A esa hora vence el plazo de 30 días, tras la presentación del docente jubilado de AGMER, Eugenio Jacquemein, que fue quien primero denunció a la magistrada el 5 de diciembre del año pasado. Fue luego de las investigaciones y publicaciones de Analisis, sobre ausencias, faltas, demoras en sentencias, uso de recursos públicos para viajes particulares disfrazados de capacitaciones, entre otras irregularidades que se encuentran probadas por la propia documentación oficial. Para sesionar, el Cuerpo legislativo debe contar con la presencia de 26 de sus 34 integrantes. Necesitan 5 diputados del PJ para lograr quórum, siempre y cuando estén también todos los legisladores de JxC y los libertarios. De esta manera, se cae la causa Medina, pero no por el rechazo legislativo (que era lo que ella exigía a referentes del oficialismo entrerriano), sino por el vencimiento de los plazos, que no es lo mismo.El caso por el pedido de juicio político a la vocal Susana Medina de Rizzo caerá este lunes a las 11. A esa hora, el 5 de diciembre del año pasado, el docente jubilado de AGMER Gualeguaychú denunció a la magistrada por diversas irregularidades cometidas en su rol en el Superior Tribunal de Justicia. Días después también lo hizo la ONG Entre Ríos sin corrupción -por otros motivos-, pero la causa se unificó y se toma la denuncia inicial para hacer correr los plazos, que vencen este lunes. Jacquemein le apuntó, fundamentalmente, los más de 600 días de ausencias como vocal, entre 2016 y 2025 (justificados como “capacitación” o “cuestiones de vocalía”, cuando en realidad, la gran mayoría de las faltas eran por su actividad en la AMJA, para lo cual, muchas veces, utilizaba fondos públicos) y la ONG a la morosidad en los fallos en su Sala Laboral, consecuencia de tantas ausencias. De hecho, Medina reconoció que “por lo general había demoras de hasta 8 o 9 meses”, pero lo consideró normal, pese a la ansiedad de los demandantes, por ser temas laborales precisamente. A todo ello se sumaron luego los 60 días de vuelos al extranjero -que aparecieron en el informe de Migraciones- y 5 de ellos en el avión privado, a España y Colombia, contratado por Eduardo Eurnekian, uno de los empresarios más poderosos de la Argentina. La gravedad fue el hecho que Medina nunca asentó en ningún lado que había sido “invitada” a viajar por un empresario, lo que se considera una “dádiva” y está en contra de lo establecido por la Ley Nacional de Etica Pública y por lo que establece la ley provincial del Poder Judicial para los magistrados.Los diputados oficialistas habían confeccionado un dictamen mayoritario, en base a lo consignado por la vocal Medina de Rizzo y por sus abogados Ladislao Uzín Olleros y Diego Armesto, letrado de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), que presidía la jueza.Había circulado por WhatsApp de los propios diputados el texto de 21 páginas, firmado por la presidenta de la comisión, Gabriela Lena (JxC Federación), donde se rechazaba por mayoría cada uno de los puntos denunciados. El peronismo expresó su rechazo al texto, pero no se conocieron demasiados argumentos, salvo expresiones públicas de los diputados Laura Stratta (presidenta del bloque) y de Juan José Bahillo. El texto tuvo una conclusión mayoritaria, sin investigar las más de mil fojas que habían llegado desde la Administración del STJ -tras el pedido concreto de la Comisión de Juicio Político-; como tampoco el informe de Migraciones, con los 60 viajes por el mundo que realizó la jueza, ni el documento del Tribunal de Cuentas, cuyo anexo no había llegado hasta el viernes pasado.Si bien tanto Lena como el diputado Alcides Marcelo López (Concordia) estaban de acuerdo para avanzar contra Medina y llegar a su destitución, hubo un vuelco absoluto en la opinión de ambos y una defensa acérrima de la vocal con el correr de los días. Fue a partir del diálogo telefónico que tuvo el gobernador Rogelio Frigerio con los principales referentes de la Comisión de Juicio Político, quien ordenó firmemente que rechacen las denuncias contra la vocal. Y también les pidió que se ocupen de seducir y convencer a sus pares de la oposición, para que también adhieran al planteo a favor de la vocal. Esto último fue duramente rechazado por los diputados del PJ, en las negociaciones del viernes 28 de diciembre, previo a la última de las dos sesiones previstas para ese día. Por eso, cuando los diputados fueron a la sesión de las 16 horas (tras el fracaso de la prevista para las 14), lo hicieron sabiendo que solamente iban a estar allí, todos juntos, para rechazar el tercer pedido de juicio político realizado por una empleada de Tribunales, que había sufrido situaciones de violencia de parte de la magistrada. De hecho, ello ocurrió y se levantó la sesión, porque si se avanzaba en el otro sentido, los diputados se iban a retirar del recinto y no darían el quórum correspondiente.La diputada Lena, al tomar la palabra, dijo que el dictamen se trataría en “una próxima sesión”, pero no especificó cuándo. Y, de hecho, ello nunca ocurrió, por lo cual este lunes caen los plazos y pasa al archivo. 

Los diputados oficialistas confeccionaron un dictamen mayoritario, en base a lo consignado por la vocal Medina de Rizzo y por sus abogados defensores. En días recientes circuló por WhatsApp de los propios diputados el texto de 21 páginas y la propia presidenta de la comisión, Gabriela Lena (JxC Federación) expresó: “Si alguien quiere hacer alguna acotación al respecto, lo puede hacer”. Obviamente, nadie tocó una coma y menos los diputados del peronismo, que se opusieron a ese dictamen. El texto tuvo una conclusión mayoritaria, sin investigar las más de mil fojas que habían llegado desde la Administración del STJ -tras el pedido concreto de la Comisión de Juicio Político-; como tampoco el informe de Migraciones, con los 60 viajes por el mundo que realizó la jueza, ni el documento del Tribunal de Cuentas, cuyo anexo no había llegado hasta el viernes pasado.Si bien había dos diputadas del peronismo que podían votar a favor del dictamen mayoritario (como los casos de Mariel Ávila y la exviceintendenta de Paraná, Andrea Zoff), desde la conducción del bloque del PJ, liderado por Laura Stratta, se indicó que nadie de la oposición estaba dispuesto “a sacar los pies del plato”. Y, por ende, el voto en contra del dictamen de la mayoría era un hecho.

