La reforma previsional de Entre Ríos dejó de ser un proyecto discutido en la Legislatura y comenzó formalmente su etapa de aplicación.El Poder Ejecutivo publicó este viernes en el Boletín Oficial la Ley Nº 11.302 de “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, que declara la emergencia económica y financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones durante dos años, con posibilidad de extenderla por otro período similar. La nueva legislación introduce modificaciones que alcanzan al sistema previsional de los tres poderes del Estado y a los municipios y comunas adheridos.

Su entrada en vigencia cierra además varios meses de una fuerte discusión política y gremial. El proyecto obtuvo media sanción del Senado el 15 de julio y fue aprobado definitivamente por Diputados el 29 del mismo mes.

UNA REFORMA QUE LLEGÓ EN MEDIO DE PROTESTASEl tratamiento estuvo acompañado por una importante resistencia sindical.AGMER, junto con otras organizaciones nucleadas en la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones, mantuvo durante aproximadamente dos meses un acampe frente a la Casa de Gobierno mientras la iniciativa era analizada en comisiones.Las jornadas de votación también estuvieron acompañadas por manifestaciones en los alrededores de la Legislatura.Distintos sectores sindicales cuestionaron la constitucionalidad de algunos artículos y anticiparon que, una vez promulgada la norma, podrían recurrir a la Justicia mediante acciones de amparo. Con la publicación oficial comienza, por lo tanto, otra etapa de la discusión: la aplicación concreta de los cambios y las eventuales impugnaciones judiciales que puedan presentarse.

APORTE EXTRA PARA LOS SALARIOS MÁS ALTOSEntre las medidas de efecto más inmediato aparece un aporte personal extraordinario del 3% para los trabajadores públicos en actividad cuya remuneración bruta mensual sea igual o superior a 3 millones de pesos.Quienes perciban ingresos inferiores a ese monto quedan fuera del aporte adicional. También aumentan en tres puntos porcentuales las contribuciones patronales que realizan organismos estatales y gobiernos locales. Para aquellos sectores y municipios que no generen déficit previsional, el incremento será del 1,5% mientras conserven esa condición.

EDAD JUBILATORIA: LOS CAMBIOS SERÁN GRADUALESLa reforma establece como objetivo final una edad de jubilación ordinaria de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, junto con un mínimo de 35 años de aportes.Sin embargo, el cambio no será inmediato.Las condiciones actuales permanecerán sin modificaciones hasta 2030 inclusive y desde el 1º de enero de 2031 comenzará una transición gradual que se extenderá hasta 2039.La edad requerida aumentará seis meses por año, mientras que los años de servicios exigidos se incrementarán progresivamente hasta alcanzar el nuevo régimen.

CAMBIA LA FORMA DE CALCULAR LA JUBILACIÓNOtro punto de fuerte impacto está relacionado con la determinación del haber inicial.

Para la jubilación ordinaria se establece el 82% del promedio actualizado de las últimas 180 remuneraciones mensuales sujetas a aportes, es decir, los últimos 15 años de actividad considerados por la norma.Para las jubilaciones por invalidez y edad avanzada, el porcentaje inicial será del 70% sobre ese promedio.

REGÍMENES ESPECIALESLa ley incorpora además aportes solidarios para beneficiarios de determinados regímenes especiales, entre ellos docentes, trabajadores de salud mental, radiólogos y personal penitenciario.El descuento comenzará en el 19% y disminuirá progresivamente al 17%, 12% y 6% conforme el beneficiario se aproxime a la edad correspondiente al régimen común.Quedarán exceptuados quienes acrediten 30 años de aportes directos al régimen especial dentro de Entre Ríos.

NUEVAS CONDICIONES PARA LAS PENSIONESTambién se modifican aspectos relacionados con las pensiones por fallecimiento.El beneficio será equivalente al 70% de la prestación correspondiente al causante y, en determinadas situaciones, su duración quedará vinculada al tiempo que haya durado el matrimonio o la unión convivencial.La pensión tendrá carácter vitalicio en los supuestos contemplados por la legislación, entre ellos cuando el beneficiario supere los 55 años y reúna determinadas condiciones económicas. Asimismo, se prevé la extinción del beneficio ante un nuevo matrimonio o convivencia.

LOS MUNICIPIOS DEBERÁN RESPONDER POR SU DÉFICITLa reforma introduce también una modificación importante para municipios y comunas.Cada jurisdicción adherida deberá afrontar la proporción del déficit previsional originada por sus propios beneficiarios.Cuando existan deudas por aportes o intereses, la Provincia podrá efectuar descuentos sobre fondos de coparticipación u otros recursos correspondientes al gobierno local deudor.

JUBILACIÓN O SUELDO DEL ESTADOFinalmente, se establece una incompatibilidad para los jubilados provinciales que vuelvan a desempeñarse bajo relación de dependencia en organismos públicos nacionales, provinciales o municipales.En esos casos deberán optar entre continuar percibiendo el haber jubilatorio o cobrar el salario correspondiente al nuevo cargo público.La promulgación pone en marcha una de las reformas más trascendentes y discutidas de los últimos años en Entre Ríos. El Gobierno sostiene que las modificaciones son necesarias para recuperar el equilibrio financiero y garantizar la sustentabilidad futura de la Caja.Los sectores gremiales, en cambio, vienen advirtiendo que el costo del déficit no debe recaer sobre trabajadores y jubilados.La discusión legislativa terminó. Ahora comenzará la etapa que permitirá medir el verdadero alcance económico, social y también judicial de la reforma.

SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DOCTRINARIOLa reciente sanción del Proyecto de Ley (Expte. 29.406) que reforma la Ley 8.732 altera sustancialmente las reglas del juego previsional en Entre Ríos. A través de una doble estructura de emergencia temporal y modificaciones estructurales permanentes, la reforma impacta en el cálculo del haber inicial (ampliado a 15 años), eleva la edad de retiro y años de aportes de forma progresiva, reestructura el haber de pensiones al 70%, restringe los regímenes especiales docentes con aportes descontados de hasta el 19%, y establece intimaciones obligatorias al retiro. Este trabajo analiza los dilemas de constitucionalidad frente al principio de progresividad, los derechos adquiridos y la movilidad.La aprobación legislativa del paquete de reforma al sistema previsional de Entre Ríos representa uno de los giros dogmáticos y normativos más trascendentales de las últimas décadas en la administración pública provincial. Bajo el presupuesto argumentativo de “restaurar el equilibrio y resguardar la sustentabilidad” de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, la norma introduce un andamiaje legal dual: por un lado, una declaración de emergencia económica y financiera de orden público por dos años (prorrogable por otros dos); y por el otro, una serie de modificaciones permanentes e imperativas a la Ley N° 8.732.Desde una perspectiva estrictamente jurídica y académica, se impone efectuar un deslinde minucioso entre la emergencia coyuntural y la regresividad normativa estructural, a la luz de los principios constitucionales del art. 14 bis de la Ley Suprema y art. 35 de la Constitución Provincial. 

1. Emergencia Previsional y Aportes Extraordinarios: Límites de la ExcepcionalidadEl Título I del texto normativo declara el estado de emergencia por 2 años (con opción de prórroga ejecutiva a 4 años) configurándolo como “causal de fuerza mayor y de orden público”. A fin de enjugar el déficit previsional, se impone un aporte personal extraordinario de hasta el 3% sobre remuneraciones brutas para activos con salarios superiores a $3.000.000 (actualizables por movilidad), sumado a un incremento patronal de entre el 1,5% y el 3% según si el sector es o no deficitario (Arts. 4 y 5).Desde la doctrina del Derecho Administrativo y Constitucional (doctrina CSJN “Peralta”, “Russo”), las medidas de emergencia son válidas en tanto cumplan cuatro requisitos fundamentales: existencia de una situación de emergencia real, persecución de un fin público superior, razonabilidad y temporalidad acotada. Si bien el incremento tributario/contributivo encuentra sustento formal en la emergencia, la facultad delegada al Poder Ejecutivo en el Art. 6 para “adecuar rangos y aportes” exige un control riguroso para evitar que la presión contributiva configure una exacción confiscatoria o altere la naturaleza del salario. 

2. La Alteración de la Base Reguladora: Cálculo del Haber sobre 180 MesesUno de los cambios más disruptivos y de mayor impacto patrimonial directo se halla en la modificación del Artículo 63 de la Ley 8.732 (Art. 31 del proyecto). Mientras que el esquema tradicional calculaba el 82% móvil sobre el promedio de los mejores salarios o de los últimos 10 años (120 remuneraciones), la nueva redacción impone que el haber inicial será el:“82% del promedio actualizado de las últimas ciento ochenta (180) remuneraciones mensuales brutas y sujetas a aportes al momento de la cesación.”La extensión del período base de 10 a 15 años (180 meses) genera matemáticamente una licuación o reducción del haber inicial para aquellos agentes cuya curva salarial ascendió en la etapa final de su carrera (por ascensos, jerarquizaciones o mayor antigüedad). Al licuarse la base de cálculo incorporando salarios de momentos pretéritos de la carrera, el haber líquido efectivo resultará ostensiblemente inferior al que se hubiese determinado bajo el régimen anterior. Este aspecto rozará litigiosidad bajo el agravio de vulneración del principio de sustitutividad del haber previsional respecto del salario de actividad. 

3. Los Diez Cambios Estructurales Clave: Cuadro Comparativo de Normativa

4. Análisis Profundo de los Puntos Críticos y Controversias DoctrinariasPUNTO CRÍTICO I: El “Aporte Solidario Progresivo” en los Regímenes Especiales (Docentes y Salud)El Art. 19 y 20 (Art. 37 y 37 bis) reconfiguran drásticamente el retiro especial. Un docente que opte por jubilarse a los 52/54 años continuará sufriendo un descuento solidario progresivo que inicia en el 19% del haber y se reduce en cuatro tramos (19%, 17%, 12%, 6%) hasta extinguirse al alcanzar los 60/65 años de edad.La Angosta Excepción: El último párrafo del Art. 37 bis consagra una exención para quienes cuenten con 30 años de aportes íntegramente desempeñados en el régimen especial dentro de Entre Ríos, prohibiendo el cómputo de reciprocidad nacional o servicios comunes. Para quienes tengan servicios mixtos, el descuento resultará inevitable, lo cual tensiona el principio de igualdad tributaria (Art. 16 CN) y la proporcionalidad del haber.PUNTO CRÍTICO II: La Cláusula Transitoria (Art. 45) y la Inaplicabilidad del Régimen AnteriorExiste un extendido mito de que “cumplir los requisitos otorga inmunidad”. El Art. 45 es categórico: el cálculo anterior (10 años) solo se conservará para quien a la fecha de vigencia tenga trámite iniciado o turno asignado y fije fecha de cese dentro de los 60 días. Quien habiendo reunido las condiciones de edad y servicios no haya formalizado el trámite o turno ante la Caja antes de la vigencia de la norma, quedará automáticamente encuadrado en las nuevas reglas, sufriendo el cálculo de las 180 remuneraciones.

