La medida también comprende una camioneta Citroën Berlingo, un camión Ford, una motocicleta Zanella, computadoras, equipos técnicos y un plóter utilizado en la imprenta. Según explicó Rettore, la Fiscalía recibirá los bienes en nombre de la provincia y los pondrá a disposición del Poder Ejecutivo, que deberá evaluar su estado y definir qué uso darles.

El decomiso fue ordenado en la sentencia del 7 de abril de 2022, dictada en la investigación sobre las imprentas que integró el megajuicio por corrupción contra el exgobernador Sergio Urribarri, Aguilera y el exfuncionario Pedro Báez.

(Información del equipo de investigación periodística de Daniel Enz).

Por videoconferencia y desde la Unidad Penal Nº 9, Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera comparecieron ante la jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora. Fueron audiencias de conocimiento: un primer contacto entre los condenados y la magistrada encargada de supervisar el cumplimiento de sus penas. Participaron también la fiscal Fernanda Ruffatti y los defensores Miguel Ángel Cullen, por Urribarri y Aguilera, y José Velázquez, por Báez.

Urribarri centró su intervención en las condiciones de alojamiento y en las dificultades que, según dijo, enfrenta cada vez que debe atravesar sectores de la cárcel donde se encuentran otros internos.

“Ahora me encuentro alojado en un lugar mucho mejor del que estaba la primera semana”, comenzó. Sobre aquellos primeros días, relató: “La primera semana compartía un espacio común de puertas abiertas con 14 condenados por violación y abusos, y con dos homicidas, uno de los cuales había matado a cuatro personas y era mi vecino de celda. Dormía de día algunas horas porque era imposible conciliar el sueño de noche. El otro homicida había asesinado de 21 puñaladas a un vecino. Fueron siete días horribles hasta que me trasladaron a un pabellón distinto”.

El exgobernador afirmó que ahora permanece junto a su cuñado, Aguilera, y que evita los lugares compartidos. “No puedo compartir ningún espacio común. A un exgobernador que tomó decisiones que afectaron a familiares o a ellos mismos, no les resulta grato verme. Me es imposible estar en una biblioteca, en una cancha de fútbol o en cualquier espacio común”, sostuvo.

También resumió cómo transcurren sus días: “Estoy en ese reducto donde voy al baño, me cocino y duermo”. Reconoció, sin embargo, la intervención del personal penitenciario después del cambio de alojamiento: “No puedo adjudicarle nada negativo. Al contrario, creo que han hecho un esfuerzo en estas horas para darme la seguridad que evaluaron que no tenía al acceder al cambio de pabellón”.

Bértora le señaló que las restricciones para circular por temor a agresiones no son exclusivas de su caso. “Lo que usted está viviendo lo viven muchas otras personas de otra manera. Esto sucede con un porcentaje alto de la población penal: internos que no pueden salir por miedo a ser agredidos o que deben volver al confinamiento”, explicó. Agregó que en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná estas situaciones son frecuentes y que corresponde al Servicio Penitenciario evitar encuentros entre personas que mantienen conflictos. “Entiendo que la privación de la libertad es lo más doloroso para un ser humano, pero quiero decirle que no es la única persona en esta situación”, expresó.

Urribarri respondió: “Sinceramente no conozco el detalle de las condiciones en que están otros internos del penal. Lo que sí estoy seguro es que el Servicio Penitenciario Provincial tiene unidades carcelarias con distintos regímenes. No sé si tienen un régimen previsto para un exgobernador”.

“No, la verdad que no”, contestó la jueza. Explicó que los regímenes penitenciarios se organizan considerando a la población alojada y no contemplan una categoría específica para quienes ocuparon cargos políticos.

Durante la entrevista, Urribarri contó que cursó hasta quinto año de Ciencias Económicas y abandonó la carrera cuando asumió como intendente de General Campos. Consultado sobre la posibilidad de estudiar en la cárcel, dijo que por ahora no le interesa incorporarse a una propuesta educativa.

Bértora le sugirió realizar tratamiento psicológico, recomendación que también hizo a Báez y Aguilera. Le explicó que, cuando llegue el momento de solicitar salidas, se evaluarán distintos aspectos de su proceso de cumplimiento de la pena, además de su conducta. Urribarri respondió: “Gracias”.

Los tres están alojados actualmente en un sector que, según describió la magistrada, cuenta con 14 habitaciones para ellos solos, climatización central y cuatro baños, aunque dos no funcionan. Se trata de un espacio construido originalmente para el área de Sanidad. El traslado se produjo después de que se informaran insultos y presiones de otros internos.

Pedro Báez dijo que está organizando sus días entre la limpieza, la cocina, el lavado de ropa, la actividad física y la lectura. Cuenta con libros y fue autorizado a ingresar un dispositivo de lectura digital.

El exministro de Comunicación y Cultura explicó que tiene celiaquía y necesita evitar la contaminación de sus alimentos al compartir la cocina y los utensilios. La fiscal Ruffatti indicó que solicitaría a la dirección de la unidad resguardar su dieta cuando fuera necesario. Báez sostuvo que, tras el traslado, los tres se sienten “más seguros y con más comodidad”.

Sobre la posibilidad de estudiar, contó que cursó Ingeniería de Alimentos y obtuvo el título intermedio de Técnico Superior en Tecnología de Alimentos. Descartó retomar aquella carrera, aunque dijo que evaluará la oferta educativa de la cárcel el próximo año. También manifestó que ha dedicado tiempo a leer y reflexionar sobre su condena.

Juan Pablo Aguilera se mostró concentrado en continuar los estudios de Administración de Empresas que cursaba a distancia en la Universidad Siglo 21. Contó que ya conversó con el área educativa de la unidad sobre horarios de conexión y acceso a materiales. La fiscal informó que el Servicio Penitenciario había solicitado autorización para una computadora destinada al área de Educación.

Bértora expresó la disposición del juzgado para facilitar esa continuidad académica. Aguilera dijo que atraviesa una etapa de adaptación y que ocupa sus días con lectura. Durante la audiencia también habló de emprendimientos en los que afirmó haber participado en los últimos años. Según señaló ANÁLISIS, no mencionó allí su vínculo laboral con la Cámara de Senadores, un punto que requiere establecer documentalmente hasta cuándo estuvo vigente y en qué condiciones.

Las audiencias se realizaron en el marco de la ejecución de las condenas del llamado Megajuicio, dictadas en abril de 2022. Los tres tienen, además, otras causas todavía en trámite; esas investigaciones no forman parte de las penas que comenzaron a cumplir. (I: El equipo de investigación periodística que dirige Daniel Enz obtuvo los registros y las fotografías de lo ocurrido en las audiencias, difundidos por ANÁLISIS.)

