Según explicó el legislador, el sector que no fue incluido dentro del financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo será afrontado con recursos propios. En ese marco, indicó que fue necesario modificar el programa de inversión previsto por Vialidad Provincial para la red vial entrerriana, con el objetivo de avanzar con el llamado a licitación durante este año.Dal Molin precisó además que la obra será incorporada dentro del tramo 3 del plan de intervención de rutas, que será rediseñado para incluir este sector considerado estratégico para la región. En ese sentido, remarcó que el gobernador solicitó la revisión del proyecto y la actualización de costos, al tratarse de una obra prioritaria.El senador aclaró que la exclusión de este tramo del financiamiento internacional no responde a una decisión política, sino a cuestiones técnicas vinculadas a las condiciones del crédito. “No se trata de una decisión política, sino de limitaciones técnicas del financiamiento”, sostuvo.Asimismo, planteó que el debate debe abordarse de manera integral, considerando la necesidad de avanzar con el proyecto general que contempla más de 180 kilómetros de rutas, aun cuando algunos tramos deban ejecutarse por otras vías.Finalmente, Dal Molin subrayó que la posibilidad de acceder nuevamente a financiamiento internacional responde al ordenamiento de las cuentas públicas provinciales. En ese sentido, recordó que Entre Ríos estuvo limitada tras el default de 2021 y el déficit en la Caja de Jubilaciones, y que hoy cuenta con un margen, aunque acotado, para acceder a este tipo de créditos, producto —según afirmó— de una gestión responsable del gasto público. 

El legislador sostuvo que el análisis es “técnicamente incorrecto”, ya que compara montos nominales en pesos de distintos años sin considerar el impacto de la inflación y las devaluaciones.

Dal Molín afirmó que una comparación adecuada debe hacerse entre períodos equivalentes o utilizando una misma moneda, como el dólar, o en relación con los ingresos provinciales.

Según indicó, bajo esos criterios el peso de la deuda sobre los recursos de la provincia se redujo durante la actual gestión.

El senador también señaló que parte del endeudamiento reciente se utilizó para afrontar compromisos heredados, entre ellos el pago del aguinaldo de diciembre de 2023 y vencimientos de deuda tomados por la administración anterior.Finalmente, recordó que el gobernador Rogelio Frigerio impulsó la creación de una comisión legislativa para analizar el origen y la evolución de la deuda provincial, y planteó que el debate debe darse con “todos los números sobre la mesa”.

“Durante 20 años, los gobiernos kirchneristas en Entre Ríos se endeudaron sin control, sin transparencia y sin resultados concretos. Emitieron letras, contrajeron préstamos internacionales y convirtieron al Estado provincial en una máquina de pagar intereses. Hoy, quienes generaron ese descalabro pretenden darnos lecciones de administración”, señaló Dal Molín.

El legislador recordó que durante las gestiones del PJ, especialmente bajo el mandato de Gustavo Bordet, se tomó deuda por más de 500 millones de dólares, con vencimientos concentrados en el corto plazo y sin planificación. “Una parte sustancial de esa deuda fue tomada en 2018, en dólares, con fuerte respaldo del gobierno nacional de entonces y en un contexto macroeconómico mucho más favorable. Hoy, esa misma deuda la estamos pagando con recursos notablemente menores, incluso más bajos que durante la pandemia. Y lo hacemos cumpliendo, sin excusas ni discursos vacíos”, remarcó.

Además, Dal Molín remarcó que el crecimiento del endeudamiento provincial durante el ciclo kirchnerista fue descomunal: “En 2003, cuando el kirchnerismo asumió el gobierno en Entre Ríos, la deuda era de 477 millones de pesos. En 2023, al dejar el poder, la deuda superaba los 488 mil millones de pesos. Multiplicaron el endeudamiento por más de mil. Esa es la verdadera herencia que hoy enfrentamos con responsabilidad y sin quejarnos”, denunció.

“A diferencia de lo que hicieron ellos, esta gestión propone un mecanismo transparente, con aprobación legislativa, con destino específico a obras que necesita la provincia, y en el marco de un plan de ordenamiento integral del Estado”, subrayó.

