Este martes la Provincia realizó un nuevo encuentro con gremios para dialogar sobre la reforma previsional. Sin embargo, Agmer indicó que se retiró de la reunión ya que no se presentó proyecto para que analicen los y las trabajadores.

“Recalcamos a los funcionarios del gobierno de Frigerio que no seremos escribas de ninguna propuesta que lesione gravemente los derechos previsionales”, manifestó a través de un comunicado en el que reafirmo total rechazo a una iniciativa que “atente” contra el 82 % móvil, el cálculo del haber y el aumento de la edad jubilatoria.

Además envió un mensaje a sus afiliados: “Convocamos a seguir alertas, movilizados y en lucha por la defensa de nuestros derechos para las y los jubilados y las generaciones venideras”.

Representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) Seccional Paraná entregaron un petitorio al gobernador Rogelio Frigerio. Fue en Estación Sosa. Entre los reclamos se encuentran: Aumentos remunerativos y bonificables que impacten en activos y jubilados; salarios por encima de la inflación y mecanismos que recuperen el poder adquisitivo perdido.

También se encuentra la convocatoria a paritaria y mantenimiento de la paritaria abierta para discutir salarios y condiciones laborales; defensa del sistema previsional docente y rechazo a cualquier reforma jubilatoria.Otro de los reclamos importantes es la inversión en infraestructura escolar, transporte y obra social para garantizar condiciones dignas de trabajo y estudio.

La entrega del petitorio la realizaron el secretario de Interior de AGMER Seccional Paraná, Rodrigo Massimini; el secretario Gremial de la seccional, Pablo González; Jorge Narváez, secretario General de AGMER Filial María Grande; y el congresal, Miguel Ángel Consundino.

Mariano Cúneo Libarona renunció a su cargo como ministro de Justicia y el presidente Javier Milei designó en su reemplazo a Juan Bautista Mahiques y a Santiago Viola como secretario del Ministerio.En referencia a este suceso, el gobernador Rogelio Frigerio envió un mensaje a los flamantes funcionarios en el que les deseó  una “muy buena gestión. Felicitaciones a Juan Bautista Mahiques y a Santiago Viola por sus nuevas responsabilidades en Justicia. Asumen en un momento clave para afianzar instituciones, promover reglas claras y reforzar la confianza en el sistema”. 

Los fondos se destinarán a reorganizar compromisos existentes, reemplazar deuda más onerosa y mejorar la estructura financiera, fortaleciendo la disponibilidad de recursos y brindando mayor estabilidad hacia el futuro.

La provincia de Entre Ríos concretó este jueves una nueva emisión de deuda en el mercado internacional por un total de 300 millones de dólares, en el marco de la autorización otorgada por la Legislatura a través de la Ley 11.209, orientada a reordenar y fortalecer la sostenibilidad financiera provincial.

El bono emitido presenta una estructura con un plazo promedio de seis años y una tasa de interés anual del 9,55 por ciento, con pagos de intereses cada seis meses.

El capital será devuelto en tres etapas iguales: un 33,33 por ciento en 2031, otro 33,33 por ciento en 2032 y el 33,34 por ciento restante en 2033, lo que permite distribuir el impacto de los vencimientos en el tiempo y evitar concentraciones de pago en un solo año.

El rendimiento obtenido refleja una mejora respecto a operaciones anteriores, con una reducción en el diferencial frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que indica mejores condiciones de acceso al crédito internacional y una mayor confianza de los inversores en la capacidad de pago de la provincia.

Esta operación también contempla la posibilidad de recomprar o canjear títulos anteriores, especialmente el bono ERF28, con el objetivo de refinanciar compromisos vigentes y reemplazar deuda más costosa o con vencimientos más cercanos.

Asimismo, parte de los fondos permitirá cancelar obligaciones en pesos que presentan tasas más elevadas, reduciendo la presión financiera en el corto plazo.

Cómo funciona una deuda de este tipo

En este caso, el bono emitido por 300 millones de dólares pagará intereses anuales equivalentes al 9,55 por ciento, lo que representa aproximadamente 28,6 millones de dólares por año solo en intereses. Estos pagos se realizan en forma semestral hasta el vencimiento final.

La amortización del capital se hará en tres cuotas iguales entre 2031 y 2033, lo que significa que la provincia devolverá unos 100 millones de dólares por año en ese período.

Este tipo de financiamiento suele estructurarse a mediano o largo plazo, generalmente entre 5 y 10 años, permitiendo a los gobiernos obtener liquidez inmediata y distribuir el repago en el tiempo, siempre que se mantenga la capacidad financiera para afrontar los compromisos asumidos.

Señaló que, pese al esfuerzo realizado, la Entre Ríos que imagina aún está lejos de concretarse.

El mandatario describió un escenario financiero complejo, con una caída sensible de los ingresos en comparación con 2023, y comparó el contexto actual con el impacto que generó la pandemia en las cuentas públicas. Explicó que el proceso de estabilización económica nacional repercute directamente en la recaudación provincial y condiciona la capacidad de inversión.

Sobre el vínculo con la Casa Rosada, sostuvo que la provincia no recibe la totalidad de los recursos que considera propios, aunque reconoció avances en reclamos históricos, como la deuda previsional y cuestiones vinculadas a Salto Grande. Afirmó que la relación institucional comenzó a mostrar resultados concretos.

En materia de obras públicas, reiteró la decisión de concluir proyectos largamente postergados, como el Hospital de la Baxada y el Hospital Bicentenario de Gualeguaychú. Aseguró que, ante la escasez de fondos, la prioridad es terminar lo empezado antes que iniciar nuevos frentes.