Ello reactivará el debate doctrinario sobre la teoría de la condición vs. el derecho subjetivo perfeccionado.PUNTO CRÍTICO III: Extinción de Pensiones y Temporalidad de los Derechos PrevisionalesEl Art. 26 (Art. 46) rompe con el carácter tradicionalmente vitalicio de la pensión por fallecimiento. Se establece que para cónyuges o convivientes menores de 55 años, el beneficio se otorgará únicamente por el plazo equivalente a la duración del matrimonio o convivencia (máximo 8 años si no se acredita precisión). Asimismo, el Art. 29 (Art. 61) decreta la extinción irreversible de la pensión ante un nuevo matrimonio, unión convivencial o convivencia pública. La doctrina social cuestionará esta estipulación al calificar la pensión como un derecho sustitutivo del sostén familiar. 

5. Movilidad Previsional y Descalce Temporal (Art. 71)La reforma redefine el mecanismo del 82% móvil. Ya no se actualizará el haber según la escala salarial específica del cargo de origen en la repartición correspondiente, sino conforme a las pautas paritarias del escalafón con mayor cantidad de aportantes en la Provincia (actualmente el sector docente). Adicionalmente, el segundo párrafo consagra un diferido implícito de hasta 60 días para hacer efectivo el traslado del aumento de la actividad a la pasividad. Desde la perspectiva dogmática del Art. 14 bis CN y la jurisprudencia sentada en “Sánchez” y “Badaro”, el diferimiento por dos meses en contextos de inflación genera un menoscabo transitorio del valor real de las prestaciones. 

6. Conclusiones y Prospectiva de JudicializaciónLa Ley de Restauración del Equilibrio Previsional representa un intento estructural de cerrar un déficit financiero severo mediante la vía legislativa. No obstante, desde la perspectiva del Derecho Previsional contemporáneo, sustentado en la Progresividad y No Regresividad de los Derechos Humanos y Sociales (Art. 75 inc. 22 CN; Art. 26 Convención Americana sobre Derechos Humanos y Protocolo de San Salvador), varias de sus estipulaciones abren serios interrogantes de validez sustancial:1. Sustitutividad Afectada: El cálculo sobre 180 meses reduce el nivel de vida del pasivo en relación a su último salario de actividad, erosionando la tasa de sustitución que la jurisprudencia de la CSJN exige resguardar.2. Efecto Confiscatorio del Aporte Especial: Un descuento de hasta el 19% sobre el haber de un jubilado docente especial desnaturaliza el beneficio previsional transformándolo en un haber gravado en la pasividad.3. Vulneración de Expectativas Legítimas: El Art. 45 deja desamparados a quienes, teniendo el derecho acumulado (“requisitos cumplidos”), no llegaron a solicitar un turno administrativo previo a la promulgación.En conclusión, la norma aprobada será objeto de una intensa prueba de fuego en los tribunales contencioso-administrativos y en el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. El desafío de los magistrados consistirá en ponderar si la indiscutible emergencia financiera estatal justifica la relativización de principios dogmáticos que protegen a los sectores pasivos de la sociedad.

Firma Doctrinaria: Documento redactado para prensa especializada, seminarios jurídicos y debate institucional.Autoría: Prof. Abog. Horacio Marcelo Velazque Pens – Abogado Especializado en Derecho Administrativo (M.A.T. C.A.E.R. 8154 Tº 1, Fº 1 / Matrícula Federal Tº 140, Fº 176). Profesor de Derecho Administrativo – Profesorado Superior de Ciencias Sociales.Las opiniones vertidas constituyen una interpretación académico-técnica de la Ley de Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional de Entre Ríos (Sancionada en Sala de Comisiones el 23 de julio de 2026).

A través de una publicación en su cuenta de la red social X, el funcionario sostuvo que la sanción de la norma representa un cambio de rumbo en materia previsional. “La reforma de la Caja de Jubilaciones ya es ley”, escribió, y aseguró que el déficit del sistema se había incrementado durante años sin que existiera una decisión política para abordarlo.

En ese sentido, señaló que el tratamiento del proyecto en la Legislatura permitió abrir el debate y alcanzar una respuesta que, a su entender, brindará mayor previsibilidad al sistema. “Entre Ríos decidió discutir el tema y encontrar una solución. Así se construyen las respuestas que perduran en el tiempo”, manifestó.

Troncoso también enumeró los principales aspectos contemplados en la nueva legislación. Destacó que se mantiene el 82 por ciento móvil calculado sobre el salario bruto, que se respetan los derechos ya adquiridos por los beneficiarios y que continúan vigentes los regímenes jubilatorios especiales.

