La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, integrada por Miguel Ángel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak, rechazó este miércoles 23 de septiembre la impugnación extraordinaria planteada por los defensores de Juan Enrique Ruiz Orrico contra la sentencia Nº 146 de la Sala II de la Cámara de Casación Penal, dictada el 3 de julio de 2026. De esta manera quedó confirmado el pronunciamiento que mantiene la condena a 5 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

La resolución fue adoptada luego de una audiencia realizada en Paraná, con participación de la defensa, los representantes de las familias de las víctimas y el Ministerio Público Fiscal. El STJ también impuso las costas de esta instancia a la parte recurrente y reguló los honorarios de los abogados de la querella particular en 50 juristas, equivalentes a $4.736.624. La defensa dejó planteada la reserva del caso federal.

El hecho por el que Orrico fue condenado ocurrió durante la madrugada del 20 de junio de 2024, en el kilómetro 123 de la Ruta Provincial 39, departamento Uruguay.

Orrico conducía un Volkswagen Passat oficial cuando se produjo la colisión frontal con un Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro trabajadores: Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi, quienes se dirigían a trabajar y murieron como consecuencia del impacto.

Uno de los elementos centrales del proceso fue la alcoholemia. La Justicia terminó condenando a Orrico por homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas, conforme al artículo 84 bis del Código Penal. Durante la audiencia de este miércoles se mencionó una alcoholemia de 1,59 gramos por litro de sangre.

El juicio culminó con una condena impuesta por el juez Darío Crespo: 5 años y 8 meses de prisión efectiva y nueve años de inhabilitación especial para conducir vehículos con motor.

La defensa recurrió el fallo. Casación confirmó la condena y posteriormente se habilitó la impugnación extraordinaria ante el STJ. En la audiencia de este miércoles, los abogados de Orrico cuestionaron principalmente la determinación de la pena y sostuvieron, entre otros argumentos, que debían ponderarse de otra manera la confesión, la denominada “pena natural”, la falta de antecedentes y otras circunstancias. El Ministerio Público Fiscal y las querellas solicitaron el rechazo.

El STJ finalmente mantuvo lo decidido por Casación.

La condena es de 5 años y 8 meses, es decir, 68 meses. Sin embargo, debe distinguirse entre la duración total de la pena y la posibilidad futura de acceder a un régimen de libertad condicional.

El Código Penal establece, para las penas superiores a tres años y cuando se cumplen los demás requisitos legales, la posibilidad de solicitar la libertad condicional una vez cumplidos los dos tercios de la condena. No se trata de una reducción automática ni significa que la sentencia quede acortada: debe existir una decisión del juez competente, con intervención de los organismos de ejecución y evaluación de la conducta y evolución del condenado.

En una pena de 5 años y 8 meses, los dos tercios representan aproximadamente 3 años, 9 meses y 10 días.

Por lo tanto, si Orrico ingresa a prisión y reúne en el futuro todos los requisitos exigidos —entre ellos los relacionados con su conducta, concepto y evolución dentro del régimen penitenciario— podría, al alcanzar aproximadamente ese tiempo de cumplimiento computable, pedir la libertad condicional. Será el juez de Ejecución quien determine si corresponde concederla. La buena conducta, por sí sola, no descuenta automáticamente meses o años de la condena.

Si la libertad condicional fuera concedida, la condena no desaparece: Orrico continuaría cumpliendo la pena fuera del establecimiento penitenciario y sujeto a las condiciones establecidas judicialmente hasta completar los 5 años y 8 meses. Si el beneficio no fuera otorgado, deberá continuar cumpliendo la pena según el régimen que determine la Justicia.

También deberá considerarse en el cómputo definitivo cualquier período de privación de libertad que legalmente corresponda descontar. Esa cuenta concreta será realizada por la Justicia de Ejecución una vez que corresponda ejecutar la sentencia.

El rechazo dispuesto por el STJ representa un paso decisivo dentro de la Justicia provincial, aunque la defensa dejó formulada la reserva del caso federal, lo que abre la posibilidad de intentar llevar la discusión hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las vías procesales correspondientes.

El STJ anunció que los fundamentos completos de la resolución serán dados a conocer dentro del término legal. Será entonces cuando se conozca en detalle por qué los tres vocales rechazaron los cuestionamientos formulados por la defensa y mantuvieron la condena por una tragedia vial que dejó cuatro trabajadores muertos y que, más de dos años después, continúa atravesando distintas instancias judiciales.