El acuerdo rubricado por el presidente del STJ, vocal Germán Carlomagno y el titular del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Juan Manuel Irrazábal, establece además que en el marco de sus respectivas competencias, las partes se comprometen a impulsar acciones que tengan por finalidad el intercambio de información, experiencias y desarrollo de actividades de monitoreo, supervisión, investigación, capacitación y asistencia técnica.Durante el encuentro, realizado en el Salón de Acuerdos del STJ, estuvieron presentes el vocal Daniel Carubia; la vocal Claudia Mizawak; el vocal Miguel Ángel Giorgio; la vocal Laura Mariana Soage; la secretaria General del STJ, Elena Salomón y la coordinadora provincial de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGAs), Nancy Bizai. Por parte del Comité Nacional participaron, además la comisionada Natalia Gabellini, la directora de Mecanismos Locales, Nacionales, Consejo Federal y demás integrantes del Sistema, Silvina Irrazábal. En representación del Comité Provincial de Entre Ríos estuvieron presentes su presidente, Juan Pablo Cosso (senador provincial); el comisionado Ignacio Journé; las comisionadas Silvina Decco y Sofía Stamatti; y el secretario ejecutivo, José Morales; el diputado provincial, Silvio Martín Gallay y la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, María Emma Bargagna.En la oportunidad el STJ entregó a los integrantes del Comité los proyectos de las alcaidías a construir en los próximos nuevos edificios del Poder Judicial.Durante la reunión se abordaron líneas de trabajo conjuntas orientadas a consolidar políticas públicas de prevención, promover el respeto de los derechos humanos en contextos de encierro y fortalecer los mecanismos de control y monitoreo en la provincia.El convenio tendrá una duración de dos años, prorrogables tácitamente por iguales y sucesivos períodos. 

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos desarrolló en Concordia una nueva reunión de Acuerdo General, en el marco de su política de trasladar sus deliberaciones a distintas jurisdicciones de la provincia para mantener contacto directo con la realidad judicial local.Durante la jornada, además de abordar temas propios del funcionamiento judicial, los integrantes del alto cuerpo mantuvieron encuentros con autoridades de tribunales, representantes de la magistratura, del Colegio de la Abogacía y otras instituciones vinculadas al ámbito jurídico.Uno de los momentos centrales fue la incorporación de nuevos magistrados en el fuero laboral: Ricardo Agustín Larocca asumió como juez del Juzgado de Trabajo Nº 2, mientras que Roberto Elvio Masara hizo lo propio al frente del Juzgado de Trabajo Nº 4. Ambos prestaron juramento en un acto realizado en el hall de Tribunales, con la presencia de autoridades, funcionarios y público en general.Desde el STJ destacaron la importancia de estas designaciones en una ciudad que registra una alta demanda en materia laboral, subrayando además la formación y trayectoria de los nuevos jueces, quienes cuentan con especialización en Derecho del Trabajo.Las autoridades del tribunal también resaltaron que este tipo de reuniones itinerantes se realizan desde 2013, con el objetivo de fortalecer el vínculo institucional en todo el territorio entrerriano.Los flamantes magistrados fueron designados tras cumplir las instancias previstas por la Constitución provincial, incluyendo el proceso de selección del Consejo de la Magistratura y el acuerdo del Senado. Asimismo, recibieron salutaciones de autoridades provinciales, entre ellas el gobernador y la vicegobernadora. 

La resolución implica dejar sin efecto el proceso desarrollado ante el Jurado de Enjuiciamiento que, en mayo de 2022, la removió del cargo por supuesto mal desempeño. El tribunal provincial debió dictar este nuevo pronunciamiento en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que había hecho lugar al recurso extraordinario presentado por la ex fiscal y considerado que el procedimiento estuvo afectado por graves irregularidades constitucionales.La Corte no se pronunció sobre la responsabilidad disciplinaria de Goyeneche, pero sí fue contundente respecto de las reglas del proceso. Señaló que existieron “vicios en la integración del órgano juzgador en sus distintas etapas y en el órgano acusador”, lo que configuró “un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y la garantía de defensa en juicio”.En términos prácticos, la nulidad declarada implica que el trámite debe retrotraerse al momento previo a la conformación del primer órgano juzgador cuestionado. Es decir, el proceso que culminó con la destitución quedó jurídicamente invalidado por defectos estructurales.No se trata de una mera formalidad técnica. El máximo tribunal nacional entendió que las irregularidades detectadas tenían entidad suficiente para “variar la suerte de la causa y acarrear la nulidad del procedimiento”. Bajo esa directriz, el STJ entrerriano se vio obligado a revisar su propia intervención anterior y a dictar un nuevo fallo ajustado a los parámetros constitucionales fijados por la Corte.La decisión reabre un capítulo que desde su origen estuvo atravesado por fuertes tensiones políticas. Goyeneche fue la fiscal que encabezó las investigaciones por corrupción más relevantes de la última década en Entre Ríos, entre ellas las causas que terminaron con la condena del exgobernador Sergio Urribarri. Su desplazamiento fue leído por amplios sectores judiciales y académicos como una señal disciplinadora hacia quienes investigan al poder político.La nulidad ahora declarada no define el fondo de la cuestión, pero sí marca un límite claro: aún en un juicio político, las garantías constitucionales no son optativas.