Otro punto central fue el déficit de la Caja de Jubilaciones, que ronda cifras millonarias anuales. Anticipó el envío de un proyecto de reforma con el objetivo —según expresó— de sostener el 82% móvil y dar previsibilidad al sistema. También defendió cambios en la obra social provincial y reconoció tensiones en la negociación salarial con los docentes, aunque manifestó su intención de alcanzar un acuerdo.Tras este sinceramiento público, inevitablemente surge una pregunta política de fondo: qué habría sido de estos dos años sin el alineamiento decidido que adoptó con Javier Milei.

Y, al mismo tiempo, qué camino habría seguido la provincia si se mantenía la estrategia inicial de mayor sintonía regional con los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien incluso asumió obras de rutas nacionales ante la ausencia de financiamiento federal. El debate, ahora, queda abierto.

‘‘Pudimos ser escuchados por funcionarios de alto nivel en un clima de sinceridad y cordialidad”.

Tal precisión refiere a la reunión que los industriales mantuvieron en Buenos Aires acompañados por el mandatario y su ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, y su par de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

Para el empresario del departamento Colón, el encuentro incluso fue “positivo porque pudimos expresar nuestra preocupación por los trascendidos del acuerdo de la Argentina con Estados Unidos; ya que el gobierno Nacional tomó nota de la observación contraria a que la apertura no sea recíproca”. Marso puso en valor que en ese mismo marco “se habló de la recuperación del mercado Chino”.

Y sumó que “manifestamos la necesidad financiera para crecer en granjas de producción con la tecnología que nos permita competir en condiciones más favorables; hablamos de los créditos fiscales millonarios que todas las empresas poseen y no son de libre disponibilidad”.

El industrial subrayó que la intervención del mandatario entrerriano determinó que “desde el gobierno federal se comprometan a promover la importación de bienes de capital de equipamiento que no se produce en la Argentina y que impacta en la modernización del sector”.

El gobernador Rogelio Frigerio inauguró el 147° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial con un mensaje centrado en el orden fiscal, la transparencia, la competitividad y el desarrollo productivo. Ante legisladores, autoridades judiciales, intendentes y representantes institucionales, aseguró que la provincia dejó atrás una etapa de desorden estructural y hoy “está mejor plantada para crecer”.“Estamos mejor plantados. No porque tengamos más recursos, sino porque ordenamos el Estado, desactivamos las bombas que encontramos y recuperamos credibilidad”, afirmó.

Equilibrio fiscal y fin de privilegiosEl mandatario destacó que la primera mitad de su gestión estuvo enfocada en sanear las cuentas públicas y reorganizar el funcionamiento estatal. Enumeró la reducción de cargos políticos, la eliminación de gastos reservados, la revisión de contratos irregulares, el recorte del 98% de las adscripciones docentes y la resolución de sumarios administrativos acumulados.En materia financiera, subrayó el paso del déficit al equilibrio fiscal en un contexto de caída de la recaudación y remarcó que la provincia evitó el default y redujo significativamente su deuda en dólares. “Hoy la deuda representa menos de la mitad de lo que representaba hace dos años sobre nuestros ingresos”, sostuvo.También anunció el envío de un proyecto de reforma previsional que buscará modernizar el sistema y garantizar el 82% móvil de manera sostenible. En paralelo, defendió la intervención del ex Iosper y la creación de la OSER como medidas necesarias para ordenar el sistema de salud de los trabajadores estatales.

Estado digital y más control ciudadanoFrigerio puso énfasis en la modernización administrativa con la implementación del expediente electrónico, la digitalización de trámites y la puesta en marcha de plataformas como Mi Entre Ríos y el portal Entre Ríos Transparente. “La transparencia ya no es un discurso, es una práctica cotidiana”, afirmó.

Impuestos, energía e inversión privadaUno de los ejes centrales fue la competitividad. El gobernador defendió la baja de impuestos en un escenario de crisis y aseguró que “salir de una crisis no puede ser asfixiando al que produce”.Destacó el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), que proyecta más de 180 millones de dólares comprometidos y alrededor de 1.500 nuevos puestos de trabajo.En el plano energético, resaltó la decisión de congelar el Valor Agregado de Distribución, eliminar impuestos provinciales en la boleta eléctrica y reducir tasas regulatorias, lo que permitió que Entre Ríos deje de tener la tarifa más alta del país. Además, ratificó el reclamo ante la Corte Suprema por una tarifa más justa en relación con la energía generada por Salto Grande.

Infraestructura y récord de obra públicaFrigerio informó que se reactivó la totalidad de las obras provinciales paralizadas y que se redujo en más del 90% el pago de intereses por demoras en certificaciones. Señaló que ya se intervienen casi 700 kilómetros de rutas y anticipó que 2026 será el año con mayor presupuesto de obra pública de la historia reciente provincial, con financiamiento de organismos multilaterales.“Las obras que se empiezan, se terminan”, aseguró.

Educación, salud y seguridadEn educación, destacó mejoras en más de 500 escuelas, avances en alfabetización con resultados medibles e incorporación de tecnología en las aulas.En salud, subrayó la digitalización del sistema, la compra centralizada de medicamentos, inversiones hospitalarias y la creación de una Central de Informes de Mamografía.En seguridad, informó un aumento del 60% en los procedimientos vinculados al narcotráfico respecto de la gestión anterior y una inversión histórica en equipamiento.

