Sin embargo, ante la importancia del equilibrio fiscal, surge una pregunta crucial: en el actual contexto de recesión que Milei heredó al asumir la presidencia, ¿se justifica el grado de ajuste necesario para lograr dicho equilibrio a corto plazo?

Además, ¿es válido ajustar el gasto público sin considerar el impacto que esto tendrá en los servicios esenciales? ¿Es suficiente con cerrar los números sin entender las consecuencias de los recortes?

El déficit fiscal se suele justificar en períodos de recesión, mientras que se recomienda un superávit durante épocas de crecimiento, canalizando los excedentes hacia un fondo anticíclico. Un claro ejemplo de esta estrategia es Chile, que ha implementado un fondo anticíclico para manejar las fluctuaciones en el precio del cobre, su principal commodity, similar a cómo Argentina depende de la soja. Gracias a este fondo, Chile ha podido evitar ajustes severos en momentos difíciles.

Es fundamental aprovechar los períodos de crecimiento económico para acumular ahorros que mitiguen el impacto de ajustes presupuestarios durante las recesiones. Sin embargo, el gobierno de Milei ha heredado un país en recesión y sin un fondo anticíclico, lo que complica aún más la situación.

Actualmente, se está llevando a cabo un ajuste en medio de una recesión económica, una práctica que contradice las recomendaciones de la teoría económica. La lógica sugiere que se debe ahorrar en épocas de bonanza y utilizar los recursos del fondo anticíclico en tiempos de crisis, evitando así medidas que profundicen la recesión.

Los fondos anticíclicos son esenciales para mantener un gasto público estable durante períodos de debilidad económica y prevenir ajustes que podrían llevar a un ciclo recesivo aún más profundo. No obstante, es crucial señalar que Argentina no puede permitirse déficits fiscales recurrentes. De los últimos 120 años, 112 han cerrado con déficit, lo que resulta insostenible para cualquier país que aspire a crecer y desarrollarse en condiciones normales.Por lo tanto, el equilibrio fiscal es esencial para demostrar al mundo que Argentina está cambiando de rumbo. Sin embargo, un ajuste fiscal no debe ser realizado por el simple hecho de ajustar. Este proceso debe ser estratégico, centrado en la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo, evitando medidas que perpetúen el ciclo de recesión.

Por ejemplo, si se decide reducir a nivel local el gasto en combustible en un 50%, es vital analizar si este ajuste responde a un gasto descontrolado o si implica comprometer la frecuencia de servicios esenciales como la reparación de calles. En este caso, no estaríamos eliminando gastos improductivos; estaríamos perjudicando la calidad de los servicios públicos por los cuales la ciudadanía paga impuestos.

Otro ejemplo son los aumentos salariales. Si el ejecutivo otorga incrementos por debajo de la inflación, se estaría financiando a través de la licuación salarial, lo cual resulta injusto para los trabajadores que sufren las consecuencias directas de esta decisión.La misma controversia es la paralización total de la obra pública. Cuando discutimos la calidad del gasto público, los gastos de inversión son, sin duda, los más eficientes, especialmente considerando los enormes problemas de infraestructura que enfrenta nuestro país. ¿Cuánto tiempo podrá soportar Argentina la falta de inversión sin agravar, día a día, su infraestructura y por ende su competitividad?

Por lo tanto, ajustar gastos necesarios para la adecuada prestación de servicios públicos es una decisión errónea. En el ámbito de la administración financiera, debemos tener un cuidado extremo al abordar el tema del ajuste: no todo ajuste es eficiente. Es fundamental que el ajuste se centre exclusivamente en la eliminación de gastos operativos innecesarios y superfluos.He escuchado a varios gobernadores presumir ajustes significativos, incluso superiores a los nacionales; sin embargo, al analizar la reducción del gasto casi en un 90 % de estos,  se han traducido en la licuación de salarios y en el freno a la obra pública. Esto es grave, no solo porque estamos eliminando gastos que son productivos, sino porque estos recortes a largo plazo, tienden a volver a aparecer.En conclusión, considero que el equilibrio fiscal es sumamente importante y que su consolidación también lo es, pero este equilibrio debe lograrse a través de la eliminación de gastos innecesarios.

