La vicepresidenta Victoria Villarruel anunció este lunes que propondrá a los senadores una “actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego” y una “actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego”.Así se refirió la vicepresidenta desde sus redes sociales a los incendios que azotan a parte de Chubut.La vicepresidenta planteó que “nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita”. Tras afirmar que “todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos”, anunció que propondrá a los senadores “la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego y una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las provincias en el combate contra el fuego”.“Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder. El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes así como la obligación a las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando éste resulta dañado”, expresó. Y afirmó que “nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”.Como contó la Agencia Noticias Argentinas, Villarruel había quedado envuelta en una polémica con el presidente Javier Milei debido a las versiones de que había solicitado un helicóptero para recorrer la zona y el Poder Ejecutivo se lo habría negado, aunque desde el entorno de la titular del Senado desmintieron ese pedido.El Gobierno detectó que Villarruel había solicitado un helicóptero a la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que depende del Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva, para recorrer la provincia patagónica.La negativa a esa requisitoria profundizó el distanciamiento entre Villarruel y la cúpula libertaria, que desde hace tiempo marginó a la titular del Senado de la toma de decisiones.

El pedido tiene como objetivo que autoridades del Poder Ejecutivo brinden información detallada sobre los mecanismos de autorización, entrega, control y rendición de los módulos y mercadería alimentaria distribuidos durante el año 2025, en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía por la presunta entrega clientelar de alimentos.

Durante la sesión, el senador Sanzberro explicó que la iniciativa se complementa con una nota enviada el pasado 4 de enero a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, en la que se solicita formalmente la reunión de la Mesa de Diálogo Social. “No está en nuestro ánimo ni en nuestra voluntad mirar para el costado; creemos que la Mesa de Diálogo Social debe reunirse de manera extraordinaria”, afirmó el legislador.

El proyecto aprobado expresa que “se vería con agrado que la señora ministra de Desarrollo Humano convoque en forma urgente y extraordinaria a una reunión de la Mesa de Diálogo Social”, y propone una agenda de trabajo que incluye: un informe detallado del Ministerio sobre los mecanismos de autorización, entrega, control y rendición de cuentas de los módulos y mercadería alimentaria distribuidos durante 2025, incluyendo la cantidad total, el listado de organizaciones receptoras y los procedimientos de relevamiento y rendición.

También se insta a conocer el estado actual de los controles administrativos y logísticos para garantizar la trazabilidad y el destino final de la asistencia alimentaria a las familias en situación de vulnerabilidad; y las medidas adoptadas o a adoptar ante las recientes denuncias periodísticas y los procedimientos judiciales en curso, incluyendo la colaboración con la Justicia y la realización de eventuales auditorías.

Asimismo, los senadores solicitaron conocer propuestas concretas para fortalecer la transparencia y el control participativo de la Mesa de Diálogo Social, tales como la digitalización de las entregas, la publicación periódica de información y la implementación de auditorías externas independientes.

El origen del conflicto: el palco reservadoTodo comenzó cuando Karina Milei intentó acceder al llamado “palco de la Presidencia” para presenciar la jura de los nuevos senadores. Para obtener el espacio recurrió inicialmente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se acercó a Villarruel para interceder en su favor.La vicepresidenta rechazó la gestión de inmediato por considerar que las solicitudes deben canalizarse por los mecanismos formales del Senado. Según fuentes parlamentarias, su respuesta fue directa: “Si quiere un palco, que lo pida por escrito”.El pedido formal finalmente ingresó pasadas las 21 horas del jueves, pero a esa altura todos los palcos ya estaban asignados a gobernadores, invitados oficiales, familias de los legisladores entrantes y prensa acreditada.

Un ingreso sin ubicación y una escena incómodaEl episodio se volvió evidente cuando Karina Milei llegó al recinto acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Ante la falta de confirmación y la ausencia de un lugar disponible, la comitiva quedó momentáneamente sin ubicación asignada.Durante varios minutos permanecieron de pie, apoyados contra una de las paredes del recinto, mientras personal del Senado intentaba encontrar un sitio libre. Las cámaras registraron a los funcionarios recorriendo los pasillos en busca de un lugar, imágenes que se viralizaron y pusieron en evidencia la improvisación del trámite.

Reubicación y desplazamiento inesperadoFinalmente, el Senado dispuso un palco en el primer piso para los funcionarios, lo que obligó a reacomodar a otros invitados. La familia de Alejandro Fitzgerald, quien minutos más tarde juraría como secretario administrativo del Senado, debió ser trasladada a otro sector para ceder el espacio.El episodio terminó resolviéndose sin mayores altercados, pero dejó al desnudo el delicado vínculo entre Villarruel y el entorno presidencial, especialmente en un contexto en el que las tensiones internas del oficialismo ya venían acumulando varios gestos de fricción.