Según indicó, el objetivo central de la reforma es asegurar la sustentabilidad del sistema previsional sin afectar las garantías de los actuales jubilados ni las expectativas de quienes accederán al beneficio en el futuro.

Finalmente, el ministro remarcó que afrontar una modificación de estas características implicó asumir un costo político. “Resolver un problema estructural requiere decisión y coraje político”, afirmó, al tiempo que sostuvo que la provincia optó por avanzar con una reforma orientada a garantizar el futuro del régimen previsional, en lugar de continuar postergando una definición.

El documento de respaldo a la reforma fue firmado por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la Bolsa de Comercio de Entre Ríos (BCER), la Cámara de la Industria Cárnica de Entre Ríos (Cicer), la Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (Capper), el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), el Distrito III Entre Ríos de Federación Agraria Argentina (FAA), la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) y la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER).

Consideraron que la reforma “aborda un tema trascendente en la provincia como es el desequilibrio estructural de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos” y afirmaron que “solucionarlo es clave para sanear las finanzas públicas, mejorar la competitividad, impulsar la inversión y abrir nuevas posibilidades de desarrollo futuro”.“La magnitud del déficit previsional exige decisiones responsables, profundas y sostenidas en el tiempo, por su impacto en el conjunto de la economía provincial”, sostuvieron.“El desfinanciamiento del sistema previsional afecta a todos los entrerrianos porque absorbe recursos públicos crecientes que podrían destinarse a infraestructura, educación, salud, seguridad, reducción de la presión tributaria, promoción de la inversión y generación de empleo privado”, enfatizaron.En ese sentido, destacaron que la iniciativa reconoce la gravedad del problema, preserva los derechos adquiridos de los actuales jubilados y pensionados, y propone una transición gradual orientada a recuperar el equilibrio del sistema”.“Los fundamentos resultan consistentes con una premisa central: defender el régimen previsional no significa negar sus problemas, sino corregirlos a tiempo para garantizar su sustentabilidad”, aseveró.Luego ratificaron “la importancia de ordenar las cuentas públicas, modernizar elEstado y establecer reglas previsibles que favorezcan la producción, la inversión y el trabajo” y expresaron que “ello es clave para el desarrollo de la provincia”.“La reforma previsional responsable es una condición necesaria para construir una provincia más competitiva, con un Estado financieramente sostenible y con capacidad real de acompañar el desarrollo productivo”.Tras la media sanción, las entidades sostuvieron la necesidad de “continuar el debate legislativo con seriedad institucional, transparencia y vocación de diálogo, sin dilaciones que profundicen el problema. La provincia necesita acuerdos maduros y decisiones firmes”.“Es clave ahora que los Diputados avancen definitivamente hacia una solución estructural, equilibrada y sustentable, a la altura de la responsabilidad histórica que demanda este momento”. (APFDigital)

Miranda fue más allá de justificar su posición. Responsabilizó directamente al peronismo por no haber resuelto el déficit previsional cuando tenía todas las herramientas a su alcance. “Teníamos Gobierno Nacional, Gobierno Provincial y mayoría en ambas Cámaras”, recordó, cuestionando por qué durante esos años no se avanzó en una solución.Aunque consideró la reforma como “un comienzo” insuficiente, la legisladora defendió que “alguien se tiene que animar” a tomar decisiones difíciles.

El momento más crítico llegó cuando Miranda cuestionó el mandato partidario que amenazó con expulsar a legisladores que acompañaran la reforma. Denunció una doble vara: en 2017, dos peronistas votaron a favor de la reforma jubilatoria de Macri sin ser sancionados. “Me queda la duda de si cuando votan dirigentes de departamentos grandes es por gobernabilidad, pero cuando el norte toma otra decisión es traición”, planteó.

Su análisis fue aún más incisivo: describió al justicialismo entrerriano como “un partido acéfalo” durante los últimos ocho años. Criticó también el funcionamiento de la estructura partidaria: “Las veces que se reúnen es para ver a quién pueden expulsar”, en lugar de acompañar a quienes trabajan en territorio.Apuntó además contra referentes del PJ que, sin haber ganado nunca una elección, ocupan cargos “puestos a dedo” incluso en la Legislatura. “Con qué moral pueden venir a exigir algo”, disparó.

Miranda reivindicó la legitimidad de los legisladores elegidos democráticamente. “No somos legisladores solo del peronismo; cuando ganamos una elección representamos a todos”, sostuvo.

Explicó su apoyo a la reforma por “sentido común” y negó motivaciones políticas o personales. Señaló que, tras negociar modificaciones al proyecto oficial, rechazarlo hubiera sido incoherente. Aunque reconoció que el bloque opositor consideraba superior su propuesta alternativa, admitió que carecía de votos para aprobarla.

Con su intervención, Miranda no solo respaldó explícitamente la reforma previsional del Ejecutivo provincial, sino que abrió un nuevo frente de tensión dentro del peronismo entrerriano al exigir una profunda autocrítica sobre los años en que el PJ gobernó con mayoría sin resolver el sistema previsional.