En ese sentido, Dal Molín puso en valor las declaraciones del ministro de Economía, Fabián Boleas, quien explicó que el endeudamiento será gradual, estará sujeto a las condiciones del mercado y buscará financiamiento externo e interno con criterios de responsabilidad fiscal. “Lo que está haciendo el ministro es aplicar un plan financiero serio, para evitar caer en una situación como la que dejó Bordet, con riesgo de default, pérdida de calificación internacional y un mayor ahogo financiero para Entre Ríos”, enfatizó.

“El kirchnerismo vació la provincia, hipotecó el futuro de los entrerrianos y dejó una Caja de Jubilaciones al borde del colapso. Hoy se horrorizan por una herramienta legal que busca corregir justamente ese desastre”, agregó.

Finalmente, el senador concluyó: “La crítica del kirchnerismo no es ideológica ni técnica. Es puro cinismo. Y la sociedad ya no compra ese relato. Nosotros vinimos a ordenar, a decir la verdad, a dejar de esconder el déficit y a reconstruir una provincia que ellos dejaron fundida”.

Una vez más, el contador Álvaro Gabás intenta instalar un relato falaz sobre la situación financiera de Entre Ríos. Esta vez, lo hace afirmando que “la deuda pública creció un 28% durante el primer año de gestión de Frigerio”, basándose en una lectura parcial, estrictamente nominal y maliciosamente orientada.

Nadie niega que los números nominales publicados por la Contaduría General indiquen que la deuda pasó de $584.777 millones a $750.497 millones entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Pero si alguien con conocimiento técnico ignora el contexto inflacionario y la evolución de los ingresos, está manipulando la información. Así de simple.

En términos reales, la deuda pública de Entre Ríos se redujo un 41%. Esta cifra surge de un análisis responsable, que toma en cuenta la inflación del período y la evolución del tipo de cambio. Es el único modo sensato de comparar dos momentos separados por un año en una Argentina inflacionaria. Lo contrario es, en el mejor de los casos, desconocimiento; en el peor, mala fe.Además, el indicador más razonable para dimensionar el peso de la deuda sobre la economía provincial es la relación entre deuda total e ingresos totales. En 2023, ese ratio era del 44,8%. Un año después, con la deuda ajustada y los ingresos consolidados, ese mismo indicador cayó al 21,1%. ¿De verdad alguien puede sostener que la provincia está más endeudada?

Tampoco es un dato menor que el resultado financiero negativo heredado del último año de gestión del PJ representaba el -5,19% de los ingresos totales. En 2024, ese rojo se redujo al -1,32%, sin apelar a recortes brutales ni a ajustes indiscriminados.

Este gobierno asumió con cuentas desordenadas, con una Caja de Jubilaciones en crisis, con el IOSPER al borde del colapso y con un Estado provincial sobredimensionado, ineficiente y con deudas ocultas. Aun así, se logró encauzar la administración financiera sin paralizar la gestión, defendiendo una pauta salarial responsable, cumpliendo con los compromisos asumidos y apuntalando obras estratégicas.¿Hay margen para mejorar? Por supuesto. Pero nadie puede negar que hoy Entre Ríos tiene una administración más ordenada, más previsible y con mejores indicadores fiscales que hace un año.

Resulta curioso que quienes gobernaron durante dos décadas, acumulando déficits, postergando inversiones y comprometiendo el futuro de los entrerrianos, ahora pretendan dar lecciones. Les sugeriría, al menos, que comparen indicadores equivalentes. O como decimos en el campo, que no mezclen peras con manzanas. 

Tras reuniones con autoridades de la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER), el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y debates en comisión, se introdujeron mejoras significativas en la legislación. Entre las más destacadas se encuentran las reducciones en los impuestos a los Ingresos Brutos y a los Sellos. En este sentido, Dal Molín enfatizó que “son cuestiones de fondo que pretendemos aprobar tal como las envió el Ejecutivo”.

El legislador resaltó que estas medidas reflejan un esfuerzo conjunto entre el Poder Ejecutivo y Legislativo de Entre Ríos para promover un sistema tributario más equitativo y fomentar el desarrollo económico en la provincia.

