El encuentro permitió avanzar en el análisis de distintos indicadores vinculados a la sustentabilidad del sistema previsional entrerriano y en posibles alternativas para garantizar su funcionamiento a largo plazo.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron la intención de impulsar una reforma gradual, basada en el diálogo político y social, evitando medidas intempestivas y promoviendo instancias de participación con todos los sectores involucrados.

Junto al gobernador Rogelio Frigerio participaron de la reunión el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; y el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat.Tras la reunión, referentes sindicales coincidieron en destacar la continuidad del diálogo con el Gobierno provincial y la posibilidad de acercar propuestas antes de que el proyecto llegue a la Legislatura.

El secretario general de UPCN Entre Ríos, José Allende, sostuvo que el intercambio permitió revisar planteos realizados en reuniones anteriores y aseguró que varias de las sugerencias presentadas por los gremios podrían ser incorporadas al texto definitivo de la iniciativa oficial.

Por su parte, la titular de UDA en Entre Ríos, Mirta Raya, valoró la participación gremial dentro de la discusión previsional y remarcó la necesidad de encontrar mecanismos que permitan sostener financieramente el sistema jubilatorio provincial sin comprometer su continuidad futura.En la misma línea, el asesor gremial de Suoyem, Fernando García, consideró positiva la participación directa del gobernador en las reuniones y resaltó la importancia del debate abierto entre el Ejecutivo y los representantes de los trabajadores.Desde el Gobierno provincial indicaron que la reforma previsional buscará abordar cuestiones estructurales vinculadas a la movilidad jubilatoria, las condiciones de acceso a los beneficios y el equilibrio financiero de la Caja.

El objetivo oficial es construir un proyecto con respaldo amplio antes de su tratamiento legislativo, en medio de un escenario donde el sistema previsional aparece como una de las principales preocupaciones económicas de la provincia. 

La reunión se realizó en el auditorio Germán Abdala de ATE y reunió a distintos sindicatos que vienen siguiendo la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Durante el encuentro se evaluaron las declaraciones formuladas el miércoles por el gobernador Rogelio Frigerio y por autoridades del organismo previsional.

El secretario general de ATE, Oscar Muntes, explicó que en la exposición oficial se reiteró el diagnóstico sobre el estado financiero de la Caja, pero sin la presentación de un proyecto concreto de modificación legislativa.

Según señaló, se mencionaron nuevamente datos como el déficit estimado en 400 mil millones de pesos, la deuda que mantiene la Anses con la provincia y los escalafones considerados deficitarios.

En ese marco, el dirigente sindical sostuvo que el espacio gremial fijó una posición clara: no participará en debates ni realizará aportes hasta que exista un texto formal de proyecto de ley.

Muntes recordó que la intersindical viene trabajando de manera conjunta desde instancias anteriores de discusión previsional y destacó que ese trabajo permitió alcanzar consensos en experiencias previas.

Sin embargo, remarcó que sin un borrador concreto resulta imposible abrir una instancia de debate político o técnico.

Según indicó, una vez que el gobierno provincial presente el proyecto, la intersindical analizará su contenido y definirá cómo encarar el diálogo con los distintos sectores sociales y con los legisladores.

El dirigente también vinculó el debate previsional con el contexto económico general. A su entender, la situación financiera del sistema está relacionada con el escenario económico nacional y con políticas que —según afirmó— impactan en la recaudación y en los recursos que reciben las provincias.

Finalmente, desde el espacio sindical insistieron en que su prioridad es preservar el sistema previsional entrerriano y garantizar los derechos de trabajadores activos y jubilados antes de avanzar en cualquier reforma.