La máxima autoridad partidaria resolvió rechazar expresamente la reforma previsional por considerar que implica un grave retroceso en materia de derechos para trabajadores activos y jubilados, y mandató a todos los representantes justicialistas a votar en contra de la iniciativa. Asimismo, dejó establecido que quienes incumplieran esa resolución quedarían sujetos al régimen disciplinario previsto por la Carta Orgánica del Partido, cuyas sanciones pueden alcanzar la expulsión.

Con su voto afirmativo, las legisladoras no solo desconocieron una decisión adoptada democráticamente por el Congreso Provincial, sino que además avalaron una reforma que hace recaer el peso del déficit previsional sobre quienes sostienen y sostuvieron con sus aportes el sistema jubilatorio entrerriano.

Su decisión representa, además, una profunda contradicción con los principios históricos del justicialismo y con el espíritu solidario que dio origen al sistema previsional de Entre Ríos, construido para proteger a quienes dedicaron su vida al servicio público: docentes, policías, trabajadores de la salud, empleados públicos y todos aquellos que aportaron durante décadas con la expectativa de acceder a una jubilación digna.

Durante todo el debate legislativo quedó demostrado que existía otro camino posible. El proyecto presentado por el justicialismo propuso alternativas para fortalecer la sustentabilidad de la Caja sobre la base de estudios actuariales independientes, consensos institucionales y medidas que no implicaran resignar derechos ni trasladar el costo del equilibrio financiero a trabajadores y jubilados.

Desde el Partido Justicialista sostenemos que la sustentabilidad de la Caja debe construirse con responsabilidad y planificación, pero nunca a costa de quienes trabajaron toda su vida. Defender el sistema previsional también significa defender el principio de solidaridad intergeneracional que constituye uno de los pilares del Estado y una bandera histórica del peronismo.

El justicialismo entrerriano reafirma su compromiso con la defensa de la seguridad social como un derecho irrenunciable y ratifica la plena vigencia de las resoluciones adoptadas por su Congreso Provincial. Quienes fueron elegidos para representar al peronismo tienen el deber político, institucional y ético de honrar el mandato colectivo surgido de los órganos partidarios y de defender los intereses de los trabajadores y jubilados por encima de cualquier especulación circunstancial.

Por ello, el Partido Justicialista pondrá los antecedentes del caso a consideración del Tribunal de Disciplina para que evalúe las conductas descriptas y determine la aplicación de las sanciones previstas en la Carta Orgánica, incluida la expulsión del Partido si así correspondiere.

El peronismo entrerriano -expresado a través de las autoridades del Consejo Provincial del PJ de Entre Ríos, sus bloques de senadores y diputados provinciales, la Liga de Intendentes, y sus legisladores nacionales- manifestó su “rechazo categórico y absoluto al proyecto de reforma previsional impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio, así como al dictamen de mayoría de la Cámara de Senadores”.Desde el peronismo señalaron al oficialismo provincial como “el único y excluyente responsable político de una iniciativa legislativa que consagra un retroceso histórico y una flagrante regresión en materia de derechos humanos y sociales en Entre Ríos”.Asimismo, repudiaron la estrategia oficialista de “agitar una falsa e inexistente guerra entre trabajadores del sector público y privado”, calificándola como una cortina de humo para nivelar los derechos hacia abajo.

Sumisión al ajuste nacional y claudicación federalEn un documento emitido por el PJ se vincula directamente este proyecto con las políticas macroeconómicas de Javier Milei. “Las políticas de ajuste nacional, la parálisis económica y el desplome de la recaudación por la recesión son los factores que impulsan esta reforma bajo la premisa del ‘déficit cero’”, explicaron.En ese sentido, lanzaron una dura crítica al gobierno provincial cuestionando el alineamiento incondicional del Frigerio ante este rumbo destructivo es la causa principal de un brutal ajuste sobre los jubilados. “Lejos de defender la autonomía, el Ejecutivo entrerriano ha decidido no reclamar firmemente ante la Nación los recursos previsionales que por ley le corresponden a Entre Ríos, convalidando acuerdos centralistas que implican una renuncia fáctica a los fondos históricos de la Caja de Jubilaciones y claudicando el justo reclamo federal”, se expresó.Graves vicios de inconstitucionalidad y aspectos técnicosEl peronismo detalló los puntos más críticos y alarmantes del proyecto de ley, advirtiendo que adolece de vicios insalvables de inconstitucionalidad. Algunos de ellos fueron:Fin de la Movilidad Histórica (Art. 34): Denuncian el desmantelamiento de la movilidad al desvincular el haber de los jubilados de su escalafón de origen, delegándolo en un índice discrecional del Ejecutivo.El engaño del 82% Móvil (Arts. 31 y 63): Afirman que mantener el porcentaje es una “maniobra publicitaria vacía”. Al estirar la base de cálculo de las últimas 120 a las últimas 180 remuneraciones (15 años), incorporando salarios históricos de categorías iniciales inferiores bajo un “promedio actualizado” cuyo índice de actualización la ley ni siquiera define, se produce una drástica licuación del haber inicial.

