Con 9,75 puntos sobre 10, la provincia alcanzó el segundo lugar a nivel nacional, detrás de Córdoba, que obtuvo 9,90 puntos. El podio se completó con Santa Fe, con 9,70 puntos. El resultado entrerriano se ubicó además casi dos puntos por encima del promedio nacional, que fue de 7,8 puntos.El ITPP evalúa la cantidad, el nivel de detalle y el grado de actualización de la información presupuestaria y fiscal que los gobiernos provinciales ponen a disposición de la ciudadanía a través de sus sitios web oficiales. La medición contempla cuatro bloques: presupuesto; ejecución y rendición de cuentas; recursos; y divulgación.El resultado destaca el lugar alcanzado por Entre Ríos dentro del conjunto de las 24 jurisdicciones y refleja el nivel de disponibilidad y accesibilidad de la información vinculada con los recursos y el uso de los fondos públicos. Desde CIPPEC señalaron que la transparencia fiscal es un componente fundamental para garantizar el acceso ciudadano a la información pública y fortalecer los procesos de rendición de cuentas. En ese sentido, el organismo destaca que transparentar las cuentas públicas permite a la ciudadanía y a los distintos poderes del Estado evaluar las políticas implementadas con los recursos públicos.Entre las cinco mejores del paísEl ranking de la edición 2024 ubicó a Entre Ríos segunda a nivel nacional, seguida por Santa Fe, Tierra del Fuego y Neuquén. Con su puntaje de 9,75, la provincia se posicionó además como una de las jurisdicciones con mayor nivel de transparencia presupuestaria del país, superando ampliamente la media nacional.El informe de Cippec destaca que, durante los últimos años, la transparencia presupuestaria mejoró en las provincias argentinas, con una reducción de las diferencias entre jurisdicciones y un mayor acceso a la información fiscal. 

Entre Ríos obtuvo la máxima calificación en el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) sobre el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, consolidándose entre las tres provincias con mejor desempeño del país junto con Santa Fe y Córdoba.

El monitoreo, elaborado sobre la información publicada por las provincias al cierre del ejercicio 2025, otorgó a Entre Ríos el puntaje ideal de 100 sobre 100, al verificar el cumplimiento de los estándares de publicidad y acceso a la información fiscal establecidos por la normativa vigente. El resultado posiciona a la Región Centro como el espacio con mayor nivel de transparencia fiscal de la Argentina.

Bajo la gestión de Rogelio Frigerio, la provincia volvió a alcanzar la calificación máxima obtenida en la evaluación anterior, lo que refleja la continuidad de una política sostenida de transparencia, acceso a la información y ordenamiento de las cuentas públicas.El informe destaca especialmente el cumplimiento en la publicación del Presupuesto 2026 y de la información fiscal correspondiente a diciembre de 2025 dentro de los plazos previstos por la normativa, incluyendo datos sobre ejecución presupuestaria, recursos y gastos, deuda pública, planta de personal y demás indicadores exigidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal.El desempeño de Entre Ríos cobra mayor relevancia si se considera que el promedio nacional del índice fue de 70,9 puntos. En ese contexto, la provincia mantuvo el máximo nivel de cumplimiento y ratificó su liderazgo en materia de transparencia fiscal junto a las otras provincias de la Región Centro.Este resultado refleja el compromiso del Gobierno de Entre Ríos con una administración responsable, abierta y transparente, fortaleciendo la calidad institucional, el control ciudadano y la previsibilidad en el manejo de los recursos públicos.

La provincia alcanzó los 100 puntos, la calificación máxima prevista por el relevamiento, y quedó dentro del Grupo I, denominado de cumplimiento estricto. En ese mismo nivel fueron ubicadas Córdoba y Santa Fe, las únicas jurisdicciones que reunieron la totalidad de los requisitos evaluados.El informe analizó la información fiscal y presupuestaria publicada por los gobiernos provinciales adheridos al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno. La medición tomó como referencia el cierre del ejercicio 2025 y fue realizada durante los primeros quince días de abril de este año.