Desconfían de la inflación de 10,1% proyectada por el Presupuesto y esperan negociaciones conflictivas. A pesar del optimismo del Gobierno, la incertidumbre reina en las centrales obreras.Por Gonzalo Magliano - Mientras el Presidente asegura que el alza de los precios está en extinción, tanto en la CGT como en la CTA creen que el IPC no tiende a la baja y será parte de la discusión. Ven lejos el retorno de los acuerdos anuales.“Nadie sabe que va a pasar con la inflación, la nueva metodología de medición, con los niveles de actividad por sector”, dijeron cerca de Gerardo Martínez, líder de la UOCRA, ante la consulta de Ámbito. Estas palabras resumen, en buena medida, la visión que tienen los sindicatos sobre el 2026. Cuando se les pide un pronóstico sobre las paritarias arquean las cejas y sentencian: “Prematuro”.El presidente Javier Milei, en cambio, promete un año de crecimiento económico y una inflación en extinción. Ningún dirigente sindical le cree. “Va a ser imposible que el 2026 cierre en 10,1%”, afirmó Andrés Rodríguez, titular de UPCN y hombre fuerte de la Confederación General del Trabajo (CGT), en diálogo con Ámbito. En la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), coinciden. Su secretario general y diputado nacional, Hugo Yasky, calificó a la previsión como “absolutamente ficticia” y “de imposible cumplimiento”.A pesar de eso, los sindicatos no abandonan el objetivo de recuperar poder adquisitivo. “Todas las actividades tienen que recuperarlo”, insistió Rodríguez. “Si la gente no tiene capacidad de consumo por falta de ingresos, indudablemente se deteriora también el sistema económico”, advirtió.No es un dato menor. Según la medición del INDEC, la situación los trabajadores registrados sigue en caída. En todo el gobierno de Milei, sufrieron una pérdida del 5,77% de su poder adquisitivo. Aunque el año pasado, casi empardan la inflación IPC. Entre enero y octubre subieron 24%, mientras que la inflación acumulada fue 24,8%.“Estamos empezando a crecer”, afirmó el Presidente en su saludo de fin de año. Si bien, en su conjunto, la economía está en alza, existen disparidades muy marcadas. Mientras algunos sectores, como la energía y el campo, crecen; otros caen y acumulan cierre de fábricas y comercios. Las advertencias de textiles e industriales ya son moneda corriente.En Casa Rosada afirman que todo se irá acomodando, mientras se mantenga el equilibrio fiscal y bajen los impuestos. En el medio, caerán las empresas no competitivas, pero el mercado irá generando, en su dinámica de crecimiento, nuevos puestos de trabajo. Como con la inflación, en los sindicatos desconfían.“Indudablemente proyectamos que las negociaciones van a ser bastante conflictivas por el criterio del Gobierno de volver a ajustar a la gente”, sostuvo Andrés Rodríguez (UPCN) en referencia al techo salarial del 1,5% que impulsaron desde esferas oficiales durante 2025. “Sigue empecinado en tener salarios por debajo de la inflación”, denunció.Yasky coincidió en que la conflictividad irá en aumento, y señaló que las paritarias a la baja es una política deliberada. “El valor del tipo de cambio y el achatamiento de los salarios son el ancla antiinflacionaria del Gobierno. No tiene otra política”, aseguró. El mejor ejemplo es el “casi congelamiento” del salario mínimo, vital y móvil. “No hubo ninguna transformación de fondo”, denuncia.Una aspiración de los empresarios es volver a las paritarias anuales, cuando se negociaba un sólo esquema de aumentos salariales. Parece muy lejano, pero sucedía hasta mediados del gobierno de Mauricio Macri, antes del acuerdo con el FMI en 2018 y la posterior aceleración de la inflación.Ahora con una inflación relativamente baja, el sueño aparece de nuevo. Lo ideal sería “una paritaria seria y responsable que proyecte a un año para estabilizar un símbolo de la economía que tiene que ver con la política que se da en precios y salarios”, añora Rodríguez.No parece una posibilidad de corto plazo. “Lamentablemente, el Gobierno no lo está haciendo porque indudablemente no tiene todas las variables económicas claramente dominadas”, agregó el referente de UPCN.Así las cosas, el 2026 parece que en el mundo del trabajo no sólo se discutirá la reforma laboral. Las paritarias serán uno de los temas sobre la mesa. Por ahora, no hay un pronóstico compartido sobre cómo se desarrollará. Ámbito.

