El presidente Javier Milei decidió avanzar con una reforma electoral de fondo y anunció que enviará al Congreso un proyecto que propone eliminar las PASO, modificar el financiamiento de las campañas e incorporar la denominada Ficha Limpia.Aunque se trata de temas que vienen discutiéndose desde hace años en la política argentina —y que han atravesado distintos gobiernos sin concretarse—, la diferencia ahora es el contexto: el propio Milei ya definió su intención de buscar la reelección y, en ese marco, resolvió avanzar sin medias tintas. En la Casa Rosada lo resumen con una frase que empieza a repetirse: el Presidente decidió “ir por todo lo político”.El anuncio fue realizado a través de redes sociales, con un tono que refleja el momento que atraviesa la gestión: confrontativo y directo. Sin embargo, detrás de esa decisión también aparece otro dato que empieza a pesar en el tablero: el desgaste.En los últimos tres meses, la imagen presidencial viene mostrando una tendencia descendente y hoy se ubicaría en torno al 55% de valoración negativa, en un clima social donde empiezan a percibirse señales de agotamiento en amplios sectores de la población.

Reforma con objetivo político claroEl proyecto que prepara el Ejecutivo no es menor. Propone eliminar o suspender las elecciones primarias, redefinir el esquema de financiamiento político y avanzar con Ficha Limpia como eje central para condicionar candidaturas.En el oficialismo reconocen que la iniciativa tiene un fuerte componente estratégico. Por un lado, buscan ordenar el sistema electoral de cara a los próximos años; por otro, intentan reconfigurar el escenario político en un momento donde la disputa de poder empieza a proyectarse hacia 2027.La inclusión de Ficha Limpia no es casual. La iniciativa, que ya había fracasado en 2024, vuelve ahora como herramienta para atraer sectores opositores y forzar el debate parlamentario.En aquel intento anterior, el proyecto se frenó en el Senado tras una votación adversa que dejó expuesta la fragilidad política del oficialismo. Esta vez, el Gobierno busca otra estrategia: enviar el proyecto directamente a la Cámara alta, donde cree tener mayores posibilidades de negociación.

Un Congreso difícil y una apuesta de alto riesgoEl propio Gobierno admite que no será sencillo avanzar. La reforma requiere mayorías exigentes: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado.Por eso, en la mesa política se decidió utilizar Ficha Limpia como elemento de presión y como punto de consenso posible, en un intento por evitar que el proyecto vuelva a quedar archivado.Detrás de la jugada también hay una lectura más profunda: el oficialismo necesita mostrar iniciativa política en un momento donde la economía no termina de reaccionar y el clima social empieza a tensionarse.

El trasfondo: desgaste y adelantamiento del escenario electoralLa decisión de avanzar ahora no es casual. Milei se mueve en un escenario donde el tiempo político empezó a acelerarse.Con una imagen en retroceso y una sociedad que comienza a mostrar signos de fatiga frente al ajuste, el Presidente eligió anticiparse y llevar la discusión al terreno donde se siente más cómodo: la confrontación política y las reformas estructurales.La reforma electoral, en ese sentido, no es solo un cambio de reglas. Es también una señal: el Gobierno ya juega en clave de reelección. Y en ese camino, está dispuesto a rediseñar el tablero. 

El encuentro se llevó a cabo en Crespo y contó con la participación de Héctor Motta, Luis Jacobi, Felipe Berruhet, Alfredo Calabrese, Alfredo Bel, Alcides Balla, Elvio Guía y Héctor Fratoni; junto a Matías Ruíz y Daniel Rodríguez en uso de licencia; además de Luciano Filipuzzi, rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), como invitado.

Allí valoraron la posibilidad de dialogar e intercambiar ideas y visiones respecto del devenir de la provincia y coincidieron en la necesidad de aunar esfuerzos colectivos.

El mandatario provincial se explayó sobre los principales ejes de su gobierno en materia presupuestaria ante la caída de fondos nacionales, de política energética, impositiva y de reformas en la Obra Social y previsional. También valoró el plan de obras de infraestructura con los recursos disponibles y los proyectos que llegarán con financiamiento internacional; y destacó las gestiones para incluir a Entre Ríos en la Hidrovía, entre otras líneas.

Al respecto, consideró que el principal desafío es impulsar un cambio cultural y promover una mayor dinámica de inversiones en el sector privado con generación de empleo.A su turno, los integrantes de “Entre Ríos 2050” manifestaron su apoyo a la reforma previsional que impulsa el Gobierno a través de un proyecto de ley que será tratado en la Legislatura.

En este sentido, se hizo hincapié en la necesidad de eliminar el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones dado que resulta insostenible e impacta directamente sobre la presión fiscal que soportan las empresas.

Al mismo tiempo, desde el espacio manifestaron su preocupación por las dificultades que aún persisten para agilizar gestiones en diferentes áreas gubernamentales y se manifestaron de acuerdo en la importancia de poner sobre la mesa una reforma constitucional que tenga como objetivo “modernizar y desburocratizar el Estado” bajo el propósito desterrar la “máquina de impedir” y dar celeridad a los procedimientos para viabilizar proyectos estratégicos.

En esa línea, el grupo que congrega a empresarios, comerciantes y productores puso énfasis sobre la necesidad de sostener una visión de mediano y largo plazo en Entre Ríos para revertir décadas de atraso relativo en la Región Centro.