Ambiente y relación con NaciónEl gobernador reafirmó la postura provincial frente al proyecto de hidrógeno verde frente a Colón, insistiendo en la necesidad de consenso en el uso de recursos compartidos con Uruguay. En cuanto al vínculo con el Gobierno nacional, habló de un federalismo responsable basado en el diálogo, aunque con firmeza para reclamar recursos previsionales, energéticos y financiamiento para obras estratégicas.

“Una nueva etapa”En el cierre, Frigerio sostuvo que comienza una etapa de consolidación y profundización del rumbo iniciado en 2023. “No me conformo con medirnos con la vara baja del pasado. Quiero una provincia que juegue en la parte alta de la tabla”, expresó. Y concluyó: “Si sostenemos este rumbo y seguimos elevando la vara, podemos hacer de Entre Ríos una provincia protagonista”. 

También se trataron situaciones referentes a las áreas salud, caminos rurales y el asfaltado del acceso a la urbanización.El encuentro se produjo en el edificio del Mirador Tec, en Paraná, donde el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso. Allí, las partes acordaron aspectos sobre la atención primaria de la salud y la infraestructura educativa."Tuvimos una reunión muy amena y estamos muy agradecidos por el recibimiento del gobernador y del ministro de Gobierno y Trabajo, quienes escucharon los pedidos que traemos de nuestra población", expresó el intendente, al finalizar.Daniel Benítez indicó que las vías de conexión de la zona del ejido de Puerto Yeruá también fueron tema de tratamiento, al igual que el acceso asfaltado a la planta urbana."Vimos muy comprometido al gobernador con nuestras problemáticas y seguramente habrá buenas noticias próximamente. A pesar de las dificultades económicas que atravesamos, están ocupados en tratar de solucionar los problemas que tienen las localidades", evaluó el funcionario municipal, quien añadió "valió la pena el viaje", al despedirse. 

La medida impacta sobre los códigos salariales vinculados al riesgo y la conducción: el 286, que perciben todos los efectivos por riesgo y peligrosidad, y el 244, destinado a oficiales con cargos jerárquicos. Con esta mejora, un agente con un año de servicio alcanzará un ingreso cercano a 1.300.000 pesos.Desde el área de Seguridad sostienen que la actualización responde a la necesidad de respaldar institucionalmente a las fuerzas y reconocer el trabajo cotidiano que realizan en la provincia. En la misma línea, el Ministerio de Economía calificó el incremento como un “esfuerzo significativo” dentro de las posibilidades financieras actuales.También se dispuso una mejora para el sector pasivo de ambas fuerzas, que percibirá una suma fija mensual de 100.000 pesos a partir de febrero. En paralelo, el Ejecutivo anticipó la convocatoria a paritarias para discutir los aumentos del resto de la administración pública.El anuncio no se da en un vacío. La Policía de Entre Ríos atraviesa un clima similar al que se vive en Santa Fe y en otras provincias, con reclamos por recomposición salarial y condiciones laborales. La cercanía geográfica entre Paraná y Santa Fe hace que lo que ocurre de un lado del río tenga eco inmediato del otro. La movida policial que sorprendió al gobierno de Maximiliano Pullaro —quien hasta ahora mostraba firme respaldo a su fuerza— repercute también en territorio entrerriano.De este lado del Paraná, el gobernador Rogelio Frigerio, consciente de la relación tensa que mantienen sectores policiales con el ministro Néstor Roncaglia —ex jefe de la Policía Federal y hombre fuerte en materia de seguridad durante la gestión Ministro del Interior de Macri — optó por anticiparse y abrir el paraguas con este reajuste. Resta saber si el anuncio será suficiente para descomprimir el malestar o si la fuerza seguirá cumpliendo su deber con los dientes apretados, cargando una indignación que todavía mira de reojo a la conducción política. 

Durante el acto inaugural, el gobernador resaltó la importancia histórica de la festividad. "Hoy hace 50 años que un grupo de vecinos de Federal decidió arrancar con esta maravillosa idea de tener un festival de chamamé que es el único de la Argentina que mantiene esa esencia 100 por ciento chamamecera", afirmó Frigerio.Asimismo, vinculó la música litoraleña con la identidad entrerriana. Señaló que el chamamé forma parte del ADN de la provincia. "Las letras y la música del chamamé hablan de lo que somos, de la cultura del trabajo, del esfuerzo, pero también de saber disfrutar la vida", subrayó.Por su parte, la intendenta Alicia Oviedo dio la bienvenida a los concurrentes y calificó a Federal como el corazón chamamecero de la provincia. "Nos reencontramos en febrero a disfrutar esta fiesta en familia", resaltó la intendenta. Recordó que las actividades comenzaron hace alrededor de una semana y agradeció a quienes trabajaron para hacer posible el festival. Destacó el respaldo del Gobierno provincial a las expresiones populares, haciendo hincapié en el trabajo conjunto para llevar adelante la organización.La jornada inaugural contó con la presencia de la diputada provincial Noelia Taborda y la senadora por el departamento Federal Nancy Miranda. También participaron los intendentes de Gualeguaychú, Mauricio Davico; de Mansilla, Francisco Pasinatto; y de Bovril, José Gillig. El Festival Nacional del Chamamé es organizado por la Municipalidad de Federal y se consolida como un espacio donde se fusionan la música, las ferias de artesanos y la gastronomía regional. Esta edición contará con una grilla de destacados artistas tales como Antonio Tarragó Ros, Quinteto Cocomarola, Los Bofill, Conjunto Nuevo Itatí, Monchito Merlo, Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero, Amandayé, Mateo Villalba, Espuelas de Plata, Trebol de Ases, Juan Manuel Silveyra, Florencia de Pompert, Sofía Morales, Angirú y Catherine Vergnes, entre muchos otros. 

