Tras concluir la ronda de consultas en las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales, el oficialismo avanzó con la firma del dictamen de mayoría para la reforma del sistema jubilatorio. El senador Gustavo Vergara, presidente de la comisión, confirmó que el proyecto del Ejecutivo recibió ocho modificaciones de último momento para atender reclamos técnicos y observaciones de la Fiscalía de Estado.

El proyecto oficialista: emergencia y nuevos aportesEl dictamen de mayoría establece una emergencia previsional por dos años, prorrogable por otros dos. Entre los cambios más significativos, se incluyó un aporte solidario del 3% para los activos que perciban haberes superiores a los 3 millones de pesos, además de una contribución patronal adicional del 3% para sostener el déficit de la Caja.En cuanto a la edad jubilatoria, el oficialismo consensuó fijarla en 65 años para varones y 60 años para mujeres. Respecto al cálculo del haber inicial, se computarán los últimos 15 años de servicio en lugar de los 10 previstos originalmente. “La idea es no dilatar más y avanzar cuanto antes”, aseguró Vergara.La postura del PJ: Rechazo a la emergencia y propuesta alternativaPor su parte, el bloque del PJ, representado por el senador Juan Pablo Cosso, presentó un dictamen propio que busca la sustentabilidad sin declarar la emergencia, a la que calificó de “contradictoria” en un proyecto de reforma estructural.La propuesta del peronismo se centra en proteger los derechos adquiridos, aplicando los cambios solo a quienes ingresen al Estado a futuro.

Entre sus puntos destacados figuran:Fondo Entrerriano de Sostenibilidad Previsional: Inspirado en propuestas de la Multisectorial, se financiaría con aportes de la planta política, el 10% de la utilidad del juego online y multas a vehículos mal radicados.Regímenes Especiales: Para los docentes, el PJ propone elevar la edad a 59 años para varones y 57 para mujeres (cinco años más que el régimen actual).Movilidad: Sugieren una fórmula basada en un 50% por IPC y un 50% por la paritaria del gremio mayoritario. (APFDigital)

El debate sobre el sistema previsional de nuestra provincia nos enfrenta a una realidad que durante demasiado tiempo la política entrerriana prefirió postergar. El proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo para ordenar y sanear la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos no es una iniciativa más: es una decisión de Estado indispensable si queremos garantizar la continuidad del sistema.Llegamos a este punto después de años en los que se priorizó el cálculo político por sobre el abordaje serio de un problema estructural. Se eligió postergar las decisiones para evitar costos electorales, mientras el déficit crecía de manera sostenida. Hoy esa realidad nos interpela con toda su crudeza y nos demuestra que ya no hay lugar para la especulación. La crisis previsional no se resolverá con demagogia, promesas imposibles o discursos para la tribuna. Se resolverá con responsabilidad, sinceridad y decisión política.En las últimas semanas, las comisiones legislativas fueron escenario de un hecho inédito. Este miércoles concluyó la etapa de exposiciones en el Senado provincial, luego de una convocatoria amplia y plural que permitió escuchar a todos los sectores involucrados. Desde el retorno de la democracia, pocas veces un proyecto de esta magnitud generó una instancia de participación tan abierta. Esa amplitud refleja la importancia del desafío que tenemos por delante.Durante ese proceso escuchamos a representantes gremiales, profesionales, funcionarios judiciales, especialistas, autoridades de la Caja y también a quienes la condujeron en gestiones anteriores. Entre ellos, el expresidente de la Caja, Daniel Elías, cuya trayectoria y conocimiento del sistema le otorgan una autoridad técnica difícil de discutir. Sin pertenecer a nuestro espacio político, sostuvo con claridad la necesidad de avanzar en una reforma paramétrica que garantice la viabilidad del régimen previsional. Su diagnóstico coincidió con una percepción que atravesó buena parte del debate: esta es una discusión que desde hace años todos sabían que debía darse, pero que muy pocos estuvieron dispuestos a impulsar.Hoy nos corresponde asumir esa responsabilidad con la convicción de que no hacer nada significaría condenar a la Caja de Jubilaciones a un deterioro cada vez más profundo. Ya no hay margen para seguir postergando decisiones.También es importante transmitir tranquilidad a los trabajadores y jubilados. Esta reforma respeta plenamente los derechos adquiridos y proyecta sus cambios hacia el futuro. Quienes ya están jubilados o quienes ya reúnen las condiciones para acceder al beneficio no verán modificada su situación. Quienes ingresen en adelante a la administración pública conocerán desde el inicio cuáles serán las reglas del sistema.A lo largo de las reuniones de comisión también quedó de manifiesto otro dato difícil de ignorar: el aumento de la expectativa de vida obliga a revisar parámetros que fueron pensados para una realidad demográfica completamente distinta. Las leyes deben acompañar esos cambios para preservar la sustentabilidad del sistema. Del mismo modo, numerosas exposiciones dejaron en evidencia distorsiones y situaciones que explican la necesidad de introducir correcciones.El gobernador Rogelio Frigerio tuvo el coraje político de abrir este debate y poner sobre la mesa un problema que durante años fue evitado. Como legisladores, nuestra responsabilidad es estar a la altura de ese desafío.Es tiempo de escuchar, incorporar los aportes que mejoren el proyecto y avanzar con la firme convicción de que la inacción ya no es una alternativa. La responsabilidad política también consiste en tomar decisiones difíciles cuando son necesarias para proteger el futuro de todos los entrerrianos.

(*) Diputada de Juntos por Entre Ríos

El Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, fue convocado para participar del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, que el próximo miércoles 1º de julio continuará con el tratamiento del proyecto de ley denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”.

La reunión fue convocada para las 9 en la Sala de Comisiones y tendrá como principal expositor al titular de la Fiscalía de Estado, en el marco de la ronda de consultas que llevan adelante los senadores antes de emitir dictamen sobre la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.

Durante las últimas semanas, las comisiones recibieron a distintos especialistas, representantes de instituciones, referentes políticos y gremios para conocer sus opiniones sobre la propuesta.

En las reuniones realizadas esta semana expusieron los especialistas en Derecho Previsional y ex legisladores Emilio Castrillón y Raymundo Kisser, quienes analizaron distintos aspectos jurídicos del proyecto.

También fueron convocados el expresidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Daniel Elías, e integrantes del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, quienes también realizaron aportes y observaciones sobre la iniciativa.

Previamente, los senadores escucharon a intendentes de distintas fuerzas políticas, que presentaron sus posturas en torno a la reforma.

Anteriormente habían sido convocados representantes de la Asociación de la Magistratura  y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos.

En tanto, la primera ronda de invitados estuvo protagonizada por representantes gremiales de diversos sindicatos.

Con la presencia de Rodríguez Signes, el Senado sumará una nueva voz técnica al debate del proyecto de reforma previsional, cuyo análisis continúa en el ámbito de las comisiones antes de su tratamiento en el recinto.

