Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales del Senado entrerriano continuaron este miércoles con el análisis del proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo. En esta oportunidad expusieron representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y de la Asociación de la Magistratura, quienes realizaron observaciones técnicas y jurídicas sobre distintos aspectos de la iniciativa.

La contadora María Lorena Gerard consideró necesario introducir criterios de gradualidad en algunos cambios propuestos, especialmente en el régimen docente. En ese sentido, señaló que la eliminación de determinados beneficios debería aplicarse de manera progresiva y sugirió precisar con mayor claridad los requisitos vinculados a la edad jubilatoria de los trabajadores de la educación.

Por su parte, el contador Lisandro Tomé se refirió a la situación financiera del sistema y a la relación previsional entre la provincia y la Nación. Según explicó, existe un marcado desequilibrio

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado provincial comenzaron formalmente el tratamiento del proyecto denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, impulsado por el Poder Ejecutivo.

Durante el encuentro, realizado en la Sala de Comisiones de la Cámara de Senadores, los legisladores acordaron una metodología de trabajo que contempla la convocatoria a más de veinte sectores vinculados al sistema previsional, con el objetivo de recoger opiniones, aportes y observaciones antes de avanzar en el análisis de la iniciativa.La reunión estuvo encabezada por los presidentes de ambas comisiones, Gustavo Vergara y Juan Pablo Cosso, quienes coincidieron en la necesidad de desarrollar un proceso ordenado, amplio y participativo que permita escuchar todas las voces involucradas.

Según el cronograma preliminar, las exposiciones comenzarán el próximo 10 de junio con la presencia del presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, y del ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, quienes expondrán los fundamentos técnicos, financieros y políticos del proyecto.

Posteriormente serán convocados representantes gremiales, colegios profesionales, asociaciones de jubilados, especialistas en derecho previsional, constitucional y financiero, expresidentes de la Caja de Jubilaciones, dirigentes políticos y representantes de distintos espacios partidarios.

Entre los invitados figuran Agmer, AMET, UDA, Sadop, ATE, UPCN, AJER, Apler, Festram, Suoyem, la Asociación de la Magistratura, el Colegio de la Abogacía, la Federación de Jubilados y Pensionados, la Liga de Intendentes del Vecinalismo, el Partido Justicialista y Juntos por Entre Ríos, entre otros actores vinculados al sistema.

Los argumentos del GobiernoEn los fundamentos de la iniciativa, el Poder Ejecutivo sostiene que la provincia enfrenta una situación crítica en materia previsional y que resulta necesario adoptar medidas tanto coyunturales como estructurales para garantizar la continuidad y sustentabilidad del sistema.

El proyecto destaca que la Caja de Jubilaciones cuenta actualmente con 66.222 beneficiarios y 120.592 aportantes activos. A enero de 2026, el haber promedio bruto de jubilados y pensionados alcanza los 1.557.070 pesos, mientras que el salario promedio bruto de los trabajadores activos es de 1.387.920 pesos.

Uno de los datos que más preocupa al Gobierno es el déficit operativo. Durante el primer trimestre de este año, los aportes personales y patronales totalizaron 196.266 millones de pesos, mientras que las erogaciones previsionales ascendieron a 331.867 millones. La diferencia, de 135.601 millones de pesos en apenas tres meses, debió ser cubierta por el Tesoro provincial.

Según los cálculos oficiales, cada jubilado o pensionado recibió en promedio 681.059 pesos mensuales financiados directamente por recursos generales de la provincia.

Qué cambios propone la reformaLa iniciativa declara la emergencia económica y financiera del sistema previsional hasta diciembre de 2027, con posibilidad de prórroga, y autoriza al Poder Ejecutivo a adoptar medidas destinadas a garantizar la sustentabilidad del régimen.Entre los principales cambios figura la creación de un aporte extraordinario para trabajadores con remuneraciones superiores a tres millones de pesos mensuales, junto con un incremento excepcional del tres por ciento en las contribuciones patronales.También se propone elevar gradualmente la edad jubilatoria para quienes ingresen al sistema con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, estableciendo como meta los 68 años de edad y 35 años de aportes.Asimismo, se modifica la fórmula de cálculo del haber inicial, que continuará manteniendo el 82 por ciento, aunque calculado sobre el promedio actualizado de las últimas 240 remuneraciones mensuales sujetas a aportes.Con el cronograma de exposiciones ya definido, el Senado entrará ahora en una etapa de consultas y análisis que se extenderá durante todo junio antes de que el proyecto avance hacia una eventual definición legislativa.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fijó un plazo para la presentación de su declaración jurada ante la Oficina de Anticorrupción, en el marco de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, y estableció como fecha tope el 15 de junio.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el funcionario ultima detalles para hacer publica su justificación patrimonial, aunque aún no estableció el día en el que lo hará. Tras el anticipo del presidente Javier Milei, luego de que la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich presionara al ministro coordinador para que aclarara su situación, desde la Jefatura de Gabinete plantearon que ningún actor externo obligará a Adorni a adelantar sus planes. La postergación en las fechas coincide con el inicio del Mundial 2026, programado para el 11 del mes, evento que entusiasma al oficialismo con un cambio de agenda. Es que en Balcarce 50 aspiran a que la interna y la situación judicial del funcionario puedan correrse de escena por primera vez en casi tres meses.Mientras trabaja con su contador en la tarea, el exvocero, ratificado en su nuevo cargo por los hermanos Milei, empieza a pensar en su nuevo informe de gestión, el segundo de ellos, que estudia brindar durante el mes de agosto en la Cámara de Senadores.El primero de ellos fue particular: no solo dio asistencia el propio Presidente, sino que la invitación se extendió a la plana completa del Gabinete que debió seguir el detalle de gestión y la respuesta a las preguntas del bloque opositor. Con bastante tiempo aún, los equipos de la Jefatura de Gabinete comenzaron a activar los primeros pasos para la tarea que deberán hacer frente al igual que hicieron a finales de abril en Diputados.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa ingresó este sábado al Senado. El texto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y el ministro de Salud Mario Lugones.El texto oficial argumenta que la aplicación de la normativa vigente, basada en los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), evidenció severas “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” que justifican su eliminación total.Derogación total: El proyecto consta de un articulado directo que establece la derogación de la Ley N° 27.642 en su totalidad, la cual entraría en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. Esto incluye la quita de los octógonos negros de advertencia y las restricciones asociadas a publicidad, entornos escolares y uso de personajes infantiles en los envases.Críticas al sistema “binario” y confusión al consumidor: El Gobierno señala que el modelo de perfil de nutrientes actual aplica parámetros homogéneos sobre matrices alimentarias muy diferentes, sin considerar las porciones reales consumidas ni la densidad nutricional. Según el Ejecutivo, esto genera situaciones inconsistentes donde alimentos tradicionales y saludables reciben advertencias equivalentes a las de productos ultraprocesados, provocando “interpretaciones simplificadas o poco precisas” y confusión en el comprador.Falta de incentivos para la industria: La Casa Rosada argumenta que la estructura binaria del sistema (contiene o no contiene la advertencia) no premia los esfuerzos de las empresas por realizar mejoras parciales o graduales en la composición nutricional de sus productos dentro de una misma categoría.Asimetrías en el Mercosur y perjuicios a PyMEs: El mensaje enviado al Parlamento advierte que la falta de armonización regional en materia de rotulado frontal genera trabas operativas dentro del Mercosur, obligando al sector a fabricar envases diferenciados. Esta situación afecta especialmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que enfrentan costos fijos de cumplimiento proporcionalmente más elevados, lo que podría incentivar la concentración del mercado.Rigidez normativa: Se cuestiona que numerosos aspectos metodológicos y técnicos hayan sido incluidos directamente en el cuerpo de la ley, lo que impide que el sistema se adapte de forma ágil y dinámica a los nuevos consensos científicos internacionales o a las actualizaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).Garantía de la información tradicional: El Ejecutivo aclaró que la medida no elimina las obligaciones de información nutricional de los alimentos envasados. La declaración obligatoria de valor energético, azúcares, grasas y sodio continuará plenamente vigente bajo el Código Alimentario Argentino y el sistema armonizado del Mercosur (Resoluciones GMC N° 44/03 y 46/03), complementado por las leyes de lealtad comercial y defensa del consumidor.Con este envío, el Gobierno solicitó al Congreso el “pronto tratamiento y sanción” de la norma para avanzar hacia un esquema que califica como “técnicamente más consistente, uniforme y adaptable”.

