Las familias argentinas necesitarán en marzo más de $2.000.000 para afrontar el costo de los servicios, con una mayor incidencia de los rubros salud, educación, vivienda y comunicación, según estimó un informe de la consultora Focus Market.El reporte reveló que para marzo de 2025, se estima que el costo de la canasta básica de servicios aumentará a $2.124.135 para una familia de cuatro integrantes, lo que representa un incremento del 15,1% frente al valor que exhibía en noviembre de 2024 cuando alcanzaba $1.845.128. Al respecto, la consultora consideró que “este gasto, claramente superior al de la canasta de bienes actual, supera las capacidades de muchas familias argentinas, a pesar de que aún no se ha publicado el dato definitivo de INDEC sobre el umbral de pobreza en diciembre de 2024”.En cuanto a la comparativa entre marzo de 2024 y marzo de 2025, anticipó que “el aumento interanual promedio proyectado en la canasta de servicios será de aproximadamente 63,72%” precisando que “los aumentos que más pesan sobre las familias argentinas son los vinculados a la medicina prepaga, colegios privados y comunicaciones debido al peso real que tienen sobre la participación en el nivel y promedio de los ingresos de los hogares”. Los servicios contemplados para el análisis de los gastos que enfrenta mensualmente una familia tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos niños en edad escolar) son el alquiler, expensas, agua, luz, gas, transporte público, combustible, taxi, colegio privado, prepaga, telefonía, internet, cable y streaming.En lo que respecta al precio del alquiler de un departamento de tres ambientes en el Gran Buenos Aires, el informe aporta que en noviembre de 2024, el precio promedio de alquiler se ubicaba en $601.300, y, según las proyecciones de inflación, este monto ascendería a $662.425 en marzo de 2025. En el caso de las expensas, refleja que tuvieron una suba en torno al 115% entre enero y noviembre del año pasado, impulsadas principalmente por el incremento en los salarios de los encargados de edificios, el mayor componente de este gasto. En noviembre de 2024, estas alcanzaron un promedio de $169.236, y para marzo de 2025, se proyecta que asciendan a $192.572, un aumento del 13%. Por el lado del agua, detalló que la boleta promedio de agua ascendía a $22.920 en noviembre pasado y proyectó que una boleta promedio en marzo estará en $25.123  para el Zonal Medio. En cuanto a la electricidad, señaló que una familia que pagaba $32.072 en noviembre de 2024, afrontará un promedio de $35.021 en marzo de 2025. Mientras que respecto al gas, afirmó que la boleta promedio fue de $18.853 en noviembre y en marzo alcanzará $20.546. De esta manera, el costo total en servicios básicos (agua, luz y gas) rondará los $80.691 para el tercer mes del 2025.En relación al transporte, el trabajo puntualizó que el gasto en transporte público, basado en cinco combinaciones diarias de tren y colectivo para el jefe o jefa de familia, más el acompañamiento de otro adulto en los viajes escolares en tren para los hijos, alcanzaba los $49.373 mensuales. Para marzo de 2025, se proyecta que este gasto aumente a $54.329, asumiendo el uso de una tarjeta SUBE nominalizada. Sin embargo, para quienes no utilizan esta modalidad, el costo sería un 68% más alto, llegando a $91.442.Como otro gasto a considerar al momento de tener que trasladarse de un lugar a otro, el informe contempla el uso del automóvil para fines de semana y esparcimiento para lo que evalúa el precio del combustible. La nafta súper estaba en noviembre en $1.086,92 por litro, y para marzo se calcula que alcanzaría los $1.200 según los aumentos anunciados por YPF. En este aspecto, indicó que “en términos mensuales, esto significaría un gasto promedio de $98.156, considerando una ruta típica desde el Gran Buenos Aires hasta CABA” y agregó que “a esto se le suma el costo del seguro obligatorio del vehículo, donde la cobertura mínima pasaría de $85.993 en noviembre de 2024 a $97.012 en marzo de 2025”.Además, contempló el uso ocasional de taxis para cubrir imprevistos, que en noviembre de 2024, el costo por viaje desde el GBA a CABA era de $22.368, pero para marzo de 2025 se estima que subirá a $24.641, lo que representa un gasto mensual de $98.567 para cuatro viajes.En referencia a los colegios privados de nivel intermedio, el reporte arrojó que el costo promedio para dos niños en edad escolar era de $256.460 en noviembre de 2024 y para marzo proyecta alcanzar los $355.402.En cuanto a la salud, sostuvo que “las prepagas representan un gasto significativo”, ya que en noviembre pasado, el costo promedio de un plan para una familia de cuatro personas era de $349.814 y se estima que en marzo este costo alcanzará los $409.830. Al analizar el comportamiento de los valores vinculados a los servicios de comunicación, el estudio detalló que en noviembre de 2024, el servicio de telefonía celular para dos personas costaba en promedio $20.800, considerando un plan básico y limitado, y para marzo se proyecta que alcance $23.071. A su vez, aportó que el servicio de internet de 600 megas tenía un costo promedio de $26.799 en noviembre, y en marzo tendrá un valor estimado de $30.489.En cuanto a las plataformas de streaming, el costo promedio mensual era de $13.383 en noviembre de 2024 y beneficiados por la eliminación del Impuesto PAÍS a partir del 23 de diciembre de 2024, el precio promedio se reduciría a $9.358 en marzo de 2025. NA

Los bancos han notificado a sus clientes sobre aumentos de hasta el 100% en las comisiones y tasas de interés por los atrasos en los pagos de tarjetas de crédito. Estos cambios entrarán en vigor a partir de abril, en cumplimiento de la obligación legal de notificación previa con un margen de 60 días. Argumentan que esta medida se toma en medio de la creciente inflación, con un IPC del 25,5% en diciembre pasado y del 20,6% en enero del presente año.

