Por Ludmila Di Grande - El 54,5% de las personas ocupadas no hace aportes jubilatorios, una situación que reduce los ingresos de un sistema previsional ya en crisis y limita la cobertura de la seguridad social.En un contexto de deterioro del mercado laboral, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, la proporción de trabajadores que sí efectúan contribuciones pasó de entre 47,3% y 48,4% durante 2023 a 45,2% en el primer trimestre del corriente año.El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que esa reducción implica una merma anual de $3,3 billones en los recursos previsionales, a valores actuales. El monto equivale al 5,3% de la recaudación por contribuciones patronales y aportes personales.Del total estimado, $2 billones corresponden a contribuciones patronales y $1,3 billones a aportes personales. En promedio, la baja alcanza los $277.780 millones mensuales, con un máximo de $454.093 millones en julio por el efecto de la liquidación del medio aguinaldo.El CEPA aclaró que se trata de una proyección máxima de la pérdida potencial, no de una medición exacta de los recursos que efectivamente dejaron de ingresar. El planteo supone que quienes pasan a la informalidad perciben el mismo salario promedio que los trabajadores registrados, aunque sus remuneraciones suelen ser inferiores.Mientras tanto, según el Instituto de Desarrollo Social Argentino (Idesa), tras el ajuste aplicado por el actual Gobierno, el gasto público no destinado a la vejez se ubica apenas un 5% por encima, en términos del PBI, del promedio registrado en la década de los 80. En cambio, el gasto asociado a la vejez es un 73% mayor.

Qué pasa en otros paísesEl problema estructural del sistema previsional argentino radica en la insuficiente cantidad de trabajadores que realizan aportes para sostener las jubilaciones y pensiones sin recurrir a otras fuentes de financiamiento.Un estudio comparativo de Argentina, Brasil, México, Canadá, España y Suecia, elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), situó al país entre los que registran menor proporción de contribuyentes respecto de la población económicamente activa (PEA).El indicador alcanza el 46,3% para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), aunque asciende a aproximadamente el 58% al incorporar los aportantes de las cajas provinciales no transferidas y las profesionales. Brasil registra el 60,9%, Canadá 86,1%, España 87,5% y Suecia 91,5%. México presenta el valor más bajo, con el 42,5 por ciento.El informe muestra que la diferencia está asociada sobre todo con la informalidad laboral. En la Argentina, el 43% de la población ocupada trabaja “en negro”, mientras que en Canadá, España y Suecia ese fenómeno tiene una incidencia marginal.Además, advierte que la cantidad de personas que aportan no refleja por sí sola la capacidad de financiamiento: los trabajadores independientes suelen contribuir menos que los asalariados formales.En ese sentido, se destaca el caso del monotributo. En la categoría más habitual, el componente previsional representa, en promedio, apenas el 3,65% del ingreso del contribuyente, frente a entre el 21,77% y el 23,35% de la remuneración bruta que aporta un empleado en relación de dependencia.

Los trabajadores independientes suelen contribuir menos que los asalariados formalesLa fragilidad también aparece en las cuentas previsionales. Según la OPC, el sistema argentino registra un resultado positivo equivalente al 0,03% del PBI cuando se incluyen los impuestos asignados específicamente a su financiamiento. Sin embargo, si se consideran únicamente los aportes y las contribuciones, presenta un déficit del 0,72% del PBI.El documento explica que depender de tributos vinculados al consumo y a las transacciones bancarias expone los recursos previsionales a las fluctuaciones de la actividad económica.A largo plazo, la brecha entre los recursos disponibles y las necesidades de financiamiento constituye otro obstáculo. La tasa de cotización vigente —es decir, el porcentaje del salario destinado a financiar el sistema previsional— es del 22,2%, pero debería elevarse al 46,1% para equilibrar las cuentas bajo las reglas actuales.La tasa de cotización vigente es del 22,2%, pero debería elevarse al 46,1% para equilibrar las cuentas del sistema bajo las reglas actualesSegún el documento, esa diferencia —la mayor entre los países analizados— evidencia los límites de intentar resolver el desequilibrio exclusivamente mediante un incremento de las cargas laborales.La OPC subraya que la presión demográfica aumentará en las próximas décadas. La cantidad de personas de 65 años o más por cada 100 en edad activa pasaría de 18,8 actualmente a entre 30 y 32 en 2050.La cantidad de personas de 65 años o más por cada 100 en edad activa pasaría de 18,8 actualmente a entre 30 y 32 en 2050 (OPC)Ese cambio plantea un desafío adicional para un sistema que ya enfrenta dificultades para ampliar la base de aportantes y financiar las prestaciones con recursos contributivos.

