en los últimos seis años sólo se ejecutaron el 38% de las obras necesarias en transmisión eléctrica.“El estado actual del sistema eléctrico revela deficiencias estructurales que derivan en cuellos de botella, interrupciones del servicio y altos costos por generación forzada. La obra AMBA I, por ejemplo, reducirá la necesidad de generación ineficiente y mejorará la confiabilidad del sistema en uno de los principales centros de consumo del país, donde se concentra el 40% de la demanda de energía nacional“, señaló la Secretaría de Energía. A diferencia de los modelos anteriores, el nuevo esquema se basa en un régimen de concesión de obra, en el cual la totalidad de la inversión, construcción, operación y mantenimiento estará a cargo del sector privado, “sin comprometer recursos del Estado”.“Con esta iniciativa, el Gobierno impulsa una transformación estructural con más eficiencia, menor gasto público y mayor participación del sector privado en la modernización del sistema energético nacional”, indicaron fuentes oficiales.

Las obras estratégicas que se desarrollarán en distintas regiones del país son:AMBA I + STATCOM EzeizaLínea 500 kV Vivoratá - PlomerAMBA II + STATCOM RodríguezLínea 500 kV Plomer – O´HigginsLínea 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía BlancaET Comodoro Rivadavia Oeste 500/132 kV – 450 MVAAlternativa ESTE Línea 500 kV Río Santa Cruz – Puerto Madryn / Alternativa OESTE Línea 500 kV CH Kirchner – Futaleufú – Piedra del ÁguilaLínea 500 kV Río Diamante – Charlone - O´HigginsLínea 500 kV Rodeo – Chaparro – La Rioja SurLínea 500 kV Malvinas – San Francisco – Santo ToméEt El Espinillo 500/132 kVLínea 500 kV Lavalle – ChumbichaLínea 500 kV Chaparro – Antofagasta de la Sierra – Punta – CobosLínea Interconexión Internacional 500 kV Yaguaca (Bolivia) – Salvador Mazza (Salta) – San Juancito (Jujuy)Línea Interconexión Internacional 500 kV Villa Hayes (Paraguay) – FormosaLínea Interconexión 500 kV Santa Cruz - Tierra del Fuego.

El Gobierno nacional oficializó un nuevo paso en la reestructuración del sistema ferroviario argentino. A través del Decreto 478/2025, publicado en el Boletín Oficial, se modificó el artículo 2 del Decreto 1027/2018 para delegar en la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía la potestad de adecuar los contratos de concesión ferroviaria vigentes. La medida se inscribe en el contexto de la emergencia pública ferroviaria declarada en junio de 2024 y busca redefinir el futuro del transporte de cargas por tren en todo el país.

La resolución tiene impacto directo en tres de los principales corredores ferroviarios de carga: el operado por Ferroexpreso Pampeano (Rosario–Bahía Blanca), el de Nuevo Central Argentino (Línea Mitre) y el de Ferrosur Roca (Línea Roca). Estos trazados resultan estratégicos para la logística nacional, ya que conectan las zonas productivas del país con los principales puertos de exportación.  

Emergencia ferroviaria y foco logísticoEn 2024, el Poder Ejecutivo declaró la emergencia pública en materia ferroviaria por 24 meses, prorrogables por única vez, con el objetivo de mejorar la infraestructura, seguridad operativa y eficiencia del transporte ferroviario de cargas y pasajeros. El nuevo decreto se alinea con esa estrategia, permitiendo al Ejecutivo actuar con mayor flexibilidad mientras se evalúa el modelo de gestión más adecuado para el sistema ferroviario.Desde ahora, la Secretaría de Transporte podrá extender plazos de concesión, revisar planes de inversión, y establecer nuevas condiciones para la asignación de material rodante y el mantenimiento de la red. Además, se ratifica que la zona de acceso a puertos será administrada por la empresa estatal Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), lo que permitirá reforzar el control en los nodos logísticos más sensibles.

