El Gobierno del Reino Unido rechazó las sanciones impulsadas por la Argentina contra empresas e individuos que operan en las Islas Malvinas y calificó esas medidas como “inaceptables” y “sin justificación legal”. Además, ratificó su respaldo a las compañías que desarrollan actividades en el archipiélago, especialmente en el sector de hidrocarburos.La respuesta llegó a través de un comunicado difundido este jueves por la subsecretaria parlamentaria para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores británico.En el texto, Londres sostuvo que las Malvinas “son británicas” y reafirmó que sus habitantes “tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren conveniente”, al considerar que esa facultad forma parte de su derecho a la autodeterminación.El comunicado británico fue publicado después de que la Argentina avanzara en las últimas semanas con medidas contra empresas y personas que suministran bienes y servicios a las islas, tanto de manera directa como indirecta, incluidas firmas vinculadas a la explotación de hidrocarburos.Frente a esa situación, el Gobierno de Andy Burnham aseguró que tanto el Ejecutivo como su red diplomática respaldan plenamente a las compañías alcanzadas por esas acciones.“El Gobierno del Reino Unido y nuestra red diplomática respaldan plenamente a esas empresas e individuos. Tienen todo nuestro apoyo”, señaló Kumaran.Además, recordó que no es la primera vez que un gobierno argentino adopta medidas económicas contra quienes mantienen vínculos comerciales con las Malvinas y afirmó que, pese a esos antecedentes, “la economía de las Islas Malvinas sigue prosperando”.

Londres cuestionó la utilización de mecanismos internacionalesEn otro de los pasajes más duros del comunicado, el Reino Unido cuestionó el uso de mecanismos internacionales contra empresas e individuos que hacen negocios con las islas.“El Reino Unido está alineado con la comunidad internacional y cualquier intento de politizar mecanismos internacionales contra personas por hacer negocios con las Malvinas es ilegítimo”, sostuvo el Gobierno británico.Finalmente, Londres insistió en que las acusaciones promovidas contra empresas e individuos “son inaceptables y no tienen justificación legal” y aseguró que continuará trabajando junto al Gobierno de las Islas Malvinas para proteger sus intereses y promover nuevas oportunidades de inversión en el archipiélago.El pronunciamiento británico llegó después de que el Gobierno argentino profundizara su ofensiva contra los proyectos de exploración petrolera en torno a las Islas Malvinas. En ese marco, la administración de Javier Milei impulsó un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización de la Argentina y presentó una denuncia penal contra la empresa israelí Navitas por las perforaciones en el yacimiento Sea Lion.Ese emprendimiento offshore es liderado por Navitas, que posee la participación mayoritaria, mientras que la británica Rockhopper mantiene el porcentaje restante. Ambas compañías sostienen que operan con licencias válidas otorgadas por las autoridades de las islas y respaldadas por el Reino Unido.La disputa también quedó expuesta en torno a la interpretación del derecho internacional. La Argentina sostiene que el desarrollo de esos proyectos contradice una resolución de la ONU que insta a ambas partes a abstenerse de adoptar medidas unilaterales mientras persista la controversia por la soberanía.El Reino Unido, en cambio, argumenta que los habitantes de las Malvinas tienen derecho a administrar y desarrollar sus recursos naturales en virtud del principio de autodeterminación. Buenos Aires rechaza esa interpretación y sostiene que ese principio no resulta aplicable a la población del archipiélago, al considerar que fue establecida por Gran Bretaña tras la ocupación de 1833.   (Fuente: TN)

