El Gobierno nacional confirmó que las tarifas de luz y gas tendrán aumentos por encima de la inflación en los próximos meses, en el marco del proceso de reordenamiento del sistema energético y de reducción de subsidios. Desde el área económica aclararon que los ajustes serán graduales y que no se prevén saltos bruscos en las facturas.Según se explicó, la política tarifaria apunta a acompañar la estacionalidad del consumo —especialmente en invierno— y a corregir distorsiones históricas. En el caso del gas, el incremento del precio mayorista coincide con el período de mayor demanda, mientras que los usuarios residenciales de ingresos medios y bajos continúan recibiendo subsidios parciales. En contraste, los grandes consumidores ya abonan el valor pleno del servicio.

Desde el Gobierno remarcaron que, durante años, el esquema de subsidios fue generalizado y sin segmentación efectiva, alcanzando tanto a sectores vulnerables como a zonas de alto poder adquisitivo. El nuevo enfoque busca que la recomposición tarifaria mensual sea ligeramente superior al índice de inflación, pero con previsibilidad, para evitar picos concentrados que generen impacto abrupto en los hogares.

En ese sentido, se señaló que los ajustes escalonados permiten reducir la volatilidad y dar mayor certidumbre a los usuarios sobre el monto de sus facturas, especialmente en los meses de mayor consumo energético.

Próximos aumentos previstosPara el gas natural, el incremento promedio a nivel nacional será del 16,86%, con impacto en todas las categorías residenciales, aunque el porcentaje final dependerá del nivel de consumo y la región.

En cuanto a la electricidad, el aumento promedio será del 3,59% para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En el resto del país, los ajustes variarán según las decisiones de cada jurisdicción provincial y sus cuadros tarifarios propios.

Comparativo internacional: cuánto cuestan la luz y el gasAun con estos aumentos, el costo de los servicios energéticos en Argentina continúa siendo bajo en términos internacionales:Estados Unidos:Electricidad: entre US$ 0,15 y 0,18 por kWhGas residencial: promedio mensual entre US$ 80 y 120, según estado y consumoMadrid (España):Electricidad: entre € 0,20 y 0,30 por kWhGas: facturas invernales promedio entre € 90 y 150 mensualesUruguay:Electricidad: alrededor de US$ 0,25 por kWh, una de las más caras de la regiónGas por red con menor cobertura y costos elevados en relación al ingresoBrasil:Electricidad: entre US$ 0,18 y 0,22 por kWh, con fuertes diferencias regionalesGas residencial con costos superiores a los argentinos y menor nivel de subsidio

En comparación, incluso tras los aumentos previstos, las tarifas argentinas siguen ubicándose por debajo de los valores internacionales, aunque el impacto relativo sobre los ingresos familiares resulta mayor debido al menor poder adquisitivo local. Ese equilibrio entre recomposición tarifaria y capacidad de pago es el principal desafío que enfrenta la política energética en los próximos meses. 

Pese a la complejidad que conlleva la aplicación de los nuevos lineamientos, y pese a las consultas de Agencia Noticias Argentinas, no hubo una explicación oficial sobre cuáles serán los aumentos que percibirán los usuarios en sus facturas.De acuerdo a lo publicado, los usuarios de Metrogas de menores ingresos pagarán $3.514,29 en la Ciudad de Buenos Aires y $4.058,43 en el conurbano bonaerense. En el otro extremo, los valores serán de $83.960,03 y $45.627,20, respectivamente.Para los usuarios de Naturgy BAN S.A. (Zona Norte) se fijaron valores: de $2.876,99 para categoría R1 y de $30.807,68 para Categoría R4-Los cuadros tarifarios también incluyen a los usuarios de las categorías R2 (consumo intermedio) y R3 (mayor demanda), divididos en subcategorías según su rango de uso.Las tarifas contemplan el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) y mantienen las bonificaciones para los niveles 2 y 3 del esquema de segmentación de subsidios.Estas bonificaciones se aplican sobre el precio mayorista de la energía determinado por la Secretaría de Energía.Las empresas distribuidoras deben facturar siguiendo los precios de referencia y los descuentos vigentes establecidos por la normativa de la Secretaría de Energía.Si el cambio de tarifa ocurre durante un periodo de facturación ya iniciado, se utilizará un mecanismo de prorrateo para aplicar los nuevos valores de forma proporcional al consumo realizado.Esta actualización responde a un proceso de revisión periódica que evalúa los costos del servicio, la situación económica y los lineamientos del sector. NA.

El Gobierno nacional publicó este lunes una serie de resoluciones que resultan el primer paso para la determinación de los aumentos de tarifas energéticas para enero de 2026 que, como mínimo, seguirán el sendero de la inflación y responde al nuevo criterio de asignación de subsidios.La Secretaría de Energía emitió nueve resoluciones donde fijó las pautas para los precios desde el 1º de enero.Los diferentes cuadros tarifarios serán publicados en las próximas horas por los entes reguladores.Entre las resoluciones se destaca la 605/2025 que determinó un aumento del Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) del gas natural que provocará un incremento en las facturas de 0,53% para el mes próximo.“El ministerio de Economía instruyó a esta Secretaría a continuar para el mes de enero de 2026 con el sendero de actualización de precios y tarifas del sector energético, en un contexto de notoria desaceleración inflacionaria verificada a la fecha, y con el objetivo de mantener dichos precios y tarifas en valores reales lo más constantes posibles”, se señala en los considerandos de la norma.Por otro lado, la Resolución 606/2025 –que procesó Agencia Noticias Argentinas- definió adecuaciones al Plas Gas A.En ese sentido, los productores que adhieran recibirán compensaciones del Estado por los volúmenes entregados.Asimismo, la Resolución 602/2025 definió que a partir del 1° de diciembre de 2025, se establece un nuevo precio spot de $14.381/MWh en el Mercado Eléctrico Mayorista, que impacta en las tarifas eléctricas.Por otro lado, la Resolución 604/2025 establece nuevos precios de referencia para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para el período 1º de enero – 1º de abril de 2026.La norma establece que se aplicarán bonificaciones para usuarios residenciales de niveles 2 y 3, alineadas con las tarifas de los usuarios de nivel 1.