Desde esa óptica, plantearon como fundamental aprovechar las oportunidades de las “vacas vivas”, a saber, las cadenas de valor cárnicas, el turismo y la foresto industria, como fuentes de generación de riqueza, trabajo y divisas.Del mismo modo, insistieron sobre la urgencia de mejorar la infraestructura vial a través del mantenimiento de rutas y caminos, con la posibilidad de implementar el sistema de peajes en aquellos tramos que resulte conveniente. También propusieron este mecanismo para la proyección de nuevas trazas que acorten distancias y optimicen la circulación vehicular, con condición básica elemental para el desarrollo del resto de las actividades, publicó Dos Florines.En materia de obras, también subrayaron que resulta fundamental potenciar las exportaciones a través de los puertos y el sistema ferroviariario. Asimismo, consultaron por el estado del proyecto del puente Paraná-Santa Fe, a lo cual el mandatario señaló que la iniciativa dependerá del financiamiento privado con capitales internacionales que se consiga, dada su magnitud.

Asimismo, desde “Entre Ríos 2050” se planteó su preocupación por el peso creciente de las tasas municipales sobre las empresas y las cadenas de valor, hecho que genera distorsiones en las estructuras de costos en momentos complejos. Por ello, instaron a intendentes y jefes comunales a morigerar la carga tributaria que recae sobre los sectores económicos que generan trabajo.

El presidente Javier Milei participó este miércoles de un encuentro en las oficinas de Corporación América, en Vicente López, donde ratificó que buscará aprovechar el capital político de su victoria electoral para avanzar con un nuevo paquete de reformas estructurales.El mandatario habló ante empresarios y referentes del sector privado, reafirmando su voluntad de acelerar cambios en materia laboral, fiscal y regulatoria.En su exposición, Milei insistió en que el país necesita “profundizar el proceso de transformación” para alcanzar un crecimiento sostenido, aunque volvió a advertir que la recuperación del ingreso real no será inmediata. “La mejora en el bolsillo será paulatina”, aseguró, señalando que los efectos positivos se irán viendo a medida que las medidas comiencen a consolidarse.El Presidente sostuvo que, si su programa económico se mantiene sin desvíos, la Argentina podría crecer entre un 7% y un 10% en los próximos años. En ese marco, destacó la importancia de sostener el déficit cero, continuar la desregulación y volver a los mercados de crédito internacionales, aunque reconoció que será un proceso gradual dada la debilidad financiera del Estado.

Un Gobierno decidido a avanzar incluso con resistencia legislativaMilei remarcó que su equipo intentará construir acuerdos en el Congreso para aprobar la nueva batería de reformas, pero dejó abierta la posibilidad de recurrir a decretos o decisiones administrativas si encuentra trabas en el Parlamento. La advertencia no es casual: el vínculo con la oposición dialoguista atraviesa tensiones por los últimos capítulos de la Ley Bases, y el oficialismo busca evitar un nuevo desgaste político.

Un escenario económico frágilEl discurso se dio en un contexto de inflación aún elevada, salarios por debajo de la canasta básica y un consumo retraído. Si bien el Gobierno celebra cierta estabilización en los últimos meses, la recuperación del poder adquisitivo sigue siendo uno de los principales desafíos. Frente a los empresarios, Milei reconoció que los resultados no llegarán “de un día para el otro”, pero pidió confianza: “Estamos haciendo lo necesario para que la Argentina vuelva a crecer”.

Sin embargo, varias de las medidas discutidas parecen contradecir la promesa oficial de “bajar impuestos”. Entre los puntos más sensibles figuran la eliminación del Monotributo, la reducción del mínimo no imponible para el Impuesto a las Ganancias —rebautizado como Impuesto sobre los Ingresos Personales— y un encarecimiento del régimen de autónomos. Si bien ciertos sectores podrían ver reducido su costo tributario, para una parte significativa de los contribuyentes la carga fiscal podría aumentar o volverse más exigente en términos formales.La propuesta incluye la eliminación del Monotributo, la baja del piso de Ganancias, nuevos criterios de deducciones personales, un régimen laboral de menor carga patronal para nuevas contrataciones y la creación de un Fondo de Despido que reemplazaría el esquema indemnizatorio tradicional.¿Se termina el Monotributo?Uno de los ejes más controversiales es el futuro del Monotributo. El borrador que circula en el Ministerio de Economía propone su eliminación y el traspaso de más de dos millones de contribuyentes al régimen de autónomos.La lógica oficial es llevar a todos los pequeños contribuyentes hacia un sistema donde tributen IVA y Ganancias/Ingresos Personales, compensado con mayores deducciones personales y la posibilidad de descontar gastos respaldados con factura.El objetivo declarado es “blanquear” operaciones hoy informales e incentivar una cultura de cumplimiento tributario más estricta.Para profesionales independientes, pequeños comerciantes, prestadores de servicios y trabajadores por cuenta propia, esto implicaría: 1) Más obligaciones formales (liquidación de IVA, presentación de declaraciones juradas complejas), 2) Necesidad creciente de asesoramiento contable permanente, 3) Un riesgo de aumento de la carga tributaria efectiva si las deducciones no compensan la transición al régimen general, y 4) Mayor exposición a fiscalizaciones ante inconsistencias o falta de documentación respaldatoria.Autónomos: suba de cuotas y nuevas deduccionesEl esquema para autónomos también sufriría cambios de magnitud. Las cuotas actuales —consideradas atrasadas frente a la inflación acumulada— serían actualizadas, con un incremento que podría alcanzar el 100%. A la par, se ampliaría el universo de deducciones personales siempre que los gastos estén debidamente documentados.Se plantea, además, un umbral de facturación para el IVA equivalente a una categoría media del actual Monotributo. Por debajo de ese piso podrían establecerse tratamientos diferenciados o regímenes simplificados, aunque todavía no se conocen detalles.Para profesionales, oficios calificados y cuentapropistas de todas las provincias, este rediseño supone una ecuación compleja: mayor carga fija mensual, pero mayor margen para deducir gastos. El resultado final dependerá de la estructura de costos de cada actividad, el nivel de facturación y la disciplina administrativa para respaldar cada gasto con comprobantes válidos.Ganancias: baja del piso y más contribuyentes alcanzadosOtro aspecto central es el Impuesto a las Ganancias, que pasaría a llamarse “Impuesto sobre los Ingresos Personales”. El Ministerio de Economía propone un único mínimo no imponible, equivalente a un salario bruto real inferior al actual. Esto implicará que millones de trabajadores vuelvan a quedar alcanzados por el tributo.La escala de alícuotas (del 5% al 35%) se mantendría, pero se reorganizarían las deducciones de manera amplia: 1)Gastos personales con límite: alimentación, vivienda, salud, educación, movilidad, seguros, y 2) Rubros sin tope deducible: obra social, PAMI, personal doméstico.En la práctica, trabajadores que hoy no tributan quedarían dentro del impuesto. Y si bien podrían deducir más conceptos, la clave será la formalidad: sin factura, no hay deducción. La reforma apunta, claramente, a modificar hábitos de consumo y forzar una trazabilidad fiscal mucho más estricta.