En medio del debate por la reforma laboral, el 67,5% de los argentinos se manifiesta a favor de transformar la cuota sindical en un aporte voluntario. También, se observa una marcada desconfianza respecto al funcionamiento del modelo gremial vigente.De acuerdo con un relevamiento de la consultora Zentrix, la demanda de cambio en el esquema sindical trasciende las divisiones políticas tradicionales. Al analizar la orientación política de los encuestados, se observa que tanto quienes apoyan al oficialismo nacional como los votantes opositores coinciden de manera clara en el respaldo a la voluntariedad de los aportes sindicales.Esta convergencia, poco habitual en el escenario político argentino, indica que la discusión sobre las cuotas gremiales constituye uno de los escasos temas en los que existe un alineamiento mayoritario entre distintos sectores del electorado.La magnitud del consenso se amplía aún más cuando se consideran las posiciones intermedias. Si se suman quienes se declaran neutrales o afirman que el tema no les resulta particularmente relevante, el universo de personas que no se opone a la modificación asciende al 82,2%.Así, más de ocho de cada diez argentinos se muestran de acuerdo o, al menos, no presentan resistencia frente a la posibilidad de eliminar la obligatoriedad de los aportes sindicales. Solo un 17,8% sostiene que el sistema actual debe mantenerse sin cambios.El relevamiento de Zentrix también indaga sobre la percepción de la normativa laboral vigente. Más de la mitad de los encuestados, un 55%, se pronuncia a favor de actualizar o reemplazar las reglas que regulan el empleo, la contratación y las relaciones laborales.Esta inclinación hacia la reforma se mantiene incluso entre quienes expresan dudas o posiciones intermedias, lo que sugiere la existencia de un diagnóstico social extendido.“La estructura laboral actual es percibida como rígida, desactualizada y poco compatible con las dinámicas económicas contemporáneas. La demanda de cambio no surge sólo de la discusión política coyuntural, sino de una lectura más profunda sobre la necesidad de modernizar reglas que regulan el empleo, la contratación y las relaciones laborales”, analizó el informe.La imagen de los sindicatos emerge como otro aspecto crítico. Solo un 15,2% de los consultados declara una percepción positiva de las organizaciones gremiales, mientras que un 63,9% expresa una valoración negativa.Este rechazo no se explica únicamente por motivos ideológicos, sino que responde también a una experiencia acumulada de distancia respecto de las preocupaciones cotidianas de los trabajadores, así como a la percepción de estructuras burocráticas y dirigencias que permanecen inalteradas desde hace décadas.El contraste entre el peso histórico de los sindicatos y su legitimidad actual se hace evidente incluso entre los votantes peronistas, tradicionalmente su base sociológica: en este segmento, la negatividad alcanza el 30,2%, lo que confirma que la crisis de confianza hacia el sindicalismo argentino supera cualquier frontera partidaria.En este sentido, Sergio Sasia, secretario general de la Unión Ferroviaria, sostuvo recientemente: “Ya dejamos de ser la columna vertebral del movimiento obrero”.Mientras tanto, los sindicatos reclaman que no fueron convocados al debate por la reforma laboral. El cotitular de la CGT, Jorge Sola, lanzó una advertencia directa al Gobierno ante la falta de apertura al diálogo: “Si no nos llaman, van a chocar con la misma pared de siempre”. También advirtió que “mañana no va a haber un cambio fenomenal porque se modifiquen algunas reglas de trabajo”.Otros gremios consultados por Infobae confirmaron que no son parte de la mesa de negociación y que ninguna de las propuestas que circularon en las últimas semanas, como los salarios dinámicos y el banco de horas, fueron consultadas con ellos. La percepción general es que el Gobierno no conoce en profundidad realmente lo que busca implementar. De todos modos, esperan el texto final y no opinan sobre “rumores”.Por otra parte, como contexto general, las principales preocupaciones del país de acuerdo a Zentrix muestran un diagnóstico compartido, pero con prioridades muy distintas según la identidad política.

A nivel nacional, el desafío dominante es la situación económica general (30,7%), seguida por la corrupción (22,6%) y el desempleo (13,1%), un patrón que combina malestar material con percepciones institucionales.Problemas como educación (8,9%), inseguridad (8,3%) y narcotráfico (7,5%) aparecen en un segundo plano, mientras que la inflación –que históricamente lideraba el ranking– queda relegada al 5,1%, confirmando su pérdida de centralidad en la agenda.