Hace poco más de una semana se encuentran en prisión junto al exministro Pedro Báez, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) rechazara los últimos recursos defensivos y de ese modo confirmara la condena dictada en abril de 2022 por un tribunal local.Ahora, en el marco de la ejecución se ordenó el decomiso de los bienes que permanecían inmovilizados. Se trata de los inmuebles, vehículos y dispositivos tecnológicos que constituyeron la empresa Tep SRL, una de las imprentas que tuvo Juan Pablo Aguilera, contratada en variadas ocasiones por parte del gobierno de Entre Ríos cuando estaba a cargo de Urribarri.Durante el juicio oral que se desarrolló entre 2021 y 2022, que ventiló cinco investigaciones acumuladas por corrupción y se conoció como “megajuicio”, se confirmó que la empresa de Aguilera fue montada al calor del poder político que amasaba su cuñado Urribarri. En efecto, Aguilera consiguió en ese momento un crédito del Banco de Entre Ríos, con tasas preferenciales, que le permitieron armar las instalaciones, acceder a la maquinaria y poner en funcionamiento la estructura.    Por aquellos años, además de los buenos negocios que consiguió la imprenta con el gobierno de la provincia y empresarios afines a la gestión política de entonces, la firma se sirvió de la colaboración de agentes públicos que desarrollaban tareas para la empresa pero eran remunerados con sueldos del Estado. En ocasiones, las imprentas de Aguilera cobraron contratos con el Gobierno y no cumplieron con los servicios abonados.  La disposición que ordena el decomiso de los bienes, salió del despacho de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial el jueves pasado y fue directo a la Fiscalía de Estado de la provincia de Entre Ríos. El detalle de bienes a confiscar está contenido en el punto XXII de la sentencia fechada el 7 de abril de 2022.Según se lee en ese listado, se ordenó la confiscación definitiva de bienes inmuebles y muebles, titularidad de Tep SRL y de los imputados. Se trata de los galpones de calle Racedo al 400, el fondo de comercio, transportes, elementos informáticos, técnicos, y de comunicación que sirvieron para cometer los delitos, en el marco de la causa N°4.385 conocida como “imprentas” o “causa de la vaca”. Los inmuebles quedarán para el Poder Judicial, según la sentencia de 2022; los vehículos serán para la Policía de Entre Ríos; y los elementos informáticos para el Consejo General de Educación (CGE), para ser asignados a las instituciones educativas.

El listado es el siguiente:Inmueble ubicado en calle Racedo 415, de Paraná, partida provincial Nº101426651, partida municipal Nº 63031, matrícula 144102;inmueble ubicado en calle Racedo 409,de Paraná, partida provincial Nº1015028249, partida municipal Nº14909, matrícula 144101; de los siguientes vehículos:motovehículo 208 IG, marca Zanella, modelo ZB 100;vehículo dominio EPT 951, marca Ford, modelo F4000D; yvehículo dominio OJZ 720, marca Citroën, modelo Berlingo Furgón 1.6 HDI Business

Otros mueblesun CPU marca Bangkok color negro, de 4gb de memoria,procesadora AMD Penton II X2 545,procesador 360 GHZ;un cpu de 4 gb,procesador intel pentium CPG 645 290 GHZ;un plotter de impresión marca Bili neotitan 2504 DW2D;un cpu marca optiplex 390 de 8 gigabytes,procesador intelcore I32120cpu 330GHZ330GHZ;un cpu marca data vision modelo DT 912;un cpu marca dell optiplex 7010 Nº0F4X5W129213428753;cpu marca dell optiplex 7010 Nº JF6BSW142277288689;un cpu marca HP proliant ML110;un cpu marca HP proliant ML110GT;un cpu marca datavision Nº de barra DT520B0011071001202;un cpu marca Dell NºX14397060015411413200798;un cpu marca datavision NºDT912030110310001182;un cpu marca data vision Nº DT 520B0011031001041;una computadora all in one modelo lite E191219365P, serie Nº0800942001001020 marcar Bangock; un cpu marca lenovo Nº de serie 11530552900105BK1KT;una computadora all in one marca Apple, pantalla plana con su correspondiente teclado y mouse de la misma marcaCabe señalar que el plotter de impresión se encuentra en la casa de Luciana Almada, expareja de Juan Pablo Aguilera. Almada deberá entregarlo a quien designe la Fiscalía de Estado.Las condenas por el “megajuicio” alcanzaron al ex gobernador Urribarri con 8 años de prisión. En 2022, después de largos meses de debate y cuando el Tribunal de Juicio que en ese momento fue integrado por los vocales Carolina Castagno, Elvio Garzón y José María Chemez (jubilado) emitió la sentencia, Urribarri debió dejar el cargo de embajador argentino en Israel y Chipre, un rol que le asignó el gobierno de Alberto Fernández apenas asumió. Fue el mismo gobierno, en la persona del excanciller Santiago Cafiero, que le exigió la renuncia a Urribarri cuando se conoció la condena.En el mismo pronunciamiento del Tribunal se sentenció a Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera. Ambos recibieron una pena de 6 años y medio de prisión más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al igual que Urribarri. Pasaron más de cuatro años para que las condenas comiencen a ejecutarse. (I:Análisis)

El exgobernador Sergio Urribarri, el exministro Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera fueron trasladados este viernes desde la Unidad Penal N.º 1 de Paraná hasta la Unidad Penal N.º 9 “Granja El Potrero”, ubicada en Gualeguaychú.El operativo comenzó alrededor de las 4.30 y finalizó a las 8.16, cuando los tres ingresaron al establecimiento del sur entrerriano bajo custodia del Servicio Penitenciario provincial.Según lo informado por autoridades carcelarias, comenzarán a cumplir sus penas en el pabellón destinado principalmente a internos mayores de 60 años o con necesidades especiales de atención sanitaria. El sector funciona en el antiguo hospital modular levantado durante la pandemia y posteriormente adaptado para alojamiento penitenciario.

El pabellón posee 17 habitaciones, cámaras de vigilancia internas y externas, cocina, comedor, sanitarios compartidos y acceso a un patio. Antes del ingreso de los tres condenados, 14 plazas se encontraban ocupadas. Sus residentes comparten los espacios comunes y permanecen próximos al área de atención médica.

El Servicio Penitenciario había solicitado ese destino al considerar que ofrecía mejores condiciones de seguridad y alojamiento que la cárcel de Paraná, donde permanecieron durante los primeros días posteriores a sus detenciones.

