En el marco de una ofensiva por “transparentar las tarifas de los servicios públicos”, el Gobierno Nacional ha dispuesto la prohibición de incluir en las facturas de electricidad, agua y gas cualquier tributo, tasa o contribución que no esté directamente relacionado con la prestación del servicio. La medida, ya anticipada en 2024 con resoluciones administrativas, ha sido ratificada y elevada ahora al rango de decreto reglamentario con fuerza ejecutiva.La consecuencia directa de esta decisión afecta de lleno a los municipios entrerrianos, donde la Tasa de Alumbrado Público representa una de las principales fuentes de ingresos propios. El riesgo de su eliminación en las facturas de energía no es una cuestión menor: para muchos gobiernos locales, este ingreso es indispensable para el sostenimiento de servicios básicos, infraestructura y salarios.

Una advertencia hecha a tiempo

En febrero advertimos que la judicialización del cobro de tasas municipales a través de las boletas de servicios públicos podía terminar mal para los municipios. Señalamos que esperar la resolución de los jueces era una estrategia peligrosa, que podía dejar a los gobiernos locales sin tiempo para reaccionar ni margen para adaptar sus sistemas de recaudación.Habíamos elevado una advertencia clara y documentada, alertando sobre los efectos financieros que podría tener para los municipios esta línea normativa impulsada por el gobierno nacional. En ese documento —titulado “Tasa de Alumbrado Público: Procrastinar no ayuda”— se exponía con claridad el peligro de no anticiparse a un escenario que, finalmente, está ocurriendo: la imposibilidad de seguir utilizando las facturas de energía como medio de cobranza para tasas municipales.La nota advertía que, de confirmarse esta tendencia, los municipios debían prepararse para desarrollar nuevos sistemas de liquidación y cobranza, adaptar su normativa tributaria, comunicar masivamente el cambio a la ciudadanía y, sobre todo, prever las consecuencias fiscales.Lejos de un escenario hipotético, ya se contaba con el antecedente judicial del Juzgado Federal de San Martín, que, si bien concedía una medida cautelar temporal, dejaba en claro que el enfoque del Gobierno Nacional no vulneraba en principio la potestad tributaria municipal, sino que sólo afectaba el mecanismo de recaudación.

El contenido de los decretos

El Decreto 450/2025, en su artículo 2°, instruye a todos los entes reguladores y empresas prestatarias del servicio público bajo jurisdicción nacional a: “Eliminar de sus facturas toda carga, tasa o contribución que no sea parte del costo directo del servicio, incluyendo impuestos o tasas municipales”.

Por su parte, el Decreto 452/2025 establece criterios de uniformidad y fiscalización para evitar “prácticas distorsivas” en las tarifas, reforzando la prohibición en todos los niveles de la administración nacional e instando a las provincias a adecuar sus propios regímenes.Ambos decretos se enmarcan en la política de desregulación del actual gobierno y fueron dictados en base a las facultades que el Congreso delegó mediante la Ley N° 27.742 (Ley Bases), que en su artículo 162 ya prohíbe expresamente:“La inclusión en las facturas de servicios públicos de cualquier concepto que no tenga una relación directa con la prestación efectiva del servicio’’.

Entre Ríos: cifras que alarman

La magnitud del problema puede verse en cifras concretas. Sólo en Concordia, durante el primer semestre del 2025, la recaudación por Tasa de Alumbrado Público y Contribución Única fue de $ 3.320 millones de pesos (proyectado anualmente serían más de $ 7.000 millones – 7% del presupuesto municipal), representando la segunda fuente tributaria en importancia del municipio.Con ese ingreso, y aun así, el municipio no alcanza a cubrir el costo total del alumbrado público. Sin esta recaudación, no solo se pone en riesgo el mantenimiento del servicio, sino también el equilibrio financiero de toda la estructura municipal.En ciudades más pequeñas, la situación es aún más crítica: al tener estructuras tributarias más frágiles y menos diversificadas, una caída brusca en este tipo de ingresos puede poner en riesgo el funcionamiento mismo del Estado local.

La inacción municipal: Una omisión costosa

Lo más preocupante no es la medida nacional —que puede discutirse en términos constitucionales, políticos y económicos— sino la falta de reacción oportuna por parte de los municipios entrerrianos.

A pesar de contar con la advertencia mencionada, no se ha observado en estos meses ninguna acción tendiente a diseñar planes alternativos de cobranza, ni iniciativas legislativas locales para adecuar la normativa tributaria a esta nueva realidad.No hubo —al menos públicamente— campañas de concientización, ni inversiones visibles en sistemas administrativos que permitan al municipio liquidar, emitir y cobrar tasas como la del alumbrado de forma independiente. Tampoco se presentó un plan para evitar que esta situación derive en altos niveles de incobrabilidad, con el consiguiente desfinanciamiento.

Como se mencionaba en la nota: “el no obrar en tiempo y forma es una omisión, que ya sea por negligencia, impericia, imprudencia o incumplimiento de un deber puede traer aparejadas también graves consecuencias”.

¿Y ahora qué?

El escenario actual deja poco margen de acción. Si no se revierte judicialmente la aplicación de estos decretos —algo cada vez más improbable—, los municipios deberán enfrentar una doble tarea en tiempo récord: mantener el servicio de alumbrado sin la principal fuente de financiamiento y al mismo tiempo implementar un nuevo sistema tributario funcional.Lo urgente es trabajar en soluciones administrativas, normativas y políticas, y en una articulación seria entre municipios, legisladores provinciales y el gobierno de Entre Ríos.

