Del encuentro, realizado en el Salón de Acuerdos del STJ, participaron el presidente de la entidad, Santiago Esquivel; el vicepresidente segundo, Pablo Tanger; la secretaria, Analía Coria; la presidenta y el vocal de la sección Villaguay, Adriana Silvina Molina y Mauricio Medail; y la presidenta y el vicepresidente de la sección La Paz, Gladys Beatriz Colli y Juan Marusich.En la oportunidad se abordaron cuestiones referidas al Poder Judicial y el ejercicio de la profesión.Al respecto y, sin perjuicio de haber escuchado las inquietudes de las Secciones Villaguay y La Paz, se les transmitió la necesidad de que se las canalicen por la comisión directiva del Colegio de la Abogacía, a efectos de poder ser abordadas por el STJER orgánicamente.

 Previo al acto, el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), vocal Germán Carlomagno; la vocal Susana Medina; el vocal Miguel Ángel Giorgio y las vocales Claudia Mizawak, Gisela Schumacher y Laura Mariana Soage recibieron a Aída Kemelmajer en el Salón de Acuerdos del STJ. La vocal y directora académica del Instituto (ad honorem), Susana Medina, estuvo a cargo de la apertura del evento y dio las palabras de bienvenida a los presentes.En la oportunidad, Susana Medina destacó que el Instituto “Dr. Juan Bautista Alberdi” cumple 31 años “de formación y educación judicial, y desde los últimos 10 los ha acompañado la doctora Aída Kemelmajer abriendo el año académico, lo que es un privilegio para la institución porque apostamos a la educación, a la formación y al perfeccionamiento judicial continuo, apuntando a un servicio de justicia de calidad, eficiente, cercano a la gente y con perspectiva de género”.A continuación invitó a los presentes a ver un video donde se resumió la actividad de la disertante en estos últimos 10 años, agradeciéndole por “ser parte de la historia viva del Instituto Alberdi”.A su turno, Kemelmajer inició su exposición con un “video disparador” para comenzar a exponer la temática “chances” y cómo se ha tratado en diversos fallos y casos puntuales.En su disertación realizó un análisis con ejemplos puntuales de diversos aspectos de esa figura jurídica, cómo debe estar sustentada en hechos objetivos y el piso de racionabilidad exigido en el derecho, y qué ocurrió en estos 10 años de vigencia en el Código Civil y Comercial.Estuvieron presentes la procuradora adjunta del Ministerio Público Fiscal, Mónica Carmona y el procurador adjunto, César Cesario; el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Alejandro Cánepa y el presidente del Colegio de la Abogacia de Entre Ríos, Santiago Esquivel, entre otras autoridades.La actividad se efectuó en el Salón Lucio Dato del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, en Paraná y estuvo destinada a integrantes del Poder Judicial, profesionales de la abogacía y personas interesadas en la temática.Aída Kemelmajer fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Doctora Honoris Causa de las universidades de Paris XII y de Montpellier, de la Universidad Nacional de La Habana, y de las Universidades de Buenos Aires; Rosario; Córdoba; del Litoral; Tucumán y La Plata, entre otras. También es Académica de número de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires y correspondiente de la Academia Cubana de Ciencias y de Derecho de Madrid, Colombia y Paraguay. También integró la comisión que preparó el anteproyecto que dio lugar al Código Civil y Comercial argentino, vigente desde 2015. 

Durante la audiencia se abordaron diversos temas de carácter institucional vinculados al funcionamiento del servicio de Justicia y a la agenda de trabajo prevista para el año en curso. En ese marco, se intercambiaron consideraciones sobre aspectos organizativos, administrativos y presupuestarios, así como sobre iniciativas orientadas a fortalecer la calidad y eficiencia del sistema judicial en la provincia.Dialogaron además sobre la importancia de continuar promoviendo instancias de cooperación y articulación entre los poderes del Estado, en el marco del respeto a la independencia y autonomía que la Constitución garantiza a cada uno de ellos.Coincidieron en la necesidad de sostener canales de comunicación institucional permanentes que permitan abordar de manera conjunta aquellos asuntos que inciden en la prestación del servicio de justicia y en la respuesta a las demandas de la ciudadanía.En el encuentro se expresó la voluntad de mantener pautas de trabajo coordinadas en pos de consolidar un servicio de justicia cada vez más eficiente y cercano a la comunidad entrerriana. 