De ese modo, el Senado retomará su actividad antes del recambio que tendrá lugar en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre.En tanto, la ministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se reunió este viernes con la vicepresidenta Victoria Villarruel para diagramar la agenda del Senado, en un encuentro que ambas definieron como “positivo” y “constructivo”.Tras la cita, Bullrich planteó que Villarruel se mostró “muy colaborativa” para apuntalar la agenda del Gobierno en el Senado.Por su parte, Villarruel dijo a los periodistas acreditados en el Senado, entre ellos la Agencia Noticias Argentinas, que se trató de una  reunión “positiva y constructiva, en un tono muy amable”, y añadió que “siempre hubo colaboración” y que ella trabajó para que “se respete la Constitución”.“Hablamos de los distintos proyectos de  ley y de cómo va a ser el manejo del bloque de La Libertad Avanza (LLA)”, dijo la titular del Senado y añadió: “Yo también le quise comentar cómo es el manejo de la cámara, porque yo no tengo facultades como para obstaculizar o, de alguna manera, interrumpir el ejercicio parlamentario”. 

Los resultados provisorios oficiales indican que la Alianza la Libertad Avanza sacó 17 puntos de ventaja a los principales candidatos del justicialismo.Diputados:ALLA (Laumann, Fregonese, Schenider): 52,91%Fuerza Entre Ríos (Michel): 34,39%Partido Socialista (Guzmán): 3,64%Ahora 503 (Rubattino): 3,59%MST (Nadia Burgos): 2,50%Unión Popular: (Farach): 1,76Mas: 1,30%

SenadoresALLA (Benegas Lynch): 52,43%Fuerza Entre Ríos (Bahl) 35,69Ahora 305 (Gaillard): 3,67Partido socialista (Maya): 3,19Nueva Izquierda (Cáceres Sforza): 1,89Unión Popular (Martínez Garbino): 181Mas: 1,30. (APFDigital) 

Tal como sucedió el día que se sancionó el proyecto de ley – 22 de agosto del 2025-, los representantes entrerrianos en la Cámara de Senadores no se pusieron de acuerdo en las votaciones para definir la insistencia de la Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario.

Stefanía Cora (UxP) y Stella Maris Olalla (UCR) rechazaron el veto presidencial por lo que volvieron a apoyar los proyectos tal como en la sesión que se sancionaron. Al respecto, en el recinto Cora hizo uso de la palabra y sostuvo que era “inaudito” debatir ambas leyes.

“Se vetó con la excusa del déficit cero pero nada tiene que ver con eso y que el principal problema que tiene Milei es que en la ecuación que está armando siempre le van a faltar dólares”.

Diferente fue la situación de Alfredo de Angeli –presidente del Bloque del PRO en Senadores- ya que respaldó indirectamente el veto absteniéndose de ambas leyes.

Cabe recordar que en la sesión que se sancionaron los proyectos, el senador no estuvo presente. 

La iniciativa, que busca reestructurar y refinanciar compromisos asumidos en gestiones anteriores, obtuvo 12 votos afirmativos y cinco negativos en la sesión presidida por la vicegobernadora Alicia Aluani.El proyecto aprobado declara prioritaria la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial (expediente N° 15.400), que alcanza un stock cercano a los 700 millones de dólares, en su mayor parte correspondientes al crédito internacional tomado en 2017 y reestructurado en 2021.

En este marco, el senador Gustavo Vergara (Diamante - Juntos por Entre Ríos), explicó que no se trata de nueva deuda sino de ordenar los compromisos vigentes para que la provincia pueda cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones.

“Los excedentes que surjan de la reestructuración se volcarán exclusivamente a obra pública”, señaló, al tiempo que subrayó que el objetivo es evitar cualquier escenario de incumplimiento y brindar previsibilidad: “Restaurar la sostenibilidad de la deuda es la condición necesaria para garantizar desarrollo y futuro a Entre Ríos”.

Desde el bloque Más para Entre Ríos, la senadora Patricia Díaz (La Paz) también acompañó el proyecto y destacó la importancia de contar con una herramienta de previsibilidad para municipios con deudas heredadas: “Mi voto busca que estos compromisos se transformen en una oportunidad de orden y desarrollo, permitiendo que los recursos locales se destinen a las obras y servicios que cada comunidad necesita”.

Con la media sanción en el Senado, el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde continuará su tratamiento legislativo. 