Los intendentes manifestaron la necesidad de contar con estudios actuariales independientes que permitan proyectar de manera real y objetiva los efectos de las modificaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo.  

En ese marco, la propuesta de los senadores de la oposición se fundamenta en el artículo 41 de la Constitución de Entre Ríos, que establece que toda normativa previsional debe sustentarse en criterios técnicos que aseguren la proporcionalidad entre aportes y beneficios, considerando además variables como la edad, los años de servicio y la participación del Estado.

Desde el bloque de senadores del PJ se advierte que cualquier modificación que altere estos parámetros sin una adecuada valuación actuarial podría incurrir en un vicio de inconstitucionalidad.

Por ello, se solicitó la intervención del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER), organismo con competencia específica en la materia, para la elaboración de un informe técnico actuarial independiente que permita evaluar con rigor el impacto de la reforma propuesta.

El Consejo participó también de las reuniones de comisión en el Senado, aportando una mirada técnica sobre el proyecto, en las que sus representantes advirtieron sobre el déficit del sistema y la necesidad de medidas que garanticen su sustentabilidad sin afectar derechos.

Los senadores justicialistas señalan importantes omisiones en el proyecto, la falta de escenarios que contemplen variables clave como la deuda de ANSES con la provincia y la evolución de recursos vinculados al IVA.

“La discusión previsional requiere responsabilidad y sustento técnico. No se trata sólo de números, sino de garantizar derechos y previsibilidad para miles de entrerrianos y entrerrianas”, expresó al respecto el senador Víctor Sanzberro.

La iniciativa también establece que el informe deberá ser elaborado con plena autonomía metodológica, suscripto por profesionales actuarios matriculados y validado por el Consejo Directivo correspondiente, asegurando así su rigurosidad y validez técnica.

Durante la mañana expondrán la secretaria general de la Asociación del Personal Superior de Paraná (APS), Alejandra Levrand, y el secretario general de UPCN Entre Ríos, José Allende.Por la tarde será el turno del secretario general de FESTRAM, Mario Barberán; del titular del SUOYEM, Jesús Núñez; y de la presidenta de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, María Angélica Hermosi.Las audiencias forman parte del cronograma de consultas impulsado por el Senado antes de avanzar con el tratamiento definitivo de la iniciativa.La semana pasada ya pasaron por las comisiones representantes de ATE, AJER y distintos gremios docentes. Entre los principales cuestionamientos surgieron advertencias sobre una eventual pérdida de derechos previsionales, críticas al concepto de emergencia utilizado en el proyecto y objeciones a que el equilibrio financiero del sistema se logre mediante mayores exigencias para trabajadores y futuros jubilados.Desde el oficialismo, el senador Gustavo Vergara ratificó que el objetivo es alcanzar una reforma que garantice la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones y adelantó que el proyecto podría llegar al recinto durante el próximo mes, una vez finalizada la ronda de consultas y análisis en comisión.El legislador aseguró que las observaciones realizadas por los distintos sectores serán consideradas durante el proceso de discusión, aunque remarcó que el Gobierno mantiene la convicción de avanzar con cambios que permitan sanear el sistema previsional provincial a largo plazo.

Por Martín Oliva, senador por el departamento Uruguay

Mientras el gobierno provincial insiste en presentar a la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos como una carga que los entrerrianos deben soportar, conviene separar los hechos de los relatos. Porque una cosa es discutir la sustentabilidad de un sistema previsional y otra muy distinta es construir culpables para justificar decisiones políticas.

En las últimas semanas hemos escuchado una narrativa que busca instalar que el déficit de la Caja es consecuencia de los haberes que perciben jubilados y pensionados. Ese discurso no resiste un análisis serio. Responde más a una necesidad política que a una realidad respaldada por los datos.

No es la primera vez que ocurre. Al inicio de la actual gestión también se intentó instalar la idea de una provincia al borde del colapso, donde ni siquiera podrían pagarse salarios y aguinaldos. Cuando llegó el momento de administrar y revisar las cuentas, aquella afirmación quedó rápidamente desmentida por los hechos.

Hoy asistimos a una estrategia similar. Se pone la lupa sobre los trabajadores y jubilados, mientras se dejan fuera de la discusión cuestiones centrales para entender la situación previsional de Entre Ríos.

La primera es la deuda que mantiene el Estado nacional con nuestra provincia por los déficits previsionales no transferidos. Son recursos que pertenecen a los entrerrianos y cuya actualización y pago deben formar parte de cualquier debate serio sobre el futuro de la Caja.

La segunda es la necesidad de fortalecer el empleo formal y registrado. Ningún sistema previsional mejora reduciendo derechos o disminuyendo beneficiarios. La sustentabilidad se construye ampliando la base de aportantes, generando más trabajo y promoviendo el crecimiento económico.

Sin embargo, la discusión pública parece orientarse en otra dirección. Se busca señalar como responsables del problema a docentes, enfermeros, policías y trabajadores estatales que durante décadas realizaron aportes previsionales entre los más altos del país, cumpliendo con todas las obligaciones que el propio Estado les exigió.

Resulta preocupante que se pretenda presentar como un privilegio aquello que es un derecho adquirido. Los jubilados no son una carga. Son personas que trabajaron toda una vida bajo reglas establecidas por el Estado y que hoy tienen derecho a recibir una prestación acorde a los aportes realizados.

Además, existe una mirada económica que suele omitirse deliberadamente. Los salarios de los trabajadores estatales y los haberes jubilatorios sostienen buena parte de la actividad económica de cientos de localidades entrerrianas. Cada peso que perciben vuelve al circuito económico en forma de consumo, comercio, servicios y empleo. Defender esos ingresos no es solamente una cuestión de justicia social; también es una política de desarrollo para la provincia.

Por eso preocupa que se intente enfrentar a entrerrianos contra entrerrianos. Cuando la discusión se concentra en cuánto cobra un jubilado, dejamos de hablar de los recursos que la Nación adeuda, de la generación de empleo, de la distribución de la carga tributaria y de las responsabilidades de gestión.

Las sociedades progresan cuando amplían derechos y construyen consensos. Retroceden cuando buscan culpables entre quienes trabajan y aportan.

La Caja de Jubilaciones necesita ser defendida, fortalecida y modernizada donde sea necesario. Pero jamás a costa de quienes durante toda su vida sostuvieron el sistema con su esfuerzo. Porque defender los derechos previsionales no es defender privilegios. Es defender un compromiso asumido por el Estado y una parte fundamental del entramado económico y social de Entre Ríos.