La ceremonia fue encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, quien además suscribió un convenio de colaboración recíproca con el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, destinado a la puesta en valor del Palacio, uno de los sitios más emblemáticos de la historia institucional argentina.Desde el Poder Judicial se remarcó la trascendencia de la conmemoración, recordando que la Batalla de Caseros marcó un punto de inflexión en la organización nacional y en el desarrollo del sistema republicano.En tanto, durante la jornada de hoy, el Dr. Carlomagno y la Dra. Soage visitaron la sede de los Tribunales de Concepción del Uruguay, a partir de una inquietud planteada por un organismo jurisdiccional. En la oportunidad mantuvieron reuniones con camaristas de los distintos fueros, interiorizándose sobre aspectos vinculados al funcionamiento del servicio de justicia y a las necesidades propias de la actividad judicial en esa jurisdicción.La presencia de las autoridades del STJ en la ciudad permitió generar un espacio de diálogo directo con magistrados y reforzar el compromiso institucional con el fortalecimiento del sistema judicial entrerriano. 

Los diputados oficialistas confeccionaron un dictamen mayoritario, en base a lo consignado por la vocal Medina de Rizzo y por sus abogados defensores. En días recientes circuló por WhatsApp de los propios diputados el texto de 21 páginas y la propia presidenta de la comisión, Gabriela Lena (JxC Federación) expresó: “Si alguien quiere hacer alguna acotación al respecto, lo puede hacer”. Obviamente, nadie tocó una coma y menos los diputados del peronismo, que se opusieron a ese dictamen. El texto tuvo una conclusión mayoritaria, sin investigar las más de mil fojas que habían llegado desde la Administración del STJ -tras el pedido concreto de la Comisión de Juicio Político-; como tampoco el informe de Migraciones, con los 60 viajes por el mundo que realizó la jueza, ni el documento del Tribunal de Cuentas, cuyo anexo no había llegado hasta el viernes pasado.Si bien había dos diputadas del peronismo que podían votar a favor del dictamen mayoritario (como los casos de Mariel Ávila y la exviceintendenta de Paraná, Andrea Zoff), desde la conducción del bloque del PJ, liderado por Laura Stratta, se indicó que nadie de la oposición estaba dispuesto “a sacar los pies del plato”. Y, por ende, el voto en contra del dictamen de la mayoría era un hecho.

El punto en cuestión fue que, al parecer, el gobernador Rogelio Frigerio -que incidió firmemente sobre sus diputados, para que rechacen el pedido de juicio político a Medina- les exigió a sus legisladores que se ocupen de seducir y convencer a sus pares de la oposición, para que también adhieran al planteo a favor de la vocal. “Frigerio es jefe político de ustedes, pero no nuestro. En eso están muy equivocados”, le dijo uno de los legisladores del PJ a la diputada Lena, en las negociaciones del viernes pasado, previo a la última de las dos sesiones previstas para ese día. Por eso, cuando los diputados fueron a la sesión de las 16 horas (tras el fracaso de la prevista para las 14), lo hicieron sabiendo que solamente iban a estar allí, todos juntos, para rechazar el tercer pedido de juicio político realizado por una empleada de Tribunales, que había sufrido situaciones de violencia de parte de la magistrada. De hecho, ello ocurrió y se levantó la sesión, porque si se avanzaba en el otro sentido, los diputados se iban a retirar del recinto y no darían el quorum correspondiente.La diputada Lena, al tomar la palabra, dijo que el dictamen se trataría en “una próxima sesión”, pero no especificó cuándo. Queda claro que este lunes no será y vaya a saber si convocan para el martes o bien ya pasan para el 2, 3 o 5 de enero. Así se dejarían caer los plazos y el caso Medina pasaría al archivo.

Mientras tanto, la vocal iba a viajar en avión rumbo a Brasil, para pasar fin de año con su hija mayor, exintegrante de la Fuerza Aérea Argentina y que cumple funciones en la empresa Boeing, en Porto Alegre, pero finalmente desistió. Mientras tanto, hay quienes sostienen que en los próximos días iniciaría los trámites jubilatorios y renunciaría al cargo de jueza. Por lo menos eso fue lo que les aseguró a varios de sus más allegados y también se lo habría comunicado a personas cercanas al gobernador Frigerio, tras manifestarse “cansada y deprimida” por la situación crítica que vive y el nivel de exposición que ello le determina, además del hecho de haber renunciado a la presidencia a la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), que era su principal lugar de poder para cada uno de sus movimientos en el país y el mundo. Otros, más distantes, indican que Medina no renunciaría y seguiría por un buen tiempo más como vocal del STJ. (Análisis)