Cada entidad bancaria ha comunicado cómo operará bajo las nuevas normativas a partir de abril.

Por ejemplo, el Banco Santander ha informado que el costo de mantenimiento de la cuenta corriente aumentará de $2.780 a $5.420, y para los clientes del "paquete Black", de $33.395 a $65.120 mensuales.

El Banco Galicia ha revelado los nuevos valores que entrarán en vigor en mayo, mientras que el HSBC ajustará sus tarifas a partir de abril.

Por su parte, el BBVA aún no ha anunciado un nuevo ajuste, después de haber aplicado uno el mes pasado que elevó el costo mensual de mantenimiento de cuenta a $2.904.

En cuanto a las entidades digitales, Brubank ha anunciado que el costo mensual de mantenimiento para una tarjeta de crédito Visa internacional será de $4.800, y también ajustarán el costo de las extracciones de efectivo en los cajeros automáticos, pasando de $750 a $1.500.

En Ualá, las cargas en efectivo oscilarán entre $5.000 y $50.000 a partir de abril.

Será a través de puntos de asistencia localizados en sedes comunales y en cuyas ciudades ATER no dispone atención presencial.

En el marco de las políticas de mejora de los servicios a los contribuyentes, la administradora tributaria (ATER) prepara un nuevo esquema de servicios presenciales básicos en sedes comunales.

El director Ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Germán Grané, señaló que �Sel gobernador Gustavo Bordet ha sido claro en el pedido de trabajar en conjunto con los municipios en beneficio de los ciudadanos y en ese marco venimos suscribiendo acuerdos con distintas comunas en base a un modelo de atención al ciudadano de proximidad, presencial y simple para aquellas localidades en las cuales no disponemos de oficinas de atención⬝, dijo.

�SEstamos comprometidos en hacer del cumplimiento tributario una acción cada vez más simple y por eso estamos multiplicando no sólo las opciones digitales de servicio sino también haciendo más eficiente la atención presencial⬝, sostuvo.

Esta iniciativa permitirá que los contribuyentes de esas ciudades puedan realizar gestiones básicas y todo tipo de consultas sobre los trámites disponibles en el organismo sin moverse a otra localidad cercana, con el soporte de la dirección del Interior del organismo.

Dentro de las gestiones que se ofrecerán se encuentran la obtención de estado de deuda, tramitar peticiones, consultar vencimientos de los impuestos y convenios de pago, obtener turnos de cita previa para ser atendidos de manera presencial en las oficinas cercanas y la reimpresión de avisos de vencimiento, entre otras gestiones básicas.

Convenios

con municipios

Desde 2020 ATER viene realizando acuerdos con una treintena de municipios en el marco de acciones de control fiscal y que desde octubre próximo se ampliarán hacia la prestación de estos servicios de gestión tributaria básicos.

Pese a que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) asegura que no están autorizados los incrementos, las compañías que prestan estos servicios ya están enviando las comunicaciones.

En un comunicado emitido el 14 de abril último, el organismo público aclaró que no había "autorizado incremento de precios para mayo o junio de 2021 en servicios de telefonía fija, telefonía móvil, internet o televisión paga".

Agregó que "oportunamente se informará cualquier aumento que se autorice" y remarcó que "cualquier comunicación en contrario surgida de las prestadoras de servicios en la cual se haya anunciado una modificación de precios carece de valor legal y no ha sido convalidada por este Ente".

Recordó que "las empresas que no hayan cumplido con las resoluciones que fijaron los incrementos autorizados y no hayan respetado el monto de los mismos o no hayan otorgado la Prestación Básica Universal consagrada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20 no podrán aplicar variaciones de precios a sus clientes".

En este contexto, las empresas justificaron la decisión de modificar los precios y salieron a anunciar aumentos para compensar el "atraso tarifario" que vienen registrando en los últimos meses.

A raíz de la pandemia, durante 2020 los cuadros tarifarios estuvieron congelados a raíz del decreto presidencial 690 que declaró servicios públicos esenciales.

El Gobierno autorizó en diciembre del año pasado aumentos del 5 % en los servicios de telefonía fija, móvil, internet y tv por cable, aunque las subas llegaron al 20 %.

Entre las empresas que anunciaron aumentos, Movistar lo hizo vía SMS y precisó que el ajuste será del 8 % en mayo y del 7 % en junio, al igual que la empresa Claro, que ya lo comunicó la semana anterior.

En tanto, Telecom aplicará un incremento del orden del 10 % a todos sus productos.