Los sindicatos aeronáuticos advirtieron que la decisión de Aerolíneas Argentinas de no reabrir próximamente las negociaciones salariales y postergar hasta febrero las tratativas para actualizar los sueldos “implica llevarnos a un nuevo conflicto, que ya transitamos hace poco tiempo y conocemos las consecuencias” y afirmaron: “Queremos construir lo necesario para no tener que volver a recorrerlo, pero es evidente que del lado de la empresa hay una necesidad de impulsar el conflicto”.Tras recordar que la actualización de los ingresos fue prevista en el último acuerdo, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) señalaron que, “una vez más, las conducciones de Aerolíneas y Optar vulneran la confianza y la buena fe entre las partes”, por lo que, según trascendió, promoverán asambleas en los lugares de trabajo para analizar la postura que adoptarán.Los tres primeros sindicatos, APLA, AAA y AAPA, dirigidos por Pablo Biró, Juan Pablo Brey y Rodolfo Llano, protagonizaron en 2024 el feroz conflicto salarial con medidas de fuerza que durante largas semanas causó trastornos a miles de pasajeros en Aeroparque y en Ezeiza.En un comunicado, los gremios resaltaron que los trabajadores “hemos dado muestras potentes de buena fe y compromiso que se pueden comprobar en el récord de pasajeros transportados en la temporada de verano”, donde “dimos muestras superlativas de confianza y de responsabilidad”.“La empresa, al incumplir lo acordado, actúa con total desconsideración para con los trabajadores -agregaron-. Solicitamos no más dilaciones y abordar la negociación salarial a la brevedad”.El 19 de diciembre pasado, los sindicatos aeronáuticos le pidieron una reunión al presidente de la empresa, Fabián Lombardo, para retomar la discusión salarial del período noviembre-diciembre, con el argumento de que “el atraso salarial ha dañado el poder adquisitivo de los trabajadores”.Los líderes de esas organizaciones gremiales se reunieron hace un mes en la sede de aeronavegantes para analizar los sueldos del sector, ya que la recomposición salarial del 16% acordada el 13 de noviembre en Aerolíneas abarcaba el período mayo-octubre, por lo que decidieron pedir la reunión con Lombardo para negociar una mejora de sueldos para noviembre y diciembre.

“El tema es que cerramos la paritaria hasta octubre inclusive, pero nos quedaron sin aumento noviembre y diciembre, que ya está por terminar, además del atraso que seguimos manteniendo porque no recuperamos todo lo que habíamos perdido ante la inflación -dijo a Infobae uno de los jefes sindicales aeronáuticos-. Por eso mandamos la carta para que nos citen y en base a la respuesta determinar si quieren otro conflicto o no, pero ya no va a depender de nosotros”.El acuerdo firmado entre Aerolíneas y APLA, AAA y APA incluyó modificaciones en los convenios laborales y formas de trabajo a cambio de un aumento salarial del 16% para el período mayo-octubre, cifra que podía elevarse por el impacto de algunos adicionales. Según informó la empresa en ese momento, “se firmaron nuevas condiciones que permitirán mayor movilidad y flexibilidad en tareas y posiciones del personal que aumentará significativamente la productividad”.Entre los ajustes acordados, tanto el gremio APLA como el personal jerárquico y los pilotos jubilados perdieron el beneficio de pasajes vacacionales en clase ejecutiva para ellos y sus familiares directos. Además, tanto pilotos como tripulantes aceptaron reemplazar el traslado en remis por un sistema de viáticos que se pondrá en marcha después de la temporada alta. A partir de esta modificación, el horario de trabajo comenzará una vez que lleguen a las terminales aeroportuarias, eliminando la consideración del tiempo de traslado como parte de su jornada laboral.En el área de mantenimiento y operaciones, el personal mecánico y de rampa podrá ser movido entre hangares y líneas de trabajo según las necesidades operativas, lo que soluciona un tema históricamente conflictivo. Asimismo, el personal de check-in levantó el bloqueo sobre las terminales de autoservicio y el sistema de despacho automático de equipaje, lo que facilitará el uso de tecnologías automatizadas en los aeropuertos.Los tripulantes de cabina aceptaron la instrumentación de un servicio de venta a bordo de productos, lo que representa un cambio en la modalidad tradicional de vuelo de la compañía. Los incentivos acordados están diseñados para aumentar las horas de vuelo de pilotos y tripulantes, quienes verán reflejados mejores salarios a medida que incrementen su tiempo efectivo de operación.