El propósito es optimizar la infraestructura institucional, mejorar las condiciones de trabajo y fortalecer la calidad del servicio a la ciudadanía. Las intervenciones, que demandarán una inversión total de 450 millones de pesos, fueron programadas para comenzar antes del receso judicial de enero, con el objetivo de aprovechar ese período para ejecutar las tareas que generan mayor afectación a la actividad diaria, tomando en cuenta la menor circulación de personas en los edificios durante esas semanas. Las obras incluyen reparación de cubiertas y filtraciones, adecuación de instalaciones eléctricas y sanitarias, arreglos de mampostería y reemplazo de carpinterías, trabajos de pintura, reparaciones estructurales, refuncionalización de áreas internas y mantenimiento general, según las necesidades detectadas en cada sede. Los trabajos se desarrollarán en las ciudades de Paraná, Concordia, Gualeguaychú, La Paz, Victoria, Chajarí, Rosario del Tala, San José de Feliciano, General Ramírez, Villa Domínguez y General Campos. Una de las dieciséis obras ya se encuentra en ejecución (en Concordia), mientras que el inicio de las restantes está previsto para los próximos días.Desde la Dirección de Arquitectura Judicial detallaron que los plazos de ejecución oscilan entre 21 y 120 días, dependiendo de la complejidad técnica y del alcance de cada intervención.“Esta planificación permite intervenir con mayor intensidad durante el receso, avanzando en obras necesarias para garantizar mejores condiciones edilicias y un servicio de justicia más eficiente”, señalaron desde el área técnica. 

El pedido lleva la firma del docente Eugenio Jacquemain, histórico dirigente de la agrupación Rojo y Negro de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) de Gualeguaychú. Según pudo saber ANÁLISIS, Jacquemain llegó a Casa de Gobierno pasadas las 10 de la mañana y se dirigió a la Mesa de Entradas de la cámara baja acompañado por el profesor y dirigente César Baudino, ex secretario general del sindicato de docentes.La presentación está dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein. Allí se solicita la apertura del trámite para evaluar la conducta funcional de la vocal, cuya actuación -expuesta y corroborada por información oficial del STJ y por hechos de público conocimiento- “configura mal desempeño, afectación a los deberes de conducta, compromisos éticos incompatibles con la magistratura y vulneración del principio de independencia y probidad judicial”.

En el texto se mencionan las constancias oficiales del STJ y la investigación periodística de ANÁLISIS. “Surgen con claridad patrones reiterados de comportamiento que comprometen gravemente los deberes institucionales de la magistrada denunciada”, se indica.

En esa fecha, el servicio de Justicia será garantizado por magistrados/as, funcionarios/as y personal que atenderán los casos de urgencia. También funcionará la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial 0800-444-6372. 

Pasaron dos gobiernos y medio y una pandemia, entre otros hechos relevantes, hasta que la Corte resolvió que aquel recurso no estaba bien fundamentado, por lo que devolvió el expediente a Entre Ríos. Ahora, los vocales de la Sala Penal del STJ Daniel Carubia y Claudia Mizawak, a quienes les rechazaron la excusación para intervenir, junto a un tercer vocal (la excusación de Miguel Ángel Giorgio había sido aceptada) deberán resolver acerca de las críticas a la sentencia condenatoria presentada por los abogados defensores.Las condenas por hechos de corrupción ocurridos más de un cuarto de siglo atrás, aún no está firme.La causa, desde su inicio, fue dilatada y cajoneada durante los primeros años. En 2013, la jueza de Instrucción Marina Barbagelatta dictó el procesamiento de Alanís, Re y los demás imputados (el sobrino del exvicegobernador Maximiliano Alanis; el exdirector administrativo del Senado, José Crettón Pereyra, y el exlegislador Elcio Viollaz), por Peculado. Esta resolución fue anulada al año siguiente por el Tribunal de Apelaciones, integrado por Elvio Garzón, Hugo Perotti y Miguel Ángel Giorgio, quienes dictaron el sobreseimiento de los acusados. Luego, la Sala Penal del STJ revocó este sobreseimiento con el voto de Carubia y Carlos Chiara Díaz, mientras que Mizawak se abstuvo debido a esta mayoría en el fallo. En 2015 los exfuncionarios fueron procesados nuevamente. Viollaz falleció en 2014.En 2018 fue el juicio: Maximiliano Alanis y Crettón Pereyra firmaron un juicio abreviado y acordaron 2 años y 8 meses de prisión condicional. Luego del debate, donde la Fiscalía pidió 5 años y medio de cárcel para los dos principales involucrados en la trama de corrupción, se dictó la condena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva. Los defensores recurrieron esta sentencia y llegaron a la Sala Penal del STJ, donde la causa se volvió a empantanar.¿Qué pasó? Los tres actuales vocales de esta Sala se excusaron por ya haber intervenido en el proceso. Se conformó un tribunal para analizar estas excusaciones: se la aceptaron a Giorgio (porque había dictado el sobreseimiento en aquella oportunidad cuando era juez de la apelación) pero se la rechazaron a Carubia y a Mizawak, por considerar que nunca se expidieron sobre la cuestión de fondo de la causa. Lo curioso es que no solo los jueces querían apartarse, sino también los defensores y el Ministerio Público Fiscal. Es decir, todos, con el fin de garantizar parcialidad en la sentencia final.