Un nuevo STJ para revisar el viejo falloUn dato no menor —y de alto voltaje institucional— es que el nuevo pronunciamiento del STJ debió dictarse con una integración distinta a la que había intervenido originalmente.Los vocales que habían participado en el rechazo inicial del recurso extraordinario no podían volver a intervenir luego de que la Corte dejará sin efecto aquella sentencia. En consecuencia, el tribunal provincial debió recomponerse para dictar un nuevo fallo, esta vez ajustado a los lineamientos del máximo tribunal nacional. Los jueces que resolvieron declarar la nulidad de lo actuado fueron: María Alejandra Abud, Marcelo Baridón, Santiago Brugo, Aranzazú Quiroga, Mauricio Mayer y Carina Nassivera.Ese aspecto no es formal: es estructural. La Corte había cuestionado, entre otros puntos, la falta de tratamiento adecuado de recusaciones dirigidas contra integrantes del órgano juzgador. En ese marco, resultaba incompatible que quienes habían sido parte del pronunciamiento anulado volvieran a resolver sobre la misma cuestión.La nueva sentencia parte, explícitamente, de la obligación de acatar lo dispuesto por la Corte, recordando que sus decisiones son “moralmente vinculantes para todos los jueces y tribunales del país”, especialmente cuando interpretan derechos y garantías constitucionales.

Lo que dijo la CorteEn diciembre de 2024, la Corte Suprema fue clara al fijar el alcance de su intervención: no analizó el mérito político del jury, pero sí su legalidad constitucional.“La gravedad de los vicios vinculados con las integraciones del órgano juzgador en sus diferentes etapas y del órgano acusador son suficientes para tener por acreditado un grave menoscabo a las reglas del debido proceso”.Y agregó que esos defectos tenían entidad para “variar la suerte de la causa y acarrear la nulidad del procedimiento”.El expediente regresó así a la órbita provincial para un nuevo análisis.

El núcleo del conflicto: el apartamiento del Ministerio PúblicoUno de los ejes centrales fue la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de apartar a todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal como órgano acusador y designar un fiscal ad hoc proveniente de la lista de conjueces.La Corte descartó que existiera un vacío normativo que justificara esa solución. Recordó que la Ley 9.283 establece quién debe ejercer la acusación ante el Jury y que la Ley Orgánica del Ministerio Público asigna expresamente esa función al Procurador General.Para el máximo tribunal, no resultaba razonable presumir la falta de objetividad del MPF por su estructura jerárquica. Incluso calificó como “llamativo” el rigor aplicado para apartar al órgano acusador, en contraste con el tratamiento dado a los cuestionamientos sobre la imparcialidad de algunos jurados.

La causa Beckman y el fundamento de la destituciónEl Jury había destituido a Goyeneche por “mal desempeño” y “conducta incompatible con la función”, al considerar que no se excusó oportunamente en la causa “Beckman Flavia y otros s/ Asociación ilícita”.Se le reprochó no apartarse pese a su vínculo con el contador Pedro Opromolla, investigado en ese expediente, y haber intervenido en medidas como el allanamiento del estudio Integral Asesoría.La ex fiscal negó haber afectado la objetividad de la investigación y sostuvo que la excusación se produjo cuando el vínculo adquirió relevancia procesal.