La medida se suma a los 45 procedimientos que ya habían sido abiertos la semana pasada, en el marco de la estrategia impulsada por la administración de Javier Milei para impedir que empresas desarrollen actividades hidrocarburíferas en áreas que Argentina considera bajo su soberanía.Las actuaciones se fundamentan en la Ley 26.659, que establece restricciones para las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional. El Gobierno sostiene que las operaciones vinculadas con las Malvinas se realizan sin aval de Buenos Aires y las considera contrarias a la legislación argentina.La nueva ofensiva se produce en paralelo con una denuncia penal presentada contra empresas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, entre ellas Navitas Petroleum y sus subsidiarias. La firma israelí posee el 65% del proyecto, mientras que la británica Rockhopper Exploration controla el 35% restante. El emprendimiento prevé comenzar la producción de petróleo en 2028, con una primera etapa estimada en unos 50.000 barriles diarios.El Gobierno de Milei ya había anticipado que ampliaría las sanciones a las compañías involucradas en las actividades hidrocarburíferas en las islas y también a proveedores y otros actores vinculados con esos proyectos.La disputa se inscribe en el histórico reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y suma un nuevo capítulo a la tensión con el Reino Unido por la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur.

Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones contra Cuba, en una medida que profundiza la presión económica y política de la administración de Donald Trump sobre el gobierno de La Habana.Entre los nuevos sancionados se encuentra Fidel Ernesto Castro Calis, de 31 años, nieto del expresidente cubano Raúl Castro e hijo de Alejandro Castro Espín, general de brigada y una de las figuras vinculadas a la estructura de poder cubana.El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó las medidas y señaló que también fueron incluidos en la lista de sanciones el Banco Exterior de Cuba (BEC) y cuatro empresas estatales vinculadas a sectores considerados estratégicos.Las entidades alcanzadas son Comercial Cupet y Abapet, relacionadas con el sector energético, y Nicarotec y Cexni, vinculadas a actividades mineras, incluyendo la explotación y procesamiento de níquel y cobalto.Según Washington, las nuevas designaciones apuntan contra estructuras que, de acuerdo con su acusación, permiten al gobierno cubano controlar recursos económicos y beneficiar a integrantes de la élite política de la isla.Las sanciones implican el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y restricciones para realizar operaciones financieras y comerciales con las personas y entidades incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Mayor presión sobre La HabanaLa nueva medida se suma a una serie de sanciones adoptadas durante los últimos meses contra funcionarios cubanos, integrantes de la familia Castro y sectores estratégicos de la economía.La administración Trump sostiene que la presión económica busca forzar cambios políticos y económicos en Cuba, mientras que el gobierno de La Habana responsabiliza a las medidas estadounidenses por el agravamiento de la crisis que atraviesa el país.El anuncio también se produce en medio de una situación particularmente delicada para Cuba, marcada por dificultades económicas, problemas en el suministro energético y extensos apagones.La Casa Blanca mantiene así una política de creciente presión sobre el gobierno de Miguel Díaz-Canel, en un contexto de fuertes tensiones entre Washington y La Habana.

La relación entre el Gobierno nacional y una parte del periodismo sumó un nuevo capítulo de fuerte tensión. Esta vez fue el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien salió públicamente a rechazar una información que lo vinculaba con un supuesto negocio privado y planteó la necesidad de establecer sanciones para periodistas que publiquen acusaciones que considere falsas o injuriosas.La controversia comenzó a partir de una publicación del periodista Beto Valdez, quien sostuvo que Caputo y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, habrían favorecido una suerte de “privatización exprés” al trasladar fuera del INTI determinadas tareas relacionadas con la verificación de surtidores y habilitar la participación de laboratorios privados. La nota planteaba interrogantes sobre posibles vinculaciones empresariales y hablaba de un eventual caso de “capitalismo de amigos”.

Caputo negó terminantemente cualquier relación con las firmas y empresarios mencionados. Aseguró que nunca había escuchado hablar del grupo señalado y consideró especialmente grave que una publicación periodística pudiera involucrarlo en una sospecha de corrupción sin que, según su postura, existieran pruebas que la respaldaran.Fue entonces cuando el ministro fue un paso más allá de la desmentida: reclamó consecuencias legales para quienes difundan información falsa o injuriosa y pidió la intervención de la Justicia.