El punto en cuestión fue que, al parecer, el gobernador Rogelio Frigerio -que incidió firmemente sobre sus diputados, para que rechacen el pedido de juicio político a Medina- les exigió a sus legisladores que se ocupen de seducir y convencer a sus pares de la oposición, para que también adhieran al planteo a favor de la vocal. “Frigerio es jefe político de ustedes, pero no nuestro. En eso están muy equivocados”, le dijo uno de los legisladores del PJ a la diputada Lena, en las negociaciones del viernes pasado, previo a la última de las dos sesiones previstas para ese día. Por eso, cuando los diputados fueron a la sesión de las 16 horas (tras el fracaso de la prevista para las 14), lo hicieron sabiendo que solamente iban a estar allí, todos juntos, para rechazar el tercer pedido de juicio político realizado por una empleada de Tribunales, que había sufrido situaciones de violencia de parte de la magistrada. De hecho, ello ocurrió y se levantó la sesión, porque si se avanzaba en el otro sentido, los diputados se iban a retirar del recinto y no darían el quorum correspondiente.La diputada Lena, al tomar la palabra, dijo que el dictamen se trataría en “una próxima sesión”, pero no especificó cuándo. Queda claro que este lunes no será y vaya a saber si convocan para el martes o bien ya pasan para el 2, 3 o 5 de enero. Así se dejarían caer los plazos y el caso Medina pasaría al archivo.

Mientras tanto, la vocal iba a viajar en avión rumbo a Brasil, para pasar fin de año con su hija mayor, exintegrante de la Fuerza Aérea Argentina y que cumple funciones en la empresa Boeing, en Porto Alegre, pero finalmente desistió. Mientras tanto, hay quienes sostienen que en los próximos días iniciaría los trámites jubilatorios y renunciaría al cargo de jueza. Por lo menos eso fue lo que les aseguró a varios de sus más allegados y también se lo habría comunicado a personas cercanas al gobernador Frigerio, tras manifestarse “cansada y deprimida” por la situación crítica que vive y el nivel de exposición que ello le determina, además del hecho de haber renunciado a la presidencia a la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), que era su principal lugar de poder para cada uno de sus movimientos en el país y el mundo. Otros, más distantes, indican que Medina no renunciaría y seguiría por un buen tiempo más como vocal del STJ. (Análisis)

El oficialismo de “Juntos por Entre Ríos” tiene la suficiente cantidad de representantes para producir un dictamen de mayoría, y por lo tanto no es necesario que el peronismo -que tiene 6 de los 15 integrantes- acompañe esa decisión.Si ese dictamen no contara con las firmas suficientes, obedecería a una situación interna del oficialismo.Los legisladores y legisladoras de “Más para Entre Ríos” estuvimos este viernes en la Legislatura dispuestos a permitir el quorum necesario para sesionar, pero con la postura de no votar el dictamen elaborado por “Juntos por Entre Ríos”.Fue por eso que el oficialismo dejó caer la sesión de las 14 y tampoco incluyó el tema en la de las 16.En estos dos años de gestión el oficialismo ha tratado numerosas iniciativas con dictámenes firmados solo por integrantes de su bloque y sin considerar las posturas de la oposición. Al oficialismo le sobran votos para emitir el dictamen y también para aprobarlo en el recinto.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados recibió en los últimos días un voluminoso cuerpo de pruebas remitidas por distintos organismos, que refuerzan las acusaciones por mal desempeño y abandono de funciones contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina de Rizzo. La documentación, compuesta por miles de folios digitalizados en tiempo récord, deja al descubierto demoras reiteradas en la resolución de causas de la Sala Laboral.

Según la normativa vigente, los miembros de tribunales colegiados tienen plazos precisos para emitir sus votos: hasta 60 días hábiles para las sentencias definitivas. Estos plazos son de cumplimiento personal y la demora de un solo vocal basta para paralizar el dictado del fallo. Las planillas oficiales del STJ incorporadas como prueba muestran que, en algunos períodos, hasta el 90% de las causas de la Sala Laboral registraron atrasos.

El análisis puntual de la vocalía de Medina de Rizzo revela al menos 149 expedientes en los que el tiempo a despacho superó ampliamente los plazos legales, con un promedio general de 116 días corridos entre 2018 y 2025. En los años 2024 y 2025, ese promedio trepa a 193 días, con casos que alcanzaron hasta 350 días de demora para la emisión de un solo voto.

Estos datos contrastan con declaraciones firmadas por la propia magistrada en solicitudes de licencia, donde aseguró bajo juramento que su despacho se encontraba “al día”. Sin embargo, las pruebas indican que, mientras se tramitaban licencias y ausencias, había causas pendientes desde meses anteriores sin resolución.La documentación también exhibe inconsistencias en las respuestas del Área de Planificación, Gestión y Estadísticas del STJ, que evitó brindar información comparativa detallada, pese a contar con sistemas que permiten hacerlo con facilidad.Las demoras impactan directamente en ciudadanos comunes: trabajadores despedidos, jubilados, gremios y empresas que aguardan definiciones judiciales clave. Con este material en manos, la Comisión de Juicio Político deberá ahora evaluar responsabilidades y definir los pasos a seguir, bajo la mirada atenta de una ciudadanía que reclama un Poder Judicial más eficiente, transparente y ético.(I: Nota en síntesis de Análisis)

La vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina de Rizzo, concretó 60 vuelos al exterior entre 2016 y 2025. El dato consta en un informe oficial de la Dirección de Migraciones del gobierno nacional, enviado a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, donde se reveló también que al menos cinco de esos viajes se realizaron en aviones privados de lujo. El más utilizado es el Gulfstream G650 con matrícula N380SE, uno de los jets privados más exclusivos y costosos del mundo, con el que la magistrada hizo cuatro viajes a España y un quinto a Colombia, aunque nunca lo declaró como financiado por terceros, como sucedió en estos casos, según pudo determinar ANALISIS. El avión Gulfstream cuesta 78 millones de dólares, es de 19 plazas, y sale entre 300.000 y 400.000 dólares, ida y vuelta, el viaje entre Ezeiza y Barajas (Madrid, España) y en los últimos años fue varias veces contratado por el grupo empresario que lidera Eduardo Eurnekian, de estrecha relación con Susana Medina de Rizzo. La vocal no pocas veces reconoció esa relación de amistad con Eduardo Eurnekian, en ámbitos privados y públicos y en especial en reuniones de Acuerdos del STJ.

Los registros migratorios pintan el retrato de una jueza con una actividad internacional inusualmente intensa. Durante nueve años, Medina de Rizzo promedió más de siete viajes al exterior por año, alcanzando su pico en 2017 con 11 vuelos internacionales. El año 2024 muestra nueve viajes, mientras que en lo que va de 2025 la jueza ya acumula seis salidas del país hasta octubre, último movimiento registrado en el informe. El único año sin actividad viajera fue 2020, coincidente con las restricciones de la pandemia de COVID-19.