Manifestó un fuerte respaldo al proceso de reforma previsional que atraviesa Entre Ríos y sostuvo que la provincia no debe desaprovechar la oportunidad de avanzar con modificaciones estructurales.“El debate que se está dando es una oportunidad que no hay que desperdiciar. La reforma hay que hacerla”, afirmó, al tiempo que remarcó que el contexto actual reúne condiciones políticas poco frecuentes para encarar una discusión que lleva décadas postergándose.Elías, reconocido por su trayectoria en materia previsional, señaló que Entre Ríos “está llegando tarde” a este debate y recordó que participó en la elaboración de cinco proyectos de reforma desde 1997.“Hay que evitar desaprovechar la oportunidad porque es muy difícil lograr el contexto político para una reforma”, insistió.En ese sentido, destacó que actualmente existe una decisión política para avanzar en cambios de fondo. “Hay un gobernador decidido y legisladores comprometidos con esta discusión”, indicó, y valoró además el trabajo técnico desarrollado por la Caja de Jubilaciones, al considerar que se trata de un análisis “minucioso” de la situación del sistema.Durante la entrevista, recordó que el primer anteproyecto en el que participó fue presentado en diciembre de 1997, durante la segunda gestión de Jorge Pedro Busti. Posteriormente, intervino en nuevas iniciativas durante los gobiernos de Sergio Urribarri y elaboró otro anteproyecto en la gestión de Gustavo Bordet.“Si ese proyecto en parte hubiera sido aprobado, muchas de las situaciones que hoy enfrenta el sistema previsional se podrían haber evitado”, sostuvo en relación a las propuestas impulsadas hace casi tres décadas.Asimismo, trajo a colación declaraciones de Bordet en 2020 sobre la necesidad de abordar la situación de la Caja de Jubilaciones, al recordar que el entonces mandatario había planteado la importancia de no postergar más esta discusión.Elías consideró que el desafío actual es alcanzar una solución sostenible en el tiempo y, si bien planteó observaciones sobre algunos aspectos puntuales del proyecto, respaldó varios de sus ejes centrales.“Estoy convencido de que hay que elevar las edades jubilatorias y también reformar el esquema de pensiones”, afirmó.Finalmente, subrayó que el sostenimiento del sistema previsional requiere de un esfuerzo compartido y progresivo. “Todos tenemos que hacer un esfuerzo, pero quienes tienen mayor capacidad deben hacerlo en mayor medida”, concluyó.

El secretario general de Agmer, Abel Antivero, aseguró que el resultado legislativo todavía no está definido y consideró que existen senadores que aún analizan el alcance de la iniciativa. En ese marco, destacó las reuniones mantenidas con legisladores de distintos departamentos para exponer los cuestionamientos de los gremios.

Mientras el acampe suma actividades culturales y de difusión, desde el sindicato insistieron en que seguirán trabajando para generar conciencia sobre las consecuencias de la reforma y remarcaron que aún no consideran cerrado el debate en la Cámara alta.

El senador provincial Rubén Dal Molín (JxER-Federación) dio a conocer un documento legislativo de 1997 que muestra que el gobierno de Jorge Busti (PJ) impulsó una reforma previsional “con varios de los mismos principios que hoy cuestiona la oposición”.

“Se trata de un proyecto presentado durante la gestión de Busti que proponía modificaciones en la edad jubilatoria, el cálculo del haber inicial y el régimen de movilidad, aspectos que forman parte del debate previsional que actualmente se desarrolla en la Legislatura”, explicó el legislador.

“El hallazgo es importante porque demuestra que el problema previsional no nació ahora ni fue inventado por este gobierno. Hace casi 30 años el propio peronismo identificó las mismas dificultades estructurales y propuso soluciones de la misma naturaleza que las que hoy estamos discutiendo”, afirmó luego.

El legislador recordó que el proyecto de 1997 sostenía que la edad jubilatoria vigente había quedado desactualizada respecto de otros regímenes previsionales y proponía elevarla a 63 años para los varones y 60 para las mujeres. “También planteaba ampliar el período utilizado para calcular el haber inicial y modificar la movilidad de las jubilaciones para darle mayor sustentabilidad al sistema”, acotó.

“Lo llamativo es que quienes hoy rechazan cualquier intento de reforma pertenecen al mismo espacio político que hace casi 30 años advertía sobre estos problemas y proponía cambios para resolverlos”, señaló. 

Como suele ocurrir en la política, el paso del tiempo termina dejando enseñanzas difíciles de ignorar. Muchas veces los argumentos que ayer se utilizaron para justificar determinadas decisiones reaparecen años después en boca de quienes entonces las cuestionaban. Los extremos suelen tocarse más de lo que sus protagonistas están dispuestos a admitir, y no son pocas las ocasiones en que las piedras arrojadas desde una vereda política terminan golpeando exactamente el mismo lugar cuando cambian las circunstancias y las responsabilidades de gobierno. La discusión previsional entrerriana parece ofrecer, una vez más, un ejemplo de esas paradojas que la historia política suele repetir. (I: Analisis-El Heraldo)

Un grupo de rectores de escuelas secundarias del departamento Concordia hizo pública una carta dirigida a los legisladores entrerrianos para expresar su rechazo al proyecto de reforma previsional que analiza la Provincia.En el documento, los directivos sostienen que los trabajadores de la educación no deben ser utilizados como “variable de ajuste” para resolver los problemas financieros de la Caja de Jubilaciones, y remarcan que los docentes han cumplido históricamente con sus aportes previsionales.Asimismo, manifestaron su respaldo a las organizaciones sindicales que representan al sector y reclamaron que no se modifiquen derechos adquiridos vinculados al régimen jubilatorio.Entre los principales cuestionamientos, señalaron que la reforma podría afectar la movilidad de los haberes, elevar la edad de retiro y desalentar el ingreso de nuevas generaciones a la carrera docente. También advirtieron sobre el impacto que estas medidas tendrían en la calidad educativa y en las condiciones de vida de los futuros jubilados.

La carta concluye con un llamado a los legisladores para que escuchen los reclamos de las comunidades educativas y rechacen cualquier iniciativa que implique un retroceso en materia previsional.   Además del planteo previsional, los firmantes reiteraron el reclamo por edificios propios para las escuelas secundarias N.º 22 “Mariano Moreno” y N.º 30 “María Elena Walsh”.

