Desde la Casa Rosada señalaron que el recambio fue impulsado por el nuevo secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, quien propuso una reestructuración completa de equipos y conducción. En ese marco, asumieron Sebastián Giorgetti al frente de Trenes Argentinos Operaciones y Fabián González en Trenes Argentinos Infraestructura, en áreas clave del sistema ferroviario, especialmente sensibles por los planes de concesión y privatización previstos en la Ley Bases.

Los movimientos no se limitaron a Transporte. En paralelo, también presentó su renuncia el titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, quien será reemplazado por Ernesto Gaspari. Desde el Ejecutivo buscaron bajar el tono a la seguidilla de salidas y descartaron una crisis interna, asegurando que se trata de decisiones puntuales orientadas a ajustar la gestión y acelerar cambios considerados estratégicos por el presidente Javier Milei.

En menos de 24 horas, el Gobierno acumuló varias renuncias de alto nivel, en un contexto de reconfiguración interna que impacta en áreas sensibles del Estado y deja en evidencia una etapa de fuerte reordenamiento político y administrativo.

Desde el Gobierno indicaron que las funciones de las secretarías pasarán a ser absorbidas por la Secretaría de Coordinación de Producción, a cargo de Pablo Lavigne. En este marco, los equipos de las Secretarías continuarán trabajando y los programas seguirán vigentes”, precisó el Gobierno en un comunicado oficial.

La salida fue confirmada por el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo.

“Enorme agradecimiento a estos dos gigantes profesionales y personas. Los vamos a extrañar”, escribió en su cuenta de X.

Marzorati y Ayerra trabajarán hasta mediados de mes. De acuerdo con el comunicado, “ambos decidieron dejar sus funciones motivados por temas personales y nuevos desafíos profesionales.Se trata de tres salidas de funcionarios de este sector en pocas semanas, ya que a fines del mes pasado Santiago Migone dejó su cargo de subsecretario de Gestión de Producción para mudarse al sector privado.

En el caso de la Secretaría Pyme, la salida se da en el marco de la pérdida de gran parte de sus programas y fondos, en el marco del plan de ajuste aplicado por el gobierno de Javier Milei.

La secretaría que manejaba Ayerra cuenta con tres subsecretarías: la de Pymes, a cargo de Christian Bauab; la de Emprendedores, que dirige Pablo Gutierrez Oyhanarte; y la de Economía del Conocimiento, cuyo titular es Santiago Pordelanne. En el caso de la Secretaría de Industria y Comercio, tiene cuatro subsecretarías: la de Política Industrial; la de Gestión Productiva; la de Comercio Exterior y la de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. 

A falta de menos de una semana para la asunción del presidente electo, Javier Milei, el Gobierno adelanta pasos en la transición y acepta anticipadamente las renuncias de varios funcionarios de primera y segunda línea.

A través de seis decretos, publicados este lunes en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández dio curso a la dimisión de 36 integrantes del Banco Nación, PAMI, la Secretaría Legal y Técnica y de los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación; Defensa; y Desarrollo Social.

Todas las renuncias se harán efectivas el próximo 10 de diciembre, fecha en que el líder libertario asumirá al frente de la Casa Rosada.

Entre los nombres que figuran hay varios de peso en el saliente oficialismo, como la referente de La Cámpora Luana Volnovich; y el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.

Los funcionarios de la Secretaría Legal y Técnica que ya vieron aceptadas sus dimisiones fueron la subsecretaria de Asuntos Legales, Jessica Kopyto; la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Florencia Feldman; y el subsecretario Técnico, Emiliano Alberto Suaya.

Más renuncias

Por su parte, el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico; la secretaria de Inclusión Social, Laura Alonso; el titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Articulación Social del Área Metropolitana Buenos Aires", Sergio Barrionuevo; el secretario de Gestión Administrativa, Javier Caruso; la secretaria de Abordaje Integral, Lorena Ferraro Medina; el titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Javier García; el secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner; el secretario Ejecutivo del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, Daniel Menéndez; la secretaria de Integración Socio-Urbana, Fernanda Miño; el secretario de Articulación de Política Social, Leonardo Moyano; y el titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Norte Grande para la Equidad Social", Francisco Navarro, hicieron lo propio en el Ministerio de Desarrollo Social.

En tanto, en Defensa se avanzó con las salidas de los secretarios de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi; de Asuntos Internacionales, Francisco Cafiero; de Investigación, Política Industrial y Producción, Sandra Castro; de Coordinación Militar en Emergencias, Carlos Ospital; y el titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Héctor Mazzei.