El análisis de los destinos revela patrones llamativos en los 60 viajes. Brasil encabeza la lista con 20 viajes, la mayoría de corta duración (entre 2 y 6 días), realizados principalmente desde Aeroparque Jorge Newbery. Esta frecuencia se intensificó notablemente a partir de 2022. En Brasil vive una de sus hijas, que supo depender de la Fuerza Aérea Argentina y actualmente trabaja en la sede de Boeing de San Pablo.

Italia ocupa el segundo lugar con 11 viajes, varios de ellos de duración considerable. Estados Unidos aparece con 10 visitas, seguido de México y España con 5 viajes cada uno, y Gran Bretaña también con 5. El informe también registra viajes a destinos más exóticos o inusuales: Qatar, Turquía, Cabo Verde, Colombia, Francia, Canadá, Chile, Perú y Paraguay.

Si bien muchos de los viajes a Brasil fueron de corta duración, algunos destinos implicaron estadías más extensas. El viaje más largo registrado fue a Italia en enero-febrero de 2024: 21 días fuera del país.Otros viajes prolongados incluyen 15 días en Estados Unidos en enero de 2016, 12 días en España/Brasil en noviembre de 2016, 14 días en Italia en enero de 2018, y 12 días en Gran Bretaña en mayo de 2017. En varios casos, el informe muestra que la jueza realizó viajes combinados, con escalas o conexiones en distintos países durante un mismo periplo.

Los vuelos privadosUn dato que llama la atención es el registro de al menos cinco viajes realizados en vuelos particulares, identificados con la matrícula N380SE. Estos vuelos privados tuvieron como destinos España (en cuatro ocasiones) y Colombia. El más reciente de estos vuelos privados data de julio de 2023, con una estadía de 10 días en España. En abril de 2022, otro vuelo privado la llevó a España por 8 días.El avión está considerado el buque insignia de la flota Gulfstream y tiene características que lo ubican en la cúspide de la aviación ejecutiva. Es para 19 pasajeros con cuatro áreas de estar diferenciadas y un alcance de 7.000 millas náuticas sin reabastecimiento. Dispone de ventanas panorámicas ovaladas de Gulfstream, sistema de renovación de aire 100% fresco cada dos minutos, altitud de cabina de solo 3.000 pies a 41.000 pies de crucero.

La aeronave puede volar sin escalas en rutas como Londres-Buenos Aires, Nueva York-Tokio o Los Ángeles-Londres.Los registros migratorios documentan cuatro viajes de Medina de Rizzo en el Gulfstream N380SE:--Julio 2023: España (salida 20/07, entrada 30/07), 10 días. Consignó que su ausencia era por “compensatoria de feria”. La jueza salió del país el jueves 20 de julio, pero su licencia comenzaba el sábado 22 de julio. Al revisar la Planilla 1 (Comisiones de Servicio), no figuran comisiones oficiales para los días 20 y 21 de julio de 2023 que justifiquen su ausencia laboral esos días hábiles previos al inicio de la feria.--Abril 2022: España (salida 08/04, entrada 16/04), 8 días. Indicó que viajó por “motivos personales”.--Septiembre 2021: Cabo Verde/España (salida 03/09, entrada 12/09), 9 días. Manifestó en la planilla del STJ que eran días de su feria judicial.--Abril 2019: Colombia (salida 22/04) y vuelve por España. Indicó que viajó por un encuentro internacional con perspectiva de género.La consulta a múltiples operadores internacionales de jets privados establece que el costo de charter (alquiler por hora) de un Gulfstream G650 oscila entre USD 10.000 por hora (rango bajo); USD 13.000 por hora (rango promedio) y USD 17.000 por hora (rango alto).

Un vuelo Buenos Aires-España tiene una duración aproximada de 12 a 14 horas. Aplicando las tarifas de mercado, el costo estimado por viaje (ida y vuelta) es de 240 mil dólares; 312.000 dólares el escenario promedio y 408.000 dólares un escenario alto. Solo los tres viajes a España en el G650 habrían representado un costo de entre USD 720.000 y USD 1.224.000, sin contar el viaje a Cabo Verde ni el vuelo privado a Colombia.Estas cifras no incluyen costos adicionales como tarifas de aterrizaje y permisos; combustible adicional; catering gourmet a bordo; alojamiento de tripulación; servicios de WiFi satelital (hasta USD 30.000 si no se gestiona anticipadamente) o posicionamiento del avión.La empresa Inter-Americas Transport Inc, la compañía propietaria del Gulfstream N380SE, aparece registrada en Estados Unidos como operadora de aviación privada. La firma es por lo general contratada por Servicios Aéreos Sudamericanos S.A., propiedad del grupo Eurnekian.La falta de información disponible sobre quién utiliza habitualmente este avión, quién paga por sus servicios o qué relación podría tener la jueza Medina de Rizzo con sus propietarios abre nuevos interrogantes en el expediente de juicio político. No obstante, hay que remarcar que no pocas veces la vocal contó en ámbitos judiciales que “Eurnekian es un gran amigo, que me ayuda a viajar con sus aviones o pasear en sus yates por el mundo”. Incluso se ha deleitado relatando a sus pares “los días de navegación por el Mediterráneo, con Ricardo (Rizzo) y Eurnekian, en su inmenso yate”. Está claro que ningún congreso internacional contrata aviones privados para llevar de un país a otro a disertante o invitado alguno y por ende pasa por la decisión de un empresario -como Eurnekian- de contratar un avión de cientos de miles de dólares para trasladar a gente amiga y de su extrema confianza, como gentileza.La Comisión de Juicio Político podrá evaluar también si la jueza no violó la Ley de Ética Pública, que obliga a los magistrados a declarar no solo sus bienes sino también “todo aquello que contribuya a demostrar su situación patrimonial”. El uso recurrente de aviones privados de lujo debería estar reflejado en alguna declaración jurada, ya sea como gasto propio o como beneficio recibido de terceros. O sea que no solamente aparecería como un motivo más para avanzar en el juicio político sino también como una irregularidad que se podría transformar en una denuncia penal contra la vocal del STJ.A la luz de estos datos, el eje del debate ya no es solo la frecuencia o el costo de los viajes, sino el cumplimiento de los deberes de ética pública que rigen a los magistrados.