En este sentido, la ley 27.098 de Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y Pueblo contempla en su artículo 16 el beneficio de una tarifa social básica de servicios públicos a las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Clubes de Barrio. Para ello, los clubes de barrio y pueblo pueden registrarse ingresando al siguiente link: https://clubesargentinos.deportes.gob.ar/

�SPara nosotros es muy importante implementar desde la Secretaría un esquema tarifario para todos los clubes de barrio de la Argentina, garantizar que todos ellos tengan acceso a la misma y en eso estamos trabajando. Siempre con una mirada federal, en donde el acceso a la energía sea para todos⬝, expresó Darío Martínez.

�SEsta es una medida estructural para el deporte argentino, por lo que representan los clubes de barrio para el desarrollo deportivo en todo el territorio nacional, aportando espacios y reuniendo a la comunidad. Son el semillero del que surjen las y los grandes referentes de nuestro deporte⬝, sostuvo Arrondo.

En el encuentro estuvo también presente el subsecretario de Coordinación Institucional de la secretaría de Energía, Santiago Yanotti.

El directivo del Enacom, en declaraciones a Télam, también adelantó que esta semana el Ente dará a conocer los planes que se dispondrán para la prestación básica y obligatoria que permitirá ofrecer el servicio a los sectores más vulnerables, con vigencia a partir del primero de enero.

�SNo se autorizó hasta el momento ningún aumento tal como anuncian las empresas de internet, telefonía y televisión respecto de un supuesto incremento del 20% para enero⬝, aseguró López

De esta manera, el funcionario desestimó los anuncios que varias empresas de servicios hicieron llegar a sus usuarios en las últimas semanas, anticipando incrementos a partir del 1 de enero.

El funcionario recordó que la medida se enmarca en lo dispuesto a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690 que firmó el presidente Alberto Fernández y convalidó el Congreso que estableció los servicios como públicos y esenciales.

En ese sentido, López resaltó que �Sya no son las empresas que fijan el precio sin intervención del Estado sino que son las que proponen y es el Ente el que autoriza o no el aumento y cuánto⬝.

Además, adelantó que esta semana se va a anunciar desde el Enacom la política que se estableció en aquel Decreto �Ssobre la prestación básica y obligatoria, es decir la tarifa social de internet, televisión, telefonía celular y fija para los millones de argentinos afectados por la política económica de Mauricio Macri y que la pandemia recrudeció⬝. Para esos sectores, confirmó, �Sva a haber una tarifa especial para que no queden desconectados, ya que se declaró servicio público porque para poder estudiar, enseñar, acceder a la cultural, el trabajo e incluso a los planes sociales hoy se necesita conectividad⬝.

�SEstamos ante un derecho humano básico y por lo tanto considerado servicio público sujeto a regulación estatal⬝ recordó López al ratificar que junto al anuncio de qué aumento habrá para los distintos servicios se van a comunicar los planes sociales para regir a partir del 1 de enero⬝.

Los planes de este servicio básico universal se presume estará dirigido especialmente a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Ingreso familiar de Emergencia (IFE) y los jubilados y pensionados que cobran la mínima.

La intención de la tarifa social es sostener con un servicio básico universal la conectividad de los millones de personas que este año perdieron la capacidad de pagar servicios por la inactividad en la pandemia o por la disminución en sus ingresos. Los precios de los servicios de tecnologías y comunicaciones (Tics) permanecen congelados hasta el 31 de diciembre en base a los valores implementados en julio a partir del Decreto 690, que en su momento obligó a las empresas a retrotraer incrementos ya facturados.

Con motivo de la pandemia, el Gobierno impulsó el congelamiento de distintos servicios como los de transporte, gas, electricidad y agua, en procura de aliviar la situación de las familias afectadas por la caída de actividad producto por las restricciones a las que obligó la pandemia de coronavirus. Otra de las medidas que el Gobierno tomó en la pandemia para el sector de las telecomunicaciones y previo al DNU 690, fue la prohibición del corte de servicios por falta de pago.

A poco de firmar el DNU, el presidente Fernández expresó que el mercado de las telecomunicaciones es uno de los �Smás concentrados de la economía argentina⬝ y proclamó la intención del Gobierno de �Spromover competencia ante los pocos operadores⬝ existentes en el mercado.

Hasta fines de la semana pasada el directorio del Ente se centró en la definición de �Starifas sociales⬝ para los servicios de telefonía e internet móvil con las tres empresas que prestan los servicios: Claro, Movistar y Personal; mientras que el servicio de internet fijo es prestado por más de 700 empresas entre grandes corporaciones, pymes y cooperativas.

De esta forma, las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e internet y tv por cable por vínculo radioeléctrico o satelital no podrán disponer la suspensión o corte del respectivo servicio a los usuarios en caso de mora o falta de pago de hasta 6 facturas consecutivas o alternadas, con vencimientos desde el 1 de marzo de 2020.

También quedan comprendidos los usuarios con aviso de corte en curso. La prórroga es por 180 días.

El espíritu de esta decisión se basa en que en la situación actual de emergencia sanitaria se hace necesario propender a garantizar el acceso a los servicios que constituyen medios instrumentales para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas tales como la salud, la alimentación, la educación.

En ese sentido, la norma recuerda decretos anteriores donde se designa como autoridad de aplicación en lo referente a energía eléctrica al Ministerio de Producción, quien deberá adoptar las medidas pertinentes e instruir a sus organismos técnicos competentes para la efectiva implementación de lo dispuesto.

En ese marco, el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, afirmó que la medida alcanza a usuarios particulares, empresas, industrias y distintos sectores productivos.