CARTA ABIERTA A LOS LEGISLADORES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS02 de junio de 2026

De nuestra consideración:Las Rectoras y los Rectores de escuelas secundarias del Departamento Concordia nos dirigimos a ustedes con la urgencia y la gravedad que el momento histórico nos impone. Como directivos de las instituciones educativas que sostienen el sistema público día a día, nos posicionamos con firmeza en este espacio de interpelación pública para exigir el freno inmediato a la reforma previsional que se pretende impulsar en nuestra provincia.Esta carta no es un mero formalismo; es una advertencia institucional sobre el avasallamiento de los derechos de los trabajadores de la educación. Bajo ningún concepto aceptaremos que se utilice a la docencia como variable de ajuste para cubrir baches fiscales ajenos. El desfinanciamiento crónico de nuestra Caja de Jubilaciones y Pensiones es el resultado exclusivo de décadas de malas gestiones políticas, administraciones deficientes y giros discrecionales del Estado. Los trabajadores de la educación jamás fuimos los responsables de esta crisis: hemos realizado nuestros aportes en tiempo y forma, de manera ininterrumpida, durante toda nuestra vida laboral. Sanear con el sacrificio de los aportantes lo que las malas decisiones políticas destruyeron es una profunda injusticia moral y un grave error legislativo.En este escenario crítico, reafirmamos nuestra total adhesión, apoyo y acompañamiento activo a las acciones de lucha y resistencia de nuestras organizaciones sindicales. Empoderamos expresamente a nuestros representantes gremiales para que mantengan la máxima firmeza en las mesas de negociación. No estamos dispuestos a ceder ni un ápice de las conquistas históricas que costaron años de esfuerzo colectivo. La defensa de nuestro régimen previsional es innegociable.Apelamos a su responsabilidad como legisladores para que evalúen los argumentos técnicos, sociales y humanos que hacen que esta reforma sea inviable y perjudicial para el futuro de Entre Ríos:-Ruptura del principio de movilidad y sustentabilidad: Pretender que los docentes activos y jubilados convaliden el retroceso de su propio régimen de retiro es empujarlos a una vejez de precarización, transformando el derecho a una jubilación digna en un haber de miseria.-Aumento injustificado de la edad de retiro: Exigir más años de servicio frente al aula desconoce la naturaleza y el desgaste psicofísico propio de la tarea docente, impactando directamente en la salud de los educadores y en la calidad pedagógica que reciben los estudiantes.-Destrucción de la carrera y el recambio generacional: Advertimos con absoluta gravedad que esta asfixia previsional proyecta un horizonte de colapso inminente en la profesión. Si se avanza con una jubilación de miseria y se aumentan los requisitos para acceder a ella, los institutos de formación superior quedarán vacíos. El Estado provincial está convirtiendo la docencia en una opción expulsiva e inviable para las nuevas generaciones, destruyendo el incentivo para el recambio de nuestras plantas docentes.Legislar en contra de los trabajadores no es una opción aceptable. Defender el sistema previsional es valorar positivamente a la escuela pública, la dignidad de quienes enseñan y el derecho al futuro de los jóvenes entrerrianos.Los instamos a escuchar/atender el reclamo de las comunidades educativas y de los representantes gremiales. La dignidad de la educación pública y de sus jubilados no se negocia, se defiende.Atentamente, Lic. Liliana Rueda - Esc. Sec. N°14 “A. Carbó”Mg. Julio Gallardo Rector Titular de Esc. Sec. N° 31 ‘Benito Juárez’ Prof. Andrea Pascucciello - Esc. Sec. N°44 “Dr. Enrique Romero Brest”Prof. Marina Sanchez Kremer- Rectora Titular- Esc. Sec. N° 22 “Mariano Moreno”Prof. Vanina Siarra, Rectora Esc. Sec. N°19 “Generala Juana Azurduy”Lic. Maria Soledad González- Rectora Titular E.E.A.T. N° 152 “Manuel M. Calderón”Lic. Mariana Bodean - Rectora de la Escuela Secundaria N°23 “República Oriental del Uruguay”Prof. Orge Aracama, Lautaro. Rector Escuela Secundaria N° 32 “Osvaldo Magnasco”.Prof. Eduardo Ibarrola. Rector Titular Esc. Sec. N° 4 “Damián Pedro Garat”Prof. Alejandro Solari, Rector Titular Esc. Sec. N° 18 ‘Vélez Sarsfield’Prof. Silvana Elgart, Rectora Titular Esc. Sec. N° 37 “Ernesto Che Guevara” Prof. Marina Soto. Rectora Esc. Sec. N°7. ‘Gdor. G. R. López Jordán’.Prof. Dariela Paola Giménez.  Rectora Esc. Sec. N° 2 “José Gervasio Artigas”Prof. Paula Benítez. Rectora Esc. Sec. N° 30 ‘María Elena Walsh’Prof. Heit Cynthia M Rectora Escuela Secundaria N 21 “Aurora del Yeruá”Prof. Adriana Acosta - Rectora Titular - Esc. Sec. N°8 - “Don Augusto Niez”. Edificios Propios YA! para las Escuelas SecundariasN° 22 ‘Mariano Moreno’ y N° 30 ‘‘María Elena Walsh’’ 

Pullaro sostuvo que este tipo de decisiones implican costos políticos, pero remarcó que son necesarias cuando se busca “un gobierno que se ocupe de los temas importantes”.

En ese sentido, planteó que el objetivo final es generar condiciones para que la provincia pueda beneficiarse en el tiempo, a partir de un uso más eficiente de los recursos del Estado.El mandatario santafesino puso como ejemplo la experiencia de Santa Fe, donde su gestión avanzó en una reforma del sistema previsional para reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones de los empleados públicos. Según explicó, al inicio de su gobierno el desequilibrio era “sumamente alto y sentíamos que no era justo que un kiosquero, que un productor agropecuario, que un industrial, con sus impuestos tengan que cubrir a través del Tesoro el déficit que tenía la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe”.Y agregó: “Llevamos adelante una ley que nos permitió equilibrar la caja. No eliminamos completamente el déficit, pero logramos reducirlo a un tercio de lo que era”. Además, precisó que en un año se recortaron alrededor de 500.000 millones de pesos, lo que permitió liberar recursos para inversión en infraestructura y servicios esenciales.

En ese marco, Maximiliano Pullaro destacó el impacto concreto de ese ordenamiento: “Estamos hablando de recursos que pueden destinarse a rutas, hospitales o escuelas, y a promover el desarrollo”. A modo de ejemplo, señaló que el monto ahorrado equivale a cientos de kilómetros de obra vial.

Finalmente, consideró que la iniciativa entrerriana va en la misma dirección y la calificó como “una decisión muy valiente”. Reconoció que este tipo de reformas generan resistencias, especialmente de sectores gremiales, pero insistió en que son necesarias para transformar estructuras que arrastran problemas históricos.

“Dos años después, en Santa Fe podemos mostrar una caja mucho más equilibrada y, fundamentalmente, que el sector privado ya no tiene que financiar el déficit del sistema previsional público”, concluyó.