La normativa vigente es clara: los jueces no pueden recibir regalos, beneficios o dádivas de empresarios o particulares que, por su magnitud o naturaleza, excedan los usos de cortesía y puedan comprometer —o aparecer comprometiendo— su independencia e imparcialidad. El uso reiterado de aviones privados de lujo, cuyo costo individual supera ampliamente cualquier estándar razonable de cortesía, encuadra prima facie como un beneficio económico relevante que debía ser declarado y justificado, y cuya aceptación resulta difícilmente conciliable con las exigencias de austeridad, transparencia e independencia que impone la función judicial.

La experiencia reciente muestra que este tipo de conductas no es jurídicamente neutra. En los últimos años, distintos funcionarios públicos, entre ellos el exvicepresidente Amado Boudou, han enfrentado causas judiciales, investigaciones administrativas e incluso condenas, en el caso del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, por haber aceptado vuelos privados, traslados o viajes financiados por empresarios con intereses económicos o vínculos con el Estado. En esos antecedentes, la Justicia consideró que tales beneficios constituían dádivas o ventajas indebidas, aun cuando se intentara justificarlos como gestos de amistad o invitaciones personales. El estándar aplicado ha sido estricto: no se trata solo de probar un favor concreto a cambio, sino de preservar la integridad del cargo y la confianza pública en la independencia de las decisiones.

En ese marco, el caso de Susana Medina de Rizzo plantea interrogantes de fondo que exceden lo anecdótico. La aceptación de vuelos privados de altísimo valor económico, presuntamente financiados por un empresario con intereses múltiples y una relación personal reconocida con la magistrada, coloca a la vocal del Superior Tribunal de Justicia bajo un escrutinio inevitable. No solo por una eventual violación a la Ley de Ética Pública y al deber de declarar beneficios recibidos de terceros, sino también porque este tipo de prácticas ha sido, en otros casos, el punto de partida de investigaciones penales por dádivas y enriquecimiento injustificado, además de procesos de remoción por mal desempeño. La Comisión de Juicio Político deberá ahora determinar si estos antecedentes no configuran también una falta grave incompatible con la investidura judicial.(I:Análisis) 

Dos de los principales referentes de la política entrerriana ingresaron de lleno en los días previos a que la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina de Rizzo, declare por zoom ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Frigerio atendió en su residencia particular a los diputados de la Comisión de juicio político en horas de la tarde del miércoles, después de estar buena parte de la jornada en la ciudad de Concordia.

El Gobernador los convocó para analizar la documentación presentada por el STJ y por la propia jueza Medina de Rizzo, en los dos descargos elevados a los legisladores y que están analizando desde esa jornada. La reunión se extendió por algo más de una hora, donde el gobernador escuchó las explicaciones de los referentes oficialistas, encabezados por Gabriela Lena -quien preside la Comisión de Juicio Político- y pidió que sean “serios y responsables” en el análisis pormenorizado que se debe hacer, antes de dar una respuesta final, antes del 5 de enero próximo.

El Gobernador expresó algunas dudas sobre “quién podía estar detrás de las denuncias” -sin elemento alguno, porque se toman datos de las publicaciones de la revista ANALISIS, que viene publicando informes del tema desde mediados de año, a partir de datos enviados por la propia Administración del STJ y de investigaciones periodísticas que se realizan desde hace varios años- y recordó el rol que tuvo la jueza a la hora de tomar definiciones en torno al caso del intendente Mauricio Davico, de Gualeguaychú.La doctora Rosario Romero fue más allá en el encuentro que se hizo en el bloque de diputados del PJ, en la Legislatura, por espacio de más de una hora. La exdiputada nacional y provincial consideró que no había elementos para avanzar en un juicio político a Susana Medina de Rizzo -con quien la une una antigua amistad- y solicitó que si el oficialismo avanzaba para lograr su destitución, el peronismo haga un dictamen en minoría para oponerse de modo tajante. Algunos de los legisladores del PJ -presididos por Laura Stratta- le plantearon su discrepancia y pusieron énfasis en remarcar que de la documentación obrante había elementos suficientes para continuar avanzando en la investigación, escuchar lo que podrá decir Medina en la audiencia por zoom prevista para este lunes (por pedido expreso de la jueza y no como sucediera con los doctores Carlos Chiara Díaz y Claudia Mizawak, cuando estuvieron en situaciones parecidas) y tomar una decisión antes del vencimiento de los plazos.Quien más acompañó el pensamiento de la intendenta Romero fue la esposa del exgobernador Gustavo Bordet, la diputada provincial Mariel Avila, quien dio cuenta del “mal momento” que está pasando en este año, en especial por las denuncias en la justicia provincial que tiene el actual diputado nacional del PJ y también se pronunció por no avanzar contra la vocal del STJ. (I: Análisis) 

La mayoría de esos trayectos fueron para realizar actividades vinculadas a la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), que presidiera hasta hace algunos pocos días y que no tenían nada que ver con su rol de vocal del Poder Judicial y para lo cual se le paga un sueldo mensual de 16 millones de pesos. “No utilicé el auto oficial de la Presidencia del STJ y lo dejé establecido en una nota enviada a la administración del cuerpo”, dijo Medina de Rizzo, en su primer descargo ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

En realidad, no utilizó el vehículo oficial de la Presidencia, sino otros del Superior Tribunal de Justicia, que son de la misma marca y modelo que el anterior mencionado y que fueron comprados en una licitación ordenada por Medina de Rizzo cuando llegó a la presidencia.

Entre 2022 y 2024 hizo 25 viajes a Buenos Aires con chofer oficial, con gastos de combustible y viáticos pagos al conductor, además de numerosos trayectos a lugares del interior de la provincia. Hizo 8 viajes en 2022, pero en 2023 hizo casi un viaje por mes.

En mayo de ese año hizo 4 viajes en el mes, y 3 viajes en diciembre. Y en el 2024 hizo 6 trayectos en coche oficial hacia CABA. En mayo, hubo dos viajes con 5 días de distancia y en junio, 2 viajes con 8 días de separación. Todo esto, además de las reiteradas ausencias que tuvo en esos años.

Recordemos que entre enero de 2016 y el 30 de julio de 2025, la vocal en cuestión se ausentó 668 días del Poder Judicial entrerriano. Algunos días podían estar justificados, pero la gran mayoría no. Es decir que siempre trabajó no más del 50 por ciento de los días del calendario anual judicial.

Toda esta información sobre los gastos de los choferes oficiales de Susana Medina llegó a ANÁLISIS en horas de la tarde del miércoles, después de un pedido de acceso a la información pública presentado al STJ el 27 de noviembre. Y al cruzar la información aportada con otros datos de páginas webs (lo que incluía el sitio oficial judicial y la de AMJA), nos encontramos con varias particularidades entre 2022 y 2024, por tomar fechas donde más viajes realizó en los últimos tiempos. Recordemos que, en febrero de 2022, Medina asumió como presidenta del STJ.