A partir de enero de 2026, regirá un nuevo esquema de subsidios energéticos que transformará la asignación de asistencia estatal en las tarifas de luz, gas natural, garrafas (GLP) y gas propano por redes.Esta reforma elimina la segmentación previa y planes separados, como el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas, para establecer solo dos categorías de usuarios: quienes recibirán subsidio y quienes pagarán el costo pleno de la energía.El acceso a la ayuda será más restrictivo, con criterios de ingresos y patrimonio más exigentes, y el objetivo central es reducir el gasto fiscal y transparentar el precio real de los servicios.El nuevo sistema, presentado a consulta pública, implica la desaparición de los niveles N1, N2 y N3, así como de los regímenes diferenciados que coexistían hasta ahora.Desde el año que viene, solo los hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalentes a $3.641.397 mensuales, podrán acceder al subsidio. Además, se mantendrán exclusiones patrimoniales: quedarán fuera dueños de embarcaciones o propiedades adicionales. La Secretaría de Energía habilitó un período de 15 días hábiles para recibir observaciones y abrió la posibilidad de que los beneficiarios actuales actualicen sus datos mediante declaración jurada.El funcionamiento del nuevo andamiaje de subsidios varía según el tipo de energía. En electricidad, los hogares subsidiados recibirán una bonificación del 50% sobre un bloque de 300 kWh mensuales durante los meses de mayor demanda (invierno y verano), y de 150 kWh en los meses templados.Para el gas natural por redes, el subsidio cubrirá la mitad del precio entre abril y septiembre, sin bonificación el resto del año, y el bloque subsidiado se ajustará según la región y las necesidades estacionales.En el caso de las garrafas y el gas propano, la subvención se transferirá de manera directa a través de billeteras virtuales, como Mercado Pago.Los beneficiarios del Programa Hogar, que suman alrededor de 3,3 millones de familias, serán migrados automáticamente al nuevo régimen y recibirán el equivalente a media garrafa por mes durante todo el año, con una adicional en invierno.

El nuevo esquema de subsidiosEl nuevo esquema de subsidios energéticos elimina la segmentación previa y unifica la asistencia estatal para electricidad, gas natural, garrafas y gas propano por redes en todo el país.

Transición gradualLa transición hacia este nuevo esquema será gradual. En enero de 2026, se aplicará una bonificación extraordinaria del 25% adicional en ambos servicios, lo que llevará la cobertura al 75% en electricidad y al 25% en gas ese mes. Este plus se reducirá mes a mes hasta desaparecer en diciembre de 2026, con el fin de evitar aumentos bruscos en las facturas durante los picos de consumo.Además, las facturas comenzarán a reflejar el costo real de la energía, con precios mayoristas planos y únicos: USD 3,80 por millón de BTU para el gas y USD 75 el megavatio-hora para la electricidad.El proceso de migración será automático para quienes ya estén inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE), aunque podrán actualizar su información si lo desean. Los usuarios de gas propano por redes o garrafas que aún no estén registrados deberán inscribirse a través del sitio oficial a partir de enero. La revisión de padrones permitió detectar y corregir 2.590.000 casos de beneficiarios que no cumplían los requisitos, incluidos 370.000 registros a nombre de personas fallecidas y 15.518 hogares en barrios privados que accedían al subsidio de manera ilegítima.El impacto en las tarifas será significativo. Se estima que los hogares subsidiados cubrirán, en promedio, el 76% del costo de la electricidad y el 79% del gas. El Gobierno proyecta que el 80% de los hogares de menores ingresos pagarán menos de $34.000 mensuales por gas en el mes más frío, y el 87% de ese segmento menos de $38.000 por electricidad en el pico estacional.Quienes superen los límites establecidos abonarán la totalidad del consumo al precio pleno. La asistencia estatal dejará de ser generalizada y se focalizará en los hogares vulnerables, con una actualización dinámica de datos y auditorías permanentes para garantizar el acceso justo al beneficio.Las zonas frías mantendrán regímenes y beneficios diferenciales sujetos a la definición final del Presupuesto 2026.Desde la perspectiva fiscal, el Gobierno apunta a reducir el gasto en subsidios energéticos al 0,5% del PBI en 2026, lo que representa USD 3.000 millones, frente al 1,5% registrado en 2023 y al 0,65% previsto para 2025. El rediseño busca transparentar el precio de los servicios, aumentar la proporción del gasto asumido por los usuarios y consolidar la disciplina fiscal. La reducción de subsidios irá acompañada de una actualización paulatina de tarifas y de la focalización de la ayuda, para minimizar el impacto sobre la factura promedio durante la transición.El esquema contempla consideraciones especiales para las zonas frías del país, que mantendrán regímenes y beneficios diferenciales sujetos a la definición final del Presupuesto 2026. Además, se prevé la continuidad de auditorías y la actualización permanente de los padrones para evitar distorsiones y garantizar que la asistencia llegue a quienes realmente la necesitan. El oficialismo también aseguró que no se esperan cortes generalizados en el sistema eléctrico durante el verano, aunque persistirán riesgos en áreas con redes deficitarias.