El traslado se concretó después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara los recursos presentados contra la sentencia dictada en 2022. La decisión dejó firme la condena de ocho años de prisión contra Urribarri y las penas de seis años y seis meses impuestas a Báez y Aguilera.

El fallo de la Corte, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, habilitó la ejecución definitiva de las condenas y el posterior traslado de los tres a Gualeguaychú. 

La Unidad Penal N.º 9 “El Potrero” de Gualeguaychú aparece como el posible destino de Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, quienes actualmente permanecen detenidos en Paraná.

El Servicio Penitenciario propuso trasladarlos a ese establecimiento por considerar que ofrece mejores condiciones de alojamiento y seguridad. Sin embargo, la medida todavía no fue autorizada y deberá ser resuelta por la Justicia.

“El Potrero” está ubicado en una zona rural, comenzó a funcionar en 2015 y actualmente aloja a 633 personas. El complejo posee varios pabellones, espacios educativos, talleres laborales, sectores recreativos y un sistema de seguridad compuesto por cercos perimetrales y puestos elevados de vigilancia.

El espacio sugerido para recibir a los tres exfuncionarios funciona en un antiguo hospital modular construido durante la pandemia. Como el edificio había quedado sin utilización, fue transformado en un pabellón para personas mayores de 60 años o con problemas de salud.

El sector posee 17 habitaciones, de las cuales 14 se encuentran ocupadas. Por lo tanto, quedarían tres plazas disponibles.

Las habitaciones tienen cámaras internas y externas, pero no cuentan con baños privados. Los ocupantes utilizan dos sanitarios colectivos.

El pabellón dispone de cocina, comedor, pasillo interno y salida a un patio. Ese espacio al aire libre permanece abierto entre las 7 y las 19. Durante la noche continúa habilitada la circulación por las áreas comunes interiores.

Las puertas de las habitaciones son individuales, aunque no poseen candados ni cerrojos. Quienes sean alojados allí deberán convivir con los actuales ocupantes del pabellón, sin una separación exclusiva.

Otra característica es su cercanía con el área médica, lo que permite un seguimiento más directo de las personas mayores o con determinadas afecciones de salud.

Los pabellones de la Unidad Penal N.º 9 no poseen calefacción central. El establecimiento entrega mantas y permite el ingreso de una estufa por habitación.

Durante el verano se autoriza la utilización de ventiladores.

El menú habitual incluye pastas con estofado, milanesas de pollo o carne, hamburguesas, pizzas y sopas.

Las personas que presentan problemas gastrointestinales u otras enfermedades acreditadas pueden recibir una alimentación especial de acuerdo con las indicaciones médicas.

Los medicamentos deben ser revisados y autorizados por el servicio sanitario. Pueden ser entregados por la institución o ingresados por familiares después del control correspondiente.

La cárcel cuenta con un salón general de visitas ubicado cerca del ingreso. Los días y horarios se organizan según los diferentes pabellones.

Por encontrarse alejada del centro de Gualeguaychú y debido a que muchos internos son oriundos de otras localidades, las visitas pueden tener una mayor flexibilidad horaria.

Habitualmente duran entre dos y cuatro horas, aunque pueden extenderse cuando los familiares recorren largas distancias para llegar al establecimiento.

Las personas que ingresan no pueden llevar teléfonos celulares ni alimentos crudos. La comida debe estar cocida y toda medicación queda sometida al control del personal sanitario.

Algunos pabellones poseen televisores comunitarios y determinadas habitaciones cuentan con equipos individuales. No están permitidos los televisores inteligentes ni otros dispositivos con acceso a Internet.

Los internos que estudian pueden utilizar computadoras en lugares y horarios determinados. Las notebooks se habilitan únicamente con fines educativos y sin conexión a la red.

La Unidad Penal N.º 9 ofrece educación primaria y secundaria, bibliotecas y talleres de carpintería, herrería y otros oficios.

También se desarrollan actividades culturales con la participación de grupos teatrales y organizaciones externas. A esto se suma el acompañamiento de la Pastoral Penitenciaria.

En la parte posterior del predio funciona un sector deportivo con cancha de fútbol, elementos de gimnasia y espacios que ocasionalmente se adaptan para la práctica del básquet.

La cárcel también cuenta con un equipo de rugby relacionado con la organización Los Espartanos, que participa en actividades y competencias fuera del establecimiento.

“El Potrero” posee varios cercos perimetrales y puestos elevados de vigilancia. Desde su apertura, en 2015, se registraron pocos intentos de fuga y, en esos casos, las personas fueron recapturadas durante los operativos de seguridad.

Por sus características edilicias, su ubicación y la existencia del pabellón para mayores de 60 años, el Servicio Penitenciario considera que esta unidad reúne mejores condiciones para alojar a Urribarri, Báez y Aguilera.

La decisión final, de todos modos, continúa pendiente y deberá ser adoptada por la autoridad judicial correspondiente.

El Servicio Penitenciario de Entre Ríos solicitó que el exgobernador Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera sean trasladados desde la Unidad Penal N.º 1 de Paraná a la cárcel de Gualeguaychú.

Así lo confirmó radialmente el subdirector del organismo, inspector general Juan Santiago García, quien señaló que la Unidad Penal N.º 9 “Granja El Potrero” ya había sido considerada como el establecimiento más apropiado durante la primera detención de los tres condenados.

“En Gualeguaychú tenemos un pabellón que evaluamos como el más indicado para alojar a estas personas”, manifestó el funcionario. Además, indicó que la solicitud fue presentada apenas el Servicio Penitenciario tomó conocimiento de las nuevas detenciones.

Sin embargo, el traslado todavía no fue autorizado. Según explicó García, el tribunal que recibió inicialmente la presentación consideró que la definición deberá ser adoptada en la etapa de ejecución de las condenas. Cuando el legajo quede formalmente radicado ante el Juzgado de Ejecución de Penas, el organismo penitenciario volverá a plantear el pedido.

Cómo están alojados en ParanáMientras se resuelve su destino definitivo, Urribarri, Báez y Aguilera permanecen en un sector de régimen diferenciado de la cárcel de Paraná, sin contacto con el resto de la población penal.

Cada uno ocupa una celda individual de aproximadamente dos metros por dos. Los espacios poseen cama, baño, ducha y lavatorio, además de un pequeño patio interno rodeado por paredes y rejas.Las celdas cuentan con videovigilancia y una única puerta de ingreso al sector. García sostuvo que esas condiciones permiten garantizar la integridad de los tres detenidos y que, durante el día, pueden compartir el patio si así se autoriza.

El funcionario aclaró que no se encuentran castigados ni sancionados. La separación fue adoptada por razones de seguridad y ante las inquietudes manifestadas por los propios detenidos.

