Los envíos se redujeron 10,3% interanual en términos reales, y también retrocedieron 2,8% respecto de agosto.El ajuste se da mientras los mandatarios provinciales reclaman fondos y el presidente Javier Milei busca recomponer vínculos, en un contexto donde incluso Estados Unidos pidió señales de gobernabilidad.

La coparticipación, eje de la bajaEl grueso de las transferencias corresponde a la coparticipación (91% del total), que sumó $4,6 billones en septiembre. Allí se registró una baja real de 0,8% interanual y de 3,4% mensual.La caída general del 10,3% se explica principalmente por el desplome en impuestos internos (-34,6%) y otros tributos coparticipados (-83,2%). El efecto estadístico responde al fuerte incremento que había generado el blanqueo de 2024, que elevó la base de comparación. Aun con subas en Ganancias (3% real) e IVA (1,2% real), no alcanzó para compensar.

Compensaciones y regímenes especialesLos recursos por Consenso Fiscal crecieron 90,1% real, aunque representan apenas el 4% del total.El conjunto de leyes y regímenes especiales (5% de las transferencias) sumó $231.828 millones, con una caída real del 73,9%, arrastrada por la baja en Bienes Personales (-92,1%) y en el Régimen de Energía Eléctrica (-52,5%).En contraste, mejoraron el IVA Seguridad Social (1,2%), el Monotributo (76,6%) y el Impuesto a los Combustibles Líquidos (29,1%).Este último tributo es parte de la pulseada entre Nación y gobernadores. El proyecto provincial que propone eliminar los fondos fiduciarios alimentados por el impuesto y repartirlo directamente ya tiene media sanción en el Senado, pero quedó trabado en Diputados.

Reclamos políticos y bloqueos legislativosEl kirchnerismo levantó la sesión en la que debía tratarse la distribución de esos fondos, mientras que los mandatarios sostienen que la Nación recauda pero no reparte como establece la ley. A su vez, los gobernadores presionan por los ATN, cuya nueva distribución también fue aprobada en el Congreso pero Milei adelantó que vetará.

El peor septiembre en ocho añosLos envíos automáticos de septiembre fueron los más bajos desde 2017. En moneda constante quedaron:7,5% por debajo de 2017,4,1% menos que en 2018,0,4% menos que en 2019,4,5% menos que en 2020,10,2% menos que en 2021,12,5% menos que en 2022,12,1% menos que en 2023,10,3% menos que en 2024.Por provincias, la CABA tuvo la caída más leve (0,6%), ya que no percibe fondos de Bienes Personales. En el extremo opuesto, Santa Cruz, La Pampa, Córdoba y Santa Fe sufrieron bajas superiores al 12,5%.

Acumulado anual: leve repunte, con disparidades

Entre enero y septiembre, las transferencias automáticas acumulan una suba real de 2,4%. La coparticipación creció 0,4%, los regímenes especiales un 37% y el Consenso Fiscal un 89,2%.

En la comparación provincial, todos los distritos muestran crecimiento acumulado, aunque con diferencias marcadas:Buenos Aires lidera con un alza del 5,2% real.La Ciudad de Buenos Aires apenas llega al 0,7%, ya que no recibe recursos por leyes especiales ni por Consenso Fiscal.

Este último mes, el Gobierno giró $4.245.000 millones a las provincias, lo que representa un aumento nominal del 120% respecto a diciembre de 2023, según estimó IARAF en base a datos del Ministerio de Economía.Sin embargo, al descontar la inflación, la cifra anual se ubica en $42.133.000 millones, un 10% menos que en 2023 en términos reales.Diciembre trajo un respiro para las provincias, ya que todas las jurisdicciones, excepto Buenos Aires, registraron variaciones reales positivas en las transferencias.Santa Cruz lideró el ranking con un aumento del 8%, mientras que Buenos Aires fue la única provincia con un descenso interanual real del 6,5%. Esta disparidad generó una amplitud de 14,5 puntos porcentuales entre la jurisdicción con mayor crecimiento y la única con una disminución.El buen desempeño de la recaudación de dos impuestos claves, el Impuesto a las Ganancias y el IVA, explica el repunte de diciembre. La recaudación del Impuesto a las Ganancias experimentó un crecimiento real interanual del 13%, mientras que la del IVA aumentó un 2,6%. En conjunto, estos dos tributos, que representan aproximadamente el 94% de la masa coparticipable neta, registraron un alza real interanual del 6,5% en diciembre.No obstante, el panorama anual para la recaudación de estos impuestos es menos favorable. En el acumulado del año, la suma del IVA y el Impuesto a las Ganancias experimentó una variación real interanual negativa del 9%.Al analizar la evolución de las transferencias automáticas a lo largo de los últimos nueve años, el panorama para 2024 se ubica en la mitad inferior del ranking. El monto total de transferencias automáticas reales en 2024 se posiciona en el octavo lugar, mientras que los envíos por coparticipación en términos reales ocupan el sexto lugar del mismo período. NA. 

