El Ejecutivo informó en el Boletín Oficial que los fondos se destinarán a fortalecer la sostenibilidad del sistema energético a través del financiamiento de un Programa de Enfoque Sectorial Amplio (SWAP) de Apoyo a la Sostenibilidad del Sector Energético.El programa plantea cuatro componentes. En primer lugar, el fortalecimiento del marco regulatorio e institucional, seguido de mejoras en la focalización de subsidios energéticos, promoción de la eficiencia en el uso de los recursos y otros gastos asociados.La ejecución quedará a cargo de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético y la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, ambas dependientes de la cartera que dirige Luis Caputo.El Banco Central de la República Argentina (BCRA) evaluó que la operación tendrá un impacto “limitado” sobre la balanza de pagos, mientras que la Oficina Nacional de Crédito Público estimó que el costo financiero del préstamo es inferior al que el país obtendría en el mercado.En tanto, las condiciones financieras, precisó el decreto presidencial, son similares a las habituales en este tipo de operaciones y están alineadas con los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética.

Apagón masivoLa noticia se conoció luego de una serie de apagones que afectaron a más de 1 millón de habitantes. Durante los cortes del 31 de diciembre y el 1 de enero, cerca de 990.000 usuarios de Edenor y Edesur quedaron sin suministro, principalmente en barrios de la Ciudad de Buenos Aires como Recoleta, Flores y Caballito, y en partidos del conurbano como San Martín y La Matanza.El 15 de enero, con una sensación térmica que rozaba los 40°, una falla en la Subestación Morón de Edenor provocó otro apagón que dejó a casi 800.000 hogares con nuevas interrupciones eléctricas.Además del AMBA, el corte de suministro también afectó a varias localidades del conurbano bonaerense como Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, 3 de Febrero, General San Martín, La Matanza y Marcos Paz, mientras que en el sur se vieron afectados Avellaneda, Cañuelas y San Vicente.La frecuencia y magnitud de los cortes en el AMBA -donde se consume cerca del 50% de la energía del país- se incrementó durante los últimos años, especialmente en períodos de altas temperaturas.De acuerdo con los datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para el último semestre —de septiembre de 2024 a febrero de 2025—, Edenor registró una frecuencia promedio de 1,39 cortes por usuario, por debajo del parámetro de 2,64 fijado por el organismo.En contraste, Edesur tuvo una media de 4,12 cortes, superando el límite regulatorio de 2,07. La duración total de los cortes promedió 3,58 horas por usuario en Edenor, también mejor que el objetivo de 5,04 horas, mientras que en Edesur alcanzó las 7,37 horas, más del doble del parámetro de 3,81 horas establecido por el ente regulador.

AntecedentesEl nuevo préstamo de la CAF no es la única iniciativa reciente para reforzar la infraestructura energética. En diciembre de 2025, la Corporación Financiera Internacional (IFC), parte del Banco Mundial, invirtió USD 300 millones en Central Puerto para optimizar la generación y almacenamiento de energía.Además, a fin de año el Gobierno lanzó un Plan Nacional de Obras de Ampliación del Transporte Eléctrico, para lo que calculó una inversión superior a USD 6.600 millones. El objetivo del proyecto, también publicado en el Boletín Oficial, es mitigar riesgos de cortes de suministro, robustecer la red eléctrica nacional y resolver cuellos de botella estructurales que hoy limitan el transporte de energía desde los centros de generación hacia los centros de consumo.

Lo hizo a través de Resolución 21/2025 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía publicada hoy en el Boletín Oficial.

