En una decisión de fuerte impacto institucional, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió apartar a tres vocales en el marco de la causa conocida como “Beckman”, al considerar que habían emitido opiniones previas que comprometen su imparcialidad.La investigación —que gira en torno a una presunta megaestafa con contratos de personal truchos en la Legislatura provincial— tiene como principales acusados a Flavia Beckman y otros imputados por asociación ilícita y defraudación. El expediente se tramita en los tribunales de Paraná y ya había generado controversias por cuestionamientos a la actuación judicial.

La Sala Penal Nº 1 hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y dispuso el apartamiento de los vocales Daniel Carubia, Germán Carlomagno y Claudia Mizawak. El tribunal entendió que sus intervenciones previas en procesos vinculados —particularmente en jurys contra fiscales— implicaron un adelantamiento de opinión sobre aspectos centrales de la causa.Según el fallo, esas manifestaciones excedieron lo meramente institucional y generaron dudas razonables sobre su objetividad, criterio que se apoya en normas procesales y en estándares de la Corte Suprema sobre la necesidad de garantizar no solo la imparcialidad real, sino también su apariencia ante la sociedad.La resolución no fue unánime. La vocal Laura Soage consideró que solo correspondía apartar a Carubia, mientras que el resto de los jueces —incluido Carlos Tepsich— respaldó la recusación de los tres magistrados bajo una interpretación amplia del concepto de prejuzgamiento.

Como consecuencia, la integración de la Sala Penal quedó modificada para continuar con el tratamiento del recurso en curso, mientras la causa “Beckman” suma un nuevo capítulo en un escenario de alta sensibilidad institucional y debate sobre el funcionamiento de la Justicia en la provincia.(I:foto y datos de Análisis)

La medida fue adoptada en el marco de las políticas orientadas a reconocer a los trabajadores que desde su profesión aportan un plus con su formación universitaria y terciaria sin que sea un requisito para su desempeño, enriqueciendo la prestación del servicio de justicia.

La disposición del STJ, establece que no se procederá al pago de la bonificación cuando el título haya constituido un requisito para el acceso al cargo o para el ejercicio de la función, ni cuando el mismo no guarde relación con las tareas efectivamente desempeñadas.

Asimismo, precisa que el reconocimiento del adicional exige la concurrencia conjunta de la pertenencia al régimen escalafonario vigente o situación equiparada; la inexistencia de exigencia del título como condición de acceso al cargo y la vinculación funcional entre el título acreditado y las tareas desempeñadas.

La Dirección de Gestión Humana del STJ será la encargada de la elaboración del proyecto reglamentario integral, que contemple los criterios fijados, incluyendo la determinación de la base de cálculo, a fin de su inmediata implementación.

En la reunión de Acuerdo Especial celebrada este martes, los nueve miembros del STJER designaron por unanimidad como presidente del Alto Cuerpo al vocal Germán Reynaldo Francisco Carlomagno y como vicepresidente al vocal Carlos Federico Tepsich.

De antemano estaban las cartas echadas y acordado que esta sería la fórmula para la conducción del Poder Judicial en el próximo bienio. No hubo ninguna oposición.En el aire de la reunión flotaba la sensación de malestar hacia la vocal Susana Medina de Rizzo, debido a las dos publicaciones de ANÁLISIS que evidenciaron las múltiples irregularidades y usos discrecionales de los recursos públicos a lo largo de su extensa carrera judicial, sobre todo en los últimos años por los costosos viajes realizados y pagados por el presupuesto estatal. Ni siquiera intentó postularse, ya que nadie iba a votarla, ni siquiera aquellos que la respaldaron durante tanto tiempo, como Daniel Carubia y el propio Carlomagno. En la reunión de Acuerdo solo levantó la mano para votar y se fue sin decir nada.

Como si estos fueran sus últimos días en la función judicial. Aunque no pareciera que le caigan las fichas acerca de las cuestionadas conductas que tuvo a lo largo del tiempo.