El presidente del Senado de Brasil, Davi Alcolumbre, promulgó este viernes la ley que reduce penas de condenados por los ataques a las sedes de los Tres Poderes del 8 de enero de 2023, norma que beneficia al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión por tentativa de golpe de Estado.La ley fue inicialmente vetada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) el 8 de enero, exactamente el día en que se cumplieron tres años de los ataques. Pero el pasado jueves, la Cámara de Diputados y el Senado votaron para revocar el veto.En Brasil, la promulgación de la ley queda a cargo del presidente del Senado cuando el presidente de la República no lo hace en un plazo de 48 horas, tras ser comunicado oficialmente por el Congreso sobre la decisión legislativa.La tarea recayó sobre el senador Alcolumbre, luego de que Lula viajara a Estados Unidos el miércoles 6 de mayo, fecha en la que venció el plazo.Alcolumbre tenía hasta este viernes para formalizar la creación de la ley, informó Xinhua y supo la Agencia Noticias Argentinas.La Ley de la Dosimetría fue aprobada por el Congreso en diciembre y vetada integralmente por Lula. Una sesión conjunta de la Cámara de Diputados y del Senado anuló el veto el pasado 30 de abril.En la Cámara de Diputados, hubo 318 votos a favor de anular el veto y 144 en contra. En el Senado, hubo 49 votos a favor de anular el veto y 24 en contra.Para que se anulara el veto, se necesitaban al menos 257 votos en la Cámara de Diputados y 41 en el Senado.El texto aprobado impide sumar las penas de los delitos de abolición violenta del Estado y golpe de Estado, estableciendo que se aplique únicamente la pena del crimen más grave con un incremento de entre un sexto y la mitad.Además, contempla una reducción de uno a dos tercios de la pena cuando los hechos ocurran en contexto de multitud, siempre que el reo no sea financiador ni líder del movimiento.A partir de su publicación en el Diario Oficial en las próximas horas, la ley entra en vigor en todo el territorio nacional.Aliados del presidente Lula da Silva manifiestan la intención de impugnar la constitucionalidad de la medida ante el Supremo Tribunal Federal (STF), lo cual puede hacerse a partir del momento en que la ley entre en vigor. NA.

Además, se programaron tres encuentros de comisión para el martes 28 de abril.

La comisión de Salud Pública y Drogadicción abordará dos temas sobre consumo y apuestas en línea, y la de Legislación General, la derogación del régimen de pensiones especiales.

La Cámara de Senadores está convocada a sesión ordinaria para los días martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de abril, para las 18, 13 y 11 horas respectivamente. Como es habitual, la sesión será transmitida en vivo desde el recinto, a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores.

ComisionesEl martes a las 10:00 los senadores miembros de Salud Pública y Drogadicción analizarán el expediente N° 15.598: proyecto de ley que tiene por objeto establecer un procedimiento integral de actuación en situaciones de emergencia, destinado a garantizar una atención adecuada, accesible y humanizada a personas con desafíos en la comunicación, promoviendo su protección, seguridad y bienestar.

Para este tema recibirán invitados que darán su visión a la propuesta legislativa, entre ellos el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de General Ramírez, Aaron Mendoza, y el Director de Defensa Civil de la Provincia de Entre Ríos, Oscar Díaz Bertozzi.

A las 10:30, también en la Sala de Comisiones del segundo piso de Casa de Gobierno, se reunirán en conjunto la Comisión de Legislación General y la Comisión de Salud Pública y Drogadicción, para el tratamiento del expediente N° 15.399: proyecto de ley por el que se prohíbe el acceso a sitios de apuestas en línea a través de redes públicas de acceso a internet brindadas por organismos estatales.

Para las 11:00 se convocó a un encuentro de la Comisión de Legislación General, para el estudio del expediente N° 26.748: proyecto de ley del Poder Ejecutivo con media sanción, por el que se deroga la Ley 4.506 y sus modificatorias, sobre el régimen de pensiones especiales o graciables otorgadas por la Provincia.

Por Mariano Casal -  Las comisiones de Seguridad; y de Justicia del Senado dictaminaron esta tarde un proyecto que aprobó en Diputados en 2024 y que introduce cambios a la regularización de armas de fuego -agilizar procedimiento-, por un lado, y prorroga el sistema de entrega voluntaria -administraciones de distinto color político lo han hecho- hasta el 31 de diciembre de 2027. Si no se sanciona la ley, la iniciativa perderá estado parlamentario en febrero próximo.Por el Gobierno expuso el director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), Juan Pablo Allan. “La burocracia y la ‘papelización’ del registro alejó y puso barreras para el legítimo usuario para la registración y la normalidad. Y, para nosotros, es una persona responsable y ajustada a derecho”, señaló.Allan agregó: “Las órdenes que recibimos fueron muy claras. Los ejes de la gestión son digitalizar todo el RENAR y hacer que estar dentro de la ley sea fácil. Y eso hemos hecho y hoy lo vemos en las cifras”.Según el funcionario, se aumentó en un 20% la cantidad de objetos registrados en dos años, que pasaron de 300.000 a 360.000, aunque se estima un total de 600.000 en manos de legítimos usuarios. “Las armas no desaparecen y el Estado necesita la información”, advirtió. Y añadió: “Queda mucho por hacer”.Allan también hizo mención a mejores detecciones vía “patrones anti fraude”. En esa línea, confió: “Se le pagaba a personas para que compren armas, las registraran y, luego, pasaban a organizaciones criminales. Con la digitalización, detectamos rápido eso y rebotamos a la vieja usanza”.Por otra parte, el director del RENAR dejó en claro que “la sola presentación -de la declaración- no es automáticamente una aprobación”, sino un primer paso donde luego se chequea “el origen, antecedentes y medidas cautelares sobre personas y objetos”.Allan es cercano a la actual jefa libertaria en la Cámara alta y exministra de Seguridad mileísta, Patricia Bullrich, quien estuvo presente en el convite. En medio de un escenario delicado y preocupante en las escuelas, la porteña no desaprovechó la ventana y explicó que “las fuerzas federales tienen un sistema para localizar armas por tipo de disparo y una base” amplia de registros.Seguido a ello, lanzó: “Con las -recientes- amenazas, ese sistema nos protege y sería importante que las provincias firmen. Si hay una amenaza, las provincias pueden saber si familias tienen o no. Esto genera una protección a la escuela, niños y familias”. Tras ello, le consultó a su conocido Allan por los distritos que aún no adhirieron. “Formosa, Tierra del Fuego y La Rioja”, dijo el funcionario.Al enviar el proyecto al Congreso, en mayo de 2024, la Casa Rosada fundamentó en su mensaje “la necesidad de establecer una opción clara a la ciudadanía en relación con las armas de fuego: o bien su tenencia legal, para lo que se ofrece un procedimiento de regularización excepcional, o bien la entrega voluntaria y anónima, para su destrucción a cambio de un incentivo”.“Resulta esencial, para cualquier política de seguridad pública, garantizar una correcta trazabilidad e identificación de las armas de fuego ya que, por su naturaleza, son capaces de provocar una grave afectación a la vida y a la integridad de las personas”, argumentó el Ejecutivo.El plenario fue manejado por la radical y titular de la comisión de Seguridad -cabecera-, Carolina Losada (Santa Fe). La segunda involucrada fue la de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el libertario salteño Gonzalo Guzmán Coraita. Infobae.

