Por Karina Poritzker - El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky ubicó hoy a directivos de la AFA en el “epicentro” de la investigación por supuesto lavado de dinero con la compra de una mansión en Pilar y otros bienes, a partir de pruebas clave como la que comprobó que una tarjeta de crédito que usa el supuesto testaferro, Luciano Pantano, es corporativa de la Asociación del Fútbol Argentino y tiene gastos por unos 50 millones de pesos al mes.Entre estos gastos están los telepases de algunos de los 54 vehículos de alta gama secuestrados en la casaquinta de Villa Rosa, Pilar. El magistrado rechazó apartarse del caso y enviarlo al juez federal de Campana Adrián González Charvay.Advirtió que “el ilícito precedente del presunto lavado de dinero estaría constituido por la figura de la administración fraudulenta” y habría sido cometido “en perjuicio de la AFA y a través de sus directivos”.Al respecto remarcó que el supuesto testaferro y dueño formal de la mansión y otras propiedades bajo investigación paga consumos con una tarjeta de crédito “que pertenece a una cuenta corporativa de la Asociación de Fútbol Argentino”.En la resolución donde rechazó el planteo de inhibitoria basado en razón de territorio que le cursó González Charvay, -porque las propiedades están en Pilar-, el magistrado porteño aludió a la prueba que hay en la causa y mencionó el informe “sobre la tarjeta American Express de Luciano Pantano que paga, entre otros consumos, el PASE de los automotores secuestrados” en la quinta de Villa Rosa. “Allí surge que pertenece a una cuenta corporativa de la Asociación de Fútbol Argentino, que tiene como domicilio la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, remarcó en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.La tarjeta de crédito cuyo resumen llegaba a la sede de la AFA a nombre de Luciano Pantano pagaba telepases de autos de alta gama secuestrados en PilarAguinsky destacó que “en esa tarjeta aparecen numerosos consumos y pagos de servicios con un promedio mensual de 50.000.000 de pesos en lo que va de enero a diciembre de 2025. Esos gastos deben ser investigados para corroborar si están o no vinculados con el predio de Villa Rosa, Pilar y para que, en caso de tratarse de un delito en curso, cesen sus efectos en forma inmediata”, advirtió.El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky recibió un informe que da cuenta que la tarjeta de crédito con que Luciano Pantano paga telepase de vehículos secuestrados en la mansión de Pilar es corporativa de la AFA

El epicentro del delitoPara el juez el “epicentro” del caso no está en Pilar. “El núcleo de la investigación no es la casa de Villa Rosa, sino que es la Asociación del Fútbol Argentino cuyo asiento y domicilio legal está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a escasos 800 metros de la sede de este tribunal (Sarmiento 1118 CABA) y a 82 km. de distancia del Juzgado Federal de Campana”, remarcó al negarse a ceder el caso a su par bonaerense.También recordó que el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial asoció esta investigación con la que se abrió por presunta evasión de aportes e impuestos por parte de la AFA por un total de 19 millones de pesos, que se sigue en otro juzgado de ese mismo fuero en CABA, a cargo del juez Diego Amarante. Esta imputación “ completa el cuadro indiciario señalado” en lo referido a delitos que antecedieron al lavado de activos y que se sospecha se cometió con la adquisición de la casa de Pilar y otras propiedades y bienes, a nombres de testaferros, -en el caso Pantano y su madre-, quienes figuran como titulares de la sociedad compradora.El estado actual de la causa “permite otorgar un anclaje distinto y más preciso para la determinación del acto relevante a los fines de dirimir la cuestión de competencia territorial”, analizó Aguinsky sobre el planteo de inhibitoria del juez de Campana.El fuero Penal Económico agregó, es “de especialidad, creado para el conocimiento y juzgamiento de conductas que, por su complejidad técnica y su impacto en el orden económico y financiero, requieren un abordaje jurisdiccional específico”.“No se encuentra cuestionado que corresponde a este fuero el entendimiento en causas vinculadas con maniobras destinadas a introducir, disimular o dar apariencia lícita a fondos de origen ilícito”, remarcó también.Aguinksy comunicó el rechazo del planteo de inhibitoria a González Charvay y si este último no lo acepta, el conflicto escalará y será resuelto por la Cámara Federal de San Martín, como tribunal de apelaciones.Mientras tanto la investigación seguirá adelante en el juzgado en lo penal económico 10 que subroga el juez, con la feria judicial de enero habilitada. Infobae.