Hasta el momento solamente recibieron la visita de sus abogados. No obstante, García señaló que no tienen restricciones especiales y que deberán ajustarse al régimen general, que permite el ingreso de familiares directos en días y horarios determinados.

Los tres fueron examinados por profesionales médicos al ingresar y podrán solicitar controles posteriores. El Servicio Penitenciario informó que las unidades provinciales cuentan con médicos y personal de enfermería hasta las 22, pero no disponen de ambulancias propias. Los estudios de mayor complejidad se realizan en hospitales públicos.

Por qué proponen la cárcel de GualeguaychúLa principal diferencia se encuentra en las características de los edificios. La Unidad Penal N.º 1 de Paraná fue construida a comienzos del siglo XX y actualmente aloja a más de mil personas, según los datos brindados por García.

En cambio, el sector propuesto en Gualeguaychú funciona en un hospital modular instalado durante 2020. El edificio nunca llegó a utilizarse con esa finalidad sanitaria y posteriormente fue reacondicionado como pabellón para internos mayores de 60 años o con determinadas necesidades de salud.

Actualmente allí conviven 14 personas y todavía existen algunas celdas disponibles. El lugar posee habitaciones individuales, videovigilancia y un patio verde más amplio que el disponible en el sector donde permanecen alojados en Paraná.

“Era un hospital y fue rediseñado para alojar a personas mayores con las condiciones que deberían tener”, explicó el subdirector en declaraciones reproducidas por Análisis.

Una cárcel ampliada en distintas etapasLa Unidad Penal N.º 9 está ubicada en la zona rural de El Potrero, a unos 20 kilómetros de Gualeguaychú. Es un establecimiento mixto y de régimen semiabierto, orientado a la educación, la capacitación laboral y las actividades rurales.Su ampliación permitió cerrar en 2022 la antigua Unidad Penal N.º 2, que funcionaba desde 1889 dentro del casco urbano de Gualeguaychú.En noviembre de 2023 fueron inaugurados otros cinco pabellones, construidos en dos etapas mediante una inversión superior a los 420 millones de pesos calculados a valores de aquel momento. Cada módulo fue proyectado para 54 personas, distribuidas en 18 celdas.Los edificios poseen un patio central techado de doble altura, sectores sanitarios, espacios comunes, puestos de control y patios al aire libre. La infraestructura también incluye áreas destinadas a educación, producción rural, huerta, cría de animales y elaboración de alimentos. Los detalles y las fotografías de la obra fueron publicados por el Gobierno de Entre Ríos.

La ampliación fue presentada oficialmente como una obra destinada a mejorar las condiciones de alojamiento y favorecer la reinserción mediante la educación y el trabajo. En la inauguración también se difundieron imágenes generales del complejo.

La decisión permanece en manos de la JusticiaEl traslado solicitado por el Servicio Penitenciario no implica que Urribarri, Báez y Aguilera ya tengan asignado ese destino. La medida debe ser autorizada por la autoridad judicial competente.García anticipó que, una vez completadas las entrevistas y actuaciones propias de la etapa de ejecución, el organismo reiterará formalmente la propuesta de enviarlos a la Unidad Penal N.º 9.Hasta que se dicte una resolución, los tres continuarán en el sector diferenciado y bajo vigilancia permanente de la cárcel de Paraná.

La propuesta fue formulada por el propio Servicio Penitenciario a la jueza Carolina Castagno del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná el mismo viernes 4 de septiembre cuando se conoció la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.La nota -a la que accedió ANÁLISIS- está firmada por el inspector general Juan Santiago García, en su carácter de subdirector del Servicio Penitenciario.En su parte más sustancial, García expone: Al respecto debo informar que la Unidad Penal 1 no reúne las condiciones óptimas para brindar el alojamiento de los nombrados, teniendo en cuenta su edad avanzada y que en la actualidad a la población que aloja dicha institución carcelaria es de 1066 internos. En este sentido los pabellones se encuentran con alta densidad de población, contando además solo con lugares comunes para que transiten su condena”.Y agrega. “Por esta razón esta administración penitenciaria solicita tenga a bien disponer el alojamiento de URRIBARRI SERGIO, BAEZ PEDRO Y AGUILERA JUAN PABLO (las mayúsculas son del original), en la Unidad Penal 9 de la ciudad de Gualeguaychú donde se cuenta con una celda destinada a los mencionados penados en el pabellón de adultos mayores, que aloja un total de 14 internos”.El pabellón -inaugurado en septiembre de 2024- aparece hoy como una de las principales alternativas con las que cuenta el Servicio Penitenciario de Entre Ríos para alojar a internos de esa franja etaria. Su diseño busca garantizar condiciones de atención acordes con lo establecido por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.Se trata de un sector con celdas individuales, separadas entre sí y equipadas con cámaras de videovigilancia. La capacidad total es de 15 personas, con una plaza por celda, aunque actualmente solo cuatro internos se encuentran alojados allí.La disponibilidad de este espacio cobra especial relevancia en un contexto de fuerte presión sobre el sistema penitenciario entrerriano. Actualmente, las unidades carcelarias de la provincia alojan a 1.114 personas, frente a una capacidad prevista de alrededor de 900 internos.

El pabellón de la Unidad Penal 9 ya recibió a internos de perfiles sensibles. Entre quienes pasaron por ese sector se encuentran el femicida Pablo Rodríguez Laurta y Leonardo Airaldi, actualmente condenado por narcotráfico.En ese contexto, el eventual alojamiento de Urribarri, Aguilera y Báez sumaría tres nombres de fuerte repercusión pública a un espacio pensado originalmente para atender las necesidades específicas de los adultos mayores privados de su libertad. (Análisis)

Báez fue el primero en ingresar a la Alcaidía de Tribunales de Paraná. Llegó después de las 21.30, trasladado desde su domicilio en un vehículo del Servicio Penitenciario.

Aguilera fue notificado en la Jefatura Departamental San Salvador y posteriormente trasladado a la capital provincial. Urribarri, en tanto, fue detenido en su domicilio de Concordia.

Ambos arribaron a Paraná en vehículos diferentes después de las 2 de la madrugada y quedaron alojados provisoriamente en la Alcaidía.