Un caso que trasciende a la personaEl jury contra Goyeneche ocurrió en simultáneo con el juicio que terminó en la condena de Urribarri. En ese contexto, ANÁLISIS advirtió desde el inicio que el proceso no podía leerse aislado del escenario político e institucional de la provincia.La nulidad ahora declarada no significa absolución ni pronunciamiento sobre el fondo de las acusaciones. Pero sí reinstala un principio básico: ningún juicio político puede sostenerse si vulnera las garantías elementales del debido proceso.En una provincia donde las investigaciones por corrupción reconfiguraron el mapa del poder, la decisión del STJ —con integración renovada y bajo la mirada de la Corte— vuelve a poner en debate los límites del control político sobre quienes investigan al poder. Y confirma que, aun en los procesos de naturaleza política, la Constitución sigue siendo el marco ineludible. (ANÁLISIS) 

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió hacer lugar al recurso presentado por la Municipalidad de Concordia y dejó sin efecto una sentencia anterior que obligaba a restituir en su puesto a un trabajador contratado.En su resolución, el Tribunal señaló que la estabilidad en el empleo público sólo puede adquirirse a través de los mecanismos previstos por la Constitución Provincial, es decir, mediante concurso que garantice igualdad de condiciones y transparencia en el acceso a la función estatal. Asimismo, recordó que la Ley Nº 10.027 establece ese requisito como condición indispensable para el ingreso a la planta permanente.En ese contexto, el fallo concluyó que el demandante no reunía las condiciones legales para reclamar la reincorporación, al no haber accedido al cargo bajo las modalidades que otorgan estabilidad laboral. Por ese motivo, el Tribunal consideró improcedente la acción de amparo que había sido presentada.La sentencia fue firmada el jueves 26 de febrero y representa un respaldo a la postura del gobierno municipal en este caso, además de fijar un criterio claro respecto a situaciones similares vinculadas al acceso y permanencia en el empleo público. 

El acuerdo fue rubricado junto al secretario de Desarrollo Institucional de la CSJN, Juan Pablo Lahitou, el director de Relaciones Institucionales de la CSJN, Fernando Sagarna y el director de Comunicación Ariel Neuman. Tal como se comunicó en abril pasado, la incorporación del Poder Judicial entrerriano a la plataforma “Justicia.ar” tiene como objetivo central fortalecer la transparencia y facilitar el acceso ciudadano a la información, a través de una plataforma digital que sistematiza y difunde datos sobre la estructura, funcionamiento y decisiones de los distintos poderes judiciales del país. Con la firma del convenio, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos se compromete a aportar resoluciones, fallos, materiales institucionales y de capacitación, además de participar en actividades conjuntas con otros poderes judiciales del país, y por su parte, la Corte Suprema de la Nación desarrollará las herramientas técnicas necesarias para garantizar la difusión equitativa y transparente de la información. La rúbrica consolida el compromiso del Poder Judicial entrerriano con una justicia abierta, moderna y cercana a la ciudadanía. Justicia.ar es resultado del trabajo realizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las áreas de Comunicación de los Poderes Judiciales de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Consejo de la Magistratura de la Nación. Ofrece información pública sobre el funcionamiento, organización, servicios para la ciudadanía y novedades institucionales de todos los poderes judiciales del país. 

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia en feria, a cargo de su presidente Leonardo Portela, resolvió este lunes integrar con el juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, Pablo Zoff, el Tribunal del Alto Cuerpo que intervendrá en la resolución del pedido de apartamiento del vocal del STJ, Miguel Giorgio.Pablo Zoff es hermano de Andrea Zoff, que actualmente es diputada por el peronismo y fue vice intendenta de la gestión del ex intendente, Adan Bahl. Precisamente sobre Bahl pende una posible investigación respecto a su presunta responsabilidad en la anunciada -por el procurador general de la provincia, Jorge García - investigación de contratos. 

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, integrada por Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio, resolvió “hacer lugar a la impugnación extraordinaria articulada por la defensa técnica del encartado MB, a cargo de Damián Petenatti y Brenda Vittori, contra de la Sentencia dictada por la Sala II de la Cámara de Casación Penal, el 8 de noviembre de 2023”, anuló “parcialmente el fallo impugnado” y reenvió “las actuaciones al tribunal de origen para que, debidamente integrado, se proceda a la celebración de un nuevo debate atento a las consideraciones vertidas en la presente”.Durante el juicio la Fiscalía solicitó una condena de 9 años y 6 meses de prisión por el delito de Robo agravado por el uso de un arma, mientras que la defensa solicitó la absolución en sus alegatos finales cuestionando, además de la autoría, de modo subsidiario, el uso de un cuchillo por parte de su asistido, fundado en un acta de declaración testimonial dada por la víctima y testigo, KAC, durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP). También recordó que “el Tribunal entendió probado ‘casi’ en su totalidad el hecho imputado y sostuvo que la utilización del cuchillo por parte de MB tenía falencias explicativas y, en consecuencia, condenó a su defendido por el delito de Robo simple con la pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional”.La Sala intervino en función del recurso de impugnación extraordinaria interpuesto por la defensa técnica de MB, en contra de la Sentencia Nº217 del 8 de noviembre de 2023, dictada por la Cámara de Casación Penal, Sala II -Concordia-, integrada por Darío Perroud, Evangelina Bruzzo y María del Luján Giorgio. 