El proyecto de Rogelio Frigerio implica un ajuste concreto sobre los actuales y futuros jubilados, sobre los trabajadores activos y sobre los municipios entrerrianos.En primer lugar, advertimos que las medidas propuestas trasladan el costo del déficit a quienes menos margen tienen para afrontarlo. Se propone aumentar aportes, extender condiciones y modificar reglas de cálculo sin estudios actuariales serios que justifiquen la magnitud del sacrificio exigido.Esto impacta directamente en los trabajadores activos de hoy, que verán deterioradas sus condiciones de acceso a la jubilación, y en los jubilados actuales, cuyos ingresos ya vienen perdiendo frente a la inflación.Además, el proyecto consolida una interpretación equivocada del sistema: pretende hacer creer que el problema son los haberes, cuando en realidad el deterioro proviene de salarios activos deprimidos. En este contexto, cualquier modificación terminará profundizando la pérdida de ingresos de toda la cadena previsional.

82% MÓVIL EN RIESGOCon esta reforma, el 82% móvil deja de ser una garantía real.Al modificarse las condiciones de cálculo y extenderse los períodos considerados, junto con la falta de reglas claras de actualización, el resultado concreto será una reducción del haber inicial y de su evolución en el tiempo.Esto implica que los futuros jubilados cobrarán menos en relación a su salario en actividad, rompiendo uno de los principios históricos del sistema previsional.

ACTUALIZACIONES SIN CERTEZAEl proyecto tampoco garantiza un mecanismo claro y justo de actualización.Al vincular la movilidad a variables como paritarias que vienen sistemáticamente por debajo de la inflación, se consolida un esquema donde los haberes pierden poder adquisitivo.Esto afecta tanto a jubilados como a activos, ya que deteriora progresivamente toda la estructura del sistema.

AUMENTO DE EDAD SIN RESPALDOEl proyecto establece la edad jubilatoria en 68 años para los nuevos afiliados, la más alta del sistema público argentino, sin ningún estudio previo sobre expectativa de vida activa o empleabilidad en edades avanzadas dentro del sector público provincial. Además, al unificar la edad de retiro en 65 años para el personal actual y en 68 para los ingresantes, se ignoran las brechas de género preexistentes y las tareas de cuidado no remuneradas que históricamente asumen las mujeres. Esta equiparación es carga desproporcionada para las trabajadoras, quienes enfrentan un aumento de hasta ocho años en su edad de jubilación, en comparación con cinco años de los varones.

IMPACTO SOBRE LOS MUNICIPIOSLos municipios también serán directamente perjudicados.El aumento de contribuciones patronales y la posibilidad de que estas sean modificadas discrecionalmente implica más presión financiera sobre los gobiernos locales, comprometiendo su funcionamiento y la prestación de servicios esenciales.

DISCRECIONALIDAD DEL PODER EJECUTIVOUno de los aspectos más graves del proyecto es la enorme discrecionalidad que se le otorga al Poder Ejecutivo.Se lo faculta a modificar aportes, contribuciones y condiciones del sistema sin límites claros, incluso por fuera del debate legislativo. Esto incluye la posibilidad de alterar porcentajes, bases de cálculo y cargas sobre trabajadores y municipios.Estamos frente a una delegación de facultades que vacía de contenido a la ley y debilita el rol de la Legislatura. La llamada “emergencia” se utiliza como excusa para avanzar con cambios permanentes y habilitar decisiones por decreto, lo que constituye un grave antecedente institucional.

NUESTRA POSICIÓNDaremos todo el debate que sea necesario al proyecto de ley, al que recién tuvimos acceso para poder analizarlo, en las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda a los que deberá ser girado por el Pleno de la Cámara.   Convocaremos a representantes de activos y pasivos, y también a los gobiernos municipales. Defenderemos el 82% móvil real y efectivo. Rechazamos cualquier ajuste sobre jubilados y trabajadores activos. No aceptamos que se traslade el costo del sistema a los municipios. Necesitamos reglas claras de actualización que protejan el poder adquisitivo.Nos oponemos a la delegación de facultades que concentran poder en el Ejecutivo.

CONCLUSIÓNEs el momento de convocar a un debate serio, con datos, con transparencia y con responsabilidad política, para garantizar un sistema sostenible sin afectar a quienes sostienen y dependen de él.Entre Ríos necesita un sistema previsional sustentable. Pero sustentable para los trabajadores, no a costa de ellos.

El senador provincial Gustavo Vergara se refirió al proyecto de reforma previsional enviado por el Poder Ejecutivo al Senado entrerriano y defendió los principales lineamientos de la iniciativa, en un contexto de fuerte discusión política y gremial sobre el futuro de la Caja de Jubilaciones.El legislador del bloque Frente por Entre Ríos explicó que comenzó a analizar el articulado una vez ingresado formalmente a la Cámara Alta y reconoció que parte de las modificaciones incorporadas habrían surgido de reuniones mantenidas previamente con organizaciones sindicales.

En ese sentido, mencionó especialmente a UPCN entre los gremios que realizaron aportes al texto final y consideró que el proyecto refleja parte de esas discusiones previas.

Vergara definió la propuesta como “razonable” y remarcó que uno de los aspectos centrales es la aplicación gradual de los cambios, buscando llevar tranquilidad a quienes actualmente están jubilados o próximos a acceder al beneficio.

Uno de los ejes principales de la reforma es la modificación progresiva de la edad jubilatoria. Según detalló, el esquema prevé equiparar en 65 años la edad de retiro para hombres y mujeres, aunque aclaró que el cronograma comenzará a aplicarse recién en 2031 y se extenderá hasta 2039.

El senador sostuvo además que los actuales trabajadores del sistema no deberán superar esa edad para jubilarse y explicó que la exigencia de 68 años quedará reservada únicamente para quienes ingresen al Estado provincial bajo el nuevo régimen previsional.Otro de los cambios contemplados en el proyecto apunta al cálculo del haber jubilatorio. La iniciativa propone ampliar de diez a veinte años el período tomado como referencia para determinar el beneficio inicial.

Según argumentó Vergara, el objetivo es evitar desequilibrios generados por ascensos, recategorizaciones o incrementos salariales producidos en la etapa final de la carrera laboral, buscando que el haber refleje de manera más equilibrada toda la trayectoria de aportes.

En relación con la movilidad jubilatoria, explicó que la intención del oficialismo es avanzar hacia un único mecanismo de actualización de haberes vinculado a la paritaria general de la administración pública provincial.

El legislador indicó que actualmente cerca del 70% de los jubilados ya percibe aumentos asociados a los acuerdos salariales estatales, mientras que otros sectores cuentan con regímenes especiales que impactan sobre el déficit previsional.

Incluso señaló que la propuesta alcanzaría a sectores como el Poder Judicial, cuyos haberes pasarían a actualizarse bajo el mismo esquema general.

Vergara también defendió la incorporación de una declaración de emergencia previsional dentro del proyecto. Afirmó que esa herramienta permitiría agilizar acuerdos y mecanismos de financiamiento destinados a sostener la Caja de Jubilaciones.

Por último, confirmó que el oficialismo buscará abrir una etapa de debate en comisión con participación de sindicatos, entidades intermedias y especialistas antes de avanzar con el tratamiento legislativo definitivo.

