El Ministerio Público Fiscal defendió la validez de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exgobernador Sergio Urribarri y al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, al iniciarse las audiencias destinadas a definir si el expediente avanza hacia juicio oral. Los fiscales sostuvieron que los cuestionamientos presentados por las defensas ya fueron analizados y rechazados durante distintas etapas del proceso.Las audiencias —un total de 22 jornadas previstas— se desarrollan ante el juez de Garantías Mariano Budasoff y tienen como objetivo resolver el pedido de remisión a juicio formulado por la Fiscalía en una causa que se inició en diciembre de 2015.

En la primera jornada participaron por el Ministerio Público los fiscales Gonzalo Badano y Francisco Ramírez Montrull, mientras que las defensas estuvieron representadas por Miguel Cullen e Ignacio Díaz en nombre de Urribarri, y por José Velázquez en representación de Cardona Herreros.Durante la audiencia inicial, los abogados defensores reiteraron objeciones vinculadas al tiempo que insumió la investigación. Plantearon que se habría vulnerado el principio del plazo razonable y sostuvieron que los delitos investigados deberían considerarse prescriptos.

El argumento central se apoyó en el artículo 67 del Código Penal, que regula la suspensión de los plazos de prescripción mientras el acusado se encuentre ejerciendo funciones públicas. Urribarri dejó la gobernación en diciembre de 2015, pero luego continuó como diputado provincial hasta 2019. Posteriormente fue designado embajador argentino en Israel y Chipre en mayo de 2020, cargo que también fue considerado por la defensa al momento de cuestionar la aplicación de esa norma.

El representante legal del empresario paraguayo sumó además un planteo de inconstitucionalidad respecto a la aplicación de ese artículo, al considerar que Cardona Herreros se encontraría en una situación de desigualdad dentro del proceso, ya que no ocupó cargos públicos.

Frente a estos planteos, los fiscales rechazaron las objeciones y señalaron que se trata de argumentos ya discutidos en instancias anteriores del expediente. Según explicaron, las circunstancias procesales no han cambiado desde entonces.Badano sostuvo que los cuestionamientos defensivos repiten razonamientos previamente analizados por la justicia. “Cuando uno revisa lo actuado, los argumentos son exactamente los mismos que se plantearon anteriormente y que ya fueron resueltos”, afirmó.

En la misma línea, Ramírez Montrull remarcó que el tema fue evaluado en su momento y que la investigación respetó los plazos legales. “Las circunstancias no han variado, se analizó la situación y los planteos fueron rechazados. Los tiempos de la investigación se cumplieron conforme a la normativa vigente”, explicó.

Las audiencias continuarán en las próximas semanas con el desarrollo del cronograma previsto, instancia en la que el juez deberá resolver finalmente si el expediente es elevado a juicio oral.

Hoy, martes comenzarán en los Tribunales de Paraná las audiencias que definirán si la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri avanza hacia el juicio oral. El trámite estará a cargo del juez de Garantías Mariano Budasoff, quien conducirá las instancias de remisión a juicio solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.

Las audiencias se desarrollarán en el Salón de Audiencias Nº1 y se extenderán en varias jornadas previstas durante marzo y abril, con inicio a las 9 de la mañana. Según el cronograma fijado por el tribunal, las instancias se realizarán los días 10, 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26 y 31 de marzo, y continuarán en abril los días 1, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30.

La causa por enriquecimiento ilícito comenzó a tomar forma en la etapa investigativa que culminó en noviembre de 2023, cuando la Fiscalía solicitó formalmente que el expediente sea elevado a juicio oral. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano sostienen que el exmandatario provincial habría incrementado su patrimonio de manera incompatible con los ingresos declarados durante su paso por la función pública.

En ese marco, el Ministerio Público Fiscal solicitó para Urribarri una pena de cinco años y seis meses de prisión efectiva. En la misma investigación aparece mencionado el empresario Diego Armando Cardona Herreros, para quien los fiscales pidieron cinco años de prisión, mientras que para Rubén Ángel Martínez se había solicitado una condena de tres años de prisión condicional.

Sin embargo, este último quedó fuera del proceso en mayo de 2024, luego de que la Justicia resolviera su desvinculación del expediente debido a su situación personal y edad.El caso forma parte de una serie de procesos judiciales que involucran al exgobernador. Urribarri ya fue condenado a ocho años de prisión en el marco del denominado megajuicio por delitos vinculados a la administración pública. Además, enfrenta otra causa en la que se investiga el presunto pago de sobornos, expediente en el que la Fiscalía solicitó una pena de diez años de prisión.

El inicio de estas audiencias vuelve a colocar a uno de los dirigentes más influyentes de la política entrerriana en el centro de la escena judicial. Durante años Urribarri fue una figura de fuerte peso dentro del peronismo provincial, con dos mandatos como gobernador, pasó por la diplomacia, la diputación y altos cargos en el gobierno de Jorge Busti.Desde sectores de la oposición política se sigue el proceso con atención y expectativa. Algunos dirigentes han manifestado públicamente que esperan una condena ejemplar en caso de que el juicio avance y se acrediten los hechos investigados, incluso planteando que debería cumplirse sin beneficios como el uso de prisión domiciliaria o dispositivos electrónicos, en una comparación explícita con situaciones judiciales de otros dirigentes nacionales como Cristina Fernández.Sin embargo, el clima social frente a este nuevo capítulo judicial no es uniforme. En Concordia, ciudad donde Urribarri mantiene un fuerte arraigo personal y político, muchos vecinos observan el proceso con sentimientos encontrados. Más allá de las discusiones judiciales o partidarias, no faltan quienes recuerdan al dirigente o al vecino por su trato cercano y por gestos solidarios hacia personas de la comunidad.