Sturzenegger acompañó la respuesta, negó también vínculos con las empresas mencionadas y defendió los cambios introducidos en el sistema, argumentando que la modificación eliminó beneficios que anteriormente recibían grandes compañías petroleras.La discusión rápidamente dejó de concentrarse únicamente en aquella información y se transformó en otro enfrentamiento entre funcionarios y medios. Caputo cuestionó posteriormente un artículo de La Nación referido a las agresiones contra periodistas y sostuvo que debería hablarse, en sentido inverso, de un “ataque del periodismo”.El presidente Javier Milei se incorporó después a la polémica respaldando a su ministro. Desde sus redes sociales volvió a cuestionar duramente a periodistas y medios, calificando una de sus intervenciones como “Desenmascarando mentirosos”.El episodio agrega otro capítulo a una relación de permanente confrontación entre el Gobierno y sectores de la prensa, particularmente impulsada por el propio Presidente. Desde su llegada al poder, Milei eligió colocar reiteradamente a periodistas y medios entre los destinatarios centrales de sus cuestionamientos, utilizando en numerosas oportunidades expresiones extremadamente duras. Esa dinámica termina ubicando simbólicamente a la profesión en una suerte de “pelotón de fusilamiento” permanente, donde una publicación crítica puede derivar rápidamente en descalificaciones públicas desde las máximas autoridades del país.

En este caso, además, el cuestionamiento alcanza a La Nación, un diario con una extensa trayectoria dentro del periodismo argentino, y a profesionales que forman parte de una historia importante de la prensa nacional. La tarea periodística incluye precisamente investigar, preguntar y publicar cuando existen elementos que sus profesionales consideran suficientemente sólidos. Eso no convierte a ningún medio en infalible: si una información es incorrecta, quienes aparecen afectados tienen derecho a desmentirla, exigir rectificaciones y recurrir a los mecanismos legales existentes.También corresponde aplicar esa exigencia de precisión al propio periodismo. Una acusación de corrupción contra funcionarios públicos requiere evidencia sólida y debe distinguir claramente entre hechos comprobados, hipótesis y opiniones.

Por eso, detrás del ruido político aparece una cuestión más profunda. Una cosa es discutir, refutar o incluso llevar ante la Justicia una información considerada falsa; otra diferente es convertir cada controversia periodística en una confrontación general contra la prensa o impulsar mecanismos que puedan terminar condicionando la investigación y la crítica.En el caso que originó esta disputa todavía resta determinar qué sustento tienen las afirmaciones publicadas y qué elementos aportarán Caputo y Sturzenegger para rechazarlas. Será el desarrollo de los hechos, y eventualmente la Justicia, el que permita establecer quién tenía razón.

Mientras tanto, queda nuevamente expuesta una relación entre poder y periodismo atravesada por la intolerancia y el enfrentamiento, cuando justamente la libertad para investigar y la responsabilidad de hacerlo con pruebas son dos condiciones que deberían convivir en cualquier sociedad democrática.

El anuncio lo realizó este viernes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien afirmó que la UE debe enviar “un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa”.Con esa premisa, Albares sostuvo que las sanciones “nunca son un fin”. “Son un medio para que se produzca este diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la UE tiene que darlos también”, informó el diario El País, según accedió la Agencia Noticias Argentinas.El ministro además instó a la mandataria a crear las condiciones para que los venezolanos que abandonaron el país puedan regresar.Un portavoz de la Comisión Europea evitó pronunciarse a favor o en contra de una medida que, en todo caso, requeriría la unanimidad de los Estados miembros, pero dejó la puerta abierta a su estudio si se plantea —posiblemente en el Consejo de Asuntos Exteriores del próximo lunes en Bruselas.