Delegación de Facultades Extraordinarias (Art. 6): Rechazan la declaración de una emergencia previsional que funcione como un “cheque en blanco” para que el Gobernador modifique unilateralmente alícuotas y aportes por decreto, violando la división de poderes y la Carta Magna provincial.Asfixia a los Municipios (Art. 15): Condenan el avasallamiento a las autonomías municipales al facultar a la Contaduría General a retener unilateral y automáticamente fondos de la coparticipación para cobrar deudas previsionales, vulnerando el pacto fiscal interno.Confiscación a Regímenes Especiales (Arts. 19 y 20): Califican de “absurdo jurídico” el aporte solidario post-jubilatorio de hasta el 19% para sectores que realizaron tareas de desgaste psicofísico (salud mental, infectocontagiosas, radiología, servicio penitenciario).Profundo sesgo discriminatorio contra las mujeres: Advierten que el ajuste se ensaña con las conquistas históricas femeninas. El aporte solidario recae sobre áreas altamente feminizadas (docencia y salud pública), se aumenta la edad jubilatoria y se recortan cruelmente las pensiones por viudez a un máximo de 8 años en determinados supuestos, violando tratados internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.Cambios en Pensiones e Invalidez (Art. 24): Se exige estar en actividad y con aportes recientes para acceder a la invalidez, desprotegiendo a enfermos crónicos, violando el principio de no regresividad del Pacto de San José de Costa Rica.

Alerta sobre el mandato partidarioEl comunicado fija una postura orgánica inflexible respecto al debate legislativo: “Cualquier postura de legisladores provinciales peronistas que no se encuadre con el rechazo absoluto a este proyecto constituirá una posición estrictamente personal y en abierta desobediencia al mandato partidario”, advirtieron, recordando que pesarán las sanciones ya ratificadas por el último Congreso del PJ entrerriano.Reforma previsional: Crece la incertidumbre en el PJ por la posición a tomar en la sesión especialReforma previsional: El Congreso del PJ facultó al Tribunal de Disciplina a expulsar a los legisladores que no rechacen el proyecto“No existe espacio para el acompañamiento individual”, sentenciaron, denunciando además que las modificaciones introducidas al texto original son “meramente cosméticas e insuficientes”.Lo dijeron en función de declaraciones de la senadora justicialista Gladys Domínguez, quien indicó que sus redes sociales que logró incorporar cambios para “mejorar el proyecto de reforma previsional” y, de este modo, deslizó un posible acompañamiento.“Había otro camino”Para finalizar, desde el peronismo entrerriano remarcaron que siempre manifestaron la voluntad de discutir la sostenibilidad de la Caja, proponiendo una alternativa responsable, transparente y técnicamente fundada que incluía la recuperación de los recursos adeudados por Nación. Sin embargo, el oficialismo “prefirió imponer una reforma sin consensos y legislar a ciegas”.

“Esta reforma nace con un altísimo nivel de conflictividad jurídica y abrirá un escenario de judicialización masiva que terminará generando nuevos y millonarios costos para la provincia. Lo que hoy el Gobierno presenta falsamente como un ahorro, se convertirá mañana en un pasivo económico mucho mayor”, alertaron.“Esta es la reforma del conflicto permanente. Detrás de cada voto favorable hay miles de docentes, policías, enfermeros y empleados públicos cuyo futuro se verá afectado. El peronismo seguirá defendiendo un sistema previsional solidario, bajo la convicción de que fortalecer la Caja nunca debió significar debilitar los derechos de quienes la sostuvieron durante toda una vida de trabajo”, concluye el documento.(APFDigital) 

Tras concluir la ronda de consultas en las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales, el oficialismo avanzó con la firma del dictamen de mayoría para la reforma del sistema jubilatorio. El senador Gustavo Vergara, presidente de la comisión, confirmó que el proyecto del Ejecutivo recibió ocho modificaciones de último momento para atender reclamos técnicos y observaciones de la Fiscalía de Estado.

El proyecto oficialista: emergencia y nuevos aportesEl dictamen de mayoría establece una emergencia previsional por dos años, prorrogable por otros dos. Entre los cambios más significativos, se incluyó un aporte solidario del 3% para los activos que perciban haberes superiores a los 3 millones de pesos, además de una contribución patronal adicional del 3% para sostener el déficit de la Caja.En cuanto a la edad jubilatoria, el oficialismo consensuó fijarla en 65 años para varones y 60 años para mujeres. Respecto al cálculo del haber inicial, se computarán los últimos 15 años de servicio en lugar de los 10 previstos originalmente. “La idea es no dilatar más y avanzar cuanto antes”, aseguró Vergara.La postura del PJ: Rechazo a la emergencia y propuesta alternativaPor su parte, el bloque del PJ, representado por el senador Juan Pablo Cosso, presentó un dictamen propio que busca la sustentabilidad sin declarar la emergencia, a la que calificó de “contradictoria” en un proyecto de reforma estructural.La propuesta del peronismo se centra en proteger los derechos adquiridos, aplicando los cambios solo a quienes ingresen al Estado a futuro.