Deberíamos enfocarnos por ejemplo en erradicar la corrupción, para lo cual es fundamental reformar los sistemas de control, tanto internos como externos. En este sentido el gobierno nacional ha hecho avances, pero son insuficientes.Además, otra vía para alcanzar el equilibrio fiscal consiste en no centrarse únicamente en el gasto, sino en aumentar la recaudación, no mediante el incremento de impuestos, sino a través de una administración y fiscalización más eficientes de los tributos. Esto, es complicado de lograr en un contexto de recesión económica. Por eso, el gobierno nacional debería priorizar la recuperación económica y fortalecer sus recursos.Si como política fiscal nos enfocamos únicamente en reducir el gasto público, corremos el riesgo de profundizar la recesión. Esto, a su vez, disminuye la recaudación y obliga a implementar mayores ajustes, creando un círculo vicioso del que es difícil escapar y que impide la recuperación del crecimiento económico.

En resumen, nadie debería oponerse a la eliminación de gastos improductivos y a la necesidad de mantener un equilibrio fiscal. Sin embargo, no se trata simplemente de reducir el gasto por el hecho de hacerlo. Debemos ser eficientes en esta eliminación y en la gestión de la administración de los tributos, además de implementar políticas económicas que nos permitan salir rápidamente de la recesión y evitar que la situación se agrave aún más.

La clave está en lograr un equilibrio que promueva un crecimiento sostenible, donde cada decisión contribuya al bienestar de la ciudadanía y a la salud financiera del país. Solo así podremos mirar al futuro con esperanza y confianza.

Esta evaluación, que se realiza con el fin de contribuir a la transparencia y difusión de las cuentas públicas de las administraciones provinciales, se realiza semestralmente, a fines de los meses de marzo y septiembre de cada año, con un monitoreo de la información fiscal y presupuestaria publicada por todas las provincias que hayan adherido a la Ley Nº 25.917 (de Responsabilidad Fiscal -LRF-).

En ese marco, el ministro de Economía, Hugo Ballay, valoró “la decisión política del gobernador Gustavo Bordet de ordenar las cuentas públicas y otorgar previsibilidad a la gestión de la provincia. El orden y la transparencia es la base que permite implementar políticas en beneficio de los entrerrianos”, añadió el titular de la cartera económica.

Ballay resaltó que “contar con una administración ordenada, previsible y equilibrada es la única forma de desarrollar políticas a largo plazo y planes de gobierno, como el que puso en marcha nuestro gobernador para dotar a Entre Ríos de las bases sólidas para que se desarrollen, se transforme, genere empleo de calidad y más derechos.

“Este trabajo que venimos haciendo desde el comienzo de la gestión se apoya también en una mayor eficiencia del gasto público, en la inversión en servicios fundamentales, el apoyo a los sectores productivos, que son los que crean fuentes de trabajo, y en la distribución de recursos para disminuir las desigualdades”, continuó.

Para finalizar, Ballay puso de relieve que “ni los acuerdos paritarios por encima de la inflación con los gremios del sector público; ni la construcción de escuelas, centros de salud, jardines y caminos; ni las políticas tendientes a garantizar derechos sociales o la seguridad podrían avanzar como lo logramos todos estos años, si no hubiéramos ordenado el Estado. Trabajo que organismos como la ASAP nos vuelven a reconocer hoy. Este es el único camino para que Entre Ríos se transforme y pueda ir por más”.

En este sentido, el director de la Oficina Provincial de Presupuesto, Hugo Zubillaga, destacó que “todo reconocimiento es muy importante, indica que se están haciendo bien las cosas y, además, como quien hace esto es una institución reconocida y prestigiosa, es un informe considerado por muchos usuarios como inversores, bancos, proveedores, ciudadanos en general y sin dudas posiciona muy bien a la provincia ante ellos”.