Tras la reunión desarrollada en Mirador Tec, Zapata destacó la necesidad de acompañar a las pequeñas y medianas empresas de la provincia para potenciar su crecimiento en cada localidad y mejorar su inserción en los mercados. En ese sentido, afirmó que el objetivo es que "estas pymes, que son la fuente de desarrollo de las distintas localidades, puedan crecer en valor, en mayores productos, mayores servicios y también en calidad de esos servicios".Explicó que esa mejora en la calidad implica que "las pymes y mipymes puedan convertirse en buenas proveedoras de empresas más grandes y que también vean al canal de exportación como una enorme posibilidad de desarrollo y crecimiento".La secretaria destacó que las pymes, mipymes y los emprendedores "son los principales destinatarios de lo que debemos  desarrollar que es la Agencia de Desarrollo de Entre Ríos, creada por ley en diciembre y que ahora debe ser reglamentada".En relación con su designación al frente de la secretaría recientemente creada, Zapata aseguró que asume el desafío "con un gran honor y una gran responsabilidad", y apuntó que es un sector productivo que conoce teniendo en cuenta su trabajo en el Consejo Empresario de Entre Ríos, "el sector industrial, las cooperativas y los emprendedores", sostuvo, al referirse a su trayectoria y vínculo con los distintos actores de la economía provincial.Finalmente, subrayó el rol estratégico de los emprendedores y las pymes en el desarrollo de Entre Ríos. "Creo que de un emprendedor puede surgir el día de mañana una pyme, una mipyme o una gran empresa", expresó. 

El gobernador Rogelio Frigerio recorrió este jueves la Escuela de Educación Técnica N° 2 “Almirante Guillermo Brown” de Paraná, donde internos de unidades penales realizan tareas de desmalezamiento y puesta en condiciones del predio escolar. La actividad forma parte de un esquema de trabajo que articula el Servicio Penitenciario con distintas áreas del Estado provincial.Durante la visita, el mandatario subrayó la importancia de llegar al inicio del ciclo lectivo con los establecimientos en condiciones. Señaló que la iniciativa permite, por un lado, promover la reinserción a través del trabajo de las personas privadas de libertad y, por otro, atender una prioridad como es el mantenimiento de las escuelas antes del comienzo de clases.En relación con la negociación salarial docente, indicó que cada año la provincia enfrenta el desafío de acordar incrementos en un contexto cambiante. Recordó que en 2025 se logró un acuerdo anual amplio y expresó la intención de alcanzar un entendimiento similar, aunque advirtió que el escenario actual es más ajustado.El Gobernador explicó que, pese a los indicadores de crecimiento económico, los ingresos provinciales —en gran medida vinculados a la coparticipación nacional— aún no muestran una recuperación sostenida. Esa situación, afirmó, condiciona el margen de la discusión paritaria y obliga a actuar con prudencia en la administración de los recursos públicos provinciales.

El viaje del gobernador Rogelio Frigerio a Estados Unidos tuvo como eje central reinsertar a Entre Ríos en el radar financiero internacional, luego de casi diez años sin presencia en los mercados. La misión fue explicar, cara a cara con inversores y bancos, cuál es hoy la situación fiscal de la provincia y qué rumbo económico pretende sostener en un escenario nacional restrictivo.

Durante reuniones con fondos de inversión y un consorcio bancario integrado por Santander, BBVA y Bank of America, además de entidades locales, la provincia expuso los avances logrados en un contexto adverso: una caída cercana al 15% de los ingresos reales, el paso de déficit a equilibrio fiscal y el cumplimiento estricto de los compromisos asumidos. El mensaje buscó reconstruir credibilidad y mostrar previsibilidad, dos condiciones indispensables para cualquier vínculo futuro con el crédito externo.

El foco estuvo puesto en el perfil de la deuda provincial, hoy estimada en 280 millones de dólares, con vencimientos fuertemente concentrados en los próximos tres años. La gestión explicó que el endeudamiento fue reducido desde los 500 millones de dólares mediante amortizaciones y ahorros, y que cualquier eventual regreso al mercado tendría un único objetivo: reperfilar deuda, no aumentarla.

En ese marco, se detalló también el contexto financiero internacional. Las tasas que hoy enfrentan provincias y estados subnacionales en el exterior no son bajas:

En la banca internacional, el financiamiento en dólares para emisores de riesgo medio oscila entre 7% y 10% anual, según plazo y calificación.

En Estados Unidos, incluso estados con buen perfil fiscal acceden a tasas del 4% al 5%, mientras que países y regiones emergentes pagan sensiblemente más.

Ese escenario obliga a ser extremadamente prudentes: salir al mercado sin una estrategia clara puede hipotecar varios años de gestión.

El viaje no implicó ofertas ni colocaciones concretas. Se trató de un non deal roadshow, una instancia previa para volver a presentarse, escuchar y medir expectativas. La señal fue clara: Entre Ríos busca recuperar margen de maniobra, pero sin repetir errores del pasado.