La sentencia hizo lugar el recurso de casación del José Martín Núñez, contra la Sentencia Nº100 dictada el 24 de mayo de 2022 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, integrado unipersonalmente por Eduardo Degano y, en consecuencia, casó el fallo de grado en cuanto a la calificación legal del hecho, subsumiéndolo en la figura de Robo agravado por el uso de arma y reenvió las actuaciones al Tribunal de origen para que, correctamente integrado y previo trámite de ley, proceda a determinar la pena.La defensa fundó sus agravios en tres causales: 1) la invalidez de la instancia de casación por cuanto entendió que MB quedó sin defensa ante el nuevo intento de la acusación pública en obtener un fallo más severo afectando el contradictorio en una etapa fundamental del proceso penal, 2) en subsidio, por la arbitrariedad de lo resuelto porque se casa el fallo dictado por el Tribunal de Juicio por tener una diferencia en la valoración de la prueba, y 3) por verse privado de recurrir la sentencia de manera integral ante un tribunal superior.La Sala, tras desestimar el alegado estado de indefensión ante  la casación, expresó respecto de la calificación legal que “incurre aquí el a quo en un primer error, pues efectúa valoraciones de circunstancias que habrían ocurrido -según hipotetizó- en el marco de un juicio abreviado intentado y fracasado por las partes, las que si no pudieron ser valoradas en Juicio para abonar la duda en beneficio del imputado, tampoco pueden serlo -con mayor razón- para extraer conclusiones que terminan siendo utilizadas en perjuicio del imputado, lo que lo hace incurrir en una insalvable contradicción argumental”.La Sala evaluó que los recurrentes cuestionaron que “se efectuó una nueva valoración de las pruebas relativas a la utilización del arma blanca por parte de MB, parcializada y sin apreciar el conjunto de evidencias rendidas, conducentes a la duda sobre ese puntual tramo de la imputación. Circunscripto, como antecede, el alcance del agravio, el cuestionamiento gira principalmente alrededor del testimonio brindado en el juicio oral por KAC, víctima y denunciante y, en especial, de las vicisitudes surgidas a partir del contraexamen llevado a cabo por la defensa técnica mediante la técnica de litigación consistente en confrontar los dichos de la testigo con una supuesta declaración previa de la misma”.Por otra parte, al señalar las hipótesis alternativas para que “’tal vez se pueda explicar’ (sic) porqué el acta posee un contenido que la víctima no reconoció (no obstante asumir que la firma le pertenece), está el a quo reemplazando -con conjeturas- la merituación de la prueba que, a través de la inmediación, resulta propia del Tribunal de Juicio”.Así, la Sala manifestó: “Entendemos que no resultaba posible para la Casación resolver directamente el cambio de calificación más perjudicial para el imputado (robo calificado) sin reenvío para un nuevo juicio pues no se dan las condiciones para obviarlo ya que, conforme expresa el artículo 518 del CPP, solo se torna factible esa posibilidad cuando sea evidente ‘que no fuere necesario la realización de un nuevo juicio’, circunstancia que -por todo lo expuesto- no se da en este caso concreto”.En aquel sentido, los superiores entendieron que “en primer lugar y dentro de las facultades que le son propias como órgano de contralor de lo actuado por el inferior, no lucen desacertadas las consideraciones que llevaron al a quo a establecer las deficiencias de fundamentación por parte del Juez de mérito, quien - sostuvieron- yerra notablemente al dejar de lado la declaración testimonial de la víctima, por la lectura de otras constancias producidas en IPP, como ser una mera entrevista, que relacionaron con un intento de juicio abreviado -fracasado- y que en virtud de tal condición no ameritaba ser admitido en juicio, estando prohibida su valoración por el art. 481 del CPP”, y añadieron: “Hasta ahí podemos estar de acuerdo. Pero con lo que no es posible coincidir es con el resultado al que arriba la Sala casatoria disponiendo un cambio de calificación más grave, sin reenvío…” 

 Allí también estuvieron presentes el presidente del STJ, Leonardo Portela; la intendenta de Paraná, Rosario Romero; el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; el secretario de Justicia, Martín Acevedo Miño, legisladores provinciales y demás vocales de ese alto cuerpo de justicia. Al hacer uso de la palabra, el presidente del STJ, Leonardo Portela, celebró que el gobernador Frigerio haya elegido a Carlos Federico Tepsich para integrar ese alto cuerpo por "su contracción al trabajo, su seriedad, su prudencia, su sensibilidad y fundamentalmente su compromiso con la función". "Queremos que los miembros de la judicatura y del Poder Judicial en su conjunto tengan esas virtudes para poder arrimar la justicia a la gente que en definitiva es lo que todos queremos", acotó finalmente. 

