La senadora electa, Lorena Villaverde“Todas las acusaciones y falsas denuncias que se utilizaron para cuestionarme fueron investigadas exhaustivamente y, en todas ellas, fui sobreseída, tanto en Argentina como en Estados Unidos”, indicó con alusión a las denuncias por presuntos vínculos con el narcotráfico en Estados Unidos. Para la senadora electa, es “un relato armado y multiplicado por ciertos medios y periodistas”. Villaverde, quien se mostró este viernes con Karina Milei en el Congreso, remarcó que se someterá “exclusivamente a la Constitución Nacional y a las normas que rigen el funcionamiento del Senado. ‘‘En esto la Constitución es clarísima, al igual que el reglamento: no existe ninguna facultad, ni legal ni reglamentaria, que habilite a la Cámara a decidir discrecionalmente sobre la validez de mi jura. Fui democráticamente electa, cumplí con todos los requisitos constitucionales y no poseo ninguna condena firme. Me ajusto al derecho, como lo hice siempre”, señaló. También mencionó los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, según ella, falló favorablemente en casos como el suyo. “No pido favores ni atajos. Pido justicia. Pido respeto por la voluntad popular del pueblo rionegrino. No me condenen ustedes cuando la Justicia no lo hizo. Y no permitamos que una operación política se disfrace de moral institucional”, enfatizó.La decisión de dejar en suspenso la jura de Villaverde fue tomada en la reunión de Labor Parlamentaria que tuvieron los diferentes jefes de bloque del Senado este miércoles. Durante ese encuentro hubo una pulseada política entre varios sectores que tenían diferentes posturas sobre la decisión que debía tomar el cuerpo.Su pliego había sido impugnado y rechazado por la Comisión de Asuntos Constitucionales pero finalmente se decidió que su diploma vuelva a comisión y no se someta a votación en el recinto.Villaverde es cuestionada por supuestos vínculos con el empresario argentino extraditado a Estados Unidos Federico “Fred” Machado, quien está siendo investigado por causas relacionadas al narcotráfico. La dirigente libertaria también es señalada por una vieja causa de tráfico de drogas en Estados Unidos.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 resolvió rechazar el pedido de sobreseimiento y la excepción de cosa juzgada presentado por la defensa de Cristina Elisabet Fernández en la causa conocida como “Cuadernos”, en la que se investiga una presunta asociación ilícita y otros delitos vinculados a hechos de corrupción durante su gestión como presidenta de la Nación.La decisión, firmada este jueves por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Andrés Castelli y Fernando Canero, mantiene a la exmandataria como imputada y habilita la realización del juicio oral, previsto para el 6 de noviembre.El planteo de la defensa, encabezada por los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ari Rubén Llernovoy, se apoyó en la reciente sentencia de la Corte Suprema en la causa “Vialidad”, que el 10 de junio de 2025 confirmó la absolución de Fernández de Kirchner respecto de la figura de asociación ilícita.En base a este fallo, los abogados sostuvieron que existe una “superposición del objeto procesal” entre ambos expedientes y que, al haber sido absuelta por sentencia firme en “Vialidad”, no corresponde someterla nuevamente a juicio por el mismo hecho, invocando la garantía constitucional que prohíbe juzgar dos veces a una persona por el mismo delito.En palabras de la defensa, “en ambos procesos Cristina Fernández de Kirchner fue acusada por la misma acción, esto es, tomar parte en una asociación o banda dedicada a cometer delitos indeterminados”.Sin embargo, la fiscal general Estela Fabiana León, titular de la Fiscalía General n° 5 , consideró que “el planteo es formal y sustancialmente inadmisible por cuanto no demuestra, en los términos que exige la doctrina y jurisprudencia de la CSJN, un nuevo sometimiento a juicio de quien ya lo ha sufrido por el mismo hecho”.La fiscalía remarcó que la defensa no describió un “mismo hecho histórico”, sino que “extrapola un ‘plan’ genérico para forzar una identidad que -a criterio de esta acusación, la jurisprudencia y las decisiones que se han dictado- es inexistente”. León subrayó que la garantía de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho “sólo bloquea un nuevo proceso por el mismo hecho histórico atribuido a la misma persona, no respecto de ‘planes’ o narrativas globales”.En la misma línea, la Unidad de Información Financiera, representada por el director de Litigios Penales Mariano Ariel Galpern, también se opuso al pedido y descartó la identidad subjetiva, es decir, la coincidencia de personas imputadas, como argumento suficiente para aplicar la garantía de cosa juzgada.

