Lo hizo al disponer que un padre debe hacerse cargo de su obligación alimentaria hasta cuando su hijo estudie (25 años) y no pueda mantenerse por sí mismo.El STJ, declaró inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por J. A. S. contra la sentencia dictada por la Sala Primera Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones de Concordia el 27 de mayo de 2025, en la causa “S., M. J. C/ S., J. A. S. s/ Alimentos” .El casoLa Cámara de Concordia había revocado una sentencia de primera instancia y condenado al demandado a pagar a su hijo una cuota alimentaria equivalente a medio (½) Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento del pago, por considerar acreditado que el joven, estudiante de Ingeniería Civil, no podía procurarse medios propios debido a la carga horaria y dedicación que demanda la carrera universitaria.El padre recurrió al STJER mediante un recurso de inaplicabilidad de ley, alegando que no se había probado de manera suficiente la imposibilidad de su hijo de trabajar mientras estudiaba, que la Cámara había incurrido en presunciones arbitrarias y que no se valoró adecuadamente su propia situación económica.SentenciaEl vocal Carlos Tepsich entendió que debía hacerse lugar al recurso presentado por el padre del joven fundamentando su voto en que el artículo 663 del Código Civil y Comercial de la Nación —que prevé la extensión excepcional de la obligación alimentaria hasta los 25 años cuando los hijos estudian o se capacitan y no pueden mantenerse por sí mismos— no implica una prolongación automática del deber alimentario, sino una excepción que requiere prueba suficiente.En este caso, el magistrado sostuvo que si bien se acreditó la prosecución de estudios universitarios del joven y la aprobación de materias, no se probó de modo fehaciente la imposibilidad de compatibilizar los estudios con una actividad rentada, ya que no constaban horarios formales del cursado y se habían mencionado actividades laborales del joven.Tepsich votó por hacer lugar al recurso, casar la sentencia de Cámara y confirmar el fallo de primera instancia que había rechazado la demanda de alimentos del joven hacia su padre.Por su parte, la vocal Gisela Schumacher votó en disidencia y propuso declarar inadmisible el recurso.La vocal manifestó que el escrito recursivo no cumplía con los requisitos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, ya que no formuló una crítica concreta a los fundamentos de la sentencia impugnada y sólo reiteró los argumentos vertidos en etapas anteriores del proceso.Señaló que la Cámara había valorado correctamente las pruebas, especialmente el rendimiento académico del joven estudiante —14 materias aprobadas y calificaciones satisfactorias—, y que la carrera de Ingeniería Civil posee una carga horaria presencial de entre 27 y 32 horas semanales, más prácticas y estudios adicionales, lo que razonablemente impide sostener una actividad laboral estable.Entre otros argumentos, Schumacher agregó que la decisión de alzada fue coherente con el principio de realidad y con la finalidad del artículo 663 del CCCN, que busca acompañar a los jóvenes en su formación profesional cuando ello les dificulta autosostenerse.El vocal Leonardo Portela adhirió al voto de la magistrada conformando mayoría. 

En el presente informe: listado completo de los y las integrantes de la magistratura y funcionariado que se desempeñarán en ese período al frente de los organismos de todas las jurisdicciones de la Justicia entrerriana.El 1 de enero comenzará en toda la provincia la Feria Judicial que se extenderá hasta el 31 de ese mes.Cesarán en ese lapso las actividades ordinarias del Poder Judicial de Entre Ríos.Pero los casos de urgencia serán atendidos por integrantes de la magistratura, del funcionariado y empleados y empleadas que prestarán servicio durante toda la mañana, en el habitual horario de 7 a 13. Además, se podrán efectuar consultas telefónicas gratuitas a través de la línea de alcance nacional para atención ciudadana: 0800-444-6372.El STJ, junto a la Procuración y la Defensoría General de la Provincia -teniendo en cuenta las presentaciones y propuestas recibidas-, dispusieron que serán responsables del servicio de justicia en Entre Ríos durante el receso las siguientes autoridades:

CONCORDIAVocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones:Pablo Jorge Garrera Allende -del 1 al 7/01/25María Clara Mondragon Pafundi -del 8 al 14/01/25Aníbal Lafourcade -del 15 al 21/01/25Darío Gustavo Perroud -del 22 al 31/01/25Jueces y jueza en materia Civil, Comercial, Laboral y de Paz, de Concordia, Gral. Campos y Estancia Grande:Julio César Marcogiuseppe -del 1 al 15/01/25Flavia Elisa Pasqualini -del 16 al 23/01/25Gabriel BELEN -del 24 al 31/01/25Jueces en materia Penal:Francisco Rafael Ledesma -del 1 al 9/01/25Mario Andrés Figueroa -del 10 al 19/01/25Edwin Ives Leonardo Bastian -del 20 al 31/01/25Jueces en materia de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:Francisco Rafael Ledesma -del 01 al 09/01/25Mario Andrés Figueroa -del 10 al 15/01/25Juan Ignacio Lazzaneo -del 16 al 31/01/25 Jueces de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes:Raúl Eduardo Tomaselli -del 1 al 16/01/25Rodolfo Guillermo Jauregui -del 17 al 31/01/25Fiscalía General de Coordinación:José D. Costa -del 1 al 12/01/25Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:Natalia Conti -el 1/01/25 y del 16 al 22/01/25Martín Nuñez -el 1/01/25 y del 23 al 29/01/25Evelina Espinosa -del 1 al 6/01/25 y del 28 al 31/01/25Daniela Montangie -del 2 al 08/01/25 y del 30 al 31/01/25Tomas Tscherning -del 2 al 08/01/25 y del 30 al 31/01/25Mauro Jaume -del 07 al 13/01/25Jesús Peyano Amaya -del 9 al 15/01/25Julia Rivoira -del 9 al 15/01/25Mariana Elias -del 13 al 22/01/25Francisco Paoli -del 14 al 20/01/25José E. Arias -del 16 al 22/01/25Juan Pablo De Giambattista -del 21 al 27/01/25Mario Guerrero -del 23 al 31/01/25Macarena Mondragon Pafundi -del 23 al 29/01/25Defensorías Públicas:-en materia Civil:Alfredo Russo -del 1 al 10/01/25Miriam F. Laroca -del 11 al 20/01/25Lorena A. Pignataro -del 21 al 31/01/25-en materia Penal:Alejandro M. Giorgio y Joaquín Garaycoechea -del 1/ al 10/01/25Eduardo Garay y Joaquín Garaycoechea -del 11 al 15/01/25Eduardo Garay y José Luis Legarreta -del 16 al 20/01/25Magdalena Vedoya y Sebastián Tito -del 21 al 31/01/25-en materia Penal de Niños, Niñas y Adolescentes:José Luis Legarreta -del 1 al 07/01/25Luciana Cometti -del 8 al 16/01/25Dario Andrioli -del 17 al 31/01/25Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAER):Equipos técnicos:Maricel Tamaño -del 1 al 07/01/25Julia Russo -del 1 al 18/01/25María Gabriela Leiva -del 16 al 31/01/25Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental de Concordia, San Salvador, Chajarí, Federación y Federal:Mercedes Iturburu -del 1 al 15/01/25Mariana Carbonell -del 16 al 31/01/25Dispositivo de entrevista testimonial video grabada (DETVG):Adrián Novkovic -del 1 al 15/01/25Lucrecia Saez -del 16 al 31/01/25

FEDERACIÓNJueces en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz:Sergio Rubén Rondoni Caffa -del 1 al 15/01/25Juan Ángel Forneron -del 16 al 31/01/25Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:María J. Penon Busaniche -del 1 al 11/01/25 y del 27 al 28/01/25Luciana Musuliotis -del 12 al 26/01/25, y del 29 al 31/01/25Defensorías Públicas:-Subrogan en materia Penal:Alejandro María Giorgio y Joaquín Garaycoechea -del 1 al 10/01/25Eduardo Garay y Joaquín Garaycoechea -del 11 al 15/01/25Eduardo Garay y José Luis Legarreta -del 16 al 17/01/25-Subrogan en materia materia penal de niños, niñas y adolescentes:José Luis Legarreta -del 1 al 07/01/25Luciana Cometti -del 8 al 16/01/25Dario Andrioli -el 17/01/2025-Subrogan en materia civil:Pedro Frontán Canteros -del 1 al 16/01/25Guillermo Nuñez -el 17/01/2025– multifuero:Juan José María Giorgio -del 18 al 31/01/25SAN SALVADORJuez y jueza en materia Civil y Comercial, Laboral, Familia y de Paz:Ricardo Agustín Larocca -del 01 al 15/01/25Celina Teresita Salina Rey -del 16 al 31/01/25Agentes Fiscales:Maria Agustina Sole -del 1 al 15/01/25Fernado Maximiliano Mendez -del 16 al 31/01/25Defensorías Públicas:-en materia Penal (subrogan):Alejandro María Giorgio y Joaquín Garaycoechea -del 1 al 10/01/25Eduardo Garay y Joaquín Garaycoechea -del 11 al 15/01/25-en materia Civil (subrogan):Alfredo Russo -del 1 al 10/01/25Miriam F. Larocca -del 11 al 15/01/25 -en materia Penal de Niños, Niñas y Adolescentes (subrogan):José Luis Legarreta -del 1 al 7/01/25Luciana Cometti -del 8 al 15/01/25-multifuero:María Rosa Corsini -del 16 al 31/01/25

Así lo notificó el director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado, a través de una nota dirigida al presidente del STJER, Leonardo Portela.En el marco de las políticas implementadas por el STJER, tendientes a efectivizar el acceso a justicia y facilitar la producción de sentencias, documentos y audiencias judiciales en un lenguaje claro y sencillo, se aprobó en Acuerdo General la incorporación del organismo a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro.De esta manera, desde el Poder Judicial entrerriano se avanza en la materia, en consonancia con políticas internacionales.En marzo pasado el STJER aprobó la Guía de Estilo para un Lenguaje Judicial Claro, cuyo contenido fue elaborado por un equipo de magistrados y magistradas, trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial. La misma aporta herramientas para sortear barreras y lograr una comunicación simple, a través de un lenguaje jurídico más comprensible para toda la comunidad.La Red Panhispánica de Lenguaje Claro, impulsada por la RAE, se constituyó oficialmente en junio de 2022, durante un acto celebrado en la Corte Suprema de Justicia de la República de Chile, con el propósito esencial de “fomentar el lenguaje claro y accesible como fundamento de los valores democráticos y de ciudadanía, así como de debatir y proponer soluciones de interés general para su implantación en todo el mundo hispanohablante”.A esta iniciativa prehispánica ya se sumaron más de doscientas instituciones públicas y privadas de América, Filipinas, Guinea Ecuatorial y España.La Red pretende integrar todas las iniciativas actuales y futuras en defensa del derecho fundamental de los ciudadanos a comprender las leyes y normas básicas reguladoras de la convivencia social. También aspira a incorporar proyectos en favor de la accesibilidad del lenguaje.Para ello ofrece un servicio de interés general, que incentiva la colaboración entre los poderes del Estado y la sociedad civil en torno a la lengua como valor superior y elemento vertebrador de la sociedad. No se limita al lenguaje jurídico, sino que atiende a toda forma de comunicación dirigida a la ciudadanía, contando para ello con el respaldo de la autoridad lingüística de la RAE y las academias nacionales de la lengua española de todo el mundo.