Qué información evaluó el relevamientoEl índice considera la publicación del Presupuesto vigente, el esquema de Ahorro-Inversión-Financiamiento, los gastos clasificados por finalidad y función, las partidas financiadas con endeudamiento especial, el stock de deuda pública y la planta de personal ocupada.Para obtener los 100 puntos, las provincias debían contar con toda esa documentación publicada dentro de los plazos establecidos. El informe establece que el presupuesto puede aportar hasta 35 puntos, el esquema de Ahorro-Inversión-Financiamiento otros 25 y los restantes ítems completan la calificación máxima.En el caso de Entre Ríos, ASAP consignó la publicación del Presupuesto 2026 y de los datos correspondientes a diciembre de 2025 sobre ejecución presupuestaria, gastos, deuda y personal estatal. El organismo precisó que la provincia, al igual que Córdoba y Santa Fe, repitió la puntuación máxima respecto de la medición anterior.

El resultado nacional y las diferencias entre provinciasEl promedio nacional del índice se ubicó en 70,9 puntos, por debajo de los 74,3 registrados en el informe de septiembre de 2025. La comparación con marzo del año pasado muestra una caída de 6,8 puntos, según indicó ASAP en sus conclusiones.Detrás del grupo de cumplimiento estricto quedaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Formosa, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz y Tucumán, con 90 puntos. Esas jurisdicciones publicaron la mayor parte de los datos requeridos, aunque no contaban con información actualizada sobre la planta de personal.El informe ubicó a Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Misiones en el nivel de cumplimiento intermedio. En tanto, Buenos Aires, Chubut, Mendoza, San Juan, Corrientes, Jujuy, Río Negro y Tierra del Fuego integraron el grupo de cumplimiento bajo. La Pampa y San Luis no fueron incorporadas al análisis por no estar adheridas al régimen federal.

La norma fijó que el periodo de transición comienza con el escrutinio definitivo y culmina el día de la asunción de las nuevas autoridades. El senador precisó que, en el último año de gestión, el gobierno no podrá nombrar, recategorizar ni transferir empleados de planta permanente dentro de la administración provincial. En cuanto a las contrataciones y licitaciones, apuntó que durante la transición, no se podrán iniciar procesos de licitación o contratación que superen lo presupuestado, sin autorización expresa de la Legislatura. Además, adelantó que la ley prohíbe incrementar erogaciones con fondos no previstos en el presupuesto. Cavagna resaltó que, por otro lado, el gobernador electo obligatoriamente deberá recibir 30 días antes de asumir un informe público con detalle de situación financiera, cantidad de personal, de juicios que tiene la administración, listado de compromisos a pagar y todo dato de interés, cuyo incumplimiento será plausible de sanción civil, penal y/o administrativo.El senador reiteró que "esta ley busca evitar medidas apresuradas en los finales de gestión y garantizar una transición ordenada y transparente". 

La nueva versión del sitio centraliza datos clave que antes estaban dispersos, optimizando la navegación tanto desde computadoras como desde dispositivos móviles. Entre las mejoras se destaca la incorporación del portal de obras públicas del Ministerio de Planeamiento, información financiera y presupuestaria, estadísticas oficiales y datos electorales.Además, el portal permite ahora consultar de forma sencilla la adhesión de municipios al Compromiso de Transparencia, ampliando así las buenas prácticas de gobierno abiertas en toda la provincia.El sitio cuenta también con una sección de Datos Abiertos que facilita el acceso a conjuntos de datos en formatos reutilizables, impulsando la investigación, el periodismo de datos y el desarrollo de soluciones tecnológicas cívicas. Asimismo, incluye un Manual de Transparencia y Datos Abiertos, un formulario de contacto para reportar información errónea o desactualizada y un apartado de preguntas frecuentes.El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó que "la reedición del Portal de Transparencia es un paso más en el compromiso de nuestro gobierno en abrir la gestión y poner luz dónde antes había oscuridad".Por su parte, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, afirmó que "el nuevo portal de Transparencia, además de incorporar más información, facilita a los ciudadanos la posibilidad de encontrarla e interpretarla. Es una herramienta más útil al momento de gestionar de cara a los vecinos". 