Al respecto, Bahillo indicó que �Ses el resultado de la permanente atención y contacto que tenemos con todos los sectores y la permanente evaluación que hacemos sobre los efectos de la pandemia⬝.

�SToda la sociedad está sensibilizada y solidarizándose -expresó el Ministro- por eso también le pedimos un esfuerzo a las compañías prestadoras de servicio para contribuir a mitigar las consecuencias económicas del Covid⬝.

Actividades deportivas

En otro orden y por el mismo decreto, es decisión del Poder Ejecutivo entrerriano propender al reinicio de las prácticas y entrenamientos deportivos, conforme a la propuesta elaborada por la Secretaría de Deportes de la provincia, teniendo presente la priorización sanitaria ya que ello genera beneficios saludables -tanto en lo físico como en lo psicológico y emocional de los ciudadanos-, máxime en el escenario particular que hoy padece el mundo como consecuencia de la pandemia.

El ministro de Economía Martín Guzmán lo había adelantado cuando presentó el Presupuesto 2021 en el Congreso de la Nación y ahora lo están recibiendo de primera mano las empresas. A partir del año que viene, si la pandemia así lo permite, vuelven los aumentos de las tarifas de los servicios de gas y de luz que llevan casi dos años congelados.

El decreto que tiene congeladas las tarifas tiene fecha de finalización el próximo 17 de diciembre pero, según dijo el secretario de Energía, Daniel Martínez, el cuadro tarifario actual estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.

En este proceso es que se empezó a negociar con las empresas prestadoras de servicios bajo los parámetros que estableció Guzmán en la presentación del Presupuesto 2021: se ajustarán acompañando la inflación.

�SEl eje central es ese, mirando el 29% que está en el presupuesto y que estableció Guzmán⬝, explicó una fuente oficial a Infobae. �SLas empresas están en conversaciones con Martínez para establecer ese nuevo cuadro tarifario⬝, agregaron.

Lo cierto es que el 29% que se aplicará tanto para la luz como para el gas es en realidad el promedio de los aumentos. Casi sin modificaciones en los montos asignados para los subsidios, el esquema en el que se está trabajando es que los sectores de mayor poder adquisitivo y mayor consumo tengan que hacer frente a un aumento mayor que el de la inflación con el fin de compensar a los sectores medios y medios bajos que dejarán de percibir los subsidios. �SHay que compensar⬝, señalaron desde una energética.

Con este esquema, los usuarios afrontarán el año próximo el 43% del costo estimado para la electricidad, nivel similar al del año 2016.

Todo esto, aseguran, está atado al estado de situación del país respecto de la pandemia en diciembre próximo. �SSi en la Casa Rosada entienden que la situación no está controlada, no van a dudar en extender el congelamiento⬝.

Respecto a los subsidios, hoy el Gobierno cuenta con una herramienta única para lograr segmentar a los consumidores que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que no sólo visibilizó a un grupo de personas que se movía en la economía informal, sino que los bancarizó. De los 9 millones que recibieron el IFE, 4,5 millones abrieron su primera cuenta bancaria.

�SSe está trabajando con la base de datos de Anses porque permite segmentar mucho mejor. Hoy se puede llegar a la persona, individualizar, ver sus consumos y saber si realmente necesita la ayuda. Ahí es donde se van a apuntar los subsidios⬝, explicaron.

La modificación del proceso tarifario se había conversado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), poco adepto a este tipo de subsidios en la reciente misión técnica del organismo que visitó Buenos Aires.

Así fue que técnicos del FMI partieron de la Argentina no sólo con la promesa política respecto del incremento de los precios relativos, sino también con los números que demuestran que el Gobierno nacional no solo no tiene la intención de mantener congeladas las tarifas de los servicios públicos sino que no puede hacerlo y las aumentará.

El gasto proyectado para el año próximo en materia de subsidios a la energía y al transporte es de $805.855 millones, que equivale a 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y representa el mismo nivel que el previsto para 2020.

Así se desprende de un trabajo que realizó y publicó la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación y que ya se encuentra en los despachos de cada uno de los legisladores. Según el informe, el 77,4% de los fondos serán destinados a subvencionar al sector de gas y electricidad, mientras que el 22,6% se asignará al transporte.

La nueva medida también amplía de seis a siete la cantidad de facturas impagas que pueden tener los usuarios de los servicios de energía eléctrica, gas, agua, telefonía fija o móvil e internet y TV paga.

Del mismo modo, se extiende también hasta fin de año la obligación de las empresas de telefonía fija o móvil, internet y TV paga de mantener un servicio reducido en caso de falta de pago.

La norma busca, de acuerdo a los fundamentos del decreto que la dispuso, �Sgarantizar -en el marco de esta emergencia- el acceso a esos servicios, los que constituyen medios instrumentales para el ejercicio de derechos fundamentales (tales como a la salud, a la educación o la alimentación)⬝.

La medida alcanza a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, a quienes perciban Pensiones no Contributivas y tengan ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), a usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social, a jubilados; pensionados, y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos SMVyM.

También abarca a monotributistas de categorías cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos SMVyM, a usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo, personas electrodependientes, a quienes estén dentro del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares y a exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

Además, se benefician de esta medida las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) afectadas en la emergencia, las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en INAES, las instituciones de salud, públicas y privadas, y las entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos.