Accesos a puertos bajo administración estatalUno de los aspectos más destacados del decreto es la centralización estatal de los accesos ferroviarios a los puertos, tradicionalmente administrados por concesionarias privadas. Esta decisión busca garantizar la transparencia, la equidad operativa entre distintos actores y la eficiencia en la transferencia intermodal de cargas.En términos logísticos, esto podría implicar menos congestión en zonas portuarias, reducción de costos derivados de conflictos operativos, y una planificación más integrada de los flujos de exportación e importación, clave para mejorar la competitividad argentina en los mercados internacionales.El nuevo marco también establece que los contratos deberán contemplar obligaciones claras de inversión, mecanismos de reembolso por mantenimiento a cargo de terceros, y pautas para la realización de obras privadas en la red ferroviaria. Estas medidas apuntan a profesionalizar y transparentar la gestión del sistema, estableciendo incentivos adecuados para su desarrollo.Además, se podrán renegociar condiciones contractuales con las actuales concesionarias, lo que abre la puerta a una eventual extensión por un período no mayor a diez años, siempre y cuando se cumplan las nuevas exigencias.

Un modelo en transiciónCon esta medida, el Estado avanza en su intención de redefinir el modelo ferroviario argentino, explorando opciones mixtas que combinen gestión estatal, participación privada y mecanismos de control más robustos.La continuidad o finalización de las concesiones dependerá de los acuerdos alcanzados, pero el mensaje es claro: el transporte ferroviario de cargas dejará de ser un servicio marginal para convertirse en un eje estructural de la política logística nacional.En paralelo, se espera que estas decisiones dinamicen el transporte intermodal, alivien la presión sobre el transporte por carretera y generen nuevas oportunidades para las economías regionales, al mejorar su conexión con los mercados internos y externos.La reorganización de los contratos de concesión ferroviaria tiene implicancias logísticas de largo alcance. De su correcta implementación dependerán la capacidad del país para optimizar sus corredores bioceánicos, acelerar el tránsito de exportaciones, y mejorar la resiliencia del sistema de transporte frente a cuellos de botella estructurales.El Decreto 478/2025 representa, así, una oportunidad para repensar el sistema ferroviario como pieza central de una logística más eficiente, soberana y orientada al desarrollo productivo. Infobae.

Entre ellas, se destacan beneficios para empresas de transporte, usuarios particulares y actividades productivas rurales, incluyendo la exención total del Impuesto Automotor para maquinarias de trabajo afectadas a tareas rurales, siempre que se cumplan condiciones como la generación de empleo, la radicación en zonas estratégicas o la implementación de buenas prácticas."En línea con los objetivos definidos por el gobernador Rogelio Frigerio, el nuevo esquema tributario apunta a consolidar un sistema más justo, eficiente y promotor del desarrollo económico. Queremos acompañar y respaldar a quienes invierten, generan trabajo y eligen cumplir con sus obligaciones fiscales en Entre Ríos", sostuvo el director ejecutivo de ATER, Jesús Korell.

Reducción de alícuotas para el transporteUno de los beneficios más relevantes es la alícuota reducida del 1,5 por ciento en el impuesto sobre los Ingresos Brutos para las empresas de transporte de carga y pasajeros que tengan radicada en Entre Ríos la totalidad de sus unidades afectadas a la actividad. Esta medida implica una reducción del 25 por ciento respecto de la alícuota general del 2 por ciento, y apunta a premiar a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales y operan desde el territorio entrerriano.

Incentivos a la renovación de flotas y mejoras en competitividadOtro eje clave de la reforma es la reducción del 80 por ciento en el impuesto a los Sellos para la inscripción de vehículos de trabajo 0 km ¿como camiones, ómnibus y acoplados¿ siempre que estén afectados a actividades productivas y radicados en Entre Ríos. Esta medida busca facilitar la renovación de flotas, mejorar la seguridad vial y fortalecer la competitividad del sector. En esa misma línea, se dispone una reducción del 45 por ciento en el Impuesto a los Sellos para la compra de vehículos 0 km de uso particular, con una nueva alícuota del 1,25 por ciento, lo que representa un incentivo directo al consumo y a la renovación del parque automotor. Además, se incorpora una exención total del Impuesto Automotor por cinco años para los vehículos eléctricos y medios de transporte que utilicen tecnologías basadas en energías alternativas, lo que refleja un fuerte compromiso con la movilidad sustentable, la transición energética y el cuidado del ambiente. "Estas herramientas fiscales fueron pensadas para acompañar a los sectores que mueven la economía real, impulsan la innovación y están comprometidos con el desarrollo local", concluyó Korell. 