Durante el encuentro realizado, en el Salón de Acuerdos del STJ, se presentó el sistema informático aprobado para el sorteo de amparos y temas vinculados al fuero penal.

De la reunión participaron la presidenta del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), María Marta Simón; el vicepresidente del CAER, Santiago Esquivel; el secretario Andrés Galizzi, y las presidentas de seccionales, Ivana Balbi (Victoria), Silvina Raffo (Colón) y Patricia Carruego (Tala) y la Secretaria de Superintendencia N°1 del STJ, Elena Salomón.

Para ello, el convenio suscripto por la presidenta del STJ, Susana Medina, y por el rector de la casa de estudios, Luciano Filipuzzi, establece que se facilitará el acceso de los probados y/o condenados a las instalaciones de la Universidad o lugares donde se dicten los cursos, para la asistencia a las clases y/o capacitaciones, de lunes a sábado, en los horarios y condiciones convenidas.

En el acto, participaron también, además de Susana Medina y Filipuzzi, la presidenta de la Sala Penal del STJER, Claudia Mizawak, el titular de la OMA, Fabricio Amatteis y el secretario de Integración y Cooperación de la UADER, Raúl Russeaux.

“El aprendizaje, el conocimiento y el trabajo son herramientas trascendentales en un proceso de reinserción. Son esenciales para alcanzar una transformación y colaborar en la deconstrucción de todas las barreras que puedan existir. Facilitar el acceso a un oficio, es una forma más de integrar”, afirmó Susana Medina en el breve acto desarrollado en el Salón de Acuerdos de los Tribunales de Paraná.

La vocal Claudia Mizawak ponderó la iniciativa y destacó otras experiencias similares logradas con anterioridad entre el Poder Judicial y la casa de estudios, como por ejemplo, la capacitación en accidentología vial, entre otros.

Por su parte, Fabricio Amatteis destacó la oferta académica de la Universidad como también la segmentación en cuatrimestres y semestres “ya que permite distintos agrupamientos y garantizar que todos puedan completar los cursados”, dijo al tiempo que destacó “la posibilidad de alcanzar un oficio” al cumplir una medida judicial

Finalmente, Luciano Filipuzzi, detalló la propuesta educativa que alcanza múltiples oficios y precisó que “es una política de la casa acompañar a la personas alcanzadas por este convenio”.

Explicó que las actividades que se aprenden “producen mejoras en la comunidad, porque tratamos de que queden en el lugar, y generamos una doble visibilización: Hacemos algo por la comunidad y aprendemos un oficio”, indicó.

De acuerdo al documento refrendado, la OMA, que depende de la Sala Nº 1 en lo Penal del STJ, será responsable directa del contralor y supervisión del cumplimiento de las reglas de conducta por parte de los probados y condenados, para lo que deberá implementar las acciones y articulaciones necesarias para el cumplimiento del objeto del convenio. A su vez, deberá mantener una comunicación directa e informar a las autoridades de la UADER cualquier circunstancia que se produzca en el ámbito de los talleres, cursos y/o oficios.

La Universidad no tiene ningún tipo de responsabilidad frente al probado y/o condenado y/o la “OMA”, sus dependientes o terceros por cualquier daño o perjuicio ni por obligación alguna de cualquier especie, ya sea contractual o extracontractual, civil y/o penal, que pueda generarse por la actividad que este desarrolle con motivo de la implementación y puesta en marcha de las actividades y/o prácticas objeto del convenio dado que la actividad se corresponde con el cumplimiento de una disposición judicial dictada en sede penal con miras a la reinserción social.

El convenio tendrá vigencia por el término de un (1) año, contado a partir de la fecha de su suscripción y podrá rescindirse unilateralmente.

Habiendo tomado las medidas del caso, a fin de salvaguardar la seguridad de las personas, se procedió a la evacuación inmediata del edificio y la subsiguiente intervención de integrantes de la Policía de Entre Ríos con competencia en la materia.

Ante esta situación, el STJER manifestó su más firme repudio contra estas expresiones de amedrentamiento para impedir o condicionar la libre actuación de la función judicial, tarea que debe ser llevada adelante con tranquilidad de espíritu, sin interferencias, presiones de ninguna naturaleza, garantizando los valores democráticos que dan sustento a la República y la plena vigencia de todas las garantías jurídicas de nuestro ordenamiento legal.

El Alto Cuerpo expresó que “cada vez que se realiza una amenaza de este tenor no solo se violenta el normal desarrollo de la actividad judicial, sino que, también, se trastoca la paz social de la comunidad toda, por lo que surge la necesidad de sustentar nuestras instituciones, en defensa de cualquier intento de daño, estableciendo un fuerte juicio de reproche moral y ético por parte de todos los sectores de la comunidad hacia quienes hayan sido los autores de esta amenaza”.

Del Acuerdo Especial, participaron el vicepresidente, a cargo de la presidencia del STJ, Daniel Carubia; los vocales Germán Carlomagno; Miguel Ángel Giorgio; Martín Carbonell; la vocal Gisela Schumacher; el vocal Leonardo Portela y la vocal Laura Soage.

El objetivo, a través de la implementación del Programa Voto Joven, es estimular la participación de las y los jóvenes en la vida democrática. La idea surgió a partir de la información de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, según la cual el promedio de participación general en la elección del año 2019 en Entre Ríos fue de 87 por ciento, cifra que se redujo al 63 por ciento entre las personas que se encuentran entre los 16 y 17 años.