Entre sus puntos destacados figuran:Fondo Entrerriano de Sostenibilidad Previsional: Inspirado en propuestas de la Multisectorial, se financiaría con aportes de la planta política, el 10% de la utilidad del juego online y multas a vehículos mal radicados.Regímenes Especiales: Para los docentes, el PJ propone elevar la edad a 59 años para varones y 57 para mujeres (cinco años más que el régimen actual).Movilidad: Sugieren una fórmula basada en un 50% por IPC y un 50% por la paritaria del gremio mayoritario. (APFDigital)

El debate sobre el sistema previsional de nuestra provincia nos enfrenta a una realidad que durante demasiado tiempo la política entrerriana prefirió postergar. El proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo para ordenar y sanear la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos no es una iniciativa más: es una decisión de Estado indispensable si queremos garantizar la continuidad del sistema.Llegamos a este punto después de años en los que se priorizó el cálculo político por sobre el abordaje serio de un problema estructural. Se eligió postergar las decisiones para evitar costos electorales, mientras el déficit crecía de manera sostenida. Hoy esa realidad nos interpela con toda su crudeza y nos demuestra que ya no hay lugar para la especulación. La crisis previsional no se resolverá con demagogia, promesas imposibles o discursos para la tribuna. Se resolverá con responsabilidad, sinceridad y decisión política.En las últimas semanas, las comisiones legislativas fueron escenario de un hecho inédito. Este miércoles concluyó la etapa de exposiciones en el Senado provincial, luego de una convocatoria amplia y plural que permitió escuchar a todos los sectores involucrados. Desde el retorno de la democracia, pocas veces un proyecto de esta magnitud generó una instancia de participación tan abierta. Esa amplitud refleja la importancia del desafío que tenemos por delante.Durante ese proceso escuchamos a representantes gremiales, profesionales, funcionarios judiciales, especialistas, autoridades de la Caja y también a quienes la condujeron en gestiones anteriores. Entre ellos, el expresidente de la Caja, Daniel Elías, cuya trayectoria y conocimiento del sistema le otorgan una autoridad técnica difícil de discutir. Sin pertenecer a nuestro espacio político, sostuvo con claridad la necesidad de avanzar en una reforma paramétrica que garantice la viabilidad del régimen previsional. Su diagnóstico coincidió con una percepción que atravesó buena parte del debate: esta es una discusión que desde hace años todos sabían que debía darse, pero que muy pocos estuvieron dispuestos a impulsar.Hoy nos corresponde asumir esa responsabilidad con la convicción de que no hacer nada significaría condenar a la Caja de Jubilaciones a un deterioro cada vez más profundo. Ya no hay margen para seguir postergando decisiones.También es importante transmitir tranquilidad a los trabajadores y jubilados. Esta reforma respeta plenamente los derechos adquiridos y proyecta sus cambios hacia el futuro. Quienes ya están jubilados o quienes ya reúnen las condiciones para acceder al beneficio no verán modificada su situación. Quienes ingresen en adelante a la administración pública conocerán desde el inicio cuáles serán las reglas del sistema.A lo largo de las reuniones de comisión también quedó de manifiesto otro dato difícil de ignorar: el aumento de la expectativa de vida obliga a revisar parámetros que fueron pensados para una realidad demográfica completamente distinta. Las leyes deben acompañar esos cambios para preservar la sustentabilidad del sistema. Del mismo modo, numerosas exposiciones dejaron en evidencia distorsiones y situaciones que explican la necesidad de introducir correcciones.El gobernador Rogelio Frigerio tuvo el coraje político de abrir este debate y poner sobre la mesa un problema que durante años fue evitado. Como legisladores, nuestra responsabilidad es estar a la altura de ese desafío.Es tiempo de escuchar, incorporar los aportes que mejoren el proyecto y avanzar con la firme convicción de que la inacción ya no es una alternativa. La responsabilidad política también consiste en tomar decisiones difíciles cuando son necesarias para proteger el futuro de todos los entrerrianos.

(*) Diputada de Juntos por Entre Ríos

El Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, fue convocado para participar del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, que el próximo miércoles 1º de julio continuará con el tratamiento del proyecto de ley denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”.

La reunión fue convocada para las 9 en la Sala de Comisiones y tendrá como principal expositor al titular de la Fiscalía de Estado, en el marco de la ronda de consultas que llevan adelante los senadores antes de emitir dictamen sobre la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.

Durante las últimas semanas, las comisiones recibieron a distintos especialistas, representantes de instituciones, referentes políticos y gremios para conocer sus opiniones sobre la propuesta.

En las reuniones realizadas esta semana expusieron los especialistas en Derecho Previsional y ex legisladores Emilio Castrillón y Raymundo Kisser, quienes analizaron distintos aspectos jurídicos del proyecto.

También fueron convocados el expresidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Daniel Elías, e integrantes del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, quienes también realizaron aportes y observaciones sobre la iniciativa.

Previamente, los senadores escucharon a intendentes de distintas fuerzas políticas, que presentaron sus posturas en torno a la reforma.

Anteriormente habían sido convocados representantes de la Asociación de la Magistratura  y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos.

En tanto, la primera ronda de invitados estuvo protagonizada por representantes gremiales de diversos sindicatos.

Con la presencia de Rodríguez Signes, el Senado sumará una nueva voz técnica al debate del proyecto de reforma previsional, cuyo análisis continúa en el ámbito de las comisiones antes de su tratamiento en el recinto.

Los intendentes manifestaron la necesidad de contar con estudios actuariales independientes que permitan proyectar de manera real y objetiva los efectos de las modificaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo.  