El procurador general de Entre Ríos Jorge García acudió ante la Corte Suprema nacional por este conflicto (el recurso fue acompañado con el visto bueno de la defensa), en 2019, cuando la causa volvió a dormir el sueño de los justos. El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, emitió un dictamen de ocho páginas en el cual consideró que debía hacerse lugar al recurso y revocar la decisión criticada por todas las partes.Enfatizó que “la garantía a un tribunal imparcial es un elemento del derecho a la inviolabilidad de la defensa en juicio”.Sostuvo que García “lleva la razón, en tanto el trámite de las actuaciones respalda el temor de parcialidad alegado” y que el caso “puede comprometer los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de corrupción”.Casal consideró que la cuestión era “evidente en el caso de la excusación del juez Carubia”, ya que “evaluó la fiabilidad de los testimonios y la prueba documental”. Respecto a Mizawak, indicó que aunque se abstuvo de votar en la resolución final que anuló el sobreseimiento (debido a la coincidencia de los dos votos anteriores), ella intervino activamente a lo largo de todo el procedimiento de impugnación.Finalmente, el 23 de octubre de 2025, los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, resolvieron “que el recurso extraordinario no cumple con el requisito de fundamentación autónoma (artículo 15 de la ley 48). Por ello, y habiendo dictaminado el señor Procurador General de la Nación interino, se lo desestima. Notifíquese y devuélvase”.Ahora sí, la Sala Penal del STJ entrerriano deberá resolver finalmente si queda firme o no la condena por el escándalo del robo de dinero del Senado provincial hace 26 años. (I:ANÁLISIS)

El Gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, solicitó a la Cámara de Senadores la designación de conjueces para reemplazar a algún vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) según las disposiciones del artículo 36 de la Ley Nº 6.902 de Orgánica del Poder Judicial. El pedido ingresará en la sesión de este martes 28 y sería tratado en la que se realizará el miércoles 29.

El listado de nombres que remitió el Poder Ejecutivo a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, comprende a  Jorge Marcelo D’Agostino, ex diputado radical; Analía Cardoso; Juan Martín Pita, vocal titular sexto del Colegio de Abogados y jurado técnico por el estamento  abogados en la especialidad civil y comercial del Consejo de la Magistratura; Cristina Lucía Enderle; Livio Pablo Hojman; Magdalena Vinacur.

También remitió solicitudes respecto de Martín Julián Acevedo Miño, ex secretario de Justicia de la gestión de gobierno; Carina Manuela Ramos, ex diputada y funcionaria municipal de origen justicialista; Alfredo Alejandro Vitale; Andrea Belén Saxer, vicepresidenta segunda del Colegio de la Abogacía de procedencia radical; Agustín Turinetto; Verónica María Mulone, exintegrante del Honorable Jurado de Enjuiciamiento; Germán Alejandro Manucci; María Belén Ríos; Laureano Germán Ríos; Mariana Farfán, ex concejal justicialista de Gualeguaychú; Fabricio Testa y Evangelina Marisa Bartoli.Entre los casos que podrían intervenir –de ser necesario- por  recusación, excusación, licencia o vacancia de alguno de los vocales del STJ, se encuentra en de la fiscal Cecilia Goyeneche, que fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento que presidió Mulone. En el inicio del proceso, Mulone sorprendió a sus pares cuando expresó que no estaba de acuerdo en llevar adelante el proceso de naturaleza política porque no estaba de acuerdo con la integración del cuerpo. Posteriormente la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la destitución por la integración del Jury. En el caso resta definir situaciones que podrían ameritar el reemplazo de vocales del Alto Cuerpo que ya intervinieron en distintas instancias del alongado proceso.

Similar situación podría suscitarse en el caso que comprende a la exjueza de Familia de Diamante, Josefina Etienot, que fue destituida por al Jury. Lo inusual del proceso que al destituyó consistió en que la acusada ni su defensa se presentaron al proceso y el procurador general, Jorge García, desistió de participar del proceso –aunque se sentó en todas las jornadas que insumió la audiencia- y adelantó que no iba a formular preguntas ni sostener los cargos que se le endilgaron a Etientot por violencia laboral.