El proyecto impulsado por el gobierno provincial comenzará ahora su análisis formal en el Senado y contempla cambios en la edad jubilatoria, la movilidad, el cálculo de haberes y el financiamiento del sistema previsional entrerriano. 

El gobernador Rogelio Frigerio volvió a respaldar públicamente la reforma previsional que impulsa su gestión y adelantó que el proyecto ingresará “próximamente” a la Legislatura. En declaraciones realizadas en Canal 11 de Paraná, sostuvo que el objetivo es enfrentar un problema estructural que arrastra décadas y que hoy representa un fuerte impacto en las cuentas provinciales.“El déficit de la Caja supera los 430.000 millones de pesos anuales y sigue creciendo. Esto no es de ahora, viene de hace 20 o 30 años, pero si no hacemos nada, la situación se agrava”, advirtió. En ese marco, convocó a la oposición y a los distintos sectores a presentar alternativas, aunque remarcó que hasta el momento no recibió propuestas concretas.Frigerio también puso el foco en el criterio de equidad del sistema. Al referirse a la iniciativa de la Multisectorial, que propone un fideicomiso como salida, fue categórico: no aceptará esquemas que impliquen trasladar el peso del déficit a quienes no forman parte del régimen previsional provincial. “No es justo pedirle a la mayoría de los entrerrianos que hagan un esfuerzo mayor cuando no se benefician de la Caja”, sostuvo.

En paralelo, el mandatario detalló avances en la relación con el Gobierno nacional. Tras reuniones con funcionarios clave, aseguró que hay diálogo abierto y gestiones en marcha para obras prioritarias. Entre ellas, mencionó la finalización de la Autovía 18, la intervención de rutas como la 127 y la 163, y la continuidad de proyectos como la planta potabilizadora de Concordia y la obra cloacal de Villaguay.

También abordó el tema de los recursos, señalando que la provincia logró recuperar transferencias que antes no se percibían, aunque consideró que aún son insuficientes. “Hoy recibimos unos 6.000 millones de pesos mensuales por compensaciones, pero nos corresponde más”, indicó, en referencia a la situación de la Caja y la auditoría en curso con ANSES.

En materia de gestión, Frigerio destacó que la prioridad sigue siendo la infraestructura: rutas, hospitales y escuelas. Afirmó que ya se intervino en aproximadamente la mitad de estos sectores y ratificó el compromiso de finalizar obras emblemáticas, como el hospital de La Baxada y el Centenario de Gualeguaychú, aun en un contexto de restricciones.El Gobernador también resaltó el perfil productivo de su administración, señalando que hay más de 200 millones de dólares en inversiones comprometidas que podrían generar más de 2.000 puestos de trabajo, especialmente en el sector industrial.Respecto a la coyuntura salarial, aseguró que las mejoras que se otorguen buscarán ser sostenibles y con impacto en el sistema previsional. “Cuando no damos aumentos contributivos es porque no hay recursos, aunque sabemos que el trabajador necesita mejorar su ingreso”, explicó.

En el cierre, Frigerio reiteró que su gestión apunta a una transformación de fondo en la provincia. “Los entrerrianos eligieron un cambio después de muchos años y no vamos a defraudar ese mandato”, afirmó, al tiempo que reconoció que el ritmo de las soluciones dependerá, en gran parte, de la recuperación de recursos y del acceso a financiamiento externo.

La Intersindical en Defensa de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos se amplió y se convirtió en Multisectorial, nucleando a un amplio espectro de sindicatos y organizaciones que rechazaron de manera contundente la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial. El pronunciamiento se realizó en la sede de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos (Fjpper).César Baudino, uno de los referentes del espacio, explicó que “la decisión fue actuar antes de que el gobierno presente formalmente el proyecto, porque tienen todo arreglado con los legisladores”, y señaló que “la reforma responde a los acuerdos del gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional”. La movilización convocada para el jueves 23 partirá desde Plaza de Mayo de Paraná a las 10 de la mañana, recorrerá la Caja de Jubilaciones y culminará frente a Casa de Gobierno.Por su parte, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, destacó “la amplitud del espacio multisectorial y subrayó que el plan de lucha incluye un paro de 24 horas, asambleas en toda la provincia y recorridas territoriales para llevar el documento de resistencia a cada rincón de Entre Ríos”.En ese sentido, señaló que la Multisectorial propone “ gravar a los sectores concentrados y no seguir ajustando sobre los trabajadores”.

El documentoLa declaración firmada por las organizaciones reunidas rechaza “clara y enfáticamente” cualquier retroceso en los derechos garantizados por la ley 8732 y la Constitución provincial. El texto sostiene que existen alternativas reales para sostener el sistema previsional sin afectar los haberes, y apunta a gravar a los sectores de mayores ingresos para crear un fondo fiduciario de sostenimiento. Como ejemplo, cita la exención del impuesto automotor durante cinco años para la compra de vehículos híbridos y eléctricos vigente hasta fines de 2025.El documento concluye con un llamado a la comunidad entrerriana a mantenerse “alerta, organizada y movilizada”, y exige a los legisladores que defiendan el sistema previsional. “Defender la Caja es defender la dignidad”, reza el cierre de la declaración.

Sin un proyecto definitivo del Ejecutivo, el análisis se basa en los “vectores” difundidos por el Gobierno:

Los principales puntos en síntesis:

Haber inicialRespaldan mantener el 82% del salario bruto como base de cálculo, al considerarlo acorde a principios de proporcionalidad y no regresividad. Señalan que este criterio es común en varias cajas provinciales.

Historia laboralRechazan que se tomen 30 años de aportes para el cálculo. Proponen mantener el criterio de los últimos 10 años (120 sueldos), como en otras provincias y en ANSES, por considerarlo más equitativo.

Regímenes especialesAdvierten que obligar a seguir aportando hasta la edad jubilatoria general podría reducir los haberes y romper la proporcionalidad con los salarios activos.

MovilidadCuestionan la fórmula propuesta por considerarla perjudicial para el poder adquisitivo.

Alertan que podría derivar en reclamos judiciales, ya que modelos similares fueron declarados inconstitucionales.

Edad jubilatoriaPlantean que cualquier modificación debe ser gradual y en línea con otros sistemas, evitando cambios abruptos.

Años de aportesRechazan la suba de 30 a 35 años, al señalar que no tiene antecedentes y afecta especialmente a regímenes especiales.

PensionesCritican la reducción del haber del 75% al 70%, al considerarla una medida regresiva.

Otros puntos clave* Reclaman incorporar al sistema todos los conceptos salariales no remunerativos para mejorar la recaudación.* Proponen ampliar la responsabilidad del Estado en el financiamiento, incluyendo municipios.

* Plantean limitar beneficios salariales que no aporten al sistema.