Nuevo régimen de empleo y fondo de despidoEl borrador prevé un nuevo esquema para la contratación formal, con reducción de aportes y contribuciones en nuevas relaciones laborales, especialmente cuando se trate de personas desempleadas o de ex monotributistas incorporados a la relación de dependencia.La propuesta incluye: 1) Reducción parcial de contribuciones patronales y aportes personales, 2) Beneficios adicionales para empleadores que generen puestos “genuinamente nuevos”, y 3) Implementación de un Fondo de Despido, similar al de la industria de la construcción.Con este fondo, los empleadores harían aportes mensuales proporcionales al salario de cada trabajador. Esos recursos se utilizarían para financiar la desvinculación, reemplazando la indemnización tradicional. Para el Gobierno, esto reduce la litigiosidad y mejora la previsibilidad para el sector privado.

Para pymes, comercios e industrias, una reducción marginal del costo laboral puede ser positiva en un contexto recesivo. No obstante, la transición hacia un sistema distinto de protección frente al despido abre interrogantes jurídicos, laborales y financieros que deberán evaluarse con detenimiento.Impacto en las provincias y en el costo impositivo totalEl debate excede la relación entre Nación y contribuyentes individuales: afecta de lleno a las provincias. IVA y Ganancias se coparticipan, por lo que cualquier alteración en su estructura impacta directamente en los ingresos provinciales.Si la reforma amplía la base de Ganancias y mejora la formalización, la recaudación global podría sostenerse o incluso crecer. Pero la distribución no será pareja: 1) Provincias con mayor formalidad laboral y sueldos más altos podrían recibir más fondos, y 2) Jurisdicciones con informalidad estructural, baja actividad económica y dependencia de Ingresos Brutos quedarían en una posición fiscal delicada.Además, la exigencia de una mayor facturación formal eleva el “costo impositivo consolidado”, es decir, la suma de tributos nacionales, provinciales y municipales. Sin una coordinación real para reducir impuestos en los tres niveles del Estado, el riesgo es que la presión tributaria total aumente, aun cuando el Gobierno nacional presente la reforma como un alivio.

Lo que implica para el paísMás allá de los tecnicismos tributarios y laborales, las consecuencias concretas de esta reforma son amplias:Monotributistas y cuentapropistas podrían enfrentar un sistema más complejo, con mayores costos fijos y una carga administrativa significativa.Profesionales, comerciantes y prestadores de servicios deberán reorganizar su estructura de gastos y su sistema de facturación para maximizar deducciones y evitar contingencias fiscales.Pymes y emprendedores deberán evaluar si la reducción de cargas sociales y el Fondo de Despido realmente mejoran la capacidad de contratar o si introducen nuevos riesgos financieros.Trabajadores asalariados que hoy no tributan Ganancias pasarán a hacerlo, lo que obliga a un conocimiento detallado de las deducciones disponibles.Provincias y municipios deberán recalcular sus proyecciones fiscales ante cambios en la coparticipación y posibles variaciones en la actividad formal.En un país con dificultades persistentes de formalización, pérdida de poder adquisitivo y recesión en sectores clave, cualquier rediseño del esquema impositivo y laboral tiene efectos directos sobre el consumo, la inversión, la sostenibilidad fiscal y el empleo formal.

Un debate que debe ser públicoLa participación de cámaras empresariales, colegios profesionales, sindicatos, universidades, organismos provinciales y especialistas es indispensable para evaluar el verdadero alcance de estas medidas. Monotributistas, autónomos, asalariados, empleadores y gobiernos provinciales y municipales deben seguir de cerca la evolución del debate, consultar a sus asesores y prepararse para un escenario en el que la prometida “simplificación” puede venir acompañada de nuevas obligaciones y un mapa tributario más exigente.     