Los argumentos de los juecesEl juez Enrique Méndez Signori, al fundamentar el rechazo, recordó que la defensa ya había presentado un planteo similar en 2018, bajo la figura de litispendencia, que fue rechazado por el juez instructor, la Cámara Federal y la Cámara de Casación Penal. El magistrado explicó que “la presentación realizada por la defensa no se desprende con suficiente claridad la triple concurrencia exigida para considerar que podríamos encontrarnos ante un supuesto de doble juzgamiento: identidad de la persona perseguida, identidad de objeto de persecución y identidad de la causa de persecución”.El juez Méndez Signori remarcó que “el planteo de la defensa se circunscribe a señalar de manera dogmática que ‘el comportamiento típico acriminado es absolutamente coincidente en uno y otro caso’, haciendo referencias a las coincidencias que existen en los expedientes, pero soslayando las circunstancias fácticas que -como lo indican las partes acusadoras- los diferencian e invitan a considerar que no se trata, prima facie, de la misma conducta”.El tribunal también destacó la obligación internacional del Estado argentino de investigar y sancionar hechos de corrupción, en virtud de la “Convención Interamericana contra la Corrupción” y la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, ambas con jerarquía legal en el país.Por su parte, los jueces Fernando Canero y Germán Andrés Castelli adhirieron a los fundamentos de Méndez Signori. Castelli subrayó que “el planteo constituye una reedición de lo ya resuelto ahora bajo el amparo del instituto de la cosa juzgada, habida cuenta que la firmeza de la absolución dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 en la causa CFP 5048/2016, no trae consecuencias en la decisión adoptada en la etapa instructoria”.Tras estos argumentos, El tribunal resolvió: “rechazar el planteo de excepción por falta de acción y sobreseimiento formulado en este incidente por la defensa de Cristina Elisabet Fernández”.La decisión del Tribunal Oral Federal 7 implica que la ex presidenta continuará siendo juzgada en la causa “Cuadernos”, sin que la absolución en “Vialidad” impida la continuidad del proceso. NA.

El Tribunal Oral Federal N° 5 resolvió este viernes hacer lugar al pedido de sobreseimiento presentado por la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en las causas Hotesur y Los Sauces.

Los jueces dictaron el sobreseimiento también de Lázaro Báez, Martín Báez, Osvaldo San Felipe y Alberto Leiva, entre otros acusados en la investigación por lavado de dinero, antes del inicio del juicio oral.

El TOF 5 decidió �Ssobreseer a Cristina Elisabet Fernández en orden al hecho que fuera calificado como lavado de activos en concurso ideal con admisión de dádivas, en calidad de coautora, por el que fuera imputada en los requerimientos de elevación a juicio de las partes acusadoras⬝, según los textuales del fallo publicados por la agencia estatal Télam.

La decisión alcanzada con las firmas de los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado, con la disidencia de la magistrada Adriana Palliotti, genera que no se haga un juicio oral y público, aunque aún puede ser apelada y revisada en instancias superiores.

�SSe trató de una causa mal instruida donde no se había aplicado la ley más benigna cuando debió haberse aplicado, como en relación al presunto delito de autolavado. 

Además, no surge del expediente que estuvieran acreditadas las supuestas dádivas: se especula con que se simularon alquileres cuando la ocupación fue real y los valores los del mercado⬝, sostuvo una fuente con acceso al expediente.

El sobreseimiento de la expresidenta y sus hijos Máximo y Florencia había sido solicitado por el abogado Carlos Beraldi a través de un escrito en el que remarcó que los peritajes incorporados a la causa habían permitido probar que todo el �Sproducto de la actividad hotelera y de alquileres fue bancarizado⬝ por lo que �Sla inexistencia de dinero negro es evidente».

Llamado a opinar, el fiscal Diego Velasco, pidió rechazar el reclamo de sobreseimiento de los imputados de los casos Hotesur y Los Sauces, que tramitan juntos, y dictaminó que debía realizarse el juicio oral.