Tras la paritaria de los empleados legislativos, los Senadores verán un nuevo aumento en sus dietas, que superarán los $9,5 millones mensuales.Senadores tendrán otro aumento tras el descongelamiento de las dietas del 31 de marzo pasado a raíz de la paritaria que cerraron los trabajadores del Congreso y percibirán como dietas más de 9,5 millones de pesos.La razón del impacto en los recibos de los representantes provinciales será porque en abril del 2024 votaron un aumento, a mano alzada y sin debate, que incluyó una cláusula que dejó atada la actualización salarial del cuerpo a los acuerdos que cerraran los empleados del Poder Legislativo.

Esto fue avalado por los presidentes de ambas Cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel, quienes rubricaron este martes con gremios la actualización salarial para los empleados legislativos del 1,3 por ciento para marzo, abril y mayo.Desde diciembre del año pasado, Villarruel intentó frenar el descongelamiento y el desenganche sin éxito. La titular de la Cámara alta quiso colar el tema en la sesión del pasado 12 de diciembre, cuando expulsaron a Edgardo Kueider, pero no logró consenso con los jefes de bloque ya que el recinto se abría, nada más y nada menos, para eyectar a un integrante.Finalmente, Villarruel le puso el gancho a un decreto y prorrogó el 27/24, por el cual en agosto pasado los senadores congelaron su dieta hasta el 31 de diciembre de 2024, tras enganche de abril.Esa acción fue motorizada después de recibir el visto bueno del bloque de La Libertad Avanza (LLA) y el resto de los dialoguistas como el Frente Renovador de la Concordia, PRO, UCR y Las Provincias Unidas.Villarruel, con un puñado senadores, aspiraba a que la dieta quede congelada para todo el 2025 y que se concrete el desenganche paritario.Los senadores tuvieron tiempo hasta la tercera semana de abril para expedirse, momento en el cual empieza la liquidación de sueldos a percibir en mayo. Sin embargo, no lo hicieron y se activó el descongelamiento. NA. 

El legislador explicó que “cuando uno analiza los indicadores que muestra Michel, es necesario ponerlos en contexto”. Y agregó: “Por supuesto que Entre Ríos tiene indicadores muy negativos al comparar servicios de deuda con gastos totales; pero debería agregar que esto obedece, entre otros factores, al crédito en dólares que contrajo el exgobernador Bordet, por 500 millones de dólares, con todos los vencimientos concentrados en el período 2024-2027. Lo más preocupante es que nadie puede explicar claramente en qué se usaron esos 500 millones. Lo único seguro es que no se tradujeron en obras, ni en mejoras en salud, educación o infraestructura. La deuda quedó, pero las obras no aparecen”, sentenció.En relación al gasto de capital, el senador puntualizó: “El ajuste fiscal del gobierno nacional impacta en la obra pública. Antes, de cada 100 pesos que se invertían en obras, 66 provenían de aportes nacionales. Hoy, con apenas el 33 por ciento de esos recursos, la provincia está manteniendo y ejecutando obras con fondos propios. Aun así, seguimos trabajando, priorizando rutas, caminos y obras básicas con los recursos disponibles”.Dal Molín también señaló que “existen otros indicadores que deberían considerarse al analizar las finanzas públicas. Por ejemplo, lo señalado por el CEER, donde se observa claramente cómo hemos mejorado los resultados económicos y financieros de Entre Ríos comparado con el 2023”.En ese marco, sostuvo: “Todas las provincias están atravesando una situación crítica. Pero las que están fuertemente endeudadas, las que no supieron ahorrar cuando hubo ingresos extraordinarios —como la recuperación del 15% de coparticipación durante el gobierno de Mauricio Macri— y las que no defendieron sus intereses en la Corte Suprema como hicieron Santa Fe y Córdoba, hoy están peor. Lamentablemente, el kirchnerismo nos dejó una provincia en el fondo del pozo”.El senador detalló además que “recibimos caminos y rutas destruidas, escuelas y hospitales en estado de emergencia, una policía sin los elementos básicos para combatir el delito, y uno de los peores ratios de empleados públicos sobre el total de habitantes del país. Todo funcionaba con expedientes en papel, con un Estado atado a estructuras obsoletas, propio del siglo XIX”.Finalmente, Dal Molín remarcó: “A pesar de todo este panorama, con esfuerzo estamos cumpliendo nuestras obligaciones en el peor momento de la historia para las provincias: con más responsabilidades y menos ingresos que nunca. Y lo hacemos administrando cada peso de los entrerrianos con transparencia, sin los desvíos, sobreprecios ni manejos discrecionales que durante años vaciaron las arcas públicas. Lo que antes se robaba o se usaba para financiar la política, hoy va donde tiene que ir: a pagar salarios, obras y servicios para la gente. Esa es la gran diferencia y la base para empezar a poner de pie a Entre Ríos”.También recordó que “Michel fue funcionario de la gestión de Alberto Fernández y socio político de Sergio Massa, que llevaron al país a una crisis inflacionaria sin precedentes y dejaron al Estado nacional en una situación terminal. Hoy, mientras nosotros estamos ordenando las cuentas de la provincia, ellos siguen haciendo campaña sin asumir ninguna responsabilidad por el desastre que dejaron”.“Por respeto a los entrerrianos, sería bueno que quienes fueron parte del problema tengan al menos la humildad de reconocer el desastre que dejaron”, concluyó Dal Molín. 

