Por Ludmila Di Grande - El 54,5% de las personas ocupadas no hace aportes jubilatorios, una situación que reduce los ingresos de un sistema previsional ya en crisis y limita la cobertura de la seguridad social.En un contexto de deterioro del mercado laboral, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, la proporción de trabajadores que sí efectúan contribuciones pasó de entre 47,3% y 48,4% durante 2023 a 45,2% en el primer trimestre del corriente año.El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que esa reducción implica una merma anual de $3,3 billones en los recursos previsionales, a valores actuales. El monto equivale al 5,3% de la recaudación por contribuciones patronales y aportes personales.Del total estimado, $2 billones corresponden a contribuciones patronales y $1,3 billones a aportes personales. En promedio, la baja alcanza los $277.780 millones mensuales, con un máximo de $454.093 millones en julio por el efecto de la liquidación del medio aguinaldo.El CEPA aclaró que se trata de una proyección máxima de la pérdida potencial, no de una medición exacta de los recursos que efectivamente dejaron de ingresar. El planteo supone que quienes pasan a la informalidad perciben el mismo salario promedio que los trabajadores registrados, aunque sus remuneraciones suelen ser inferiores.Mientras tanto, según el Instituto de Desarrollo Social Argentino (Idesa), tras el ajuste aplicado por el actual Gobierno, el gasto público no destinado a la vejez se ubica apenas un 5% por encima, en términos del PBI, del promedio registrado en la década de los 80. En cambio, el gasto asociado a la vejez es un 73% mayor.

Qué pasa en otros paísesEl problema estructural del sistema previsional argentino radica en la insuficiente cantidad de trabajadores que realizan aportes para sostener las jubilaciones y pensiones sin recurrir a otras fuentes de financiamiento.Un estudio comparativo de Argentina, Brasil, México, Canadá, España y Suecia, elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), situó al país entre los que registran menor proporción de contribuyentes respecto de la población económicamente activa (PEA).El indicador alcanza el 46,3% para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), aunque asciende a aproximadamente el 58% al incorporar los aportantes de las cajas provinciales no transferidas y las profesionales. Brasil registra el 60,9%, Canadá 86,1%, España 87,5% y Suecia 91,5%. México presenta el valor más bajo, con el 42,5 por ciento.El informe muestra que la diferencia está asociada sobre todo con la informalidad laboral. En la Argentina, el 43% de la población ocupada trabaja “en negro”, mientras que en Canadá, España y Suecia ese fenómeno tiene una incidencia marginal.Además, advierte que la cantidad de personas que aportan no refleja por sí sola la capacidad de financiamiento: los trabajadores independientes suelen contribuir menos que los asalariados formales.En ese sentido, se destaca el caso del monotributo. En la categoría más habitual, el componente previsional representa, en promedio, apenas el 3,65% del ingreso del contribuyente, frente a entre el 21,77% y el 23,35% de la remuneración bruta que aporta un empleado en relación de dependencia.

Los trabajadores independientes suelen contribuir menos que los asalariados formalesLa fragilidad también aparece en las cuentas previsionales. Según la OPC, el sistema argentino registra un resultado positivo equivalente al 0,03% del PBI cuando se incluyen los impuestos asignados específicamente a su financiamiento. Sin embargo, si se consideran únicamente los aportes y las contribuciones, presenta un déficit del 0,72% del PBI.El documento explica que depender de tributos vinculados al consumo y a las transacciones bancarias expone los recursos previsionales a las fluctuaciones de la actividad económica.A largo plazo, la brecha entre los recursos disponibles y las necesidades de financiamiento constituye otro obstáculo. La tasa de cotización vigente —es decir, el porcentaje del salario destinado a financiar el sistema previsional— es del 22,2%, pero debería elevarse al 46,1% para equilibrar las cuentas bajo las reglas actuales.La tasa de cotización vigente es del 22,2%, pero debería elevarse al 46,1% para equilibrar las cuentas del sistema bajo las reglas actualesSegún el documento, esa diferencia —la mayor entre los países analizados— evidencia los límites de intentar resolver el desequilibrio exclusivamente mediante un incremento de las cargas laborales.La OPC subraya que la presión demográfica aumentará en las próximas décadas. La cantidad de personas de 65 años o más por cada 100 en edad activa pasaría de 18,8 actualmente a entre 30 y 32 en 2050.La cantidad de personas de 65 años o más por cada 100 en edad activa pasaría de 18,8 actualmente a entre 30 y 32 en 2050 (OPC)Ese cambio plantea un desafío adicional para un sistema que ya enfrenta dificultades para ampliar la base de aportantes y financiar las prestaciones con recursos contributivos.