“Estamos dispuestos a usar cualquier herramienta a nuestra disposición para apoyar una transición hacia la democracia en Venezuela”, dijo el portavoz quien, en sintonía con Albares, admitió que las sanciones “no son un fin en sí mismas”, sino una palanca de presión sobre los países o individuos incluidos en las listas de la UE.La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves por unanimidad la ley de amnistía para presos políticos, luego de dos semanas de negociaciones, que quedaron marcadas por desacuerdos sobre el alcance de la medida, que generó dudas entre organizaciones y familiares en torno a la situación de activistas y opositores, muchos de ellos en el exilio.Delcy Rodríguez promulgó el jueves la Ley de Amnistía y señaló que “hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón”.La mandataria firmó el documento de promulgación en el palacio presidencial de Miraflores apenas momentos después de su aprobación en el Parlamento y calificó esa votación como “un acto de grandeza”.

China también instó a los Estados Unidos a atender el llamado de justicia de la comunidad internacional y a levantar de inmediato el embargo y las sanciones contra Cuba, había informado anteriormente otro portavoz de Exteriores, Guo Jiakun.

Según un informe de Xinhua al que accedió la Agencia Noticias Argentinas y dan muestra de una suerte de recalentamiento de las relaciones internacionales, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciando una incursión terrestre sobre Venezuela, más los realineamientos de China y Rusia o las bravatas de Corea del Norte, a modo de advertencia debido a los escarceos militares norteamericanos con su vecino sureño.

El Cartel de los SolesSegún informes, Estados Unidos designó formalmente el 24 de noviembre al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera, e impuso sanciones a los miembros de esta agrupación, de la cual afirma que forman parte el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios.La parte venezolana declaró en un comunicado su oposición a tal acción y la calificó de una ridícula mentira dirigida a entrometerse ilegalmente en los asuntos internos del país sudamericano.“China siempre se ha opuesto a sanciones unilaterales que no tienen base en el derecho internacional y no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y se opone a que fuerzas externas interfieran en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto”, expresó Mao en respuesta a una pregunta al respecto.

El caso CubaLas declaraciones de Guo se produjeron después de que Alena Douhan, relatora especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, visitara Cuba y señalara en un informe preliminar que las sanciones estadounidenses tuvieron tenido graves repercusiones en la economía y la situación humanitaria de Cuba, además de violar múltiples normas del derecho internacional. Guo declaró en una rueda de prensa diaria que el informe coincide plenamente con la reciente resolución adoptada por la Asamblea General de la ONU, en la que una abrumadora mayoría insta a Estados Unidos a poner fin a su embargo contra Cuba.Tras señalar que China siempre se opuso al bloqueo y las sanciones estadounidenses contra Cuba, Guo afirmó que Pekín insta a Estados Unidos a atender el llamado de justicia de la comunidad internacional, levantar de inmediato el bloqueo y las sanciones contra Cuba y eliminar a Cuba de la lista de “Estados patrocinadores del terrorismo”.