El desafío no es menor. Otras provincias se adelantaron y lograron financiamiento en un contexto igualmente complejo. Santa Fe, por ejemplo, consiguió recursos externos que le permitieron hacerse cargo de obras que la Nación dejó de financiar, especialmente en materia de rutas y logística. Esos fondos, obtenidos a tasas competitivas dentro del contexto actual, están siendo afrontados con recursos propios y un esquema de repago atado a la mejora de su recaudación y a una administración austera del gasto. Esa decisión le dio a la provincia vecina capacidad de acción y visibilidad política.

En Entre Ríos, el escenario es más ajustado. Desde el propio Gobierno nacional ya se anticipó que no habrá obras de infraestructura financiadas por la Nación, esas que suelen cambiar la vida cotidiana de la gente y marcar gestiones. Frigerio lo sabe, por conversaciones políticas y por señales explícitas del Presidente: el margen para esperar auxilio externo es prácticamente nulo.

Por eso, este viaje no fue solo financiero. También fue político. Marca el inicio de un “repechaje” de gestión: en apenas dos años, el gobernador deberá mostrar una obra, una decisión o un cambio estructural que deje huella y explique su paso por Entre Ríos. No será una tarea fácil. Pero allí, entre el éxito o el fracaso de ese intento, empezará a definirse no solo el balance de su gobierno, sino también su proyección política futura.

Durante el encuentro se analizaron distintos ejes vinculados al desarrollo económico, con especial atención en la creación de empleo, la actualización de los modelos productivos y la necesidad de que el Estado acompañe los cambios que atraviesan tanto la economía nacional como el contexto internacional.

En ese marco, Mario Moine planteó que resulta indispensable avanzar en transformaciones que favorezcan el crecimiento del empleo registrado y reduzcan los niveles de informalidad. Señaló que una eventual reforma laboral debe orientarse a ampliar las oportunidades de trabajo genuino, sin poner en riesgo derechos básicos de los trabajadores.

El exgobernador también hizo hincapié en la importancia de abordar estos debates con una perspectiva estratégica. Consideró que las soluciones aplicadas en el pasado no lograron resolver los problemas estructurales y que el escenario actual exige discutir nuevas herramientas, con acuerdos amplios y una visión de futuro.

Otro de los puntos de coincidencia fue el rol del turismo como motor de desarrollo para Entre Ríos. Moine destacó su capacidad para dinamizar la economía regional, fortalecer el sector servicios y generar empleo, y remarcó la necesidad de sostener políticas de planificación que integren al Estado, al sector privado y a los municipios.

Al cierre, Moine valoró positivamente el intercambio con Frigerio y resaltó la importancia de sostener espacios de diálogo que permitan construir consensos y pensar políticas públicas de largo plazo, orientadas al crecimiento y al desarrollo sostenido de la provincia.

La principal decisión que marcó la gobernación de Mario Moine en Entre Ríos (1991-1995) fue la implementación de una profunda reforma del Estado y la privatización de empresas públicas, incluyendo el Banco de Entre Ríos y la empresa de energía (EPEER), bajo la ley 8.706 de ajuste. Esta política generó una fuerte reducción de personal, provocando alta resistencia sindical y una histórica pueblada, marcando su gestión por el intento de reducir el gasto público y el tamaño del sector público. 

El pueblazo entrerriano: memoria de una resistencia

Un 21 de enero, Entre Ríos fue escenario de una de las movilizaciones populares más fuertes de su historia. La provincia amaneció atravesada por la bronca y la dignidad de miles de trabajadores que salieron a la calle para frenar un ajuste brutal, decretado sin diálogo y con miles de despidos anunciados. No era una discusión técnica ni administrativa: era el intento de convertir derechos en recortes y al Estado en una estructura mínima, al servicio de un modelo que expulsaba familias del trabajo.

La reforma del Estado avanzaba como una maquinaria fría, mientras en los barrios crecía el miedo al hambre y la incertidumbre. Frente a eso, la respuesta fue colectiva. Sindicatos, organizaciones y trabajadores de todos los sectores confluyeron en una protesta que desbordó calles y plazas. Pusieron el cuerpo para decir basta, para marcar un límite y para defender el trabajo como valor central de la vida social.

Aquella jornada dejó una huella profunda. No solo frenó medidas concretas, sino que consolidó una identidad de lucha que aún hoy resuena. Fue un antes y un después: la certeza de que, cuando el ajuste golpea sin pudor, la organización y la movilización pueden torcer el rumbo.

Recordar ese día no es nostalgia. Es una memoria activa. 

El gobierno del ingeniero Frigerio con esta reunión, justo en fecha del aniversario de la movilización más grande de la provincia, quiere enviar un mensaje o  "torear un avispero" y ver que pasa. 

En ese marco, Frigerio recibió este jueves en Casa de Gobierno, en Paraná, al ministro del Interior, Diego Santilli, con quien analizó el escenario parlamentario y la necesidad de avanzar con una legislación que modernice el mercado de trabajo y promueva la generación de empleo privado.

Durante el encuentro, ambas partes destacaron el vínculo institucional entre Nación y provincia, y coincidieron en que la reforma laboral constituye uno de los ejes centrales del programa económico del presidente Javier Milei para la segunda etapa de su gestión.Desde el Gobierno nacional sostienen que la iniciativa apunta a incentivar inversiones, mejorar la productividad y ampliar derechos laborales a un amplio sector de trabajadores que hoy se desempeña en la informalidad. En esa línea, Frigerio ratificó el respaldo político de Entre Ríos al proyecto y manifestó la voluntad de continuar trabajando de manera coordinada para garantizar su tratamiento legislativo.