Durante este sábado, los tres fueron derivados a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, donde comenzarán a cumplir las condenas impuestas por la Justicia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó este jueves 3 de septiembre los recursos presentados por el exgobernador Sergio Urribarri y dejó firme la condena a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, impuesta por delitos de corrupción durante su administración.La resolución también alcanzó al exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y a Juan Pablo Aguilera, cuñado del exmandatario, ambos condenados a seis años y seis meses de prisión efectiva e inhabilitación perpetua.Según trascendió, el Ministerio Público Fiscal solicitó la detención inmediata de Urribarri, Báez y Aguilera al considerar que, una vez agotadas las instancias recursivas, existiría peligro de fuga. La decisión sobre el encarcelamiento deberá ser adoptada por la Justicia entrerriana encargada de ejecutar las penas.Los tres ya habían permanecido alojados en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, pero recuperaron la libertad mientras se encontraban pendientes los recursos ante la Corte Suprema.

Un rechazo que cerró la última instanciaEl pronunciamiento fue dictado en el expediente CSJ 2226/2024 y contó con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.Mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la Corte declaró inadmisibles los recursos sin ingresar al análisis de fondo. De esta manera, quedó concluido el recorrido judicial de la sentencia dictada originalmente el 7 de abril de 2022 y confirmada posteriormente por la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos. La resolución también rechazó los planteos de Gerardo Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopuzzi y Luciana Almada. Así, quedaron firmes las condenas correspondientes a la totalidad del Megajuicio.

Las nueve condenas de la MegacausaEl proceso terminó con nueve personas condenadas y penas diferentes según la responsabilidad atribuida a cada una:* Sergio Urribarri: ocho años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y multa de $180.000.* Pedro Báez: seis años y seis meses de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $90.000.* Juan Pablo Aguilera: seis años y seis meses de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $180.000.* Corina Cargnel: tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $90.000.* Gustavo Tamay: tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $90.000.* Gerardo Caruso: tres años de prisión condicional, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $90.000.* Luciana Almada: dos años y seis meses de prisión condicional, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $90.000.* Emiliano Giacopuzzi: dos años y seis meses de prisión condicional, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $90.000.* Germán Buffa: un año y dos meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua. Las penas condicionales no implican el ingreso en prisión, aunque mantienen las inhabilitaciones y demás obligaciones establecidas en la sentencia.

Cinco imputados fueron absueltosEl tribunal que realizó el juicio absolvió a Hugo Marsó, Gustavo Tórtul, Alejandro Almada y Maximiliano Sena. También fue sobreseído Hugo Céspedes, exfuncionario de la Unidad Operativa Mercosur, quien falleció durante el desarrollo del proceso.La Megacausa reunió cinco expedientes vinculados con el manejo de fondos públicos y contrataciones de publicidad oficial. Urribarri fue considerado responsable de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.Con la intervención de la Corte Suprema quedó firme la responsabilidad penal de los condenados. Ahora la atención se concentra en la orden de detención y en el regreso de Urribarri, Báez y Aguilera a la cárcel para comenzar a cumplir las penas efectivas. 

Una investigación periodística de Revista Análisis, publicada el 9 de noviembre de 2017, bajo el título “El amigo paraguayo”, fue el punto de partida de una causa iniciada de oficio que, casi nueve años después, vuelve a colocar al exgobernador Sergio Daniel Urribarri frente a una instancia judicial. La investigación procura determinar la evolución de su patrimonio y las relaciones con contrataciones realizadas por el Estado entrerriano.El juez de Garantías Mariano Budasoff fijó para el 19 de octubre, a las 9, en el Salón de Audiencias Nº1 de los Tribunales de Paraná, la continuidad de la audiencia de apertura de causa a juicio en la que Urribarri está acusado de enriquecimiento ilícito. La Fiscalía había solicitado en 2023 la remisión del expediente a juicio oral y durante marzo y abril de este año se desarrolló una extensa sucesión de audiencias preliminares. La trayectoria de Urribarri resulta inseparable de una etapa extensa del peronismo entrerriano. Antes de llegar a la Gobernación fue intendente de General Campos, diputado provincial durante varios períodos, presidente de la Cámara de Diputados y jefe del bloque justicialista. Posteriormente ocupó un lugar central en el tercer gobierno de Jorge Pedro Busti, como ministro de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y Servicios Públicos y también estuvo vinculado a la conducción de Cafesg.Su llegada a la candidatura a gobernador en 2007 tuvo una característica política particular. Fue Busti quien lo eligió e impulsó como su sucesor, en un justicialismo que estaba dividido y en el que otros dirigentes también aspiraban a la Gobernación. Crónicas de aquel momento describían a Urribarri directamente como el “delfín” del entonces mandatario y daban cuenta de las fuertes diferencias internas provocadas por aquella decisión.La definición final, naturalmente, llegó en las urnas: Urribarri ganó las elecciones de marzo de 2007 con alrededor del 47% de los votos. Gobernó Entre Ríos entre el 10 de diciembre de 2007 y el 10 de diciembre de 2011, y fue reelegido para un segundo período, que se extendió hasta el 10 de diciembre de 2015.Después de dejar la Casa Gris volvió a la Legislatura provincial como diputado y presidente de la Cámara de Diputados entre 2015 y 2019. Más tarde, durante la administración nacional de Alberto Fernández, fue designado embajador argentino en Israel y Chipre, función que desempeñó entre 2020 y 2022.

La investigación que ahora avanzaLa causa que tendrá una nueva audiencia en octubre analiza hechos que se remontan a 2007, cuando Urribarri todavía integraba el gobierno de Busti, y continúa sobre contrataciones producidas durante sus posteriores administraciones.

Según la acusación fiscal, se habría desarrollado un esquema destinado a favorecer en diferentes contrataciones públicas a Relevamientos Catastrales, empresa vinculada a Juan Pablo Cardona Herreros. Los investigadores sostienen que existieron acuerdos y entrega anticipada de información para direccionar contrataciones relacionadas con sistemas informáticos utilizados por la Provincia.La hipótesis de la Fiscalía sostiene además que determinadas operaciones habrían incluido sobreprecios, parte de cuyo producido habría sido posteriormente utilizado para el pago de sobornos. Estas circunstancias forman parte de la acusación y deberán ser probadas y discutidas en el proceso judicial; no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad en esta causa.El expediente por enriquecimiento mantiene, además, conexiones con otra investigación conocida como “causa Coimas”, dentro del conjunto de procesos judiciales que durante los últimos años involucraron al exmandatario.

Una vida muy diferente en ConcordiaLejos quedó aquella etapa en la que Urribarri concentraba una importante cuota de poder provincial, tenía proyección dentro del peronismo nacional e incluso llegó a impulsar una precandidatura presidencial en 2014.Actualmente reside en Concordia junto a su familia y mantiene un perfil extremadamente bajo. Se encuentra apartado de la actividad partidaria, sin participación conocida en la vida política local y prácticamente sin presencia social. Incluso resulta poco frecuente observar al exgobernador transitando públicamente por la ciudad.Es una imagen diametralmente distinta a la de quien durante ocho años consecutivos gobernó Entre Ríos, presidió posteriormente la Cámara de Diputados y terminó representando diplomáticamente al país.