Esas modificaciones, de acuerdo con la información oficial, permitirán que Aerolíneas aumente la eficiencia operativa al eliminar prácticas y restricciones que se mantenían vigentes desde hace más de una década. Según Aerolíneas, estas limitaciones impactaban de manera negativa en los resultados económicos y la eficiencia operativa. Los avances alcanzados, aseguró, “garantizarán un período de estabilidad en la programación de vuelos que abarcará toda la temporada de verano”.

Cientos de trabajadores estatales esperan definiciones sobre su futuro laboral. Es que el 31 de marzo, la fecha límite establecida por Javier Milei para pasar la motosierra en la Administración Pública Nacional (APN) está próxima y por ende, el futuro de varios empleados está en juego. Fuentes de Gobierno revelaron ante la consulta de la agencia Noticias Argentinas que no se renovarán “entre el 15 y el 20 %” de los más de 71.000 contratos de trabajadores estatales observados, aunque evitaron convertirlo en un número concreto al argumentar que se conocerá durante el mes de abril, con las liquidaciones.

“No es el despido, es la no renovación, no es lo mismo”, intentan aclarar por los pasillos de Balcarce 50. Sin indicación específica, cada área le da su impronta a la hora de no comunicar a sus empleados las cesantías para cumplir con el recorte ordenado por el mandatario. Las bajas responden al decreto 84/2023 publicado en el Boletín Oficial el pasado 23 de diciembre, a través del cual el Poder Ejecutivo estableció renovaciones por un período de tres meses a los trabajadores contratados, mientras, en paralelo, llevó adelante auditorias para relevar cada área y establecer el estado de situación de cada cartera.

Al respecto, Rodolfo Aguiar, secretario general ATE Nacional planteó en conversación con esta agencia que si la ministración libertaria no renueva el porcentaje que promete implicará el despido de “entre 14.000 y 21.000” trabajadores. Además, detalló que de los 71.000 empleados estatales en observación, 65.000 corresponden a vínculos laborales de los denominados Artículo 9 de la APN, y otros 6.000 de los conocidos como 1109.

El titular de ATE prometió “profundizar el plan de lucha” y alertó sobre el creciente escenario del escenario de conflictividad social que calificó de “inevitable”. “El Gobierno ha instalado una campaña de desprestigio con verdadero éxito. Caputo justifica los despidos diciendo que la gente espera que en el Estado quienes prestan servicio estén por vocación de servir. Según él, muchos están para hacer negocios… no vaya a ser cosa que el echado por la movilización popular sea él”, completó el dirigente sindical.

“Nadie debe dudar acerca de que vamos a resistir cualquier posibilidad de que el Estado aparezca como garante del saqueo de todos nuestros recursos naturales, como pretende el Gobierno”, anticipó Aguiar, y reveló que la CTA Autónoma, central de la que forma parte, pelea por un nuevo paro general.

Por último, afirmó que “son tiempos de resistir pero también de tener propuestas”, por lo que prometió “seguir luchando y multiplicando las protestas para impedir cualquier cesantía ilegal e injustificada en el Estado”. NA.

Los sindicatos de Camioneros, Neumáticos y Alimentación firmaron sus acuerdos salariales en las últimas horas, en la confirmación de la tendencia actual de importantes gremios que presionan por la inmediata reapertura de las paritarias para recomponer los sueldos tras la devaluación.

El Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, acordó un incremento salarial del 61% por seis meses, que se pagará en 3 cuotas no acumulativas desde septiembre. El reclamo inicial fue del 140% anual, pero el rechazo de las cámaras empresariales hizo que el gremio aceptara moderar su pedido por un período más corto de vigencia. Las partes revisarán lo firmado en febrero próximo.

El acuerdo logrado por Moyano consiste en un 61% de aumento dividido en 3 tramos no acumulativos: 25% en septiembre, 18% en noviembre y 18% en enero de 2024. Además, empresarios y sindicalistas conformarán una mesa para analizar distintas mejoras en las condiciones de trabajo.

Por su parte, el Sindicato del Neumático (SUTNA), conducido por Alejandro Crespo, acordó con los empresarios del sector un aumento del 65% para el período julio-noviembre, mientras que pactó una cláusula gatillo de actualización automática que permitirá que los sueldos de diciembre, enero y febrero próximo se incrementen de acuerdo con Índice de Precios al Consumidor de cada mes.