Esta iniciativa, coordinada por la Dirección de Empleo junto con la Secretaría de Desarrollo Productivo y la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, forma parte de las políticas de generación de empleo y desarrollo económico impulsadas por el municipio en conjunto con el Gobierno de Entre Ríos.

Federico Schattenhofer, Secretario de Desarrollo Productivo, destacó que “el éxito de esta inscripción refleja el compromiso del municipio con el desarrollo productivo de Concordia y con la generación de empleo genuino. Continuaremos gestionando y acompañando a los trabajadores en este proceso”.Por su parte, Gabriel Enguelberg, Subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo, subrayó: “La gran respuesta de los ciudadanos demuestra la importancia de este programa. Desde nuestro equipo, seguiremos promoviendo acciones conjuntas que potencien la empleabilidad y mejoren la calidad de vida de nuestra comunidad”.Finalmente, Juan Manuel Scarzello, Director de Empleo, manifestó que “hemos cumplido con el objetivo de brindar oportunidades laborales a 1000 concordienses, garantizando un proceso ordenado y transparente. Seguiremos trabajando para fortalecer este tipo de programas que impactan directamente en la economía de las familias de nuestra ciudad”.Cabe recordar que los traslados continúan realizándose como se informó previamente. Las próximas fechas de salida son los días 18, 19, 21, 23 y 25 de enero, garantizando que los trabajadores puedan llegar a sus destinos en tiempo y forma.La Municipalidad agradece a todos los que participaron en la inscripción y reafirma su compromiso con el bienestar y desarrollo de los trabajadores concordienses.

De esta manera, el Índice de Costos del Transporte (ICT) marcó una suba acumulada de 78,25 % en los primeros 10 meses del año, mientras que en los últimos 12 meses, la cifra trepa a 163,1 %.En relación al registro mensual, el informe de la entidad explicó que “sumado al contexto recesivo de la actividad, el limitado aumento en el ICT de octubre, el valor más bajo del año, se debe a la caída temporal de los precios del gasoil en octubre (-1,59 %), vinculado al descenso de los precios internacionales”.En esa línea, también precisó que “otro punto a tener en cuenta es que el Decreto 973/2024 que incrementa los montos de los impuestos sobre los combustibles para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, tiene fecha 1 de noviembre, con lo que su impacto se verá en el próximo ICT”.Asimismo, la entidad aclaró que “ese incremento es, de todas formas, sensiblemente menor al que hubiera correspondido si se hubiera aplicado la actualización pautada para el cuarto trimestre de 2023, y el primer y segundo trimestre de 2024”.En el detalle de los 11 rubros que conforman la medición de FADEEAC se exhibió que “en primer lugar, se observaron aumentos en el Costo Financiero (5,24 %), tras una notable caída en el primer semestre, y en Gastos Generales (4,52%), contemplando variaciones de los precios mayoristas en servicios y alquileres”.Por detrás, aparece la variación en los peajes, que fue de 4,38 %, impulsado por aumentos mensuales en los corredores nacionales y en los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El informe, remarcó que “a lo largo del año, Peajes se constituye como el rubro de mayor aumento en el Índice, con una suba acumulada de 340 % e incrementos generalizados prácticamente en todos los meses”.Adicionalmente, Personal-Conducción aumentó 3,85 %, “con la entrada en vigencia de la segunda cuota del actual CCT 40/89 abarcando actualizaciones mensuales en la mano de obra desde septiembre a noviembre de 2024”, mientras que “también se registró un impacto en los rubros componentes relacionados, Reparaciones (3,23 %)”, precisó el reporte.Combustibles (-1,59 %) fue el único rubro que disminuyó sus precios, tanto en el sector minorista como en el mayorista del gasoil. “Eso ocurre después de los significativos aumentos registrados en diciembre de 2023 (63,3 %) y enero de 2024 (22,6 %)”, contraponen desde FADEEAC. NA.En tanto que Material Rodante (-0,02 %) y Neumáticos (-0,14 %) prácticamente no mostraron cambios respecto de septiembre, al igual que Patentes (variaciones anuales), y Seguros y Lubricantes que tampoco registraron modificaciones. NA. 