ConclusiónLa Argentina necesita una reforma tributaria integral, moderna y equitativa, pero también realista respecto de sus capacidades institucionales, su estructura productiva y su nivel de informalidad.Si el objetivo es lograr un sistema más simple, más formal y más justo, el desafío será evitar que la reforma termine incrementando la presión sobre quienes ya cumplen y agravando las desigualdades entre regiones y sectores. Una buena reforma tributaria no es la que recauda más ni la que ajusta más rápido, sino la que fortalece la sostenibilidad fiscal sin destruir la capacidad productiva ni el entramado social

Frigerio señaló que el Gobierno nacional enviará los borradores para que las provincias los analicen y trabajen con sus legisladores. “Llegó el momento de hacer las reformas que Argentina postergó por 30 años”, afirmó.El mandatario remarcó la importancia de bajar la presión tributaria y coordinar un nuevo consenso fiscal entre Nación, provincias y municipios. También mencionó avances en obras clave, como las autovías 14 y 12, la tarifa de Salto Grande y el financiamiento de la Caja de Jubilaciones.

Sobre Entre Ríos, sostuvo que su gestión continuará con un enfoque reformista: “No estoy para sostener el statu quo, sino para resolver los problemas estructurales de la provincia”.

En su último informe presentado en la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial en Washington, el Fondo Monetario Internacional advirtió que Argentina necesita profundizar sus reformas y fortalecer sus reservas internacionales para recuperar el acceso a los mercados de crédito. El organismo revisó a la baja su proyección de crecimiento para 2025 del 5,5% al 4,5%, y mantuvo su estimación de inflación en 28%.Entre las recomendaciones, el FMI destacó la importancia de avanzar en cambios laborales y tributarios para mejorar la productividad, reducir la informalidad y crear un marco regulatorio más claro y estable. También subrayó que acumular reservas será clave para sostener la estabilidad financiera y recuperar la confianza de los inversores.

Reconocimiento a los avances, pero con advertenciasEl organismo valoró algunas medidas implementadas por el gobierno de Javier Milei, como la flexibilización cambiaria, la reducción de restricciones monetarias y la iniciativa “Burocracia Cero”, orientada a simplificar trámites y disminuir la carga regulatoria. Sin embargo, insistió en que estos esfuerzos deben complementarse con inversiones en infraestructura, mejoras en la gobernanza y programas de capacitación laboral.El informe también alertó que la economía continúa afectada por la incertidumbre política y los shocks financieros recientes, aunque estimó que, si se aplican las reformas recomendadas, el país podría lograr mayor apertura económica, previsibilidad y crecimiento sostenido a mediano plazo.Finalmente, el FMI reiteró que la acumulación de reservas será un paso determinante para garantizar la estabilidad del sistema financiero, a pesar de que el titular del Banco Central, Santiago Bausili, advirtió que un aumento acelerado podría generar presiones inflacionarias.

Avanzaremos con las reformas tributaria y laboral para seguir cambiando el país”, publicó en su cuenta de X, junto a un video donde insiste en que el mandato social es profundizar las transformaciones.

El mensaje busca despejar dudas sobre el rumbo económico y se alinea con lo expresado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien días atrás defendió la estabilidad de las bandas cambiarias pactadas con el FMI y descartó una devaluación.

Según explicó, las intervenciones oficiales se limitan a operaciones de liquidez financiadas con superávit fiscal, sin comprometer reservas.

Quirno reconoció que la contienda electoral genera cautela en consumo e inversión, pero lo atribuyó a un fenómeno “circunstancial”. También apuntó contra maniobras especulativas —mencionando a un banco chino— y remarcó que todas las medidas cuentan con el aval del Fondo.

Con estos gestos, la conducción económica intenta transmitir estabilidad y disciplina: un programa sólido, coordinado con el FMI y que seguirá vigente más allá de la coyuntura política. 

Con el levantamiento del cepo cambiario ya en marcha y tras el reciente desembolso del FMI, el presidente Javier Milei confirmó que su gobierno continuará profundizando el programa de ajuste y desregulación del Estado. En una entrevista radial, el mandatario aseguró que se avecina “el mayor shock regulatorio de la historia argentina” y ratificó la vigencia de la llamada “motosierra” en cada ministerio.Milei remarcó que su administración ya ha avanzado en más reformas que las implementadas “en los últimos cien años”, y explicó que cada cartera recibió la instrucción de revisar su marco legal: “Se le pidió a cada ministro que identifique qué normas efectivamente se utilizan. El resto va a la motosierra”, señaló.Según detalló, el Estado argentino está atravesado por una estructura normativa excesiva: más de 42.000 leyes, 700.000 decretos y 220.000 circulares. La idea, indicó, es depurar ese entramado para liberar al sector privado de trabas burocráticas y redundancias legales.

Reconocimiento al papa Francisco antes del viaje a RomaEn otro tramo de sus declaraciones, Milei se refirió al fallecimiento del papa Francisco y confirmó su viaje a Roma para asistir al funeral. “Es un evento de enorme relevancia. Le guste a quien le guste, el Papa ha sido el argentino más importante de la historia”, afirmó.El presidente destacó la figura del pontífice tanto desde lo espiritual como desde su influencia política y global: “Quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo personalmente, sabemos la estatura que tenía como líder”, expresó.Finalmente, señaló que su presencia en el Vaticano será en representación de todos los argentinos, en especial aquellos de fe católica: “Espero estar a la altura de un momento tan trascendente”.