Por eso se pretende estimular la participación de quienes, a partir de 2021, adquirieron el derecho a votar y a elegir a sus representantes. Para ello el Tribunal Electoral de Entre Ríos creó el Programa De Capacitación Escolar �SVoto Joven⬝, con la colaboración del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial �SDr. Juan Bautista Alberdi⬝ y el CGE, buscará sensibilizar y brindar información en todas las escuelas de la provincia a las personas de 16 y 17 años que votarán por primera vez, sobre las características del proceso electoral y la importancia de participar activamente en la dinámica, constitución y sostenimiento de la vida en democracia, a través de un pleno y consciente ejercicio del derecho a votar.

Susana Medina destacó la importancia de la implementación del programa para trabajar en la concientización de los y las jóvenes sobre la trascendencia de la participación cívica. Además destacó el trabajo del Tribunal Electoral.

Por su parte, Martín Müller dijo que desde el CGE y desde el gobierno de la provincia nos parece una iniciativa muy importante en términos de fortalecer conceptos y saberes que ya son parte de la curricula escolar. Este año tiene una implicancia particular, en primer lugar por ser un año electoral y en ese marco tenemos la posibilidad de que los jóvenes voten a partir de los 16 años o 17 años.

Esta posibilidad de votar en esa edad es relativamente reciente por lo que desde los poderes del Estado debemos seguir incentivando la participación y dándole el relieve que tiene el hecho de que estemos cumpliendo 40 años de democracia. Los jóvenes que van a ser beneficiarios de esta iniciativa afortunadamente han nacido en este sistema de gobierno y debemos tener en cuenta que las democracias deben ser permanentemente fortalecidas y revalorizadas con este tipo de prácticas.

Tenemos que destacar la importancia que tiene la participación en todos los ámbitos de la vida pero también en lo electoral ya que las decisiones que definen nuestra vida como sociedad son establecidas por nuestros representantes que gobiernan en favor de los intereses de la gente.

El Programa Voto Joven será dictado por las autoridades del Tribunal Electoral de la provincia de Entre Ríos, con colaboración del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial �SDr. Juan Bautista Alberdi⬝ y se compromete a elaborar los contenidos de los materiales didácticos del programa.

Por su parte, CGE instrumentará, ante cada elección, una jornada institucional de trabajo con los contenidos específicos en las aulas de las personas destinatarias del programa en toda la provincia.

De la firma del convenio participaron también el secretario general del Tribunal Electoral, Lisandro Minigutti, el secretario Agustín Castiglioni, su prosecretaria, María Victoria Segado y la secretaria general del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial �SDr. Juan Bautista Alberdi⬝, Paula García Rau.

Portela, quien se desempeña en forma transitoria en ese puesto, asumirá como vocal de la Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial, en tanto que Soage �que actualmente preside la Sala del Trabajo de la Cámara de Apelaciones de Concordia-, lo hará en la Sala Nº 3 del Trabajo. El acto será encabezado por la presidenta del STJER, Susana Medina

Además Susana Medina encomendó al Departamento Médico Forense (DMF) que �Selabore un exhaustivo informe sobre lo acontecido, acompañando toda la documental que obre en su poder.

También solicitó a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Concordia �Sla remisión de testimonios de toda la documentación que obre en su poder⬝.

La información sumaria fue encomendada al secretario de Superintendencia N° 2, Esteban Simón, quien a través de la Oficina de Sumarios, deberá concluir su trabajo en el plazo de 10 días hábiles, pudiendo producir además toda la prueba que juzgue pertinente.

La señora Martínez acudió el miércoles pasado al edificio ubicado en Mitre 133, y tras consultar sobre una causa en trámite, decidió prenderse fuego.

De inmediato fue socorrida por personal judicial y trasladada en forma urgente al Hospital Delicia Masvernat.

Desde entonces, y en forma diaria, el DMF mantuvo informada a la Presidencia del STJER sobre la evolución del cuadro clínico de Martínez.

Advirtió sobre complicaciones que provocaron su posterior deceso, que fue notificado a las 16.29 de ayer.

Dado que el STJER tiene a su cargo la Superintendencia General de la Administración de Justicia del Poder Judicial, que incluye entre otros aspectos el funcionamiento de los edificios y lo que ocurra en ellos �Scorresponde recabar toda la información disponible y garantizar a las y a los familiares de quien acudió al servicio de justicia �mujer en condición de vulnerabilidad-, todos los elementos para establecer la verdad de los hechos y circunstancias que derivaron en su muerte y determinar, en su caso, las distintas responsabilidades administrativas que pudieran caber a quienes se encontraban obligados a su asistencia y protección⬝.

En relación a la creación de 152 cargos en el STJER, se explicó que no significa la generación de nuevos puestos de trabajo, ya que hoy 144 agentes están designados en forma transitoria, y lo que se pretende es regular la planta de personal. Esto no significa que se vaya a generar una mayor erogación presupuestaria a la existente. Sólo ocho cargos; cinco oficiales de custodia para Juicio por Jurados y tres cargos para los equipos técnicos móviles que recorrerán la provincia en forma permanente, asistiendo a diversos organismos, especialmente a los vinculados con la tramitación de casos de violencia de género. Por otra parte se informó que los cargos a crear para sanear la situación del personal judicial que hoy están en forma interina no son para el STJER en Paraná, sino que corresponden a organismos jurisdiccionales en toda la provincia: Juzgados de Paz, de Garantías, Oficinas de Gestión de Audiencias, escribientes, ordenanzas y Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) entre otros. Con la solicitud se busca fortalecer la prestación del servicio de Justicia en toda la provincia, especialmente en las zonas más vulnerables.