 El director del Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro), Mariano Berdiñas, señaló que incluso se incorporaron más estudiantes y recorridos. "Es una muy buena noticia para nosotros como gestión. El transporte rural escolar beneficia a estudiantes de la ruralidad y peri ruralidad de toda la provincia. Buscamos cumplir con lo que nos pide el gobernador Rogelio Frigerio, que es cuidar cada peso. El transporte escolar rural se abona en su totalidad con recursos del tesoro provincial y buscamos la forma para lograr esta optimización", subrayó el funcionario. Berdiñas detalló que el servicio cubre 197 tramos en toda la provincia, recorriendo 37 mil kilómetros para llevar 11 mil estudiantes a sus establecimientos escolares a diario. "Si no hubiéramos modificado nada necesitaríamos una inversión de 13 mil millones de pesos para cubrir todo el año", indicó. Resaltó luego que con las modificaciones realizadas se redujo el presupuesto en 4.770 millones de pesos, con la prestación del mismo servicio e incorporando más estudiantes y recorridos al sistema. "Hacemos un trabajo muy fino, muy fuerte y con mucho compromiso junto al equipo del Becario", manifestó el funcionario. Comentó además, que todos los programas que implementa el organismo se financian con la recaudación de profesiones liberales, "siempre cuidando los recursos para llevar adelante una gestión más eficaz y eficiente, en un momento complejo de la realidad argentina. Lo hacemos con mucho compromiso y gestionando con pocos recursos, pero por suerte los resultados comienzan a verse", remarcó.Por otra parte, es la primera vez que el proceso licitatorio se lleva adelante mediante un mecanismo digital. "Fue una sugerencia del equipo que tomé con agrado, de no proceder a imprimir los pliegos, no es solo por el gasto de papel, sino también por el impacto ambiental. De esta forma, se enviaron los pliegos con la firma digital correspondiente, en formato digital", finalizó Berdiñas. 

Durante el encuentro, se puso en diálogo la problemática en cuanto a los reclamos de los usuarios sobre las limitaciones en el acceso a los boletos gratuitos en las líneas de transporte interurbanas y provinciales de pasajeros, así como la exigencia de presentar el certificado de discapacidad.  En respuesta a esta situación, se acordó revisar la legislación que garantiza la gratuidad del servicio a este sector, intensificar los controles sobre el cumplimiento de la Ley Nacional por parte de las empresas, y evaluar las ordenanzas locales para eliminar posibles barreras que impidan el acceso de las personas con discapacidad al transporte. También se estableció iniciar el diálogo con las empresas de transporte de pasajeros con el objetivo de implementar mejoras y soluciones que beneficien a todos los entrerrianos que adhieren a este tipo de servicios.Este encuentro representa el primer paso en una serie de medidas destinadas a mejorar el acceso y la calidad del transporte público para las personas con discapacidad en Entre Ríos. Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar trabajando en conjunto con los usuarios y las empresas para lograr soluciones eficientes a largo plazo.De la reunión de trabajo, participaron el Secretario de Transporte de la provincia, Juan Diego Elsesser; el director general de Iprodi, Diego Vélez; la coordinadora general del instituto, Sabina Carrivale; y los diputados provinciales Andrea Zoff y Marcelo Alcides López.