El senador detalló las reducciones propuestas:Industria en general: una disminución del 33 por ciento en la alícuota, pasando del 1,5 por ciento al 1 por ciento.Comercio: una reducción del 20 por ciento, con la alícuota bajando del 5 por ciento al 4 por ciento.Servicios de salud: una disminución del 20 por ciento, reduciendo la alícuota del 2,5 por ciento al 2 por ciento.Suministro de electricidad y gas destinados a actividades industriales, producción primaria y comercio: la alícuota se reduce a la mitad, pasando del 2 por ciento al 1 por ciento.

Además, en el Impuesto a los Sellos, se proponen rebajas significativas para sectores como el transporte, maquinaria agrícola e inscripción de vehículos 0 km.Otras propuestas en análisis, consensuadas entre ATER, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y senadores de ambos bloques, buscan mejorar la redacción del proyecto de ley y ofrecer más alivio fiscal a los contribuyentes. Por ejemplo, en la determinación de la base imponible para calcular el impuesto, se excluirán ingresos provenientes del IVA, impuestos internos y/o venta de bienes de uso, lo que actualmente no se contempla.Dal Molín subrayó la importancia de avanzar en la reducción de impuestos distorsivos como los Ingresos Brutos, que representan casi el 75 por ciento de los recursos provinciales. Recordó que el pacto fiscal de 2017, firmado durante la devolución del 15 por ciento de la coparticipación nacional, apuntaba a esta reducción, aunque su cumplimiento fue distorsionado.

En línea con estas iniciativas, recordó que el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció recientemente un proyecto para reducir los impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos, con la intención de eliminarlos progresivamente.

Frigerio destacó que, tras lograr el equilibrio fiscal en su primer año de gestión, es posible avanzar en la disminución de estos impuestos, considerados regresivos y desalentadores para la producción, inversión y generación de empleo.

“La provincia está reteniendo dineros de la Ley de Financiamiento Educativo que son coparticipables con los municipios entrerrianos”, advirtió el legislador y agregó que “son cifras importantes que se niegan a los municipios, que además ven caer la coparticipación por baja de la actividad económica y las medidas del ‘Plan electoral’ de ministro-candidato Sergio Massa”, afirmó.

El senador Dal Molin aseveró: “sabido es que en la actualidad, los municipios desarrollan y se hacen cargo financiera y operativamente de acciones en salud, educación o seguridad. Son temas que deberían por competencia, ser cumplidas por el gobierno provincial, pero que ocupan muchos recursos de las localidades y esta situación es una constante, en mayor o menor medida, que se repite a lo largo y ancho de la provincia”.

“Esta situación determina la necesidad de construir un nuevo mapa de relaciones entre estado provincial y el municipal, donde exista planificación y previsibilidad de los recursos, pero indudablemente debe existir capacidad de diseñar políticas comunes en este sentido” enfatizó.

Dal Molin, en este sentido, enumeró algunas acciones concretas para lograr, en equipo, ese objetivo: “la revisión de la ley de coparticipación, integración de políticas comunes entre hospitales provinciales y centros de salud y atención primaria de municipios, reformulación de Vialidad con participación de municipios y comunas, son temas que deberán ocupar al próximo gobierno y donde seguramente me encontrarán trabajando”, dijo finalmente.

“Nos gustaría conocer si el Ministerio de Economía de Entre Ríos fue consultado por la medida que adoptó el gobierno nacional con relación al proyecto de ley de impuestos a las ganancias y sobre el impacto que éste tendría en las finanzas provinciales”, dijo el senador provincial por el departamento Federación, Rubén Dal Molín (JxC), integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El legislador se preguntó: “¿cómo suplantará, la provincia, esos recursos que no ingresarán a las arcas entrerrianas? Bueno sería conocerlo dado que impactará directamente en el gobierno que viene. Consideramos que esta una medida electoral adoptada por un ministro – candidato nada tiene para perder, sólo agravó la situación y hoy construye esta medida de plan platita con el solo objetivo de llevar agua para su molino, pero, como ya lo sostuvieron otros gobernadores, perjudica a la provincia”.

