�SLa cuestión vinculada a las elecciones provinciales que hace a las instituciones locales se dirimen y se resuelven dentro de cada provincia, sin intervención de las demás ni del Estado federal. Tampoco del Poder Judicial federal⬝, sostuvo Rodríguez Signes.

El Fiscal de Estado de Entre Ríos indicó que, en el apartado segundo del fallo de la Corte Suprema sobre Tucumán, que tiene 9 fojas, el texto dice: �SLa demandada es una provincia y la actora (la demandante) ha planteado ante esta Corte de manera seria una cuestión federal predominante.

����Por eso el proceso corresponde a la competencia originaria⬝ del máximo Tribunal.

�SAhí la Corte hace algo que no entiendo. No comprendo este párrafo, porque la Constitución es muy clara: las provincias se dan sus propias instituciones y, por supuesto, incluye las instituciones electorales y de administración de justicia⬝, reseñó. Sobre esta base, postuló: �SLas cuestiones de quienes pueden ser candidatos o no se dirimen dentro del ámbito de la administración de justicia provincial, sin intervención de la Corte.

����Esa es mi interpretación de la Constitución. Por eso me llaman la atención semejantes fallos, con cautelares, que nada más y nada menos, determinan la suspensión de las elecciones, hechos de una incidencia institucional extrema.

�SLa Constitución de la Nación Argentina organiza un Estado federal.

����Esto significa que coexisten el Gobierno nacional y los de las provincias.

����Estos últimos son anteriores, incluso, a la formación del Estado federal, que se constituye a partir de un acuerdo entre las provincias⬝, explicó Rodríguez Signes.

�SDe allí que el artículo 121° de la Constitución nacional establezca que las provincias conservan todo el poder no delegado al Gobierno nacional y los que se hayan reservado por acuerdos especiales⬝, los «pactos preexistentes» que menciona el preámbulo, agregó el funcionario.

�SEs decir: existen la provincias.

����Las provincias delegan facultades al Estado Federal, que se constituye a partir de esas delegaciones que, básicamente, están en el artículo 75° de la Constitución⬝, puntualizó.

Como corolario, las provincias �Sse dan sus propias Constituciones, se rigen por ellas y eligen a sus gobernadores y legisladores sin intervención del Gobierno federal⬝, subrayó. Este mandato está en el artículo 122° de la Carta Magna nacional, remarcó.

En cuanto al debate por la hidrovía, en el marco de Consejo Federal, el fiscal de Estado, valoró que �Slo muy bueno en este proceso, es que por primera vez en 25 años las provincias directamente interesadas tenemos la oportunidad de hacer nuestros planteos formalmente en un expediente administrativo, para que se consideren nuestras posiciones a la hora de contratar el dragado del río Paraná⬝.

Destacó que esa posibilidad �Sno tiene precedentes, y es una oportunidad realmente histórica⬝, porque �Snunca tuvimos la posibilidad de discutir qué pasa con la navegabilidad del río Paraná⬝.

Planteos de Entre Ríos

 Respecto de la provincia, indicó que �Snosotros planteamos nuestra posición, que es simple: conexión de los puertos entrerrianos a la red troncal de navegación, y por el otro lado, dragado, el mismo dragado, la misma profundidad que tiene Rosario, la tiene que tener Diamante⬝. En ese sentido, mencionó que Santa Fe �Splantea lo mismo por lo que coincidimos⬝. Y por el otro lado, mencionó �Sla garantía de navegabilidad por el Paraná Guazú para poder salir desde Ibicuy directo al río De la Plata y poder tener esos dos puertos Diamante e Ibicuy con el calado máximo admitido en Entre Ríos, para enganchar a Entre Ríos en el comercio exterior⬝.

