Los abogados Rubén Pagliotto, Raymundo Kisser y Armando Aquino Britos, interpusieron una acción de hábeas corpus preventivo y colectivo ante la Justicia Federal de Paraná.

El recurso busca invalidar los puntos críticos del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional otorgó nuevas facultades a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

El núcleo del reclamo se centra en que la nueva normativa permite que agentes de inteligencia —cuya identidad y funciones son por ley secretas y encubiertas— puedan realizar “aprehensiones de personas” en situaciones de flagrancia o bajo la excusa de proteger sus propias operaciones. Según los denunciantes, esto transforma a un organismo de espionaje en una fuerza de seguridad con poder de policía, algo prohibido por la Constitución Nacional.

Los letrados calificaron la medida como una “amenaza real y concreta” para la libertad ambulatoria de toda la sociedad.

Sostienen que, al desplazarse los agentes de forma encubierta por todo el territorio, cualquier ciudadano podría ser interceptado o demorado sin que medie la orden escrita de un juez competente, lo que rompe con las garantías básicas del debido proceso y el derecho a circular libremente.

En el escrito, se solicita además la inconstitucionalidad del decreto por considerar que el Presidente no puede regular cuestiones que afectan la libertad personal y el derecho penal mediante un DNU. Argumentan que este tipo de restricciones solo pueden ser discutidas y aprobadas por el Congreso de la Nación, respetando la división de poderes y los tratados internacionales de Derechos Humanos.

El Gobierno avanzó con la reforma de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) una vez finalizadas las sesiones extraordinarias y con el Congreso en receso. La estrategia oficial apunta a ganar tiempo y postergar el debate parlamentario, mientras un sector de la oposición intenta frenar la medida.Aunque la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo puede funcionar durante el receso, aún no fue conformada tras la renovación de las cámaras. Esa tarea depende de las presidencias de Diputados y del Senado, pero desde el oficialismo ya adelantaron que el Congreso permanecerá prácticamente cerrado durante enero, lo que demora cualquier tratamiento hasta febrero.Frente a este escenario, la oposición evalúa dos vías: esperar los plazos legales para llevar el DNU al recinto o recurrir a la Justicia. Unión por la Patria optó por el camino parlamentario y presentó un proyecto para derogar el decreto, mientras que la Coalición Cívica no descarta una presentación judicial por considerar que la norma es inconstitucional.Entre los principales cuestionamientos se encuentran la habilitación para que personal de inteligencia aprehenda personas, el carácter “encubierto” de sus actividades y el hecho de haber modificado por decreto una ley sensible sin debate legislativo. Los opositores sostienen que el DNU vulnera garantías constitucionales, el debido proceso y el principio de división de poderes.Por los plazos que fija la ley, recién en febrero el Congreso estaría en condiciones de tratar el decreto en el recinto, siempre que la oposición logre quórum y mayoría simple en ambas cámaras. El oficialismo confía en que el paso del tiempo diluya la ofensiva, mientras sectores aliados, como el PRO, pidieron mayor información sobre los protocolos y alcances operativos de la reforma.

El Gobierno Nacional oficializó este viernes la reestructuración de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) que la dota de nuevas competencias y responsabilidades e incluye el carácter encubierto de las tareas y la posibilidad de aprehender personas en flagrancia.

A través del decreto 941/2025, publicado en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Javier Milei y sus ministros, el Ejecutivo detalló las modificaciones que implementará en la secretaría que continuará bajo la dirección de Cristian Auguadra y Diego Kravetz. Como contó la agencia Noticias Argentinas, se trata de una reforma integral de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), que apunta a “centralizar, modernizar y reordenar” el sistema de inteligencia con la redefinición de funciones, la creación de organismos y la ampliación de facultades.

En la letra del decreto, se ratifica a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) como órgano superior y rector del sistema, y se detalla que pasa a estar integrada por el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA); la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC); la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC); y la Inspectoría General de Inteligencia. Cada organismo cuenta con autonomía técnica y funcional, pero responde a la conducción política del titular de la SIDE.Asimismo, detalla que la ex Agencia de Seguridad Nacional (ASN) pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC) y cuenta con la misión de “prevenir y detectar amenazas estratégicas internas”. Además, amplía el concepto de contrainteligencia, incluyendo medidas pasivas obligatorias en todo el sector público.Por su parte, la administración libertaria diferencia ciberseguridad, relativa a la prevención y protección de infraestructuras críticas, de ciberinteligencia que analiza amenazas en el ciberespacio y anuncia la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), bajo la órbita de Jefatura de Gabinete, que oficia de autoridad nacional en ciberseguridad. Los cambios dotan de mayor centralización a la SIDE que coordina en la sombras el asesor presidencial, Santiago Caputo, y que concentrará además la aprobación y control de los presupuestos de inteligencia como también la supervisión de gastos reservados. Además, podrá requerir información a todo el sector público, provincias y la Ciudad de Buenos Aires, cuando lo considere.Otro de los puntos que incluye el decreto es la creación de dos comunidades de intercambio de información. Por un lado, la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), que integra a todos los organismos de inteligencia, fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas y la UIF y que funciona como ámbito permanente de coordinación y producción de inteligencia.

Por el otro, la Comunidad Informativa Nacional (CIFN) que incluye ministerios y organismos civiles, cuya función es aportar información estratégica, sin realizar tareas de inteligencia.La reforma contempla cambios en la inteligencia militar con la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa y el traspaso de sus funciones y recursos a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (DGIEMCO). La intención es evitar superposiciones y concentrar la inteligencia estratégica militar.También autoriza a los organismos de inteligencia a proveer su propia seguridad; repeler agresiones contra instalaciones, personal u operaciones y aprehender personas en casos de flagrancia, dando aviso inmediato a fuerzas de seguridad. Este último es quizás el punto más controversial, que generó el rechazo de un sector de la oposición. En la justificación de la articulado, el Gobierno refuerza además el carácter encubierto de todas las actividades de inteligencia. “Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”, subrayan.

También reafirma la prohibición a realizar espionaje por motivos ideológicos, religiosos o políticos o por ejercer influencia sobre partidos, medios u opinión pública.La designación de los directores de los principales organismos cuentan con rango de secretario y deberán ser informadas a la Comisión Bicameral del Congreso.El decreto entra en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y debe ser tratado por la Comisión Bicameral Permanente, como establece la Ley 26.122.