 Por David Cayón - El proceso de designación de jueces comienza a acelerarse. Luego del anuncio del ministro de Justicia de la Nación que iban a mandar una tanda de pliegos al Senado, en el día de hoy comenzaron a ingresar los documentos de los propuestos.El funcionario nacional había adelantado que iban a enviar en tandas de pliegos los nombres que propone el Poder Ejecutivo con el fin de cubrir los más de 300 juzgados vacantes y, durante la mañana de hoy, ingresaron a la Cámara Baja 52 de ellos. “La intención del oficialismo es acelerar”, el ministro había señalado que iba a mandar 60 pliegos. Los restantes formarían parte de las negociaciones con los gobernadores -buena parte de los juzgados son en las provincias- para definir cuál de los tres candidatos que enviaron desde el Consejo de la Magistratura es el que mayor consenso conseguiría a la hora de votarlos.Otro punto a tener en cuenta respecto de los plazos es que, aunque entraron hoy, no van a poder ser discutidos en la Comisión de Acuerdos esta semana que es corta, por lo que se espera que Mahiques pueda completar el envío de los 62 pliegos que había anunciado en sus redes sociales hace una semana atrás.Entre los pliegos se presentan los casos de 6 candidatos para el fuero Criminal y Correccional Federal, de los cuales 5 son para juzgados de La Plata y uno para los juzgados de San Martín. En el caso del fuero Criminal y Correccional de Capital Federal se presentaron 9 pliegos.Para el fuero de los juzgados de Menores de Capital Federal llegaron dos propuestas al Senado de la Nación. En el caso del fuero Civil, el Ministerio de Justicia envió los pliegos para ocupar 5 juzgados y un único caso para el Tribunal Federal de Juicio de Formosa. En total, Mahiques envió los pliegos de 23 jueces. “Solicita acuerdo de designación de conjueces de los Juzgados Nacional de Primera Instancia en lo Civil con competencia exclusiva en asuntos de familia y capacidad de las personas de la jurisdicción de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal”.En el mismo envío se mandaron los pliegos de 4 defensores oficiales y de 12 vocales de Cámara.Los pliegos llegan en un momento en el que la Corte Suprema de la Nación busca modificar la forma en la que el Consejo de la Magistratura determina las ternas y en el que el Senado de la Nación estableció un cambio en el proceso.En el caso de la Cámara Alta se aprobó en sesión del pasado 18 de marzo una modificación a su reglamento interno que introduce precisiones en los mecanismos de publicidad aplicables al tratamiento de los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para la designación de jueces, conjueces de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público.La reforma modifica los artículos 22 bis y 123 bis, estableciendo que los pliegos deberán publicarse durante dos días, con una antelación no menor a quince días corridos previos a la audiencia pública, en el sitio web institucional, las redes sociales del Senado y el Boletín Oficial. Asimismo, cuando se trate de cargos correspondientes a jurisdicciones fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dispone su comunicación a los poderes legislativos provinciales y su publicación en los boletines oficiales de las respectivas jurisdicciones, a fin de asegurar una adecuada difusión a nivel local.En el paquete que llegó al Senado de la Nación también se incluye los candidatos para ocupar la silla de Presidente, Vicepresidente y Vocales del Directorio del ENARGAS.En este caso propone como presidente al actual interventor Néstor Laboglia y como vicepresidente a Vicente Serra.

El Gobierno Nacional envió al Senado un proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tiene como meta defender el derecho de propiedad, suprimir los limites para que los extranjeros puedan comprar tierras, un mecanismo rápido de desalojo, y reformas en la ley del manejo del Fuego.El proyecto forma parte de las reformas que fueron anunciadas por el presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa del 1 de Marzo, y es la primera que se envía al Congreso como parte del paquete de iniciativas que impulsará el Gobierno, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.El oficialismo volvió a elegir como cámara de origen el Senado, donde la jefa del bloque de LLA pudo armar una sólida mayoría de unos 40 votos, que le permitieron sancionar con amplio margen las leyes de Presupuesto, Inocencia Fiscal, Régimen Penal Juvenil, Laboral, y reforma de ley de Glaciares, y ratificar el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

EXPROPIACIONES

La iniciativa se estructura sobre el fortalecimiento de las garantías constitucionales en el régimen expropiatorio, la reforma del sistema de desalojo, el régimen de Regularización Dominial, la revisión de la restricciones del régimen de tierras rurales, y la reforma de la ley del manejo del fuego.Sobre la ley de expropiaciones se establece un mecanismo “sumarísimo” para la restitución de inmuebles con la acreditación exclusiva del titulo, donde se incluye las “garantías del debido proceso y control judicial en todas las etapas”, pero evitando los largos tiempos para entregar la propiedad a su titular.En el proyecto firmado por Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y todos sus ministros, también reforma elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras como se estableció en una ley aprobada en el 2011 en el Gobierno de Cristina Kirchner.“Por medio de esta norma se dispusieron limitaciones a la titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales. Sin embargo, esto implicó una limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, principalmente en el ámbito agropecuario, uno de los principales sectores productivos del país, reconocido internacionalmente por su calidad en todo tipo de productos”, señaló el Gobierno.Destaca que “la reforma propone modificar el enfoque y concentrar los controles en aquellos supuestos en los que se vean involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos. De este modo, se asegurará un correcto resguardo de la soberanía y la seguridad nacional”El proyecto elimina artículos de la ley del Manejo del Fuego elimina los artículos centrales de la ley impulsada en el 2020 por Máximo Kirchner que impedía vender en caso de incendio los humedales, bosques nativos, y áreas protegidas por 60 años. y prohibía cambiar el destinado por 30 de las zonas agrícolas incendiadas.El Gobierno sostiene que modificar el uso de inmuebles en caso de incendios por plazos extremadamente prolongados, bajo el amparo de garantizar la correcta restauración.Sin embargo, estas limitaciones son irrazonables y afectan al ejercicio del derecho de propiedad dado que, en los hechos, se ha demostrado que no resultan eficientes para alcanzar la finalidad perseguida”.