ReemplazoEl Poder Ejecutivo remitió el listado según las disposiciones del artículo Nº 36 de la Ley Nº 6.902 de Orgánica del Poder Judicial que versa sobre el “Reemplazo”. Así, determina que “en caso de recusación, excusación, licencia o vacancia de alguno de los miembros del Superior Tribunal, será suplido por los vocales de las Cámaras Primera, Segunda y Tercera de la ciudad de Paraná”.También prescribe que “si el Tribunal no pudiera integrarse por el procedimiento indicado, se practicará un sorteo ante el Superior Tribunal de una lista de conjueces hasta completar el número para fallar. Los Conjueces del Superior Tribunal en número de 18 serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. La designación deberá recaer en abogados que reúnan los requisitos del artículo 149º de la Constitución Provincial y tendrá una duración de dos años”.El artículo también regula que aquel “plazo se extenderá únicamente para que el conjuez resuelva las causas en que hubiera sido sorteado y hasta tanto se dicte pronunciamiento. No podrán ser designados conjueces quienes, al tiempo de su designación para integrar la lista respectiva, fueran funcionarios u ocuparen cargos de jerarquía en el ámbito del Poder Ejecutivo o Legislativo de la Provincia, siendo inválido el nombramiento que se hiciere en contravención a esta prohibició”.

Finalmente dispone que “si no se hubiera conformado la lista de conjueces o esta resultara insuficiente para integrar el Tribunal, se realizará una nómina de abogados que satisfagan los recaudos del artículo 149º de la Constitución de Entre Ríos la que resultará de un sorteo público”. 

El máximo tribunal hizo lugar al recurso de la defensa y dispuso el cambio de jurisdicción: el juicio por jurados no podrá realizarse en ninguno de los departamentos de la Costa del Uruguay.Querencio, que cumple arresto domiciliario, fue denunciado en 2019 por la madre de la víctima, quien aseguró que su hija –menor de edad– fue manipulada con regalos, hostigada y sometida sexualmente durante más de un año. Según esa denuncia, incluso habría sido obligada a mantener relaciones en la propia Jefatura, donde él ejercía el máximo poder policial.La causa tuvo un extenso recorrido judicial: tras la condena en 2023, apelaciones y fallos contradictorios, el STJ resolvió ahora trasladar el proceso a otra jurisdicción, abriendo un nuevo capítulo en un caso que expone con crudeza cómo un funcionario de alto rango habría usado su cargo para abusar de una menor.

Su objetivo es agilizar la respuesta ante casos de violencia de género, gestionando de manera centralizada y automatizada las solicitudes de alojamiento, ya sea en casas de acogida, refugios protegidos u hogares transitorios.

Se trata de un módulo diseñado para funcionar de manera integrada al Formulario de Predicción Temprana de Riesgo, ya operativo en el SIAV. A través de una clave de identificación segura, los organismos involucrados podrán acceder desde la misma interfaz web.

En el Salón de Acuerdos del STJ estuvieron su presidente, vocal Leonardo Portela; la titular la de Secretaría de Superintendencia Nº 1, Elena Salomón; la directora de Gestión Humana, María José Vieyra; el director de Informática Jurídica, Omar Pagliotto; y la directora de la Oficina de la Mujer, Fernanda Baima; entre otras autoridades y funcionarios del Poder Judicial.

Por su parte, y mediante videoconferencia, la Asociación Civil DataGénero estuvo representada por Ivana Feldfever, quien participó junto a los desarrolladores Luciano Labenna y Julián Ansaldo.

El encuentro sirvió para conocer un informe sobre el avance del trabajo de los desarrolladores y acordar etapas para el cumplimiento de los objetivos trazados.

La inscripción será online, a partir del 4 de agosto del corriente año y hasta el 13 a las 13 de ese mes, a través de un formulario que estará disponible en la página web del Poder Judicial de Entre Ríos (www.jusentrerios.gov.ar) dentro de la sección Concursos.Los/as interesados/as deberán adjuntar sólo los documentos referidos a los requisitos mínimos exigidos.No podrán inscribirse quienes a la fecha del cierre del período de inscripción no reúnan la totalidad de los requisitos exigidos en la convocatoria, conforme las incompatibilidades establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.La asesoría tiene entre sus funciones brindar orientación legal a las áreas administrativas del STJER en materia de derecho administrativo, laboral y contractual, entre otras.También debe elaborar dictámenes sobre cuestiones legales que le sean requeridas por las áreas administrativas del STJ, contribuyendo a que los trámites cumplan con las leyes y regulaciones aplicables, identificando y mitigando posibles riesgos legales.