Desde la empresa se expuso ante los concejales el compromiso de inversión y mejora de los servicios de conectividad fija para la ciudad.

Además, se insistió sobre la necesidad de articular con las autoridades municipales acciones tendientes a concretar la firma del acuerdo que permita dar inicio a las obras en la ciudad.

La empresa recordó que hace once meses el HCD de Concordia autorizó, por unanimidad, a Telecom a realizar un recambio de tecnología para la instalación de fibra óptica al hogar pero que, a la fecha, sigue sin concreción la firma del convenio acordado en el HCD, demorando las inversiones previstas para la ciudad.

Los ejecutivos de la empresa, que estuvieron presentes, solicitaron al HCD y a la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor su intervención para garantizar la realización de las mejoras de red previstas en la ciudad.

Asimismo, se informó que en el primer semestre del año 2020 se han registrado 39 denuncias por robo de cable de cobre. Esta situación también interfiere en la normal prestación de servicio a los clientes de Concordia.

En este marco se resaltó que parte de la solución de estos inconvenientes es poder dar inicio a las obras de reconversión tecnológica que Telecom presentó al municipio durante 2019, las que hasta la fecha no han sido autorizadas por las autoridades competentes.

                                                                                                                                                                                               Inversiones

Con el objetivo de continuar evolucionando la experiencia de conectividad en el hogar de los clientes, generando mayores velocidades de acceso y permitiendo contar con el servicio de televisión, Telecom prevé completar este año inversiones del orden de los 800 mil dólares en la localidad para continuar con el despliegue de su red FTTH (Fibra óptica al hogar).

Con esta tecnología, el cliente podrá acceder a la mejor red de internet de fibra óptica de la Argentina, a través de Fibertel, con distintas velocidades de contratación de hasta 300 Megas. Además, podrá sumar el novedoso producto FLOW.

Con este nuevo servicio los clientes cambian la forma de ver televisión de manera tradicional, permitiendo ver contenido en vivo, contenidos exclusivos y a demanda, con funcionalidades destacadas para disfrutar además desde la televisión, desde celulares, tablets, pc, en todo momento y en el lugar deseado.

Con estos trabajos que comenzarán en la ciudad, la empresa continúa consolidando su liderazgo en innovación y su compromiso de calidad con los clientes de la empresa en Concordia.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el Presidente dijo que �Sde esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado⬝, advirtió.

Los Puntos del Decreto: Se declara a la telefonía celular y fija, a los servicios de internet y a la TV paga como servicios públicos esenciales y se congelan los precios hasta el 31 de diciembre del 2020

Mediante un DNU (decreto de necesidad y urgencia) que se publicará, el Gobierno nacional declarará a la telefonía celular y fija, a los servicios de internet y a la TV paga como un servicio público y esencial.

Además se congelarán hasta el 31 de diciembre de 2020 las tarifas de los servicios telefónicos, de internet y de la televisión paga.

Tampoco podrá haber aumento de tarifas en el futuro sin previa autorización del Estado.

Se resuelve también que el Estado recupere las herramientas regulatorias.

La educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y la comunicación son derechos básicos. Por eso se ha decidido que habrá planes inclusivos de prestación básica universal y obligatoria para los que menos tienen.

Desde las áreas de servicios de la administradora tributaria (ATER), recordaron este miércoles las gestiones que se pueden realizar a través de los canales electrónicos disponibles desde el sitio web del organismo (www.ater.gob.ar) y los servicios de ATER con clave fiscal AFIP, todos los días del año las 24 horas.

Además recordaron la atención telefónica y por email que se presta desde el Servicio de Asistencia al Ciudadano de lunes a viernes mediante la línea gratuita 0810-888-2837

Entre las gestiones que se pueden realizar directamente desde www.ater.gob.ar, recordaron:

Abonar vencimientos online: A través del nuevo botón de pago, los ciudadanos pueden abonar sus tributos corrientes o vencidos con tarjeta de débito o débito inmediato (DEBIN) ingresando DNI, CUIT, número de partida, patente o código de barras para el caso de boletas vencidas anteriores al mes de abril 2020. Lo puede realizar para cualquier deuda. En este momento tenemos los últimos 3 años y pronto tendremos las deudas de los últimos 5 años (deuda no prescripta).

Consultar deuda y descargar avisos: Para el caso de impuesto inmobiliario, automotores y Régimen Simplificado (ingresos brutos), podrá descargar los volantes de pago, así como pagarlos directamente, recibiendo la notificación del pago inmediatamente.

Descargar certificados de libre deuda: Para el caso de contribuyentes prestadores de servicios al estado.

Obtener turnos de atención en oficinas: Sólo para el caso de gestiones presenciales, el ciudadano puede obtener, cancelar y reprogramar sus turnos.

Descargar certificados de inscripción: Para el caso de impuestos declarativos (Ingresos brutos y Ley 4035).

Realizar consultas generales: Referidas a estados de expedientes y notas, consultas de datos valuatorios (datos parcelarios), otras...

Consultar todos los medios de pago disponibles: Aquí se puede encontrar información sobre las distintas posibilidades vigentes (Débito directo, Debio inmediato, tarjetas de débito, interbanking, pagos link, pagomiscuentas, centros de cobro entre otros).