Los sobreseimientos alcanzaron también a los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Lázaro Báez; a Romina de los Ángeles Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner, y el contador Osvaldo Sanfelice, entre otros.

En diciembre pasado, Donda fue denunciada por Fernando Zarabozo, abogado de Arminda Banda Oxa, una mujer de 64 años que trabajó en la casa de la funcionaria durante 14 años. En la denuncia se señalaba que �SOxa había sido empleada de la ex Diputada desde el 1° de marzo de 2007, cumpliendo tareas domésticas en el domicilio de aquélla. Que, una vez iniciada la cuarentena dispuesta por el Poder Ejecutivo como consecuencia de la pandemia del covid-19, Donda pretendió desvincular su relación laboral, intentando que aquella renunciara por su propia voluntad y de manera unilateral, ofreciéndole en dicha oportunidad, en caso de acceder a ello, a la percepción de un subsidio o de un cargo en el INADI, siendo que tales circunstancias la eximirían de pagar la indemnización correspondiente por despido injustificado⬝.

También se denunció que Donda registró a la empleada recién en 2014 a pesar de que la relación laboral había comenzado en 2007. Banda Oxa inició, por otra parte, una demanda laboral. La prueba del ofrecimiento de son audios enviados vía WhatsApp.

La investigación fue delegada por Casanello en la fiscalía de Marijuán, quien pidió la indagatoria de la funcionaria pública. Casanello rechazó el pedido del fiscal y resumió la investigación.

La semana pasada Casanello había sobreseído a Donda debido a que en ningún momento se había comenzado a ejecutar algún tipo de acto administrativo para un supuesto nombramiento de Banda Oxa en el Inadi. En la investigación realizada por el magistrado no se halló ningún indicio del ofrecimiento realizado en los audios que se viralizaron, ni siquiera actos preparatorios para una eventual contratación. Tampoco se hallaron pruebas de algún trámite en marcha para otorgar un plan social o un subsidio similar. El juez concluyó así que no se daban los supuestos de los dos delitos por los cuales Marijuán había pedido la indagatoria de Donda: negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad.

El fiscal apeló la decisión de Casanello y será la Cámara Federal la que decida si corresponde el sobreseimiento de Donda. El dictamen del fiscal, al que accedió Infobae a través de fuentes judiciales, señala que �Sante el justo reclamo de Banda Oxa y al solo efecto de procurarse un beneficio propio al evitar que su empleada iniciara un juicio laboral por las sumas adeudadas, la imputada abusando de su condición de funcionaria pública y de una relación laboral en la que especialmente ocupaba un rol de mando, ofreció a su empleada, una mujer en situación vulnerable enmarcada no sólo en el contexto de los efectos de la pandemia, sino también en su condición económica apremiante, un cargo en el organismo que lidera o un plan social, que se supone gestionaría ante algún organismo de gobierno en el cual desempeña su labor, para evitar afrontar el pago de esa cuantiosa suma de dinero⬝.

Marijuán agregó: �SEn otras palabras, una funcionaria comprometida con la gestión pública, al frente de un organismo embanderado en el respeto de los derechos y garantías de todas las personas que habitan el país, se valió del poder del Estado para tratar de dar solución a su problema particular generado a partir de su mezquino comportamiento con la persona que para ella trabajaba de manera particular. Actitud reprochable si la hay, no sólo a la luz de la normativa que regula la actuación de un funcionario público, sino también desde una perspectiva jurídico penal⬝.

El fiscal concluyó que: �SEl accionar de la imputada se adecúa a las figuras penales señaladas y además de �Sindignación⬝ por lo impropia e inmoral que resulta su conducta, habilitaría a que se activen los procedimientos previstos por la ley de ética pública y por las leyes laborales, a la luz de las cuales se tratarán los reclamos efectuados por la denunciante⬝.

Marijuán pidió que se revoque el sobreseimiento y se llame a indagatoria a Donde. Si la Cámara Federal revoca la decisión de Casanello intervendrá en la causa el juez Ariel Lijo quien quedó a cargo del juzgado federal 12 que está vacante y donde está radicado el expediente.