  En el encuentro, realizado este lunes en el Salón de Actos del STJER, Susana Medina ponderó la labor desarrollada durante 2022. El programa se ejecutó en 68 localidades, atendió a 1.520 personas en 250 horas de trabajo, y realizó dos jornadas de atención simultáneas en diferentes puntos de la provincia, en las que participaron 25 y 29 jurisdicciones, respectivamente.

 Al hacer uso de la palabra destacó que �Sesta generación es la que está logrando el acceso a la Justicia de verdad y tiene la enorme responsabilidad de generar ese cambio⬝.

 Por otra parte, aseguró que �Sla Justicia tiene conciencia funcional. El poder es efímero y quien lo tiene debe aplicarlo en hacer cosas para la gente�S. Asimismo, resaltó que �Spedir y dar Justicia es una labor íntima. Hacerla en un ambiente de camaradería fortalece los vínculos y así, fortalecemos las instituciones⬝.

 Señaló que Entre Ríos �Sha sido pionera y nuestro programa que se ha sostenido desde 2004, profundizado un modelo a exportar, y es por eso que Paraguay está haciendo su experiencia tomando nuestro modelo⬝, recordó.

 Además, llamó a �Spensar un Poder Judicial a 100 años y comenzar un camino para seguir creciendo y lograr el acceso a la Justicia de verdad⬝.

 En otro orden, la magistrada propuso trabajar en la figura de �Sfacilitadores judiciales⬝ en los barrios, como continuidad de trabajo de acceso a la Justicia para sectores vulnerados.

 Las y los representantes de las diferentes jurisdicciones realizaron un balance positivo de lo ejecutado durante el año, efectuando sugerencias y propuestas para incorporar durante el próximo.

 Susana Medina, anticipó la creación de programas de formación ciudadana y trazó los objetivos para el 2023.

 Sobre el programa

El programa la Justicia va a los Barrios se implementó en 2004 por iniciativa de la presidenta del STJ y directora académica (ad honorem) del Instituto de Capacitación y Formación �SDr. Juan Bautista Alberdi⬝, Susana Medina. A partir de 2018 y a propuesta de la magistrada, se aplica como política permanente del Poder Judicial de Entre Ríos. Y el 13 de mayo pasado el Papa Francisco reconoció el trabajo del Programa que se implementa en la provincia.

 En la propuesta participan funcionarios/as judiciales, profesionales de equipos interdisciplinarios y cuenta también con la colaboración de organismos como el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas; la Administración Nacional de la Seguridad Social (AnSes); el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI); y el Instituto Provincial de Discapacidad (IproDi), según sea la modalidad de la jornada en cada jurisdicción. A las jornadas se suma también el Tribunal Electoral de la provincia, con el fin de permitir a la ciudadanía acceder al Registro Electoral y facilitar su depuración, ya sea por errores u omisiones que pudieran ocurrir.

 Participantes

 A la reunión concurrieron: La coordinadora general del programa, Laura Duerto, la responsable de la actividad en Paraná, Cynthia Troncoso, y la secretaria general del Instituto de Capacitación y Formación Judicial �SDr. Juan Bautista Alberdi⬝, Paula García Rau, junto a todo el equipo de trabajo del organismo.

 También lo hicieron las y los representantes de las distintas jurisdicciones: Noelí Ballhorst, Concordia; Pablo Barbirotto, Paraná; Ayelén Bracco, Viale; Marta Britos, Ceibas; Pierina Brun, Colón; Evangelina Bruzzo, Concepción del Uruguay; Ricardo Chaia, Larroque; Juan José Cian, San José de Feliciano; Sergio Colja, Villa Libertador San Martín; Ilse Corfield, General Galarza; Josefina Etienot, Diamante; Maricela Faccendini, Victoria; Cristian Fernández, San Jaime de la Frontera; Raúl Flores, La Paz; Juan Ángel Forneron, Federación; María Luján Giorgio, Concordia; Arturo Guarascio, Hasenkamp; Mariano Guy, Colón; Mariano Larocca, Federal; María Elena Luchesi, Concordia; Fernando Luero, Ibicuy; Ana Mármol, Feliciano; Francisco Marquez Chada, Victoria; Silvina Martínez Lort, Urdinarrain; Arturo Mc Loughlin, San Salvador; Griselda Moscatelli, Chajarí, Vanesa Pelayo, Chajarí; Abel Rodríguez, Villa Paranacito; Oscar Rossi, Nogoyá; Patricia Sanabria, San Marcial; Fernanda Schoenfeld, Pueblo Brugo; Carolina Silvestre, Cerrito; Laura Soage, Concordia; Marilin Soldá, Gobernador Mansilla; Abraham Tolcachier, Basavilbaso; Dardo Tortul, Gualeguay; Silvia Vega, La Paz; y Guillermo Vega, Santa Elena.

En el encuentro, llevado a cabo en el Salón de Acuerdos, se trataron los temas previstos en el orden del día, que contó de los siguientes puntos: proyección, planificación, ejecución y control de presupuesto; ley de cargos, carrera judicial y concursos de ingreso y ascenso; plan de obra pública, alquileres y reubicaciones de organismos; utilización de organismos y estructuras dependientes del STJER, y alternativas de gestión de recursos y asistencia técnica de Ministerios.

Al analizar la actual situación del funcionamiento se aludió a los Informes elaborados por las áreas técnicas. Entre otras, la Dirección de Arquitectura Judicial, Dirección de Gestión Humana, Equipos Técnicos Interdisciplinarios, Oficina de Informática, Contaduría General y Oficina de Compras.