Además contempla la elaboración de proyectos de actos administrativos para contrataciones, certificados, ampliaciones de contratos, rescisiones de obras públicas y todo tipo de acto que se le requiera; entre otros aspectos.

RequisitosTítulo de abogado/a con cinco años como mínimo de ejercicio de la profesión (excluyente) y preferentemente especialidad en Derecho Administrativo y/o Derecho Público.Experiencia en áreas de asesoramiento legal y técnico de organismos públicos, mínimo dos años. La misma deberá acreditarse mediante certificación expedida por autoridad la competente, donde conste detalle de las funciones. 

A modo de balance de gestión del año que finaliza, el presidente del STJ dio a conocer las estadísticas del trabajo realizado en el Poder judicial en el periodo mencionado anteriormente. Las mismas incluyen más de 1 millón de presentaciones digitales de abogados/as (1.001.920).Portela aclaró que estas cifras reflejan solamente una parte de las actividades y funciones de este poder del Estado, ya que no incluyen los actos que por sus características de servicio no generan registro electrónico y que representan también formas de atención al justiciable, como las audiencias voluntarias que prestan los funcionarios de los Juzgados de Paz de 2° y 3° categoría.En todos los fueros e instancias de la provincia se dictaron 47.202 sentencias definitivas y 84.012 sentencias interlocutorias. Estas cantidades se desagregan de la siguiente manera:* En órganos de primera instancia, en materia no penal (Civil-Comercial, Familia, Paz, Laboral, Contencioso-Administrativo y Constitucional), se dictaron 41.258 sentencias definitivas y 64.459 resoluciones interlocutorias. Esto hace un total de 105.717 sentencias, de las cuales 805 corresponden a sentencias dictadas en Procedimientos Constitucionales (amparos).* En materia penal se dictaron 5.944 sentencias y 18.947 autos, incluyendo Garantías y Tribunal de Juicio.* En segunda instancia, en órganos no penales, se dictaron 1.949 sentencias y 2.091 autos, totalizando 4.864 resoluciones.* En segunda instancia, en órganos penales se dictaron 539 sentencias y 535 autos. Un total de 1.074 resoluciones.* En última instancia, las Salas del Superior Tribunal de Justicia y el Tribunal en Pleno dictaron 1.099 sentencias y 491 autos: 1.590 en total.Además, en primera instancia se realizaron 26.824 audiencias, sin contar las voluntarias celebradas ante jueces y juezas de Paz de Segunda y Tercera Categoría, las efectuadas en el marco de procesos de mediación civil o penal y las actuadas por órganos de instancias superiores.Balance positivo En base al trabajo indicado, Portela expresó que “sin perjuicio de que resulta difícil dimensionar los datos o ponerlos en contexto para quien no pertenece al Poder Judicial, lo cierto es que el año que termina, pese a que no ha sido sencillo, arroja un balance positivo”. En ese sentido destacó que “desde el Superior Tribunal lo comenzamos con mucha cautela, debido a que no podían preverse las repercusiones de las medidas económicas que se tomaron a nivel nacional.  Tan es así que a fines de 2023 se decidió suspender el plan de obra pública previsto para 2024. Esa prudencia permitió que se lograra desarrollar un plan de gobierno modesto pero consistente: tras un tiempo se continuó con un plan de obras que, aunque acotado, implicó el mantenimiento de todos los inmuebles propios y alquilados más la proyección de tres nuevos Juzgados de Paz; se logró invertir una suma considerable en tecnología; se llevó a cabo de manera ordenada el concurso más masivo del que se tiene conocimiento –alrededor de 5.000 personas para ingreso al Poder Judicial- ; se realizaron 34 juicios por jurados en toda la provincia, que exigieron el desembolso de casi doscientos millones de pesos; se avanzó en la renovación de la flota automotor sin costo –afectando vehículos decomisados a organizaciones delictivas-, y se comenzó a desconcentrar el área de mantenimiento en las distintas jurisdicciones, para abaratar el costo de traslados y darle inmediatez a la solución de los problemas locales”.En relación al personal, Portela especificó que se avanzó en la regularización de la planta de agentes; se crearon algunos cargos destinados a coordinar la tarea de áreas específicas –como en los Equipos Técnicos Interdisciplinarios y las Oficinas de Gestión Única (OGU)- y se instaló como una herramienta confiable y muy práctica el portal de subastas electrónicas; entre otros temas. Por otro lado, desde el Tribunal se impulsaron diversas ideas y proyectos que tienen por objetivo ajustar el servicio de justicia a las necesidades actuales. En ese sentido, se comenzó a implementar por etapas y de manera satisfactoria en el fuero de familia la OGU, cuya función es asistir a las y los magistradas/os en las cuestiones administrativas para que se dediquen únicamente a su función. También se logró, luego de una ardua gestión comenzada en 2022, que la Legislatura provincial aprobara la ley de creación de 70 cargos para el Poder judicial (el pedido original fue de 152 cargos); se mantuvieron entrevistas permanentes con actores de la sociedad, tales como el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Justicia, distintos ministerios, intendentes, Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI), Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), sindicatos y asociaciones profesionales, entre otras.Proyectos para 2025Portela dijo que como desafíos quedaron varios temas pendientes para concluir en el próximo año, como la implementación del expediente electrónico; la instalación definitiva del software desarrollado por el área de informática propia, que permitirá dejar de abonar el sistema Lex doctor; el dictado de leyes para la creación de Juzgados de Familia en las localidades más grandes de la provincia, ya que es un fuero en emergencia (y nada indica que en el futuro esto se revierta); el dictado de la ley denominada “de remanentes financieros”, por la cual el presupuesto subejecutado, siempre y cuando no supere determinado porcentaje, sea mantenido en las partidas propias; la ley de creación de un fondo “anticíclico”, lo que permitirá aprovechar momentos de bonanza económica para afrontar crisis; la ley de creación de un canon al agente financiero, lo que permitirá obtener un retorno por el dinero de las cuentas judiciales que actualmente el banco dispone a tasa cero; el estudio e implementación de un rediseño de la estructura administrativa del Poder Judicial, para darle autonomía a las áreas técnicas dentro de su incumbencia; el proyecto de regularización del patrimonio del Poder judicial; el proyecto de reforma al “Reglamento de Mediación” y el proyecto de reforma a la ley 6.902, Ley Orgánica del Poder Judicial, para adaptarla a los tiempos que corren. Reconocimiento al personal judicialA modo de conclusión, el presidente del STJ sentenció: “Ha sido un año productivo pese a las necesidades económicas. Hay que reconocer que la actitud de los otros poderes del Estado ha facilitado la tarea, ya que se prestaron de manera permanente al diálogo y se pusieron a disposición cuando fueron requeridos sobre algún asunto”. Fundamentalmente, reconoció la entrega y el compromiso de los/as empleados/as del Poder Judicial. “Es cierto que en comparación con algunas áreas del resto de la administración pública, no toda, esto también es cierto, tenemos algunas ventajas; pero hay que tener en cuenta que vivimos intentando solucionar conflictos en una sociedad fragmentada y en permanente crisis. Es una actividad que agota física y mentalmente, por lo que no es casualidad que sea casi normal la presencia de afecciones psicológicas.Sin embargo, los empleados siguen poniendo el cuerpo y llevando a sus comunidades el fruto de su trabajo de manera sostenida”, agregó.