Al respecto, Mogetta destacó que “ya se han firmado acuerdos con seis países regionales, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay, Ecuador y Brasil y con dos extra regionales, Panamá y Canadá”, a la vez que el Subsecretario de Transporte aéreo, Hernán Gómez adelantó que “se está trabajando para avanzar en acuerdos con China, Qatar, Emiratos Árabes, Alemania, Países Bajos, Costa Rica, Colombia y El Salvador”.Mogetta pronunció estos conceptos durante la presentación por parte de la aerolínea low cost, Jetsmart, de su plan de inversiones, que incluye la incorporación de dos nuevas aeronaves en el transcurso de este año, la implementación de nuevas rutas y frecuencias y la duplicación de su oferta de asientos para enero del año próximo.“Es muy importante ver de dónde venimos y adónde estamos hoy como para poder tomar dimensión del trabajo y los cambios que se fueron concretando. Cuando llegamos al Gobierno, nos pusimos inmediatamente a trabajar en las reformas del Código Aeronáutico, eliminando trabas, procurando modernizar y agilizar todo lo tenga que ver con las condiciones, los requisitos para poder operar en el país”, detalló Mogetta. Agregó que, “en ese momento veíamos que el mercado operaba con un manejo monopólico y distorsivo, para esta industria tan importante para el desarrollo de un país. No tenemos absolutamente nada contra Aerolínea Argentinas todo lo contrario, creemos que con la competencia va a elevar su estándar de calidad, de servicio y va a proporcionar un servicio más barato y más eficiente a los pasajeros”.“Pero hasta ese momento venía siendo prácticamente imposible para una aerolínea privada de otro país o incluso radicada en la Argentina, poder operar con libertad, con agilidad y brindar los servicios que tanta falta le hacen al país teniendo en cuenta la dimensión que tiene la Argentina, que es un país muy extenso, con lo cual la conectividad aérea es fundamental”, aseveró.Recalco que “hemos trabajado y concretado la reglamentación de distintos aspectos a través de 6 decretos que tienen que ver, principalmente, con el acceso a los mercados, cambiando la lógica de la matriz para que puedan operar las aerolíneas de otro país. Hemos reglamentado la cooperación inter empresaria y hemos también reglamentado la remoción de las aeronaves, algo que tiene que ver con la seguridad operacional en los aeropuertos”.“Apuntamos -dijo- a que lo que hoy es Cielos Abiertos, pueda ser en algún momento, Cielos únicos y poder estar anunciando que en todo Sudamérica se pueda volar entre los países como si fuese parte de un vuelo de cabotaje, de la misma manera para con Panamá y Canadá”.Alegó que “hoy ya tenemos acuerdos de 9 libertades (amplitud total de permisos recíprocos) con Uruguay Chile y Paraguay y luego también con Brasil, con Ecuador y con Perú y pronto vamos a estar anunciando nuevos acuerdos para seguir brindando mayor conectividad, porque los hechos marcan que la competencia significa para todos los pasajeros mejores servicios, con mejores precios en rutas donde justamente han empezado a competir otras aerolíneas, hemos logrado bajar a menos de la mitad, en algunos casos, el valor de los pasajes”.En la Conferencia de prensa estuvieron presentes, además de Mogetta, el Ministro de Desregulación y Transformación de la Nación, Federico Sturzenegger; el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli; el Subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez; la Titular de la Administración Nacional de Aviación Civil, Julia Cordero; el Gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo y su par de la provincia de Chubut, Ignacio Torres.También participaron el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Kectchibachian; el Ministro de Turismo de Salta, Mario Peña, la presidenta del Ente Mendocino de Turismo, Gabriela Testa; el Secretario de Turismo de la provincia de Chubut, Diego Lapenna y el Subsecretario de Turismo de Río Negro, Marcos Barberís. NA. 