“En pocos días deberá ingresar el presupuesto provincial para 2024 y esta merma en los recursos seguro impactará en su diseño. Para Entre Ríos será, de acuerdo con el informe de la Oficina Presupuesto del Congreso, entre 85 y 90 mil millones menos. Por supuesto, esto también incide significativamente en municipios y comunas”, destacó Dal Molín.

Dal Molín, recordó: “En varias oportunidades señalamos que irían por los dineros de las provincias. El gobierno del presidente Mauricio Macri les devolvió el 15% de su coparticipación. Hoy ya la tocaron sin financiamiento alternativo del hueco fiscal que ello significa”.

Para el senador, con la reglamentación de la legislación, �SEntre Ríos podrá ingresar ahora, al igual que Córdoba o Santa Fe, en un proceso de inversiones en este sentido. Traerá ventajas directas para el sector industrial como el de servicios, y la reducción de emisiones de carbono en el marco ambiental⬝.

�SMi anhelo es que las Cooperativas Eléctricas de Entre Ríos, que hoy atienden el 30% del mercado eléctrico, puedan contar con parques de energías limpias. Reduciría significativamente sus costos operativos mejorando la situación de delicado equilibrio que hoy atraviesan. Esta debe ser una política del estado entrerriano de muy corto plazo, donde el Estado provincial promueva y colabore con estas organizaciones para lograrlo. La transición de energías renovables como el costo de la energía son temas que me interesan y he presentado proyectos al respecto⬝, resaltó Dal Molín.

Si ese adelantamiento se concreta, el legislador por Federación propone que se utilice la boleta única de papel, por lo menos hasta que se discuta en profundidad la reforma electoral de Entre Ríos. �SEl gobierno debería propiciar el dictado de una ley para que en los próximos comicios se utilice la boleta única de papel⬝, reiteró.

�SEstamos a tiempo de debatir y aprobar en la Legislatura, una reforma parcial a la ley electoral para que se implemente la boleta única de papel para las próximas elecciones. Sé que será un parche y no una reforma en profundidad, pero abarataría enormemente el costo de las elecciones si es que el Gobierno entrerriano decide desdoblar las elecciones⬝, destacó Dal Molín. Para el senador es necesario que se haga esta reforma, la que ya se aplica, en otras provincias, como Salta, Córdoba, Santa Fe, Río Negro y la Ciudad de Buenos Aires. Impulsar la boleta única de papel trae aparejado una disminución significativa en los costos electorales, que por desdoblarse naturalmente se duplican, señaló.

�SEs necesario que el gobernador Gustavo Bordet si es que piensa desdoblar las elecciones, también impulse la boleta única de papel. Es más económico y transparente, tanto en términos de impresión de boletas, como su reparto y fiscalización⬝, indicó.

El senador recordó que no bien se firmó ese consenso se hicieron cambios. �SEn diciembre 2019, se sancionó la Ley 10.781, que estableció modificaciones para no cumplir con las rebajas de impuestos; el 22 diciembre de 2020, se sancionó la Ley 10.857, por la que, nuevamente, se suspendió alcances del consenso fiscal y artículos de Ley de Responsabilidad Fiscal; por lo tanto, no hubo ni rebaja de impuestos ni contención del gasto⬝, cuestionó. El cuestionamiento de Dal Molín se basa en los incumplimientos en los que recayó la provincia de Entre Ríos, específicamente, porque �Sno hubo rebaja de impuestos, ni mucho menos contención del gasto⬝. Dal Molín, señaló que la Nación, por su parte, cumplió con la devolución del 15 por ciento de la coparticipación nacional, como también la ayuda a la financiación de las cajas provinciales de jubilaciones estipulada en 2017. Esto significó �Sun incremento de los aportes de la Nación a las provincias⬝ y las provincias debían, con ese pacto, �Sbajar gradualmente en un período de 5 años los impuestos distorsivos de IIBB y Sellos y, además, cumplir con medidas que enmarcaron el crecimiento del gasto fiscal, establecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal; situación que no sucedió en Entre Ríos. Ahora se aprueba su eliminación.