El 19 de octubre volverá a concentrarse la atención en los Tribunales de Paraná. Allí continuará una causa cuyo origen estuvo en una investigación periodística de 2017 y que ahora deberá atravesar una instancia decisiva en el camino hacia un eventual juicio oral.

La resolución fue adoptada por mayoría de los jueces Miguel Ángel Giorgio y Susana Medina, mientras que Daniel Omar Carubia votó en disidencia y consideró que debían revisarse los planteos de nulidad y exclusión de pruebas formulados por las defensas.El fallo no analiza aún las acusaciones de corrupción de fondo, pero sí tiene un fuerte impacto procesal, ya que cierra prácticamente las vías provinciales de discusión antes del debate oral.

La mayoría del tribunal entendió que las defensas intentaron extender excesivamente las instancias recursivas sobre cuestiones que deberán discutirse durante el juicio oral, defendiendo así la centralidad y celeridad del nuevo sistema acusatorio.En cambio, la postura minoritaria advirtió sobre posibles afectaciones al derecho de defensa y cuestionó el rechazo de recursos por razones meramente formales, especialmente en una causa de alta trascendencia política e institucional.

Con esta decisión, el expediente queda definitivamente encaminado hacia el juicio oral y público contra uno de los dirigentes más influyentes que tuvo el peronismo entrerriano en las últimas décadas.

El Ministerio Público Fiscal defendió la validez de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exgobernador Sergio Urribarri y al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, al iniciarse las audiencias destinadas a definir si el expediente avanza hacia juicio oral. Los fiscales sostuvieron que los cuestionamientos presentados por las defensas ya fueron analizados y rechazados durante distintas etapas del proceso.Las audiencias —un total de 22 jornadas previstas— se desarrollan ante el juez de Garantías Mariano Budasoff y tienen como objetivo resolver el pedido de remisión a juicio formulado por la Fiscalía en una causa que se inició en diciembre de 2015.

En la primera jornada participaron por el Ministerio Público los fiscales Gonzalo Badano y Francisco Ramírez Montrull, mientras que las defensas estuvieron representadas por Miguel Cullen e Ignacio Díaz en nombre de Urribarri, y por José Velázquez en representación de Cardona Herreros.Durante la audiencia inicial, los abogados defensores reiteraron objeciones vinculadas al tiempo que insumió la investigación. Plantearon que se habría vulnerado el principio del plazo razonable y sostuvieron que los delitos investigados deberían considerarse prescriptos.

El argumento central se apoyó en el artículo 67 del Código Penal, que regula la suspensión de los plazos de prescripción mientras el acusado se encuentre ejerciendo funciones públicas. Urribarri dejó la gobernación en diciembre de 2015, pero luego continuó como diputado provincial hasta 2019. Posteriormente fue designado embajador argentino en Israel y Chipre en mayo de 2020, cargo que también fue considerado por la defensa al momento de cuestionar la aplicación de esa norma.

El representante legal del empresario paraguayo sumó además un planteo de inconstitucionalidad respecto a la aplicación de ese artículo, al considerar que Cardona Herreros se encontraría en una situación de desigualdad dentro del proceso, ya que no ocupó cargos públicos.

Frente a estos planteos, los fiscales rechazaron las objeciones y señalaron que se trata de argumentos ya discutidos en instancias anteriores del expediente. Según explicaron, las circunstancias procesales no han cambiado desde entonces.Badano sostuvo que los cuestionamientos defensivos repiten razonamientos previamente analizados por la justicia. “Cuando uno revisa lo actuado, los argumentos son exactamente los mismos que se plantearon anteriormente y que ya fueron resueltos”, afirmó.

En la misma línea, Ramírez Montrull remarcó que el tema fue evaluado en su momento y que la investigación respetó los plazos legales. “Las circunstancias no han variado, se analizó la situación y los planteos fueron rechazados. Los tiempos de la investigación se cumplieron conforme a la normativa vigente”, explicó.

Las audiencias continuarán en las próximas semanas con el desarrollo del cronograma previsto, instancia en la que el juez deberá resolver finalmente si el expediente es elevado a juicio oral.

Hoy, martes comenzarán en los Tribunales de Paraná las audiencias que definirán si la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri avanza hacia el juicio oral. El trámite estará a cargo del juez de Garantías Mariano Budasoff, quien conducirá las instancias de remisión a juicio solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.

Las audiencias se desarrollarán en el Salón de Audiencias Nº1 y se extenderán en varias jornadas previstas durante marzo y abril, con inicio a las 9 de la mañana. Según el cronograma fijado por el tribunal, las instancias se realizarán los días 10, 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26 y 31 de marzo, y continuarán en abril los días 1, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30.

La causa por enriquecimiento ilícito comenzó a tomar forma en la etapa investigativa que culminó en noviembre de 2023, cuando la Fiscalía solicitó formalmente que el expediente sea elevado a juicio oral. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano sostienen que el exmandatario provincial habría incrementado su patrimonio de manera incompatible con los ingresos declarados durante su paso por la función pública.

En ese marco, el Ministerio Público Fiscal solicitó para Urribarri una pena de cinco años y seis meses de prisión efectiva. En la misma investigación aparece mencionado el empresario Diego Armando Cardona Herreros, para quien los fiscales pidieron cinco años de prisión, mientras que para Rubén Ángel Martínez se había solicitado una condena de tres años de prisión condicional.

Sin embargo, este último quedó fuera del proceso en mayo de 2024, luego de que la Justicia resolviera su desvinculación del expediente debido a su situación personal y edad.El caso forma parte de una serie de procesos judiciales que involucran al exgobernador. Urribarri ya fue condenado a ocho años de prisión en el marco del denominado megajuicio por delitos vinculados a la administración pública. Además, enfrenta otra causa en la que se investiga el presunto pago de sobornos, expediente en el que la Fiscalía solicitó una pena de diez años de prisión.

El inicio de estas audiencias vuelve a colocar a uno de los dirigentes más influyentes de la política entrerriana en el centro de la escena judicial. Durante años Urribarri fue una figura de fuerte peso dentro del peronismo provincial, con dos mandatos como gobernador, pasó por la diplomacia, la diputación y altos cargos en el gobierno de Jorge Busti.Desde sectores de la oposición política se sigue el proceso con atención y expectativa. Algunos dirigentes han manifestado públicamente que esperan una condena ejemplar en caso de que el juicio avance y se acrediten los hechos investigados, incluso planteando que debería cumplirse sin beneficios como el uso de prisión domiciliaria o dispositivos electrónicos, en una comparación explícita con situaciones judiciales de otros dirigentes nacionales como Cristina Fernández.Sin embargo, el clima social frente a este nuevo capítulo judicial no es uniforme. En Concordia, ciudad donde Urribarri mantiene un fuerte arraigo personal y político, muchos vecinos observan el proceso con sentimientos encontrados. Más allá de las discusiones judiciales o partidarias, no faltan quienes recuerdan al dirigente o al vecino por su trato cercano y por gestos solidarios hacia personas de la comunidad.