"Los entrerrianos necesitamos mejores condiciones en el servicio, frecuencias y recorridos que respondan a las diferentes regiones de la provincia, para que los recursos que ahora se destinan a subsidiar un formato ya obsoleto, cambien hacia una nueva visión del transporte público provincial", expresó el ministro Darío Schneider.Desde el inicio de la gestión, el equipo de la Secretaría de Transporte estuvo trabajando en metas de corto y mediano plazo, buscando proyectos más innovadores, inspirados en modelos exitosos ya existentes de otras provincias de la región centro y en estrecha colaboración con los gobiernos locales. En este marco, se entablaron conversaciones para analizar alianzas estratégicas con empresas líderes de tecnología en el sector, adaptando estas ideas a los recursos disponibles en Entre Ríos.Para la planificación de un nuevo sistema de transporte, el equipo de la Secretaría, junto a representantes de Sidecreer, encabezados por su titular Mariano Reyno Buch, concretaron un primer encuentro que busca darle a la provincia un sistema de aporte a la demanda. Este enfoque permitirá un control total de la información, garantizando mejor calidad de servicio, seguridad, horarios, frecuencias y eficacia en el sistema financiero.El secretario de Transporte, Juan Diego Elsesser, destacó la importancia de este encuentro de trabajo y la disposición mostrada, tanto por la empresa como por los equipos técnicos.Este primer encuentro busca evaluar la viabilidad del respaldo del gobierno, a través de Sidecreer, como órgano administrativo para la emisión de tarjeta de transporte; y de la Secretaria de Transporte, como agente efector para la primera etapa. "Fuimos a analizar la posibilidad de un esquema donde se podría subsidiar a sectores por etapas, como la demanda en jubilados, empleados públicos y personal docente, que ya cuenten con la tarjeta y usen transporte como prueba piloto. El paso siguiente será tener un informe técnico de la empresa que nos permitirá ver la posibilidad de implementación para Entre Ríos", expresó Elsesser.Por último, se refirió al pedido del gobernador Rogelio Frigerio de dejar atrás 20 años de un mismo esquema que funciona sin actualizaciones a las necesidades de los usuarios."Nos ha pedido tener la meta de un transporte público de mayor calidad, que impulse el desarrollo y la conectividad en toda la provincia", manifestó.

El proyecto que había sido presentado por el Poder Ejecutivo, por instrucción del intendente Francisco Azcué y que recibió el acompañamiento de los bloques de Juntos por Entre Ríos, Más por Entre Ríos y La Libertad Avanza, surgió de la necesidad de generar una Estado más accesible y ágil ya que la normativa que regulaba el servicio de taxis y remises preveía cuantiosas trabas que impedían el normal desenvolvimiento de la actividad lo que llevaba a que los trabajadores del sector deban perder tiempo a la hora de poder cumplimentar la totalidad de los requisitos que se le exigen.“Desde un primer momento manifestamos que la actual administración municipal tiene la convicción de que el Estado debe dejar de ser un escollo para el sector privado, generando las herramientas y un marco regulatorio que fomente la libre competencia en igualdad de condiciones” señaló el Presidente Municipal tras la aprobación en el Concejo Deliberante.La Ordenanza aprobada tiene como objetivo regular el Sistema Privado de Transporte de Pasajeros y el Servicio Público de Taxis, las condiciones de su administración, prestación y planificación dentro de la ciudad de Concordia.El Sistema Privado de Transporte de Pasajeros comprende al actual servicio de remises, al tiempo que legaliza la prestación del servicio a través de plataformas electrónicas.

La decisión de las cooperativas de transporte de Concordia de no participar en el paro anunciado para hoy miércoles y mañana jueves, ha sido confirmada en medio de las negociaciones salariales entre representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP).

La falta de acuerdo en la paritaria nacional ha desencadenado esta medida de fuerza que afecta a líneas urbanas e interurbanas en varias provincias.

Sin embargo, en Concordia, las líneas de colectivo 1, 2, 5, 7, 8 y 9 continuarán operando con normalidad durante estos días.

La discusión salarial se enmarca en un contexto de crisis del sistema de transporte público de pasajeros por colectivos, exacerbado por la eliminación del Fondo Compensador del transporte para el interior del país por parte del gobierno nacional.

Habrá paro de colectivos este miércoles y jueves, supo Elonce. UTA y FATAP no llegaron a un acuerdo tras el cuarto intermedio y se confirmó el paro que se había anunciado para el miércoles y jueves de esta semana. Al respecto, Juan José Brito, secretario general de UTA Entre Ríos, confirmó que la provincia adhiera a la medida de fuerza.