�SBordet, por entonces, sostenía que ��el consenso firmado favorecía, con la modificación en impuestos distorsivos la promoción, el crecimiento de inversiones y de la economía real�". El Estado provincial nada hizo para resolver problemas estructurales; por cuanto: el círculo virtuoso, pretendido entonces, se convierte �indefectiblemente- en círculo vicioso⬝, acotó Dal Molín. �SCuando se debatió sobre el presupuesto, hace tan solo unos días, señalamos que la situación que dibujaron en las apreciaciones sobre las finanzas públicas es más que precaria y en nada refleja la realidad. De ser así, hubiese sido una oportunidad histórica para comenzar con la retracción de impuestos distorsivos⬝, opinó.

El senador recordó: �SBordet nos dijo en su mensaje de elevación que ��los recursos tributarios provinciales crecerían sólo el 33,4 %, indicador menor a la variación de impuestos nacionales (45 %), fundamentalmente por la aplicación de las reformas tributarias incluidas en el consenso fiscal de 2017�". Me pregunto: ¿en qué quedamos? Sostenemos algo y a los pocos días agarramos para otro lado⬝.

En este marco destacó que el ministro Ballay respondió que �Seste año nuevamente están dentro del presupuesto, pero su inicio y concreción dependen de los avances del crédito que ha solicitado el gobierno provincial a organismos internacionales⬝.

Se trata de dos obras que la población, las autoridades de Juntas de Gobierno y los sectores productivos vienen reclamando por el avanzado estado de deterioro que presentan, una de ellas, es la ruta 1, que fue licitada e iniciada hace 10 años; y la otra es la ruta 2, al menos en tramo Feliciano � Santa Ana, que se está deteriorando mucho; y su reparación o repavimentación cada día se volverá más costosa.

 �SPasan los presupuestos y si bien figuran estas obras, su ejecución no se realiza y la respuesta es que seguimos a la espera del crédito⬝, cuestionó Dal Molín.

El senador recordó que �SLa ruta provincial N° 1 cumplió, desde la firma del primer contrato, 10 años de promesas y dineros mal gastados y como lo señalamos hace un tiempo, si hacemos los ajustes por inflación, la provincia lleva gastado mucho más de 700 millones de pesos y ni siquiera se terminó la construcción del puente⬝.

De esa manera, el legislador que integra la mesa de conducción de �SConstruir⬝ aseguró que su espacio �Stiene una fuerte representación territorial e impecables gestiones municipales, con vocación de poder y que cuenta con una fuerte convocatoria para diseñar un proyecto de gobierno para los entrerrianos⬝.

�SConstruir es un espacio abierto y, por ello, incluye a hombres y a mujeres de otros partidos políticos y, por ende, también todo el abanico que conforma el radicalismo.

 No nos debe sorprender que la integración de la lista para las PASO 2021, sea plural⬝, señaló Dal Molín.

 �SNos guía la convicción, por cuanto descartamos, como piensan algunos, que nuestro armado tiene un objetivo de muy corto plazo que concluye en un arreglo de cúpulas, a esto lo descarto⬝, aseguró, al tiempo que señaló: �Scomo en todo espacio existen algunos integrantes cuyos objetivos y miradas no coinciden con el objetivo grupal y por eso buscan otros horizontes.

Lo nuestro es construcción colectiva, que se consolida día a día; lo que nos asegura tener un muy buen performance en las PASO de septiembre⬝, enfatizó Dal Molín.

El senador reconoció que si bien �Sno hace mucho que se conformó Construir, eso no quiere decir que quienes las integramos no tengamos experiencia y años de trabajo en el diseño de políticas públicas y partidarias⬝.

El proyecto que cuenta con 4 artículos, apunta a facultar al Poder Ejecutivo Provincial, a gestionar y adquirir por vía de excepción de los procesos administrativos dosis de vacunas contra el COVID-19, destinadas al programa de vacunación del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos, pudiendo realizar las operaciones en moneda local o extranjera, por sí, por intermedio de terceros y/o asociados a otros estados provinciales o terceros, o celebrando contratos de mandatos a favor del Estado Nacional y/o Ministerio de Salud de la Nación, o en conjunto con otros Estados Provinciales, para que por su orden y cuenta de la Provincia de Entre Ríos y con los alcances previstos en la presente, pueda adquirir en su representación las vacunas contra el COVID-19.