En medio de la caída del empleo y aumento de la informalidad, en mayo se redujo la cantidad de aportantes al Sistema de Seguridad Social, que representan el 26,9% de la población total. El dato implica otro golpe a la caja previsional.De acuerdo a la Subsecretaría de Seguridad Social, en el quinto mes del año se registró un total de 12,4 millones de aportantes. Al interior de este grupo, la mayoría se desempeña en relación de dependencia (76,2%). A ello se suma un 2,9% correspondiente a trabajadoras de casas particulares, mientras que el 20,9% restante realizó aportes como trabajadores independientes.En términos absolutos, los asalariados del sector privado constituyen el principal grupo de aportantes, con 6 millones de trabajadores. Luego se ubican los inscriptos en el Monotributo y los trabajadores en relación de dependencia de otros regímenes, ambos con 2,2 millones de aportantes.En la comparación interanual, el total de aportantes registró una disminución de 38.532 personas. “Esta caída se explica principalmente por la reducción de los trabajadores en relación de dependencia, que descendieron en 140.659 aportantes. Dentro de este grupo, los trabajadores del sector privado fueron los más afectados, con una disminución de 108.378 aportantes, seguidos por los del sector público con una reducción de 36.034 aportantes”, señaló el informe oficial.En contraste, el mayor incremento se observó entre los aportantes al Monotributo, que sumaron 71.514 trabajadores. En segundo lugar se ubicaron las trabajadoras de casas particulares, con un aumento de 29.923 personas.En este marco, vale destacar que según los últimos datos de la Secretaría de Trabajo, el empleo asalariado registrado cayó 0,1% mensual y 1,4% interanual en abril. En comparación con noviembre de 2023, último mes previo al cambio de gobierno, el retroceso alcanza el 3,2%, lo que implica la pérdida de 329.667 puestos de trabajo en este segmento.La caída mensual estuvo explicada principalmente por el empleo asalariado privado, que se contrajo 0,2% y acumuló así once meses consecutivos de descenso.A su vez, los indicadores de mayo relevados por la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) anticipan que el empleo asalariado formal en las empresas de los principales aglomerados urbanos del país continuó mostrando una tendencia contractiva.En suma, de acuerdo al Indec, en los primeros tres meses del año había 12.887.000 asalariados privados en el país, de los cuales 5.622.000 no estaban registrados. Ello equivale a una tasa de informalidad del 43,6%.Al mismo tiempo, es importante mencionar que en mayo, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) contabilizó 6,8 millones de beneficiarios entre jubilaciones y pensiones.Del total de prestaciones del SIPA, el 46,4% corresponde a personas que accedieron al beneficio mediante una moratoria previsional, mientras que el 44,3% lo hizo por la vía ordinaria.De este modo, quienes ingresaron a través de una moratoria continúan representando una proporción levemente superior a la de los beneficiarios que cumplieron con los requisitos del régimen general.En comparación con mayo de 2025, la cantidad total de beneficiarios de jubilaciones y pensiones aumentó en 73.727 personas, lo que representa un crecimiento interanual del 1,1%. Este incremento se explica por la incorporación de 32.951 nuevos beneficiarios en el SIPA y de otros 40.776 en los restantes regímenes previsionales.Al analizar la composición de las prestaciones del SIPA, se observa un cambio en la modalidad de acceso a los beneficios. Las jubilaciones y pensiones otorgadas por la vía ordinaria sumaron 58.863 beneficiarios más que un año atrás, mientras que las prestaciones concedidas mediante moratoria registraron una disminución de 25.912 casos.En este contexto, la combinación de una menor cantidad de aportantes, el deterioro del empleo registrado y el elevado nivel de informalidad vuelve a poner presión sobre el financiamiento del sistema previsional.Si bien la cantidad de jubilados y pensionados continúa creciendo, la base de trabajadores que sostiene los aportes no acompaña ese ritmo, lo que profundiza el desafío de garantizar la sustentabilidad de la seguridad social en el mediano y largo plazo.