La próxima reunión entre funcionarios nacionales y Gobernadores, prevista para el 4 de abril, llega así con un nuevo foco de tensión.

Es que por DNU el gobierno de Javier Milei frenó los giros que la Anses le realiza a 13 cajas de jubilaciones provinciales no transferidas. La decisión derivará en nuevas presentaciones judiciales: ya hay distritos que en otras oportunidades llegaron a la Corte Suprema de Justicia.

Las partidas para las cajas no transferidas están previstas por presupuesto nacional desde el gobierno a provincias de distintos signos políticos: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes. Hasta diciembre pasado, estas provincias venían recibiendo las partidas sin actualizar, incumpliendo la ley. Desde enero, la Casa Rosada no les giró ni un peso más, ni siquiera a valores históricos, con lo cual hay deuda acumulada respaldada por una ley. Las partidas para las cajas no transferidas están previstas por presupuesto nacional desde el gobierno de Mauricio Macri, cuando se alcanzó un acuerdo entre Nación y provincias. Desde 2023, se estableció que se actualizarían en función de la movilidad jubilatoria, lo que nunca se cumplió.

Por el DNU publicado en el Boletín Oficial, se eliminaron varios artículos de la Ley de Presupuesto (27.701) de 2023, prorrogada para este año, y cayó también este esquema.

Desde que asumió Milei, se cortaron estas transferencias. No solo no se realizaban actualizadas, sino que directamente no se hacían. El impacto es fuerte para las finanzas provinciales: lo que no pone la Nación lo deben aportar los tesoros provinciales.

El pago de la deuda acumulada por falta de actualización era un punto que, en el inicio de la gestión libertaria, los gobernadores pidieron resolver como forma de descomprimir tensiones, pero no fue aceptado.

Cuando el cordobés Osvaldo Giordano estuvo a cargo de Anses por 75 días planteó usar una parte de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) para cancelar esa deuda con los sistemas previsionales en manos de provincias: eran US$ 5.600 millones. Pero la propuesta no fue aceptada.

En la gestión de Macri se acordó que aquellas provincias que no transfirieron los regímenes previsionales a la Nación recibirían los mismos recursos que le costaría al sistema central si los tuviera bajo su órbita.

De esta manera, dejó de exigirse la “armonización” que había sido un punto de conflicto durante la gestión de Cristina Kirchner.

Como en todo sistema previsional, sin importar la órbita en que esté, para que el rojo no crezca, debería haber más empleados públicos, lo cual es un contrasentido.

Si los gobiernos provinciales son más eficientes, hay más brecha entre aportantes y pasivos. Si no median reformas previsionales, el gasto jubilatorio será creciente.

Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la relación entre aportantes y beneficios es de 3 a 1 en la Patagonia; de 4 a 1 en Misiones, y menos de dos por cada prestación en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Formosa. NA.

Ambas instituciones que representan en Argentina a más de 3.000 empresas, consideraron importante informar a la opinión pública que, en la transferencia de los vehículos usados, el costo de los aranceles registrales no superan en ningún caso, el 2 % del valor del auto en todo el país. En el año 2022 los aranceles tuvieron un aumento del 40,62 % y en 2023 un 55,76 %. El aumento total en el período 2022-2023 fue del 96,38 %, habiendo sido el IPC de ese período casi del 300 %.

El resto de los conceptos que integran el costo de una transferencia corresponde a impuestos que son exclusiva responsabilidad, tanto de los gobiernos provinciales como municipales (impuestos de sellos, reclamo de infracciones de tránsito y de patentes). El costo termina siendo de una magnitud inusitada, producto no por la transferencia del vehículo en sí, sino por los agregados diversos que se fueron sumando en el tiempo.

Los cambios en el DEBIN recurrente -un débito inmediato que se efectúa periódicamente desde o hacia una cuenta bancaria o de un proveedor de servicios de pago (PSP, más conocido como billeteras virtuales)- serán efectivos a partir del 1 de diciembre de 2023, e incluyen la obligación para bancos o PSP de “exhibirle al cliente cuya cuenta se debitará una leyenda para que confirme si acepta que periódicamente se le realicen los débitos solicitados por ese proveedor.

“El BCRA recuerda que la baja de la adhesión de los DEBIN recurrente puede ser realizada por el cliente receptor a través del cliente ordenante, o bien, de la entidad receptora, de manera indistinta”, detalló la autoridad monetaria en un comunicado.