Al respecto, Gallegos señaló que la diferencia con respecto al funcionamiento actual del Iosper es que el proyecto cuenta con la posibilidad de que el Gobierno tenga responsabilidad de gestión. Mientras que García hizo encapié en el cambio de cantidad en el Directorio. El próximo miércoles los senadores se reunirán con gremios que forman la Intersindical en defensa al Iosper.En una reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda, y de Salud Pública y Drogadicción, se abordó la iniciativa que propicia la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) entidad que sucederá al Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), creado por la Ley Nº 5.480 y sus modificatorias.Primeramente, los presidentes de las Comisiones de Salud Pública y Drogadicción, Hernán Méndez (Islas del Ibicuy -Juntos por Entre Ríos), de Presupuesto y Hacienda, Gustavo Vergara (Diamante – Juntos Por Entre Ríos) y de Legislación General, Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos) recibieron de los gremios que conforman la Intersindical en Defensa del Iosper para convocarlos el próximo miércoles a un encuentro con el fin de escuchar sus posturas sobre el proyecto.Luego, los legisladores tuvieron la presencia del interventor del IOSPER, Mariano Gallegos, junto al subinterventor, Ricardo García. Al respecto, Gallego señaló que “el proyecto tiene una diferencia y es la posibilidad del Poder Ejecutivo de tener responsabilidad de gestión, que no ha tenido”, tras lo cual ejemplificó que “muchas provincias del país sí lo tienen”. El interventor manifestó que el fundamento del proyecto es que “la responsabilidad con la salud de los empleados del Estado es del gobernador”. Seguidamente habló de una obra social “verdaderamente en riesgo y el gobernador no puede ser ajeno a ese riesgo”.El abogado dejó en claro que “es una ley continuadora del Iosper”, tras lo cual entendió que las críticas escuchadas “no tienen sustento”. En este sentido apuntó a que el 65% de los trabajadores públicos no están sindicalizados en la provincia lo que “no es un dato menor”, en tanto dos gremios mayoritarios como UPCN y Agmer tendrían representación en el organismo. “La ley viene a modernizar la obra social, es un cambio de paradigma, algo nuevo que va a funcionar diferente y el afiliado va a estar mejor”.Por su parte García puso énfasis en el cambio estructural que contiene el proyecto de ley. “La estructura de siete directores llevó a este desmanejo” indicó, para apuntar a la experiencia y la idoneidad que se necesita para llevar adelante la obra social. Así también puso foco en la transparencia activa que se contempla en la iniciativa.Varios senadores presentes realizaron sus preguntas y se llevó adelante un intercambio de distintos artículos del texto. Asimismo se dialogó sobre los balances de años anteriores del Instituto, amparos, cuestiones de funcionamiento y gestión, y las denuncias realizadas.

Más sobre el proyectoEn los fundamentos se lee que “la iniciativa surge en virtud de las graves falencias detectadas en su funcionamiento y administración. La necesidad de transformación no responde a un capricho político, sino a una profunda y objetiva evaluación de la crítica situación que atraviesa el actual sistema de salud provincial en el ámbito de los trabajadores estatales”.A lo largo de ocho capítulos y 32 artículos se establece el régimen, objetivos y acciones, lo que concierne a patrimonio y recursos, dirección y administración, lo relativo a beneficiarios y fiscalización, un capítulo sobre transparencia activa y demás disposiciones. Se crea la “Obra Social de Entre Ríos” (OSER) como una entidad de derecho público con autarquía administrativa y financiera, con domicilio legal en la ciudad de Paraná, que será continuadora legal y patrimonial del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), creado por la Ley Nº 5480 y sus modificatorias, sucediéndolo a título universal en todos sus derechos y obligaciones, incluyendo su patrimonio, personal, afiliados, contratos y fondos existentes. La Obra Social de Entre Ríos se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo. La OSER tendrá por objeto organizar y administrar un sistema de atención médica para sus afiliados y efectuar por sí o por intermedio de terceros, prestaciones asistenciales, de conformidad con las disposiciones de esta ley y reglamentaciones que se dicten.Del encuentro fueron parte los senadores Gloria Cozzi (Concordia – Juntos Por Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos Por Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos), Patricia Díaz (La Paz – Más Para Entre Ríos), Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná-Más para Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Más Para Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador -Más Para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos Por Entre Ríos) Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos) y Juan Conti (Tala – Más para Entre Ríos).