Gestiones con Clave Fiscal

Realizar consultas sobre estados de cuenta: El ciudadano puede consultar sus estados de cuenta de todos sus impuestos.

Pagar tributos a través de los diferentes volantes electrónicos

- Abonar obligaciones corrientes o vencidas: Mediante el volante de pago ágil (VPA) por homebanking o botón de pago (con tarjeta de débito o débito inmediato)

- Abonar múltiples obligaciones vencidas en un pago: Mediante el volante de consolidación de deuda (VCA)

Suscribir planes de pago: Los ciudadanos pueden crear su plan y elegir la financiación que más les convengan y abonar con débito directo en cuenta.

Realizar gestiones catastrales: A través de la plataforma de Trámite Catastral Web (TCW) - exclusivo para profesionales de la agrimensura-

- Declaración Jurada Digital

- Ficha para Transferencia Digital

- Mesa virtual web -consulta de expedientes on-line vía Clave Fiscal-

- Visión Gráfico Parcelario

Generar volantes y pagar sellados y tasas retributivas: A través de la aplicación SellosWeb y TasasWeb los ciudadanos pueden realizar íntegramente el trámite de generación y pago de sellados y tasas retributivas.

Consultar notificaciones en el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE): Suscribiendo a este servicio, los ciudadanos pueden recibir sus notificaciones, novedades de sus impuestos y sus vencimientos mensuales.

Renovar carnet de Marcas y Señales: para los contribuyentes con actividades agropecuarias.

Realizar la declaración jurada de Agentes de Retención de sellos y generación del volante de pagos.

Realizar altas y bajas de actividades

Múltiples gestiones para profesionales: De acuerdo con el tipo de contribuyentes y los acuerdos suscritos con los distintos colegios profesionales, se pueden realizar otras 20 gestiones no presenciales.

Pagos presenciales

en efectivo sin boleta

Asimismo, en el marco de comenzar el vencimiento del tercer anticipo del impuesto inmobiliario urbano, se recuerda a los contribuyentes que si bien el reparto de boletas se realiza con normalidad, a partir de la puesta en funcionamiento del Botón de Pago web, los vencimientos también pueden ser abonados de forma presencial en los centros de cobro Entre Ríos Servicios indicando sólamente DNI-CUIT o número de partida.

Con esta nueva modalidad, además los vencimientos (corrientes o vencidos) pueden ser abonados tanto en efectivo como así con tarjeta de débito.

Asistencia telefónica

permanente

En este contexto en que la prioridad es preservar la seguridad sanitaria, ATER continúa al servicio del ciudadano fortaleciendo sus canales electrónicos de gestión a través del Servicio de Asistencia al Ciudadano (SAC) de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 llamando al 0810- 888- 2837 o por mail a consultas@ater.gob.ar

Próximos

lanzamientos

Finalmente anticiparon que próximamente se habilitarán nuevos servicios para la autogestión relacionados con: el altas de personas y de contribuyentes; la tramitación de exenciones para actividades culturales; la tramitación de saldo a favor y la tramitación de incorporación al padrón de contribuyentes susceptibles a la aplicación de la norma de alivio fiscal.

El Gobierno nacional oficializó que las tarifas de electricidad y gas natural permanecerán congeladas hasta fin de año, al extender la fecha límite de renegociación con las prestadoras de servicios, que vencía en dos semanas.

Además, aumentó de tres a seis la cantidad de facturas impagas que puede acumular una familia de bajos ingresos sin sufrir cortes de servicio de luz, gas, agua, Internet, TV paga y telefonía celular, como parte de la emergencia sanitaria.

En tanto, el Banco Central extendió hasta fines de septiembre la prohibición de que los bancos carguen intereses punitorios ante la mora en créditos UVA o tradicionales. En estos casos, los impagos se acumularán para ser saldados en meses posteriores, pero sin devengar las multas.

El decreto 543/2020, publicado este viernes en el Boletín Oficial, rubricó que no habrá cambios en las facturas de electricidad y gas natural, que permanecen congeladas desde la primera mitad de 2019.

El Gobierno extendió el plazo de seis meses que obtuvo con la ley de solidaridad y reactivación productiva votada a fin de año para renegociar las tarifas con las prestadoras de servicios de electricidad y gas bajo control del Estado nacional. La medida involucra a las concesiones de luz del área metropolitana (Edenor y Edesur) y a las distribuidoras de gas de todo el país. La garrafa de gas también tiene un precio regulado a nivel nacional y debería mantenerse sin cambios.

El mismo decreto amplió de tres a seis la cantidad de facturas impagas, consecutivas o no, que pueden acumular usuarios de bajos ingresos de los servicios públicos. En el caso de la telefonía celular, la TV paga y los servicios de internet, los prestadores pueden restringir la prestación a un paquete básico, pero no cortarla.

La protección ante impagos alcanza a titulares de AUH y Asignación por Embarazo, titulares de pensiones con ingresos que no superen a dos veces el salario mínimo ($3.750 en total); monotributistas sociales; jubilados y monotributistas con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales; personas que perciban seguros de desempleo; electrodependientes; trabajadoras de casas particulares; y exentos del ABL o impuestos similares. También a micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas de trabajo e instituciones de salud.