La medición corresponde al segundo trimestre del año y revela un incremento constante desde el 41,4% registrado a fines de 2023, según datos procesados por la Universidad Nacional de Rosario a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.Esta dinámica coincide con un cambio relevante en la composición de las ocupaciones, ya que en el mismo período, la participación de los asalariados retrocedió del 73,7% al 70,5%, mientras que el cuentapropismo se expandió del 22,6% al 25,5%.Al referirse al universo de quienes trabajan por cuenta propia, el informe alerta por la precariedad, ya que el 65,8% de los cuentapropistas en la población urbana del país opera en la informalidad. En contraste, la falta de aportes jubilatorios entre los trabajadores asalariados se ubica en el 37,9%, una cifra que evidencia un deterioro continuo desde el 33,6% medido a fines de 2016.Asimismo, el trabajo puntualizó que la informalidad no golpea por igual a todas las actividades. Entre los sectores con mayor precariedad, aparece el servicio doméstico, que encabeza la falta de registración con un 77,4%, seguido por la construcción (76,2%), la gastronomía y alojamiento (63,9%) y el comercio (54,7%).Por el lado de los sectores con mayor formalidad, los servicios profesionales, científicos y técnicos exhiben una informalidad del 19,2%, mientras que en información y comunicación alcanza el 33,9%.El análisis por centros urbanos expone la brecha geográfica que atraviesa al país. Las tasas más altas de informalidad se concentran en el Norte y Cuyo. Encabeza la Ciudad de Formosa con el 87,9% de los cuentapropistas que son informales, seguida por el Gran Tucumán y Tafí Viejo (87,6%), Santiago del Estero y La Banda (87,5%), Gran Resistencia (84%) y Gran San Juan (83%).En el extremo opuesto, los niveles más bajos de informalidad entre cuentapropistas se registran en la Ciudad de Buenos Aires (32,8%), Mar del Plata y Batán (42,7%), Bahía Blanca y Cerri (43%) y las ciudades fueguinas de Ushuaia y Río Grande (43,1%).A nivel regional, las localidades patagónicas muestran una tasa de informalidad total de entre el 18% y el 33,5%, frente a rangos de entre el 43,9% y el 56,2% en el Noroeste y del 51,9% al 53,8% en el Noreste.En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la asimetría también es evidente, mientras que en la CABA la informalidad total es del 26% (25,6% entre asalariados y 32,8% en cuentapropistas), en el conurbano bonaerense trepa al 47,5% total, impulsada por un 70,2% de precariedad en el empleo independiente.Según la investigación, estas diferencias marcadas no se reducen a la cantidad de cuentapropistas en cada jurisdicción, sino fundamentalmente a la estructura de producción, la productividad promedio y el tamaño de las empresas.En zonas donde predominan actividades de alta productividad y grandes compañías, como la industria hidrocarburífera en Neuquén, donde la informalidad es de apenas el 26,4%, la minería o la electrónica, el trabajo registrado predomina.Además, la presencia del sector público atenúa los índices en provincias como La Rioja y Catamarca, donde el empleo estatal abarca a más de un tercio de los ocupados y la informalidad ronda el 43,9% y 45,1%. Agencia NA

Más de 5,7 millones de personas trabajan sin acceso a derechos básicos como aportes jubilatorios, cobertura de salud o licencias laborales, según reveló el INDEC en su último informe de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondiente al cuarto trimestre de 2024.

Mayor impacto en jóvenes, mujeres y autónomosLa informalidad afecta con mayor fuerza a los sectores más vulnerables del mercado laboral:Jóvenes menores de 29 años: 58,7%Mujeres: 43,4%Varones: 40,9%Por tipo de ocupación, la informalidad alcanza:Trabajadores por cuenta propia: 62,4%Servicio doméstico: 77%Construcción: 76,6%Comercio: 51,9%

Prácticas irregulares en empresas formalesEl informe también muestra que el 21,6% de los trabajadores informales se desempeña en unidades económicas informales, pero un 11,8% trabaja sin registrar en empresas formales, lo que evidencia prácticas irregulares dentro del propio sector legalmente constituido. Además, un 4,8% lo hace como personal doméstico sin registración.

Aportes previsionales y empleo asalariadoEntre los asalariados, el 35,8% no realiza aportes jubilatorios, y de ellos, el 84% directamente no aporta nada al sistema previsional. Además, un 3,8% de los empleados registrados cobra solo una parte de su sueldo en blanco, lo que refleja una parcial informalidad dentro del empleo formal.

Sin cambios significativos en el añoA lo largo de 2024, la tasa de informalidad laboral se mantuvo elevada, con leves oscilaciones. En el cierre del año, se registró solo una décima menos que en el trimestre anterior, lo que confirma la persistencia del fenómeno.

En ese sentido detalló: �SHay empresarios que ya lo tienen como una modalidad, la de tomar trabajadores en negro, hay supermercados que tienen el 15 % de toda su planta en negro y media jornada, lo preocupante es que no tenemos herramientas para controlar.

�SPor eso cuando a mí me dicen que hay una industria del juicio, yo digo que nos sentemos a conversar, que vayamos a los tribunales, que vayamos a los estudios jurídicos o los abogados que practican la industria del juicio y que me traigan la lista de juicios que hay en tribunales, esto es una excusa, acá prácticamente los empresarios quieren que no exista ley, no quieren vacaciones, no quieren salarios de convenios, no quieren la flexibilización de la ley de empleos, lo único que quieren es el beneficio propio y aprovechar el momento para facturar ellos⬝, remarcó Simonetti.

�SNo hay que meter a todos los empresarios en esto, yo conozco buenos empresarios, hay otros que no son tan buenos, pero respetan las cosas, pero hay algunos que son un desastre, se quejan que no ganan, afirman que se tienen que bajar los impuestos, bajar la presión tributaria, pero no se fijan en los trabajadores en negro que tienen, y la evasión que están cometiendo porque los trabajadores saben que es lo que se vende y que es lo que declaran estos empresarios⬝ graficó.

�SPareciera que quieren que volvamos a la época de la esclavitud, que los empleados trabajen 14 horas, que no haya vacaciones, que no haya aguinaldo y que el salario sea fijado por el empleador⬝ indicó.

�SResulta que desde que vienen uruguayos, tienen ventas extraordinarias y sin embargo eso no se transmite al trabajador. Lamentablemente tenemos un empresariado que siempre se escuda y juega con la necesidad de la gente⬝ afirmó.

Consultado respecto a la instalación de Maxi consumo en nuestra ciudad señalo �Sen un primer momento serán 50 los puestos de trabajo y luego de 90 días la empresa duplicaría esa cantidad de trabajadores y a medida de cómo van sus ventas se estaría incrementado aún más estos puestos, hay que tener en cuenta también los trabajos que indirectamente generara, no solo en Concordia, sino en la región⬝.