En el marco del debate sobre la sostenibilidad y equidad del sistema previsional, el grupo de “Radicales Autoconvocados” formalizó la presentación de una nota ante las autoridades del Comité Capital.La iniciativa busca dar una respuesta orgánica y técnica a la crisis del sistema, ampliando la representatividad de la propuesta más allá de la Seccional 12 para integrar una visión ciudadana y partidaria de mayor alcance.

Puntos salientes de la propuestaBajo la premisa de una reforma justa y transparente, los Radicales Autoconvocados ratificaron los ejes centrales de su proyecto:. Mantenimiento de la movilidad y el 82%: Establecimiento de fórmulas de actualización que protejan el poder adquisitivo frente a la inflación, priorizando a los sectores con haberes más bajos, así como asegurar un haber mínimo por encima de la Canasta Básica.. Sostenibilidad financiera: Creación de mecanismos que aseguren el financiamiento a largo plazo, evitando parches coyunturales que degraden el haber jubilatorio.. Transparencia en la gestión: Auditoría y control social sobre los fondos previsionales para garantizar que los recursos tengan como único destino el sistema de seguridad social.. Eliminación de “negreo” estatal: Implementación de procesos que eliminen en el corto plazo los códigos no bonificables en las asignaciones de los empleados provinciales y municipales.. Gradualidad de la Ley: Establecimiento de plazos para la aplicación de las nuevas condiciones, a efecto de resguardar los derechos adquiridos por los trabajadores que ya aportaron con la actual legislación.

Ampliando la representatividadDesde el espacio de Radicales Autoconvocados destacaron que, si bien el impulso inicial surgió de la Seccional 12, la problemática excede los límites territoriales, lo que motivó la elevación de la nota al Comité Capital: “Buscamos que nuestra voz sea la de muchos correligionarios y vecinos que ven con preocupación el futuro de nuestra caja”, señalaron.

Se espera que tras esta presentación las autoridades partidarias abran instancias de debate interno para unificar una postura que represente los valores históricos de justicia social del radicalismo frente a este desafío legislativo y social. (APFDigital)

Este nivel de esfuerzo fiscal podría ser entendible en sociedades envejecidas como las europeas o Japón, donde la proporción de adultos mayores es significativamente más alta. Pero Argentina, con una estructura demográfica todavía joven, sostiene un sistema más propio de países que ya atravesaron la transición poblacional completa. Esta desproporción, que en la superficie parece una virtud protectora de los adultos mayores, en realidad expone una anomalía difícil de sostener en el tiempo.El problema, sin embargo, no se reduce a un gasto elevado, sino a un gasto mal distribuido, profundamente desequilibrado y cargado de distorsiones acumuladas durante décadas.