Carlomagno tiene 75 años. Es vocal de la Sala Laboral del STJ. Fue designado en el alto cuerpo durante la Gobernación de Mario Moine. Llegó desde Concepción del Uruguay a Paraná, para formar parte del cuerpo de vocales del STJ. El decreto que lo nombró lleva el Número 3162, del 19 de julio de 1993. Es decir, lleva 32 años en este cargo. Esa misma disposición ordenó el envío del pliego al Senado de la provincia para que preste acuerdo.  

Tepsich es 20 años menor que Carlomagno. Es vocal de la sala Civil y Comercial del STJ. Desde 2005 en adelante se desempeñó como juez titular de primera instancia en lo Civil y Comercial de Concepción del Uruguay. Antes ocupó otros cargos judiciales y previamente fue asesor legal de la Secretaría de Salud de la provincia (1994-1999). Fue propuesto como vocal del STJ por el actual gobernador, Rogelio Frigerio.

Se especulaba previamente que sería el próximo presidente del STJ, debido a la buena sintonía con el oficialismo que le insistía para que ocupara el máximo cargo. Pero prefirió ser el vice para entender mejor desde ese lugar la administración del Poder Judicial, así como los juegos políticos que suceden en este ámbito en la relación que debe existir con los poderes Ejecutivo y Legislativo. Posiblemente se perfile como presidente en el próximo mandato.

(I:Analisis) 

De la reunión participaron el presidente, vocal Leonardo Portela; la vicepresidenta, vocal Laura Mariana Soage; el Procurador General, Jorge García; el Defensor General, Maximiliano Benítez; el presidente de la Asociación de la Magistratura y Función Judicial, Alejandro Canepa; el Secretario General de  la Asociación Judicial de Entre Ríos, José Maria Segura, quien estuvo acompañado por Evelia Demuth;  la Secretaria General Sección 12 Entre Ríos de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Bibiana Starck, junto a Hugo Luis Montefinale y la asistente de Presidencia del STJ, María Eugenia Schoenfeld.

Luego de que los gremios expusieran las inquietudes del personal, se resolvió conformar una mesa de trabajo con el objeto de avanzar en una propuesta al Poder Ejecutivo provincial a fin de que se recupere el poder adquisitivo de los integrantes del Poder judicial. 

En el encuentro, que tuvo lugar en el Salón de Acuerdos del STJ, en el edificio de los Tribunales en Paraná, se resaltó la importancia del acceso a la información jurídica de los profesionales en general y de quienes ejercen la abogacía, que redunda en beneficio de la ciudadanía.

Acerca del buscador de JurisprudenciaEs una herramienta de acceso abierto y contiene material sobre temas de relevancia seleccionados por las Salas del STJ, cámaras de apelaciones de los fueros civil y comercial, y laboral, cámaras en lo contencioso administrativo, de casación penal y tribunales de juicio y apelaciones de toda la provincia. El buscador contiene sumarios y sentencias completas (principalmente desde el año 2014 en adelante). En la base de datos se pueden encontrar alrededor de catorce mil fallos completos (con datos sensibles disociados de acuerdo a las Reglas de Heredia para publicación de información judicial en internet) y más de treinta y dos mil sumarios. El usuario dispone de las voces jurídicas que facilitan la búsqueda de material y un material explicativo para optimizar el uso de los filtros.

Por el IAFAS participaron el asesor legal de la Gerencia General, Daniel Trillo, el coordinador de Legales ,Fernando Ballesteros, el jefe de Departamento Legal, Martín Balzarini y los asesores legales Juan Manuel Parodi, Nahir Almada, Alejandro Hertel, y Daiana Picotti.Luego del encuentro, los letrados del IAFAS visitaron la Biblioteca del STJ y mantuvieron una reunión de trabajo con el personal del área de Jurisprudencia y de la Secretaría de Superintendencia N.º 3.