El encuentro, organizado por el Instituto Dr. Juan Bautista Alberdi, se desarrolló en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia y convocó a integrantes de la magistratura, agentes judiciales y público en general.En la oportunidad, ante un importante auditorio, disertaron la vocal y presidenta de la Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial del STJ, Gisela Schumacher; el vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, Hugo González Elías, y el magister en Derecho Administrativo y profesor de grado y de posgrado, Patricio Sammartino.Entre las autoridades presentes estuvieron la vocal en ejercicio de la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia, Laura Mariana Soage; la vocal Claudia Mizawak; el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Alejandro Cánepa y la vicepresidenta, Gabriela López Arango.

ReconocimientoEn la ocasión, se hizo un reconocimiento a los tres primeros integrantes de la Cámara en lo Contencioso Administrativo N°1. La vocal, Laura Mariana Soage hizo entrega a quien fuera su Presidente decano el Dr. Julio Pérez Ducasse de un presente recordatorio agradeciéndole una vez más los servicios prestados y extendiendo ese reconocimiento a todos y todas las personas que integraron en su comienzo la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 1 con asiento en Paraná.

TemarioLas temáticas tratadas durante la jornada fueron la responsabilidad patrimonial del Estado en el contexto de derecho comparado, descripción del sistema entrerriano y algunas conclusiones; la Responsabilidad del Estado en el Régimen Jurídico Entrerriano Ley Nº 10636, los aspectos particulares y sus implicancias prácticas; y la Ley de Responsabilidad del Estado Nacional Nº 26944, bases y criterios rectores.

HistoriaMediante la ley N° 10.051 publicada en el Boletín Oficial el 21/09/2012 se crearon las Cámaras en lo Contencioso Administrativo con asiento en las ciudad de Paraná y Concepción del Uruguay, reglamentándose así la disposición incorporada por la reforma constitucional de 2008 que permitía sustraer tal competencia de las encomendadas con exclusividad al Superior Tribunal de Justicia en pleno.La radicada en la ciudad de Paraná -denominada con el N° 1- tuvo su inicio formal el 11 de octubre de 2012 por Acuerdo General N° 21 Punto 4° del 07/08/2012, siendo su integración originaria con las vocales Susana Lelia Verzeñassi y Andrea Fabiana Giusti, el Vocal Julio César Pérez Ducasse fue el elegido por sus pares como su primer Presidente, la Secretaria fue Romina María Guadalupe Gamarra y sus demás integrantes fueron: Miguel Morahan, María Silvina Cozzi, Juan José González, Mónica Patricia Camejo, Ximena Beatriz Bernard, Luis María Guarascio, Adán Cesar Prinsich y Carlos Rodrigo Corradazzi. 

Durante los tres días del congreso se debatieron políticas públicas con enfoque de género, se compartieron experiencias y se discutieron los desafíos en la implementación de las recomendaciones emitidas en encuentros anteriores, con el objetivo de mejorar la política de género, el abordaje de la violencia sistemática hacia la mujer, un mayor número de mujeres en lugares de decisión y que sus derechos fundamentales sean respetados.

Por su parte, la vocal del STJ, Gisela Schumacher, disertó virtualmente sobre Control de Convencionalidad y Políticas positivas para la igualdad de oportunidades en género aplicado al ingreso y ascenso en la función pública de los tres Poderes del Estado.La ponencia de la magistrada se efectuó tras la aprobación previa, por parte de los/as organizadores/as del encuentro, por su contenido y la temática desarrollada.

Las jornadas se desarrollaron en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este, Circunscripción Judicial de Alto Paraná. Fueron organizadas por la Corte Suprema de Justicia y la Fundación Justicia y Género de Costa Rica, que actúa como Secretaría Técnica, y el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y la Itaipú Binacional. 