En ese contexto, mientras la Justicia comienza a analizar si la causa avanza hacia un nuevo juicio, en distintos sectores de la sociedad concordiense también se vive con pesar la situación personal y familiar de un dirigente que, para muchos, sigue siendo ante todo un vecino conocido. 

El juez Juan Malvasio (Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná) aprobó dos acuerdos de juicio abreviado en la causa conocida como “Coimas”.

Qué es juicio abreviado (en simple): los imputados reconocen los hechos y aceptan una pena acordada; el juez controla que sea legal y lo homologa.

Condena a Miguel Ángel UlrichFue declarado responsable de cuatro hechos ligados a:Peculado (manejo indebido de fondos/bienes del Estado),Negociaciones incompatibles (favorecimientos desde el cargo),Cohecho pasivo (cobros/dádivas por la función),Fraude a la administración.Pena: 2 años y 10 meses condicional, inhabilitación absoluta perpetua, multa $360.000 y reglas de conducta por 3 años.

Condena a José Humberto FloresFue declarado responsable de dos hechos por delitos vinculados a:Negociaciones incompatibles, Fraude, Cohecho pasivo y Peculado.

Pena: 2 años condicional, inhabilitación absoluta perpetua, multa $180.000 y reglas de conducta por 3 años.

Qué sostuvo el juezIndicó que ambos actuaron con dolo y que, por sus funciones en Hacienda, aportaron información para favorecer a Relevamientos Catastrales S.A. en licitaciones. Señaló sobreprecios y beneficios patrimoniales vinculados a esas maniobras.

Contexto de la causa principalUlrich y Flores están imputados en el expediente donde se investiga al ex gobernador Sergio Urribarri y al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, por presunto direccionamiento de contrataciones y una “agenda” con fechas adulteradas para cobrar meses sin prestación. 

El empresario Hugo Montañana, imputado en la megacausa por desvío de fondos de publicidad oficial durante el gobierno de Sergio Urribarri, firmará este lunes un acuerdo de juicio abreviado.Montañana había sido apartado del proceso en 2021 debido a un cuadro de meningitis que le impidió participar de las audiencias. En aquel juicio fueron condenados el exgobernador Sergio Urribarri (8 años de prisión), el exministro Pedro Báez (6 años y 6 meses) y Juan Pablo Aguilera (6 años y 6 meses). Esas sentencias aún no están firmes y aguardan la resolución de la Corte Suprema.El caso de Montañana se tramita en un juicio separado. La investigación lo vincula a maniobras realizadas junto a las empresas Tep SRL y Next SRL, ligadas a Aguilera, en las que se habrían simulado contrataciones de cartelería para desviar fondos estatales. Según la Fiscalía, el esquema alcanzó más de $24 millones entre 2010 y 2015, con un perjuicio estimado en $12 millones.La causa adquirió notoriedad como “la de la vaca”, ya que las pruebas incluyeron fotografías de un mismo animal repetido en distintos carteles, utilizadas para acreditar falsamente la colocación de publicidad.Montañana, actual titular de la empresa familiar fundada por su padre, negó públicamente las acusaciones y sostuvo que su defensa corresponde al ámbito judicial. Los fiscales habían solicitado para él 6 años de prisión efectiva, pero el acuerdo de juicio abreviado contempla una condena condicional. Este reconocimiento, sin embargo, implica la aceptación de los cargos y podría comprometer la situación procesal de otros imputados en la misma causa. 

Visiblemente emocionado, Urribarri inició su discurso criticando a la dirigencia peronista actual, a la que acusó de haber perdido su esencia rebelde y transformadora. Se refirió a su detención, relatando su experiencia en la cárcel y cómo el apoyo de su familia y militantes le permitió mantenerse firme. Destacó que su encarcelamiento fue parte de una persecución política, recordando momentos clave de su gestión, como su postura en la resolución 125, la defensa de los Derechos Humanos, su impulso a Fútbol Para Todos y su rol en la designación de Miguel Galluccio en YPF.

Durante el acto, se proyectaron videos con homenajes y testimonios de figuras como Daniel Tognetti, Alejandro Apo y Víctor Hugo Morales, que resaltaron su trayectoria, ninguno de ellos vivió en Entre Ríos. Acompañado por el periodista Jorge Ballay, quien ofició de moderador, Urribarri reforzó la idea de que su gestión fue atacada por sus decisiones políticas y que su persecución tuvo un trasfondo ideológico.

Hacia el final del encuentro, el exgobernador llamó a reorganizar el peronismo, destacando la necesidad de formar nuevas generaciones de dirigentes y revitalizar el movimiento en Concordia. Sin confirmar aspiraciones electorales, dejó entrever su intención de participar activamente en el futuro político de la provincia. “Tenemos que recuperar lo que fuimos y dejar de agachar la cabeza”, afirmó, en un mensaje que resonó como un llamado a la acción dentro del espacio peronista.

“En todo este tiempo he estado contestando mensajes y recibiendo compañeros y compañeras, pero no he podido responder a todos.

En función de eso y por alguna sugerencia de compañeros y compañeras, el sábado que viene vamos a juntarnos a las 11 de la mañana en el Club San Martín”, expresó a través de un video publicado en sus redes sociales.

En ese acto “voy a poder, personalmente, estrecharlos en un abrazo por todo el acompañamiento, el afecto (para) mí y mis seres queridos en los tiempos difíciles”, indicó.

Luego, agregó que en la convocatoria también se hablará “un poco de gestión, de política y de los desafíos”, acotó. 