Por otro lado, el Banco Central extendió hasta el 30 de septiembre la prohibición de que bancos carguen intereses punitorios a los créditos UVA o tradicionales impagos. En estos casos, las cuotas impagas se incorporarán en los meses siguientes al final de vida del crédito, junto con la tasa de interés compensatorio.

El Gobierno extendió hasta fin de mayo la suspensión de cortes de servicios, como luz, gas, agua e internet, entre otros, hasta fin de mes en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el coronavirus Covid-19.

A través del decreto 426/2020, que lleva la forma de todo el gabinete nacional, el Gobierno prorrogó hasta el 31 de mayo la suspensión de cortes de servicio por falta de pago.

Mediante esta decisión, se dispuso que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital �Sno podrían disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a las usuarias y a los usuarios en caso de mora o falta de pago de hasta tres (3) facturas consecutivas o alternas y cuyos vencimientos hubieran operado a partir del 1° de marzo de 2020⬝.

Asimismo, se dispuso que en la prórroga que �Stratándose de servicios de telefonía fija o móvil, Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, las empresas prestatarias quedaban obligadas a mantener un servicio reducido, conforme se estableciera en la reglamentación, por un plazo de 180 días corridos⬝.

Esto incluye a quienes tengan celulares �Sprepagos⬝ las empresas prestadoras deberán brindar un servicio reducido a aquellas personas que no carguen sus teléfonos.

Lo mismo cuenta para los �SServicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Servicios de TIC)⬝, para continuar garantizando el acceso a los servicios de telecomunicaciones a los usuarios, mediante una conectividad mínima con prestaciones reducidas.

No todos los hogares están exentos. La disposición promulgada por el gobierno establece que a los beneficiarios no se les podrá cortar el servicio si adeudan hasta 3 facturas, consecutivas o no, dentro de los siguientes 180 días a partir de la entrada en vigencia del decreto 311 del 24 de marzo.

Los clientes residenciales alcanzados por el decreto son:

- Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

- Beneficiarios de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

- Usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.

- Jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos.

- Trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el salario mínimo.

- Usuarios que perciben seguro de desempleo.

- Electrodependientes, beneficiarios de la Ley N° 27.351.

- Usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley N° 26.844).

- Exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

Pero la norma también es extensiva a los usuarios no residenciales. En este caso, los que están exentos son:

- Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), conforme lo dispuesto por la Ley N° 25.300 afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación;

- Las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación;

- Las instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación;

- Las entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.

La prohibición de corte �Sno es para todos⬝, desde la entidad señalaron que todas las empresas que la conforman han dispuesto e informado �Sla posibilidad de pagar las facturas por medios electrónicos no presenciales, de modo que el quedarse en casa no sea impedimento para cumplir los compromisos con empresas que sirven a todos los argentinos⬝.

Por último, la entidad que agrupa a Camuzzi, Ecogas, GasNor, GasNea, Metrogas, Naturgy y Litoral gas y que abastece a nueve millones de usuarios, en línea con el mensaje oficial, señaló que ����pagar las facturas de gas es una expresión de solidaridad social respecto de aquellos que, en esta situación de emergencia, no pueden hacerlo.⬝

En el mismo sentido, la distribuidora de electricidad Edenor emitió un comunicado recordando los límites de los beneficios del decreto 311 y aclarando que la norma no incluye a aquellas facturas vencidas antes del 1° de marzo ni impide cortes o suspensiones dispuestos por cuestiones técnicas o de seguridad.

�SEdenor brinda un servicio que en el contexto actual es esencial para el pleno desarrollo de actividades que lleva adelante la comunidad en la lucha contra la pandemia.

Por ello, para mantener la calidad del servicio y que todos puedan disponer de electricidad es necesario el compromiso de cada uno, pensando en los sectores más vulnerables⬝, concluyó el comunicado.

A través de la norma, se garantiza, en función de las obligaciones del Estado en el marco de esta pandemia, el mantenimiento de los servicios básicos en la administración pública entrerriana, de acuerdo a las recomendaciones del Comité Organización de Emergencia de Salud. 

Se declara además inhábil a los fines del procedimiento administrativo al período comprendido entre el 13 y el 26 de abril de 2020, excepto los referidos a los procedimientos de selección del co-contratante estatal bajo la Ley de Contabilidad y Obras Públicas, los concernientes a las operaciones de crédito público y a los que expresamente se les habilite día y hora, a propuesta de las distintas áreas y Ministros.

El decreto faculta a los Ministros, Secretarios de Estado y al secretario General de la Gobernación, mediante el dictado de resoluciones, a establecer las medidas necesarias a fin de garantizar el funcionamiento de sus dependencias en el período referido, pudiendo disponer en sus ámbitos las modalidades bajo las cuales prestarán los servicios los agentes responsables, así como los lineamientos a seguir para la atención de situaciones extraordinarias y/o de urgencia que se sucinten, debiendo garantizarse la prestación de servicios en las Direcciones de Asuntos Jurídicos, Servicios Contables y Despachos de cada jurisdicción.

Por otra parte, el decreto regula que el personal en guardia pasiva, es decir, aquel que no está afectado al cumplimiento de tareas presenciales en los lugares habituales de prestación de servicios, deberá estar disponible en caso de ser requerido por la superioridad.