Se intercambiaron ideas respecto de la refuncionalización de los distintos espacios físicos del STJER y de los Ministerios. En ese punto, el defensor General, Maximiliano Benítez, se refirió a los inmuebles alquilados progresivamente en todas las jurisdicciones judiciales de la provincia, y a los nombramientos de profesionales para integrar y tener sus propios Equipos Técnicos Profesionales. Recordó que desde el MPD se presentó ante el Poder Ejecutivo el proyecto de ley solicitando la creación de cargos.

Por su parte, el procurador General, Jorge García, manifestó que el MPF hizo lo propio y envió un proyecto de creación de ley de creación de cargos, y que solicitó al Poder Ejecutivo un refuerzo presupuestario para poder contar con sus propios espacios físicos y oficinas. Además hizo referencia a algunos con los que ya cuentan en distintas jurisdicciones.

Tanto Benítez como García compartieron la idea de que los Ministerios Públicos tengan sus propios Equipos Técnicos en las diferentes áreas y expresaron su voluntad de trasladar las oficinas que los Ministerios ocupan hoy en los edificios de Tribunales de toda la provincia.

Por otra parte, se resolvió continuar trabajando a partir del lunes próximo en una mesa que estará integrada por la procuradora adjunta, Mónica Carmona; la secretaria de la Procuración, Elizabeth Bordin; la secretaria del MPD, Lorena Calí; el defensor Gaspar Reca; la secretaria de Superintendencia Nº1, Elena Salomón; el secretario de Superintendencia Nº2, Esteban Simón; y el contador General, Darío Koch.

La presidenta del STJ, Susana Medina, destacó que la reunión de trabajo se desenvolvió en un ambiente de cordialidad, respeto y empatía. Asimismo, dijo que el STJ ofreció el acompañamiento y asesoramiento necesario para que ambos Ministerios puedan efectuar el reordenamiento necesario y así poder mejorar la prestación del servicio de Justicia.

En Entre Ríos, según consta en el Registro Judicial de causas y Antecedes de violencia (REJUCAV) se han recepcionado más de 15.000 denuncias que se tramitan en fuero de familia, civil, laboral y penal entre el 1 de enero y el 31 de octubre del 2022.

La violencia de género se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Es un mecanismo de perpetuación del sometimiento de la mujer y se expresa en los distintos ámbitos en los que desarrolla sus relaciones interpersonales.

La forma de violencia que se denuncia con mayor frecuencia es la de tipo doméstica. El 56 por ciento es psicológica y física (31 por ciento), seguida por la violencia patrimonial (5,4 por ciento), sexual (5 por ciento), simbólica (2 por ciento) y política (0,6 por ciento).

La violencia de género perpetuada contra las madres también afecta a los hijos e hijas. Al menos 10.000 niños, niñas y adolescentes son hijas/os de mujeres vinculadas a procesos de violencia iniciados durante este año.

Las estadísticas de REJUCAV también revelan que el 55 por ciento de las víctimas de violencia mantenía con la persona agresora un vínculo de pareja (conviviente o ex conviviente).

Durante el 2022 una de cada 34 mujeres de 18 a 29 años se encontró en situación de violencia en Entre Ríos. En 2020 hubo 11.855 niñas y mujeres víctimas de violencia en causas judicializadas; otras 13.024 en 2021, y desde enero de este año se registraron 10 475.

Dado el alto índice de la población de mujeres que sufren violencias y a que las mismas configuran violaciones a los derechos humanos, existe un interés en su protección por parte del Estado. Se trata de un compromiso de no tolerar esos actos violatorios de derechos humanos establecidos en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y en la Convención de Belem do Pará.

 El objetivo del convenio, firmado en el Salón de Actos de los Tribunales de Paraná por la presidenta del STJER, Susana Medina, y el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Germán Grané, es digitalizar y hacer más eficiente la carga y gestión de los trámites correspondientes a los apremios fiscales de la ATER, dependiente del Poder Ejecutivo.

 �SEn nombre del Superior Tribunal de Justicia quiero agradecer a la ATER por su buena predisposición para llegar a este acuerdo, que nos permite trabajar por una provincia más eficiente y que tiene así la posibilidad de brindar mejores servicios⬝, señaló Susana Medina.

 Por su parte Germán Grané sostuvo que �Scelebrar este convenio genera alegría, porque muestra a un Estado que articula y se moderniza, que va a tener la posibilidad de ahorrar y ser más eficiente en sus procesos administrativos⬝. Y expresó su sorpresa ante la rapidez con que se concretó �Sya que en septiembre, cuando comenzamos a hablar del tema, no imaginábamos que en apenas un par de meses íbamos a estar en esta instancia⬝.

Propósitos del acuerdo

 La firma del convenio es el resultado de acciones conjuntas entre equipos dependientes del STJER y de ATER, con foco en los apremios monitorios fiscales, los cuales en la actualidad implican un importante volumen de trabajo, generando demoras, sobrecarga laboral, papelización e incremento de errores.

 Ante ello, se analizaron los procesos actuales, diseñaron y optimizaron etapas de trabajo, que una vez implementadas, generarán una mejora en la gestión del trámite con impacto en el bienestar laboral.

 Por otra parte, tendrá efecto directo sobre los tiempos del proceso, otorgando celeridad y calidad en la administración de justicia, reduciendo la manipulación y el control manual de datos. La implementación del convenio entre el STJER y ATER reducirá los tiempos de sentencia, que hoy oscilan entre seis y ocho meses a un mes y medio, lo que tendrá su correlato en términos de recaudación tributaria.