Batakis, Caserio, Volnovich

Los secretarios de Planeamiento y Políticas, Diego Fabián Hurtado de Mendoza; de Articulación Científico-Tecnológica, Juan Pablo Paz; la presidenta del CONICET, Ana María Franchi; y la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Mariana Alanis, renunciaron en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En el Banco Nación se aceptó la dimisión de su presidenta, Silvina Batakis; su vicepresidente, Carlos Caserio; y los directores, Martín Pollera, Martín Ferré, Martín Di Bella, Julia Strada Rodríguez, José Miguel Ballesteros, Francisco Mercado, Cecilia Fernández Bugna y Raúl Garré. Finalmente, en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) enviaron sus renuncias y fueron aceptadas por el presidente Alberto Fernández la directora ejecutiva, Luana Volnovich; el subdirector, Martín Rodríguez; y el síndico general, Nazareno Castro Bergamín.

"Agradécense a las funcionarias y al funcionario renunciantes los valiosos servicios prestados en el desempeño de sus cargos", concluyen los decretos de la aceptación de las renuncias.

El presidente Alberto Fernández aceptó las renuncias de los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. La movida de piezas se da un par de días después de la salida de Elizabeth Gómez Alcorta al frente del Ministerio de Mujeres y Género.

Este domingo, el Presidente recibió y aceptó las renuncias de Moroni y Zabaleta, en medio de los cambios de Gabinete en el Gobierno.

Ahora, el presidente Alberto Fernández se encuentra definiendo quiénes serán los reemplazantes para las carteras de Trabajo y Desarrollo Social. Mientras tanto, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti prepara los anuncios y la estrategia para dar a conocer los cambios de piezas en el Gabinete.

Si no hay sorpresas ni sobresaltos políticos, el anuncio de los nuevos ministros podría hacerse este lunes y la jura un día más tarde.

Desarrollo Social: quién será el reemplazo de Zabaleta

Respecto al sucesor de Zabaleta, hay tres nombres firmes en danza para el puesto.

Por un lado, aparece el secretario de Economía del Conocimiento e intendente de Escobar con uso de licencia, Ariel Sujarchuk; luego, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; y por último el secretario para la Equidad Social del Ministerio de Desarrollo, Gabriel Yedlin.

Respecto a Sujarchuk, es un alfil que mantiene una excelente relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y parte del círculo interno del kirchnerismo. Por otra parte, Tolosa Paz, quien fue la diputada cabeza de lista en la Provincia en las elecciones legislativas 2021, es blanco de cuestionamientos por por La Cámpora. Por último, Yedlin está vinculado a Juan Mazur, el jefe de Gabinete, y también se mete en la discusión.

Nombres para reemplazar a Moroni en Trabajo

El bolillero de nombres en danza para el puesto de Ministro de Trabajo, clave en el Gobierno, sigue girando con más incertidumbre que certezas. En las últimas horas, aparecieron nombres de todo tipo para reemplazar al saliente Claudio Moroni, quien estaba en el cargo desde 2019, en el inicio de la gestión de Alberto Fernández.

Uno de los nombres que apareció fue el de un viejo conocido del Presidente. Se trata de Carlos Tomada, actual embajador en México, quien fuera una pieza clave de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y las dos gestiones de Cristina Kirchner (2007-2011 y 2011-2015), al frente de la cartera de Trabajo.

Se suman otros nombres, como los de Marcelo Bellotti (secretario de Trabajo) y Domingo Peppo, embajador en Paraguay y exgobernador de la provincia de Chaco.

Tomando en cuenta estos nombres y los antecedentes, Tomada sería del agrado de la Vicepresidenta, al igual que Bellotti, quien se lo conoce como de origen kirchnerista, mientras que Peppo tendría el respaldo de la Liga de Gobernadores, como un nombre de peso que tiene la banca de los caudillos del interior.

Todos ellos presentaron la renuncia entre el martes 18 y el jueves 20. Ellos son: Miguel Omar Pérez (vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III); Marcelo Gonzalo Díaz Cabral (Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de San Martín); Beatriz Bistué De Soler, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 de la Capital Federal; Silvia Nora Ramond, jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°37 de la Capital Federal; Miguel Angel Caminos, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°3 de la Capital Federal; Fernando Adolfo Larrain, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°2 de la Capital Federal; María Cristina Bértola, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16; Juan Carlos Dupuis, vocal de la Cámara Nacional en lo Civil Sala E; Carlos Alberto González, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal Vocalía N° 20; y Jorge Adolfo López, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°30 de la Capital Federal.