Por el CAER estuvieron presentes su presidenta, María Marta Simón junto a miembros del Consejo Directivo local; la presidenta de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A.), Mariel Margarita Tschieder; y el Vicepresidente 3°, Francisco Javier Panero. La representación del STJ estuvo conformada por el presidente, Leonardo Portela, la vicepresidenta, Laura Mariana Soage y la vocal de la Sala Penal, Claudia Mizawak.Se pusieron de manifiesto asuntos atinentes a la dinámica diaria, tanto del ejercicio de la profesión como de la prestación del servicio de justicia; tras lo cual se arribó al compromiso de canalizar mediante el diálogo institucional las cuestiones que en el futuro puedan ser motivo de conflicto y que hacen a los legítimos intereses de cada representación.

El expediente en el que interviene está caratulado “Caminos, Carolina Lorena- Erro, Luis Alberto- Figueroa Pablo Daniel- Iturbe Mariano Emanuel-Dunat Mariano Héctor Ignacio S-fraude a la administración pública por administración fraudulenta. Expte. 4893 y sus acumulados s/Incidente de Recusación”.La medida fue tomada el 5 de marzo debido a reiteradas conductas procesales consideradas improcedentes y dilatorias, que entorpecen la administración de justicia. Según la resolución, el abogado cuestionó que se haya rechazado in limine la recusación formulada contra el vocal Daniel Carubia y que, a su vez, la Directora de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), Florencia Bascoy, haya rechazado suspender una audiencia.El reclamo del letrado -quien entre otros defiende al intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y a la senadora provincial Patricia Díaz (PJ-La Paz)- escaló hasta la Sala Penal del STJ, con un recurso de revocatoria, pero obtuvo como respuesta una fuerte reprimenda. “Se advierte que no es ésta la primera ocasión en la que emergen inconductas profesionales incompatibles con su rol de auxiliar de la justicia, por parte del letrado que, en lugar de coadyuvar a la celeridad del proceso, insiste en planteos improponibles sólo retardatarios de la labor jurisdiccional”, sostuvieron en el STJ.En este sentido, se recordó que en el expediente “Reggiardo, Carlos Guillermo s/Recurso de Revisión (Art. I.7 del Reglamento de OGA) s/Administrativo” [Expte. Nº RR-0002], el STJ ya le había advertido sobre la importancia de actuar con buena fe, honestidad, transparencia y lealtad procesal. No obstante, la reiteración de estas prácticas inadecuadas llevó al Tribunal a aplicar la sanción de apercibimiento, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de Entre Ríos Nº 6902.Entre las acciones que motivaron la sanción, se menciona la interposición de recusaciones múltiples, incluyendo una contra el presidente de la Sala Penal del STJ, Daniel Carubia, sin fundamento fáctico ni legal, así como la presentación de recursos a pesar de su manifiesta irrecurribilidad. “Pese al recordatorio efectuado, en plena inobservancia a los principios de la buena fe procesal, probidad y respeto, entorpeciendo de esta manera la expedita administración de justicia, cuando en el ejercicio de su profesión es su deber ser un servidor de la misma, de acuerdo a las normas de ética profesional, este Tribunal considera que esta reiterencia debe ser sancionada, a los fines de corregir estos desvíos e irregularidades en el marco de un proceso, consistentes en la gran cantidad de articulaciones ineficaces y dilatorias, tales como las innumerables recusaciones articuladas en el presente, incluida la que ha sido planteada contra el Presidente de este Tribunal, sin fundamento fáctico y legal alguno, y los sucesivos recursos aventurados, a pesar de la legal prescripción de ser irrecurribles, corresponde, en ejercicio de las facultades sancionatorias que le competen a esta Sala, de acuerdo a lo normado en los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Entre Ríos Nº 6902”, argumentaron.De modo que se le aplicó al letrado la sanción de apercibimiento y se comunicó la decisión al Colegio de la Abogacía de la Provincia. La resolución fue firmada por los vocales del STJ, Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak.(I:Análisis) 