En ese contexto, mientras la Justicia comienza a analizar si la causa avanza hacia un nuevo juicio, en distintos sectores de la sociedad concordiense también se vive con pesar la situación personal y familiar de un dirigente que, para muchos, sigue siendo ante todo un vecino conocido. 

El juez Juan Malvasio (Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná) aprobó dos acuerdos de juicio abreviado en la causa conocida como “Coimas”.

Qué es juicio abreviado (en simple): los imputados reconocen los hechos y aceptan una pena acordada; el juez controla que sea legal y lo homologa.

Condena a Miguel Ángel UlrichFue declarado responsable de cuatro hechos ligados a:Peculado (manejo indebido de fondos/bienes del Estado),Negociaciones incompatibles (favorecimientos desde el cargo),Cohecho pasivo (cobros/dádivas por la función),Fraude a la administración.Pena: 2 años y 10 meses condicional, inhabilitación absoluta perpetua, multa $360.000 y reglas de conducta por 3 años.

Condena a José Humberto FloresFue declarado responsable de dos hechos por delitos vinculados a:Negociaciones incompatibles, Fraude, Cohecho pasivo y Peculado.

Pena: 2 años condicional, inhabilitación absoluta perpetua, multa $180.000 y reglas de conducta por 3 años.

Qué sostuvo el juezIndicó que ambos actuaron con dolo y que, por sus funciones en Hacienda, aportaron información para favorecer a Relevamientos Catastrales S.A. en licitaciones. Señaló sobreprecios y beneficios patrimoniales vinculados a esas maniobras.

Contexto de la causa principalUlrich y Flores están imputados en el expediente donde se investiga al ex gobernador Sergio Urribarri y al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, por presunto direccionamiento de contrataciones y una “agenda” con fechas adulteradas para cobrar meses sin prestación. 

El empresario Hugo Montañana, imputado en la megacausa por desvío de fondos de publicidad oficial durante el gobierno de Sergio Urribarri, firmará este lunes un acuerdo de juicio abreviado.Montañana había sido apartado del proceso en 2021 debido a un cuadro de meningitis que le impidió participar de las audiencias. En aquel juicio fueron condenados el exgobernador Sergio Urribarri (8 años de prisión), el exministro Pedro Báez (6 años y 6 meses) y Juan Pablo Aguilera (6 años y 6 meses). Esas sentencias aún no están firmes y aguardan la resolución de la Corte Suprema.El caso de Montañana se tramita en un juicio separado. La investigación lo vincula a maniobras realizadas junto a las empresas Tep SRL y Next SRL, ligadas a Aguilera, en las que se habrían simulado contrataciones de cartelería para desviar fondos estatales. Según la Fiscalía, el esquema alcanzó más de $24 millones entre 2010 y 2015, con un perjuicio estimado en $12 millones.La causa adquirió notoriedad como “la de la vaca”, ya que las pruebas incluyeron fotografías de un mismo animal repetido en distintos carteles, utilizadas para acreditar falsamente la colocación de publicidad.Montañana, actual titular de la empresa familiar fundada por su padre, negó públicamente las acusaciones y sostuvo que su defensa corresponde al ámbito judicial. Los fiscales habían solicitado para él 6 años de prisión efectiva, pero el acuerdo de juicio abreviado contempla una condena condicional. Este reconocimiento, sin embargo, implica la aceptación de los cargos y podría comprometer la situación procesal de otros imputados en la misma causa. 

Visiblemente emocionado, Urribarri inició su discurso criticando a la dirigencia peronista actual, a la que acusó de haber perdido su esencia rebelde y transformadora. Se refirió a su detención, relatando su experiencia en la cárcel y cómo el apoyo de su familia y militantes le permitió mantenerse firme. Destacó que su encarcelamiento fue parte de una persecución política, recordando momentos clave de su gestión, como su postura en la resolución 125, la defensa de los Derechos Humanos, su impulso a Fútbol Para Todos y su rol en la designación de Miguel Galluccio en YPF.

Durante el acto, se proyectaron videos con homenajes y testimonios de figuras como Daniel Tognetti, Alejandro Apo y Víctor Hugo Morales, que resaltaron su trayectoria, ninguno de ellos vivió en Entre Ríos. Acompañado por el periodista Jorge Ballay, quien ofició de moderador, Urribarri reforzó la idea de que su gestión fue atacada por sus decisiones políticas y que su persecución tuvo un trasfondo ideológico.

Hacia el final del encuentro, el exgobernador llamó a reorganizar el peronismo, destacando la necesidad de formar nuevas generaciones de dirigentes y revitalizar el movimiento en Concordia. Sin confirmar aspiraciones electorales, dejó entrever su intención de participar activamente en el futuro político de la provincia. “Tenemos que recuperar lo que fuimos y dejar de agachar la cabeza”, afirmó, en un mensaje que resonó como un llamado a la acción dentro del espacio peronista.

“En todo este tiempo he estado contestando mensajes y recibiendo compañeros y compañeras, pero no he podido responder a todos.