Algunos casos a mencionar:

-El 30 de marzo de 2022 viajó a Buenos Aires como representante de la AMJA, a una reunión en la Embajada de Estados Unidos. Puso en los motivos de su viaje “motivos inherentes a la Vocalía”. Y no era así.-El 30 de junio de ese año, viajó de nuevo en auto oficial y la vocal fue con viáticos pagos, porque había en Buenos Aires un encuentro de profesores de derecho constitucional. Fue de nuevo como representante de AMJA y no como vocal. En los fundamentos de su viaje puso otra vez, no obstante, “motivos inherentes a la Vocalía”.-Ya en 2023 (donde estuvo 21 días en Buenos Aires, en 11 viajes realizados), hizo varias actividades que no tenían nada que ver con el STJ.-En mayo se hizo llevar y buscar de Ezeiza, después de participar de un encuentro internacional de mujeres en Marruecos, donde fue en su carácter de presidenta de AMJA. El chofer cobró viáticos por ambos viajes y se pagaron los gastos de nafta desde la administración del alto cuerpo.-El 9 de julio, día de la Independencia y feriado nacional, se hizo llevar en auto oficial a Buenos Aires. Al día siguiente empezaba la feria judicial en Entre Ríos. No hubo ningún acto oficial ni actividades de AMJA. Quedó claro que la vocal se fue de vacaciones y partía desde alguno de los aeropuertos.-El 6 de septiembre viajó a Capital Federal, también con viáticos, hasta el aeropuerto Jorge Newbery. Y desde allí partió en avión hacia Mendoza, al encuentro nacional de AMJA. En los fundamentos de su salida puso “capacitación” como vocal del STJ. Y no era así.-El 29 de noviembre de 2023 volvió a viajar a Buenos Aires en auto oficial y regresó el 1 de diciembre. En los fundamentos asentó: “Reunión de comisión directiva de La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales” (JUFEJUS) y se hizo abonar viáticos del STJ. El tema fue que la reunión mensual de la mencionada comisión no era en Buenos Aires sino en San Miguel de Tucumán, 6 días después. Y ella no estaba en la mencionada comisión directiva. O sea que faltó a la verdad. En realidad, Susana Medina participó ese 1 de diciembre de las actividades por los 30 años de AMJA, en el teatro Colón, encuentro del que participó el mismísimo gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.-Ya en 2024, el 8 de mayo viajó en coche oficial a Buenos Aires para reunirse con la vicepresidenta Victoria Villarruel, senadoras nacionales libertarias y juezas de la AMJA. Fue como titular de la entidad de las juezas mujeres y ya postulándose para un lugar en la Corte Suprema. No fue como vocal del STJ.-El 3 de junio viajó a Buenos Aires para participar del ciclo de diálogos interinstitucionales en el Congreso de la Nación, organizado por AMJA. Fue en vehículo y con chofer oficial. Tampoco fue como vocal del STJ. Regresó al día siguiente.-El 11 de septiembre viajó con su chofer oficial rumbo a Catamarca, al Congreso Nacional de Capacitación judicial, como presidenta de AMJA. Retornaron el 13 de septiembre. El STJ tuvo que erogar 620.714 pesos, entre nafta y viáticos, por una actividad personal de Medina. No fue como vocal.

Queda claro que la jueza del STJ ha faltado a la verdad de numerosas oportunidades. Y lo hemos demostrado con documentación obrante en la propia administración del alto cuerpo. No hubo relato, ni especulaciones. Fueron datos crudos y concretos, que constan en las planillas oficiales del alto cuerpo.

El desenlace de este proceso será una prueba de fuego para las instituciones entrerrianas y un termómetro de la voluntad política de sancionar conductas que, según los denunciantes y las pruebas documentales, configuran un grave abandono de funciones y una indolencia incompatible con la responsabilidad propia de cualquier juez, y particularmente de un integrante del máximo tribunal provincial.

Todo está en manos de los legisladores y gobernantes. Si no fallan acorde a lo que establecen las leyes, las resoluciones, los reglamentos, la Constitución, después no hablen de la preocupación de la sociedad, que cada vez les cree menos a nuestros dirigentes.

Está en cada uno de ellos construir reglas de respeto y convivencia, en democracia. Los abusos de poder se pagan caro. Y en esta historia hubo demasiadas situaciones. Si no lo quieren ver, que cada uno se haga cargo luego de las secuelas y consecuencias.

(I:Análisis) 

Cabe recordar que el juicio político se inició tras la unificación de dos denuncias: una presentada por el docente jubilado Eugenio Jacquemain y otra impulsada por la ONG Entre Ríos sin Corrupción, encabezada por María Fabiana Cian junto a María Valeria Harari. Ambas invocan la causal constitucional de mal desempeño -entre otras cosas  más 660 ausencias injustificadas entre 2016 y 2025- y toman como base investigaciones periodísticas de la revista ANÁLISIS que dieron cuenta de presuntas irregularidades en la actuación de la vocal del Superior Tribunal de Justicia.

Según se informó, este nuevo escrito no difiere sustancialmente del primero en cuanto a los ejes centrales de la defensa, aunque incorpora mayores apreciaciones de carácter político. En el texto, Medina negó de manera categórica las acusaciones en su contra y rechazó la existencia de irregularidades en su desempeño. “No existe daño institucional, no existe afectación del servicio de justicia, no existe retardo, negligencia, abandono del cargo ni incumplimiento funcional alguno”, sostuvo.en esa línea, afirmó que las denuncias que dieron origen al proceso “constituyen un intento manifiestamente improcedente de instrumentalizar el juicio político como herramienta de presión y persecución institucional contra una magistrada”, y las calificó como “una construcción discursiva artificiosa, fragmentaria y conjetural, apoyada en notas periodísticas, inferencias subjetivas y lecturas parciales del orden normativo”.

La jueza también se refirió a los cuestionamientos vinculados a sus ausencias y licencias, señalando que “muchas de las ausencias y licencias que se me cuestionan han sido para formarme, formar y capacitar a las nuevas generaciones del Poder Judicial de Entre Ríos”.

En cuanto al presunto conflicto de intereses por aportes del Banco de Entre Ríos (Bersa) o de fundaciones vinculadas a la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), expresó: “La descomedida y embozada imputación de haber recibido directa o indirectamente ‘gratificaciones’ de un contratista del Poder Judicial, no resisten el menor análisis”.