El Gobierno busca financiamiento para realizar las obras eléctricas necesarias para evitar que el aumento de la demanda siga presionando sobre el sistema y sean inevitables los cortes de luz, planeando trasladar el costo a las tarifas de los usuarios.La administración de Javier Milei calcula que requiere de por lo menos US$6.500 millones para afrontar los proyectos que apuntan a ampliar las redes de alta tensión y oxigenar al segmento mayorista de transporte energético con el objetivo de que soporte los picos de demanda en los periodos de calor o frío más duros.En sintonía con lo evaluado por gestiones anteriores, la Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, definió un esquema de obras imperiosas para dar respuesta al actual escenario estableciendo tres prioritarias:La imposibilidad de concretarlas hasta ahora pasó por la falta de financiamiento. En una estrategia similar a la utilizada en la gestión de Mauricio Macri con el programa de Participación Público Privado (PPP), el Gobierno apunta a que las obras se lleven a cabo con inversiones privadas a recuperar con un futuro cargo sobre la tarifa o canon cuotificado, según reveló Clarín.De esta manera, los usuarios verán incrementos en las facturas para solventar el costo que permita fortalecer el sistema energético y librarse de los reiterados apagones en los picos de temperatura.El panorama revelado por el Ejecutivo en distintos documentos públicos exhibe la precariedad actual puntualizando que “las deficiencias estructurales en redes de alta tensión y media tensión, cuyas ampliaciones y o extensiones no han acompañado el crecimiento de la demanda”.En la misma línea, hacen énfasis en “la ausencia de inversiones o inversiones inferiores a las mínimas requeridas para el mantenimiento de la capacidad operativa” asegurando que “las condiciones son incompatibles con la operación confiable del sistema, con el consecuente riesgo de restricciones del suministro y energía no suministrada”.Este escenario se profundiza a medida que pasan los calendarios y las obras en el sector decrecen en lugar de acrecentarse, cuando los usuarios consumen más ante el avance de la tecnología y las edificaciones eléctricas.El pico de la demanda eléctrica aumentó un 26% en los últimos diez años mientras que las líneas de alta tensión incorporadas al sistema en el mismo periodo fueron algo más de 1.200 kilómetros, solo un cuarto de las sumadas en la década previa. NA.

“Claramente, tenemos un tema de competitividad que venimos señalando hace años: impuestos altos, falta de acceso a capital y una tremenda carencia en transmisión eléctrica”, señaló el funcionario.En un seminario del área organizado por Cippec y la Embajada de Francia, González dijo que “necesitamos recomponer tarifas para sostener el equilibrio fiscal y permitir que las compañías inviertan en mejorar los servicios”.“Es un camino largo, pero estamos creando las condiciones para que el sector privado tenga un rol central en el desarrollo energético”, aseguró.González sostuvo que “con recursos abundantes y costos renovables cada vez más bajos, Argentina puede asegurar más energía, más barata y con menor impacto ambiental”.El funcionario también subrayó que el RIGI “ya está teniendo un efecto muy fuerte, adelantando inversiones que quizá se hubieran hecho mucho más tarde o incluso nunca”.“Es una forma de crear condiciones para que las inversiones lleguen sin que el Estado tenga que hacerlas. No creemos que a los argentinos les convenga que el Estado invierta en obras que pueden ser optimizadas por el sector privado”, añadió.Romain Nadal, embajador de Francia en el país, aseguró que “Argentina tiene un potencial energético extraordinario en renovables, minerales críticos y energía nuclear, que la ubica como un actor clave de la transición energética global”.“Francia ha hecho de esta transición una prioridad y queremos aportar nuestra experiencia, inversiones y financiamiento para acompañar a la Argentina en este camino. La cooperación entre lo público y lo privado, entre lo nacional y lo internacional, es esencial para lograr un futuro energético sostenible e inclusivo”, enfatizó. NA.

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, derogó las resoluciones que establecían las tarifas de referencia para el transporte automotor de cargas de cereales, oleaginosas y derivados, en el marco de un proceso de desregulación y simplificación administrativa.La Resolución 48/2025 publicada en el Boletín Oficial dejó sin efecto la normativa vigente desde 2016 que fijaba valores orientativos surgidos de las mesas de negociación entre transportistas y productores agropecuarios.La cartera que conduce Luis Octavio Pierrini consideró que esas referencias habían generado “diversas interpretaciones respecto de su aplicación” y que era necesario “eliminar barreras regulatorias que atenten contra la libertad económica”.La medida se tomó luego de que varias entidades, entre ellas la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) anunciaran su retiro de las mesas de trabajo, argumentando que la política tarifaria debía regirse por la libre negociación de las partes sin intervención estatal, salvo en casos de conductas anticompetitivas comprobadas.En paralelo, transportistas y dadores de carga firmaron en marzo un acta acuerdo con un nuevo cuadro tarifario de alcance nacional que reemplaza a las anteriores referencias oficiales.La resolución también dispuso notificar a las cámaras empresarias del transporte, a las entidades agropecuarias y a organismos como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia de Recaudación y Control de Argentina (ARCA). NA.

La Secretaría de Energía ajustó una serie de parámetros en el sector energético a pedido del ministro de Economía, Luis Caputo, que impactarán en el aumento final de las tarifas de luz y gas que dará a conocer el ente regulador.La actualización dispuesta para algunos costos que tiene injerencia en el precio final de las facturas energéticas se comunicó mediante una serie de resoluciones del área que conduce María Tettamanti publicadas en el Boletín Oficial.El avance en esta dirección fue solicitado por Caputo mediante una carta en la que instruyó a Energía a “continuar para el mes de agosto de 2025 con el sendero de actualización de precios y tarifas del sector energético, en un contexto de notoria desaceleración inflacionaria verificada a la fecha, y con el objetivo de mantener dichos precios y tarifas en valores reales lo más constantes posibles”.En esa línea, destacó que “la política económica llevada adelante por el Poder Ejecutivo Nacional importa consolidar el proceso de desinflación verificado a la fecha, sin desconocer la imperiosa necesidad de sincerar los reales costos de los servicios públicos energéticos, y de evitar así un proceso de deterioro de los mismos que no permitan el sustento del sector y hasta amenacen su continuidad”.En este marco, el Ministerio de Economía estableció que el recargo para financiar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, será equivalente al 6,60% sobre el precio de gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), por cada metro cúbico de 9.300 kcal que ingrese al sistema de ductos en el Territorio Nacional y determinó que el mismo porcentaje de recargo será aplicable a los volúmenes involucrados en el autoconsumo.En este sentido, el citado Ministerio instruyó a la secretaría energética “aplicar al precio de gas natural en el PIST vigente según la Resolución N° 282/25 una reducción del 4,04%; y luego, aplicar lo dispuesto en el Artículo 5º de la Resolución N° 41/24”.Con relación a las tarifas correspondientes al segmento de transporte y distribución de gas natural, se indicó en la citada nota que “las mismas deberán ser incrementadas conforme a los resultados de las revisiones tarifarias quinquenales llevadas adelante por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS)”.Por otro lado, se dispuso que la remuneración correspondiente a la generación de energía eléctrica no contractualizada deberá ajustarse en un 0,4%, “con vigencia a partir de las transacciones económicas correspondientes al mes de agosto de 2025”.Asimismo, se estipuló adecuar, entre el 1 de agosto y el 31 de octubre de 2025, los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF) y el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) junto con los valores correspondientes al Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión y por Distribución Troncal, para cada agente distribuidor del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). NA.