El entendimiento contempla que el 65% se pague en 5 tramos: 25% en julio, 15% en septiembre, 10% en octubre y 15% en noviembre. Además, incluye un 4% de aumento adicional que se abonará en marzo, como base de la paritaria para el período 2024/2025 y un bono de fin de año de $100.000.

De todas formas, el SUTNA, cuya conducción está enrolada en el trotskismo, este viernes someterá el acuerdo alcanzado a la votación de los trabajadores de las distintas fábricas de neumáticos.

Otro gremio que firmó sus paritarias es la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA), liderada por Héctor Morcillo: acordó con los empresarios un incremento salarial del 34% para el período agosto-septiembre que se pagará en 3 tramos: 11% en agosto, 11% en septiembre y 12% en octubre, por lo que los trabajadores del sector recibirán un 69% de aumento salarial en el primer semestre del período paritario (de mayo a octubre de 2023).

En la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, los funcionarios exhortaron a empresarios y sindicalistas a “monitorear la evolución del poder adquisitivo de los salarios durante el período acordado y reunirse en caso de desfase”, según informó el sindicato.

Otros gremios pidieron la reapertura de las paritarias, pero esperan que el Gobierno anuncie en las próximas horas un aumento de suma fija para los trabajadores de menores ingresos, que será negociado en la actividad privada como un refuerzo o un anticipo de futuras negociaciones salariales. Uno de ellos es la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), que dirige Armando Cavalieri, que la semana pasada convocó a las cámaras empresarias a “la inmediata reapertura” de las negociaciones paritarias para “neutralizar la escalada inflacionaria y el súbito incremento de precios y servicios por la reciente devaluación del peso. La inmediata reapertura de la paritaria porque el salario es la herramienta de subsistencia y mantenimiento económico de los trabajadores”.

Barajar y dar de nuevo. Esa parece ser la consigna que se impone para toda empresa luego de la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía. Se reabren paritarias, los sindicatos ya están tocando la puerta de las gremiales empresarias, en tanto que los empleados fuera de convenio, acaso quienes tienen menos margen de maniobra, también ejercerán presión. Nadie quiere perder.

La variable de ajuste siempre es la cotización del dólar y la inflación. Y en ese marco, la Unión Obrera Metalúrgica picó en punta y ya está adelantando un aumento del 15 % que tenía previsto para el mes de octubre, al tiempo que agregará entre un 20 % y un 25 % para dicho mes. Los principales sindicatos irán en la misma sintonía.

Si bien nadie puede decir cómo cerrarán las paritarias del 2022 ya que finalmente dependerá de la macroeconomía, estimamos que de una manera u otra podrían rondar el 80 %. Aunque a simple vista es una cifra alta, en las últimas semanas se desconfiguró lo que se había negociado anteriormente.

Los que tenían pensado dar aumentos de sueldo por encima del promedio de entre el 55 y el 60 % eran los sectores industriales, energía, banca & seguros, construcción -que venía con los sueldos tan atrasados que ya preveía un alza del 70 % en 2022- la industria automotriz, consumo y entretenimiento. Todos están pensando en cerca del 80 % para este año. Claro está que las áreas de Finanzas se agarran la cabeza. Veremos cómo se concilia este proceso, pero habrá mucha acción para las áreas de recursos humanos y relaciones laborales.

Para los fuera de convenio (FC) el panorama es complicado ya que frecuentemente son la variable de ajuste y quedan por debajo de los aumentos de las posiciones en convenio. Nunca los incrementos para los FC han superado a los del personal comprendido en Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). Sería una novedad que no ocurrirá por primera vez en esta oportunidad. Inimaginable e irrealizable.

Del otro lado del mostrador, la situación es compleja para dar respuesta a las demandas y expectativas de ajuste. Es que en muchos casos se trata de empresas cuya producción está mermada por las trabas a las importaciones anteriores y las más recientes que agudizan aún más el tema: no hay empresa que no importe algún insumo, partes, etc. En ese contexto, esperamos que el gobierno empiece a normalizar el tema estableciendo alguna ingeniería financiera que permita dar, normalidad y fluidez a las importaciones que las empresas necesitan para mantener el aparato productivo funcionando, de lo contrario en 2 o tres semanas (o antes) el ruido empresario comenzará a hacerse sentir. Por último, respecto de qué medidas están tomando las empresas para dar respuesta a la inflación y al impacto en el costo de vida, es posible que parte de la solución (o por lo menos de paliativos) sean bonos express por única vez apelando a lo no remunerativo si los encuadres legales lo permiten. Ya ocurrió en oportunidades anteriores y sirvió para salir del paso, luego de una forma u otra se integran al salario.