En la oportunidad brindaron precisiones respecto del proyecto de ley de creación de la Oficina de Gestión Única (OGU) que tiene por objetivo centralizar la actividad administrativa de los juzgados Civiles, de Familia y del Trabajo de la provincia.El fin del organismo es el de que la magistratura se dedique a su función específica y, de esa manera, brindar un mejor servicio de Justicia.

La misión de la OGU, creada oportunamente por el Superior Tribunal de Justicia,  es brindar soporte administrativo, de recursos humanos y técnico a los organismos jurisdiccionales del Fuero Civil y Comercial y de Familia -Juzgados y Cámaras- mediante la conformación de unidades de servicios comunes.Ahora se trabaja para que el organismo sea creado por Ley.

La implementación de la OGU se está implementando de manera progresiva, flexible y por etapas, y en función de ello los organismos involucrados deben reorganizarse a partir de la unificación de las Mesas de Entradas de los Juzgados a través de una Unidad de Atención General; unificación del agendamiento de audiencias; centralización de ingreso de causas y la progresiva separación de las funciones administrativas de las jurisdicciones a través de la elaboración de providencias de trámite unificadas. 

De la ceremonia que tuvo lugar en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia, participó la vicepresidenta del alto cuerpo, vocal Laura Mariana Soage y sus pares Daniel Carubia, Germán Carlomagno, Susana Medina, Claudia Mizawak, Miguel Ángel Giorgio y Gisela Schumacher. Además asistieron el procurador general, Jorge Amílcar García; el defensor general, Maximiliano Benítez; el presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, Mauro Vazón; y el secretario de Justicia, Martín Acevedo Miño.

El Año Judicial quedó inaugurado tras el discurso del presidente del Superior Tribunal de Justicia, quien le habló a la comunidad judicial y a los representantes de los otros dos poderes del Estado, incluido al gobernador.