Portela, acompañado por los vocales del Tribunal Electoral -el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y la jueza Claudia Lafferriere-, recibió en el Salón de Acuerdos del STJ a los representantes de la agrupación política promotora “Vamos”: Franco Paissan (presidente) y Ariel Gorostegui (apoderado).Tras exponerse por Secretaría el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 5.170 de Partidos Políticos, y no habiendo observación alguna por parte del fiscal coordinador Ignacio Arramberry, quien participó en representación del Ministerio Público Fiscal, se resolvió otorgar reconocimiento jurídico-político provisorio a la agrupación “Vamos” para actuar a nivel municipal en la ciudad de Concordia.También se hizo saber a las autoridades de la promotora de la agrupación política que dentro de un plazo de 150 días corridos deberán concluir con el proceso de afiliaciones, hasta alcanzar el mínimo exigido por ley.Las autoridades del Tribunal Electoral fueron asistidas por el secretario General autorizante, Lisandro Minigutti.Además, el Tribunal Electoral designó al vocal Daniel Carubia como vicepresidente, pudiendo subrogar al presidente en caso de ausencia o impedimento transitorio, conforme lo establece el art. 12) de la Ley. 2.988.

El candidato a ocupar la vacante en el máximo tribunal de la provincia es abogado, magíster en derecho y doctor en ciencias jurídicas.

De acuerdo al trámite establecido por la Constitución, su pliego deberá contar con el acuerdo del Senado entrerriano.

Tepsich se desempeñó como abogado de la matrícula pero también como relator de la Fiscalía General del Superior Tribunal de Justicia. Fue juez de primera instancia y camarista del fuero civil y comercial. Actualmente se encuentra a cargo de la presidencia del citado tribunal de apelación.

También fue docente en la Universidad Católica Argentina y la Universidad de Concepción del Uruguay, expositor, conferencista y autor de artículos sobre temas de su especialidad. Fue vicepresidente del Consejo Directivo de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos durante el período 2018-2020, y jurado del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos.

En el encuentro, del que participó la directora de la Oficina de Violencia de Género del Centro Judicial del STJER, Yanina Yzet, se dialogó sobre la tarea que se lleva a cabo en la temática de violencia familiar, contra la mujer y colectivo LGTBQY+, que en forma coordinada debe llevarse a cabo entre el Poder Judicial y la Policía de Entre Ríos.

En procura de su mayor efectividad se coincidió en la necesidad de mantener encuentros periódicos y colaborar desde el Poder Judicial con capacitaciones permanentes que son requeridas para garantizar la prestación del servicio a la comunidad.

Se destaca el compromiso de las autoridades en la tarea conjunta que se lleva a cabo diariamente en la temática.

A través de la Resolución 340/2023, fechada ayer, el STJER dispuso detraer la competencia en materia de violencia de género dispuesta por Ley N° 10956 en las modalidades institucional (art. 35); contra la libertad reproductiva y obstétrica (art. 37); mediática (art. 38); en el espacio público (art. 39) y público- político (art. 40) de los Juzgados de Primera Instancia Multifuero de las localidades de Chajarí, Diamante, Federal, San José de Feliciano, Villa Paranacito, La Paz, Nogoyá, Rosario del Tala, Victoria y Villaguay, y asignar, a partir del 1 de febrero de 2024, la competencia exclusiva en dicha materia a los Juzgados de Paz de las localidades mencionadas anteriormente.

Asimismo el Alto Cuerpo estableció que las causas iniciadas con anterioridad a la fecha establecida seguirán tramitándose en los juzgados que recibieron las denuncias.

El STJER también dispuso hacer saber a las y los integrantes de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETIS) de las jurisdicciones implicadas que deberán intervenir en las solicitudes requeridas por la magistratura de los Juzgados de Paz de Primera Categoría conforme lo establecido por el art. 230 de la Ley N° 10956.

Estuvieron presentes los vocales Daniel Carubia, Germán Carlomagno, Martín Carbonell, Leonardo Portela y la vocal Laura Soage; el vicepresidente primero del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Santiago Esquivel, junto al secretario, Andrés Galizzi y la secretaria de Superintendencia Nº1 del STJ, Elena Salomón.

La lista de los 18 abogados/as con capacitación en la Ley Micaela que resultaron sorteados/as, en base al padrón suministrado por el Colegio de la Abogacía de la provincia, quedó integrada de la siguiente manera:

Walter Ignacio Martínez (Nogoyá);

Gladis Elisa Bacalor (Paraná);

María Marta Simón (Gualeguaychú);

Ignacio Carlos Venere (Concepción del Uruguay);

María Belén Otaegui (Concordia);

Aranzazú Quiroga (Paraná);

Andrea Ana Noguera (Victoria);

Roxana Vanina Álvarez (Concepción del Uruguay);

Juliana Eva Zanuttini (Paraná);

Gonzalo José Cañueto (Concepción del Uruguay);

Gonzalo Sebastián Navarro (Paraná);

María Florencia Pérez (Concepción del Uruguay);

María Carla Franchini (Gualeguaychú);

Horacio Marcelo Velázquez Pens (Concordia);

Ignacio Ernesto Cabrera (Concordia);

Nicolás Ricardo Fasan (Concordia);

Alicia Karina Baldi (Rosario del Tala);

Lorena Evangelina Sartori (Gualeguaychú).