El esquema incluyó la compra de departamentos a través de una firma pantalla, préstamos simulados, falsificación de balances y vehículos registrados a nombre de terceros.

El núcleo de estas maniobras se realizó mediante la empresa Betail SA, creada días después de que Kueider asumiera en el Senado en 2019. A través de esta firma, sin actividad comercial real, adquirió tres departamentos en Paraná valuados en más de 40 millones de pesos.Las operaciones fueron facilitadas por colaboradores cercanos: un primo, contadores, una abogada y excolaboradores del Congreso. Muchos de ellos fueron detenidos en operativos realizados la semana pasada.

La jueza Sandra Arroyo Salgado considera que el entramado tenía como fin otorgar apariencia legal a fondos obtenidos ilícitamente, principalmente durante su paso por la empresa estatal de energía ENERSA, donde Kueider tenía representación por el Ejecutivo provincial.Parte de los fondos podrían estar vinculados a una causa previa, conocida como “Securitas”, donde se investiga el pago de sobornos por parte de la empresa de seguridad a funcionarios de ENERSA entre 2017 y 2019.

La Justicia sostiene que los ingresos de Kueider como senador o funcionario no alcanzaban para justificar las operaciones realizadas.

Además, en uno de los allanamientos se encontraron videos donde se lo ve contando grandes sumas de dinero en efectivo en su oficina durante su paso por la gobernación. Estos registros refuerzan la hipótesis de que se trataba de dinero fuera del control oficial.

Kueider está actualmente con prisión domiciliaria en Asunción, Paraguay, luego de haber intentado ingresar a ese país con más de 200 mil dólares sin declarar. La Justicia argentina ha solicitado su extradición.

La causa avanza con una acusación por lavado de activos agravado, que contempla penas severas, e incluye a al menos ocho personas más como partícipes de una presunta red dedicada a ocultar dinero proveniente de la corrupción. 

Dictaron la prisión preventiva del abogado mexicano, Isaac Eugenio Esparza Hidalgo, acusado de ser testaferro de Néstor y Cristina Kirchner, como también del secretario privado del fallecido exmandatario, Daniel Muñoz. La medida fue dictada por el juez federal, Julián Ercolini y Esparza Hidalgo.

El hombre extraditado de su país quedó detenido al no poder pagar la fianza que le fijaron. El acusado fue titular de sociedades con las que familiares de Daniel Muñoz compraron 40 hectáreas Turcos & Caicos, por US$ 30 millones.

En este sentido, el juez Ercolini, explico cómo utilizaron la fortuna del secretario de los Kirchner para hacer inversiones en la Argentina por cientos de millones de pesos y en el exterior por más de 70 millones de dólares.

El magistrado sostuvo que parte del dinero que tuviera origen en maniobras delictivas llevadas adelante por la asociación ilícita y que fuera recibido por Muñoz circuló en el mercado con el fin de pasar con un �Sorigen lícito⬝

En este sentido, Ercolini atribuye al abogado mexicano haber constituido tanto las sociedades, la compraventa de inmuebles como la aplicación de inversiones en el exterior del país �Sa fin de dificultar la individualización del dinero ilícito de Muñoz aplicado a todas esas inversiones y ocultar su verdadero origen, dotándolo superficialmente de apariencia lícita⬝.

Julián Ercolini, tal como se determinó en el Caso Cuadernos, sostuvo que Isaac Eugenio Esparza Hidalgo fue el receptor primario de los bolsos llenos de coimas que circularon durante el kirchnerismo.

El secretario de los Kirchner, Muñoz, apartaba dinero de los bolsos que llevaba a Santa Cruz en el mismo avión que los políticos y, de esta manera, logró hacerse de una fortuna sin justificativos de sus ingresos como funcionario público.

Luego de los Panamá Papers, los negocios de Daniel Muñoz fuera del país se dieron a conocer por lo que vendió propiedades que poseía en Estados Unidos. Tras su fallecimiento en mayo de 2016 Carolina Pochetti, su pareja, prosiguió con el lavado de dinero y envió 30 millones de dólares a las islas de Turcos y Caicos para conseguir la residencia fiscal.