Por David Cayón - El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de ley que surgió del Ministerio de Seguridad cuando lo comandaba Patricia Bullrich, que lo festejó como un triunfo propio, que tiene como eje principal la baja de la edad punible para el sistema penal argentino.

Con 44 votos a favor y 27 en contra, 1 sola abstención; el proyecto de ley que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación ahora espera que el Ejecutivo lo reglamente y lo publique en el Boletín Oficial.

“El Estado no va a seguir mirando para otro lado. Ustedes quieren que los ciudadanos que no cometen delitos sean ciudadanos de segunda? No importa la edad que tengan los delincuentes, importa el delito”, comenzó Patricia Bullrich.

“Este modelo se agotó, nosotros venimos a plantear algo que es moral y jurídicamente distinto, una teoría que deja de poner en la indefensión total a las familias que enterraban a sus hijos. Cuando el delito no tiene consecuencias la ley pierde autoridad, y eso es lo que pasaba antes”, agregó la impulsora del proyecto.

“El lugar del delincuente en la sociedad es el que la pena le asigne. El que mata tiene que tener cadena perpetua, no importa la edad que tenga. Estamos hablando de educación y la impunidad no educa".

“Nosotros vinimos a poner orden y no nos da verguenza. Si las hizo, las paga, por eso ordenamos las calles, por eso hacemos cumplir la ley. Proteger a los adolescentes, reparar a las víctimas. Queremos una sociedad con menos delincuentes y menos presos. Hoy votamos justicia, responsabilidad, hoy votamos contra los kirchneristas de batallón militante. Estamos cambiando la historia de la Argentina”, cerró la senadora.

Luego pidió un minuto de silencio por las víctimas e hizo parar a todo el bloque. El peronismo miró absorto y Villarruel le aclaró que ella no podía definir eso. Finalmente, todos se pararon y se hizo silencio.

El peronismo se opuso desde el primer momento del debate y, además de señalar que entendían que la ley sólo se concentra en lo punible y no en las infancias y su acompañamiento, los fondos presupuestados son insuficientes.

Según la norma el presupuesto para un sistema que reduce de 16 a 14 años, los fondos destinados para las provincias son $23.700 millones.

Según datos del Servicio Penitenciario Federal el costo del metro cuadrado es de 3,2 millones de pesos. Con el presupuesto establecido en el proyecto se podría construir 7.400 metros cuadrados. Dividido por los 24 distritos, se podrían construir 308 metros cuadrados en cada una de las provincias.

Con estos números Jorge Capitanich del PJ señaló que “si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”.

La respuesta llegó del bloque libertario, algunos con mayor énfasis que otros, como el caso de Luis Juez que acusó al bloque del peronismo de “mentiroso. Solo con una fuerte cuota de ignorancia se puede opinar como opinan”.

“Si la discusión es la plata que la pongan en las provincias que se la gastan en cualquier cosa, en publicidad. A pocos metros de acá hay familiares que vienen a buscar justicia, no venganza”, agregó el cordobés que ahora milita en LLA.

Parte de la mirada que mostró el peronismo también estuvo en la alocución de la senadora Lucía Corpacci. El bloque estaba molesto porque había acordado con los libertarios que no iba a habilitar la presencia de familiares en las gradas. Sin embargo, el oficialismo no cumplió e hizo entrar a varios que se ubicaron en los palcos del primer piso.

“Nosotros somos legisladores, no estamos para responder el enojo, estamos para dictar leyes que hagan la vida mejor y que hagan una sociedad mejor. Tenemos que actuar con racionalidad y con humanidad. Esta ley no es la solución de nada”, dijo Corpacci.

Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, hizo un recorrido por diferentes artículos en los que fue explicando la inconstitucionalidad de cada uno de ellos. El ex gobernador además señaló que todo el proyecto va a generar una “litigiosidad. En defensa del federalismo, mi voto y el de mi bloque es negativo”.

El cierre del kirchnerismo estuvo a cargo del senador Martín Soria, quien era diputado cuando comenzó el debate en la Cámara Baja, señaló que “a pesar de las correcciones, este proyecto de Régimen Penal Juvenil sigue siendo muy malo, contiene errores graves y peligrosos. No va a solucionar lo que ustedes creen que van a solucionar. Esta ley es peor que el decreto de Videla porque viola el principio de culpabilidad disminuida”

El proyecto de ley propone la creación de un sistema penal juvenil especializado orientado a adolescentes de 14 a 18 años, con el objetivo de garantizar procesos judiciales adecuados a su edad. El texto establece la presunción favorable a la minoría de edad y regula que los menores de 18 años no compartan ámbitos judiciales ni penitenciarios con adultos.

El régimen introduce principios como legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, y prioriza la resocialización de los jóvenes. El sistema prevé que los adolescentes cuenten con garantías judiciales desde el primer momento y que las causas se tramiten en órganos y centros especializados. La propuesta contempla la rápida intervención del aparato judicial y reconoce el derecho de los adolescentes a ser oídos y a que su familia participe activamente en el proceso.

El capítulo dedicado a las víctimas otorga un rol central a quienes resulten damnificados por los delitos juveniles. El proyecto garantiza a las víctimas asistencia jurídica y psicológica inmediata, la posibilidad de intervenir en audiencias y de oponerse a decisiones del Ministerio Público Fiscal. La normativa también contempla la participación de las víctimas en instancias restaurativas, como la mediación penal juvenil.

El sistema de sanciones establece un esquema progresivo y diversificado, que incluye medidas educativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño, además de restricciones de circulación. La privación de libertad solo será aplicable en delitos graves, con límites estrictos de tiempo y separación permanente de los jóvenes respecto de los adultos.

Para la etapa de ejecución de sanciones, el proyecto incorpora la figura del supervisor judicial especializado, responsable de acompañar y monitorear el proceso de reinserción del joven. La libertad condicional podrá otorgarse solo con aval del Ministerio Público Fiscal y bajo condiciones precisas. También se incluyen medidas específicas para responder a problemáticas de salud mental y consumo problemático, con intervención de equipos interdisciplinarios.

La propuesta detalla estándares de alojamiento que prohíben la convivencia de adolescentes con adultos y garantizan acceso a educación, cultura, recreación y atención espiritual. Se prevé la diferenciación por edad y situación procesal dentro de los centros, así como la capacitación del personal a cargo.

En los casos de menores inimputables, el texto dispone la intervención judicial para investigar el hecho y aplicar medidas curativas o protectoras, siempre bajo la órbita de la justicia civil. Además, el proyecto estipula la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.

Además se convocó a sesiones de prórroga para el martes, miércoles y jueves.La vicegobernadora y presidente de la Honorable Cámara de Senadores, Alicia Aluani, oficializó la convocatoria para la sesión preparatoria, que será el día miércoles 11 de febrero próximo a las 17 horas.

En la oportunidad se definirá quienes ocuparán los cargos de vicepresidente primero y vicepresidente segundo del Cuerpo para el 147º Período Legislativo, que se iniciará formalmente a mediados de este mes. El encuentro será en el recinto del Senado, en la planta baja de la Casa de Gobierno.