El funcionario puntualizó que el informe expresa que “de acuerdo a la información relevada al 31 de marzo de 2023, las provincias incluidas en el Grupo I, calificadas como De cumplimiento estricto, fueron Córdoba y Entre Ríos, ambas con un índice de 100 puntos”.

En detalles

Zubillaga, precisó que se trata de “un informe, un análisis semestral que hace la ASAP, Asociación Argentina de Presupuestos y Administración Financiera Pública, que hace un relevamiento de información tanto a marzo como a septiembre de cada año de todas las provincias que están incluidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal”.

Recordó que esta ley se sancionó en 2004 y “tuvo como un objetivo principal coordinar y ordenar toda la información fiscal de Nación y de las provincias, la homogeneización de esta información para que justamente se puedan medir determinados parámetros”. Apuntó que la ley de responsabilidad fiscal establece reglas que deben cumplir todas las jurisdicciones participantes, que “tienen que ver con temas de variación de gasto, de la deuda y algunas otras cuestiones más, pero introduce fundamentalmente el tema de análisis cualitativos y, dentro de estos, una de las premisas principales es la publicación de determinada información”.

En ese marco, “la ASAP hace ya unos años viene realizando este informe y Entre Ríos siempre ha estado en una de las primeras y ya hará cuatro o cinco mediciones o informes donde ha estado primera siempre con el 100; o sea, cumple con todos los puntos que debe informar, que no solamente se refiere a un determinado tipo de información, sino también en un determinado tiempo; no son solamente importantes los datos que se publican, sino también cuándo”.

Detalló que el informe se basa “en los presupuestos, tanto al proyecto de presupuesto como a la ley de presupuesto aprobada, lo que tiene que ver con la cuenta general del ejercicio que elabora Contaduría General; temas que tienen que ver con el stock de deuda, gastos por finalidad y funciones, cuál es la planta de personal ocupada. Y esto, por ejemplo, lo hace la Dirección de Análisis Fiscal del Ministerio de Economía.

Es decir, es un grupo de organismos, no solamente la Oficina Provincial de Presupuestos, sino también otros del Ministerio de Economía o relacionados con el mismo que suben información a sus páginas web, y esto es lo que justamente releva la ASAP para determinar este índice”.

El director resaltó que “es una satisfacción muy grande poder estar siempre en los primeros lugares y sobre todo con el máximo puntaje.

También hay otro informe que, por ejemplo, realiza el Cipec, otro organismo privado similar en cuanto a que se refiere al sector público, en esos informes en los últimos hemos obtenido un 10 de calificación”.

Decisión política

En ese marco, Zubillaga destacó “el acompañamiento de los decisores políticos de publicar la información” y también “el trabajo que hay detrás de todos estos organismos técnicos y otros más del Ministerio de Economía”, al tiempo que resaltó el “compromiso tanto de profesionales y de empleados para que se pueda ir mejorando los procesos y los sistemas; entre ellos cómo se capta y de qué manera se puede obtener esta información de la forma más rápida posible”.

Zubillaga, mencionó que en ese sentido “se han ido mejorando un montón de cosas que nos han llevado a esta situación y todos los días estamos pensando en cómo se puede mejorar”, afirmó y señaló que últimamente “se trabajó también en el presupuesto ciudadano, que trata de simplificar un poco la información presupuestaria para el ciudadano común que no tiene formación en Ciencias Económicas, en el presupuesto con perspectiva de género y se está tratando de mejorar la medición física del presupuesto, es decir mostrar de mejor forma la producción pública”.

“Hay un montón de cosas que se están haciendo y que se va mejorando día a día”, indicó el director de la Oficina Provincial de Presupuesto y agregó: “Es difícil llegar a obtener un 100, un 10, pero mucho más difícil aún es sostenerlo y tratar de seguir mejorando, y ese es el desafío que nos proponemos todos”, sostuvo finalmente.