Por otro lado, la Comisión de Educación examinó dos proyectos de ley: una iniciativa por el cual el acto de Promesa de Lealtad a la Bandera Argentina en el Nivel Primario sea tomada prioritariamente por excombatientes de Malvinas, y un proyecto para crear el Programa Provincial de Educación Financiera para mujeres.El encuentro de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el Salón de la Vicegobernación estuvo presidido por su titular, Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos) y participaron Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos), Rubén Dal Molín (Federación – Juntos Por Entre Ríos), Juan Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos) y Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos).Los legisladores analizaron dos proyectos provenientes de la Cámara de Diputados con media sanción. Por un lado, se declara Área Natural Protegida, en la modalidad “Reserva de Usos Múltiples”, el inmueble denominado “El Potrero de Victoria”, una zona que incluye más de cinco hectáreas. Por otro lado, se crea la Reserva Provincial “Reserva de Usos Múltiples Río de Los Pájaros” ubicada en calle Batalla de Cepeda dentro de la jurisdicción de la ciudad de Colón, y se incorpora al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, creado por Ley Provincial N° 10.479, a una zona de más de 600 mil metros cuadrados. Sobre este último el senador Favre comentó a sus pares características, ubicación y el funcionamiento actual de la reserva, como también lo que se proyecta para el futuro. Los senadores acordaron avanzar con los dictámenes favorables para ambas iniciativas junto a la Comisión de Legislación General que también tiene estos proyectos en estudio.

Comisión de Educación, Ciencia y TecnologíaPosteriormente, se desarrolló la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología que abordó dos proyectos de ley que cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados. La reunión fue conducida por el titular de la Comisión, Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos), junto a sus pares Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos), Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos), Rubén Méndez (Ibicuy – Juntos por Entre Ríos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos Por Entre Ríos) y Juan Conti (Tala – Más para Entre Ríos).En primer lugar, se analizó un proyecto de ley por el cual se establece que la Promesa de Lealtad a la Bandera Argentina a realizar por alumnos y alumnas de 4º grado de Nivel Primario de los distintos establecimientos escolares de la provincia de Entre Ríos, sea tomada prioritariamente por Excombatientes, Veteranos y Veteranas de la Guerra de Malvinas, en homenaje al heroico acto en defensa de nuestra patria. En este sentido, los legisladores demostraron su acuerdo con el proyecto y acordaron el despacho favorable para el mismo.La otra iniciativa tratada este martes fue la creación del Programa Provincial de Educación Financiera para mujeres en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Entre Ríos. El programa “Educación Financiera para Mujeres” tiene como finalidad proporcionar una alfabetización técnica en materia económica.Este programa abarca el conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades y actitudes necesarias para comprender el entorno económico, interpretar los eventos que afecten a las mujeres de manera directa o indirecta, y tomar decisiones informadas. Asimismo, el programa se enfocará en desarrollar hábitos de consumo responsables, gestionar el uso del dinero y el crédito de manera eficiente, fomentar el emprendimiento y contribuir al desarrollo económico local y provincial.Sobre este proyecto los integrantes de la Comisión coincidieron en la importancia de la capacitación en la temática financiera, y tras intercambiar diferentes aportes resolvieron continuar con el análisis del tema en próximas reuniones de trabajo.