La Asociación de Magistrados y la de Fiscales habían criticado el proyecto del Gobierno para reformar el régimen especial de jubilaciones del Poder Judicial y advirtieron que la iniciativa viola fallos ya dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la intangilidad de la remuneración de los jueces. De hecho, también habría renunciado un número similar de fiscales. Hasta el momento, sólo trascendieron los nombres de Alejandro Moldes, de Nequén, Mario Sabas Herrera, de General Roca; Raúl Pleé, fiscal general de Casación y el fiscal de Instrucción Marcelo Retes.

�SCon sorpresa advertimos que el proyecto del Poder Ejecutivo se aparta de principios de raíz constitucional que fueran reconocidos por la Corte Suprema Justicia de la Nación⬝, sostuvieron en un comunicado.

Los integrantes de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial también rechazaron el proyecto legislativo que, según entienden, �Satenta contra la independencia judicial y otras garantías constitucionales⬝.

Para la Federación el proyecto ha sido elaborado �Ssin considerar la realidad de los poderes judiciales provinciales y sin la participación de esta institución, única legitimada para representar los intereses de los más de 15.700 funcionarias/os y magistradas/os que la componen⬝ y �Sagrava la ya acuciante situación de asimetría salarial entre las/os magistradas/os y funcionarias/os de los poderes judiciales provinciales y de CABA, que atienden el 85 % de las causas judiciales del país⬝.

Señalaron que esos sueldos y jubilaciones �Sno son de privilegio⬝ y �Sno se parecen en nada a lo que se expone a la opinión pública como los ingresos de �Sla justicia⬝. En esa línea, consideraron que la iniciativa tiene una �Smirada sesgada que desconoce que las magistradas y funcionarias, como el resto de las mujeres, se han visto sometidas a innumerables restricciones en sus carreras profesionales⬝. �SEste proyecto pretende eliminar la única compensación estructural a esa discriminación al subir la edad jubilatoria de este colectivo a los 65 años⬝, indicaron.

�SQuienes trabajamos todos los días en los tribunales provinciales somos conscientes de la realidad económica del país. La vocación por la función pública se asienta sobre el compromiso de mejorar la vida y el bienestar de las sociedades en las que vivimos, por esa razón estamos siempre dispuestas/os a participar en todas las discusiones orientadas a esos objetivos⬝, expresaron quienes integran la Federación.

La Cámara de Diputados intentará apurar el proyecto que fue enviado por el Poder Ejecutivo. Estos regímenes especiales atañen a ocho mil personas con haberes promedio de entre 235.000 y 335.000 pesos por mes. Corresponde, según fuentes oficiales, el 3% del total de los jubilados y un gasto de 25 mil millones de pesos por año.

�SEste proyecto no mejora las condiciones de vida de nuestros conciudadanas/os ni resuelve los problemas que denuncia. Hacemos un llamado público a los tres poderes del Estado a trabajar en la construcción de respuestas adecuadas y basadas en las realidades de todo el país que contribuyan a una salida rápida y definitiva de la grave situación económica que nos afecta a las/os argentinas/os⬝, expresaron desde la Federación.

La semana pasada Ricardo Recondo, recientemente nombrado vicepresidente del Consejo de la Magistratura, cuestionó la iniciativa. �SEs inconstitucional. La Corte lo ha declarado muchas veces ya. No se trata tampoco de una ley de privilegios. Aporto hace cincuenta años a la caja de jubilaciones un equivalente de 90.000 pesos. Si me cambian el sistema, yo podría pedir el reintegro de todo eso, más los intereses⬝, advirtió.

�SLa garantía de intangibilidad de los sueldos de los judiciales se extiende al pedido jubilatorio. Pasa en todo el mundo. El juez no puede hacer nada, tiene un nivel de incompatibilidad que no lo tiene ningún otro funcionario del Estado. No estoy llorando miserias. Los jueces tienen, en este momento, una buena retribución⬝, explicó Recondo.

Para el caso del Poder Judicial la iniciativa propone el aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los sesenta y cinco (65) años -hoy es de 60 años-: incrementarán del 12 al 19 por ciento el aporte; limitar el ámbito de aplicación personal (por ejemplo, quedarán excluidos los prosecretarios administrativos, medida que podría generar tensión con los sindicatos judiciales), incrementar los años de servicio con aportes requeridos en los cargos que dan derecho al beneficio jubilatorio; y que la jubilación de los magistrados será equivalente al 82% del promedio de las últimas ciento veinte remuneraciones actualizadas, es decir de los últimos diez años. Hoy los jueces se jubilan con el 82 por ciento móvil.