El Gobierno actualizó al 6,20% el recargo para financiar a los subsidios de las zonas frías del país, que se traslada a las tarifas de distribución de gas natural de todos los usuarios, mediante la Resolución 718/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial.El reajuste del recargo sobre el precio de gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), por cada metro cúbico (m³) de 9.300 kilocalorías (kcal) que ingrese al sistema de ductos en el país, implica que el mismo pase del 6% al 6,20% desde junio.La variación alcanza tanto a los volúmenes comercializados como al autoconsumo, para el cual se estableció que el valor del recargo para el cálculo del monto a ingresar estará determinado por el volumen en metros cúbicos consumidos como autoconsumo; el precio promedio ponderado de las ventas de la empresa que autoconsume; y la alícuota del recargo vigente.El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) deberá ajustar los procedimientos de facturación para que las distribuidoras trasladen el recargo a las tarifas finales. El valor que regía hasta ahora había sido establecido a principios de abril, cuando el recargo pasó de 5,44% al 6%.El componente que se decidió aumentar está destinado a financiar al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que cubre la diferencia entre el precio del gas en zonas con temperaturas bajas, como la Patagonia, y el valor de los cuadros tarifarios plenos.De esta manera, se busca que los usuarios abonen un menor precio por el servicio, en general con un descuento del 50%, en relación al costo que exhibe la factura en otras regiones del país que están menos afectadas por el frío.Al argumentar el ajuste, el Ejecutivo explicó en el texto oficial que “se espera una mayor necesidad de fondos para financiar el régimen de compensaciones”, del mencionado fondo fiduciario y agregó que a dicha cuestión “se le debe sumar el efecto financiero que se genera entre el momento de la vigencia de la modificación del recargo y su impacto efectivo en la recaudación”.En este marco, estipuló que “a los fines de homogeneizar la aplicación de dicho recargo a todos los agentes económicos del mercado de gas, las comercializadoras deberán aplicar y trasladar, en su exacta incidencia, el recargo sobre el precio de gas natural adquirido en el PIST, que les fuera percibido por el proveedor de gas, por cada metro cúbico de 9300 kilocalorías comercializado”.La medida forma parte del objetivo del Gobierno en avanzar hacia un esquema de subsidios energéticos más focalizado, donde la asistencia estatal quede restringida a los sectores de menores ingresos.Al respecto, en la normativa se expuso que “la política de mantener un esquema de subsidios generalizados y crecientes en el tiempo implementada a través de los aportes del Tesoro Nacional, resulta incompatible con la situación financiera por la que atraviesan las cuentas públicas, encontrándose el Estado Nacional imposibilitado de continuar realizando dichos aportes que funcionaron como un subsidio generalizado a toda la demanda implementado por las administraciones anteriores”. NA. 

El gobierno de Javier Milei definirá un nuevo esquema de subsidios para las tarifas de electricidad y gas natural para antes de fin de año, luego de haber cerrado el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).La idea de reducir los subsidios, principalmente para la clase media, es acelerar el recorte del gasto público y avanzar en la desregulación del sistema energético.La intención es reemplazar la actual segmentación por ingresos en tres niveles por una única asistencia, que sea destinada exclusivamente a hogares vulnerables.El nuevo sistema excluirá alrededor de 3 millones de usuarios de clase media en la tarifa de luz. Estos mismos son los que empezarán a pagar más cara el precio de la luz.El proceso de modificación del régimen será gradual. La Secretaría de Energía, a cargo de María Carmen Tettamanti, aplicó una reducción progresiva en los descuentos que reciben los usuarios residenciales sobre el precio de la energía en sus facturas.Según el esquema vigente, los usuarios están agrupados en tres niveles: Nivel 1 (ingresos altos), Nivel 2 (ingresos bajos) y Nivel 3 (ingresos medios).Hasta diciembre había 9,5 millones de usuarios de electricidad con tarifa subsidiada (6,3 millones en el Nivel 2 y 3,2 millones en el Nivel 3), sobre un total de 16,2 millones. En el caso del gas, 5,3 millones de los 9,5 millones de usuarios residenciales recibían subvenciones (3,1 millones en el Nivel 2 y 2,2 millones en el Nivel 3), según datos del Registro de Acceso a los Subsisidios a la Energía (RASE).Tettamanti estará a cargo del nuevo esquema. Según proyecciones del FMI, el gasto en subsidios energéticos pasará del 1,1% del PBI (en 2024) al 0,5% (en el 2025).Desde la asunción de la administración libertaria, en diciembre del 2023, las tarifas de electricidad aumentaron un 264% y un 622% las de gas, según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet.Otra de las metas impuestas en el acuerdo con el FMI es avanzar en la reforma del mercado mayorista de electricidad para noviembre de este año, con el objetivo de mejorar la competencia y aliviar la presión sobre la cadena de pagos del sector energético.En ese sentido, La Secretaría de Energía dictó la Resolución 21/2025, que habilita a las empresas energéticas a celebrar contratos sin la intermediación de la compañía CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), con la intención de recuperar un esquema de libre contratación. NA.

