Los empresarios –entre los que figuran Armando Loson (Grupo Albanesi), Hugo Dragonetti (Panedile) y Benjamín Romero (EMEPA)– buscan evitar el juicio oral previsto para noviembre. Algunos ya admitieron pagos a funcionarios kirchneristas, mientras que otros niegan responsabilidad penal, pero plantean este mecanismo como salida procesal.La propuesta se ampara en el artículo 59 del Código Penal, que permite extinguir la acción penal por reparación del daño. Sin embargo, la Unidad de Información Financiera (UIF) anticipó que se opondrá y la postura de la fiscal Fabiana León será clave para definir si el tribunal acepta el planteo.El antecedente inmediato es el caso de Luciano Di Cesare, ex PAMI, donde la Justicia entendió que la conciliación requería el consentimiento de la víctima y del Ministerio Público Fiscal. En este escenario, la audiencia de mañana será determinante para establecer si los empresarios logran eludir el juicio o si el proceso oral sigue adelante.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ordenó la detención de Jorge González, expresidente de Enersa, en el marco de la causa que investiga el pago de sobornos por parte de la empresa de seguridad Securitas para obtener contratos con organismos y empresas estatales.La medida fue dispuesta junto con el allanamiento de su residencia en el barrio privado Puerto Barrancas, ubicado en una zona exclusiva de la ciudad de Paraná. González fue trasladado a Buenos Aires, donde será indagado este lunes por la magistrada.El exfuncionario provincial estuvo al frente de la distribuidora eléctrica entre 2017 y 2021, tras haber ocupado anteriormente cargos en otras empresas del sector energético y en la Municipalidad de Paraná. Durante el operativo realizado por personal de Gendarmería Nacional, se incautaron elementos considerados de interés para la causa, entre ellos documentación, dispositivos electrónicos, y una importante suma de dinero: 270.974 dólares, 12.000 euros y casi 700.000 pesos en efectivo.La investigación se originó a partir de una autodenuncia de la filial argentina de Securitas, presentada en 2020 en el marco del Régimen de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. Una auditoría interna detectó presuntas irregularidades en el manejo de contrataciones estatales, con indicios de pagos ilegales realizados desde al menos 2013.Según el expediente judicial, la empresa habría recurrido a un proveedor fantasma, Tornell S.A., controlado por los empresarios Gustavo y Claudio Tórtul, también procesados en esta causa. A través de esa firma habrían simulado operaciones comerciales para disponer de fondos destinados al pago de sobornos, entre ellos a funcionarios de Enersa, con el objetivo de garantizar la renovación de contratos de seguridad privada.La Cámara Federal de San Martín confirmó en diciembre el procesamiento de los hermanos Tórtul por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y negociaciones incompatibles con la función pública.Durante el allanamiento, la jueza instruyó además a Gendarmería a secuestrar toda documentación vinculada a Enersa, Securitas y a las firmas o personas investigadas, así como también dispositivos electrónicos y claves de acceso a billeteras virtuales.La causa sigue avanzando y se prevén nuevas medidas judiciales en los próximos días, en una trama que involucra contratos millonarios, estructuras paralelas de facturación y presuntas maniobras para desviar fondos públicos.

 En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump afirmó que el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, lo acusa de un �Scargo falso⬝ por el que, si es imputado, podría desencadenarse una violencia �Scatastrófica⬝ en Estados Unidos.

�S¿Qué tipo de persona puede acusar a otra, en este caso un expresidente de Estados Unidos (...) con un crimen, cuando todos saben que NO se ha cometido ningún delito, y también saben que la muerte y destrucción potenciales en un cargo tan falso podrían ser catastróficos para nuestro país?⬝, publicó el magnate republicano, en alusión a Bragg, a quien tachó de �Spsicópata degenerado que realmente odia Estados Unidos⬝.

En su publicación, Trump insistió en varias ideas repetidas una y otra vez desde que abandonó el poder, como que tuvo más votos que cualquier Presidente en toda la historia, por más que haya sido superado en 2020 por el demócrata Joe Biden, a quien niega la legitimidad electoral.

 El escándalo por el posible pago secreto de 130.000 dólares a Stormy Daniels por parte del exabogado de Trump, Michale Cohen, podría desembocar en la acusación e incluso detención del expresidente, quien sería el primer exmandatario en enfrentarse a cargos incriminatorios, que a su vez tumbarían sus aspiraciones de retornar a la Casa Blanca en 2024.

 Ya la semana pasada, el exmandatario alertó de su detención inminente e incluso fijó su posible arresto para el martes, algo que finalmente no ocurrió.

 Bragg, que fue quien inició el caso y pidió al gran jurado que estudie si sigue adelante con la instrucción, declinó hacer cualquier declaración al respecto, según consignó la agencia de noticias Europa Press.

 No obstante, la pasada semana su oficina emitió un comunicado en el que decía que continuará �Saplicando la ley con equidad y justicia⬝, y que hablaría solo �Scuando sea apropiado⬝.

 �SNo toleraremos intentos de intimidar a nuestra oficina o de amenazar el imperio de la ley en Nueva York⬝, rezaba la nota. (Télam).