En función de eso y por alguna sugerencia de compañeros y compañeras, el sábado que viene vamos a juntarnos a las 11 de la mañana en el Club San Martín”, expresó a través de un video publicado en sus redes sociales.

En ese acto “voy a poder, personalmente, estrecharlos en un abrazo por todo el acompañamiento, el afecto (para) mí y mis seres queridos en los tiempos difíciles”, indicó.

Luego, agregó que en la convocatoria también se hablará “un poco de gestión, de política y de los desafíos”, acotó. 

La Sala Penal del STJ que debía dictar una resolución había quedado constituida por Miguel Giorgio, Germán Carlomagno y Gisela Schumacher (esta última se había excusado por “violencia moral” pero le rechazaron el planteo). Entre mediados de diciembre e inicios de enero Giorgio y Carlomagno habían emitido sus votos y faltaba justamente quien quería apartarse, pero los 20 días hábiles para sentenciar se cumplían a mediados de febrero. Comenzada la feria judicial de verano, los defensores de Urribarri, Fernando Burlando, Javier Baños y Leopoldo Cappa, y de Aguilera, Marcos Rodríguez Allende, solicitaron la habilitación de feria y que se conforme un tribunal con los vocales que están de turno en estos días para resolver sobre la impugnación extraordinaria. El fiscal de Coordinación Leandro Dato dictaminó pidiendo que rechacen el planteo.Finalmente, este domingo Portela falló a favor de la defensa, entonces le sacan el expediente a la Sala Penal que se encontraba deliberando y se lo pasan al tribunal de feria. Los tres vocales del STJ que están de turno en estos días son: Portela, Giorgio y Carlomagno.Fuentes judiciales informaron que Giorgio presentó este lunes el pedido de excusación, argumentando que ya intervino y votó como parte de la Sala Penal a la que ahora le sacaron el expediente para que resuelva un tribunal de feria y que en la misma situación se encuentra su colega Carlomagno.Ahora se debe conformar el Tribunal que tiene que aceptar o rechazar la excusación de Giorgio. Estará integrada por Portela, Carlomagno y otro juez que debe subrogar a Giorgio. Quien sigue en la jerarquía judicial en feria es el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo (hasta el 8 de enero), pero se excusará porque intervino como fiscal en una de las causas contra Urribarri. Del 9 al 16 estará de turno Juan Malvasio, en idéntica situación.

Luego, como juez de Garantías en feria se encuentra José Eduardo Ruhl (hasta el 10 de enero), quien no tendría impedimentos para integrar el Tribunal del STJ para resolver la excusación de Giorgio.Si se la aceptan, Ruhl quedaría conformando el tribunal para resolver la impugnación extraordinaria. Si la rechazan, quedará Giorgio, quien deberá copiar y pegar su voto ya emitido (cuya postura y fundamentos no se conocen) para el fallo del tribunal de feria.Mientras tanto, Portela también debe responder el pedido de reposición presentado por Dato, para que reconsidere lo resuelto al habilitar la feria. “Confiábamos que iba a primar la racionalidad y que no iba a haber un trámite de excepción en este caso, como pretendía la defensa. Ayer a la tarde cuando se nos comunicó la resolución de la habilitación de feria por Presidencia, yo interpuse un recurso de revocatoria, de reposición, pretendiendo que se deje sin efecto la resolución y planteando que no corresponde de ninguna manera”, dijo Dato en diálogo con el programa A quien corresponda, en Radio Plaza.(I:Análisis)

La semana pasada el Tribunal había dispuesto además una serie de restricciones: que fijen domicilio y se reporten semanalmente a Fiscalía, que entreguen sus pasaportes y se emita alerta a Migraciones para que no puedan salir del país y que entreguen, cada uno, 20 millones de pesos como caución. Sobre este último punto, Ignacio Díaz y Leopoldo Cappa, quienes ejercen la defensa del exgobernador y del exministro, presentaron un pedido para sustituir el monto de dinero por bienes, sobre el cual el Tribunal resolvió “no hacer lugar”, al “no reunirse en el caso las condiciones necesarias para conceder la autorización de la sustitución interesada”.En el caso de Báez, solicitaron que se sustituya por “el 50 % del inmueble ubicado en calle Jozami de ésta capital”, perteneciente a su cónyuge; y en el caso de Urribarri, por un Volkswagen Taos, de titularidad de su hijo Franco.Al correr vista, los fiscales Ignacio Aramberry y Juan Francisco Ramírez Montrull, ratificaron lo expresado en el recurso de casación interpuesto y advirtieron que “los bienes comprometidos han sido ofrecidos sin más, sin la correspondiente constitución de los derechos reales accesorios, para sí concluir, que en tales condiciones no constituyen aseguramientos válidos para ser tenidos en cuenta”, y en el caso de Báez, además, consideraron que “al pesar sobre el mismo un embargo del 50 %, las posibilidades de ejecutabilidad se ven seriamente reducidas, no siendo apto para el fin propuesto”.Así, al resolver, el Tribunal con las firmas de Julián Vergara y María Carolina Castagno, consideró que “asiste razón a los representantes del Ministerio Público Fiscal, cuando afirman que las condiciones en que son ofrecidos los bienes en sustitución de la caución real fijada, ha sido insuficiente”.“No han sido acompañados de las garantías reales correspondientes, a saber, hipoteca o prenda, que obsta cumplan la función asegurativa en caso de incumplimiento de las obligaciones procesales de los imputados”, acotó el Tribunal, coincidiendo también que el inmueble propuesto por Báez “no resulta apto para el fin propuesto”.(I:ANÁLISIS) 