* Exigen avanzar en el reclamo a ANSES por la deuda histórica con la Caja.

En conjunto, la entidad advierte que varias de las medidas en análisis podrían afectar derechos adquiridos y generar conflictos judiciales, por lo que reclama una revisión integral con mayor consenso.

De los encuentros participan representantes de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) Seccional Entre Ríos, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el Sindicato de Luz y Fuerza, jubilados autoconvocados, la Federación de Jubilados y jubilados municipales.

La agenda de trabajo se desarrollará hasta el viernes, instancia en la que cada sector presentará sus propuestas en relación con la reforma previsional.

El objetivo de estas reuniones es garantizar la participación de todos los actores involucrados, promoviendo el diálogo y la construcción de consensos en torno a un sistema previsional más equitativo y sostenible.

En ese marco, Bagnat destacó: “La reforma debe construirse con todos los sectores, buscando un equilibrio que garantice la sustentabilidad del sistema sin perder derechos”.Asimismo, señaló que el proceso se encara con una mirada de largo plazo, priorizando decisiones responsables y previsibilidad para los beneficiarios.

Finalmente, subrayó que estas instancias forman parte de una agenda más amplia impulsada por el Ejecutivo provincial, orientada a modernizar el sistema previsional, fortalecer su sustentabilidad y brindar previsibilidad a los beneficiarios, mediante la consolidación de reglas claras y sostenibles en el tiempo.

Desde la entidad remarcaron que el debate debe darse “en serio, con igualdad y con los trabajadores adentro”, y subrayaron que abordar el tema no implica resignar conquistas. “Discutir no es entregar derechos, es defenderlos con responsabilidad”, señalaron.

El sindicato aclaró que no se posiciona a favor ni en contra del proyecto impulsado por el gobierno, pero sí exige ser parte activa del proceso. En ese sentido, cuestionó la actitud de quienes se retiraron de la mesa de diálogo y consideró que evitar la discusión “frente a la gravedad del problema es casi infantil”.

Además, UPCN llamó a evitar divisiones entre sectores y pidió que el debate no se transforme en una confrontación interna. “Esto no es trabajadores contra trabajadores”, advirtieron, al tiempo que insistieron en la necesidad de unidad para enfrentar el desafío previsional.

Análisis técnico y equilibrio del sistema

Durante el encuentro, el gremio estuvo representado por la secretaria adjunta Carina Domínguez y la asesora Sandra Varas, quienes plantearon la necesidad de analizar en profundidad las inequidades del sistema.

“Hay que repensar la Caja hacia adelante, no alcanza con mirar solo el déficit”, indicaron, y señalaron que trabajan con equipos técnicos para evaluar cada variable. El objetivo, explicaron, es garantizar un sistema sostenible sin que el ajuste recaiga sobre los mismos sectores.

En ese marco, UPCN advirtió que existen diferencias entre regímenes que deben ser revisadas, especialmente en relación con edades de retiro, aportes y permanencia dentro del sistema. “El esfuerzo debe ser proporcional al beneficio”, sostuvieron.

También pusieron sobre la mesa temas poco abordados en el país, como la paridad previsional, señalando que se trata de debates modernos que ya se discuten a nivel internacional.

Condiciones para avanzar

El gremio fue enfático en que cualquier avance debe incluir tiempos adecuados para informar y consultar a los trabajadores. “No se puede resolver esto a las apuradas, pero tampoco postergarlo indefinidamente”, indicaron.

En ese sentido, cuestionaron las discusiones formales sobre si el proceso debe partir de lineamientos o de un proyecto de ley, y consideraron que ese planteo es una excusa para evitar el debate de fondo.

“Si no se quiere discutir la Caja, que se hagan cargo”, concluyeron desde UPCN, dejando en claro que el desafío previsional requiere definiciones concretas y responsabilidad compartida.

Rechazan el aumento de la edad jubilatoria y el posible impacto sobre el 82% móvil. Habrá un nuevo encuentro en 15 días.

En el marco del plan de acción para la defensa de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, los gremios que integran la Mesa Intersindical mantuvieron una reunión este miércoles para evaluar los alcances del borrador presentado por el Gobierno provincial. Durante el encuentro, las entidades sindicales coincidieron en un diagnóstico crítico: La reforma previsional proyectada se perfila como un programa de ajuste sobre el sector trabajador.

Los puntos de conflicto

Tras un análisis técnico de los “vectores” de la reforma, los representantes gremiales manifestaron su preocupación por artículos que consideran regresivos para los derechos adquiridos. Entre los ejes más polémicos de la propuesta oficial se destacan: El temor por posibles modificaciones en el cálculo del 82% móvil; el riesgo de desfasaje en las actualizaciones salariales y el rechazo unánime a cualquier intento de aumento de la edad jubilatoria.

Próximos pasos

Ante lo que califican como una reforma “ajustadora”, cada organización iniciará un proceso de debate interno para profundizar en los detalles del texto oficial.

El objetivo es consolidar una postura de bloque que frene el avance sobre el poder adquisitivo de activos y pasivos.

La Intersindical —conformada por la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE), la Federación de Jubilados y Pensionados, Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), entre otros gremios estatales— volverá a sesionar en 15 días en la sede de AJER para definir los pasos a seguir en su agenda de lucha.