Portela, durante su alocución llamó a la magistratura “a buscar el equilibrio permanente“, e instó a “trabajar por una justicia cercana a la gente y conocer a las personas sobre quienes nuestras decisiones repercuten. Creo que cuando la distancia se hace irreductible corremos el riesgo de olvidarnos de que detrás de cada expediente hay alguien de carne y hueso esperando una sentencia y, de esa manera, nuestro trabajo pierde su sentido más sublime, que es servir al valor justicia para colaborar con la pacificación social”.

"El encuentro, que se desarrolló en un clima de cordialidad y apertura, tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo, interacción y cooperación entre el sector agropecuario y el Poder Judicial entrerriano.

Asimismo, se trasladaron las principales preocupaciones de los productores en relación a la inseguridad, a los delitos cometidos en ámbitos rurales (contra la propiedad y las personas) y poner a disposición del Superior Tribunal información técnica productiva que permita dotar de mayores elementos a los funcionarios a la hora de aplicar normas con impacto en la actividad productiva", dijo el parte de prensa de la Mesa de Enlace.

Juan Diego Etchevehere, director de SRA por Entre Ríos, señaló: "Valoramos el alto grado de apertura del nuevo presidente del Superior Tribunal de Justicia para generar espacios institucionales de interacción y su interés por tomar conocimiento sobre una de las principales actividades productivas de la provincia y su impacto económico y social en la mayoría de las comunidades."

Al término de la reunión, los representantes de las entidades agropecuarias destacaron la predisposición de Portela para escuchar sus inquietudes y su compromiso para trabajar en conjunto en la búsqueda de soluciones.

Durante el encuentro, celebrado en el Salón de Acuerdos, se informó además a los gremios sobre cuestiones presupuestarias que eran de especial interés.

La representación de AJER estuvo integrada por su secretario general, Mario Brsnak, quien concurrió acompañado por José María Segura (secretario adjunto), Rosa Luggren (tesorera), Marcelo Beherens (secretario de actas) y Mariela Besel (secretaria Seccional Paraná).

Por la UEJN estuvieron presentes su secretaria general, Bibiana Starck; el secretario adjunto, Juan Manuel Morrise; y la secretaria de Administración, Silvia Martínez.

Portela fue electo el 11 de diciembre, con Laura Soage, vocal de la Sala Laboral, como vice. Sumó cuatro de los votos del cuerpo. Lo propuso Martín Carbonell y adhirieron Gisela Schumacher; Miguel Ángel Giorgio y Claudia Mizawak. El vocal Germán Carlomagno se abstuvo, al igual que Susana Medina y Daniel Carubia, presidenta y vice del STJ hasta ese momento.

El recambio de autoridades suele hacerse sin ningún acto protocolar. Sólo hay mudanza de despachos. Desde el jueves, Portela ocupará la oficina principal del segundo piso del edificio de Tribunales.

Los acuerdos (encuentros donde el Superior analiza y define asuntos jurídicos y también organizativos del Poder Judicial) se suelen realizar los días martes por la mañana, pero no está confirmado que el 6 de febrero se concrete el primero con Portela como presidente. Es costumbre que luego de la apertura del año legislativo por parte del Gobernador, quien ocupa la presidencia realice la del año judicial con un acto en el salón principal del STJ.

Tradicionalmente se concreta en los últimos días de febrero. Esa será la primera oportunidad en la que Portela hable como titular del Superior.

Portela nació en La Plata el 19 de septiembre de 1972. Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires en 2002. Tras ejercer la profesión en forma libre durante seis años, ingresó a la Justicia. Realizó toda su carrera judicial en Gualeguaychú, donde comenzó como secretario del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y llegó a ser Camarista de la Sala de Apelaciones.

En agosto de 2022, el STJ lo designó interinamente como vocal para cubrir el cargo que había dejado vacante Juan Ramón Smaldone en la Sala Civil. En septiembre de ese año fue propuesto para el cargo por el entonces gobernador Gustavo Bordet. En abril de 2023, el Senado aprobó su pliego junto con el de Soage, y a fines de mes, ambos asumieron sus vocalías.

Las inscripciones comenzaron el 8 de noviembre pasado y se extenderán hasta las 13, del 17 de noviembre. Es on line, en la página web del Poder Judicial, en la sección Concursos Abiertos. Es requisito excluyente contar con título de grado en Informática, -preferentemente con orientación biológica-, como ser: Lic. en Bioinformática. En su defecto se tendrán en cuenta las Licenciaturas en Informática; Ingeniería Informáticas, Sistemas o afines y demás requisitos exigidos en la convocatoria.Link para inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfach59-PnIH_0ZfdfCV31na6keSDcJpTBR-hNeOxMh4JF6nA/viewform