Profesionales de la abogacía sorteados/as sin capacitación Ley Micaela.

Juan Domingo Cabrera (Paraná);

Jorge Martín Marraccini (Federación);

Hernán Alberto Romano (Paraná);

Sandra Lía Barreto (Paraná);

Lisandro Sebastián Perelstein (Paraná);

Elvira Graciela Rojas De Velázquez (Paraná);

Fabián José Quintana (Concordia);

Alejandro Daniel Falco (Paraná);

Eduardo René Paredes (Concordia)

Mariela del Carmen Kisser (Paraná);

Mauricio Alejandro Rey (Concordia);

María Laura García (Paraná);

Gustavo Enrique Vilar (Paraná);

Mirta Zulema Sánchez (Paraná);

Georgina Guadalupe Campos (Paraná);

Omar José Luis Ludi (Paraná);

Lucrecia Noelia Márquez (Paraná):

y Saúl Anuar Colobig (Paraná).

El sorteo se llevó a cabo debido al agotamiento e insuficiencia del listado que, en cumplimiento del art. 36- primera parte- de la Ley 6902 Orgánica del Poder Judicial, remitió el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado de la provincia –Decreto N° 1296 MGJ del 25 de agosto de 2020-, el cual contenía la nómina de abogados y abogadas de la matrícula que fueron designados/as para actuar en calidad de conjueces vocales del STJ.

El Alto Cuerpo, en ejercicio de funciones de gobierno, atribuidas por la Constitución de la Provincia de Entre Ríos (CP) en su art. 204 C.P, dio cumplimento a la establecido por la Ley y concretó el sorteo público de quienes cumplen con los requisitos del 149° de la CP, actual 188°. Los mismos son: ser ciudadano/a argentino/a, tener título nacional de abogado/a, mayor de treinta años y con seis años en el ejercicio de la profesión o de la magistratura a la fecha y hora del sorteo.

La decisión se funda en el resultado y las pruebas agregadas en la información sumaria, iniciada por disposición del Tribunal de Superintendencia el 15 de agosto último; con el objeto de establecer causas y circunstancias de sucesos ocurridos en el juzgado de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Diamante en el marco de una causa, así como toda circunstancia para establecer la eventual existencia de patrones de violencia institucional y laboral, sean o no en razón del género y del funcionamiento del organismo en cuestión y de sus integrantes.

Estos elementos se entendieron suficientes para la remisión de formal denuncia ante el HJE, por considerar que las infracciones que se le atribuyen a la jueza exceden el marco de las facultades disciplinarias propias del Alto Cuerpo.

También se dispuso, la suspensión de la magistrada denunciada, con goce de haberes y mientras dure el proceso ante el HJE, atento a la gravedad de los hechos y con carácter precautorio, en orden a garantizar la investigación y proteger a quienes han declarado como testigos en el marco de la información sumaria.

Una de las visitas más destacadas fue a la morgue judicial, donde la presidenta del STJER se reunió con los médicos forenses, Gustavo López Lallana y Ricardo Alegre.

Durante la reunión, se discutió la importancia de la ciencia forense en la resolución de casos judiciales y se exploraron formas de mejorar la colaboración entre los médicos forenses y el sistema judicial.

Posteriormente, Medina visitó el Juzgado de Paz de Primera Categoría en Concordia, donde se reunió con el juez Luis Enrique Stempels y la secretaria María Dinora Moulins.

Durante la reunión, se discutieron temas relevantes para el juzgado y se analizaron posibles medidas para mejorar el servicio de justicia en la región.

Por último, Medina visitó el Juzgado de Paz de Estancia Grande, a cargo de Diego Dubra. Durante la visita, se trataron temas relevantes para la localidad y se analizaron posibles medidas para mejorar el servicio de justicia en la zona.