Convocatoria a sesión de prórroga Además, la vicegobernadora Aluani convocó a sesión de prórroga al Senado.En este caso la citación es para los días martes 10 a las 19 horas; para el miércoles 11 a las 13 horas y para el jueves 12 de febrero a las 11 horas. 

Por Mariano Casal - El Senado sancionó anoche el Presupuesto 2026, tras casi ocho horas de discusión, y el Gobierno libertario ya puede mostrarle al mercado, en el inicio de la segunda parte del mandato de Javier Milei, un plan de gastos avalado por el Congreso, con votos de sobra. Un tema no menor, aunque dentro de poco -en febrero, si hay extraordinarias; o marzo, en el período ordinario-, el oficialismo deberá lidiar con un desafío mayúsculo en la Cámara alta: la reforma laboral.Durante la definición en general del proyecto, el mismo obtuvo 46 adhesiones a favor -con dos más, llegaban a dos tercios, ya que estaban todos presentes-, 25 rechazos y una abstención. Lo más importante fue la votación en particular de la iniciativa, que también avanzó y, de esta manera, la ley será promulgada. Es decir, hubo guiños en todos los capítulos, incluido el segundo -por el artículo 30-, criticado por la oposición por eventuales recortes en diversas áreas de educación. Consiguió 42. Más que suficiente y hasta en sintonía de “paliza”.Para tener una idea de cómo se arribó a dicho resultado en la votación en general, hay que sumar a los 21 integrantes de La Libertad Avanza, los diez del radicalismo, tres del PRO, y un puñado trascendental de silvestres provinciales. Más la sorpresa -por romper con la orden cristinista- de los peronistas Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy). Esta mecánica, con algunas objeciones en el capítulo dos, se repitió en la particular. Se abstuvo en todo la justicialista disidente Alejandra Vigo (Córdoba), mientras que otros lo hicieron en un par de secciones de la ley, como Julieta Corroza (La Neuquinidad).El plan de gastos e ingresos para 2026 prevé un crecimiento económico de 5% del Producto Bruto Interno (PBI); inflación anual de 10,1%; y un dólar que para el Ejecutivo rondará, en diciembre del año que viene, $1.423. Según la Casa Rosada, el superávit primario será de 1,5% del PBI; el financiero, de 0,2%. Además, se estiman que las exportaciones se incrementarán 10,6%.Como miembro informante de La Libertad Avanza, el exjefe del oficialismo en el Senado -ahora es Patricia Bullrich- y titular de la comisión de Hacienda, Ezequiel Atauche (Jujuy), aseguró: “En los últimos 13 años no se había podido cumplir un Presupuesto que tenga un déficit cero y es muy importante generar confianza interna y externa. Eso es algo que este país no tenía hace mucho tiempo”.El legislador recordó la situación que se encontró Milei en el poder central, como el riesgo país “encima de 1900 puntos” y un “30% de deuda pública con vencimientos a un día”, la que calificó de “una bola de intereses que se pudo desarmar con mucho esfuerzo”. Luego, sumó el escenario de pobreza e indigencia y cómo la Casa Rosada sacó, siempre según Atauche, “a más de 10 millones de personas” de esa realidad. Ante las dudas que surgieron por el artículo 12 -potestad de reclamar información a universidades para determinar ciertos gastos o envío de fondos-, Atauche fue tajante: “El mismo se presentó tanto en la época de los Kirchner como de Macri y hoy lo volvemos a incluir en el Presupuesto”.Desde el interbloque kirchnerista, el primero en responder fue el exgobernador chaqueño Jorge Capitanich. Apuntó a cuestiones políticas y, sobre todo, técnicas. Muy pocos le prestaron atención. Su discurso se extendió hacia bifurcaciones diversas y, en el tramo final, erró en una frase del Martín Fierro -José Hernández-, entre otras obras literarias que mostró “Coqui” como guía moral. Sí habló de “coacción y coerción a las administraciones provinciales y municipales” a la hora de la discrecionalidad para derivar recursos.Más concreto fue el peronista pampeano Pablo Bensusán. Para graficar una preocupación sobre las transferencias a cajas previsionales -dijo que es “el mismo importe asignado para 2023”-, expresó: “Se establece, como anticipo a cuenta, sólo para aquellas provincias que tengan un déficit reconocido, provisorio o definitivo correspondiente al ejercicio 2021 o posterior”. Es decir que, de las 13 en esta zona, sólo su distrito sería el beneficiado.Desde la Unión Cívica Radical (UCR), el bonaerense Maximiliano Abad manifestó que “un Presupuesto aprobado es indispensable para el funcionamiento de la República y para recuperar credibilidad institucional”. No obstante, denostó el artículo 30. En ese sentido, señaló: “Lo llamo ‘escoba’, porque barre los pisos de inversión en educación y ciencia previstos por ley. Un piso que no se alcanza sigue siendo una referencia y un rumbo a seguir”.La defensa oficialista volvió a ser observada por la justicialista riojana Florencia López. En primer lugar, mostró la “contradicción” entre “la inflación que proyecta el Gobierno, de 10,1% anual, con la de los últimos meses, que superó los dos puntos”. En esa línea, añadió: “Es mala fe y a propósito”.Tras ello, la exvicegobernadora, que conoce a fondo lo que implica una ley de gastos, confió: “Con esa inflación -proyectada hacia abajo- habrá mayor recaudación y, como no van a estar designadas esas partidas, se va a permitir la discrecionalidad”. López marcó, con preocupación, que el Ejecutivo envió una ley con un sistema de bandas que modificó “sobre la marcha” y con “una resolución”, una vez que el texto ya estaba ingresado en el Congreso y que, en Diputados, ni siquiera lo adecuó.En su debut, Corroza (La Neuquinidad) utilizó gran cantidad de su tiempo en halagar la resentida gestión de su terminal política y gobernador, Rolando Figueroa. La siguió la salteña Flavia Royón, que fue directo al grano y dejó en claro que “sin Presupuesto no hay planificación, previsibilidad, inversión, desarrollo y, por sobre todas las cosas, no hay reglas claras que requieren las provincias para conducir sus planes de gobierno”.“Necesitamos orden financiero”, sentenció Royón, aunque tampoco olvidó de resaltar que “acompañar no es callar”: habló de “supuestos macroeconómicos frágiles y, en exceso, optimistas”. Al final, sostuvo que la solución sobre la puja en educación no es “derogar”, sino “tener una propuesta más constructiva”.Por su parte, el líder del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara (Misiones), enfatizó que “el Estado no genera riqueza, sino que administra lo que generan los argentinos”, y reforzó el concepto de la “responsabilidad para gobernar”. Segundos después, opinó: “Apoyar y dar una nueva herramienta no significa un cheque en blanco. Exige responsabilidad, más que nunca, y cumplir los acuerdos con las provincias y los fallos de la Corte Suprema”.“No se puede imponer. Menos, cuando se tienen minorías parlamentarias. Vamos a marcar límites cuando haya atropellos. El respeto a las instituciones no es optativo, es una obligación”, advirtió Goerling Lara.Sobre ello coincidió su par de la UCR, Eduardo Vischi, que direccionó la lupa hacia la “gran inversión social” del Ejecutivo y subrayó que “es inexplicable” que haya “menos situaciones de conflicto”, si antes “gobernaban los que decían que defendían a los pobres”, en clara referencia al kirchnerismo.El jefe del interbloque kirchnerista “Popular”, José Mayans, fue directo a los “250.000 puestos de trabajo” que se perdieron y preguntó “de dónde saca los datos” el Ejecutivo, que muestra otro panorama. Lo mismo para la deuda: según el formoseño, “era de USD370.000 millones y hoy es de USD445.000 millones?. También mencionó los valores actuales de las canastas básicas para contrarrestar los datos de pobreza y las varias travesías judiciales con las que ya carga la Casa Rosada.La encargada de concluir la discusión fue Bullrich. Lo concretó en términos políticos. “Hoy definimos si la Argentina vuelve a creer en sí misma”, arrancó, y se refirió a un “punto de partida para refundar una historia emocional”, ya que durante “muchos años” se pasó a “desconfiar, resignarse y vivir en ciclos tóxicos, una y otra vez”.“El fracaso era el destino. El esfuerzo no valía la pena”, siguió la exministra de Seguridad, y denostó las “valijas llamadas ‘obra pública’”. Y evaluó que se eligió “cambiar el método, el sistema”, dejar “los problemas debajo de la alfombra para enfrentarlos” y “volver a sentir que el esfuerzo tiene sentido, que el cambio no es más una palabra vacía”.Según Bullrich, el Presupuesto 2026 “no improvisa, no engaña y no promete lo que se no se puede cumplir”. Después, conjeturó que “no había margen para la tibieza“, que ”había que ir a fondo, animarse“, y que ”gobernar no es prometer“, sino ”decidir cuando duele“. Y culminó: “El superávit no es una meta circunstancial, es una regla. El déficit es la línea roja que separa el futuro del desastre”. 