En una reunión realizada en el Consejo de Ciencias Económicas, que contó con la  participación de referentes de las cámaras empresariales, colegios profesionales, universidades y más de 500 contadores de toda la provincia conectados de manera virtual; se difundieron los cambios en marcha para modernizar el sistema de empleo provincial, impulsados por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Gobierno y Trabajo.El secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, indicó que destacó que "como marca el gobernador Frigerio, estamos poniendo sentido común en la forma de administrar el Estado, para mejorar el funcionamiento y eliminar la burocracia innecesaria"."El objetivo de las reformas es modernizar el vínculo con los empleadores y simplificar la gestión laboral para hacerla más ágil, eficiente y sostenible. En ese marco, eliminamos cargas y aranceles innecesarios y estamos avanzando en la digitalización de documentación, mientras velamos por el cumplimiento de la legislación laboral, que es nuestra principal misión", señaló el funcionario. Destacó que se está trabajando en un "proyecto de ley de reforma arancelaria" y en un nuevo sistema digital de documentación laboral, "que va a facilitar y optimizar los procesos y la comunicación del gobierno con las empresas".Por su parte, el presidente de la Bolsa de Comercio de Entre Ríos, Alcides Balla, sostuvo que "las reformas hacen a la racionalización de las operatorias y a la relación entre el sector empresario y el ámbito de Gobierno, que son sectores que necesitan trabajar juntos". Indicó que esta tarea conjunta entre el gobierno, el sector privado y los sindicatos "es necesaria para mejorar la calidad del trabajo y lograr el aumento del empleo registrado, como parte del cambio y los objetivos que se han trazado".

Las reformasLa reforma incluye la eliminación de una de las tantas cargas arancelarias que los empleadores debían pagar para la presentación de documentación laboral. Al respecto, Camoirano aseveró que "estas trabas burocráticas han hecho, por ejemplo, que disminuya el número de empleadores que cumplen con sus obligaciones". En ese sentido, se está trabajando en un proyecto de reforma arancelaria integral, que apunte a un pago único anual por todas las rúbricas, acentuando los aranceles por mejores prestaciones de servicios.En cuanto al nuevo sistema digital de documentación laboral, el equipo técnico de la Secretaría dio a conocer que a través del Registro Digital de Empleadores, implementado a inicios del 2025, se logró empadronar a más de 14.000 empresas y Pymes. Esto permitió contar con información sistematizada que será gestionada mediante un nuevo sistema digital que reemplazará el proceso de presentación documental que hasta el momento era exclusivamente en papel y presencial. Se pondrá en funcionamiento de manera escalonada a partir de mayo próximo, luego de llevar a cabo las capacitaciones correspondientes para los empleadores. 

Un total de 46 proyectos fueron remitidos a la Legislatura provincial por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno y Trabajo, apuntando a modernizar y llevar a cabo las transformaciones impulsadas por el gobernador Rogelio Frigerio en materia de gestión pública, administrativa e institucional. De ellos, 29 proyectos ya fueron aprobados y se convirtieron en ley, con lo cual se habilitó para que la provincia implemente, entre otras medidas, una nueva forma de votar en la provincia a través de la ley de Reforma Política; un reordenamiento más eficiente de la estructura del Estado, a través de la Ley de Ministerios; o leyes que apuntan a la transparencia en el Estado y en las acciones de gobierno mediante la Eliminación de Gastos Reservados, la Ley de Transición de Gobierno y un nuevo Régimen de Acceso a la Información Pública.

Además, se sancionó la reciente Ley de Presupuesto 2025, que otorga previsibilidad y gobernabilidad para el próximo año.

En el mismo sentido, el gobierno destaca la aprobación de las leyes de emergencia educativa, emergencia alimentaria, así como en obras públicas e infraestructura vial que permiten hacer frente a las demandas urgentes que se encontraron en la provincia, y asumir los compromisos económicos que antes tenía a su cargo la Nación.Otras propuestas enviadas por el ejecutivo fueron claves para revertir la falta de recursos y promover la generación de empleo y el crecimiento económico, como las leyes de adhesión al RIGI (Ley Nº 27.742); de adhesión al Blanqueo Nacional (N°27.743), la reforma de la Ley de Economía del Conocimiento (Ley N°10.895) que incluyó exenciones impositivas para los inversores; y la creación del Ente Mixto de Turismo, que promueve la sinergia del sector público y privado en la actividad turística. 

También se encuentran en trámite legislativo, y ya cuentan con media sanción en la Legislatura, proyectos como el de derogación de la Ley 4.506 de Pensiones para el Gobernador y Vicegobernador -denominadas comúnmente como jubilaciones de privilegio-; el proyecto de Transparencia y Ética Pública, que incluye la Ficha Limpia para autoridades y trabajadores del Estado provincial; el de Juicios por Jurados; y las reformas de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

El secretario de Asuntos Políticos, Julián Maneiro, se reunió con las nuevas autoridades del Frente Entrerriano Federal (FEF) en el marco de los encuentros con los diferentes sectores políticos para poner en común el proyecto de Reforma Política. La reunión fue con el presidente del Frente Entrerriano Federal, Nicolás Parera Deniz; el secretario general, Juan Francisco Coniglio; las autoridades Florencia Busti y Claudio Ava Aispuru para dialogar sobre los avances de la reforma política que impulsa el gobierno.El encuentro se dio en el marco de las conversaciones con los partidos políticos, universidades y diversos sectores de la sociedad para continuar poniendo en común los puntos principales de la Reforma Política y el proyecto que el Ejecutivo enviará a la Legislatura.Según el secretario Maneiro “ya estamos muy avanzamos con el borrador del proyecto y vamos a continuar discutiendo con los diferentes partidos y sectores los puntos más importantes porque queremos que esta reforma sea consensuada y participativa. Como ya lo indicó el gobernador, el diálogo es una prioridad para este gobierno”.Cabe destacar que el gobierno ya mantuvo encuentros con los bloques de diputados y senadores de Juntos por Entre Ríos, del Frente Más para Entre Ríos (PJ); con los bloques de diputados de La Libertad Avanza (LLA), del Partido Conservador Popular y de Fe y Libertad; con autoridades del Partido Socialista, la UCR, del GEN, del Movimiento Social Entrerriano y el Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos.