Junto a otras cuatro jurisdicciones que también se sumaron a la iniciativa, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Mendoza y Misiones, la adhesión de Entre Ríos a este régimen constituirá un avance sustancial en la búsqueda de una mayor conciencia fiscal, permitiendo una mejor comprensión sobre cómo se financian las actividades estatales y el uso de sus recursos. Se trata de un esfuerzo que busca fortalecer la relación entre el Estado entrerriano y los ciudadanos, fomentando la participación ciudadana en cuestiones fiscales.La decisión del gobierno entrerriano de adherir a este régimen, fomentado por la ONG Lógica y respaldado por la Ley N° 27.743, tiene que ver con su convencimiento de que esta iniciativa constituye un aporte significativo en la relación entre el Estado y los ciudadanos.  Aunque la tarea apenas comienza y persisten desafíos, como lograr una implementación uniforme a nivel nacional y promover reformas fiscales profundas y sostenibles, el gobierno entiende que esta iniciativa sienta las bases para un cambio cultural en la forma en que los argentinos, y particularmente los entrerrianos, perciben y comprenden los impuestos. 

La provincia de Entre Ríos es la jurisdicción mejor calificada en materia de transparencia en el país. Con un puntaje de 100, fue la única con un cumplimiento total de los requisitos establecidos en la ley de Responsabilidad Fiscal. La sigue San Juan, con 85 puntos.

Los datos surgen del análisis semestral comparativo que realiza la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

�SDe acuerdo a la información relevada al 31 de marzo 2021 las provincias incluidas en el Grupo I calificadas como de alto cumplimiento, por haber presentado toda la información que exige la Ley dentro de los plazos establecidos fueron: Entre Ríos, San Juan, Río Negro, Tucumán, Córdoba, Formosa, Santa Fe, La Rioja y Neuquén. Todas ellas muestran puntajes que oscilan entre 100 (en el que solo se ubica Entre Ríos) y 65 puntos⬝, expresa el documento.

En ese marco, el gobernador Gustavo Bordet recordó que �Sel vínculo del Estado con la ciudadanía tiene que ver necesariamente con la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Es por ello que desde un primer momento de nuestra gestión nos propusimos ofrecer toda la información que exige la Ley de Responsabilidad Fiscal en tiempo y forma. Fruto de eso es la mejora significativa de Entre Ríos en cuanto a su cumplimiento el concierto nacional⬝.

El mandatario puso de relieve que �Sa pesar de las serias dificultades que la pandemia introdujo en los recursos fiscales de nuestra provincia, a raíz de la caída de la actividad económica y la recaudación; y teniendo en cuenta las adaptaciones presupuestarias que debimos realizar para preparar el sistema de salud ante la emergencia sanitaria y garantizar el cuidado de la población, desde nuestro gobierno hicimos todo el esfuerzo necesario para seguir cumplimentando en tiempo y forma aquello a lo que nos mandata la Ley de Responsabilidad Fiscal, a la que nuestra provincia se encuentra adherida⬝.

Por último, Bordet resaltó �Sel buen trabajo que se ha venido desarrollando en el marco de la pandemia para llegar con los recursos necesarios al sistema de salud sin descuidar la pauta salarial, las obligaciones del Estado y la asistencia a los sectores especialmente perjudicados para los que destinamos medidas de alivio fiscal y una inversión directa que apunta a sostener las fuentes laborales⬝.

La ASAP realiza un monitoreo periódico de la información fiscal y presupuestaria publicada por todos los gobiernos provinciales de acuerdo a los parámetros fijados en la Ley Federal de Responsabilidad Fiscal.

Los requerimientos establecidos son de dos tipos: por un lado, la naturaleza de la información, y por otro el rezago en la publicación de esta información

Los resultados del último informe corresponden al análisis llevado a cabo al finalizar el mes de marzo bajo el criterio de búsqueda en sitios web razonablemente accesibles.

La ley de Responsabilidad Fiscal fue sancionada en 2004 con el propósito de coordinar y ordenar la información fiscal de la Nación y los 24 distritos.

En su artículo séptimo, la ley 25.917 dispuso que cada una de las 25 jurisdicciones debe publicar en su página web el presupuesto anual, las proyecciones del presupuesto plurianual y la cuenta anual de inversión.