Asimismo, que el Poder Ejecutivo Provincial pueda �Scelebrar contratos y convenios con los Municipios de la Provincia de Entre Ríos para que, por cuenta y orden de estos, puedan adquirir vacunas contra el COVID-19⬝.

En el artículo tercero, Dal Molín, propone facultar al Poder Ejecutivo a que realice las modificaciones presupuestarias y que exceptúe de impuestos Ingresos Brutos (IIBB), Sellos y/u otras tasas o gravámenes que pudiera afectar, a todos los actos, contratos u operaciones que demande la materialización de las adquisiciones previstas.

En los fundamentos, el senador por el departamento Federación, indicó que desde que se declaró la emergencia sanitaria, hace 14 meses, el país tiene casi 3,5 millones de personas que se contagiaron y más de 70 mil fallecieron. �SEntre noviembre y diciembre de 2020, el Estado Nacional comenzó a adquirir vacunas y diseñó un programa de vacunación, entendiendo que, en función de hacer más eficiente y rápida dicha medida, los estados provinciales deberían, en el marco de sus funciones y responsabilidades, cooperar no solo en la materialización con sus Sistemas de Salud de la vacunación, sino en la compra de vacunas a los distintos laboratorios que hoy en el mundo han desarrollado y colocan en el mercado⬝.

�SEn este marco es imprescindible extender autorizaciones al Poder Ejecutivo Provincial para que por sí, por intermedio de terceros y/o asociados a otros estados provinciales o terceros, o celebrando contratos de mandatos a favor del Estado Nacional y/o Ministerio de Salud de la Nación, o en conjunto con otros Estados Provinciales, pueda gestionar y realizar los procesos administrativos para la compra de vacunas. Interesa también la posibilidad de poder firmar acuerdos con municipios de la provincia en igual sentido⬝, indicó Dal Molín.

El senador dijo que �Ssin dejar de prestar atención a las medidas de prevención, la inmunización de la población a partir de programas de vacunación es el método más eficaz para evitar mayores consecuencias a las actuales producto de este flagelo. Los gobiernos deben contar, en este marco de urgencia, con herramientas que puedan facilitar y hacer más eficaces los programas que llevan adelante, siendo este el motivo del presente proyecto⬝, explicó.

�SSin dudas que es un monto importante, dado que, en términos comparativos, es igual a una vez y media del total de las coparticipaciones que, durante el mes de marzo, el gobierno distribuyó entre las comunas entrerrianas, que fue de 75.282.129,12 pesos⬝, dijo el senador por Federación.

En su análisis, el legislador señaló que �Sa esto debe sumarse 26.250.000 dólares ya pagados y la emisión de 17.500.000 millones de bonos adicionales para saldar los compromisos de intereses en mora⬝, describió.

�SLa refinanciación obtenida, ya lo hemos señalado en otras oportunidades, solo transfiere responsabilidades a gobiernos futuros. Los acuerdos alcanzados, con seguridad deberán ser nuevamente revisados a solo 3 meses del futuro gobierno que asuma en diciembre 2023, lo que demandará nuevamente más gastos⬝, enfatizó Dal Molín.

Para el legislador �Sel gobierno señala que esta refinanciación fue exitosa, pero la verdad es que, si en los dos últimos ejercicios la actual administración no promueve cambios que modifiquen el delicado equilibrio financiero, al final de este mandato estaremos igual y el nuevo gobierno no podrá hacer frente a intereses sumado al cupón de amortización pactado para febrero del 2024⬝, describió.

�SCabe recordar que este compromiso, en dólares, integra solo la mitad (52,8 por ciento) de la deuda total consolidada del Estado entrerriano. Esto ya fue señalado por las aseguradoras de riesgo, que en sus informes sostienen que ��bajo el supuesto de un sostenimiento del margen operativo en los próximos años, se presenta un mayor riesgo de refinanciación desde 2024�"⬝, destacó, al tiempo que consideró que �Sserá exitosa la renegociación cuando no se transfiera el problema a la futura gestión⬝. 