Las sanciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra Irán vuelven a entrar en vigor este sábado, tras la decisión del Consejo de Seguridad de rechazar una propuesta de Rusia y China que buscaba prorrogar el plazo para que Teherán cumpliera con sus compromisos nucleares. La propuesta, presentada en la sesión del viernes, fue desestimada por cuatro votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones, sin alcanzar así la mayoría necesaria para su aprobación, según informó el portavoz de la secretaría general de la ONU, Stéphane Dujarric.Las sanciones —conocidas como mecanismo snapback— han sido impulsadas por Francia, Alemania y Reino Unido (el grupo E3), quienes consideran que Irán ha incumplido los límites sobre su programa nuclear establecidos en el acuerdo firmado en 2015. Este acuerdo había sido abandonado unilateralmente por Estados Unidos en 2018, mientras que Irán acusa al grupo E3 de no cumplir su parte de los compromisos. Las medidas restrictivas incluyen la limitación en el enriquecimiento de uranio, el control sobre el desarrollo de misiles, la autorización de inspecciones a aviones y barcos iraníes, el congelamiento de activos económicos y prohibiciones de viaje para individuos y entidades del país persa.Las sanciones serán reestablecidas a partir de las 8:01 hora local de Nueva York (12:00 GMT), como detalló Dujarric, en una acción que busca presionar al gobierno iraní para que permita el acceso completo de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y reanude las negociaciones nucleares. Barbara Woodward, embajadora británica ante Naciones Unidas, declaró que “estamos listos para continuar las negociaciones con Irán en busca de una solución diplomática que responda a las inquietudes internacionales sobre su programa nuclear”, sugiriendo que, de retomarse el diálogo, se podría revisar la aplicación de las sanciones.La propuesta de Rusia y China aspiraba a extender el régimen del acuerdo nuclear iraní hasta el 18 de abril de 2026, prorrogando así los términos del llamado PAIC, que expira oficialmente el 18 de octubre. Tanto Moscú como Pekín han considerado ilegal la activación del mecanismo snapback y han calificado el proceso impulsado por el grupo E3 de precipitado y contrario a la legalidad internacional.El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Dmitri Poliansky, declaró ante el Consejo de Seguridad que Irán ha actuado “de manera constructiva” con el OIEA, pero denunció lo que calificó como “la política hipócrita de los países occidentales”, priorizando el “torpe chantaje” sobre la diplomacia. Por su parte, el canciller iraní, Abás Araqchi, catalogó la decisión como “legalmente nula, políticamente imprudente y débil desde el punto de vista del procedimiento”, añadiendo que los inspectores del OIEA permanecen actualmente en el país.Desde Teherán, el gobierno insiste en que las sanciones deberían estar enfocadas en la no proliferación nuclear y militar, no en sanciones económicas, y mantiene que nunca ha buscado desarrollar armamento nuclear. El presidente iraní, en su intervención ante la ONU, afirmó que “Irán nunca ha buscado ni buscará jamás fabricar una bomba atómica. No queremos armas nucleares”.Según datos del informe de junio de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Irán produce actualmente 4,8 millones de barriles diarios de crudo, condensados y gas natural, y exporta 2,6 millones de barriles al día, principalmente con destino a China, pese a las restricciones económicas estadounidenses ya vigentes.Francia, Alemania y Reino Unido condicionan el levantamiento futuro de sanciones a tres exigencias: la reanudación de las negociaciones con Estados Unidos, dar acceso total a los inspectores del OIEA a instalaciones nucleares clave —incluyendo Natanz, Fordo e Isfahán— y establecer un mecanismo verificable sobre las reservas de uranio enriquecido. Según expertos europeos, Irán dispone en la actualidad de unos 450 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, cantidad suficiente para fabricar entre ocho y diez bombas nucleares.La administración estadounidense solicita que Irán renuncie completamente al enriquecimiento de uranio, cuando el acuerdo de 2015 limitaba este proceso al 3,67%. Estados Unidos e Israel mantienen que el programa nuclear iraní tiene potenciales fines militares. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, exigió en su discurso ante la ONU la reimposición de las sanciones e instó a la comunidad internacional a “mantenerse vigilante” respecto a las actividades nucleares de Teherán. (Con información de EFE y AFP)

La ley contempla multas de hasta 5.000 rublos (64 dólares) para quien acceda a contenidos incluidos en la lista de “materiales extremistas” y también para quien los busque.La lista tiene más de 5.000 elementos, entre los que hay canciones en honor a Ucrania, publicaciones en blogs escritas por la banda de rock feminista Pussy Riot y páginas web críticas con Putin, reportó el sitio DW.Diputados de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento, refrendaron el proyecto de ley este mes, a pesar de la oposición de dos grupos parlamentarios.En ese momento, el político opositor Boris Nadezhdin organizó una manifestación contra la iniciativa y afirmó que el texto parece “sacado de ‘1984’”, la novela de George Orwell sobre un superestado totalitario.La ley también prohíbe la publicidad de las redes privadas virtuales (VPN), muy usadas en Rusia para eludir la censura, e impone multas por transferir una tarjeta telefónica SIM a otra persona.Rusia restringió drásticamente la libertad de prensa y la libertad de expresión en línea desde que invadió Ucrania en 2022. Las autoridades bloquearon el acceso a decenas de sitios occidentales como Facebook e Instagram. NA.

