La Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº1 de Paraná hizo lugar a la acción de lesividad impulsada por el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y declaró la nulidad de los decretos y contratos que avalaban esas adjudicaciones privadas.El fallo del dictado el 29 de julio anuló las ventas efectuadas entre 1979 y 1997 a favor de la firma Paraná Guazú SA y de terceros que posteriormente adquirieron los terrenos, por considerar que las islas son bienes del dominio público del Estado y, por lo tanto, inalienables e imprescriptibles. Además, la sentencia establece que solo una ley nacional puede desafectar estos bienes para permitir su venta, lo que en este caso no ocurrió.Esta decisión se enmarca en la política de regularización y recuperación del patrimonio público provincial impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio, en cumplimiento de los principios consagrados en la Constitución provincial reformada en 2008."Este fallo reafirma el compromiso del Estado entrerriano con la defensa del interés público y la protección de nuestros recursos naturales. Las islas son bienes de todos los entrerrianos y nunca debieron haber sido apropiadas de forma irregular", expresó Rodríguez Signes.El gobierno entrerriano continuará avanzando en el relevamiento y saneamiento dominial de tierras fiscales que hayan sido indebidamente transferidas o explotadas, con el objetivo de garantizar la legalidad, el orden territorial y la soberanía ambiental sobre el territorio provincial. 

�SEl espíritu de este proyecto es impulsar la agricultura familiar y que esta sea económicamente viable para que una familia pueda vivir y desarrollarse, y en un plazo razonable, afrontar el pago de la tierra adjudicada⬝, señaló el legislador del PRO.

 �SLo fundamental en la Argentina que vivimos hoy es lograr las 3T: Tierra, Techo y Trabajo⬝ enfatizó. �SCon este proyecto no tengo dudas que es posible alcanzarlo⬝, garantizó. A su vez, De Angeli sostuvo que �Sen todas las actividades de la economía hay un proceso de concentración económica, y el sector agropecuario no escapa de eso⬝, por lo cual afirmó que �Sla posibilidad de distribuir la tierra pública representa una oportunidad para que nuevos productores puedan consolidar su vocación y aumentar el número de familias dedicadas a la actividad agropecuaria⬝.

Para llevar a cabo el reparto de tierras públicas, De Angeli propone crear el Instituto Nacional de la Colonización, integrado por cinco miembros: tres propuestos por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Congreso Nacional, uno en representación de las entidades ruralistas y un representante de las provincias. Este instituto realizará planes de colonización, según la región del país, siguiendo algunas pautas técnicas. Además establecerá las condiciones para quienes desean participar de una adjudicación, y también, fijará el valor de las tierras adjudicadas y los plazos de pago que no podrá exceder los 25 años. El adjudicatario recibirá el título de propiedad tras el pago completo al Estado.

�SEl campo genera desarrollo, arraigo y movimiento en todas las ciudades y pueblos del país. Es fundamental que desde el Estado se trabaje con herramientas concretas en sectores que tienen potencial para generar trabajo y mayor competitividad para producir y comercializar más, y así poder crecer en el mercado interno e internacional⬝, finalizó.