La Sala Penal del STJ que debía dictar una resolución había quedado constituida por Miguel Giorgio, Germán Carlomagno y Gisela Schumacher (esta última se había excusado por “violencia moral” pero le rechazaron el planteo). Entre mediados de diciembre e inicios de enero Giorgio y Carlomagno habían emitido sus votos y faltaba justamente quien quería apartarse, pero los 20 días hábiles para sentenciar se cumplían a mediados de febrero. Comenzada la feria judicial de verano, los defensores de Urribarri, Fernando Burlando, Javier Baños y Leopoldo Cappa, y de Aguilera, Marcos Rodríguez Allende, solicitaron la habilitación de feria y que se conforme un tribunal con los vocales que están de turno en estos días para resolver sobre la impugnación extraordinaria. El fiscal de Coordinación Leandro Dato dictaminó pidiendo que rechacen el planteo.Finalmente, este domingo Portela falló a favor de la defensa, entonces le sacan el expediente a la Sala Penal que se encontraba deliberando y se lo pasan al tribunal de feria. Los tres vocales del STJ que están de turno en estos días son: Portela, Giorgio y Carlomagno.Fuentes judiciales informaron que Giorgio presentó este lunes el pedido de excusación, argumentando que ya intervino y votó como parte de la Sala Penal a la que ahora le sacaron el expediente para que resuelva un tribunal de feria y que en la misma situación se encuentra su colega Carlomagno.Ahora se debe conformar el Tribunal que tiene que aceptar o rechazar la excusación de Giorgio. Estará integrada por Portela, Carlomagno y otro juez que debe subrogar a Giorgio. Quien sigue en la jerarquía judicial en feria es el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo (hasta el 8 de enero), pero se excusará porque intervino como fiscal en una de las causas contra Urribarri. Del 9 al 16 estará de turno Juan Malvasio, en idéntica situación.

Luego, como juez de Garantías en feria se encuentra José Eduardo Ruhl (hasta el 10 de enero), quien no tendría impedimentos para integrar el Tribunal del STJ para resolver la excusación de Giorgio.Si se la aceptan, Ruhl quedaría conformando el tribunal para resolver la impugnación extraordinaria. Si la rechazan, quedará Giorgio, quien deberá copiar y pegar su voto ya emitido (cuya postura y fundamentos no se conocen) para el fallo del tribunal de feria.Mientras tanto, Portela también debe responder el pedido de reposición presentado por Dato, para que reconsidere lo resuelto al habilitar la feria. “Confiábamos que iba a primar la racionalidad y que no iba a haber un trámite de excepción en este caso, como pretendía la defensa. Ayer a la tarde cuando se nos comunicó la resolución de la habilitación de feria por Presidencia, yo interpuse un recurso de revocatoria, de reposición, pretendiendo que se deje sin efecto la resolución y planteando que no corresponde de ninguna manera”, dijo Dato en diálogo con el programa A quien corresponda, en Radio Plaza.(I:Análisis)

La semana pasada el Tribunal había dispuesto además una serie de restricciones: que fijen domicilio y se reporten semanalmente a Fiscalía, que entreguen sus pasaportes y se emita alerta a Migraciones para que no puedan salir del país y que entreguen, cada uno, 20 millones de pesos como caución. Sobre este último punto, Ignacio Díaz y Leopoldo Cappa, quienes ejercen la defensa del exgobernador y del exministro, presentaron un pedido para sustituir el monto de dinero por bienes, sobre el cual el Tribunal resolvió “no hacer lugar”, al “no reunirse en el caso las condiciones necesarias para conceder la autorización de la sustitución interesada”.En el caso de Báez, solicitaron que se sustituya por “el 50 % del inmueble ubicado en calle Jozami de ésta capital”, perteneciente a su cónyuge; y en el caso de Urribarri, por un Volkswagen Taos, de titularidad de su hijo Franco.Al correr vista, los fiscales Ignacio Aramberry y Juan Francisco Ramírez Montrull, ratificaron lo expresado en el recurso de casación interpuesto y advirtieron que “los bienes comprometidos han sido ofrecidos sin más, sin la correspondiente constitución de los derechos reales accesorios, para sí concluir, que en tales condiciones no constituyen aseguramientos válidos para ser tenidos en cuenta”, y en el caso de Báez, además, consideraron que “al pesar sobre el mismo un embargo del 50 %, las posibilidades de ejecutabilidad se ven seriamente reducidas, no siendo apto para el fin propuesto”.Así, al resolver, el Tribunal con las firmas de Julián Vergara y María Carolina Castagno, consideró que “asiste razón a los representantes del Ministerio Público Fiscal, cuando afirman que las condiciones en que son ofrecidos los bienes en sustitución de la caución real fijada, ha sido insuficiente”.“No han sido acompañados de las garantías reales correspondientes, a saber, hipoteca o prenda, que obsta cumplan la función asegurativa en caso de incumplimiento de las obligaciones procesales de los imputados”, acotó el Tribunal, coincidiendo también que el inmueble propuesto por Báez “no resulta apto para el fin propuesto”.(I:ANÁLISIS) 

Como informó anteriormente este medio, los defensores Leopoldo Cappa, Fernando Burlando y Javier Ignacio Baños habían presentado un recurso de reposición contra la resolución del tribunal que aceptó la recusación contra el vocal Juan Francisco Malvasio (pedida por el mismo Urribarri), y la excusación del vocal Santiago Brugo (decidida después de ser recusado también). Es decir, el Tribunal de Juicios y Apelaciones le dio la razón a los defensores de Urribarri y, aun así, se quejaron de la resolución. Los abogados habían rechazado la conformación del tribunal que definirá sobre las prisiones (que quedó integrado por los jueces María Carolina Castagno, Elvio Osir Garzón y Julián Carlos Vergara) por haber sido confirmado por el mismo Tribunal que aceptó las recusaciones, ya que entienden que debe ser conformado por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA).

Sin embargo, los jueces apuntaron en la resolución que rechazó el recurso de reposición: “De la mera compulsa de las constancias obrantes en el presente legajo, fácil se advierte que dicha integración del Tribunal fue informada por la Subdirección de la Oficina de Gestión de Audiencias en su detallado y minucioso informe de fecha19.04.2024, invocando la normativa aplicable a los efectos de la respectiva integración, a saber el art. 54 inc. 1°) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Entre Ríos, N° 6902; informe de integración que de inmediato desde la magistratura se puso en conocimiento de las partes, mediante resolución adoptada en igual; de ahí que mal se puede invocar su desconocimiento y menos aún afirmar que éste Tribunal se arrogó facultades que no son del ámbito de su competencia, pues como se observa ha sido la Oficina de Gestión de Audiencias quien informó la conformación del Tribunal, tal como lo reclaman los recurrentes”.“Deviene evidente que en modo alguno se releva en el caso bajo estudio, algún equívoco del trámite procesal o inobservancia formal, que habilite este medio impugnaticio intentado, y menos aún que se haya dictado sin sustanciación, es decir, sin intervención o audiencia de los agraviados”, subrayó el Tribunal.De esta forma, el Tribunal que deberá resolver las prisiones quedó conformado por María Carolina Castagno, Elvio Osir Garzón y Julián Carlos Vergara. (Analisis).