 Se inicia, a partir de esta firma, una primera etapa de capacitación para todos los operadores del nuevo sistema, que comenzarán a trabajar con un sistema de inteligencia artificial desarrollado por el Área de Informática del STJER.

 La secretaria de Superintendencia Nº 1 del STJER, Elena Salomón, y el director técnico de la ATER, Nicolás Brunner, tuvieron a su cargo la explicación del trabajo conjunto para modificar el proceso administrativo y acelerar la tramitación de los apremios monitorios.

 Del acto también participaron el vicepresidente del STJER, Daniel Carubia; la vocal Claudia Mizawak; el vocal Miguel Ángel Giorgio; el vocal Martín Carbonell; la vocal Gisela Schumacher; el vocal Jorge Pirovani; y el vocal Leonardo Portela; el juez a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 10 de Paraná, Ignacio Basaldúa, y el director del Área de Informática, Omar Pagliotto. También estuvo presente el presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Alejandro Canavesio.

El objetivo del convenio, firmado en el Salón de Actos de los Tribunales de Paraná por la presidenta del STJER, Susana Medina, y el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Germán Grané, es digitalizar y hacer más eficiente la carga y gestión de los trámites correspondientes a los apremios fiscales de la ATER, dependiente del Poder Ejecutivo.

Se analizaron temas vinculados a las funciones de los Poderes del Estado, en busca de lograr propuestas superadoras para el fortalecimiento de las instituciones y de la democracia. Se destacó la independencia de poderes, resaltando que el diálogo permite generar mejores leyes. La conformación de la Mesa Interinstitucional, que surgió como una iniciativa del Instituto Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de la Abogacía, tiene el objeto de abordar temas vinculados a la Justicia provincial. En este encuentro se presentaron las propuestas del Colegio de la Abogacía de reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal y del Código Procesal Penal de Entre Ríos; a de la Ley de Honorarios y al Código Procesal Laboral de Entre Ríos. La vicegobernadora María Laura Stratta expresó su satisfacción porque �Sse nos permita dar nuestro punto de vista y nuestro posicionamiento, en representación de la provincia⬝ y remarcó que �Sdesde la Legislatura se vienen realizando procesos muy sanos de poder debatir muchas veces los temas previos a la presentación de los proyectos de ley⬝. Sostuvo que no hay que tener miedo a modificar las leyes, que muchas veces tienen veinte o treinta años y las mismas deben cambiar, acorde a los tiempos que se viven. Agregó también que la incorporación, por ejemplo, de la perspectiva de género, es fundamental si se quiere construir una sociedad más justa. Remarcó que cree en los diálogos institucionales, ya que la sociedad cambia, y las leyes deben modificarse y actualizarse para, de alguna manera, responder a lo que la sociedad demanda.

Por su parte la presidenta del STJER, Susana Medina, destacó la importancia de la reunión que ayuda �Sal fortalecimiento de la institucionalidad entrerriana, en el marco del diálogo y el respeto⬝. Explicó que durante el encuentro �Sse conversó sobre temas que hacen a las funciones de cada uno de los Poderes del Estado, junto a la Asociación de la Magistratura y el Colegio de la Abogacía⬝.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, se mostró dispuesto a que desde la Legislatura se puedan �Sconcretar mejoras y reformas al sistema judicial que, obviamente, sean interpretadas como un fortalecimiento de la institucionalidad entrerriana⬝. En ese sentido, agregó: �SQuienes están acá conocen mejor que los legisladores cuáles son los temas que deben tratarse, por lo que será necesario que los proyectos se debatan y trabajen como sucedió, por ejemplo, con la ley que reglamentó el juicio por jurados, sin duda una de las mejores leyes, ya que plasmó el trabajo que se hizo para lograr su sanción⬝. A su turno Alejandro Canavesio y Miguel Ángel Cullen, en representación del CAER, resaltaron la importancia de la instancia de diálogo y debate en una mesa donde están presentes todos los actores del sistema judicial entrerriano. Coincidieron en la necesidad de intercambiar opiniones para mejorar el acceso a la justicia y lograr una tutela judicial efectiva. Del encuentro participaron la vicegobernadora Laura Stratta; la presidenta del STJER, Susana Medina; el vicepresidente Daniel Carubia, la vocal Claudia Mizawak y los vocales Martín Carbonell y Leandro Portela; la procuradora adjunta, Mónica Carmona; el defensor General de la provincia, Maximiliano Benítez; el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; el presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), Alejandro Canavesio; por el Instituto Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del CAER, Miguel Ángel Cullen; el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Alejandro Cánepa; la vocal, María Andrea Morales y el secretario General, Gaspar Reca. La próxima reunión será el 19 de septiembre, también en el Salón de Acuerdos del STJER.

En la oportunidad, la presidenta del STJER, Susana Medina; el vicepresidente, Daniel Carubia; la vocal Claudia Mizawak; el vocal Martín Carbonell; la vocal Gisela Schumacher y los vocales Jorge Pirovani y Leonardo Portela, mantuvieron audiencias con integrantes de la magistratura de la jurisdicción y autoridades del lugar.

En la ocasión recibieron a Ricardo Larocca, Juez en lo Civil y Comercial y del Trabajo a cargo de la Superintendencia; a Celina Salina Rey, jueza de Paz; y a autoridades de la Sección San Salvador del Colegio de la Abogacía: Fernando Andrada, María Susana Benítez, Juan José Sillem y María Celeste Malarín.

También dialogaron con los delegados de la filial Concordia- San Salvador de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Marcelo Beherens y Marcelo Noguera; y con los integrantes de Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI), Claudia Bordagaray; Maricel Maurice y  Yanina Cracco.