La iniciativa, autoría del senador uruguayense, propone la creación del Consejo Interuniversitario Provincial de Entre Ríos con el propósito de articular y coordinar acciones entre el Gobierno provincial y las universidades —tanto públicas como privadas— con sede en el territorio entrerriano.

El proyecto obtuvo este jueves el acompañamiento unánime de todos los bloques legislativos, reflejando un consenso transversal sobre la importancia estratégica de fortalecer la articulación del sistema universitario entrerriano.Oliva destacó el respaldo de sus pares de las distintas fuerzas políticas, quienes coincidieron en que la creación del CIPER constituye “una política de Estado en materia educativa”, orientada a aprovechar el potencial académico y científico de Entre Ríos en beneficio del desarrollo provincial.

El proyecto, que también había logrado el amplio respaldo del sistema universitario entrerriano, se apoya en el artículo 257 de la Constitución provincial, que establece la educación como un derecho humano fundamental y promueve la articulación del sistema universitario con la formación docente, los institutos y los centros de investigación.

El CIPER tendrá como principales objetivos:Asesorar y participar en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas vinculadas con la educación superior.Promover la articulación entre educación, trabajo y ambiente, fortaleciendo la relación entre las universidades y los desafíos socio-productivos de Entre Ríos.Fomentar redes institucionales que optimicen recursos y potencien la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica.

Amplio respaldo del sistema universitarioEl proyecto cuenta con el acompañamiento de las universidades con asiento en la provincia. Durante su exposición ante la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Oliva recibió el apoyo de autoridades que subrayaron “el valor estratégico de una mesa de coordinación provincial para la educación superior” y coincidieron en la necesidad de institucionalizar un espacio de diálogo que vincule el ámbito académico con las políticas públicas.

Según el articulado del proyecto, el Consejo será un órgano consultivo del Poder Ejecutivo provincial y se compondrá de la siguiente manera: un representante titular y suplente por cada una de las Cámaras Legislativas, un representante titular y un suplente del Poder Ejecutivo provincial, y un representante titular y un suplente de la Cámara de Senadores de la provincia, y otro representante titular y suplente de cada universidad pública o privada que tenga sede administrativa en Entre Ríos.

Próximos pasosTras obtener media sanción en el Senado provincial, el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados para su tratamiento. “Este avance es fruto de un trabajo conjunto con las universidades entrerrianas, con la convicción de que el conocimiento debe estar al servicio del desarrollo y la equidad territorial”, concluyó Oliva.

El Senado de Estados Unidos aprobó la nominación de Peter Lamelas como nuevo embajador estadounidense en la Argentina. El diplomático estuvo en el centro de la polémica recientemente luego de realizar declaraciones controvertidas sobre el país en una comisión del Congreso que generaron el repudio de la oposición, de gobernadores y hasta de China.Su designación fue aprobada con 51 votos positivos, contra 47 negativos. Lamelas no estuvo presente en el recinto del Senado. Tras ello, la embajada de EEUU en Argentina saludó la designación del diplomático a través de su cuenta de “X”. “¡Felicitaciones a Peter Lamelas por su confirmación en el Senado de EEUU como nuestro próximo embajador en Argentina!”, expresaron.“El equipo de la Embajada espera con entusiasmo la llegada del embajador designado Lamelas a Buenos Aires para comenzar su labor representando al Presidente de EEUU y al pueblo de los Estados Unidos en Argentina”, añadieron.Lamelas, médico cubano, había sido nominado por el presidente de EEUU, Donald Trump, meses atrás, quien lo definió como “un médico, filántropo y un hombre de negocios increíble, mejor conocido por fundar la compañía de atención médica de urgencias más grande de Florida. Cuando era niño, Peter y su familia huyeron de la Cuba comunista y emigraron LEGALMENTE a los EEUU, comenzando desde cero y logrando el sueño americano”.Lamelas es fundador y ex director ejecutivo de MD Now Urgent Care, una de las redes de atención médica primaria más grandes del estado de Florida. El servicio cuenta con más de 42 clínicas a su liderazgo.El político y profesional de la salud exhibió elogios a Javier Milei y su parecer sobre los manejos del país. “Es un líder que tiene la misión de liberar a su país de décadas de socialismo y mala gestión. Al igual que el presidente Trump, Milei entiende que la prosperidad comienza con un Gobierno más pequeño y eficiente”.Durante una polémica audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Lamelas afirmó que “Argentina es un jugador clave en el hemisferio occidental, y nuestra relación es vital para la estabilidad regional”. En esa línea, anticipó que su misión diplomática, en caso de ser confirmada, estará guiada por el lema “America First”, con el objetivo de alinear los intereses estratégicos de ambos países.En su intervención, apuntó contra “países autoritarios como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China e Irán”, a los que acusó de socavar los valores democráticos en América Latina. “Voy a trabajar para mantenerlos fuera del continente”, advirtió, en un mensaje con fuerte tono geopolítico. También destacó la necesidad de reforzar la cooperación bilateral en áreas sensibles como la seguridad y la lucha contra la corrupción, que consideró “pilares fundamentales para las inversiones norteamericanos.La embajada de China en la Argentina respondió en su momento a las acusaciones de Lamelas, quién calificó a China de ser una “influencia maligna” y aseguró que recorrerá las provincias para hablar con los gobernadores y vigilar que “no hagan acuerdos con los chinos” porque “puede prestarse a la corrupción”.Ante esto, desde el gobierno de Xi Jinping afirmaron que lo planteado por el funcionario está “plagado de prejuicios ideológicos y mentalidad de Guerra Fría”. “La Argentina no debe convertirse en un ‘campo de batalla’ para luchas entre grandes potencias, sino que debe ser un ‘campo por excelencia’ de la cooperación internacional en pos del desarrollo, reforma y fomento”, afirmó el portavoz de la embajada.Los gobernadores Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella también salieron al cruce de Lamelas. “No puede comportarse como si fuera un tutor de las políticas soberanas del país que lo recibe”, sostuvo el mandatario bonaerense, mientras que el pampeano afirmó: “No aceptamos, ni aceptaremos, intromisiones externas que busquen disciplinarnos”. Ambito.