La reunión se dio en un contexto político particular para el gobernador entrerriano, luego de que en las últimas horas se conociera el hallazgo de dispositivos de espionaje en dependencias oficiales, situación que derivó en denuncias judiciales e investigaciones internas en el ámbito provincial, que ya a estas horas está todo muy claro, fue una desprolijidad propia. El respaldo de Frigerio se suma al de otros gobernadores que ya expresaron su acompañamiento a la reforma laboral, entre ellos los mandatarios de San Juan, Chaco, Salta, Mendoza y Neuquén, consolidando una base de apoyo político clave para el oficialismo nacional en su intento de avanzar con cambios estructurales en el sistema laboral argentino.

El propio Bordet le pidió a Kueider que instalara una de las cámaras compradas en su despacho de la Gobernación “porque estaba cansado de encontrar los papeles que dejaba acomodados de una forma, al mediodía, y que estaban de otra manera en horas de la tarde”. De hecho, esa fue una de las cámaras halladas ayer en la oficina de Rogelio Frigerio, lo que generó indignación y rechazo desde el oficialismo y diferentes sectores políticos que, en principio, entendieron que correspondía a una tarea de espionaje de los últimos meses.El sistema consistía en cámaras analógicas básicas disimuladas en sensores de movimiento, conectadas por cables a un DVR ubicado en una oficina contigua a la Secretaría General. “Son cámaras analógicas, de esas que van cableadas. Para instalarlas hay que levantar zócalo, agujerear paredes, pero no tenían conexión a internet, sino que iban directo a un disco rígido, que en su momento se lo llevó el propio Kueider”, detalló la fuente. Y fue enfático sobre un punto crucial: “Después que lo hackearon a Kueider, desconectamos todo. Eso quedó ahí desconectado, por siempre”, se acotó.El sistema dejó de operar en febrero de 2019. Desde entonces, aunque las cámaras permanecieron instaladas, los cables quedaron sueltos y el DVR fue retirado. “No hay imágenes, no tienen corriente directamente, no funcionan”, aseguró el exfuncionario.Había una cámara en la antesala, otra en la oficina del secretario General, una en el pasillo entre ambos despachos y otra en el despacho del gobernador. Todas reportaban al DVR instalado donde también se guardaba la caja fuerte con los gastos reservados, cuyo video fue difundido el año pasado por todos los canales de TV del país, cuando se estaba investigando a Kueider por las causas en Paraguay (donde actualmente se encuentra con prisión domiciliaria, en la ciudad de Luque, por la causa de supuesto contrabando de dólares) y por su supuesta relación con la causa Securitas y su vinculación con ENERSA, lo que dispuso la jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Kueider siempre afirmó que nunca tuvo que ver con ENERSA, porque no integró jamás el directorio de la empresa, que fue la que más le pagó un canon mensual a Securitas, gerenciado por el empresario Claudio Tórtul, denunciado e investigado por el pago de coimas para renovar los contratos de seguridad.Lo que más sorprende es que estas cámaras –“aparatitos de unos 10 centímetros de alto”- estuvieran a plena vista durante dos años sin que nadie las detectara. “Está claro que nadie de seguridad de Frigerio se dio cuenta de la existencia de estas cámaras, que estaban a la vista de cualquiera. Solo había que levantar un poco la cabeza y observar unos minutos”, dijo la fuente. Incluso, recordó que cuando Bordet asumió en diciembre de 2015, hubo un operativo de control y se encontraron micrófonos en la oficina del designado ministro de Gobierno de la gestión anterior, Mauro Urribarri. “Estaba claro que las había ordenado Sergio Urribarri, pero no para su hijo, sino para su antecesor, el exministro Adán Humberto Bahl”, se acotó.Un poco de historiaEn enero de 2019, el entonces funcionario provincial Edgardo Kueider se sorprendió cuando en su correo electrónico le llegó un mensaje anónimo con un video adjunto y con una particularidad: a la vez, también se lo enviaban a Sergio Urribarri, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Allí quedaba demostrado que le habían hackeado las cámaras de su propio despacho oficial y le mostraban algunos de los movimientos de dinero que había hecho Kueider en su oficina con diferentes personas. El funcionario tenía allí la caja fuerte de fondos reservados y administraba lo que le correspondía al gobernador Gustavo Bordet.Kueider se puso pálido porque el único que tenía acceso a esas cámaras de su despacho era solamente él. Las veía únicamente en su teléfono celular. Y el personaje anónimo le acotaba en el correo electrónico: “Tengo esto acá y tengo más”. El video mostraba imágenes de mediados de octubre, noviembre y diciembre de 2018; pero también de enero de 2019. En una de ellas, el funcionario aparecía junto a una de sus colaboradoras directas, en su despacho oficial. En otras, se veía a Kueider contando importantes sumas de dinero de fondos reservados, que le traían sus colaboradores directos.Por esas casualidades, en febrero de ese año debía renovarse la presidencia de la Cámara de Diputados de la provincia y era la primera vez que peligraba la continuidad de Urribarri como titular. Es más: hubo una especie de pacto entre peronistas y radicales, para no reelegirlo, pero finalmente no se cumplimentó. Y Urribarri siguió siguiendo presidente del Cuerpo.Kueider entendió que la extorsión era por esa reelección y los únicos que podían hacer ese hackeo eran los del grupo Octógono. El funcionario se comunicó con el procurador general del Poder Judicial, Jorge Amílcar García, quien se encontraba en Tucumán por esos días y decidió hacer la denuncia judicial. Semanas previas le habían pasado el dato a Bordet, de que iba a tener algunas tareas de espionaje en Casa de Gobierno y en sus movimientos por Entre Ríos y Capital Federal.

