El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aseguró que no autorizó "ningún incremento de precios" para mayo o junio en los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, internet o televisión paga, ante consultas y denuncias por incrementos anunciados por algunas empresas del sector.

Así lo expresó el organismo de regulación de las telecomunicaciones mediante un comunicado en el que subrayó que el Enacom "no ha autorizado ningún incremento de precios para los meses de mayo o junio de 2021 en los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, Internet o televisión paga".

Por ese motivo, la dependencia oficial hizo saber a usuarios y usuarias de servicios TIC que "oportunamente, se informará cualquier aumento que se autorice", por lo que "cualquier comunicación en contrario surgida de las prestadoras de servicios en la cual se haya anunciado una modificación de precios carece de valor legal y no ha sido convalidada por el Ente".

También recordó que "las empresas que no hayan cumplido con las resoluciones que fijaron los incrementos autorizados y no hayan respetado el monto de los mismos o no hayan otorgado la Prestación Básica Universal consagrada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20 no podrán aplicar variaciones de precios a sus clientes".

En febrero, el Enacom autorizó a fines de febrero aumentos para marzo en las tarifas de los servicios de telefonía fija, internet y TV paga, entre 5% y 7,5%, luego de un contrapunto con las empresas que habían cobrado desde comienzos de año aumentos por encima del 5% autorizado a partir del 1 de enero.

Luciano recordó que la empresa, antes de estar autorizada, emitió una primera facturación en sus servicios de telefonía y televisión por cable, con aumentos del 20%. Posteriormente el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) publicó la resolución donde autoriza subas del 5%, por lo tanto, ordenó a la firma que devuelva a sus usuarios la diferencia del 15% en las subsiguientes facturas.

Sin embargo, Telecom Argentina desoyó esa intimación y emitió una segunda facturación con el aumento, por segundo mes consecutivo.

�SEsta es una situación de extrema gravedad por la actitud que ha tomado la empresa⬝, expresó el director de Defensa del Consumidor de Entre Ríos. Señaló que a partir del DNU 690, que declaró a la telefonía móvil y fija, Internet y la TV por cable como servicios públicos esenciales, �Shay un cambio que no es menor a la hora de prestación de estos servicios; le da un estatus jurídico diferente y también cambió la regulación que ejerce el Estado sobre la actividad⬝.

�SA mi entender, la situación es grave porque no es un incumplimiento menor⬝, remarcó el funcionario. Apuntó que �Sademás de la intimación del Enacom, hay un fallo en Mar del Plata, donde la justicia ordena a la empresa retrotraer el precio, y tampoco está cumpliendo una manda judicial. La actitud de la empresa es casi temeraria⬝, remarcó.

�SEsto es grave no sólo desde el punto de vista del incumplimiento por el aumento, sino también por el incumplimiento respecto a las decisiones de las autoridades de aplicación y sobre una manda judicial⬝, agregó.

Sostuvo que �Shay una inequívoca actitud de la empresa que, a pesar de que se le ordenó la devolución, aun así persiste en su conducta⬝. Por eso estimó que �Sel cúmulo de sanciones no solo tendrán que ver con el incumplimiento de las normas que regulan la actividad, sino también con que son actividades que necesitan de la licencia del Estado para su funcionamiento⬝.

Ante esta situación �Sde extrema gravedad⬝, la semana próxima el funcionario entrerriano participará de una reunión virtual con autoridades del Enacom, de la que también serán parte los 24 organismos provinciales de Defensa del Consumidor agrupados en el Consejo Federal de Consumo (Cofedec). El objetivo de ese encuentro es �Saunar los criterios y adoptar una estrategia común⬝, aseguró Luciano.

Respecto a la situación en Entre Ríos, el Director dijo: �SPor lo pronto, estamos empezando a hacer el relevamiento de las empresas más chicas, locales, dentro de la provincia, para ver qué aumento produjeron y si está por encima o no de los valores autorizados⬝. De todos modos aclaró que �Sen general esas empresas tienen un mayor respeto por la normativa⬝.

�SPuntualmente sobre la segunda facturación no tenemos denuncias todavía, pero seguramente no vamos a escapar al resto del país⬝, estimó y comentó que se registraron denuncias �Ssobre la primera facturación, pero todavía están en las oficinas municipales⬝.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos autorizó este viernes el uso de telefonía celular en todas las unidades penitenciarias de la provincia durante el período en el que subsista la situación de pandemia y la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional y sus prórrogas.

En la resolución se dispuso también la creación de un protocolo normativo de implementación de la actual autorización la que será concretada en la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia y en cuya confección participarán además de las autoridades que el Poder Ejecutivo disponga, representantes de los Ministerios Públicos de la Defensa y Fiscal y jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la provincia, todo ello a los fines de asegurar la efectiva comunicación de los internos con sus familiares y que no sea utilizada con fines ilícitos.

La resolución, firmada por el presidente del STJ, Martín Carbonell; Susana Medina y Miguel Giorgio fue luego de analizar lo peticionado y las posiciones del Defensor General Maximiliano Benítez y el Procurador General Jorge Amilcar Luciano García quienes consideraron razonable la petición de los delegados de flexibilizar la tenencia y uso de telefonía celular durante la vigencia del aislamiento toda vez que disminuye los efectos deletereos de las restriccciones a la comunicación fisica con sus familias.

Reunión con autoridades del gobierno

Carbonell, Medina y Giorgio se reunieron este viernes por la mañana luego de firmada la resolución, con la ministra de Gobierno y Justicia Rosario Romero, el Defensor Benítez, el Procurador García y el Director del Servicio Penitenciario de la provincia Inspector General Dr. Marcelo Rubén Sánchez, para avanzar en la elaboración del protocolo correspondiente.