Como informó anteriormente este medio, los defensores Leopoldo Cappa, Fernando Burlando y Javier Ignacio Baños habían presentado un recurso de reposición contra la resolución del tribunal que aceptó la recusación contra el vocal Juan Francisco Malvasio (pedida por el mismo Urribarri), y la excusación del vocal Santiago Brugo (decidida después de ser recusado también). Es decir, el Tribunal de Juicios y Apelaciones le dio la razón a los defensores de Urribarri y, aun así, se quejaron de la resolución. Los abogados habían rechazado la conformación del tribunal que definirá sobre las prisiones (que quedó integrado por los jueces María Carolina Castagno, Elvio Osir Garzón y Julián Carlos Vergara) por haber sido confirmado por el mismo Tribunal que aceptó las recusaciones, ya que entienden que debe ser conformado por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA).

Sin embargo, los jueces apuntaron en la resolución que rechazó el recurso de reposición: “De la mera compulsa de las constancias obrantes en el presente legajo, fácil se advierte que dicha integración del Tribunal fue informada por la Subdirección de la Oficina de Gestión de Audiencias en su detallado y minucioso informe de fecha19.04.2024, invocando la normativa aplicable a los efectos de la respectiva integración, a saber el art. 54 inc. 1°) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Entre Ríos, N° 6902; informe de integración que de inmediato desde la magistratura se puso en conocimiento de las partes, mediante resolución adoptada en igual; de ahí que mal se puede invocar su desconocimiento y menos aún afirmar que éste Tribunal se arrogó facultades que no son del ámbito de su competencia, pues como se observa ha sido la Oficina de Gestión de Audiencias quien informó la conformación del Tribunal, tal como lo reclaman los recurrentes”.“Deviene evidente que en modo alguno se releva en el caso bajo estudio, algún equívoco del trámite procesal o inobservancia formal, que habilite este medio impugnaticio intentado, y menos aún que se haya dictado sin sustanciación, es decir, sin intervención o audiencia de los agraviados”, subrayó el Tribunal.De esta forma, el Tribunal que deberá resolver las prisiones quedó conformado por María Carolina Castagno, Elvio Osir Garzón y Julián Carlos Vergara. (Analisis).

Así se comunicó desde la Oficina de Prensa del Poder Judicial.“Ante el requerimiento formulado por la Jueza Federal del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, de Buenos Aires, María Romilda Servini, solicitando el envío de expedientes judiciales que se tramitan en la Justicia entrerriana, el vocal del Superior Tribunal de Justicia, Miguel Ángel Giorgio, a cargo de la Presidencia en la causa caratulados ‘Urribarri; Báez; Tortul; Aguilera y otros (Acumulado Expediente 5379-5380) S/ Recurso de Queja Expte. N° 5377)’, respondió que la solicitud no cumple estrictamente con las formalidades previstas en la Ley N° 22.172”, se indicó.

Además, el vocal del STJ “dispuso reservar la solicitud en Secretaría, por encontrarse el expediente a despacho,  hasta tanto el  estado procesal lo permita”.Por otra parte, Giorgio sostuvo que “no obstante lo expuesto, cabe hacer saber que el denunciante en las actuaciones que tramitan ante la órbita federal y que motivan el requerimiento de mención, figura en calidad de imputado en el mencionado recurso directo deducido ante este Tribunal de Alzada provincial y en las actuaciones principales Nº 11808, hallándose técnicamente asistido por su defensa oportunamente constituida, razón por la cual dicha parte, vinculada informáticamente a los procesos de mención, ejerciendo plenamente su rol activo, cuenta con la facultad y absoluta factibilidad material de acceder a la totalidad de las piezas que componen dichas causas -en formato digital- a través de la Mesa Virtual que brinda este Poder Judicial en su sitio Web Oficial, diligencia para la que se encuentra habilitada la plataforma”.(I:Análisis) 