Y, a la vez, se reunió con el líder del grupo Octógono, Facundo Cabrera, para que “analizara lo enviado”. Y también le pidió a Cabrera que le organizara una reunión con Urribarri para hablar del tema y ver en qué medida el exgobernador tenía que ver con estos videos, en función de su exigencia cuasi extorsiva de seguir en la presidencia de la Cámara Baja. La reunión con Urribarri se concretó en el edificio de Buenos Aires y Garay, en un departamento de los Octógono. Fueron Urribarri y Cabrera. De entrada, le dijeron “guardemos los celulares” para hablar. Urribarri enseguida se desligó de los videos hackeados y enviados. “Yo no tengo nada que ver, yo estoy para colaborar, esto acá pasa porque alguien quiere hacer un daño para que el peronismo pierda, para que yo y Bordet nos terminemos de pelear”, dijo el exgobernador, a la vez que comenzó a cuestionar efusivamente a la ministra de Gobierno, Rosario Romero, que ya había reemplazado a Mauro Urribarri.

Fue en ese marco que decidieron hablar con el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. Kueider primero le envió el video y después se sentó a hablar. La principal preocupación del funcionario era que el video cayera en las redes sociales y se armara un escándalo nacional, porque se lo veía al legislador repartiendo dinero de fondos reservados, a quienes habitualmente reciben tales partidas para diferentes tareas.

Kueider fue a Tribunales, hizo la denuncia en Fiscalía, pero la causa nunca avanzó. Siempre se entendió que el urribarrismo estaba detrás y que la gente del grupo Octógono había tenido que ver en ello. La causa terminó archivada porque, de alguna manera, Kueider se asesoró, le dijeron que no había “delito” y que por ende no había que seguir con la denuncia. Pero cometió un error, por lo cual no avanzó el caso: llevó a la Fiscalía un video editado. Nunca quiso dejar el video original, donde aparecía en escenas comprometidas, las que, casualmente, fueron borradas en la edición del entonces funcionario. (I:Análisis)

El gobernador Rogelio Frigerio denunció este miércoles el hallazgo de dispositivos de espionaje en dependencias oficiales del Gobierno provincial, entre ellas su propio despacho y oficinas de la Secretaría General de la Gobernación. Desde el Ejecutivo calificaron el hecho como extremadamente grave y confirmaron que ya se activaron instancias judiciales y administrativas.

Según se informó oficialmente, la detección de los equipos se produjo luego de alertas internas vinculadas a la difusión casi inmediata de conversaciones privadas de funcionarios. Ante esa situación, se realizó una revisión técnica en las oficinas, con intervención de personal especializado de la Policía de Entre Ríos, que constató la presencia y el funcionamiento activo de los dispositivos.

Los elementos encontrados consisten en micrófonos ambientales de pequeño tamaño, diseñados para captar audio de manera continua, y cámaras miniatura ocultas, del tipo conocido como pinhole, capaces de grabar video desde orificios mínimos. Algunos de estos equipos estaban conectados a sistemas de alimentación fija, lo que indica que no se trataba de dispositivos improvisados, sino de una instalación planificada y sostenida en el tiempo.El gobernador informó que se detectaron al menos tres dispositivos en las oficinas inspeccionadas y confirmó que se realizaron las denuncias penales correspondientes, además de iniciar una investigación administrativa interna para determinar responsabilidades y posibles complicidades dentro del ámbito estatal. Los equipos fueron retirados y quedaron bajo resguardo para su peritaje judicial, con el fin de establecer cuándo fueron colocados, quiénes lo hicieron y con qué finalidad.En un comunicado, el Gobierno de Entre Ríos remarcó que este tipo de maniobras configuran delitos graves, ya que implican la violación de la privacidad, la interceptación ilegal de comunicaciones y un atentado directo contra el normal funcionamiento institucional.El episodio se conoció en un contexto político sensible, y desde el Ejecutivo se lo vinculó con prácticas de espionaje y control que, según señalaron, formaron parte de etapas anteriores de la vida política provincial. El mensaje oficial fue contundente: la gestión actual sostiene que este tipo de mecanismos no tendrán lugar y que el objetivo es avanzar en un saneamiento profundo del Estado, basado en la legalidad, la transparencia y el respeto por las garantías democráticas.

LO QUE ENCONTRARON 

Los elementos exhibidos como parte de la denuncia por espionaje en el despacho del gobernador corresponden a dispositivos de captación clandestina, utilizados habitualmente para vigilancia ilegal. De manera sintética, se trata de:Micrófonos ocultos: dispositivos de pequeño tamaño, diseñados para captar conversaciones ambientales sin ser detectados. Pueden funcionar conectados a una fuente de energía fija o con baterías propias, y transmitir o almacenar audio.Cámaras miniatura: cámaras espía de formato reducido (tipo pinhole), capaces de grabar video —y en algunos casos audio— desde orificios mínimos, integradas en paredes, muebles o artefactos.Sistemas de cableado y alimentación: cables finos o conexiones ocultas que permiten el funcionamiento continuo de los equipos, lo que sugiere una instalación planificada y no circunstancial.Elementos de fijación y ocultamiento: soportes, carcasas o adaptaciones que permiten disimular los dispositivos dentro de estructuras del despacho.Este tipo de equipamiento no es de uso institucional habitual, y su presencia en una oficina oficial configura un hecho grave desde el punto de vista legal e institucional, ya que implica intercepción de comunicaciones, violación de la privacidad y posible espionaje político. Por ese motivo, los elementos quedaron bajo resguardo para su peritaje técnico y judicial, a fin de determinar su origen, tiempo de instalación y posible uso.