En otro pasaje del descargo, remarcó que “las imputaciones formuladas no describen hechos concretos, no individualizan actos jurídicamente reprochables, no identifican normas vulneradas ni acreditan daño alguno al servicio de justicia. Se trata de una construcción discursiva artificiosa, fragmentaria y conjetural, apoyada en notas periodísticas, inferencias subjetivas y lecturas parciales del orden normativo, que desnaturaliza el instituto del juicio político y lo vacía de su finalidad constitucional, transformándolo en un mecanismo de hostigamiento incompatible con el Estado de Derecho”.

Entrevista por ZoomDurante la reunión, los diputados acordaron además fijar para el lunes 22 de diciembre la instancia en la que Susana Medina responderá las preguntas de los legisladores. La comparecencia se realizará por Zoom, a pedido expreso de la magistrada, quien no manifestó imposibilidad de asistir de manera presencial, sino que solicitó utilizar esa modalidad.

Finalmente, se estableció que los integrantes de la comisión tendrán plazo hasta el 5 de enero para pronunciarse sobre la situación y definir los pasos a seguir en el proceso.(I:Analisis)

Susana Medina, destacó que es necesario tomar conciencia de qué actitudes constituyen violencia; desnaturalizar los hechos y conductas violentas; conocer las leyes que las sancionan y utilizar los mecanismos disponibles para la denuncia; sanción y reparación de los hechos violentos, son componentes esenciales de esta tarea. Asimismo, ratificó que desde el STJ se trabaja fuertemente para sancionar y erradicar la violencia. Indicó que la prevención es tarea de todos los organismos del Estado; pero también de la familia; vecinos; compañeros/as de trabajo y amigos/as que denuncien esta situación. “La violencia no es una cuestión privada sino de orden público. Prevenirla es una obligación; pero una vez ocurrida, callarse, tolerarla y mirar para otro lado es una forma de encubrirla”, señaló finalmente.

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, recibió al jefe de la Policía de Entre Ríos, comisario general Gustavo Maslein, con quien firmó el acta que formalizó el traspaso del horno. De la ceremonia, que se efectuó en el Salón de Acuerdos, participó también la vocal Laura Soage.

La cesión fue dispuesta por el STJ durante el Acuerdo General Nº 6/23, celebrado el 28 de marzo pasado. La donación se estableció “con cargo de prestación de servicio de destrucción de drogas”.

Las partes se comprometieron a concretar a la brevedad el traslado del horno transferido, que se encuentra en el Depósito de Patrimonio del STJ, en Santos Domínguez 205, y que será emplazado junto a la Comisaría Séptima de Paraná. El horno pirolítico, sin uso, tiene capacidad para 10 kilos, con volumen de 6,6 metros de alto, con chimenea incluida y 3,3 metros de ancho.

De la audiencia participaron también el director de Logística de la Policía, comisario general Fernando Ramos, y el titular de la División Arquitectura de la Policía, Guillermo Duche.

En el encuentro, que se desarrolló en el Salón de Acuerdos del STJ, se abordó en detalle y singularmente la situación laboral de cada uno de los jueces y juezas y coincidió en la necesidad de resolverlas con urgencia. Se dialogó además sobre las múltiples tareas que desde los Juzgados de Paz se desarrollan en la comunidad, muchas de las cuales exceden las establecidas por su competencia específica pero a las que no se puede ser indiferente.

“Fortalecer los Juzgados de Paz es sensibilizar en derechos. Es la primer puerta a la que recurren los vecinos”, dijo Susana Medina durante la reunión en la que se analizó, por cada localidad representada, la realidad que se afronta en la labor diaria; la relación con el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) y el mapa de casos que se tratan como el incremento del bullying y el consumo de estupefacientes.

Estuvieron presentes la jueza de Paz de Chajarí, Vanesa Pelayo, que aguarda la titularidad en el cargo desde hace 2 años y 11 meses; el juez de Paz de Concordia, Enrique Stempels; desde hace 4 años y 10 meses; el juez de Paz de Santa Elena; Guillermo Vega; que espera la designación en el cargo como titular desde hace 4 años y 9 meses.

Participaron además, la jueza de Paz de Caseros, Margarita Nery, que ejerce, sin poder alcanzar la titularidad, desde hace un año; el juez de Paz de Victoria, Carlos Pacher; que aguarda su nombramiento como titular desde hace un año; el juez de Paz de San José de Feliciano; Juan José Cian; desde hace 5 años y los jueces de Paz de Estancia Grande, Diego Dubra y de Gualeguay; Federico Antola, que llevan 3 años y 3 meses y 2 años y 10 meses, respectivamente, sin titularizar.

En el encuentro, que se desarrolló en el Salón de Acuerdos del STJ, se dialogó sobre el funcionamiento del Poder Judicial, su volumen de trabajo diario y se analizó el mapa laboral en los diferentes fueros.

Susana Medina afirmó que la reunión, de carácter institucional, permitió hacerle conocer a Frigerio diferentes temas en materia judicial y saber sus propuestas para la Justicia de Entre Ríos.

En la reunión, Frigerio garantizó su respeto y la defensa de la independencia del Poder Judicial y propuso, en caso de acceder al gobierno en las elecciones generales de octubre, “un diálogo permanente con todos los sectores. Una mesa Interinstitucional que nos permita alcanzar las soluciones”, dijo.

Entre otros temas, también se conversó sobre el funcionamiento de los Juzgados de Familia; el acceso a Justicia; la seguridad ciudadana; la Fiscalía Anticorrupción y el Consejo de la Magistratura.

Y, sobre la necesidad de impedir el avance del narcotráfico en Argentina.

La audiencia fue solicitada por la titular de la entidad, María Martínez, con el objeto de conversar sobre la posibilidad de incorporar un equipo de accesibilidad de Lengua de Señas Argentina-Español (LSA-E) en el ámbito del Poder Judicial. En la oportunidad María Martínez informó sobre lo beneficioso que sería para la prestación del servicio de justicia contar con la asistencia de un equipo de profesionales de la interpretación en LSA-E, dedicados específicamente al ámbito jurídico, al igual que con especialistas en otros idiomas extranjeros, dada la importancia que la accesibilidad tiene para la comunidad en general.

Asimismo, brindó detalles sobre el trabajo que realiza en diversos organismos, destacando que se trata de una asociación civil que cuenta con personería jurídica.

Por su parte, Susana Medina se explayó sobre la importancia de la temática y se interiorizó sobre cuestiones específicas del lenguaje de señas. También se comprometió a recibir la propuesta que formule la Asociación, para su eventual tratamiento por parte del pleno del STJ.

Del encuentro participaron la secretaria de Superintendencia N° 1, Elena Salomón y la secretaria general del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial “Dr. Juan B. Alberdi”, Paula García Rau.