Conclusión: el precio de mirar para otro lado

Los Decretos 450 y 452/2025 confirman un rumbo que ya había sido trazado por la Nación desde 2024. El impacto sobre las finanzas municipales de Entre Ríos puede ser profundo y duradero.Lo más grave es que el riesgo fue advertido oportunamente, con claridad y con argumentos sólidos, y aun así, muchos gobiernos locales eligieron no actuar.Este caso en definitiva es una muestra clara de algo más profundo: cuando el Estado es ineficiente, los daños no son simbólicos ni abstractos. Son concretos, millonarios y afectan la vida cotidiana de la gente.Ahora, lo que antes podía planificarse con tiempo, deberá improvisarse en crisis.

Y eso, en el mundo de las finanzas públicas, casi nunca sale bien. 

Carlos Aure, presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Concordia, expresó que “siempre que hablamos de bajas y de reducciones de tasas es muy importante para todo el sistema productivo de la ciudad. Acompañamos a todo lo que se está haciendo y vamos a seguir participando para futuras reducciones de otras tasas que inciden directamente en los costos de nuestros emprendimientos”, manifestó.Consideró que “hay cosas que se van a notar a corto plazo y otras que requerirán mayor tiempo y trabajo como lo manifestó el intendente Azcué”.Por su parte Adrián Lampazzi, presidente del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, aseguró que “es ampliamente positivo este paso, que se viene trabajando desde el mes de marzo conjuntamente con la Municipalidad, el Concejo Deliberante y otras instituciones”.

Agregó que “estamos muy contentos de que se concrete el proyecto porque siempre se tiene la expectativa de que se traslade a una ordenanza; hace años que se viene hablando y muchas veces no se llegó a plasmar a una realidad pero en este caso vemos que es así y es auspicioso”.

Valoró que “es un trabajo muy grande el que se viene haciendo, no es fácil, lleva tiempo pero no es un parche y estamos muy conformes con esta primera etapa”.En tanto que Darío Fornés, de la Asociación para el Desarrollo de Concordia (ASODECO), compartió que “me ha dejado una muy buena impresión. Va a ser algo muy importante para toda la ciudadanía y me llevo que va a significar un gran beneficio, tanto en lo productivo como en lo privado”, remarcó.

Dijo que como ASODECO “todas nuestras instituciones van a acompañar esta gestión ya que han hecho una reducción del gasto público que también es muy importante. Toda gestión que sea para el progreso de Concordia va a contar con nuestro apoyo y sobre todo cuando las instituciones son llamadas a trabajar, a acompañar y que mejore la situación para todos”, finalizó. 

Una vez aprobada la ordenanza el secretario de gobierno, Cr. Álvaro Sierra explicó los ejes de la política tributaria que lleva adelante la gestión.

1.- Reducción de la carga tributaria: La finalidad es que no existan tributos locales que estén por encima del promedio de la carga tributaria a nivel provincial.

Hoy en d{ia el 98 % de los contribuyentes de la tasa comercial tributan al 1,3 % mientras que el promedio es del 1,6 %, las actualizaciones de la Tasa Inmobiliaria y Sanitaria en todos los ejercicios fueron por debajo de la inflación, y en el caso de la Tasa de alumbrado la bajamos al 16 % y al 15 % para el comercio, y ahora aplicamos una reducción del 50 % para los comerciantes que estén al día con la tasa comercial.

El programa de reducción de la carga tributaria comenzó desde el segundo año de gestión del primer mandato del intendente Cresto.

2.- Otorgamiento de Incentivos Positivos: La finalidad es otorgar beneficios, premios y reconocimientos a los contribuyentes que se encuentran al día con el pago de las Tasas Municipales.

Hemos comenzado a aplicar mecanismos mixtos para combatir la evasión tributaria.

Por un lado, los tradicionales controles, sanciones y castigos (que son medidas coercitivas y por otro, políticas de incentivos más amigables, como son los premios, las recompensas o el reconocimiento al buen contribuyente. Las sanciones al evasor se ven así complementadas con acciones positivas que buscan alentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.

Concordia es el único municipio de la provincia que apela a este mecanismo de diferenciar el buen pagador del moroso, y utilizar la política tributaria para beneficiar a los que cumplen con el municipio.

3.- Simplificación en la Presentación, Liquidación y Pagos de Tributos Municipales: La finalidad es reducir los tiempos y costos tanto para los contribuyentes como para la Administración Pública.

Sabido es que a nadie le gusta pagar impuestos y por eso es clave la simplificación en la liquidación y el pago de los tributos locales.

Para esto hemos desarrollado en la plataforma web del municipio un moderno portal de autogestión de liquidación y pagos de tributos que permite a los contribuyentes, desde cualquier lugar del mundo, cumplir con sus obligaciones fiscales en forma sencilla, rápida y económica.

Con estas políticas tributarias hoy el municipio cierra sus ejercicios con equilibrio fiscal, lo que permite aumentar la solvencia y la autonomía de la gestión. Esto nos permite ejecutar sin inconveniente los gastos aprobados en nuestro presupuesto, en definitiva, nos permite seguir beneficiando a los vecinos con políticas que los tienen en el centro de las preocupaciones.