El Gobierno volverá a aumentar en todo el país las tarifas de luz y de gas en septiembre, mes en el que anticipan una continuidad en la baja de la inflación por la reducción del Impuesto PAIS según comentaron a Infobae fuentes oficiales y del sector privado. El incremento será del 4% promedio en las facturas de los hogares, industrias y comercios.Será un nuevo impacto al bolsillo de los consumidores, pero en particular los del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Es que los servicios de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) se actualizarán un 4,48% además del efecto que puede tener la quita de subsidios al colectivo en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.En el caso de las boletas de energía, el ministro de Economía Luis Caputo analiza junto a su equipo cuál será la magnitud de la suba que aplicará desde el mes próximo. La pauta con la que trabajan las empresas es de entre el 2 % y el 4 % en el precio de la electricidad y el gas pero también en el sector de transporte y distribución. Fuentes oficiales confirmaron a este medio que será del 4 % promedio.La visión en el equipo económico del gobierno es que la continuidad de la desaceleración en la inflación permitirá continuar con la senda del ajuste en las tarifas y el ordenamiento de algunos precios relativos que se había retomado en agosto. La reducción del impuesto PAIS en septiembre permitirá que la inflación “baje otro escalón”, según la visión de Caputo.En tanto, las tarifas de energía están compuestas por el precio de la luz o el gas, Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) o Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), respectivamente, la tarifa de transporte, la de distribución y los impuestos (nacionales, provinciales y municipales). Es sobre el PEST y el PIST donde se aplica una “bonificación” que es subsidiada por el Tesoro, mientras que en transporte y distribución se encuentra la remuneración de las empresas. Infobae. 

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de más de 20 legisladores entre los que se encuentran Gustavo Bordet, Blanca Osuna, Carolina Gaillard y Pedro Galimberti.Al respecto, el legislador señaló que “este es el sector que mayor inflación ha acumulado en los últimos meses si se compara con otros sectores de la economía argentina, y además es también el sector que ha generado ganancias exorbitantes en los últimos tres años”.“Prometieron que el ajuste lo pagaría la casta, y la realidad es que no paran de achicar el bolsillo de las y los trabajadores”, reprobó Ledesma, y reclamó al Gobierno nacional que “cumplan con la promesa de campaña, si tan necesario es el ajuste, que lo paguen estos sectores que se han enriquecido sin siquiera volcar parte de esas ganancias en inversión para mejorar los servicios”.Vale mencionar que la iniciativa cuenta con el acompañamiento de más de 20 legisladores entre los que se encuentran German Martínez, Cecilia Moreau, y los entrerrianos Gustavo Bordet, Blanca Osuna, Carolina Gaillard y Pedro Galimberti. 

La urgencia de esta solicitud es debido a que a partir del mes próximo la tarifa eléctrica en la ciudad de Concordia, y en toda la provincia de Entre Ríos, aumentará entre un 123 % y más de un 200 % dependiendo los distintos tipos de usuarios.

Este aumento va a impactar de lleno en la economía de las familias, de los comercios y de la producción, significando un nuevo ajuste al bolsillo de los mismos, o representando mayores costos que luego se verán impactados en los precios.

Es ya sabido que, además, Concordia junto a la región de Salto Grande es una de las ciudades que directamente fueron afectadas por la construcción de la represa, que produce la energía y que, con este aumento, pasaría a tener una de las tarifas más caras del país volviendo paradójica esta situación.

El proyecto presentado por el Senador Nacional Edgardo Kueider, en caso de aprobarse, permitiría una reducción significativa en lo que pagan de luz todos los entrerrianos, trayendo justicia a Entre Ríos, y a Concordia, en lo que respecta en tarifa eléctrica.

El proyecto dispone modificaciones en la ley de marco regulatorio energético para que se le pague a Salto Grande el precio real por la energía que produce, de acuerdo al valor de mercado, o que salto grande pueda participar en el mercado eléctrico mayorista, lo cual hoy no está permitido, modificaciones que impactarían en forma sustantivamente favorable en los ingresos por excedentes y además por regalías. Reclamos históricos de nuestra región. El mismo ya cuenta con su aprobación en el Senado Nacional, y en el caso que los Diputados Nacionales por Entre Ríos lo impulsen para que sea aprobado, representará un alivio al bolsillo además de lograr que se imparta justicia, también incluso para otras provincias como Corrientes. Adjuntamos el "Análisis de nuevos precios en el Mercado Eléctrico Mayorista" elaborado por la Cooperativa Eléctrica de nuestra ciudad, un estudio realizado donde se pueden visualizar los próximos aumentos de la tarifa eléctrica mencionados anteriormente; y en defensa de los concordienses y entrerrianos hacemos público este pedido, adjuntando también el proyecto de ley que cuenta con media sanción para que sea tratado y así lograr una reparación histórica, y fundamental alivio al bolsillo frente a semejantes incrementos desmedidos en un contexto económico crítico del país.

El Gobierno nacional definió la secuencia y los parámetros que aplicará para una canasta básica energética indispensable, diferenciada por zonas bioclimáticas, a partir de la cual establecerá un nuevo esquema de subsidios que atienda situaciones de real vulnerabilidad de cada grupo conviviente.

El nuevo concepto que desarrolla la Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, dejará atrás la segmentación de tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural por red, implementada en el último tramo de la administración anterior, a partir del decreto 322 de 2022.

De la misma manera está en análisis si la canasta energética a determinarse de acuerdo a las distintas zonas del país significará la derogación de la ley 27.637 que dispuso la ampliación del régimen de zona fría, vigente hasta el 31 de diciembre de 2031, que reconoce hasta un 50% de los cuadros tarifarios para el gas en redes o en garrafas.

También está bajo cuestionamiento la continuidad del beneficio que reciben los usuarios más vulnerables de gas natural, que son aquellos que no tienen acceso a redes y usan garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), contemplados en el Programa Hogar, que consiste en un subsidio directo que se paga a través de la Anses.

Todas estas definiciones que darán lugar a la determinación de subsidios y sus beneficiarios serán motivo de una audiencia pública, tal como oportunamente se hizo para la segmentación tarifaria durante el Gobierno anterior.

Para la nueva administración, la segmentación de tarifas si bien significó una mejora en cuanto a la gestión de los subsidios del Estado según el nivel de ingreso de los titulares de los servicios, sus resultados se mantienen lejos del criterio adecuado de auxiliar a los que realmente lo necesitan. A partir de ese primer escenario que complementa la decisión de una readecuación de las tarifas, la Secretaría de Energía inició un proceso de enfocar los subsidios a partir de establecer una canasta básica energética con volúmenes indispensables de consumo de gas y electricidad por zona bioclimática.