Por la Asociación estuvieron Flavia Graciela Aybar, Georgina Ester Warlet, Mariángeles Franco y Rina Blanco.

Del acto participaron también los ministros de la CSJN, Carlos Fernando Rosenkrantz y Carlos Maqueda, junto al vicepresidente del STJER, Daniel Carubia.

El encuentro, organizado por la Oficina de la Mujer (OM) de la CSJN, el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial �SDr. Juan Bautista Alberdi⬝ del STJER y la Fundación Justicia y Género de Costa Rica, se desarrollará bajo la consigna �SDerecho al ciudadano y la corresponsabilidad social. Por una justicia de género⬝.

Al inaugurar la jornada Susana Medina se dirigió a sus �Shermanos y hermanas en la ley⬝ para agradecer �Sel importante trabajo conjunto y articulado⬝ llevado a cabo por la CSJN, a través de la OM, el STJER, mediante el Instituto �SDr. Juan Bautista Alberdi⬝, y la Fundación Justicia y Género de Costa Rica, organizadores del congreso.

Luego de darle una cordial bienvenida a las delegaciones participantes, Susana Medina destacó que �Ses la segunda vez que Colombia nos elije⬝ para el desarrollo de las jornadas en las que se trabajará sobre cuidado y corresponsabilidad; el valor social del trabajo en el hogar y el valor económico del trabajo en el hogar, todos temas profundos que nos permitirán sacar conclusiones que podremos plasmar en doctrina, jurisprudencia y legislación⬝, propuso la magistrada.

�SEl feminismo es una forma de vivir individualmente pero de luchar colectivamente⬝, dijo Susana Medina al citar a la filósofa Simone de Beauvoir e invitar al auditorio a trabajar en unidad, porque �Scomo dijo (la exministra de la CSJN) Carmen Argibay, juntas somos más⬝ afirmó la presidenta del STJER.

A su turno López Safi explicó que una de las principales actividades que lleva a cabo la Fundación Justicia y Género es el encuentro de magistradas de los más altos órganos de justicia de Iberoamérica, y destacó que en cada encuentro se promulga una declaración en la que se establecen políticas a ser ejecutadas por las instituciones que administran justicia. Estas estrategias han sido y siguen siendo de utilidad para el desarrollo de políticas públicas, planes, programas y proyectos en pos de lograr la transversalización de la perspectiva de género en el sistema de justicia.

Por último, Horacio Rosatti celebró en nombre de la CSJN la realización de esta actividad �Sporque el tema que trata se vincula con la ponderación, el desarrollo y el bienestar de las sociedades, se relaciona con el trato que damos a aquellas personas que están en situación de desventaja⬝.

En ese sentido, expresó que desde la CSJN se busca favorecer la igualdad de oportunidades y la perspectiva de género, no solamente en los aspectos institucionales, relacionados con el acceso de las mujeres a los cargos de mayor relevancia dentro del Poder Judicial, sino también en la inclusión de la perspectiva de género en el contenido de las decisiones judiciales. No solo en las cuestiones penales, sino también en las civiles, laborales y comerciales.

Del congreso participan delegaciones de Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

La vocal de la Sala Civil y Comercial del STJER, Gisela Schumacher, será la encargada de coordinar la mesa de trabajo titulada �SRegulación jurídica del trabajo doméstico remunerado y no remunerado⬝, donde participarán la ministra del Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador, Verónica Lissete González Penado, la ministra vocal VIII de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, Silvia Verónica García Molina, y será relatora la magistrada de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Paraguay, Vivian López.

La actividad culminará con el debate de las conclusiones, coordinado por Susana Medina.

En relación a la creación de 152 cargos en el STJER, se explicó que no significa la generación de nuevos puestos de trabajo, ya que hoy 144 agentes están designados en forma transitoria, y lo que se pretende es regular la planta de personal. Esto no significa que se vaya a generar una mayor erogación presupuestaria a la existente. Sólo ocho cargos; cinco oficiales de custodia para Juicio por Jurados y tres cargos para los equipos técnicos móviles que recorrerán la provincia en forma permanente, asistiendo a diversos organismos, especialmente a los vinculados con la tramitación de casos de violencia de género. Por otra parte se informó que los cargos a crear para sanear la situación del personal judicial que hoy están en forma interina no son para el STJER en Paraná, sino que corresponden a organismos jurisdiccionales en toda la provincia: Juzgados de Paz, de Garantías, Oficinas de Gestión de Audiencias, escribientes, ordenanzas y Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) entre otros. Con la solicitud se busca fortalecer la prestación del servicio de Justicia en toda la provincia, especialmente en las zonas más vulnerables.

"La remoción de desigualdad fáctica, no se satisface con la afirmación casi dogmática contenida en la enunciación del principio de igualdad jurídica o formal de los postulados constitucionales o legales. Por el contrario, requiere de acciones concretas acompañadas de una promoción integral que nos lleve a transitar un cambio sustantivo de paradigmas culturales", reflexionó.

 Susana Medina recordó que la Resolución aprobada el 19 de diciembre de 2011 por la Asamblea General de Naciones Unidas exhorta a los Estados a fomentar la participación de las mujeres en igualdad de condiciones con el hombre y los alienta a que �Sse comprometan a establecer el objetivo del equilibrio entre mujeres y varones en los órganos y comités gubernamentales, así como en las entidades de la administración pública y en la judicatura, incluidas, según corresponda, la fijación de objetivos concretos y la aplicación de medidas a fin de aumentar sustancialmente el número de mujeres con miras a lograr una representación paritaria de mujeres y varones, de ser necesario mediante la adopción de medidas positivas a favor de la mujer, en todos los puestos gubernamentales y de la administración pública⬝.

 En este sentido, la presidenta del STJER resaltó que la provincia de Entre Ríos ha dado muestras de lo avanzada que está en la materia,  como fue la sanción de la Ley de paridad de género, en sintonía con la política judicial que lleva adelante desde hace varios años el Alto Cuerpo para concientizar, sensibilizar e informar sobre la importancia de erradicar la discriminación y la violencia, y trabajar a favor de la igualdad que presupone el reconocimiento de las diferencias.  Hombres y mujeres somos diferentes por naturaleza, pero somos  iguales en derechos, en dignidad, capacidad y sueños.

Como sostuvo Simone de Beauvoir el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente, concluyó Susana Medina.

Una de las visitas más destacadas fue a la morgue judicial, donde la presidenta del STJER se reunió con los médicos forenses, Gustavo López Lallana y Ricardo Alegre.