Este lunes vence el congelamiento de las dietas de los senadores luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel prorrogara un decreto con esos fines a inicios del 2025, por lo que, si el cuerpo no activa ninguna acción en los próximos días, los legisladores de esa cámara pasarían a cobrar 9 millones de pesos.Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, en la próxima reunión de Labor Parlamentaria Villarruel pondrá el tema sobre la mesa. Será en la previa de la sesión caliente en la que el Senado debatirá si le presta acuerdo a Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo para integrar la Corte.La titular de la Cámara alta intentó colar el tema en la sesión del pasado 12 de diciembre, cuando expulsaron a Edgardo Kueider, pero no logró consenso con los jefes de bloque ya que el recinto se abría, nada más y nada menos, para eyectar a un integrante.Finalmente, Villarruel le puso el gancho a un decreto y prorrogó el 27/24, por el cual en agosto pasado los representantes provinciales congelaron su dieta hasta el 31 de diciembre de 2024, tras engancharse a la paritaria de los trabajadores del Congreso en abril del 2024.Esa acción fue motorizada después de recibir el visto bueno del bloque de La Libertad Avanza (LLA) y el resto de los dialoguistas como el Frente Renovador de la Concordia, PRO, UCR y Las Provincias Unidas.Uno de los objetivos de Villarruel, y a quien acompañan también otros senadores, es que la dieta quede congelada para todo el 2025 y que se concrete el desenganche paritario que fue votado a mano alzada, sin debate y por el cual el sueldo quedó en un total de 4,5 millones.Si bien ese monto regirá hasta el lunes de la próxima semana, los senadores tienen tiempo hasta la tercera semana de abril para expedirse, momento en el cual empieza la liquidación de sueldos a percibir en mayo.En aquella polémica jornada de abril, de manos levantadas con vergüenza, los senadores dieron luz verde a un nuevo esquema de módulos y hasta sumaron la famosa dieta número 13 para emular un aguinaldo. NA.

El Senado aprobó unanimidad retrotraer los aumentos de las dietas de los senadores y congelar esos haberes hasta diciembre, tras la polémica que estalló por la suba del 6,6 por ciento que elevaba los sueldos que cobran los legisladores a 9 millones de pesos. La decisión se adoptó en el último tramo de la sesión con el respaldo de los legisladores de la Libertad Avanza, la UCR, Frente Nacional y Popular, Unidad Ciudadana, Cambio Federal, Unidad Federal, PRO, Frente Renovador de la Concordia Social, Juntos por Rio Negro, por Santa Cruz,  por la Justicia Social, y Comunidad Neuquén. Tras la polémica generada por ese incremento, y a la que sumó su rechazo el propio presidente Javier Milei, los jefes de los bloques le presentaron una nota a la titular de la Cámara baja, Victoria Villarruel para suspender la suba de 6,6 por ciento en los sueldos de los legisladores.(NA) 

– Proyecto de Ley sobre el Régimen Provincial de Promoción de la Economía del Conocimiento (expediente N° 26.839). Invitado: Matías Ruíz, director de Economía del Conocimiento de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia.

– Proyecto de Ley por el que se crea el Régimen de Fomento a la Actividad Cultural (expediente N° 26.776). Invitado: Fabián Reato, secretario de Cultura de Entre Ríos.

– Proyecto de Ley por el que se modifica el artículo 1º de la ley N° 9.754 y sus modificatorias – Código Procesal Penal de la provincia de Entre Ríos (expediente N° 14.672).

Próxima sesión

Los senadores han sido convocados para sesionar en el día de hoy martes 20 de agosto a las 19 horas, el miércoles 21 de agosto, a las 19, y el jueves 22 de agosto a las 11. Se trata de la 12ª sesión ordinaria del 145º período legislativo. 

De la anterior conformación del Senado había quedado pendiente prestar el acuerdo para que se nombre contador general de la Provincia de Entre Ríos a Andrés Rodrigo Zabala, y para la Tesorería General de la Provincia a Ingrid Anabel Corona. Cabe recordar que se habían remitido estos expedientes para que el Poder Ejecutivo amplíe conocimiento de la solicitud y pliegos con una prórroga para su tratamiento.“Velamos por que el criterio de concurso público sea la regla para la selección de los responsables de los organismos de control de la gestión pública. En el caso de los cargos de contador y tesorero, cuyos concursos fueron llevados adelante durante la gestión de Gustavo Bordet, vale destacar se cumplieron todos los requisitos, y no hubo ninguna impugnación”, resaltó el senador. La Tesorería General de la Provincia es el órgano rector del sistema de recaudación de los ingresos y pagos, por lo que debe bregar por la centralización de los ingreso de los recursos, la atención de los requerimientos de orden financiero motivados por las transacciones y obligaciones del Estado, la custodia de las disponibilidades, títulos-valores y demás documentos que se pongan a su cargo.La Contaduría General es el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental y tiene a su cargo el control interno de la gestión económica, financiera y patrimonial de la hacienda pública. Orienta especialmente su función a la verificación, supervisión y vigilancia de los procesos administrativos derivados de los hechos, actos u operaciones de las que surjan modificaciones en la hacienda pública. 