La decisión fue resuelta en las primeras horas de este 1° de febrero por mayoría por el máximo tribunal provincial, al filo de finalizar la feria judicial. La sentencia se subió al sistema judicial a la 1.34 de la madrugada de este sábado, lo que no es una determinación habitual y menos en horas de finalización de la feria e inicio de fin de semana largo. Durante toda la feria judicial, el recurso presentado por los abogados defensores se fue dilatando entre las distintas composiciones del STJ en feria, con excusaciones y recusaciones. Finalmente, el Tribunal que dictó la medida quedó integrado por los vocales Gisela Schumacher, Carlos Tepsich y Laura Mariana Soage.Báez fue encarcelado el 22 de noviembre, tres días después que el exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera. Por resolución de la Cámara de Casación Penal de Paraná, quedó con prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de la capital provincial. Los tres compartieron una celda pequeña con un patio que les prepararon en el establecimiento penitenciario de calle Marcos Sastre.Urribarri y Aguilera fueron liberados el 7 de enero en un fallo exprés del STJ en feria, por mayoría. Báez reclamó tener el mismo trato, pero la decisión se demoró un poco más hasta este viernes. En el fallo, los tres vocales conicidieron en confirmar la prisión preventiva, pero no en la modalidad de su cumplimiento. El fallo que beneficia a Báez fue por mayoría: Schumacher y Soage votaron por la domiciliaria, mientras que Tepsich por prorrogar la prisión preventiva en la cárcel. De este modo, el condenado por delitos contra el Estado y la apropiación de fondos públicos computará pena en su lujosa propiedad. Fue condeado a seis años y medio de prisión y ahora, al menos un año y medio, lo cumplirá en esa condición.Según supo ANÁLISIS, Tepsich votó en primer lugar argumentando que debía confirmarse la medida cautelar en la cárcel por el plazo de 18 meses. “El recurrente ha sido condenado por un delito de gravedad institucional con una pena de cumplimiento efectivo y esa sentencia cuenta con doble conforme; lo que abona de modo suficiente representarse un escenario de fuga”, sostuvo el vocal.Luego, Soage votó por la domiciliaria con tobillera por ese mismo lapso. “El riesgo de fuga del Sr. Báez encuentra respaldo suficiente en las constancias de la causa, valoradas de acuerdo a las pautas legales que rigen el juicio de probabilidad que debe efectuarse al momento de evaluar la procedencia de una medida preventiva, restrictiva de la libertad, en cualquiera de sus modalidades”, arrgumentó la magistrada.Luego, cuestionó que ni el Tribunal de Juicio y Apelaciones ni la Cámara de Casación Penal respondieron al planteo de la defensa sobre “por qué la prisión domiciliaria no sería apta para neutralizar el riesgo de fuga”. Luego, se explayó sobre los fundamentos en la discusión que se dieron en ambas instancias sobre esta cuestión, y concluyó que debe otorgarse la domiciliaria a Báez, con tobillera electrónica.Finalmente, Schumacher (quien pretendía apartarse de este expediente) acompañó el voto de Soage. Sorprendió a propios y extraños que