Durante la reunión, se discutió la importancia de la ciencia forense en la resolución de casos judiciales y se exploraron formas de mejorar la colaboración entre los médicos forenses y el sistema judicial.

Posteriormente, Medina visitó el Juzgado de Paz de Primera Categoría en Concordia, donde se reunió con el juez Luis Enrique Stempels y la secretaria María Dinora Moulins.

Durante la reunión, se discutieron temas relevantes para el juzgado y se analizaron posibles medidas para mejorar el servicio de justicia en la región.

Por último, Medina visitó el Juzgado de Paz de Estancia Grande, a cargo de Diego Dubra. Durante la visita, se trataron temas relevantes para la localidad y se analizaron posibles medidas para mejorar el servicio de justicia en la zona.

Las visitas de la Presidenta del STJER forman parte de una política más amplia del Alto Cuerpo para establecer un contacto cercano con los operadores y operadoras judiciales en toda la provincia y fomentar el intercambio de ideas para mejorar la prestación del servicio de justicia. La visita de Medina a Concordia y Estancia Grande permitió el diálogo y la colaboración entre los miembros del poder judicial y los funcionarios, con el objetivo de mejorar la justicia en la región.

  �SHablamos de los proyectos de ley que presentamos el año pasado, a través de la Mesa Interinstitucional conformada por el Superior Tribunal de Justicia, la Asociación de la Magistratura, el Colegio de la Abogacía y otros estamentos, y que refieren a las reformas de los códigos Procesal Penal y Procesal Laboral, y la posible creación de un par de juzgados de violencia de género⬝, dijo la Medina al término del encuentro y acotó que esperan el tratamiento de esas iniciativas por parte de la Legislatura provincial.

�SSon todos temas institucionales que hacen al buen funcionamiento tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo⬝, agregó.

Finalmente, comentó que en el encuentro �Sel Gobernador me invitó para la Asamblea Legislativa y yo lo invité para el acto de apertura del año judicial que se llevará a cabo el viernes 17 de febrero⬝.

Se analizaron temas vinculados a las funciones de los Poderes del Estado, en busca de lograr propuestas superadoras para el fortalecimiento de las instituciones y de la democracia. Se destacó la independencia de poderes, resaltando que el diálogo permite generar mejores leyes. La conformación de la Mesa Interinstitucional, que surgió como una iniciativa del Instituto Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de la Abogacía, tiene el objeto de abordar temas vinculados a la Justicia provincial. En este encuentro se presentaron las propuestas del Colegio de la Abogacía de reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal y del Código Procesal Penal de Entre Ríos; a de la Ley de Honorarios y al Código Procesal Laboral de Entre Ríos. La vicegobernadora María Laura Stratta expresó su satisfacción porque �Sse nos permita dar nuestro punto de vista y nuestro posicionamiento, en representación de la provincia⬝ y remarcó que �Sdesde la Legislatura se vienen realizando procesos muy sanos de poder debatir muchas veces los temas previos a la presentación de los proyectos de ley⬝. Sostuvo que no hay que tener miedo a modificar las leyes, que muchas veces tienen veinte o treinta años y las mismas deben cambiar, acorde a los tiempos que se viven. Agregó también que la incorporación, por ejemplo, de la perspectiva de género, es fundamental si se quiere construir una sociedad más justa. Remarcó que cree en los diálogos institucionales, ya que la sociedad cambia, y las leyes deben modificarse y actualizarse para, de alguna manera, responder a lo que la sociedad demanda.

Por su parte la presidenta del STJER, Susana Medina, destacó la importancia de la reunión que ayuda �Sal fortalecimiento de la institucionalidad entrerriana, en el marco del diálogo y el respeto⬝. Explicó que durante el encuentro �Sse conversó sobre temas que hacen a las funciones de cada uno de los Poderes del Estado, junto a la Asociación de la Magistratura y el Colegio de la Abogacía⬝.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, se mostró dispuesto a que desde la Legislatura se puedan �Sconcretar mejoras y reformas al sistema judicial que, obviamente, sean interpretadas como un fortalecimiento de la institucionalidad entrerriana⬝. En ese sentido, agregó: �SQuienes están acá conocen mejor que los legisladores cuáles son los temas que deben tratarse, por lo que será necesario que los proyectos se debatan y trabajen como sucedió, por ejemplo, con la ley que reglamentó el juicio por jurados, sin duda una de las mejores leyes, ya que plasmó el trabajo que se hizo para lograr su sanción⬝. A su turno Alejandro Canavesio y Miguel Ángel Cullen, en representación del CAER, resaltaron la importancia de la instancia de diálogo y debate en una mesa donde están presentes todos los actores del sistema judicial entrerriano. Coincidieron en la necesidad de intercambiar opiniones para mejorar el acceso a la justicia y lograr una tutela judicial efectiva. Del encuentro participaron la vicegobernadora Laura Stratta; la presidenta del STJER, Susana Medina; el vicepresidente Daniel Carubia, la vocal Claudia Mizawak y los vocales Martín Carbonell y Leandro Portela; la procuradora adjunta, Mónica Carmona; el defensor General de la provincia, Maximiliano Benítez; el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; el presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), Alejandro Canavesio; por el Instituto Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del CAER, Miguel Ángel Cullen; el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Alejandro Cánepa; la vocal, María Andrea Morales y el secretario General, Gaspar Reca. La próxima reunión será el 19 de septiembre, también en el Salón de Acuerdos del STJER.

Reynoso fue la primera mujer reconocida plenamente como Veterana de Guerra de Malvinas. En su DNI lleva inscripta la leyenda: �SEx combatiente - Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas⬝, luego de un juicio sustanciado contra el Estado nacional para lograr ese reconocimiento.

�SEs muy importante su compromiso en defensa de la soberanía nacional⬝ precisó la titular del STJER al ponderar la trayectoria de Reynoso, a quien le hizo entrega de un presente institucional durante la reunión que mantuvieron en Tribunales.

�SEs un reconocimiento de los derechos⬝ afirmó Medina al destacar que finalmente la Justicia haya atendido el pedido de la enfermera a partir del fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Seguridad Social.

�SEs un reconocimiento que ha necesitado tiempo y esfuerzo. Las mujeres debemos probar todo, todo el tiempo⬝ comentó Reynoso al referirse a los años que le llevó lograr su distinción como excombatiente.

Durante el conflicto armado, Reynoso estuvo apostada en una de las seis bases aeromédicas de la FAA, en Comodoro Rivadavia, donde, junto con un pequeño grupo de mujeres, atendieron a los heridos evacuados de las Islas y de otros puntos del Centro de Operaciones montado en el Atlántico Sur.