De esta manera, la propuesta oficial prevé determinar los ingresos totales del grupo conviviente y un porcentaje de ese ingreso usualmente aplicado a pagar la factura de energía.

A partir de ese primer paso se establecerán los alcances de la canasta energética básica indispensable que se determinará según la región del país y la conformación del grupo conviviente.

La canasta energética básica indispensable que se determinará según la región del país y la conformación del grupo conviviente

Consecuentemente se podrá contrastar el costo de esas cantidades con el ingreso del grupo conviviente y limitar la incidencia de ese costo a un porcentaje del ingreso subsidiando el Estado la diferencia en aquellas situaciones de vulnerabilidad.

De esta manera, el subsidio que otorgará el Estado será el diferencial cuando el precio de la canasta básica energética supere un porcentaje determinado de los ingresos totales del grupo conviviente y no del titular del servicio como hasta hoy.

El subsidio que otorgará el Estado será el diferencial cuando el precio de la canasta básica energética supere un porcentaje determinado de los ingresos totales del grupo conviviente y no del titular del servicio como hasta hoy

Hasta hoy, a criterio de la actual conducción energética, los usuarios de ingresos altos (N1), ingresos bajos (N2) e ingresos medios (N3) siguieron recibiendo subsidios generalizados porque los precios fijados en los mercados mayoristas no cubrían el total de costos

También se advierte la superposición de estos subsidios con los beneficiarios de planes sociales, la mayoría de los cuales -por definición- fueron categorizados como Nivel 2.

Pero además se cuestiona la falta de control en el padrón de usuarios del Registro Nacional Único de Titulares de Servicios Públicos Esenciales (Renut) e incoherencias o discrepancias con el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y la base de datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTYS).

Del cruzamiento de datos parciales se puede deducir que el subsidio se otorga según las condiciones del contratante del suministro sin control del grupo conviviente, lo que puede reflejar una incongruencia sobre la verdadera necesidad de contar con la asistencia del Estado, advierten los funcionarios de la nueva administración.

Así, para la implementación en el corto y mediano plazo del nuevo esquema se requerirá de una secuencia que consiste en el cálculo de consumos esenciales, según grupo conviviente y región del país que habita.

Eso permitirá correlacionar los ingresos con los consumos, lo que equivale a clasificar consumos medios de cada decil, y clasificar usuarios según nivel de consumo al decil de pertenencia en primera instancia para luego depurar la base de datos.

También la cartera energética asumió como meta realizar un cálculo de facturas medias y un cálculo de subsidios totales.

El tema subsidios es uno de los aspecto de la estrategia oficial en el marco de la emergencia energética que se busca declarar, y que también incluye restaurar la cadena de pagos del sector y salir de la coyuntura de vulnerabilidad que tiene el sistema en los segmentos de generación, transporte y distribución.

Además, es una premisa restaurar las señales de precios en el mercado para atraer inversiones, lo que permitirá contar con generación más eficiente y proveniente de sitios donde están localizados los recursos naturales.

En esa línea, se insiste en que se buscará que el sector privado sea el responsable de la expansión de la infraestructura, de manera de asegurar el suministro energético para permitir el crecimiento sostenido de la economía sin restricciones de infraestructura energética. Télam.

En la audiencia pública, Andrea Natalia Fernández (Gerente de Asuntos Legales de Gas Nea SA), expuso como representante de la empresa y sostuvo que “los incrementos que estamos proponiendo, se aplican solamente al 17 por ciento que corresponden al componente de distribución del total de la factura de un usuario promedio”, dijo y explicó que se completa, entendiendo que el 46% es al costo del gas, un 26 % de impuestos y un 10 % al transporte, tal como se ve en el cuadro.

La empresa solicitó una readecuación similar a la de otras distribuidoras, que consta de una adecuación tarifaria de 413 % promedio, que se aplicará al margen de distribución, con actualización posterior a través del IPIM (Índice de precios internos al por mayor).

La incidencia de ese ajuste en la tarifa final usuario residencial de Nivel 1 será $3.823 por mes, con tarifa final $8.076.

El Gobierno anticipó este lunes que implementará una modificación en los criterios de segmentación de la tarifa del servicio de gas natural, con la aplicación de una Canasta Básica Energética, en el marco de una “nueva conceptualización” de los subsidios, y que se efectuará un “traslado gradual” a lo largo de un plazo de tres meses -que comenzará el 1 de febrero- del precio mayorista a la factura final.

Así lo presentó el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, al exponer este lunes por la mañana en la Audiencia Pública 104 convocada de manera virtual por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

En ese marco, las compañías distribuidoras y transportadoras de gas natural también presentaron sus propuestas de recomposición de tarifas en función de los retrasos acumulados en los últimos años, a la que sumaron la aplicación de un índice de actualización mensual por la evolución de los precios mayoristas, a partir del 1° de febrero.

Rodríguez Chirillo planteó el traslado gradual a las tarifas del componente precio del Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), es decir el valor del gas generado, que se llevará a cabo en tres etapas del 33% cada una a aplicar el 1° de febrero, el 1° de marzo y el 1° de abril próximos.

“La segmentación actual se mantiene hasta el 1° de abril de 2024, el nuevo esquema de subsidios entrará en aplicación a partir de dicha fecha, previa audiencia pública que se realizará al efecto”, indicó Rodríguez Chirillo.

En cuanto a la segmentación tarifaria, advirtió que “los usuarios (de los tres niveles) siguen recibiendo subsidios generalizados porque los precios mayoristas no cubren los costos”, además de señalar “falta de control del padrón de usuarios”.

En ese contexto, indicó, se procederá a una “nueva conceptualización” de los subsidios, con un “traslado gradual” del precio del PIST para la “readecuación progresiva” de esas transferencias estatales.

Rodríguez Chirillo sostuvo que se propende a “garantizar el consumo básico energético a todos los usuarios” y que la actual segmentación tarifaria se mantendrá en el primer trimestre, tras lo cual comenzará a regir un “nuevo esquema” a partir de abril.