la decisión sobre Báez se diferenció de la adoptada respecto de la situación del exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado, Juan Pablo Aguilera, quienes tienen como única restricción no salir de Concordia o de Paraná, respectivamente. Pero mientras que a Báez se le irán computando estos días en su casa quinta, como prisión domiciliaria, no sucederá lo mismo con Urribarri y Aguilera.Al momento en que quede disponible una tobillera electrónica, el exministro será trasladado desde la cárcel hasta el lugar donde fijó domicilio: la enorme casa quinta de su propiedad ubicada en e calle Jozami casi Gobernador Crespo. La medida no sería inmediata, sino que, primero, debe quedar disponible una tobillera. Como la lista es larga, generalmente, al menos hasta el año pasado, había una espera de cinco o siete días. Luego, el personal del sistema de monitoreo electrónico del Servicio Penitenciario de Entre Ríos debe realizar un estudio del domicilio donde se cumplirá la medida cautelar, dónde se instalará la base de la tobillera y desde ahí cuántos metros se podría mover Báez. La quinta de la calle Jozami es un lugar rodeado de vegetación y pocas viviendas, calles angostas y nulo tránsito. La vivienda que aparece como propiedad de alquiler en sitios de internet como “la quinta del Chivato”, también tiene su historia: en enero de 2010, Báez y su pareja Sofía Riquelme compraron un amplio terreno en esa zona de la Toma Vieja de Paraná. Allí edificaron la lujosa propiedad a la que le fueron anexando terrenos linderos hasta superar los 4.000 metros cuadrados de superficie (tiene aproximadamente unos 65 metros de ancho y 70 metros de fondo) y construyeron dos casas más.Las tres unidades en un tiempo fueron alquiladas para turismo y eventos, y la promocionaban por sus características: “Se destaca por su diseño arquitectónico sofisticado y contemporáneo con sutiles terminaciones en un estilo minimalista, único en la ciudad, con una gran participación y protagonismo del verde y los espacios al aire libre”.“Desde cualquier punto de la casa puede observarse la vegetación, logrando una gran interacción entre el interior y el exterior”, se describe en los portales. También se detallan comodidades como el microcine, el hidromasaje, el centro de fitness, la cancha de fútbol con vestuarios e iluminación nocturna, el solárium y la pileta climatizada.Báez, ex empleado del Instituto de la Vivienda y luego del Senado provincial, fue funcionario municipal de Hernán Orduna en la comuna de Concordia (período 1999/2003) y luego director de Información Pública con la llegada de Sergio Urribarri a la Gobernación, en 2007. En el segundo mandato fue ascendido a ministro de Cultura y Comunicación (cargo creado por el entonces mandatario, en 2011) y cuando terminó tal administración pasó a ser diputado provincial del peronismo entrerriano. Fue condenado a 6 años de cárcel por delitos de corrupción, en el denominado Megajuicio donde Urribarri resultó sentenciado a 8 años de prisión y, a la vez, tiene una causa por enriquecimiento ilícito, cuya elevación a juicio se concretaría a principios de este 2025. (I: Analisis)