Cerramos nuestro anterior artículo con la “conducta errática” de Javier Milei. En este último mes las vendettas a potenciales aliados se multiplicaron. La escalada del conflicto con los gobernadores le dio una veta aún más psico-rivadaviana al Presidente de la Nación. Siendo justo, el desquicio fue general. Los adversarios a la Rosada se refugiaron en la Historia nacional del XIX. Se enunciaron los pactos preconstitucionales, la Confederación, los federales (Quiroga, Rosas, Dorrego) y los unitarios (Lavalle, Paz). El fallo judicial federal en favor de Chubut calmó las aguas. Con el llamado al Pacto de Mayo la Rosada ganó tiempo. Entiendo que en esta interconsulta entre los psiquiatras presidenciales y los asesores en historia de sus adversarios, se pierde mucho de un necesario análisis político situado que permita desentrañar las claves de las múltiples propuestas de reforma del presente. Esto es lo que proponemos para nuestro artículo.

La ciencia política de gabinete intentaría explicar el presente con ejes rectores: izquierda-derecha, republicanismo-personalismo, progresismo-conservadorismo, federal-unitario. Sin embargo, las discusiones más prolíficas de la coyuntura son transversales. ¿En qué teoría englobar el debate de la corrupción? ¿Qué concepto refiere a la modernización de las relaciones laborales o de las federales? Considero que es conveniente volver a la idea de lo “realmente existente” que impone un análisis histórica y coyunturalmente situado. ¡A por ello!

¿Cuál es la “ética pública realmente existente”? Uno tiende a pensar que refiere a un procedimiento público de auditoría, evaluación y debido proceso en la judicialización de actos de corrupción. Pues bien, asistimos en febrero a una campaña de desprestigio sobre Fernanda Miño, ex Secretaria de Integración Socio Urbana de Nación, con el solo objetivo de que dicha agencia pierda el jugoso Fondo de Integración Socio Urbana que ahora controla el mega Ministerio de Economía, ofrendándolo a un objetivo de equilibrio fiscal que paralizó las obras en una centena de barrios carenciados. Aún no se ha pedido disculpas ni concedido derecho a réplica. Si el “discurso de ética pública” es una herramienta que se usa dependiendo de a quien se mire, pierde su sentido igualador frente a la ley y tiembla la confianza social. Por ahora, la ética pública realmente existente parece sesgada. Por ejemplo, ¿cae sobre ese tema el endeudamiento a cualquier tasa, sin control legislativo y para gasto corriente? ¿La incompatibilidad entre la función pública y los beneficios fiscales en el desempeño empresarial privado es también tema de ética pública? Teléfono para el Ministro.

¿Cuál es la “reforma laboral realmente existente”? En la discusión interna al peronismo en particular, parece permear este debate. Una lectura de la presente sociedad de la información evidencia teóricamente la necesidad de reformas en el corto plazo. En general, el progresismo no avanzó en dichas reformas por cuestiones de diagnóstico: el problema no sería de regulación laboral sino de los niveles de productividad y la potencialidad de inversión por expectativa de crecimiento. Es decir, el problema de las contrataciones sería la crisis. Así, las estadísticas nacionales verifican a los tiempos de mayor protección laboral como los de mayor expansión de oferta de trabajo. Entonces, existen propuestas sueltas: 1) las obligaciones laborales y sociales podrían graduarse en escalas empresarias, 2) se debería formalizar modos de trabajo digital y/o a distancia, asegurando beneficios laborales, 3) habría que revisar los tiempos procesales del juicio laboral para compatibilizar el volumen de las indemnizaciones con la continuidad de la actividad empresarial, 4) habría que implementar la jornada de 6 horas. Aunque sostienen un principio central atendible de no retroceso en derechos ya conquistados, estas propuestas no suelen estar entramadas ni tener una ofensiva parlamentaria considerable del progresismo.

Del otro lado, la propuesta de los sectores de derecha suele estar mejor entramada, se estructura sobre el principio de la flexibilización, la formalización de la precariedad de los vínculos laborales, la extensión de los periodos de prueba, los recortes en derechos indemnizatorios, la responsabilización de las cargas sociales sobre trabajadores, etc. Aún con evidentes efectos de empobrecimiento general y contracción del mercado interno, estas propuestas suelen tener mejor llegada a la opinión pública por su simplicidad discursiva. De esta manera, la “reforma laboral” progresista o expansiva, en este presente, no es más que un oxímoron; una contradicción que en la actual orientación de ideas preponderante entre los proyectos parlamentarios solo sería habilitante de la retracción de los derechos laborales y sociales.