Hoy, desde las 10 de la mañana, se debatirá la Ley Bases en el Senado y el paquete fiscal que impulsa el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, José María Carambia y Natalia Gadano, senadores de Santa Cruz, anticiparon que no darán quórum porque “no es la prioridad en este momento”.Mediante un mensaje grabado, los senadores santacruceños aseguraron que la Ley Bases “no es la prioridad en este momento” y sostuvieron que debe priorizarse a los jubilados. “Le pedimos a nuestros compañeros en el Senado que no den quórum para que entiendan que primero debe tratarse el paquete fiscal junto al tema de los jubilados y después la Ley Bases”, expresó Carambia en un video. Y agregó: “La única forma de poder saber nosotros que el gobierno nacional va a cumplir con los eventuales cambios en una ley, como salvar Aerolíneas o sacar Ganancias, es que primero se trate una Ley, pase a la cámara de origen y después podemos tratar el resto. Si no, no hay ninguna seguridad de ningún tipo de que se puedan cumplir los acuerdos”. 

El proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo solicita declarar en el ámbito de la provincia el estado de emergencia de la infraestructura vial, con el objeto de llevar adelante medidas y acciones para la recuperación de la trama vial provincial. Asimismo se autoriza a la Dirección Provincial de Vialidad a realizar contrataciones directas por vía de excepción de obras públicas, provisión de bienes, insumos, repuestos y suministros necesarios para llevar adelante la recuperación de la infraestructura vial de la Provincia.La iniciativa se justifica en la situación de grave crisis económica por la que atraviesa nuestro país caracterizada, entre otros aspectos, por exorbitantes índices de inflación. Así también se hace referencia al severo deterioro que presenta la trama vial de nuestra provincia, calificada entre Mala y Regular, lo que hace imperiosa una rápida intervención de la Dirección Provincial de Vialidad.

Respuestas más dinámicas

Al respecto, Bell resaló la posibilidad de tener la emergencia con el fin de acortar los procesos “para poder responder a todas las demandas a lo largo y ancho de la provincia en rutas, caminos, porque hoy la traza está en situación de emergencia”.Aseguró que los flujos de dinero con los que cuenta Vialidad, sumado al aumento del 50 % del Impuesto Inmobiliario Rural y la declaración de emergencia, “hará una estructura de respuesta mucho más dinámica”.Además pidió que los tiempos para, por ejemplo, comprar repuestos o materiales, “se puedan acotar y empardar con las necesidades que tenemos” al manifestar que “hay caminos cortados y muy lugares comprometidos”.Bell puso el acento en el control y fiscalización de las gestiones, e informó que hay contadores auditores dentro de Vialidad, una oficina del Tribunal de Cuentas, e interlocutores que asesoran y orientan: “Apuntamos a un proceso de modernización, y que no necesitemos más emergencia”, dijo. Los senadores realizaron sus consultas y el funcionario hizo referencia a la relación con Vialidad Nacional: “Hemos tenido contacto y fijamos una reunión para integrar equipos técnicos de trabajo conjunto, con una visión integral”.En este sentido dijo que se encuentran a la espera de conocer la operatoria a nivel nacional y de trabajar mancomunadamente con maquinaria y personal. Un tema de mucha preocupación son los caminos de ripio, ligados a la producción, y varios legisladores cuestionaron por obras en sus departamentos. Bell remarcó que “nuestro esquema es federal, queremos responder a las principales urgencias, y que haya caminos disponibles todo el año”, sin embargo habló de lo complejo de llevar adelante administrativa, jurídica y técnicamente las distintas obras viales, por lo que la declaración de la emergencia en lo inmediato sería sumamente beneficioso.

Modificaciones al proyecto

Culminada la exposición del subadministrador y su equipo, los senadores del bloque Más para Entre Ríos cuestionaron el plazo incluido en la redacción original del proyecto, de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la ley prorrogable por el Poder Ejecutivo por única vez y por el plazo de ciento ochenta (180) días.En este sentido, los miembros de ambas Comisiones acordaron el plazo de un año desde la promulgación de la ley, sin la contemplación de la prórroga. Así también se consensuó agregar un nuevo artículo por el cual se deberá girar bimestralmente a la Legislatura un informe digital con las actuaciones del organismo relacionadas a la emergencia. El dictamen favorable podría ser tratado por el cuerpo en la sesión de este miércoles.

Presentes

Además del presidente de la de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el senador Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos), y la presidenta de la Comisión de Obras Públicas, la senadora Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos), estuvieron presentes los senadores Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos); Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos); Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos); Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos); Gladys Domínguez (Feliciano – Más para Entre Ríos); Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos); Marcelo Berteth (San Salvador – Más para Entre Ríos); Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos); Juan Conti (Tala – Más para Entre Ríos); Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos) y Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos). 