En la oportunidad, con la participación de los legisladores y las legisladoras de cada Comisión, se dialogó sobre el expediente por el que se crean 70 cargos en el ámbito del Poder Judicial y que cuenta con estado parlamentario.

Por otra parte, la Sala Penal del STJER presidida por el vocal Daniel Carubia; e integrada también por la vocal Claudia Mizawak y el vocal Miguel Ángel Giorgio, participaron de una reunión en la comisión de Legislación General, ocasión en la que abordaron aspectos del proyecto de ley de reforma del Código Procesal Penal ya en tratamiento. 

La vicepresidenta STJER, vocal Laura Mariana Soage, junto a la vocal Gisela Schumacher, presidieron el encuentro que tuvo lugar este jueves en el Salón de Acuerdos del edificio de Tribunales en Paraná.Participaron, además de los representantes de los colegios profesionales, los integrantes de la comisión que trabaja en la reforma del Reglamento. Entre ellos, la presidenta de la Cámara 2° Civil y Comercial de Paraná, Andrea Morales, la secretaria de la Cámara, Noelia Telagorri; de la Mesa Ünica Informatizada (MUI) , María Belén Canale, la agente judicial Candelaria Vírgala y vía zoom, hizo lo propio la secretaria del Juzgado N°1 Civil y Comercial de La Paz María Virginia Latini,Al abrir la reunión, la vocal Soage destacó que “es muy importante y valiosa la labor de los y las peritos para el servicio de Justicia. Necesitamos dignificar su tarea; que su trabajo sea de calidad y mejorar los tiempos de un proceso. Son elementos que ayudan a alcanzar una Justicia más eficaz. No podemos hacer una mejora del sistema sin escucharnos”, dijo la vocal Soage al abrir la reunión en el Salón de Acuerdos.La vocal Schumacher coincidió en la necesidad de mejorar la eficacia del sistema judicial, destacó la trascendencia de la labor de los peritos para la Justicia y precisó que “es vital reducir el tiempo pericial”. Propuso un cronograma de actividades concretas, el diseño de manuales básicos asincrónicos y que se remitan sugerencias para la confección del nuevo reglamento.Finalmente precisó que el desafío para el año próximo será “alcanzar un sistema unificado para peritos”. Y anticipó que a esta  reunión le seguirá otra con profesionales que no están colegiados.Estuvieron presentes Colegio de Asistentes Sociales de entre Ríos; Colegio de Licenciados y Técnicos de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional de la provincia de Entre Ríos; Colegio de Corredores Públicos de Entre Ríos; Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos; Colegio de Ingenieros en Ciencias Informáticas de Entre Ríos; Colegio de Psicólogos de Entre Ríos; Colegio de Terapistas Ocupacionales de Entre Ríos; Colegio de Psicopedagogos de Entre Ríos; Colegio de la Abogacía de Entre Ríos; Colegio de Kinesiologos de Entre Ríos; Colegio de Veterinarios de Entre Ríos; Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos; Colegio de Martilleros Públicos de Entre Ríos; Colegio de Odontólogos Entre Ríos; Colegio de Agrimensores de Entre Ríos ; Colegio de Escribanos de Entre Ríos; Colegio de Ciencias Naturales de Entre Ríos; Colegio de Ingenieros Civiles de Entre Ríos. 

Portela asumió como presidente del STJ el 1° de febrero “Quiero darle una vuelta de tuerca al Poder Judicial, acercarlo a la gente y que recupere la confianza”, aseguró en una entrevista con El Día de Gualeguaychú, ciudad de la que es oriundo.“El contexto está marcado por una grave crisis de confianza en las instituciones y el Poder Judicial no es ajeno a este desprestigio. No podemos ni debemos ignorarlo. Es por eso que me parece sumamente importante que la gente conozca lo que hace el Poder Judicial y que dimensionen lo presente que está en su vida. Históricamente ha estado sometido a silencio sin salir hablar o de mostrar públicamente lo que hace, ya sea por motivos históricos, culturales, políticos… Por lo general, la Justicia resuelve casos concretos y mi intención es incorporarla a la vida de las instituciones y de la sociedad como un poder del estado que no es ajeno a los vaivenes de la realidad y de las crisis”, expuso.“Queremos que la gente sepa qué es el Poder Judicial y cómo funciona, dónde y cómo puede defender sus derechos. Para eso también estamos promocionando varios programas en la primaria y en la secundaria. Los chicos a los 17 años pueden votar y no pueden firmar un contrato. Hay que hacer docencia, hay que enseñarles todas esas responsabilidades. Va a ser muy interesante, hay muchos aspectos para abordar”, continuó. “Mi objeto es trabajar por una justicia cercana a la gente y conocer a las personas sobre quienes nuestras decisiones repercuten. Creo que cuando la distancia se hace irreductible corremos el riesgo de olvidarnos de que detrás de cada expediente hay alguien de carne y hueso esperando una sentencia y, de esa manera, nuestro trabajo pierde su sentido, que es servir al valor justicia para colaborar con la pacificación social”, detalló.Además, Portela se propuso “no perder el impulso respecto de algunas cuestiones que estamos llevando adelante como es la igualdad de género, la defensa de los más vulnerables y de la salud mental. Hay muchos procesos dando vueltas sobre eso que no se conocen porque uno resguarda la intimidad de las personas, pero en eso el Poder Judicial interviene mucho”, indicó.“También la Justicia resguarda el derecho de la propiedad, es la última valla de defensa de este derecho y todo el mundo acude a él cuando tiene un problema de este tipo. Entonces son todas situaciones que tenemos que seguir cuidando y no acostumbrarnos a que nada funciona. Tenemos que ser conscientes de que somos servidoras y servidores públicos con una tarea esencial para la vigencia del Estado de derecho y que nuestra prioridad debe ser el interés de la ciudadanía”, acotó. “Este principio rector de todo sistema democrático es lo que nos obliga a mantener un vínculo fluido y respetuoso con todos los actores institucionales”, resumió el juez.