Para el legislador, �Sla celeridad en el trámite que se le concedió a Castrillón deja al descubierto las intencionalidades políticas, de las que deberán dar cuenta, como expresaron mis colegas diputados, el Gobernador y los dirigentes del Partido Justicialista⬝.

�S¿Que se quiere ocultar?, la jubilación que se le otorgó en tiempo récord ¿es para acallarlo? En 2019, el propio Castrillón había dicho que había influencias políticas para retrasar y entorpecer los procesos judiciales y nadie del oficialismo salió a decir nada y ahora en tiempo récord se le otorga el beneficio jubilatorio⬝, recordó Dal Molín, al tiempo que se preguntó: �S¿todos los trabajadores que inicien el trámite jubilatorio tendrán ese mismo privilegio?⬝.

El senador por el departamento Federación reiteró, como lo hizo en el 2019, �Sno podemos dejar pasar por alto estas manifestaciones y acciones, debemos estar atentos en defensa de la independencia de los poderes del Estado. Me preocupa que Castrillón diga o haya dejado entrever que hay influencias políticas para retrasar y entorpecer los procesos judiciales en innumerables causas de corrupción en el Estado, si esto es así, debemos estar atentos, en defensa de la democracia y la República⬝.

El legislador por la oposición recordó que Castrillón había dicho que para ser político se debe tener apellido y para pertenecer al sistema judicial tener apellido y palanca, no caben dudas que a él también se le concedió �Sese privilegio del que tanto cuestionaba⬝.

�SSon muchas las preguntas que quedan sin respuestas y estas acciones, no hacen más que ratificar lo necesario y urgente de incluir en la agenda, la reforma política⬝, acotó.

�SEl gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández anuncia que CABA, provincias y privados pueden comprar vacunas. Pregunto: ¿Los municipios, también?

Si bien los lineamientos de salud son competencias del gobierno entrerriano, por atribuciones otorgadas durante toda la pandemia, ¿los municipios estarán habilitados para comprar las dosis necesarias?⬝. Para el senador, la posibilidad de que las provincias o los privados puedan comprar vacunas deja muchos interrogantes, entre ellos: �S¿por qué no se anunció antes esta medida? ¿Es una nueva transferencia de responsabilidades a los intendentes, sin la contraparte del recurso?

�SCon este anuncio: ¿a quién creen que la ciudadanía comenzará a reclamarle vacunas? ¿No será acaso a las autoridades más cercanas, como son sus intendentes?⬝ Para Dal Molín, �SAlberto Fernandez no conduce, Cristina Fernández, lo hace un poco, pero tiene otros planes; mientras el país se debate en una crisis sin precedentes.

����Las medidas sanitarias fueron (casi siempre) un desatino y la realidad mata cualquier relato. La única solución política que hoy tienen es culpar o responsabilizar a otros⬝.

En la iniciativa legislativa, que cuenta además con las firmas de Francisco Morchio (Gualeguay) y Omar Migueles (Tala), se pide al titular de la cartera económica de la provincia informe sobre los �Smontos abonados a la fecha al banco asesor reestructurador, dispuesto en el artículo 2 del decreto 1198⬝ y que detalle los �Smontos y costos se abonaron a la fecha al asesor legal contratado⬝.

Para el legislador, �Seste nuevo consenso, tiene la misma mirada fiscalista, el que ya señalamos, desde este bloque, el año pasado cuando tratamos esta misma prórroga hasta el 31 de diciembre de este año⬝. Al analizar el acuerdo, el senador dijo que no desconoce la situación y el atípico año que �Snos tocó vivir por la pandemia⬝, pero hizo sus reparos y señaló que tal como se presenta hoy este consenso �Sno es una medida transitoria, como lo señalamos en 2019⬝.