Hay discusiones que no pueden seguir postergándose. La previsional es una de ellas.En Entre Ríos, como en casi todas las jurisdicciones del país, el problema existe y se agrava con el tiempo. La mayor expectativa de vida, la informalidad laboral, la menor densidad contributiva y la creciente presión sobre el Tesoro configuran una combinación que ya no admite negacionismos ni discursos de ocasión. El sistema necesita ser revisado. No hay demasiada discusión seria sobre eso. La verdadera discusión empieza después: cómo se reforma, quién fija las reglas y qué nivel de precisión y legitimidad tendrá esa reforma.Porque una cosa es reconocer que hay que cambiar. Otra, muy distinta, es aceptar que cualquier cambio sea bueno por el solo hecho de llamarse “reforma”. Eso obliga a mirar con mucha atención lo que hoy circula en la provincia. Lo que hasta acá se conoce no es todavía un proyecto de ley articulado y completo, sino un conjunto de “vectores” o lineamientos generales. Y ese dato, lejos de ser menor, ya es un problema.Si se baja el análisis a lo concreto, hay cinco cambios sustanciales que deberían quedar absolutamente claros en el debate público.El primero es el aumento de la edad jubilatoria y de los años de aporte. La jubilación ordinaria pasaría de 62 a 65 años para varones y de 57 a 60 años para mujeres, mientras que los años de servicios exigidos subirían de 30 a 35. Es cierto que el esquema prevé una transición gradual. Pero también es cierto que el efecto de fondo es inequívoco: se posterga el acceso al beneficio y se endurecen las condiciones de elegibilidad. En términos fiscales, puede entenderse la lógica. En términos sociales, el costo recae sobre el trabajador activo, especialmente sobre quienes tuvieron trayectorias laborales interrumpidas, precarias o informales.El segundo cambio es el de la base de cálculo del haber inicial. Acá está una de las claves menos transparentadas del debate. El 82% se mantiene en el discurso, pero cambia la base sobre la cual se aplica. En vez de calcularse sobre el tramo final de la carrera —como ocurre hoy—, pasaría a calcularse sobre la historia laboral real de 30 años de aportes, actualizada a valores actuales. En carreras salariales ascendentes, un promedio de 30 años tiende a ser inferior al promedio del tramo final. Dicho sin eufemismos: no se toca de frente el 82%, pero sí puede reducirse materialmente el beneficio.El tercer cambio es la modificación de la movilidad. El régimen vigente tiene una lógica simple y conocida: cuando aumentan los salarios del personal activo, se reajustan los haberes del pasivo. La propuesta rompe ese vínculo directo y lo reemplaza por índices sectoriales que definiría el Poder Ejecutivo. Este punto es central. No se trata de una cuestión secundaria ni meramente técnica. La movilidad integra el corazón del derecho previsional. Si la ley no fija con precisión la fórmula, las variables, la periodicidad, la fuente estadística y las salvaguardas, entonces la Legislatura no estaría regulando el núcleo del sistema: lo estaría delegando. Y eso es exactamente lo que no debería ocurrir.El cuarto cambio es la habilitación de aportes solidarios previsionales y topes máximos ante eventuales desequilibrios financieros o actuariales. Este es, probablemente, el aspecto más delicado de toda la propuesta. Porque no estamos hablando ya del acceso al beneficio, sino del contenido económico mismo del haber. El borrador sostiene, por un lado, que no se afectarían derechos adquiridos ni beneficios ya otorgados. Pero, al mismo tiempo, deja abierta la posibilidad de imponer descuentos o límites sobre quienes ya están jubilados o pensionados. Esa tensión es demasiado evidente. No se puede prometer que no se tocará a los pasivos y, a la vez, dejar abierta la puerta para tocarlos por otra vía.El quinto cambio sustancial aparece en la vaguedad sobre regímenes especiales, invalidez, pensión y edad avanzada. Se habla de armonización con sistemas nacionales y provinciales, de junta médica externa y de continuidad formal de algunos regímenes, pero sin un desarrollo normativo suficientemente claro. En derecho previsional, esa ambigüedad no es flexibilidad: es fuente de litigiosidad. Una reforma de esta magnitud no puede dejar aspectos esenciales librados a fórmulas abiertas o a reglamentaciones posteriores.Si se observa el cuadro completo, el saldo para el trabajador activo es bastante claro: jubilarse más tarde, acreditar más años de aporte, cobrar potencialmente menos en términos relativos y enfrentar mayor incertidumbre sobre la movilidad futura. El propio informe técnico lo resume de manera nítida: la orientación general de la reforma es ahorrativa, pero el costo recae principalmente sobre las cohortes activas. Para el jubilado actual, la principal amenaza no pasa por la edad de acceso sino por la eventual afectación futura del haber mediante topes, aportes solidarios o una movilidad menos favorable.

Hay además una omisión que no debería pasar en silencio: la cuestión de género. La reforma no corrige la brecha histórica entre varones y mujeres. Es decir, la diferencia sigue siendo exactamente la misma: cinco años. No hay una revisión de fondo, ni una propuesta consistente desde la igualdad formal, ni una mirada integral sobre cuidados, interrupciones de carrera, densidad de aportes o trayectorias laborales femeninas. En una reforma que pretende ser estructural, eso no es un detalle. Es una oportunidad perdida.Tampoco habría que perder de vista a los municipios. El informe marca con claridad que el eventual alivio del sistema provincial puede coexistir con una mayor presión sobre las haciendas locales, porque la carga del desequilibrio seguiría recayendo sobre la patronal municipal. Traducido: una parte del ordenamiento provincial puede terminar desplazando tensión fiscal hacia gobiernos locales con menor autonomía financiera, menor capacidad tributaria y alto peso del gasto en personal. Una reforma que ordena arriba pero complica abajo no resuelve todo: a veces solo cambia el lugar donde explota el problema.Pero el punto más delicado de todos sigue estando en otro lado: en la delegación de facultades al Poder Ejecutivo. Ahí aparece el núcleo más serio del problema jurídico e institucional.No todo cambio severo es automáticamente inconstitucional. El aumento de la edad jubilatoria, la suba de años de aporte o el cambio en la base de cálculo pueden ser medidas discutibles, duras e incluso regresivas, pero no por eso son inválidas por sí mismas. Una ley puede reformar expectativas no consolidadas si lo hace de manera gradual, razonable y prospectiva. El problema de mayor intensidad constitucional aparece cuando la ley deja sin definir el corazón del régimen y entrega esa definición al Ejecutivo.Eso ocurre, sobre todo, en dos puntos. Primero, en la movilidad. Si la futura ley no fija por sí misma los elementos esenciales de la fórmula y deja que el Ejecutivo determine sectores, metodología, ponderaciones, periodicidad y salvaguardas, entonces la delegación sería excesiva en una materia alcanzada por la reserva de ley. Segundo, en la facultad de imponer aportes solidarios previsionales y topes máximos sobre beneficios ya en curso. Ahí confluyen todos los riesgos: afectación del haber, delegación abierta y contradicción con la cláusula de no afectación de derechos adquiridos. El informe es terminante: ese es el punto de mayor vulnerabilidad constitucional del esquema.Por eso, las recomendaciones para el debate legislativo son tan importantes como la discusión misma. La Legislatura no debería tratar lineamientos generales, sino exigir un proyecto articulado completo. Debería reclamar un informe actuarial independiente. Debería definir por ley —y no por reglamentación— la fórmula de movilidad. Debería precisar el alcance de los regímenes especiales. Debería aclarar con exactitud si los aportes solidarios y topes alcanzan o no a beneficios ya otorgados. Debería incorporar una evaluación real del impacto de género. Y debería agregar un capítulo específico de transición fiscal para municipios y comunas adheridos. Eso no es sofisticación académica. Es el mínimo de seriedad que un debate así exige.En definitiva, Entre Ríos necesita discutir su sistema previsional. Pero discutir no es obedecer. Y reformar no es firmar un cheque en blanco.

Por eso, si la provincia va a avanzar en una reforma de esta magnitud, que lo haga bien. Con texto completo. Con estudio actuarial. Con debate político real. Con perspectiva de género. Con precisión legislativa. Y, sobre todo, sin dejar en manos del Poder Ejecutivo facultades que la Constitución y la prudencia exigen que defina la ley.Porque en materia previsional, tan grave como no reformar es reformar mal.