El paquete incluye una disposición para reducir el precio límite del petróleo ruso vendido a terceros países en un 15 % por debajo del precio de mercado, explica un informe de la agencia de noticias Xinhua.Inicialmente fijado en 60 dólares por barril por el G7 en 2022, el límite bajo este nuevo esquema de la UE se establecerá en 47,6 dólares, con flexibilidad para ajustarse a las futuras fluctuaciones del precio del petróleo.Como parte del paquete, también se incluyen medidas para garantizar que los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el mar Báltico no puedan reactivarse.Además, Kallas afirmó que la UE impondrá sanciones a una refinería de petróleo de propiedad rusa en India e incluirá en la lista negra a más de 100 buques adicionales de la llamada “flota en la sombra” rusa, que se cree que eluden las sanciones de la UE al transportar principalmente petróleo ruso.Eslovaquia, que depende en gran medida del gas ruso, había estado retrasando el paquete de sanciones propuesto por la UE.Sin embargo, el jueves por la noche anunció que daría luz verde a las nuevas sanciones de la UE tras obtener garantías de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que protegen los intereses energéticos de Eslovaquia. Infobae.

El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, remarcó en las últimas horas que dispusieron duras sanciones con militares de una brigada en Mendoza, luego de que se viralizaran imágenes de miembros de la Fuerza Aérea Argentina (FAA) bailando con mujeres semidesnudas.

“A cuatro Suboficiales Mayores, por ser los más antiguos, los pasamos a retiro obligatorio, y a otros tres les aplicaremos sanciones graves”, remarcó Petri en declaraciones formuladas a la prensa.Asimismo, añadió: “Apenas supimos de los responsables, aplicamos las sanciones correspondientes”.La mujer que se la ve bailar con los uniformados no tiene relación con la FAA y es una civil, por lo que no se le impondrá ninguna sanción, precisó el ministro de Defensa.

El video se viralizó de manera veloz luego de ser subido a las rede sociales, durante un presunto festejo adelantado por el Día del Padre, lo que generó que además de las sanciones, las autoridades tuvieran que salir a pedir disculpas.   Lo que generó la polémica fue una grabación en la que se ve un festejo realizado en las últimas horas entre algunos de sus miembros, en el cual hubo bailes y mujeres semidesnudas. Los involucrados son militares que prestan servicio en la IV Brigada Aérea de Mendoza.

La celebración se llevó a cabo en las inmediaciones de uno de los predios de la fuerza ubicado en el distrito de El Algarrobal de Las Heras.

El lugar donde se realizó la fiesta fue el salón del Casino de Suboficial, donde todo transcurría de manera normal.Sin embargo, cuando se retiraron los jefes y a los pocos minutos volvieron acompañados para continuar con el festejo, pero más subido de tono. Junto a ellos, entraron dos mujeres y un animador, que se encargaron de ponerle ánimos de fiesta a una celebración que, se esperaba, fuera más bien tranquila. Enseguida, los participantes pusieron música y el organizador empezó a alentar a los militares a bailar e interactuar con las dos chicas que habían ido con él. Ambas estaban vestidas con un disfraz de tipo carnaval carioca, brillos, antifaces y coronas.Esta secuencia fue la que quedó registrada en varios videos que se viralizaron al comienzo de este fin de semana en redes sociales, los cuales causaron la indignación de los usuarios.“Respecto a los hechos acontecidos, se pudo observar conductas inapropiadas e indecorosas, no coincidentes con el uso del uniforme ni los valores de la Institución, por parte de un grupo reducido del personal militar”, escribieron en un primer tuit desde el área en referencia a los videos.