 El llamado contempla también a las personas con discapacidad. La inscripción comenzará el 27 de junio próximo y se extenderá hasta el 6 de julio venidero. El formulario se encontrará habilitado desde las 7 del día de inicio de inscripción y finalizará a las 13 de la última jornada. El trámite será vía electrónica .

La convocatoria, dispuesta en la reunión de Acuerdo Nº 18/22, del 7 de junio pasado, es para el cargo de escribiente, a fin de cubrir las vacantes existentes y las que se produzcan durante la vigencia del concurso en todas las jurisdicciones de la provincia.

Las y los postulantes podrán inscribirse para concursar hasta en dos jurisdicciones de la provincia como máximo. En el caso del concurso para personas con discapacidad, la inscripción será exclusivamente para la jurisdicción de Paraná.

Sobre la inscripción

Para postularse, las personas interesadas deberán completar y adjuntar la documentación requerida en el formulario, que estará disponible en la página web del Poder Judicial de Entre Ríos (www.jusentrerios.gov.ar).

Quienes se inscriban deberán aceptar expresamente las condiciones fijadas por el STJER, en tanto que todas las notificaciones se realizarán por correo electrónico a las cuentas que declaren en el formulario de inscripción.

Oportunamente, se comunicará la fecha y el modo en que se llevará a cabo la capacitación y evaluación virtual obligatoria y también se publicará en la página web el material de estudio correspondiente al concurso.

Requisitos para la inscripción

-Ser argentino/a nativo/a o naturalizado/a.

-Tener como mínimo dieciocho (18) años de edad.

- DNI (anverso y reverso).

-Título Secundario y/o certificado analítico (anverso y reverso).

-Certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia, con fecha de emisión anterior no mayor a tres (3) meses de la fecha de inscripción.

-Certificado de Discapacidad vigente (si la inscripción es al concurso para personas con discapacidad).

-Declaración jurada de no estar comprendido en las inhibiciones establecidas en el art. 8º del Decreto Ley 5.143 y, respecto de las establecidas en el inc. h), deberá indicarse con relación a quién.

Serán rechazadas sin más trámite las solicitudes que no reúnan las condiciones precedentemente enunciadas.

Consultas:

https://www.jusentrerios.gov.ar/concursos-de-ingreso/

De la ceremonia participarán autoridades judiciales, provinciales e integrantes de la magistratura de todo el país.⬨

Durante el acto, que se desarrollará a partir de las 10 en el Centro Provincial de Convenciones, en Paraná (San Martín 15), Medina dará a conocer los lineamientos de su gestión frente al STJER para el bienio 2022-2023.

Será transmitido por el canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Poder Judicial.

El ingreso de la prensa será por la puerta principal y respetando las normas de higiene, seguridad y distanciamiento social de acuerdo a lo establecido por el protocolo covid-19 elaborado por las autoridades sanitarias.

De la ceremonia participarán autoridades judiciales, provinciales e integrantes de la magistratura de todo el país.

Durante el acto, que se desarrollará a partir de las 10 en el Centro Provincial de Convenciones en Paraná (San Martín 15), Medina dará a conocer los lineamientos de su gestión frente al STJER para el bienio 2022-2023.

Será transmitido por el canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Poder Judicial.

El ingreso de la prensa será por la puerta principal y respetando las normas de higiene, seguridad y distanciamiento social de acuerdo a lo establecido por el protocolo Covid-19 elaborado por las autoridades sanitarias.

La deliberación fue encabezada por el presidente del STJER, Martín Carbonell, quien estuvo acompañado por los vocales Miguel Ángel Giorgio (presidente de la Sala Penal), Germán Carlomagno (presidente de la Sala Laboral) y Juan Ramón Smaldone (presidente de la Sala en lo Civil y Comercial).

El encuentro, solicitado por las autoridades del Colegio de la Abogacía, sirvió para que los letrados plantearan sus inquietudes respecto del funcionamiento del Poder Judicial en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de Covid 19.

En la oportunidad, desde las distintas delegaciones se trasladó el pedido de abogadas y abogados para ingresar sin restricciones a los Tribunales a fin de realizar sus tareas.

En ese sentido Carbonell recordó que el acceso a los edificios del Poder Judicial no está prohibido, sino que se encuentra restringido conforme los protocolos y buenas prácticas dispuestas según las políticas públicas sanitarias fijadas por los gobiernos nacional y provincial.

Por su parte, el presidente del Colegio de la Abogacía, Alejandro Canavesio, agradeció la reunión y destacó los beneficios de la virtualidad, señalando que en este caso y a la distancia, todos pudieron participar del encuentro. También planteó la necesidad de revisar la restricción de ingreso a Tribunales y señaló algunos inconvenientes que tienen los letrados al acceder a la Mesa Virtual.

Asimismo expresó que son parte del Poder Judicial y que a través del diálogo buscan proponer distintas acciones para garantizar el servicio de Justicia.

Carbonell resaltó que, desde el comienzo de la pandemia se mantuvo el diálogo con el Colegio de la Abogacía y se establecieron pautas de trabajo a partir de esos encuentros periódicos. Aseguró que se seguirá bregando para garantizar el servicio de Justicia, en permanente diálogo con los integrantes de la Abogacía.

Asimismo repasó las diferentes políticas implementadas por el STJER en relación al uso de las herramientas tecnológicas aplicadas al sistema, en tanto que Smaldone advirtió que nunca se dejó de lado a la Abogacía, puesto que el volumen de trabajo durante la pandemia fue significativo, como lo confirman las estadísticas.