�STengo mis diferencias en los enfoques y aplicación de políticas públicas. Sin dudas, propiciar inversiones es, a nuestro criterio, el camino para superar el contexto actual, pero se les ha hecho insostenible a las pymes, verdadero entramado productivo de nuestro país, la presión impositiva actual. Cualquier decisión de inversión, en un mundo actual caracterizado por la turbulencia, requiere de cierto horizonte estable en las condiciones del contexto. El Estado, no debe ser artífice precisamente del cambio en las reglas de juego y esta reforma apunta precisamente en términos contrarios: sostiene presión tributaria y modifica proyecciones que pudieran haber adoptado empresarios y comerciantes en sus decisiones de inversión⬝, cuestionó Dal Molín.

Dicho eso, el senador por el departamento Federación, dijo que tiene reparos al concepto que hoy tiene el Gobierno de estimular la demanda para sostener el entramado productivo de las pymes, inyectando, como única herramienta, dinero del Estado al mercado. �SNo lo descarto como medida paliativa -temporal- muy cortoplacista; pero debe ser incorporada en un programa de desarrollo de largo plazo aceptado y acatado por todos los sectores involucrados: empresarios, sindicatos, estado.

�SPor supuesto que entendemos el contexto que atravesamos; pero no compartimos el enfoque. Desalienta la inversión. Eliminar impuestos distorsivos, como lo califica el mismo oficialismo en la firma original, no solo ayudará al sector privado, sino al propio sector público. Volvemos a requerir el esfuerzo al sector privado, y no vemos políticas públicas tendientes a hacer más eficiente el gasto⬝, concluyó.

A través de un comunicado, el senador confesó que los federaenses �Sestamos cansados de hacer gestiones y reclamar⬝ y pese a la insistencia �Sno pudimos conseguir ni siquiera la firma de un convenio para la instalación de electricidad en viviendas que el propio IAPV entregó hace varios meses⬝.

Dal Molín comentó que el presidente de la Junta de Gobierno de La Florida, Víctor Croattini, como también la Cooperativa Eléctrica y los beneficiarios de las viviendas hicieron gestiones y �Sno existen las respuestas⬝.

Estas gestiones vienen del año pasado y la Cooperativa Eléctrica de Chajarí, tuvo la voluntad de mantener el presupuesto a valores históricos y �Sni aun así se lograron resultados⬝, dijo el senador.

�SEn verdad, es una desidia, un abandono para todas las familias adjudicadas como las empresas que están esperando estos trámites⬝, concluyó el legislador.

La entrega de llaves y carpetas de titularidad se realizó en mayo pasado, en el marco del aislamiento social obligatorio, por lo que no se realizó un acto masivo. En esa oportunidad 12 familias recibieron sus viviendas.

�SQuiero recordar que en ese acto se dijo que el compromiso de la provincia es ��mejorar la calidad de vida de los entrerrianos⬝, acá hace meses que se está gestionando la luz y no lo han logrado⬝, recordó Dal Molín.

Para el senador �Surge⬝ la intervención y posterior auditoría de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos debido al déficit que se encuentra hoy este organismo.

 �SDe comprobarse los hechos que se denuncian, estamos ante un grave estado de desprolijidad, un hecho de corrupción y por eso exigimos que se investigue⬝.

Según Dal Molín, es necesario que el gobernador Gustavo Bordet, tome cartas en el asunto para demostrar transparencia, preocupación y ocupación ante posibles hechos de corrupción.

�SEs necesario que el Gobernador disponga de la intervención de todo el directorio de la Caja para que se investigue hasta las últimas consecuencias y, en caso de haber responsable o responsables, paguen con todo el rigor de la ley⬝, acotó.

�SDe acuerdo con la información periodística que hoy publica la revista Análisis, en los últimos 15 años, hubo un lote importante de personas fallecidas que siguieron cobrando sin interrupción su jubilación mensual, por eso exigimos que el Poder Ejecutivo intervenga el organismo para que se investigue a fondo esta situación⬝, enfatizó Dal Molin.

El senador señaló que con su pedido �Sno estoy prejuzgando a nadie, sólo pido que se investigue si lo que se denuncia que se hace periodísticamente como los pedidos que hizo el Tribunal de Cuentas son ciertos⬝, acotó.