Fue después de que el 17 de abril la Sala Penal rechazara el recurso de queja presentado por el exgobernador Sergio Urribarri contra la sentencia del megajuicio, remedio a través del cual intentó poner en cuestión la condena a 8 años de cárcel dictada en 2022 en el marco del megajuicio. La Sala Penal rechazó “por inadmisibles”  los recursos de queja articulados por los  defensores José Raúl Velázquez e Ignacio Esteban Díaz, en carácter de defensores técnicos de Germán Buffa; Raúl Enrique Barrandeguy y José Candelario Pérez, en carácter de defensores técnicos de Sergio Daniel Urribarri; Emilio Fouces, en carácter de defensor técnico de Gerardo Daniel Caruso;  Juan Antonio Méndez, en carácter de defensor técnico de Gustavo Rubén Tamay; Miguel Ángel Cullen, en carácter de defensor técnico de Corina Cargnel y Emiliano Giacopuzzi; y  Marcos Rodríguez Allende, en carácter de defensor técnico de Luciana Almada y Juan Pablo Aguilera, contra la Resolución Nº 155 dictada por la Cámara de Casación Penal, Sala I, de esta ciudad, en fecha 25 de agosto de 2023, con costas”.La decisión de la Sala Penal pone al exgobernador al borde de la cárcel: ese escenario ocurrirá si el alto cuerpo rechaza el recurso extraordinario federal para llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Urribarri fue condenado el 7 de abril de 2022 a 8 años de cárcel por el delito de peculado por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. Esa condena fue confirmada el 31 de mayo de este año por la Cámara de Casación Penal de Paraná, que en agosto pasado negó la impugnación extraordinaria, por lo que el caso llegó en queja a la Sala Penal del STJ.Pero la suerte de Urribarri, Báez, Aguilera y Cía depende de dos resoluciones: que la Sala Penal del STJ rechace el recurso extraordinario federal presentado por el nuevo abogado de Urribarri, Fernando Burlando, para que la Corte analice las condenas, o que se constituya el tribunal que debe resolver los pedidos de detención que formuló el Ministerio Público Fiscal. La Sala Penal de momento no resolvió el recurso; tampoco se ha podido constituir el tribunal que debe resolver si se hacen efectivas las condenas.Respecto del exministro de Cultura y Comunicación, al rechazar la Sala Penal del STJ la queja planteada contra la condena del megajuicio, “se desprende que la defensa del condenado Pedro Ángel Báez no interpuso recurso alguno contra la sentencia dictada por la Cámara de Casación, por lo cual la misma ha quedado firme”.En ese sentido, plantean que “la sentencia que condena al mencionado a la pena de 6 años y 6 meses de prisión se torna ejecutoria, por lo que se solicita se disponga la inmediata detención del mismo y su traslado a Unidad Penal Nº 1 de la ciudad de Paraná, conforme doctrina de esa Excelentísima Sala en lo Penal”.  El argumento es que la defensa de Báez no presentó recurso alguno contra la decisión de la Cámara de Casación Penal, que en 2023 ratificó la condena y rechazó el recurso extraordinario.En cuanto a Urribarri y Aguilera, “ante el rechazo por mayoría de esa Sala del recurso de queja por denegatoria de impugnación extraordinaria, entendemos que la instancia provincial está próxima a agotarse para que la sentencia de condena se torne ejecutiva”. En ese marco, el Ministerio Público Fiscal, y “a los fines de hacer efectiva la aplicación de la ley penal y que no se torne ilusoria la sentencia”, plantea, “se impone asegurar su cometido a través de medidas efectivas que garanticen el cumplimiento de lo dispuesto”.“Frente a esta nueva situación, cobra especial relevancia el denominado riesgo de fuga”, dicen los fiscales, y por cuanto, en función de la jurisprudencia de la Sala Penal, “se encuentra cercana en el tiempo la posibilidad que se torne ejecutoria la condena impuesta a los encausados”.Con ese razonamiento, se pidió que se “disponga la inmediata prisión preventiva” de Urribarri y de su cuñado Aguilera. “En subsidio, para el caso de no hacer lugar al pedido de prisión preventiva, interesamos que se les imponga cauciones acordes a la naturaleza y entidad de las condenas impuestas, junto con la prohibición de salida del país, efectuando las comunicaciones correspondientes a la Dirección Nacional de Migraciones, Policía Federal Argentina y a la Policía Provincial; disponiéndose que deberán asistir una vez a la semana a la Comisaría correspondiente a su domicilio, a fin de dar cuenta de sus lugares de residencia”.Báez ya se adelantó y pidió que se le aplique prisión domiciliaria por cuanto entiende, a través de una presentación que hizo su defensor Ignacio Díaz de que la Unidad Penal no le garantiza las condiciones necesarias para tratar su cuadro de diabetes.

El miércoles 29, a las 9, en los Tribunales de Paraná, se resolverán los planteos contra dos jueces que deben integrar el tribunal para resolver las prisiones, que se integró con María Carolina Castagno, Santiago Brugo y Juan Francisco Malvasio. Brugo se inhibió de intervenir, y Malvasio fue recusado.La situación de esos dos magistrados será resuelta por un tribunal conformado por María Carolina Castagno y los jueces de Garantías Julián Vergara y Carola Bacaluzzo. La expectativa es que finalmente se deje conformado el tribunal que analice los pedidos de prisión, aunque resta que se pronuncie también la Sala Penal del STJ. Si la Sala Penal acepta el recurso extraordinario, no tendrán chances los pedidos de prisión; pero si hay rechazo, Urribarri, Báez y Aguilera, y el resto de los condenados terminarán con sus huesos en la cárcel.(I:El Entre Ríos) 

Este miércoles se venció el plazo para recurrir el fallo que había rechazado las recusaciones contra los jueces Elvio Garzón y Julián Vergara para integrar el Tribunal que debe tratar las recusaciones contra los vocales Juan Malvasio y Santiago Brugo, por lo cual esa resolución quedó firme. Pero Garzón solicitó licencia por problemas de salud, y en su lugar quedó la jueza de Garantías Carola Bacaluzzo, quien junto a Vergara y Carolina Castagno analizarán los planteos de los abogados defensores. En principio, se cree que no recusarían a Bacaluzzo porque ya ha intervenido en otras audiencias y no hubo reparos sobre la magistrada. Pero todo es posible.Ahora la OGA (Oficina de Gestión de Audiencias) debe fijar fecha y hora para esta audiencia, para lo cual se informó que deben coordinar los horarios disponibles de los jueces, de los fiscales y de los abogados defensores, en relación a otras audiencias judiciales que tengan pautadas. Se indicó que se tratará de resolverlo con rapidez.Cabe recordar que Malvasio rechazó su recusación y Brugo se excusó, por haber intervenido como fiscal en uno de los procedimientos de las causas que llevaron a la condena a los exfuncionarios.(I:Analisis) 