Los principales ejes son:* Descentralización de la gestión de combustibles: Los generadores térmicos ahora serán responsables de gestionar sus propios combustibles. El gobierno espera que los generadores tomen sus propias decisiones sobre el combustible, se espera una reducción de costos y una mayor agilidad en el suministro.* Fomento de contratos bilaterales libres en el Mercado: Se promoverá la participación activa de grandes usuarios y distribuidores, facilitando el desarrollo de nuevas infraestructuras de generación y transporte de energía.* Cumplimiento de contratos vigentes: El Estado se compromete a cumplir con los contratos de generación y combustibles vigentes hasta su finalización. En caso de necesitarse nuevas infraestructuras, se llevarán a cabo licitaciones competitivas. Esta medida tiene como objetivo mantener la estabilidad en el mercado y asegurar la provisión de energía a corto plazo, al mismo tiempo que se promueve la competencia en el largo plazo. NA. 

Frente a la situación crítica atravesada por el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), Salto Grande tuvo un rol preponderante poniendo en funcionamiento todas las unidades hidrogeneradoras disponibles además de regular la frecuencia y la tensión, permitiendo la contención de la situación y contribuyendo a la restitución paulatina del sistema.

A partir de las 16:11 horas, se dió una perturbación en el SADI que, producto de un incendio, deja fuera de servicio las líneas de extra alta tensión Rodriguez-Campana / Belgrano-Rodriguez, posteriormente se ve afectada la línea Rodriguez-Atucha II, y finalmente Gran Mendoza-Río Diamante, dejando al sistema dividido en dos: Norte de Argentina - Uruguay y Sur Argentino.

�SFrente a esta situación, desde el Centro Operativo Unificado de Salto Grande, que es el corazón de la operación de nuestra central y de nuestro sistema de transmisión, se mantuvo constante comunicación con los despachos nacionales de carga (CAMMESA - ADME) y en todo momento se operó de acuerdo a los requerimientos solicitados, ingresando y retirando unidades de servicio, regulando frecuencia y tensión, inicialmente en el subsistema Norte Argentina-Uruguay y posteriormente, en la totalidad el sistema, una vez recuperadas las líneas⬝ explicó, Javier Murguía, Gerente General Argentino de Salto Grande.

Agregó además que: �SDurante las maniobras se cumplió con los requerimientos de tensión, mediante la variación de la potencia reactiva en los generadores y operación de los reactores de barra de Salto Grande⬝

�SDesde el Centro de Operaciones Unificado de Salto Grande se activaron avisos de alerta internos a fin de prepararse para una potencial posibilidad de colapso total⬝ detalló.

�SEl desempeño operativo de Salto Grande fue determinante para hacer frente a la grave situación del sistema eléctrico. Nuevamente ante una crisis de importancia, la respuesta de nuestra central y de nuestro sistema de transmisión demostraron estar a la altura de las circunstancias, producto de los altos estándares de mantenimiento y operación que el personal de Salto Grande lleva adelante permanentemente⬝ finalizó Murguía

La ley dividió actividades que anteriormente se desarrollaban en forma integrada en tres subsectores claramente definidos: Generación, Transmisión y Distribución.

En su primera década de vida (la de los 90) la Ley 24065 arrojó, según el cristal con que se mire, resultados positivos y negativos.

En efecto entre los primeros están los que sostienen que gracias a ella se recuperó el sistema eléctrico luego del colapso que se dio en los últimos años de la década del 80.

Entre los segundos están los que, además de criticar los procesos de privatizaciones, sostienen que el criterio marginalista de fijación de precios provocó una sobreoferta fundamentalmente en los sectores de generación y distribución y un escaso desarrollo en el transporte.

 Quedó claro sí que el sector de generación, declarado de interés público, funcionó bajo las reglas de la competencia y los sectores de distribución y transporte, declarados como servicios públicos, quedaron bajo el modelo de monopolios regulados (¿regulados?).

Sistema Eléctrico

Argentino: ¿Se avecinan

cambios en el Modelo?

En la segunda década, ya sin el modelo de convertibilidad, la Ley 24065 tuvo que adaptarse al nuevo modelo socio económico a través de diversas resoluciones y decretos que intentaron suplir la enorme brecha que se generó entre la realidad y los postulados mismos de la ley.