A través de la norma, se dispensa además, la asistencia a sus lugares de trabajo a las personas de 60 años o mayores, o con factores de riesgo, salvo las declaradas personas esencial o afectadas a actividades críticas o de prestación de servicios indispensables.

Esta dispensa se computará como tiempo de servicio, sin que ello afecte la percepción íntegra de haberes, incluyendo al personal que se encuentre en guardia pasiva.

Por último, invita a los titulares de los Entes Descentralizados, a los Poderes Legislativo y Judicial, a los municipios y comunas a adoptar medidas análogas.

�SHoy (por ayer) firmé el Decreto de adhesión que se publicará este viernes en el boletín oficial, donde se adhiere en todos los términos al decreto nacional que suspende el corte de servicio por falta de pago⬝, anunció el gobernador.

Decreto

Con la firma del decreto provincial que impide la suspensión o corte de servicios, el mandatario entrerriano adhirió a las disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 311/20 del Poder Ejecutivo Nacional.

En el artículo 2, dispone al Ministerio de Producción como autoridad de aplicación del decreto y faculta para que órganos técnicos competentes procedan a la reglamentación de la norma, estableciendo los beneficiarios comprendidos en el mismo. Esta medida alcanza a quienes tienen mora o falta de pago de hasta tres cuotas mensuales consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020. Quedan comprendidos los usuarios con aviso de corte en curso.

Serán alcanzados por la medida

Usuarios beneficiarios de las distintas categorías de la Tarifa Eléctrica Social (TES II y III) para personas de escasos recursos económicos vigentes en la provincia de Entre Ríos.

Usuarios beneficiarios de la Tarifa Eléctrica Social (TES I) vigente en la provincia de Entre Ríos para jubilados y/o pensionados.

Usuarios beneficiarios del beneficio provincial identificado como Inclusión al Consumo de Energía Eléctrica (ICEE) vigente en la provincia de Entre Ríos.

Usuarios encuadrados como electrodependientes por razones de salud que se encuentren inscriptos en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS) dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.

Usuarios beneficiarios de la Tarifa Social para la Salud vigente en la Provincia de Entre Ríos.

Usuarios beneficiarios de la Tarifa Social Nacional

Usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley N° 26.844), para lo cual deberá presentar la constancia correspondiente.

Usuarios que perciben el seguro de desempleo, para lo cual deberá presentar la constancia correspondiente.

Usuarios que sean beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y/o la Asignación por Embarazo, para lo cual deberá presentar la constancia correspondiente.

Usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social, para lo cual deberá presentar la constancia correspondiente.

Usuarios que sean trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado sea inferior a DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil, para lo cual deberá presentar la constancia correspondiente.

Usuarios que sean Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) afectadas en la emergencia, para lo cual deberán presentar la constancia correspondiente expedida por autoridad.

Usuarios que sean instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia.

Usuarios que sean Entidades de Bien Público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), conforme lo dispuesto por la Ley N° 25.300 afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación.

�SEstamos realizando un trabajo muy minucioso de segmentación de los cuadros tarifarios con el propósito de proteger sobre todo a la clase media y cobrar más a los que más tienen⬝, adelantó una alta fuente del Gobierno a Ámbito. Al respecto, señaló que �Snecesitamos que la clase media no vea dañado sus ingresos por los costos de los servicios públicos para que así cuenten con capacidad de consumo para reactivar la economía⬝.

Cabe señalar que por 180 días están congeladas las tarifas de los servicios públicos y de los combustibles pero en el Gobierno ya están trabajando respecto a los posibles ajustes a partir del día 181. Un tema que preocupa a nivel oficial es que, a pesar de prácticamente haber congelado la mayoría de los precios, la inflación aún se ubica por encima de los 3 puntos. �SSi bien la inflación se está desacelerando no a la velocidad que se esperaba⬝, se lamentan.

Respecto al tema tarifario la premisa del presidente Alberto Fernández es que el aumento recaiga sobre los más que tienen. En el caso de la clase media, en el Gobierno se afirma que la situación de las finanzas familiares se encuentra seriamente deteriorada, pero descartan que el alivio pueda venir por una reducción impositiva. �SPor el momento, la necesidad de llevar adelante una política fiscal responsable nos inhibe la posibilidad de recortar tributos⬝.

Precisamente, las urgencias del Tesoro llevan a que el gobierno deba ser medido en su política de subsidios, de donde la fórmula en la que están trabajando las autoridades para cuando comience el descongelamiento de las tarifas, es aplicar esquemas en los que los aumentos sean más que proporcionales para los consumos elevados, como forma de contrapesar ajustes de menor magnitud en las restantes escalas. También se analiza el tema de la ubicación geográfica de los hogares, es decir que se intenta aplicar �Ssintonía fina⬝ en los aumentos tarifarios. Admiten que el trabajo aún está en etapa de estudio pero que se lleva a cabo bajo la directiva presidencial �Sla cuenta de la luz o el gas no debe ser un problema para la gente⬝. En el caso de los combustibles la propuesta quedó en manos de las petroleras. El gobierno hace un par de semanas atrás les pidió que presenten cuál sería el esquema ideal del ajuste en los combustibles pero teniendo en cuenta que el aumento �Sno tenga un fuerte impacto inflacionario⬝. Esta propuesta empresaria aún no fue acercada a las autoridades.