En otro posteo, añadieron: “La Fuerza Aérea informa que ante lo ocurrido el jueves 13 de junio, luego de un almuerzo de camaradería sin la presencia ni conocimiento de las autoridades, el personal ya fue identificado y sancionado conforme a faltas gravísimas”. NA. 

La situación económica de muchos clubes del fútbol argentino es preocupante. Entre la situación del país y algunos malos manejos, varios se encuentran endeudados y algunos hasta inhibidos con imposibilidad de fichar nuevos jugadores. Ahora, la FIFA sacó una nueva plataforma de legales en la que incluye a todos las instituciones del mundo que se encuentran sancionados con la prohibición de inscribir jugadores y cinco son de la Liga Profesional, con dos equipos grandes.

“La prohibición de inscribir jugadores, contemplada en la estructura jurídica de la FIFA, forma parte de las medidas disciplinarias que las instancias legales del organismo rector del fútbol mundial o el Tribunal del Fútbol tienen facultad para imponer a los clubes”, expresó el ente que regula el deporte en el planeta en un comunicado. “Las entidades a las que se imponga dicha prohibición no podrán inscribir a ningún futbolista, ni en el ámbito nacional ni en el internacional, ya sea amateur o profesional, durante todo el periodo de vigencia de la medida”, agregó. El objetivo de la nueva plataforma es “proporcionar a los grupos de interés, entre los que figuran jugadores y clubes, así como el público en general, una lista de todas las entidades sobre las que pesa este veto”.

La lista de equipos argentinos en la nueva plataforma de la FIFA donde indica a los clubes inhibidos, con prohibición de inscribir nuevos jugadores, incluye a Unión de Santa Fe, con tres inhibiciones con tres periodos sin inscribir cada una, al igual que Banfield y Central Córdoba de Santiago del Estero, que tiene una sola, pero también aparecen dos equipos grandes: Independiente y San Lorenzo, ambos con dos inhibiciones, son los únicos que están inhibidos sin fecha definida, sino que hasta que levanten la sanción.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resultó este miércoles multada por la Federación Internacional (FIFA) por distintas contravenciones en las que incurrió el seleccionado argentino durante anteriores partidos por eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

De esta manera, la FIFA sancionó a la AFA con 70 mil francos suizos de multa, más la imposición de que el elenco albiceleste dispute el próximo cotejo de la clasificación -en condición de local- solamente con “el 50 por ciento de público” en las tribunas.

La medida se cumplirá en el próximo encuentro que el equipo albiceleste sostendrá en septiembre venidero en condición de local ante Chile (séptima fecha), una vez concluida la Copa América Estados Unidos 2024.

El castigo contempla el retraso en el comienzo del duelo ante Ecuador (partido de primera fecha) en River Plate; invasión de campo de juego por parte de particulares en el compromiso con Uruguay (quinta fecha) en Boca Juniors y el comportamiento de los futbolistas en la previa del encuentro con Brasil (sexta) en el Maracaná de Río de Janeiro, cuando acudieron en defensa del público que estaba siendo reprimido por la policía local en las tribunas.

Asimismo, la Confederación Brasileña (CBF) fue castigada con 50 mil francos suizos de multa por el Comité Disciplinario de FIFA por “las fallas en la seguridad” en la previa del cotejo mencionado en Río de Janeiro, donde la Argentina se impuso por 1-0, en noviembre pasado.

También fue multada la Asociación Uruguaya (AUF), con 15 mil francos suizos, por “inconducta grupal y demora en el arranque” del partido que el equipo que dirige el rosarino Marcelo Bielsa le ganó a Brasil por 2-0 en Montevideo, por la cuarta jornada, en octubre último.

La pandemia del coronavirus no sólo afecta a la República Argentina: el mundo entero se encuentra tomando medidas día tras día para intentar apaciguar el aumento de casos diarios y las muertes a raíz de la enfermedad. Particularmente en Uruguay, el Colegio Médico de aquel país decidió aplicar severas directivas dirigidas a quienes asistan a fiestas clandestinas e incumplan las normativas sanitarias de dicho país.