Las sucesivas moratorias previsionales, los casi 200 regímenes especiales, los parches normativos y los privilegios sectoriales construyeron un entramado opaco, costoso y regresivo. La expansión de la cobertura previsional mediante moratorias fue efectiva para garantizar inclusión en un país con un mercado laboral altamente informal, pero su diseño fue improvisado y repetidamente excepcional. La excepcionalidad, con el tiempo, dejó de ser un remedio transitorio para convertirse en la regla estructural que sostiene el sistema. Así, personas con trayectorias laborales muy distintas —incluso con cero aportes o menos de una década de contribuciones— acceden a beneficios similares a quienes cumplieron estrictamente los 30 años requeridos.El esquema terminó igualando realidades que no son comparables y generando incentivos contradictorios, lo que erosiona la legitimidad del sistema para quienes sí realizaron aportes a lo largo de su vida laboral.A esto se suma el peso de los regímenes especiales, muchos de ellos sin ninguna justificación actuarial contemporánea. Edades diferenciales, cómputos más generosos, requisitos laxos o beneficios duplicados son mecanismos que nacieron por razones históricas, políticas o corporativas y que hoy no resisten un análisis de sostenibilidad. Las duplicaciones entre pensiones y jubilaciones contributivas, la superposición de beneficios y la ausencia de una fórmula proporcional transparente agravan el cuadro. La falta de coherencia interna del sistema no solo genera inequidad horizontal —personas con historias similares que reciben beneficios diferentes—, sino también inequidad vertical —beneficiarios con menos aportes recibiendo haberes más altos que quienes aportaron toda su vida.Estudios recientes del Banco Mundial, CIPPEC y especialistas como Rofman y Apella coinciden en que el núcleo del problema no es la magnitud del gasto previsional, sino la forma en que ese gasto está asignado. Las filtraciones del sistema son numerosas y persistentes: regímenes especiales sin sustento actuarial, moratorias sucesivas que igualan trayectorias laborales muy distintas, superposiciones de beneficios que duplican costos y una fórmula de cálculo del haber inicial que no refleja adecuadamente la historia contributiva real. Todo esto conforma un conjunto de inconsistencias que, lejos de corregirse, se acumula año tras año y compromete la sostenibilidad futura del sistema.

Frente a este diagnóstico, empieza a consolidarse un consenso técnico sobre la necesidad de avanzar hacia un esquema previsional más simple, más universal y más proporcional. La propuesta de rediseño basada en la arquitectura de dos pilares sintetiza ese enfoque: por un lado, un piso básico universal que garantice que ningún adulto mayor quede por debajo de un umbral mínimo; por el otro, una prestación contributiva estrictamente proporcional, donde cada año de aportes sume de manera clara y transparente, eliminando el requisito rígido de los 30 años y corrigiendo las inequidades más evidentes del sistema actual. El objetivo es construir un mecanismo más justo, más predecible y más sostenible, donde la universalidad se alcance sin recurrir a parches y donde se recuperen los incentivos a la formalidad laboral.

El rediseño propuesto contempla, además, una actualización gradual de la edad jubilatoria femenina hasta los 65 años, acompañada por un mecanismo automático de ajuste en función de la esperanza de vida. Esto no representa un “ajuste” en el sentido clásico, sino un alineamiento con las tendencias globales y un reconocimiento de la mayor longevidad. En materia de invalidez, se impulsa un esquema unificado, transparente y con un baremo homogéneo. En cuanto a las pensiones por fallecimiento, la propuesta busca mayor coherencia y la eliminación de duplicaciones, sobre todo cuando el causante ya percibía un beneficio previsional.Las simulaciones disponibles muestran que esta reforma reduciría el gasto previsional futuro en torno al 10%, equivalente a 0,8 puntos del PBI. Pero este ahorro no proviene de recortes sobre los haberes actuales, sino de la eliminación de distorsiones y privilegios que hoy benefician a grupos reducidos y generan costos desproporcionados. Según las estimaciones más recientes, el 74% de los futuros beneficiarios percibiría haberes iguales o superiores a los del esquema actual; solo un 8%, perteneciente a sectores con privilegios, podría ver reducciones relativas; y el 18% sin aportes suficientes mantendría un beneficio básico garantizado. Esto demuestra que la reforma no equivale a un ajuste, sino a un reordenamiento progresivo que reduce inequidades y mejora la sostenibilidad del sistema. En un país con recursos fiscales limitados, ordenar no es un eufemismo: es una obligación técnica y ética.La discusión previsional en Argentina suele devenir en un terreno políticamente sensible, dominado por relatos que presentan cualquier intento de reforma como un ataque a los jubilados.