Tanto los bancos como billeteras virtuales que actualmente usan DEBIN recurrente para fondear cuentas “deberán discontinuar esa operatoria antes del 1 de diciembre de 2023 y habilitar a sus clientes las transferencias inmediatas pull”.

En ese sentido, las “transferencias inmediatas pull” -mecanismo que permite transferir dinero entre cuentas de un mismo titular- también tendrán una serie de cambios para promover la eficiencia y seguridad de los procedimientos.

Entre ellos, se circunscribirá el alcance, tanto para recibir como para realizar pedidos de fondos, a cuentas de pago (de billeteras virtuales) y a cuentas bancarias de uso generalizado: cajas de ahorro, cuentas sueldo y de la seguridad social, incluidas las usadas para el pago de planes, las destinadas a adolescentes y de cuenta gratuita universal. También se limitarán las operaciones diarias a un límite de 2.500 UVA (actualmente, unos $ 727.000) por cuenta, “para ordenar transferencias inmediatas pull, como una manera de monitorear su comportamiento y profundizar la difusión de la operatoria”.

Quedarán excluidas de este mecanismo todas las billeteras virtuales que no estén inscriptas en el “Registro de billeteras digitales interoperables”.

“Las personas que deseen realizar estos pedidos de fondos deben enrolar previamente las cuentas sobre las cuales enviarán solicitudes de fondos y dar su consentimiento para ello, un mecanismo que le otorga seguridad a la operatoria”, concluyó el Central.

La billetera virtual, además de pago con QR o botón de pago, ofrece la posibilidad de realizar transferencias a otras cuentas de Mercado Pago, otras billeteras digitales o cuentas bancarias. Y desde principios de este año la empresa decidió dejar de subsidiar las comisiones de ingreso de fondos al sistema.

Las alternativas que tienen los usuarios para no pagar el 1 por ciento de comisión son el Débito Inmediato o la transferencia por CVU (Clave Virtual Uniforme). La primera opción tiene la dificultad de solo ser válida, por cuestiones de seguridad, a través de una cuenta bancaria propia. La otra opción permite transferir desde cualquier cuenta bancaria pero implica salir de la aplicación para realizar una transferencia tradicional. Por eso las transferencias se volvieron esenciales para los usuarios.

Además, para la empresa de origen argentino que cotiza en la bolsa de Nueva York, las fallas en su billetera digital resultan particularmente molestas ya que la fintech gana cada vez toma más volumen, al punto de estar transformándose de a poco en el buque insignia de la compañía, incluso compitiendo con el sitio de ventas.

El Gobierno amplió el período de obligatoriedad para practicar las verificaciones físicas de los autos y motos, que comenzará a regir desde el lunes próximo y constituye un trámite indispensable para las transferencias. La verificación física es una revisión que se realiza en cada vehículo para constatar que el número de motor, de chasis y el tipo de automotor correspondan con lo especificado en la documentación de la unidad.

La Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) -organismo que depende del Ministerio de Justicia- dispuso que a partir del 5 de abril próximo será obligatorio verificar en los trámites de transferencias de automotores inscriptos inicialmente a partir del 1° de enero de 2001, y también en las de motovehículos de fabricación nacional inscriptos a partir del 1 de enero de 2004. Las verificaciones físicas se efectúan en plantas que están a cargo de peritos de las distintas policías del país, autorizados por la DNRPA.

Este tipo de verificaciones forma parte de la numerosa cantidad de trámites que acompañan la vida de un vehículo, pero nada tiene que ver con la más conocida Verificación Técnica Vehicular (VTV), que se realiza anualmente. La DNRPA está facultada para verificar o disponer que se verifique que los automotores no hayan sufrido cambios o adulteraciones en las partes que los conforman como tales.

Así, la verificación física de los automotores y motovehículos resulta ser la herramienta que permitirá conocer la existencia de inconsistencias entre la documentación registral y lo que efectivamente refleje el automotor, según informó NA. Todas las medidas tomadas �Sestán dirigidas a alcanzar, de manera más acabada, los estándares de seguridad jurídica que el Sistema Registral de Automotores debe brindarle a los ciudadanos y las ciudadanas⬝, señaló la titular de la DNRPA, María Doro Urquiza. Por otra parte, el organismo recordó que también desde el lunes próximo las Cédulas de Identificación de los Automotores y Motos, conocidas habitualmente como �SCédulas Verdes⬝ volverán a tener una vigencia de un año desde su expedición y no de tres, como había dispuesto en su momento el Gobierno anterior.

�SResulta oportuno establecer el plazo de vigencia de un año para las Cédulas de Identificación del Automotor, tal como rigió por más de diez años hasta la modificación; en virtud de robustecer la seguridad jurídica, otorgando claridad y transparencia tanto a la información procedente en los legajos de los dominios, como a la documentación que se les entrega a los usuarios⬝, expresó Doro Urquiza.