Al momento de la definición, la iniciativa obtuvo 58 votos a favor, diez en contra y las abstenciones de Andrea Cristina, Victoria Huala (ambas, del PRO) y Juan Carlos Romero (Provincias Unidas). La discusión no termina y continuará en el Congreso: ante un cantado veto desde la Casa Rosada, la norma podrá ser insistida por la oposición, que precisará dos tercios en ambas Cámaras.El texto impone la actualización “al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”. A un mes de la eventual sanción, habrá “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”.“En los cinco meses de 2025, se transfirió un 22,5% menos de lo que fue en primeros cinco meses de 2023”, alertó el peronista Fernando Salino, uno de los primeros en hacer uso de la palabra. El puntano agregó que, dos años atrás, lo destinado del Producto Bruto Interno “fue 0,72%”, mientras que para el corriente período “se estima en 0,43%”. Según sus cálculos, estimó un costo fiscal de la ley de 0,12% del PBI. Por su parte, el radical bonaerense Maximiliano Abad expresó: “Si en 2024 se hubieran resuelto los reclamos sobre educación, salud y haberes jubilatorios, hoy estaríamos discutiendo los lineamientos de un modelo productivo integral para nuestro país, como una reforma tributaria profunda y la modernización del mundo del trabajo. Pero no, permanentemente retrocedemos, no avanzamos y el en mundo en el cual estamos viviendo, que es muy duro y desafiante para los países emergentes, vivimos tirándonos tiros en los pies, con decisiones que nos perjudican”.“No es un tema de recursos. Recursos no faltan, sino un marco legal que los ordene para las prioridades que los argentinos tienen. Gobernar sin Presupuesto es como navegar sin GPS, sin brújula y se avanza a la deriva. Estamos a pocos días que Gobierno tenga que enviarlo -en referencia a la ley de gastos 2026- al Congreso”, dijo Abad. Y añadió: “Es un error monumental pensar que el crecimiento va a ser automático por exportaciones del campo, la minería o Vaca Muerta. Tenemos a dirigentes que estén haciendo la plancha esperando que venga una avalancha de dólares”.“No venimos a votar en contra de ningún presidente, no es un partido de fútbol”, sinterizó el silvestre santacruceño José María Carambia para avalar la iniciativa. En tanto, el referente universitario y radical Flavio Fama sentenció: “Cuando escucho que se roban toda la plata, como si -las universidades- fuesen una bolsa de gatos, cuando pasa más de un año y medio que estamos discutiendo estas cosas, ¿dónde están las auditorías? ¿Dónde están los autores de esas cosas tan feas que nos hicieron creer que pasaban en las universidades argentinas? ¿Qué argentino no quiere tener una universidad pública? ¿De qué estamos hablando?“.El cierre de oradores estuvo a cargo del jefe libertario, Ezequiel Atauche (Jujuy), que direccionó el foco en la educación inicial. Sobre esto, advirtió: “Uno de cada 10 niños no sabe leer. En los niveles más bajos, uno de cada 5. Uno de cada dos no puede comprender textos, y todos estos datos ponen en evidencia los muchísimos años de malos manejos en el país”.“Se pervirtió durante décadas y se utilizaron las aulas como lugares de lavado de cerebro y de disputa ideológica muy tristes. Se enseñaron cosas que no se debían enseñar”, indicó el titular del bloque oficialista. Y concluyó: “El 4% de los egresados del país se producen en el 30% de las universidades, que se llevan el 55% del presupuesto en salarios“. (Infobae)

La oposición avanzó con la firma del dictamen que activa “la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina por el término de un (1) año”. Ocurrió en un plenario de las comisiones de Salud; de Población; y de Presupuesto del Senado, y el tema quedó listo para ir al recinto en los próximos días.Uno de los artículos deja en claro que el mecanismo en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”. Como emblema de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones. (Infobae)

Este miércoles se reunió la Comisión de Educación del Senado entrerriano para tratar el proyecto de ley que propone la creación del Consejo Interuniversitario Provincial de Entre Ríos (C.I.P.E.R.), una iniciativa del senador Martín Oliva que apunta a consolidar un espacio de articulación entre el Gobierno provincial y las universidades con sede en el territorio entrerriano.

El encuentro contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani y de autoridades de las principales casas de estudio de la provincia. Los rectores y decanos presentes expresaron su respaldo a la propuesta y destacaron la creación del CIPER como una herramienta imprescindible para fortalecer la vinculación entre el sistema universitario y las necesidades concretas de la ciudadanía.

Participaron: Andrés Sabella (rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos - UNER), Héctor Sauret (rector de la Universidad de Concepción del Uruguay - UCU), Martín Herlax (decano de la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la UTN), Alejandro Carrere (decano de la Facultad Regional Paraná de la UTN) y Román Scattini (vicerrector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos - UADER).

Además, las autoridades universitarias se comprometieron a realizar aportes para enriquecer el proyecto en esta etapa de comisión, con vistas a su debate en el recinto durante el mes de agosto.

“El Estado debe facilitar los puentes entre la universidad y la sociedad”, expresó Oliva al fundamentar su iniciativa. “Las universidades no sólo forman profesionales: también pueden ser incubadoras de proyectos, empresas y soluciones innovadoras”, afirmó.

El presidente del Bloque Justicialista subrayó que el proyecto se basa en una experiencia exitosa desarrollada en Concepción del Uruguay durante su gestión como intendente, donde el trabajo articulado con las universidades permitió implementar políticas públicas con fuerte anclaje territorial.

“Entre Ríos tiene una rica historia educativa y una presencia universitaria muy potente. Queremos generar un ámbito de planificación conjunta, optimizar recursos y crear políticas públicas con impacto real en nuestras comunidades”, sostuvo.

Oliva destacó que el CIPER puede sentar las bases para el fortalecimiento de la identidad y la pertinencia regional, promoviendo programas que respondan a desafíos concretos del territorio y articulando conocimiento con desarrollo.

De ser aprobado, el Consejo funcionará como órgano consultivo del Poder Ejecutivo provincial, con capacidad de asesoramiento en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas relacionadas con la educación superior, el desarrollo integral y la mejora de la calidad de vida de la población.