Fue en el marco de la presentación realizada por el abogado defensor ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 a cargo de la jueza  Servini. El fiscal que había intervenido por sorteo en la presentación, Carlos Stornelli, había desestimado el planteo y solicitado la remisión a jurisdicción de Paraná la presentación de Burlando. Pero Servini no lo entendió de esa manera, requirió el expediente para analizarlo y luego de ello decidirá si la causa del abogado defensor se tramita en Capital Federal, como lo solicitó o pasa a la capital entrerriana.La resolución de Servini responde a la solicitud de intervención que oportunamente efectuaron los abogados de Sergio Urribarri, quienes vienen planteando “la necesidad de que los argumentos de la defensa sean escuchados por un tribunal imparcial y que la sentencia arbitraria e injusta que recae sobre el exgobernador sea revisada técnica y procesalmente”.En esa línea, los defensores del exgobernador sostienen que “Urribarri ha sufrido innumerables agravios en todos los procesos que se vienen llevando a cabo en su contra, y que existe una total falta de objetividad e imparcialidad por parte de los tribunales que han juzgado a Urribarri; por eso hemos solicitado la intervención de un tribunal federal que restablezca la racionalidad jurídica”.Advierten que en las causas que se llevan adelante existen “vicios, irregularidades, arbitrariedades y violaciones de derechos y garantías constitucionales propias de una persecución política, lo que reviste una gravedad institucional inusitada”.“Todos los abogados defensores lo han planteado en numerosas oportunidades a lo largo de los procesos pero no han sido debidamente atendidos”, afirman.

La denuncia

Urribarri presentó la denuncia en cuestión el 19 de abril pasado en la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N° 9 de Capital Federal. Allí se dio cuenta de la existencia de una “mesa judicial” que habría montado una especie de complot contra el exgobernador. El escrito recayó en el fiscal federal Guillermo Marijuan, pero quien emitió opinión luego fue el fiscal Carlos Stornelli.Además de calificar como “operadores judiciales” a quienes intervinieron en las causas contra Urribarri y que estos expedientes son “causas armadas”, los abogados solicitaron información de telefonía celular de jueces, de fiscales y hasta de la intendenta de Paraná, Rosario Romero, como así también del director de ANÁLISIS, Daniel Enz, para demostrar, supuestamente, el entramado entre tales protagonistas para derivar en denuncias contra el exmandatario condenado. Insiste allí con la “inocencia” de Urribarri, reclama que siga en libertad ante el pedido de prisión preventiva y señala que el condenado se encuentra deprimido por toda esta situación. Además, Urribarri declaró ante el fiscal donde radicó la denuncia.Tal como ya lo desarrollaron, la estrategia de la nueva defensa del exembajador argentino en Israel, con una fuerte impronta mediática, apunta no a las pruebas contundentes que derivaron en la condena a ocho años de prisión, sino a cuestionar el funcionamiento del sistema judicial entrerriano.Burlando sostiene que “existe una seria amenaza a la libertad personal” de Urribarri “que no puede ser neutralizada en el mismo fuero de donde provienen los acusados”. Por ello, recurre a los Tribunales de Capital Federal con sede en Comodoro Py, no exentos de críticas por su oscurantismo y turbidez.En reiteradas oportunidades, en la denuncia se menciona que existe una “operatoria” que consistiría en causas judiciales que comienzan a partir de publicaciones de la revista ANÁLISIS, “previamente digitadas” por su director Daniel Enz, el procurador Jorge García y la exprocuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, y que luego las investigaciones son instruidas por los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro.(I:Analisis) 

El tribunal conformado por María Carolina Castagno, Carola Bacaluzzo y Pablo Zoff rechazó por «inadmisible e improcedente» el planteo recusatorio que formularon los defensores del exgobernador Urribarri, Fernando Burlando, Javier Baños y Lepoldo Cappa, y en cambio aceptó la inhibición que planteó la jueza de Garantías Elisa Zilli para intervenir por cuanto está en pareja con el abogado Emilio Fouces, «defensor del encausado, Gerardo Daniel Caruso, quien fuera condenado en el marco de la presente causa».

Pero aun cuando los jueces Castagno, Bacaluzzo y Zoff consideraron que el planteo recusatorio fue extemporáneo, de igual modo respondieron al reproche de ausencia de imparcialidad en el que habrían incurrido Garzón y Vergara.

La resolución plantea que «en coincidencia con la postura de los magistrados recusados y el representante del Ministerio Público Fiscal (Leandro Dato) advierte, resulta extemporáneo, y por tanto debe declararse inadmisible, por las consideraciones que se expondrán». Así, recuerda que la recusación de un magistrado debe presentarse en un plazo de 24 horas luego de haberse comunicado la integración del tribunal.

«En efecto, mediante resolución de fecha 19.04.2024, adoptada por quien preside éste Tribunal, se dispuso hacer saber a las partes la nueva integración del Tribunal conformado por los magistrados recusados Dres. Vergara y Garzón – y la Vocal mencionada (Castagno), a fin de resolver primeramente la recusación planteada por la defensa de los encausados Corina Elizabeth Cargnel, Emiliano O. Giacopuzzi y Juan Pablo Aguilera, Dr. Miguel Ángel Cullen, del Sr. Vocal N° 9 de ésta capital, Dr. Juan Francisco Malvasio y la inhibición del Sr. Vocal N° 4 de ésta capital, Dr. Santiago Brugo; la cual fue notificada a las partes el mismo día, esto es el 19.04.2024, conforme constancias de envío de mail a los correos electrónicos de los defensores técnicos, entre ellos el defensor del encausado Urribarri, Dr. Leopoldo César Cappa».