�SAl 17 de octubre, fecha fundacional del Movimiento Nacional Justicialista, lo hicieron los trabajadores. Porque fueron los trabajadores y los representantes gremiales los que fueron a los talleres, a las fábricas, a convocar a sus compañeros a manifestarse en defensa de Juan Domingo Perón, que estaba preso por todo lo que había hecho para garantizar los derechos esenciales de los obreros, los peones de campo y los trabajadores. Y cuando Perón fue electo Presidente lo primero que hizo fue consolidar esos derechos en leyes que representan conquistas sociales fundamentales que ningún gobierno de derecha pudo arrebatarle al pueblo⬝, rememoró el candidato peronista.

�SY así como los trabajadores se la jugaron por el dirigente político que mejor interpretó la realidad social del país y constituyen desde entonces la columna vertebral de nuestro movimiento, es importante que hoy defendamos unidos este modelo que prioriza la producción, el trabajo, la ampliación de derechos y la justicia social⬝, añadió Cresto.

�SYa conocemos bien el modelo que representan nuestros adversarios, conocemos bien las consecuencias para el país y para los trabajadores cuando gobiernan el macrismo y la derecha. Ellos ya están trabajando en las leyes que quieren impulsar en el Congreso y sabemos bien que no serán leyes pensadas en favor de los trabajadores y del pueblo. Por eso nosotros tenemos el orgullo de representar un modelo de país donde los trabajadores y sus familias están en el centro de las políticas públicas y las medidas que se toman. Representamos un gobierno que siempre defendió a los trabajadores y a los sectores más vulnerables en los momentos más difíciles y que seguirá trabajando para que al país le vaya cada vez mejor⬝, argumentó el titular del ENOHSA.

SALIR ADELANTE

Carlos Molinares, secretario general del Sindicato de la Carne, remarcó �Sel apoyo de las organizaciones de la región que formamos parte de la CGT a la candidatura de Enrique Cresto, que tendrá la responsabilidad de llevar la voz de los trabajadores al Congreso de la Nación⬝.

Para el gremialista, �Slo importante es que vamos a tener como representante de los intereses de Entre Ríos a un compañero que ya viene trabajando con los gremios, que conoce la realidad del sector y que nos va a escuchar, que es lo que más reclaman nuestros representados. Que haya dirigentes políticos que conozcan, que interpreten la realidad de los trabajadores, que nos escuchen y que trabajen con nosotros para seguir avanzando juntos⬝, concluyó.

Participaron del encuentro el senador provincial Mauricio Santa Cruz; el diputado provincial Mariano Rebord; el intendente de San José Gustavo Bastián; representantes de los trabajadores municipales, navieros, estatales, camioneros, molineros, mercantiles, de la electricidad y la energía, de la construcción, de los frigoríficos y de la agricultura familiar, entre otras organizaciones sindicales.

 La CGT, la CTA de los Trabajadores, la UIA y las cámaras patronales convinieron este martes un aumento del 35 por ciento del salario mínimo, vital y móvil en siete tramos, por lo que se elevará desde febrero del año próximo a poco más de 29 mil pesos, confirmaron los voceros gremiales. Sindicalistas de ambas centrales y el sector empresario convinieron el pago de un 9 por ciento en abril, 4 en mayo, 4 en junio, 3 en julio, 5 en septiembre, 5 en noviembre y un 5 por ciento final en febrero de 2022, con una cláusula de revisión en septiembre. El acuerdo se votó durante un encuentro realizado de manera virtual, encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Se trata de una pauta salarial cercana a las paritarias que vienen firmando los principales gremios en los últimos días, como Comercio (32 %), UOM (36 %) y Uocra (35 %).

PROLEG�MENOS

En la previa, los dirigentes de la principal central obrera, la CGT, pedían un incremento de entre 35 y 40 por ciento, y un planteo similar tenía la CTA de los Trabajadores, mientras que la CTA Autónoma solicitaba una suba más cercana al valor de la canasta básica, que actualmente se calcula en $60 000.