Las visitas de la Presidenta del STJER forman parte de una política más amplia del Alto Cuerpo para establecer un contacto cercano con los operadores y operadoras judiciales en toda la provincia y fomentar el intercambio de ideas para mejorar la prestación del servicio de justicia. La visita de Medina a Concordia y Estancia Grande permitió el diálogo y la colaboración entre los miembros del poder judicial y los funcionarios, con el objetivo de mejorar la justicia en la región.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a octubre como el Mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama y al 19 de octubre como el Día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Por eso durante todo el mes se realizan campañas para promover la importancia de la realización de controles periódicos que faciliten la detección temprana y el inicio de tratamientos efectivos contra la enfermedad.

Del encuentro realizado en el Salón de Acuerdos del STJ, participaron por AJER el Secretario General, Mario Horacio Brnusak ; el Secretario Adjunto, José María Segura; la Secretaria Gremial, Olga María Benítez; la Tesorera, Rosa Susana Luggren y el Secretario de Actas, Marcelo Eduardo. También concurrió el Secretario General de la Federación Argentina Matías Fachal.

El diálogo entre las partes estuvo centrado en continuar profundizando los vínculos entre el gremio y las autoridades judiciales, para avanzar en políticas tendientes a abordar diferentes temáticas con el fin de lograr el bienestar laboral de las y los agentes judiciales.

En ese sentido, Susana Medina dijo que �Smás allá del abordaje que se da en materia de violencia laboral, hay que trabajar en el bienestar laboral⬝.

También planteó la necesidad de emprender en forma conjunta con AJER un rediseño laboral para optimizar los recursos con que cuenta el Poder Judicial, e ir mejorando día a día la calidad de la prestación del servicio de justicia a la ciudadanía.

Desde el gremio se expresó coincidencia en la necesidad de continuar trabajando entre las partes; y se destacó que el STJ realice reuniones de Acuerdo en las diferentes jurisdicciones de la provincia; porque es la forma de conocer la realidad de cada una de ellas y establecer diálogo con los protagonistas del lugar.

Otro de los temas considerados fue la capacitación del personal a través de diferentes herramientas tecnológicas y plataformas. Desde la Federación Argentina se ofreció brindar cupo para Entre Ríos. A su vez se destacó la capacitación que se brinda en forma permanente desde el Instituto �SDr. Juan B. Alberdi⬝, a los integrantes de la magistratura y empleados y empleados judiciales.

� Asistencia presencial con un aforo máximo del 50 por ciento por organismo, durante el turno mañana (07:00 a 13:00 hs) y hasta tres (3) agentes durante el turno tarde (14:00 a 20:00 horas) -de manera opcional-, manteniendo el teletrabajo para el resto de los agentes.

� El personal de maestranza deberá continuar con sus tareas y horarios habituales, garantizando la desinfección diaria en ambos turnos, en su caso.

� La Mesa de Información Permanente mantendrá la atención presencial desde las 07:00 y hasta las 23:00 hs.

� Autorizar a las áreas que requieran presencialidad de manera exclusiva (intendencia, oficina de notificaciones y demás) a ampliar el personal de manera presencial, según la necesidad del servicio.

� Todos los actos procesales deberán realizarse de manera telemática (audiencias, entrevistas, y otras), salvo que ello resulte de imposible cumplimiento. En tal caso, podrán realizarse actos presenciales, siempre que los mismos no superen un máximo de 10 personas.

� Autorizar la celebración de audiencias que prevean la presencialidad de hasta 10 personas, y celebrar de manera telemática aquellas que puedan efectuarse de ese modo.

� Encomendar a la magistratura a cargo de las Superintendencia de cada jurisdicción, la gestión de salones alternativos a los judiciales, cuando estos últimos no cumplan con los requerimientos sanitarios, elevando la propuesta respectiva al Superior Tribunal para su aprobación.

� Restringir el acceso de personas ajenas al Poder Judicial a los edificios de Tribunales, respetando el sistema de turnos, audiencias programadas u otras citaciones.

� Dar cumplimiento estricto a los protocolos sanitarios aprobados; realizar rondas médicas semanales; encomendar a las autoridades de cada organismo el control activo del cumplimiento de los protocolos y utilización de elementos de bioseguridad.

� Suspender la realización de los juicios por jurado programados, durante el lapso alcanzado por la medida.

Las medidas fueron adoptadas visto el decreto provincial 1499/2021; la situación epidemiológica y sanitaria por la que transita la provincia de Entre Ríos.

La reducción de la presencialidad no supone la disminución de la capacidad de respuesta del servicio de justicia, dado que la planta de personal continúa trabajando.

El STJ, consideró conveniente mantener la modalidad de trabajo desarrollada; no obstante, habiendo recogido una serie de pautas que propician un mejor funcionamiento del servicio de justicia.