¿Cuál es la “reforma electoral sindical realmente existente”? La respuesta oficial a la tibia oposición del sindicalismo argentino es, una vez más, la amenaza de su reforma electoral. Como las anteriores, es una consigna a priori legítima si se observa la media de edad de los líderes sindicales. Pero más allá del apriorismo teórico, este tema tiene dos significaciones históricas puntuales. Por un lado, el poder político pone sobre la mesa dicha reforma si y solo si los referentes sindicales se muestran coyunturalmente díscolos. Así las cosas, “democratización” significa “prenda de negociación”, lo que la deslegitima frente a la opinión pública. Por otro lado, desde antaño, abrir el juego a nuevos actores siempre ha significado una oportunidad para la militancia sindical de base: más joven, con más capacidad y voluntad de movilización. En este sentido, es probable que en un marco de ajuste estructural, “democratización” significaría “avanzada de los combativos”. Esto sería un error táctico; uno más de los que ya nos tiene acostumbrados la total inexperiencia del equipo presidencial.

¿Cuál es el “poder provincial realmente existente”? Cerramos el artículo por donde empezamos. La Constitución Nacional reconoce la preexistencia de las provincias, el dominio originario de los recursos naturales y la autonomía de sus instituciones republicanas de gobierno. Formalmente, el poder provincial es bastante amplio, pero siempre se encuentra permeado por el debate público nacional. Por ejemplo, Frigerio ha expresado públicamente su coincidencia programática con el ajuste estructural de Nación. Ansioso por acordar, ha quedado aturdido frente a la catarata de insultos y al desfinanciamiento de la Casa Rosada. En el otro extremo el Gobernador de Chubut (tampoco peronista) capitaneó en febrero una fuerte defensa de sus recursos coparticipables. Frente a su sorpresa, desde los medios privados oficialistas le han caído todos los estigmas. Con los epítetos de “pro-sindical” o “dialoguista con el peronismo” blanquean que una identidad política o solo el diálogo con específicos sectores puede usarse como insulto en televisión. Mas allá de la función ideológica de los medios ¿nacionales?, lo importante aquí es que la verdadera significación actual del “poder provincial realmente existente” radica en un delgado equilibrio entre un colaboracionismo pusilánime y un confrontativismo mediáticamente estigmatizado. Equilibrio inmovilizante, por cierto. Como nos enseña el caso de Santa Fe, bajo cualquier signo partidario la inmovilidad de lo público solo deja tierra fértil para la mejor oferta de mercado: la del crimen organizado. Los gobernadores no pueden perder el tiempo en redes digitales. Su poder emerge de una red socioterritorial, que debe complementar seguridad, salud, cultura, educación y defender sus presupuestos. Coincidencias programáticas coyunturales no deben cercenar la densidad de las capacidades estatales para la reconstrucción de la paz social.

Ética pública dependiendo del acusado, reformas laborales en un solo sentido, cambio electoral sindical como “amenaza”, poder provincial encorsetado y a tiro de titular periodístico. Si de significaciones situadas hablamos y en honor a los tiempos que corren, recomiendo un tag de búsqueda en internet: “Moreno, Liniers, Córdoba”. Intuyo que podría ilustrar la significación histórica de la convocatoria al mayo cordobés.

Aunque Milei cuenta con un número limitado de legisladores en el Congreso y no ha buscado acuerdos políticos con otros sectores, está decidido a llevar a cabo estas reformas desde el principio de su mandato. Sin embargo, algunos dentro de su espacio sugieren dosificar las reformas en el tiempo para evitar resistencias y conflictos.

El proyecto ha sido elaborado en colaboración con equipos técnicos y expertos en diversas áreas y busca reducir la estructura estatal, desregular sectores económicos, y promover inversiones y simplificación impositiva. También se contempla la posibilidad de convertir empresas públicas en sociedades anónimas y revisar el sistema electoral.

Milei considera que este es el momento adecuado para implementar estas reformas, aprovechando el capital político que ha acumulado tras su victoria en el balotaje.

Javier Milei, el presidente electo de Argentina, anunció que presentará un "paquete enorme de leyes con todas las reformas del Estado y un montón de leyes asociadas" el 11 de diciembre, el día de su asunción. Planea convocar a sesiones extraordinarias para tratar estos temas de manera urgente y evitar problemas económicos como la hiperinflación. Aunque no detalló el contenido exacto de estas reformas, Milei afirmó que utilizará todos los medios dentro de la ley para resolver los desafíos económicos, respetando los contratos y los derechos de propiedad.

La configuración política para llevar a cabo estas reformas sigue en construcción, y Milei busca el "mejor equilibrio político" para que las leyes sean aprobadas. Quedan incógnitas sobre cómo se conformarán las cámaras, quiénes liderarán los bloques y cuál será el papel de los partidos existentes en el nuevo gobierno. Milei también mencionó la importancia de mantener una relación independiente con figuras del PRO (Partido Propuesta Republicana) y no dar señales de co-gobierno. La relación con los gobernadores también será crucial, ya que están preocupados por la falta de fondos para sus obligaciones, como los salarios y el aguinaldo. Milei advirtió que no habrá más transferencias discrecionales de fondos y que se tomarán decisiones basadas en la disponibilidad de recursos. Milei planea presentar un paquete de reformas legislativas el día de su asunción para abordar los desafíos económicos de Argentina. La configuración política y las relaciones con otros partidos y gobernadores serán cruciales para lograr la aprobación de estas reformas.

Miles de manifestantes volvieron a tomar en la noche del jueves las calles en Israel en una nueva protesta masiva contra la polémica reforma judicial que propone el Gobierno, cuya primera parte ha sido aprobada este lunes en el Parlamento frente a un boicot de los legisladores de la oposición.