El cambio principal será la adopción de una Canasta Básica Energética, en lugar del criterio actual de utilizar el equivalente a 3,5 veces la Canasta Básica Total (CBT) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La nueva canasta -aún no especificada- apuntará a “determinar los ingresos del grupo conviviente” y que “cubra necesidades básicas de las personas con distintos tipos de consumo en las zonas del país”.

El impacto en las tarifas de la nueva modalidad presentada por el secrretario de Energía es variable, tanto por los niveles de segmentación de usuarios como por la participación de cada una de las etapas que componen el valor final.

La tarifa final de una factura de gas se compone de tres factores: el precio del PIST, el costo del transporte y el margen de distribución, a lo que deben añadirse el componente tributario, con impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales.

Esa composición no es uniforme en todo el país y dificulta la determinación de la incidencia en la tarifa: como ejemplo puede citarse el caso de Transportadora de Gas del Norte (TGN), que solicitó una recomposición del 523,5%, con un impacto promedio en las facturas del 23% en el caso de un usuario de la provincia de Tucumán o del 49% en la Ciudad de Buenos Aires.

Al impacto que tendrá en la tarifa el factor transporte, deberán sumarse otras dos variables: generación y distribución.

En el caso de la distribución, Metrogas propuso un incremento mensual promedio de $ 6.000, pero fuentes de la empresa señalaron a Télam que no se puede estimar un porcentaje debido a las diferentes categorías de usuarios.

Marcela Córdoba, en representación de Naturgy BAN y Gasnor, propuso un incremento del 413%, aunque advirtió que la distribución representa el 16% de la tarifa total para la primera empresa y del 19% para la segunda, lo que implica una incidencia del 66,1% y 78,5%, respectivamente.

En el caso de Distribuidora de Gas Cuyana y Distribuidora de Gas del Centro, representadas en la audiencia por María Guadalupe Morra, el ajuste solicitado es del 449% en el primer caso y del 325% en el segundo, con un impacto promedio en la tarifa del 190%.

Alejandro Álvarez, de Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur, sostuvo que el retraso tarifario acumulado en relación con precios minoristas y mayoristas, salarios y tipo de cambio es “el corazón (de los reclamos por) la recomposición tarifaria”, que ese pedido es “tan importante como el ajuste mensual” y puso diferentes ejemplos de aumentos en las facturas, del orden del 78,4% en CGS y del 85,9% en CGP.

En lo que sí hubo coincidencia entre los diferentes expositores fue en la aplicación, a partir del 1° de febrero, de un régimen de actualización en función de la evolución del IPIM (Índice de Precios Internos al por Mayor) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y, además, que la recomposición se aplique en su totalidad al cargo fijo y no al variable.

La audiencia comenzó con la exposición del interventor del Enargas, Carlos Casares, quien alertó sobre la urgencia de dar definiciones sobre las obras del reversal del Gasoducto del Norte, debido a que a partir de agosto de este año “el acuerdo de YPFB (de Bolivia) con Enarsa se convierte en provisión interrumpible, pudiendo llegar a ser cero”.

Esa situación, indicó, “coloca en situación de alto riesgo de desabastecimiento de gas natural y energía eléctrica al noroeste y centro del país”.

Las distribuidoras y transportadoras de gas natural presentarán este lunes sus propuestas de aumentos en las tarifas públicas del servicio, en una audiencia pública que se realizará de manera virtual y será el punto de partida para una serie de ajustes mensuales que comenzarán a aplicarse a partir de "febrero o marzo", de acuerdo con lo adelantado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

La audiencia pública 104, convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a través de la resolución 704/2023, comienza a las 9 y contará con la participación de expositores en representación de empresas distribuidoras y transportadoras, asociaciones y cámaras sectoriales, entidades de defensa de usuarios y consumidores, legisladores e intendentes.

El orden del día identifica a 124 expositores, aunque sólo podrán hacer uso de la palabra 108, ya que 16 son oradores alternativos de diferentes entidades.

En base al cronograma del evento, el primer expositor asignado será el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; a quien seguirá Martín Vauthier, en representación del Ministerio de Economía.

Entre los inscriptos también figura el ex ministro de Obras Públicas y actual titular de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, entre otros expositores.

La convocatoria especifica siete puntos para ser abordados, entre los que se destaca la "determinación de un índice de actualización mensual para las tarifas del servicio público de transporte de gas natural y del servicio público de distribución de gas por redes".

De esa forma, los incrementos de realizarán paulatinamente a lo largo de todo 2024, en una modalidad que podría extenderse por dos años más, si se tiene en cuenta que Caputo sostuvo que la reducción de los subsidios a los servicios públicos (entre los que los energéticos son los principales por su monto) se llevarán a cabo de manera paulatina a lo largo de tres años.

Los seis puntos restantes son:

- La adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de transporte de gas natural.

- La adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de distribución de gas por redes.

- El traslado a tarifas del precio de gas comprado en los términos de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución.

- El tratamiento de la incidencia del costo del flete y/o transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP) respecto de las localidades abastecidas con gas propano/butano indiluido por redes.

- El tratamiento de la incidencia del precio del gas en el costo del gas natural no contabilizado (GNNC).

- La reversión del Gasoducto Norte.

La decisión busca atacar uno de los focos que explicaron el déficit público durante los últimos años, cuyo impacto en las cuentas del Tesoro durante el gobierno de Alberto Fernández se intentó morigerar con la implementación de una segmentación de acuerdo con el nivel de ingresos de los usuarios.

Hace un par de semanas, en declaraciones televisivas, el ministro Caputo adelantó la decisión de encarar a la brevedad el proceso de audiencias públicas para abordar el tema tarifario y de subsidios, por lo que entendió que recién "para febrero o marzo" se podrían poner en marcha los nuevos números.

El nuevo esquema de subsidio a la demanda contemplará para los sectores más vulnerables un umbral de consumo a definir -tanto en gas como en electricidad- a partir del cual, todo el excedente se facturará a tarifa plena.

"El recorte de subsidios son 2 puntos del PBI, más o menos el 40% del déficit. No se puede decir en energía cómo va a terminar la tarifa porque vamos a un esquema diferente, con un esquema de optimización de las empresas. Se va a subsidiar la demanda. En vez de dar a las empresas se va a ayudar al que menos tiene", afirmó Caputo.