Sin embargo, señalan los magistrados, «el planteo recusatorio objeto de la presente incidencia fue interpuesto por los Dres. Fernando Burlando y Javier Ignacio Baños, defensores del encausado Urribarri, transcurrido con creces el plazo previsto»: se concretó el 26 de abril. Ni siquiera el tribunal encontró justificativo en el hecho de que la recusación se presentó 24 horas después de que Burlando y Baños asumieran la defensa del exgobernador. «La designación de nuevos letrados defensores en modo alguno importa la concesión de un nuevo plazo, o la renovación del plazo previsto legalmente para que la asistencia técnica concrete el planteo recusatorio, entender lo contrario, importaría desconocer la unidad de defensa», argumentaron los jueces.Respecto del otro reproche, falta de imparcialidad en los magistrados para intervenir por cuanto ya han participado de otras causas penales que involucran a Urribarri, el tribunal entendió que el «planteo recusatorio de los Sres. Jueces de Garantías N° 4 y 5 de ésta capital, Dres. Julián Carlos Vergara y Elvio Osir Garzón no encuentran apoyatura alguna en hechos objetivos del procedimiento (parcialidad objetiva); ni en actitudes o intereses particulares de los magistrados recusados con el resultado del pleito (parcialidad subjetiva), por el contrario, dejan a salvo, que no cuestionan la capacidad y honorabilidad de los mismos; lo que evidencia la clara contradicción en la que incurren, pues pese a ello deducen de la actuación de los mismos en las causas que tienen intervención como Jueces de Garantías una ´enemistad manifiesta´, por motivos inconfesables».

Al respecto señalaron que «resulta verdaderamente impropio, que ante cada opinión de un órgano jurisdiccional se pretenda evaluar a futuro su actuación aventurando cuáles serán sus decisiones, si así fuere, se requeriría un nuevo Juez cada vez que éste emitiera un pronunciamiento adverso a las posturas de las partes, por cuanto la opinión antecedente impediría garantizar la imparcialidad, habilitando así el apartamiento de aquellos magistrados que no se adecuen a la estrategia defensiva o acusatoria, lo cual en modo alguno resulta viable».

«No cualquier motivo justifica el apartamiento de un magistrado -plantó el tribunal-, por el contrario las razones que se invocan deben tener entidad para conmover la independencia e imparcialidad del juzgador y deben estar debidamente explicitadas desde el plano jurídico y fáctico, pues la intervención de los jueces naturales que integran un órgano es una de las garantías constitucionales que asegura el debido proceso en todas las causas, por lo que su apartamiento debe ser de especial consideración (…), siendo necesario se le otorgue un alcance tal que no perturbe el adecuado funcionamiento de la organización judicial».

En base a esos argumentos, el tribunal rechazó por «inadmisible e improcedente el planteo recusatorio formulado por la defensa del encausado Sergio Daniel Urribarri», Fernando Burlando y Javier Ignacio Baños contra la intervención de los jueces de Garantía Elvio Garzón y Julián Vergara. Y aceptó la excusación de la jueza de Garantía Elisa Zilli.(I:Analisis) 

La denuncia, que fue formalizada este viernes ante el secretario del Jurado de Enjuiciamiento, Eduardo Rodríguez Vagaría, señala que existen “graves indicios” de irregularidades que involucran desde la cabeza del Ministerio Público Fiscal hasta magistrados del Tribunal de Casación de la Provincia. Entre las acusaciones, se destaca una supuesta violación del artículo 6 de la Constitución de Entre Ríos, relacionada con la “irregularidad es la violación de las previsiones del artículo 6 de la Constitución de Entre Ríos ya que accede a su primer cargo jerárquico en la Administración de Justicia como secretario en el año 1989, en pleno proceso militar, en los años calientes de las violaciones de los DDHH y obviamente jurando y coincidiendo con el Proceso Militar”.Asimismo, el exmandatario le reprocha “abuso de autoridad” y “violencia institucional”, y señala que el Procurador llevó adelante “maniobras que encubrieron una intención política judicial de represión y persecución a través de actos aparentemente jurisdiccionales derivado de haber concentrado todo el poder conferido por la Constitución Nacional y de la Provincia de Entre Ríos, mientras que puntualmente los funcionarios indicados se conformaron bajo la figura a la que podría denominarse como ´operadores judiciales´ cuyos integrantes estarían actuando al margen de la ley y dedicados al ´armado de causas´ y a la persecución política de mi persona, como exgobernador de esta provincia”.Como era previsible, Urribarri también mencionó a Daniel Enz,  director de ANÁLISIS: “Puntualmente el Sr. Procurador de la Provincia de Entre Ríos, así como la destituida fiscal Cecilia Andrea Goyeneche con la colaboración necesaria del periodista Daniel Enz (titular del portal de noticias Análisis Digital) lograron a través del entramado que se denuncia el aparente resultado legítimo –sentencia judicial condenatoria- con el que, finalmente, me sometieron políticamente”, sostiene en el escrito.Cabe recordar que el ataque a Enz fue repudiado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). El embate contra el periodista de investigación fue considerado un nuevo intento de “amedrentar y acallar” este oficio, y calificó a Análisis como “un orgullo para el periodismo del interior”.Por otra parte, en la denuncia Urribarri afirma que del “armado judicial” participaron la pareja del Procurador, la vocal de la Cámara de Casación Penal, Marcela Badano; y su amiga, la vocal Marcela Davite. Sobre esta última también subraya que es “cuñada del juez del presidente del tribunal, José María Chemez, que me condenó”. 