Por la CGT participaron de la reunión sus dos secretarios generales, Héctor Daer y Carlos Acuña; como también Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez; Sergio Romero, José Luis Lingeri, Roberto Fernández, Víctor Santa María, Jorge Sola, Rodolfo Daer, Julio Piumato, Noemí Ruiz, Antonio Caló y Armando Cavalieri.

Por la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma estuvieron sus respectivos titulares, Hugo Yasky y Ricardo Peidró.

En representación del sector empresarial asistieron por la UIA Daniel Funes De Rioja, Juan José Etala, Julio Cordero, Guillermo Moretti y Horacio Martínez, mientras que por la Cámara Argentina de Comercio lo hizo Pedro Etcheberry y por la Cámara Argentina de la Construcción, Jorge Hulton.

Por las cámaras agropecuarias estuvieron Carlos Achetoni, Daniel Pelegrina, Paulo Ares, Alberto Frola; por la Asociación Empresaria Argentina participó Jaime Campos y por Came, Pedro Cascales.

En representación de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica, Verónica Sánchez, por la Asociación de Bancos Privados, Javier Bolzico, y por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Guillermo Gamble.

Como invitados estuvieron también el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el titular de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), Esteban Castro, y el presidente de Cgera, Carlos Marín.

La situación epidemiológica en el sur de Corrientes y en el Área Metropolitana de Buenos Aires, regiones con las que Concordia tiene una fluida vinculación, fueron algunos de los temas abordados.

�SLa preocupación del Intendente pasa por la circulación del COVID-19 en Buenos Aires más específicamente en el Mercado Central y también la situación que está ocurriendo en Mocoretá, por eso estamos trabajando con el Sindicato del Transporte y con el Sindicato de las Frutas para acordar puntos del Protocolo y mantener de este modo una situación epidemiológica controlada en nuestra ciudad⬝, señaló el secretario de Coordinación de Gestión Fernando Barboza.

Si bien �Scada sindicato ya ha tomado una serie de medidas de prevención, es importante que revisemos lo que hemos hecho, ajustar medidas y sumar nuevas acciones de prevención, porque la situación ha cambiado.

Hoy no tenemos circulación viral en la provincia de Entre Ríos, pero sí lo tenemos en lugares donde hay un permanente ida y vuelta, como es toda la región del Área Metropolitana de Buenos Aires⬝, explicó el titular de la cartera de Gobierno.

�SCuanto más estrictos y mayores medidas tomemos entre todos, mejor vamos a estar cuidando la salud de toda la población, y eso es lo que nos pide el intendente Francolini⬝, subrayó Barboza.

�SEl plan estratégico que se implementó con los controles en los accesos a la ciudad continúa⬝, puntualizó Mauricio Alegre, del área de Gestión Integral de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad. �SEstos controles estrictos en la ruta 015 y en la ruta 22, permitieron que hoy estemos mejor preparados para realizar el monitoreo que realizamos a diario de toda la situación⬝, dijo en referencia al trabajo de la Cruz Roja en los controles domiciliarios diarios que se realizan.

�SCoordinar con el Sindicato de la Fruta y con el Sindicato de Camioneros las medidas de prevención y los Protocolos para cuidar a los trabajadores de estos sectores, que hoy tienen una exposición mayor que otros sectores, es importante⬝, agregó en referencia a la reunión de trabajo de la que también participaron el presidente del Concejo Deliberante Daniel Cedro y el integrante del Comité Operativo de Emergencia Sanitaria de Concordia Dr. Mario Imaz.

Por su parte, el Secretario General del Sindicato de la Fruta, Alcides Camejo, se mostró conforme por la reunión que mantuvieron y quedó a disposición del Municipio: �SEn conjunto con la Municipalidad y con el Sindicato de Camioneros vamos a trabajar para reducir la posibilidad de contagio en la ciudad.

����Pedimos la colaboración de la Policía para reforzar los controles de las personas que salen de Concordia para trabajar⬝, expresó el gremialista.

Por su parte Luis Rigoni, representante del Sindicato Camioneros, destacó que �Scon respecto a nuestro gremio, el Mercado Central es el punto principal en el que estamos trabajando.

����Junto con el Intendente y todo su equipo de trabajo estamos analizando la posibilidad de disminuir la entrada de camiones, y poner en marcha una serie de medidas para cuidar a todos camioneros y así también a la población de Concordia�"�".