Las compañías prestadoras del servicio de distribución (Gasnor, Litoral Gas, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Distribuidora de Gas Cuyana, Distribuidora de Gas del Centro, Metrogas, Naturgy BAN y GasNEA), subdistribución (Redengas) y transporte (TGN y TGS) ya presentaron sus propuestas de adecuación tarifaria, que pueden consultarse en el apartado Material de consulta de la página web del Enargas.

Si bien se presentaron propuestas de ajustes tarifarios que superan el 350%, debe tenerse en cuenta que la audiencia pública no es vinculante, es decir que la Secretaría de Energía puede tener en cuenta o no esos pedidos.

Las entidades empresarias del autotransporte de cargas acordaron en el Ministerio de Transporte un incremento del 30% en la Tarifa de Referencia Nacional para el Transporte Interjurisdiccional de Carga de Cereales, Oleaginosas, Afines, Productos, Subproductos y Derivados.

El incremento se aplica por tonelada transportada y kilómetro recorrido para los servicios de transporte automotor de cargas de jurisdicción nacional de cereales, oleaginosas, afines, productos, subproductos y derivados correspondientes a los meses comprendidos entre marzo y junio.

La cartera de Transporte confirmó el resultado alcanzado tras el debate entre transportistas y representantes de las cámaras, con funcionarios del Ministerio de oficiando de mediadores, lo que permitió consensuar un aumento del 30% en el valor de la tarifa de referencia.

El último incremento en la tarifa de referencia para el sector se había realizado en marzo, momento en el cual se determinó una suba del 22%.

Esta actualización de tarifas nacionales ahora acordada entrará en vigencia esta semana, ya que sólo falta que sea publicada en el Boletín Oficial.

Se recuerda que el valor de la tarifa en dólares se mantiene igual, y lo que se actualiza es el valor de cambio de la moneda nacional. La nueva adecuación quedó definida con estos valores:

-Motocicletas: 600 pesos argentinos, 100 pesos uruguayos.

- Autos y camionetas: 2.200 pesos argentinos y 450 pesos uruguayos.

- Camiones, ómnibus y casa rodantes: 9.000 pesos argentinos y 1.750 pesos uruguayos.

- Camiones, ómnibus 4 ejes: 15.000 pesos argentinos y 3.000 pesos uruguayos.

- Camiones, ómnibus 5 ejes o más: 24.000 pesos argentinos y 4.500 pesos uruguayos.

Vecinales

Cabe señalar que aquellas personas que acrediten su radicación dentro de un radio de 50 Km. de los Puentes (quedando también comprendida en este beneficio la localidad de Ubajay � Entre Ríos) pueden acceder al descuento como Usuario Vecinal, trámite disponible de forma online en la página web: www.caru.org.uy.

Los usuarios vecinales, abonarán los siguientes valores:

- Autos y camionetas: 900 pesos argentinos y 200 pesos uruguayos.

- Camiones, ómnibus y casa rodantes: 3.600 pesos argentinos y 700 pesos uruguayos.

- Camiones, ómnibus 4 ejes: 6.000 pesos argentinos y 1.200 pesos uruguayos.

Fuente: Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)

La tarifa más barata la tiene el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que Neuquén y Santa Fe las más caras en todos los segmentos.

El estudio del Afispop, el Área Fiscal y Política Públicas del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), reabrió el debate sobre una discusión federal: el valor de la tarifa de luz que pagan las provincias en comparación al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que en algunos casos es hasta cuatro veces mayor.

Según la información divulgada -la cual no tiene en cuenta el componente de impuestos nacionales, provinciales y municipales- la tarifa promedio de un hogar Nivel 3, de ingresos medios es de $3406.

En este segmento, Entre Ríos se encuentra en el noveno puesto, con un valor de $4007, por debajo de provincias como Neuquén y Santa Fe que pagan tarifas por encima de los 7 mil pesos. AMBA es la zona que menos paga ($1783).

 El informe también da cuenta que en Entre Ríos, el segmento de ingresos más bajos paga una tarifa de $3514; un 13 por ciento más cara que el promedio ($3106) y un 150 por ciento por encima que lo que paga un usuario del AMBA ($1521) o de Formosa ($1397).

El documento muestra que los segmentos de altos ingresos de la provincia también pagan más que el promedio ($5174), ya que en el valor de la tarifa es de $6171.

Aquí, los entrerrianos pagamos un 75 por ciento más que en Jujuy, por ejemplo, en donde la factura por 300 Kwh/mes es de $3539.

Por qué los usuarios del AMBA pagan menos

Según el informe, en el caso de los hogares de Nivel 3 -ingresos medios- el 33 % es el precio de la energía y el 67 % es el valor agregado de distribución (VAD).

En el AMBA la proporción es aproximadamente de 60/40 en favor del costo de la energía.

En el caso de los hogares de Nivel 2, los de menores ingresos, el precio de la energía representa el 29 % y lo restante es el VAD. Y en el caso de Nivel 1, los �Ssin subsidio⬝, el 54 % es el primer ítem y el 46 % el segundo.

Las diferencias de precios entre provincias se pueden explicar por el VAD, que es lo que fijan las provincias a través de sus entes reguladores, y depende de muchos ítems, entre ellos, el estado de la red, la densidad de uso según la población y las líneas de distribución.

Hay que considerar, además, que abastecer a poblaciones más aisladas es mucho más caro que abastecer en ciudades, como ocurre en el caso de Edenor y Edesur.

Qué pasa en Entre Ríos

Vale mencionar que desde el Gobierno provincial, y a partir de la ola de calor que afectó Entre Ríos, se decidió suspender el aumento del 20 por ciento que estaba previsto para el mes de febrero en el VAD.

Además, el gobernador Gustavo Bordet confirmó la quita del impuesto provincial del Fondo de Desarrollo Eléctrico de la tarifa de luz que es del 13 por ciento para consumos menos del 300 Kwh/mes y del 18 por ciento por encima de los 300 Kwh/mes.