Durante la visita, Frigerio calificó la recuperación como una decisión clave luego de más de dos décadas de ocupación irregular, deterioro y abandono. “Estamos recuperando este lugar después de más de 20 años en manos de unos vivos, en general amigos del poder de turno”, afirmó, y remarcó que el objetivo es ponerlo nuevamente en valor, al igual que otros espacios emblemáticos de Concordia.El mandatario subrayó además la importancia estratégica del camping dentro del esquema turístico provincial, en especial por su vinculación con la pesca deportiva del dorado. En ese sentido, recordó la implementación de la ley que prohíbe la comercialización de esta especie, al considerar que se trata de una actividad con “un potencial enorme para atraer más turistas” y generar desarrollo. “La recuperación de La Tortuga Alegre va a favorecer el crecimiento y la llegada de pescadores y visitantes”, sostuvo.De la recorrida participaron también el intendente de Concordia Francisco Azcué, el secretario General de la Gobernación Mauricio Colello y el presidente de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande, Eduardo Cristina. La visita se concretó una vez concluido el proceso judicial que restituyó formalmente el predio al Estado provincial.Colello expresó su expectativa de que el camping pueda ponerse en condiciones y reabrirse “lo antes posible y para todos”, destacando que la recuperación se encara bajo una lógica de trabajo conjunto con el sector privado. “Buscamos unir esfuerzos para que vuelva a ser una joya turística y deje de ser un monumento a la desidia”, señaló.En la misma línea, Azcué definió la jornada como “un día histórico para Concordia, la región y la provincia”, al remarcar que la recuperación fue posible gracias a dos años de trabajo y a una decisión política firme. “Nos dolió ver cómo durante años este lugar se fue deteriorando. Hoy tenemos la esperanza de que, con honestidad, trabajo y decisión, estas joyas que son de todos puedan volver a brillar”, afirmó.Por su parte, Eduardo Cristina sostuvo que la puesta a punto de espacios como La Tortuga Alegre representa “un motivo de alegría para los concordienses y entrerrianos”. Aclaró que la apertura al público se concretará una vez finalizadas las tareas de acondicionamiento y cuando la Justicia lo determine, priorizando la seguridad de acampantes, turistas y pescadores. Mientras tanto, la gestión del predio quedará a cargo de Codesal, con futuras licitaciones públicas para los servicios de proveeduría y cantina.El conflicto por el camping se originó a raíz de su ocupación irregular, lo que motivó que la provincia promoviera una demanda de desalojo. En diciembre de 2024, el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Concordia ordenó la restitución inmediata del predio, fallo que fue confirmado por la Cámara Civil y Comercial, dejando firme la sentencia y consolidando así la recuperación de La Tortuga Alegre para la sociedad entrerriana. 

Este viernes a las 10.30, el mandatario tomará juramento a los nuevos funcionarios, quienes participarán de la primera reunión de gabinete.Cuenca es Contador Público Nacional y Especialista en Docencia Universitaria. Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), donde también es docente; además dicta clases en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Posee una extensa trayectoria en la gestión pública y universitaria, con funciones como subdirector de Presupuesto y subsecretario de Previsión y Suministros de la Municipalidad de Paraná, y subsecretario Económico Financiero de la Uader.Por su parte, Hernán Daniel Jacob es abogado y hasta ahora se desempeñaba como jefe de Gabinete del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios. Tiene una extensa trayectoria y experiencia en gestión pública desde 1995 a 1999 como secretario de Gobierno, Obras Públicas y Acción Social. Seguidamente de 1997 a 1999 estuvo a cargo de la Secretaría de Hacienda. De 1999/2001 y  de 2001/2003, fue secretario de Gobierno y Hacienda; y de 2015 a 2023, secretario de Economía, Hacienda y Producción.Con estas designaciones, el gobernador completa la transición en áreas clave del Ejecutivo provincial para asegurar la continuidad de las políticas educativas y de infraestructura.

Este año se redujeron todos los impuestos en términos reales frente a la inflación. A saber:El Inmobiliario Rural bajó un 20% en moneda constante y el 100% del mismo se destina a mejoras de caminos rurales.Se redujo el 60% la alícuota de sello para inscripción de vehículos 0km y maquinaria. Se eliminaron más de 100 tasas, la mitad de las existentes.Se redujeron y eliminaron alícuotas de Ingresos Brutos a los polleros integrados. Se redujo la alícuota en un tercio y se reducirá a la mitad en 2026. Se eliminó el 13% de impuesto provincial a la energía eléctrica, y se puso en marcha un convenio para que los municipios reduzcan sus tasas en la factura de luz.

En cuanto al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), el gobernador hizo hincapié en que invertir en la provincia “tiene que convenir”. La iniciativa provincial ya muestra sus frutos: inversiones por 160 millones de dólares y 1.500 puestos de trabajo privados generados en un contexto difícil. “Cuando el Estado saca las trabas y tiende una mano, los entrerrianos responden con más producción, empleo y oportunidades”, había dicho el mandatario tras la adhesión al RINI de la planta industrial de la firma Sagemüller, en Seguí. Además, para simplificarle la vida a los productores, con ahorro de tiempo y dinero, el gobierno ejecuta con éxito el Documento Único de Tránsito de animales (DUT) que ya utilizaron unos 18.000 ganaderos en el traslado de ocho millones de cabezas.