Quedó claro sí el abandono del modelo de sobreoferta para pasar a uno de sobredemanda, estimulándose a esta última a través de precios subsidiados, tecnologías accesibles para el confort y también lo que se conoce como sustitución de importaciones que abrazó la industria nacional.

Nuevamente se expresaron dos visiones al respecto. Una que la critico diciendo fundamentalmente que con esa política energética se desalentaron inversiones y se dilapidaron las realizadas en la década anterior y por otro lado la visión que expresa como necesario el impulso a la demanda y el acceso de los sectores postergados e industrias locales con energía/potencia a bajo costo.

La tercera década se caracterizó por dos posiciones más radicalizadas y casi diríamos enfrentadas. En efecto durante la primera parte de esa década (hasta el 2015) se intentaron tomar decisiones más fuertes para corregir distorsiones como fueron los intentos para quitar subsidios a un sector de la sociedad y a las grandes demandas industriales teniendo más éxito en estas últimas que con las primeras ya que no se dispuso de un sistema claro de identificación de residenciales con capacidad de pago que no necesitaban subsidios.

Otro intento fue reactivar el nivel de inversiones en generación a través de algunos fondos establecidos como cargos a la demanda (FONINVEMEN) y el impulso de la Generación Nuclear. En la segunda mitad de esta década se intentó volver a los postulados iniciales de la Ley 24065 que, entre otros, sostenía que se trataba de un servicio cuyos costos económicos debía afrontarlo quien los ocasionaba.

Se consideró si al sector más vulnerable de la sociedad como exceptuados de esta premisa y se diseñó el instrumento de Tarifa Social para la conservación de subsidios.

Para el resto de los sectores se planteó un esquema de eliminación de subsidios que aún se discute si fue a través de un proceso gradual o tuvo más impacto de shock. Lo cierto es que en el último año de la década y ante las condiciones políticas y económicas (fuerte devaluación) se interrumpió este proceso de eliminación de subsidios volviéndose no a las condiciones iniciales pero sí a muy similares.

Nos encontramos transitando los inicios de la cuarta década de la Ley 24065 y aun ante la paralización e incertidumbre que nos genera la pandemia COVID-19 se hace necesario evaluar la continuidad, con las adaptaciones pertinentes, de la Ley 24065 o la implementación de un modelo energético distinto para lo cual habrá que tratar una nueva ley o modificar la actual. En cualquiera de los dos casos habrá que tener en cuenta diversos aspectos que son fundamentales. Uno de ellos es la situación social que a diario nos interpela mostrándonos que un importante sector de la sociedad no está en condiciones de hacerse cargo de los costos que ocasiona cuando utiliza un servicio.

¿Cuál será la asignación más eficiente que deberá hacer el Estado para asistirlos sin afectar al resto de la sociedad que tampoco está atravesando una holgada situación? El otro aspecto a tener en cuenta para diseñar un nuevo modelo energético es la tercera revolución industrial a la que estamos asistiendo.

En efecto, términos como redes inteligentes, energía distribuida (micros generadores), tecnología 4.0, el internet de las cosas, ya no son cuestiones de largo plazo (ni siquiera de mediano) sino que se están incorporando a nuestras vidas cotidianas. Por ello es necesario considerarlas en un nuevo modelo energético que se analice porque evidentemente no estaban contempladas en la Ley que ya se aproxima a cumplir las cuatro décadas.

El servicio eléctrico sigue siendo clave para la vida en sociedad y el desarrollo económico. Por ello su evolución mantiene estrecha relación con el PBI de cualquier país. Es de esperar que se adopten las Políticas Publicas más adecuada para asegurar un crecimiento sostenible sin tantos vaivenes como ocurrieron en las últimas décadas analizadas sintéticamente en este humilde documento.

Ing. Federico Schattenhofer

DNI 18.556.637