El Senado convirtió en ley el proyecto que aumenta los haberes jubilatorios en un 7,2 por ciento y eleva bono de 70.000 pesos a 110.000, además del proyecto que extiende de la moratoria previsional, con lo que aplicó un duro golpe al gobierno del presidente Javier Milei, quien ya había advertido que vetaría esas iniciativas por atentar contra el equilibrio fiscal. La iniciativa que incrementa las jubilaciones y el bono fue sancionada por 52 votos y 4 abstenciones; los votos fueron aportados por peronistas, radicales y partidos provinciales, con lo que se superaron los dos tercios de los sufragios.Del mismo modo, la moratoria resultó aprobado por 39 votos afirmativos, 14 negativos y una abstención. Una de las tantas particularidades de la sesión fue que se cayó el sistema, lo que podría abrir más frentes de discusión. Antes de la votación, La Libertad Avanza (LLA), el grueso del PRO y otros representantes de partidos provinciales decidieron ausentarse: los libertarios no reconocen la sesión y sostienen que la judicializarán.La sesión inició pasadas las 14:15, luego de que la oposición lograra reunir el quórum aportado por los 34 senadores del interbloque peronista, a los que se sumaron el presidente del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, y sus pares de bancada Martín Lousteau, Favio Fama, Pablo Blanco y Maximiliano Abad.También lo hicieron el jefe de la bancada Las Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola; la cordobesa Alejandra Vigo y la rionegrina Mónica Silva; se sumaron los santacruceños que responden al mandatario Claudio Vidal, Natalia Gadano y José Carambia.Después de una hora y media de discusión para imponer el temario, primó la iniciativa del peronista José Mayans que también impuso con mayoría su criterio de considerar válidos los despachos -objetados por los libertarios-, por lo que de esa manera se inició el debate por los proyectos aprobados.El primero en tomar la palabra fue el senador peronista Mariano Recalde, que defendió proyecto aprobado por Diputados, aunque reconoció que esa mejora “es mínima” ya que alcanza a “cubrir solo” para pequeños gastos, aunque destacó que ese incremento está solventado con las propuestas de financiamiento que se han incluido en esa iniciativa.“El proyecto cuenta con fuente de financiamiento propia que permitiría llevar un pequeño alivio a los jubilados y responder fiscalmente a esta necesidad. También se plantea el redireccionamiento de las partidas que el Poder Ejecutivo asignó para la SIDE”, agregó Recalde.A su turno, la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero expresó su rechazo al proyecto aprobado en la Cámara de Diputados y dijo que se deben estudiar otras propuestas si se quiere ayudar a los jubilados, como la situación del empleo, para tratar el problema del trabajo sin registrar.Señaló que le “preocupan los jubilados y si de verdad queremos ayudarlos debemos tomar el toro por la astas y resolver entonces el problema de diez millones de trabajadores argentinos que están en la informalidad y no aportan”.Por su parte, Tagliaferri se lamentó que el año pasado un grupo de diputados hayan avalado el veto Milei y sostuvo: “La casta para el Gobierno son los jubilados. Por mas que digan desde el relato cosas distintas”, aunque votó contra la moratoria previsional.A su vez, la senadora Silva indicó que “es muy importante que hoy logremos la aprobación de esta ley y apelemos a la sensibilidad del Gobierno para que sea aplicable”.

Mariano Casal - La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, imitará una acción realizada por la gestión macrista de Gabriela Michetti en la Cámara alta y activará un retiro voluntario para el “personal de planta permanente o temporaria -esto último, un regalo del cielo- al que le faltaren hasta cinco años para acceder a la edad mínima exigible en el régimen jubilatorio general vigente”, de 65 años en hombres y 60 en mujeres.El movimiento en cuestión se da tras meses de divergencias entre las autoridades del Senado y los propios legisladores. Es que, con la presencialidad vigente desde el segundo semestre del año pasado, los reclamos para que hubieran “permitidos” se convirtió en moneda de cambio, entre otras cuestiones. Según el decreto presidencial 362/25 que rubricó Villarruel, los agentes deberán “contar con los años de servicios con aportes requeridos para iniciar el trámite jubilatorio, conforme al régimen” previsional vigente. El plazo de adhesión es por 60 días corridos, a partir de una fecha inicial aún no confirmada, asunto que saldaría el departamento de Recursos Humanos.Lo más curioso de la propuesta aparece en el tercer punto del artículo primero del régimen, que aclara: “El personal de planta temporaria deberá estar afectado a alguna de las estructuras orgánicas estables aprobadas por las autoridades competentes del H. Senado de la Nación, con una antigüedad mayor a DOS (2) años”. Es decir, quien cumpla con dicho requerimiento, tendrá una posibilidad más que amistosa para plegarse al retiro voluntario.Detrás de dicha generosidad se encuentran idas y vueltas con los muy silenciosos y otrora combativos gremios. Es que, ante una situación así, la liberación de espacios en la Cámara alta se transformará en nuevas oportunidades para ingresos por doquier. De hecho, Villarruel viene de semanas de designaciones en diversas áreas que, a esta altura, dejaron atrás la promocionada y poco efectiva “oxigenación” de la gestión.Sólo el tiempo marcará la eventual complicidad de esta medida con los sindicatos. En el caso de Michetti, la relación de tensión viró hacia un vínculo más que aceitado gracias al entonces secretario administrativo, el peronista con acuarela amarilla Helio Rebot. Ni hablar en Diputados, con Emilio Monzó y su secretaria administrativa, Florencia Romano: mientras el Gobierno de Cambiemos se desangraba en 2019, esta dupla compartió un acto cargado de lágrimas junto a los gremios, que ya celebraban sin tapujos el retorno del kirchnerismo al poder.Quien acepte el retiro voluntario tendrá un beneficio denominado “incentivo”. En esa línea, el decreto detalla: “Consistirá en una suma no remunerativa equivalente a la remuneración bruta, mensual, normal, habitual y permanente más un adicional de un 10% por un plazo máximo de 60 meses, de la que deberán deducirse los descuentos por la cobertura de salud” y “las cuotas sindicales”, en caso de corresponder. Todo esto se actualizará en relación con los incrementos salariales que surjan de las paritarias.Además de todo esto, el mecanismo excluye -con lógica- a un sector del Senado. Por ejemplo, al personal que “se encontrare sometido a sumario administrativo del que pudieran surgir las sanciones de cesantía o exoneración”, o el que “tuviera ausencias injustificadas por las cuales se les pueda aplicar la sanción de cesantía”.Entre los fundamentos del decreto, Villarruel expresó que “este beneficio de carácter opcional para el agente legislativo ha sido diseñado para ofrecer a los trabajadores una alternativa que facilite su transición hacia la jubilación, atendiendo tanto las necesidades individuales de los empleados como los objetivos institucionales de modernización y eficiencia del H. Senado de la Nación”. En otro tramo de la norma apuntó a “acciones orientadas a consolidar una gestión transparente, ágil y responsable”. Infobae.

En una sesión que fue menos tensa de lo que se esperaba en la previa y sorprendió en el último minuto, el Senado rechazó esta noche la ley de Ficha Limpia: la iniciativa obtuvo 36 votos y no llegó a la mayoría absoluta (37). Es que, al rechazo anticipado del kirchnerismo, se sumaron los misioneros renovadores -no massistas- Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

La norma implicaba la modificación de las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloqueaba a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública, como el caso de Cristina Kirchner, quien de esta manera continúa con la posibilidad de una postulación nacional, salvo que decida presentarse como candidata provincial en la compulsa bonaerense.

La ley englobaba los “delitos de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal”. También, a los “delitos previstos en los capítulos VI-Cohecho y tráfico de influencias, VII-Malversación de caudales públicos, VIII-Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, IX-Exacciones ilegales, IX bis-Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y XIII-Encubrimiento, todos ellos contemplados en el título XI-Delitos contra la administración pública, del libro segundo del Código Penal”.