Sobre la necesidad de crear un ente de control, el Fiscal de Estado, opinó que �Sel tipo de control aduanero tributario,  tiene que ser compartido con el Estado Nacional, Aduana, Afip, Dirección General de Impuesto⬝, y que las provincias integren un órgano de control de la ejecución del contrato, �Sno  solamente de lo que se comercializa, sino de la materia que se draga. Es decir, donde se dispone cuánto se draga realmente y, que entonces, la remuneración del contratista sea una remuneración justa⬝. �SNuestro planteo es que Entre Ríos se convierta en una plataforma logística regional. 

No solamente entrerriana, sino regional de la Mesopotamia, del  Noreste Argentino, de  Brasil, Paraguay y de Bolivia⬝, valoró  y señaló: �SEstamos frente a eso, es un planteo inicial y que después se tiene que complementar o continuar con infraestructura portuaria y ferroviaria⬝. En ese sentido se refirió a la línea Urquiza, �Solvidada, porque acá hablan del Belgrano carga como si el país terminara en Rosario o Buenos Aires y nosotros tenemos la línea Urquiza que recorre  toda la Mesopotamia Argentina. Y por supuesto los accesos viales⬝, aclaró.

Entonces, �Sun sistema logístico inteligente que permita en un plazo a  Entre Ríos capturar cargas, barcos, en el sentido de que utilicen  la plataforma de  Entre Ríos hasta para hacer la carga y descarga⬝, valoró que significa, �Suna palanca de desarrollo enorme, una gran oportunidad para la provincia de Entre Ríos. Además, de otras obras que están planteadas por el gobierno y que lo está llevando adelante, por ejemplo el cierre Norte, y todo lo que es infraestructura de gas⬝.

Gran oportunidad

Por otra parte, Rodríguez Signes explicó que todas las facultades en materia de navegación, �Sfueron delegadas en el gobierno nacional, que a través de la Prefectura, Aduana, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, fue absorbiendo todo lo  que es la política de navegación portuaria⬝.  

Así, en los años ´90 �Sse transfirieron los puertos situados en Entre Ríos, porque eran puertos nacionales, a las provincias y se licitó este contrato vigente que la provincia de Entre Ríos no tuvo ni arte ni parte, y que beneficia claramente a las empresas ubicadas alrededor del complejo portuario oleaginoso, industrial y financiero de Rosario⬝, y al respecto mencionó que ese puerto, �Smonopoliza prácticamente el comercio de granos⬝.

Detalló que allí se transportan alrededor de 5.000 barcos por año, y de 3.500 camiones por día, �Sentonces todo este sistema objetivamente beneficia a las terminales que están allí, indefectiblemente privadas, ahí no hay participación pública en este complejo. Y sucede ahí, no solo porque Rosario es una ciudad importante, sino porque el contrato vigente establece 34 pies de dragado hasta ahí, y de ahí para arriba están Diamante y el puerto santafesino, ambos públicos⬝. Aclaró que dio toda esa información para poder afirmar que �Sesta es la gran oportunidad que tenemos, con la creación del Consejo Federal de la Hidrovía, para que cada provincia haga su planteo⬝. En ese marco, advirtió: �SEstemos atentos, no hay que distraerse, hay muchos intereses legítimos, algunos contrapuestos a lo público⬝.

Energía

Asimismo, el fiscal de Estado destacó el avance de la provincia en materia de energía: �SEntre Ríos es una provincia muy interesante porque  tiene una estructura de distribución de energía  eléctrica⬝ y un sistema de gas �Scomo muy pocas provincias tienen. No hay tantas provincias que tienen un gasoducto que llega casi a todas las localidades⬝, valoró.

Rodríguez Signes reconoció que �Sse han hecho cosas⬝, y agregó: �SEl Estado nacional ha hecho mucho en esa materia, falta coordinar lo que ha hecho el Estado nacional con la provincia⬝. El fiscal destacó que �Stodos los planteos que hemos realizado, formalmente y el subsecretario de Puertos y Vías Navegables. Leonardo Cabrera, que es un funcionario entrerriano, y esa es una señal muy fuerte de voluntad política⬝. Recordó que Cabrera fue  presidente del Ente Portuario Concepción del Uruguay y del Ente Portuario Ibicuy, del Instituto Portuario Provincial y está al frente de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, que encabeza este proceso contractual de hidrovía. �SAsí que para nosotros que más podemos pedir, que un funcionario entrerriano sea el encargado del proyecto⬝, apuntó.