Reforma políticaRespecto a la participación de la Justicia en la presentación del proyecto de reforma política y electoral para la provincia por parte del gobernador Rogelio Frigerio, Portela dijo que asistieron al acto de apertura del debate “en calidad de órgano de aplicación de la ley.“Tenemos que resolver todas las cuestiones que se van presentando, no solamente organizar la elección, sino también correr con la logística y resolver los cuestionamientos que hacen los partidos. Nos convocaron para que demos nuestra visión y nos pareció muy bien la iniciativa, una buenísima idea”, valoró. Asimismo, reveló que junto a otras provincias pretenden un sistema más federal y algunas reformas importante a nivel nacional: “Queremos llevar también a la Nación un mensaje desde las provincias: necesitamos que el federalismo se respete”, sostuvo. Sobre la igualdad de género añadió que “en el Poder Judicial existe el cupo de género y debe cumplirse: las mujeres tienen que ocupar lugares importantes”, argumentó finalmente. 

Esta debe ser una jornada de reflexión, concientización, sensibilización e información sobre la necesidad de proteger y hacer valer los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, para proyectar una educación para la igualdad. 

Por otra parte, Medina dijo que �Salgunas ideologías de género pretenden dejar de lado y superar la idea de la mujer, y eso supone anular el valor de la experiencia de las mujeres en la lucha por sus derechos. No creo que ese sea el camino.

����La sociedad necesita del valioso aporte de las mujeres, y eso es algo por lo que hay que seguir luchando. Esa potencia creadora de las mujeres, que tenemos constitutivamente, inherentemente, hay que saber aprovecharla.

����Las mujeres hemos sido creadoras de la humanidad, no solo de hijos, creadoras de cultura, de ciencia, del conocimiento que inventaron las mujeres en la prehistoria, en el neolítico, tiene que ser valorada y recuperada⬝.  

Asimismo, afirmó: �SBien sabemos que hombres y mujeres somos diferentes por naturaleza, pero somos iguales en derechos, en dignidad, en capacidad y en sueños. Se trata de caminar juntos y ser iguales en las diferencias⬝.  

En el marco del Año Internacional de la Mujer en 1975, la ONU estableció esta fecha que recuerda la tragedia ocurrida en 1908, cuando 129 mujeres murieron en un incendio provocado en la fábrica Cotton, de Nueva York, por reclamar mejores condiciones laborales y salarios. 

Años más tarde, el 25 de marzo de 1911, otra tragedia similar ocurrida en la fábrica Triangle Shirtwaist, de Nueva York, causó la muerte de numerosas trabajadoras textiles también por reclamar mejores condiciones laborales. 

Distinción de mujeres

juezas peruanas 

En tanto, Medina participará de la jornada de trabajo, que se realizará en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre políticas judiciales de género y se firmará un convenio de trabajo conjunto.   

Por otra parte, Susana Medina recibirá un Diploma de Honor de la presidenta de la Asociación Peruana de Mujeres Juezas por su valioso apoyo en la formación de dicha asociación, así como por lograr su afiliación a la International Association of Women Judges (IAWJ) y fomentar el asociacionismo de las juezas para fortalecer la justicia de género.