Las manifestaciones estuvieron custodiadas por un numeroso operativo de seguridad implementado por la Policía, cuyos agentes no intervinieron en acciones represivas debido a que no hubo incidentes ni cortes de tráfico en las grandes autopistas, como ocurrió en otras ocasiones.

Paralelamente se conoció un informe de los servicios de Inteligencia del Ejército que advirtió al primer ministro Benjamin Netanyahu -con escasa confianza por parte de la población, según un reciente sondeo-, de las posibles consecuencias para la seguridad nacional del controvertido proyecto y destacó que Irán y el partido miliciano chiíta Hezbollah lo consideran como “un punto histórico de debilidad” para el país, reveló el periódico Yedioth Ahronoth.

Los asistentes a las manifestaciones, que se contaron por miles, dispararon bengalas al aire y emitieron cánticos en apoyo a la democracia, reseñó Europa Press.

El jefe de la Policía israelí, Kobi Shabtai, había prometido que las fuerzas de seguridad iban a permitir el desarrollo de las protestas que no causaran violencia ni perjudicaran el orden público.

“La Policía de Israel es apolítica y trabaja para todo el público mientras mantiene sus valores”, indicó Shabtai. Esta semana los legisladores del oficialismo aprobaron una medida que impide que los jueces usen los estándares judiciales de “razonabilidad” para analizar las decisiones del Gobierno, integrado por partidos ultraortodoxos y ultraderechistas.

Los críticos con la reforma judicial argumentan que se trata de un ataque al equilibrio de poderes, fundamentalmente a las bases en las que se asienta la democracia, ya que concede al Parlamento una influencia inusitada para limitar las competencias judiciales.

En tanto, los servicios de inteligencia alertaron a las autoridades que la crisis provocada por esta reforma -que incluso recibió una inusual crítica de parte de EEUU- es considerada por Irán y Hezbollah como “un punto histórico de debilidad” para el país.

“El enemigo percibe el verano de 2023 como un punto histórico de debilidad para Israel”, en medio de la ola de manifestaciones y denuncias de la oposición contra la propuesta, afirmó el alerta.

“Si bien las discusiones previas se centraban en ataques ‘tácticos’ de disuasión, la comunidad de Inteligencia está ahora preocupada por las significativas vulnerabilidades en las capacidades generales de disuasión de Israel a causa de la crisis”, indicó.

El jefe del Estado Mayor del Ejército, Herzi Halevi, respaldó las conclusiones del informe durante un encuentro mantenido recientemente con Netanyahu, según recoge el diario israelí Haaretz.

La aprobación de una medida clave de la reforma judicial impulsada por el Gobierno de Benjamin Netanyahu intensificó la crisis en Israel, con llamados a huelgas y nuevas protestas para frenar una ley que divide al país y ha suscitado críticas de aliados extranjeros.

El sindicato de médicos llamó este martes a una huelga en el servicio público, excepto para urgencias. “La mano tendida para el diálogo quedó suspendida en el aire”, dijo el presidente de la Asociación Médica de Israel, Zion Hagay, en un comunicado en el que anunciaba el paro.

El jefe del sindicato Histadrut, Arnon Bar David, amenazó con “una huelga general si fuera necesario” contra la reforma.

Unas 58 personas fueron detenidas en las manifestaciones, varias de ellas en Tel Aviv, foco de uno de los mayores movimientos de protesta de la historia del país

El Colegio de Abogados de Israel fue uno de los numerosos grupos que presentaron pedidos ante la Corte Suprema para anular la nueva legislación.

“Un día negro para la democracia israelí”, rezan las portadas de varios diarios. Cuatro de ellos, incluso, publican sus tapas pintadas de negro.

Los manifestantes permanecieron el lunes en las calles hasta altas horas de la noche tras la votación en la Knéset (Parlamento), informó la agencia de noticias AFP.

Unas 58 personas fueron detenidas en las manifestaciones, según la Policía, varias de ellas en Tel Aviv, foco de uno de los mayores movimientos de protesta de la historia del país.

Los agentes reprimieron con carros hidrantes una manifestación en una de las principales rutas de Tel Aviv, donde la multitud ondeaba banderas israelíes. Las protestas recibieron el apoyo de todos los estratos políticos y sociales, tanto de izquierda como de derecha, grupos seculares y religiosos

El Parlamento israelí aprobó el lunes una cláusula clave de la reforma impulsada por el Gobierno de derecha de Netanyahu, lo que ya ha provocado recursos judiciales y enfrentamientos en las calles. La votación se centró en la llamada cláusula de “razonabilidad”, que limitará la capacidad de los jueces para anular las decisiones del Gobierno que consideren “irrazonables”.

Los críticos temen que la reforma socave la democracia al eliminar los controles y equilibrios sobre el ejecutivo. El ex primer ministro de Israel Ehud Olmert (2006-2009) advirtió hoy que las tensiones generadas por la reforma judicial provoca que el país esté “entrando en una guerra civil”. “Esta es una amenaza grave (...) Nunca había sucedido antes y ahora estamos entrando en una guerra civil”, alertó en una entrevista para la cadena británica Channel 4 y recogida por el diario The Jerusalem Post.

 debido a la continuidad de los trabajos previstos en el Plan Municipal de Recuperación y Puesta en Valor de Espacios Públicos que lleva adelante la gestión del intendente Enrique Cresto.

Durante esta semana se estará trabajando en la iluminación, pintura, recambio de mobiliario urbano y parquización.