El funcionario adelantó que entiende necesaria una concesión temporaria hasta generar el definitivo llamado a licitación para la explotación de la hidrovía �Ses necesario, porque el contrato venció el 30 de abril y el gobierno nacional le dio un plazo de 90 días más a este contrato para poder licitar.

De ese plazo ya transcurrió  dos tercios y los pliegos todavía no están terminados. Por lo tanto se van a cumplir los 90 días y los pliegos no van a estar hecho todavía⬝. Y explicó que �Sel gobierno eligió un camino muy participativo, acá hay sindicatos, universidades, provincias, empresas, cámaras, organizaciones ambientales  participando en el Consejo Federal de Hidrovía⬝.

Apuntó que le parece �Smuy bien que todos se involucren, en más creo que en el Congreso hay una sesión para crear una comisión bicameral de seguimiento, está muy bien eso⬝.

Por último, agregó que �Srespecto al gobierno anterior, ellos habían comenzado con el proceso, lo que pasa es que no lo habían encarado como este gobierno.

Ellos encargaron un trabajo de consultoría a una empresa privada que básicamente tomó el contrato actual y le hizo algunas correcciones pero el esquema era el mismo que el actual vigente, es decir que el dragado era hasta el puerto de San Martín y para Entre Ríos es ampliamente negativo, nosotros pretendemos que salgamos de ese embudo que es Rosario⬝.

Rodríguez Signes explicó que la decisión del magistrado es una resolución que hace lugar a un pedido de cautelar presentada por los gremios ATE, AGMER, AMET y UDA que alcanza a los pasivos de la Administración Pública provincial y docentes.

�SNo es una sentencia, porque para que lo sea hay que correrle traslado a la otra parte⬝ o sea al Estado, pero en este caso �Slo primero que hizo el juez es no correr traslado. Es decir que el Gobierno está (en la causa) sin ser escuchado.

 A esta primera cuestión la calificaría de irregular⬝, afirmó el Fiscal de Estado en declaraciones al programa �SAire de Todos⬝ (FM Costa Paraná).

�SEn una acción de inconstitucionalidad lo que hay que hacer es escuchar a la otra parte, que encima es el Estado. No se puede omitir semejante requisito elemental⬝, evaluó.

Además, contó como anécdota que se enteró de la existencia de esta demanda de manera casual, un día que estaba en la Cámara de Senadores atendiendo otro tema. Allí se anotició de la existencia de un oficio judicial librado a la Cámara pidiendo la versión taquigráfica de la sesión donde se aprobó la norma. �SEsto es irregular⬝, remarcó.

En torno a esto, recordó que las medidas cautelares se toman �Sinaudita parte⬝ (sin escuchar o pedir las razones de la otra parte implicada en el proceso) cuando esto pueda frustrar la aplicación del derecho, algo en que el Estado no puede incurrir.

�SPero lo más importante es que por el mismo caso de jubilados docentes y esta misma ley ya se expidió el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Es el caso �SRombolá⬝, que tuvo sentencia de primera instancia y del STJ hace poco tiempo.

De manera que yo veo que existe un precedente directo. Llama la atención de que a pocos días de esa sentencia, un juez de Primera Instancia ni siquiera considere (en su decisión) lo que ha dicho el Superior Tribunal, que establece el criterio rector en materia de control de constitucionalidad⬝, apuntó.

Dado lo ajustado de los plazos para que la apelación que presentará el Estado sea considerada, Rodríguez Signes evaluó que la liquidación de los haberes de septiembre que se pagarán en octubre se podría hacer sin los descuentos que fijó la ley de emergencia.