Cabe recordar que el pasado jueves hubo una reunión paritaria entre autoridades nacionales, empresarios nucleados en la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap) y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en la cual no hubo acuerdo por la recomposición salarial que pide el sindicato de choferes.

Se pasó a una nueva audiencia que se concretó este lunes por la tarde, en la cual tampoco se encontró una solución y se confirmó el paro de colectivos que se había anunciad para este miércoles 13 y jueves 14 de marzo.

La medida afectará a las líneas urbanas e interurbanas del interior del país. La discusión en esta instancia en particular es la recomposición salarial para los choferes, pero se enmarca en un conflicto mucho más profundo, que es la crisis del sistema del transporte público de pasajeros por colectivos, luego de que Nación eliminara el Fondo Compensador del transporte para el interior del país.

El Concejal señaló que el proceso de implementación del aumento puede demorar hasta que se refleje en el sistema de pago y las máquinas de los colectivos, lo cual ocurrió hace dos días. Sin embargo, destacó que la inflación persistente y la eliminación de los subsidios a nivel nacional por parte del Gobierno generan una necesidad de revisión continua en el tema tarifario.

Sastre indicó que la Cámara de Transporte expresó su interés en que el Concejo Deliberante considere una nueva corrección tarifaria, tomando como referencia la situación en Paraná, donde la tarifa está subsidiada e incluso se ofrece transporte escolar gratuito. En este sentido, mencionó que se están evaluando diferentes parámetros y que se espera una reunión con el departamento de transporte municipal para discutir posibles soluciones.

El Concejal también destacó la importancia de considerar tanto las necesidades de la Cámara de Transporte como las de los usuarios, asegurando que se trabaja para encontrar un equilibrio que beneficie a ambas partes. Sin embargo, debido a plazos administrativos, cualquier acción al respecto deberá esperar hasta la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante el próximo 7 de marzo.

Los gremios expresaron su total rechazo a la quita de subsidios en el transporte y advierten que esta decisión de Javier Milei puede hacer “colapsar” el sistema a nivel nacional.

“Somos testigos de un radical cambio de sistema de transporte público de pasajeros, sin la más mínima transición o planificación. Se carece de una hoja de ruta, y sin ella, el sistema de transporte colapsará inevitable e irremediablemente.

‘‘Este nuevo esquema, expreso, sin paradas intermedias, genera incertidumbre, en cuanto al pago del salario de los trabajadores y a la prestación del servicio público”, comienza el comunicado de prensa firmado en conjunto por la CGT y la Unión Tranviaria Automotor (UTA). En ese sentido, los sindicatos remarcaron que con la eliminación del Fondo Compensador del Interior que financiaba los subsidios del transporte en casi todo el país, anunciada por la Secretaría de Transporte, las compañías tendrán “la facultad para subir el valor de sus tarifas sin ningún tipo de límite, generando discordia y conflictos entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales, afectando a la ciudadanía y los usuarios en general y a los trabajadores y sus fuentes de trabajo en particular”.

Alertaron también que la quita de subsidios “se verá prontamente se verá en el ámbito del AMBA” porque “hay una clara intención de cambiar el sistema de transporte público de pasajeros”, que es dispar en las distintas provincias del país.

“Si bien, el Estado Nacional aseguró que aquellos que necesiten del aporte del Estado seguirán contando con el tributo social a través de la tarjeta SUBE, se desregula completamente el sistema y se lo deja a la buena de Dios.

‘‘Hay jurisdicciones que no utilizan la tarjeta SUBE, por ejemplo”, añadieron.

Finalmente, el gremio de los colectiveros indicó: “Buscamos la paz social y la tranquilidad de todos los actores, somos protagonistas, no nos rebajemos a meros espectadores, sino será tarde.

Como entidad sindical, es nuestro deber advertir lo que pasa y estamos dispuestos a colaborar en una hoja de ruta o plan de transición, en el que participen todos los protagonistas involucrados”.