Sin embargo, el verdadero atentado contra los adultos mayores es perpetuar un esquema que, por su diseño defectuoso y su creciente insostenibilidad, amenaza con deteriorar la calidad y el poder adquisitivo de las futuras jubilaciones. La ausencia de reformas no protege derechos: los debilita. Cuanto más se posterga el debate, más se profundiza el desequilibrio entre aportes y prestaciones, y mayor será la factura que pagarán las próximas generaciones.Argentina necesita un nuevo contrato previsional que integre universalidad sin parches, proporcionalidad contributiva real, sostenibilidad fiscal, igualdad ante la ley y reglas simples y estables. El país no puede continuar financiando moratorias intermitentes, regímenes especiales sin justificación y estructuras que castigan a quienes aportan regularmente mientras premian prácticas corporativas, excepciones históricas y distorsiones de alto costo. La reforma del sistema previsional no debe leerse como un capítulo técnico dentro del debate económico. Es, más bien, el núcleo del futuro argentino. Su sostenibilidad condiciona la estabilidad macroeconómica, la solvencia del Estado y la posibilidad misma de reconstruir un sendero de desarrollo duradero.

Ordenar, modernizar y sincerar el sistema no es una opción ideológica: es una necesidad estructural. Cuanto más se demore, más profunda será la crisis y más costosa la salida. Resolver el laberinto previsional no es solo una obligación fiscal; es, sobre todo, una responsabilidad política y moral con las generaciones presentes y futuras. 

La Caja de Jubilaciones y el Superior Tribunal de Justicia avanzan en una agenda común sobre el sistema previsionalDurante la reunión, se dialogó sobre resoluciones, ceses jubilatorios y otras temáticas que requieren articulación institucional. Además, desde el STJ se presentaron propuestas que serán evaluadas por la Cjper en el marco del trabajo conjunto.Bagnat sostuvo que "estos espacios refuerzan el compromiso de ambas instituciones con la mejora continua del sistema previsional y el fortalecimiento de los vínculos entre organismos del Estado provincial".Participaron del encuentro, el presidente del STJ, Leonardo Portela; la vicepresidenta, Laura Soage; y los vocales Daniel Carubia, Claudia Mizawak, Miguel Giorgio y Carlos Tepsich. Por la Cjper, estuvo presente, además, el secretario general, David Farías. 

El gobernador Gustavo Bordet se reunió con el presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Edgardo Scarione. Analizaron la situación del organismo y los avances tecnológicos para lograr una gestión 100% digital en el sistema previsional de la provincia.

Al término del encuentro, Scarione reveló las transformaciones que se impulsan desde el organismo para lograr un nuevo modelo de gestión basado en la �Stransparencia y el acceso a la información pública, la participación ciudadana y la colaboración en diseño de políticas entre ciudadanos y funcionarios⬝, indicaron fuentes oficiales.

El trabajo en torno a los procesos digitales, según contó el funcionario, incluyen la implementación del expediente electrónico, la digitalización del archivo histórico de beneficios, las resoluciones digitales, las planillas demostrativas digitales, los cómputos de servicios, los procesos de liquidación de haberes digitales, resoluciones y afines. El objetivo es que puedan ser consultados en línea, explicó.

Scarione dijo que los cambios requieren una �Sapuesta en infraestructura informática que posibilite llevar adelante estos nuevos desafíos⬝. Contó que las modificaciones van acompañadas de la incorporación de nuevos recursos tecnológicos como sistemas de almacenamientos de información, scanners, computadoras, etcétera⬝.

�SEn la medida que avanzamos en esta línea vamos a lograr, en un mediano plazo, que la Caja pueda trabajar sin inconvenientes en procesos 100% digitales⬝, subrayó.