Esta resolución fue planteada por el presidente del Colegio Médico, Blauco Rodríguez. En consonancia, la gremial médica le dio curso al pedido del dirigente y se tomó la iniciativa de asignarles tareas comunitarias en los centros de salud a todas las personas que participen de fiestas clandestinas.

En tanto, también se aplicarán �Smultas duras⬝en caso de incumplir con las disposiciones sanitarias de Uruguay. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia oyeron el pedido, en una reunión que tuvo curso en horas del pasado lunes.

En rueda de prensa, Blauco Rodríguez manifestó: �SClaramente estas personas no irían a realizar tareas asistenciales directamente, pero las instituciones de salud para realizar sus tareas asistenciales necesitan de muchas actividades para-asistenciales. Todo lo que hace al mantenimiento, limpieza, conserjería⬝.

En ese orden señaló �Sen base a la decisión que prepara el gobierno nacional de levantar la cuarentena obligatoria y que vence el próximo 17 de julio en CABA y el AMBA fundamentalmente y también pensando en las ciudades con circulación viral, se decidió pedir a las personas que vienen a Concordia el certificado libre de Covid 19, que consiste en un hisopado que se realiza 48 hs. antes de viajar. A estas personas, además se le solicitará el permiso correspondiente que lo habilita a circular y deberá someterse a 14 días de aislamiento obligatorio y a los 7 días se le realizará el hisopado correspondiente⬝.

Consultado sobre los casos como los trabajadores esenciales de un canal de televisión capitalino, que llegaron a la ciudad el día martes para realizar un trabajo periodístico el funcionario aclaró que �Sla idea es que en lo posible se retiren de la ciudad, el tema es bastante controvertido ya que a estas personas no se les exigió que realicen el aislamiento teniendo en cuenta que vienen de una ciudad de alta circulación del virus⬝.

�SLa verdad es que vinieron a la ciudad sin ninguna necesidad, podrían haber realizado su trabajo vía zoom u otra herramienta tecnológica⬝ remarcó.

Sobre las fiestas clandestinas que se vienen realizando indicó �Sla mayoría de la gente cumple a raja tabla con las medidas establecidas pero no se entiende que haya gente que quiera hacer una diferencia económica, es poco solidaria además de la irresponsabilidad de sus actos, son personas grandes, que realizan este tipo de fiestas y que son muchas en Concordia,  a todas horas, como el lunes que a las 10 de la mañana fuimos a clausurar una fiesta, resulta indignante, es hora que intervenga la justicia porque es un delito federal⬝.

Ante las excusas que esgrimen como �Sestán cansados de lo que es la cuarentena⬝, �Snecesitan salir de la casa⬝, �Ssalir del ahogamiento de la familia⬝, acotó �Sninguna excusa es válida para estas violaciones flagrantes al DNU, y este jueves se enviará al Concejo Deliberante una ampliación de la ordenanza para endurecer las penas, para este tipo de fiestas⬝.

Sobre el nuevo caso positivo de Covid 19 remarcó �Sesta situación nos pone frente a una realidad preocupante, Concordia no es un pueblito, es una ciudad grande y pensamos en la respuesta que debe brindar el servicio sanitario porque a nuestra ciudad llegan y se atienden a pacientes de otras localidades⬝.

�SNo tenemos que forzar la situación para llegar a estar frente a una situación sanitaria, que es acotada, lo que tenemos que hacer es cumplir con lo mínimo que se pide usar el tapabocas, usar el alcohol en gel, lavarse las manos y guardar el distanciamiento obligatorio⬝ concluyó.

y la promulgación de la ordenanza de Emergencia Sanitaria y Fiscal en Concordia -en el marco de los Protocolos de los Ministerios de Salud de Nación y Provincia para mitigar el avance del nuevo coronavirus COVID-19- se recuerda a propietarios de kioscos, drugstores y comercios afines que a las 12 de la noche finaliza el horario permitido para el funcionamiento de los mismos.