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Celli admitió que “no sorprende” la actuación de este señor porque no tiene límites éticos de ningún tipo, es un mercenario de las defensas penales y está acostumbrado a toda una ‘mise en scene’ (puesta en escena) y le calza justo a los porteños que les gusta mucho lo mediático, se pasea en autos de alta gama, está permanentemente en los medios y la gente compra esto. Pero creo que ya se le fue la mano y esto carece de toda razonabilidad y seriedad”.En ese sentido, planteó que “pretender que este señor que está a las puertas de que su condena por corrupción quede firme, están desesperados y no les importa ensuciar a quien sea, y en este caso hasta al único medio periodístico que no fue cooptado por esa gestión corrupta de este señor -me refiero a ANALISIS y a los que encabeza Daniel Enz- y no me sorprende que lo metan en la misma bolsa porque fue la luz, el faro que permitió esclarecer todos los focos de corrupción de una banda muy pesada que ha saqueado las finanzas de la provincia y no tienen ningún prurito ni ético ni moral”.“Es una copia fiel del modelo kirchnerista nacional y ante la inminencia de que se pronuncie la Corte y quede firme la condena, no vacilan en ensuciar a quien sea. Los únicos que se van a salvar, de todos los que han denunciado, han sido los funcionarios judiciales que han sido totalmente coherentes en beneficiar a la banda que no vacilaron en despedir a la fiscal (Cecilia) Goyeneche que fue la que llevó adelante la investigación”, agregó.Asimismo, apuntó que “este señor que no es abogado en el sentido de que carece de matrícula en la provincia ha desplegado a sus socios, sus cómplices, para ensuciar a todo aquel que se ponga en el camino de este señor que parece impoluto, intocable y que la condena que está a un paso de quedar firme, va a quedar firme cuando se pronuncie la Corte, y todo este circo montado ha dejado en el camino a abogados de gran capacidad en la provincia para armar este circo que pretende cambiar lo que no pueden cambiar que son las pruebas que condujeron a esta condena”.Consultado por la incidencia que podría tener la estrategia mediática del abogado, marcó que “esto va a ser un boomerang que se vuelve absolutamente en contra porque pretende poner en tela de juicio a toda la justicia entrerriana; y más allá de que puede haber -y seguramente los hay, como en todos lados- miembros de la justicia que se doblegan ante el poder también hay señores jueces honestos, honrados y comprometidos como debe ser cualquier magistrado con el cometido para el cual ha sido designado, con lo cual pretender ensuciar la conducta de todos los magistrados del foro entrerriano es un verdadero disparate y no tengo dudas de que será un boomerang que les va a jugar absolutamente en contra y que no va a revertir una sentencia que ya ha pasado todas las instancias provinciales y que está a las puertas de pasar a la Corte por un inventado recurso que tampoco es jurídicamente viable para poder acceder a esa última instancia”.“Me preocupa la falta de límites en todo esto y me preocupa que se ponga en tela de juicio a la única usina seria y comprometida en investigar la corrupción en Entre Ríos como es ANALISIS DIGITAL y el titular de la misma, que ha sufrido también los embates de todas las bandas corruptas que hace muchos años vienen operando en la provincia. Hago votos para que la Corte se ponga las botas y diga ‘señores, esto se acabó, esto se termina’ y este señor corrupto deberá pagar como sea todo el daño que le ha hecho a la provincia de Entre Ríos”, apuntó.En este contexto, evaluó que Urribarri “acude a esto como un león que está enjaulado y que se ve desesperado, y por otro lado no tiene ningún prurito en poner los dólares que sean porque esos dólares no son de él, son los dólares que le ha robado a la provincia así que no le duele a su esfuerzo sino a todo el producto de lo que ha robado en todos estos años y que está perfectamente acreditado en el juicio”.  Finalmente, Celli recordó que “Urribarri enfrenta dos causas más y pareciera que la tiene muy difícil” y señaló que “la realidad es que Burlando es un manotazo de ahogado mediático pero no jurídico. Hay que recordar que Burlando salió en ropa interior pretendiendo hacer campaña para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, un verdadero papelón y una imagen tan ridícula que inmediatamente la tuvo que sacar de circulación”. 

‘‘Ignoro si hay obligación de ir como testigo en una causa judicial si soy citada, en cuyo caso no declararía nada, ya que no es un asunto de mi interés”, explicó a este medio a través de un mensaje de texto Patricia Dachary.La mujer es exesposa del vocal Giorgio y figura en el escrito de recusación presentado por la defensa de Urribarri en una lista de testigos que se completa con el propio Burlando, dos abogados de su equipo y con el actual esposo de Dachary, Mariano Tedeschi, quien también se comunicó con este medio.“No tengo ningún tipo de contacto ni conozco al doctor Burlando ni soy parte de su equipo de trabajo en el cual me invocan como posible testigo”, explicó Tedeschi también vía mensaje de texto.“Repito: jamás he tenido ningún contacto con él y ninguno de su equipo de trabajo”, acotó.