Desde su asunción, Villarruel anunció la realización de una auditoría, pero la aparición de “casos extraños” ha motivado la necesidad de una investigación más profunda. Según fuentes del oficialismo, se han observado nombramientos poco habituales, como el paso de contratados a empleados transitorios y luego a planta permanente en un solo acto el año pasado. También se han identificado casos de empleados procesados que continúan percibiendo sus salarios mediante el uso de tobilleras electrónicas.La revisión abarcará designaciones en categorías altas del escalafón que no cumplen con los requisitos legales, así como también la transformación de contratos temporarios en empleos permanentes a través de resoluciones consecutivas. Según indican desde el oficialismo, la situación presenta irregularidades que atraviesan diferentes áreas y bancadas, pero sin señalar a ninguna en particular.

Los empleados de los entrerrianos

El senador nacional Edgardo Kueider (PJ - Entre Ríos) es quien más empleados tiene asignados a su despacho. Según las nóminas publicadas en la web de la cámara alta, cuenta con 26 personas trabajando en su equipo. Algunos son de planta transitoria y otros de planta permanente. A ellos hay que sumar los asesores contratados, que no se publican en detalle en la página web oficial.

Los empleados de Kueider son:

Edgardo Kueider aseguró que «el rechazo al DNU es un hecho» – NCNLa senadora nacional Stella Olalla (UCR-Entre Ríos) tiene asignados a su despacho 15 empleados:Stella Maris Olalla – El Grito del SurPor último, el senador nacional Alfredo De Ángeli (PRO – Entre Ríos), cuenta en su despacho con un equipo de 12 empleados:

El desagregado comprende un primer aumento retroactivo al 1 de enero de 2024 del 16%, y un 12% al 1 de febrero.

Los presidentes de las cámaras de Diputados, Martín Menem, y del Senado, Victoria Villarruel, acordaron este miércoles otorgar un aumento del 30% en las dietas de los legisladores nacionales, en línea con los incrementos que quedaron cristalizados en la paritaria de los trabajadores del Congreso de la Nación.

El desagregado comprende un primer aumento retroactivo al 1 de enero de 2024 del 16%, y un 12% al 1 de febrero.

La resolución, que lleva la firma de los titulares de ambas cámaras, destaca que “en virtud de la responsabilidad política, los signatarios del presente acuerdo en representación de la parte empleadora se comprometen a otorgarlo en función de la disponibilidad en las partidas presupuestarias, impulsando las diligencias necesarias ante las presidencias de ambas Cámaras”.

Este 30% de aumento había sido dispuesto el 23 de febrero pasado a través de una resolución conjunta pero dejaba afuera a los parlamentarios nacionales, aplicando únicamente al personal de ambas casas legislativas.

Luego de esta equiparación a la paritaria del personal legislativo (gremio APL), un diputado nacional perforará la línea de los dos millones de pesos brutos por mes.

El recibo de sueldo de febrero de un diputado estipulaba una dieta 1.984.000 pesos. A esto hay que agregarle el plus por desarraigo que perciben los diputados y senadores que no representan a la Ciudad de Buenos Aires, ni a municipios cercanos del AMBA, sumado los pasajes de avión y ómnibus, y los gastos de representación. NA.

Desde el Bloque de Más para Entre Ríos manifestaron que su posición política sigue siendo la de colaborar con el oficialismo en el desarrollo de políticas públicas, aunque no compartan necesariamente todas ellas. Sin embargo, enfatizaron que la responsabilidad de incrementar los impuestos recae en el Poder Ejecutivo, que no ha reclamado al gobierno nacional por los recortes en las transferencias a la provincia, trasladando parte del ajuste a los contribuyentes entrerrianos.

Ante la necesidad de mejorar la recaudación de tributos coparticipables a los municipios afectados por las medidas de reducción del gobierno nacional, los senadores opositores decidieron respaldar con ciertas limitaciones el proyecto de reforma fiscal del gobernador Rogelio Frigerio. En este sentido, optaron por eliminar la facultad del Ejecutivo para seleccionar cualquier índice de actualización de impuestos, imponiendo en su lugar el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), vinculado a la evolución salarial de trabajadores públicos y privados.

Asimismo, buscaron simplificar la política tributaria para evitar una mayor burocracia, con el objetivo de beneficiar a las Pymes, que actualmente están más preocupadas por el pago de sueldos y la sostenibilidad económica que por enfrentar nuevos impuestos. Consideraron que ya existen mecanismos de control para combatir la evasión sin necesidad de generar más burocracia, por lo que eliminaron el Código de Operación de Transporte (COT).

En última instancia, los senadores peronistas expresaron su intención de mitigar el impacto del aumento de los tributos propuesto por el oficialismo para hacer frente a la disminución de los recursos provinciales, dejando en claro que la decisión de incrementar los impuestos es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo provincial.