En ese marco, la propuesta de los senadores de la oposición se fundamenta en el artículo 41 de la Constitución de Entre Ríos, que establece que toda normativa previsional debe sustentarse en criterios técnicos que aseguren la proporcionalidad entre aportes y beneficios, considerando además variables como la edad, los años de servicio y la participación del Estado.

Desde el bloque de senadores del PJ se advierte que cualquier modificación que altere estos parámetros sin una adecuada valuación actuarial podría incurrir en un vicio de inconstitucionalidad.

Por ello, se solicitó la intervención del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER), organismo con competencia específica en la materia, para la elaboración de un informe técnico actuarial independiente que permita evaluar con rigor el impacto de la reforma propuesta.

El Consejo participó también de las reuniones de comisión en el Senado, aportando una mirada técnica sobre el proyecto, en las que sus representantes advirtieron sobre el déficit del sistema y la necesidad de medidas que garanticen su sustentabilidad sin afectar derechos.

Los senadores justicialistas señalan importantes omisiones en el proyecto, la falta de escenarios que contemplen variables clave como la deuda de ANSES con la provincia y la evolución de recursos vinculados al IVA.

“La discusión previsional requiere responsabilidad y sustento técnico. No se trata sólo de números, sino de garantizar derechos y previsibilidad para miles de entrerrianos y entrerrianas”, expresó al respecto el senador Víctor Sanzberro.

La iniciativa también establece que el informe deberá ser elaborado con plena autonomía metodológica, suscripto por profesionales actuarios matriculados y validado por el Consejo Directivo correspondiente, asegurando así su rigurosidad y validez técnica.

Durante la mañana expondrán la secretaria general de la Asociación del Personal Superior de Paraná (APS), Alejandra Levrand, y el secretario general de UPCN Entre Ríos, José Allende.Por la tarde será el turno del secretario general de FESTRAM, Mario Barberán; del titular del SUOYEM, Jesús Núñez; y de la presidenta de la Federación de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos, María Angélica Hermosi.Las audiencias forman parte del cronograma de consultas impulsado por el Senado antes de avanzar con el tratamiento definitivo de la iniciativa.La semana pasada ya pasaron por las comisiones representantes de ATE, AJER y distintos gremios docentes. Entre los principales cuestionamientos surgieron advertencias sobre una eventual pérdida de derechos previsionales, críticas al concepto de emergencia utilizado en el proyecto y objeciones a que el equilibrio financiero del sistema se logre mediante mayores exigencias para trabajadores y futuros jubilados.Desde el oficialismo, el senador Gustavo Vergara ratificó que el objetivo es alcanzar una reforma que garantice la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones y adelantó que el proyecto podría llegar al recinto durante el próximo mes, una vez finalizada la ronda de consultas y análisis en comisión.El legislador aseguró que las observaciones realizadas por los distintos sectores serán consideradas durante el proceso de discusión, aunque remarcó que el Gobierno mantiene la convicción de avanzar con cambios que permitan sanear el sistema previsional provincial a largo plazo.

Por Martín Oliva, senador por el departamento Uruguay

Mientras el gobierno provincial insiste en presentar a la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos como una carga que los entrerrianos deben soportar, conviene separar los hechos de los relatos. Porque una cosa es discutir la sustentabilidad de un sistema previsional y otra muy distinta es construir culpables para justificar decisiones políticas.

En las últimas semanas hemos escuchado una narrativa que busca instalar que el déficit de la Caja es consecuencia de los haberes que perciben jubilados y pensionados. Ese discurso no resiste un análisis serio. Responde más a una necesidad política que a una realidad respaldada por los datos.

No es la primera vez que ocurre. Al inicio de la actual gestión también se intentó instalar la idea de una provincia al borde del colapso, donde ni siquiera podrían pagarse salarios y aguinaldos. Cuando llegó el momento de administrar y revisar las cuentas, aquella afirmación quedó rápidamente desmentida por los hechos.

Hoy asistimos a una estrategia similar. Se pone la lupa sobre los trabajadores y jubilados, mientras se dejan fuera de la discusión cuestiones centrales para entender la situación previsional de Entre Ríos.

La primera es la deuda que mantiene el Estado nacional con nuestra provincia por los déficits previsionales no transferidos. Son recursos que pertenecen a los entrerrianos y cuya actualización y pago deben formar parte de cualquier debate serio sobre el futuro de la Caja.

La segunda es la necesidad de fortalecer el empleo formal y registrado. Ningún sistema previsional mejora reduciendo derechos o disminuyendo beneficiarios. La sustentabilidad se construye ampliando la base de aportantes, generando más trabajo y promoviendo el crecimiento económico.

Sin embargo, la discusión pública parece orientarse en otra dirección. Se busca señalar como responsables del problema a docentes, enfermeros, policías y trabajadores estatales que durante décadas realizaron aportes previsionales entre los más altos del país, cumpliendo con todas las obligaciones que el propio Estado les exigió.

Resulta preocupante que se pretenda presentar como un privilegio aquello que es un derecho adquirido. Los jubilados no son una carga. Son personas que trabajaron toda una vida bajo reglas establecidas por el Estado y que hoy tienen derecho a recibir una prestación acorde a los aportes realizados.

Además, existe una mirada económica que suele omitirse deliberadamente. Los salarios de los trabajadores estatales y los haberes jubilatorios sostienen buena parte de la actividad económica de cientos de localidades entrerrianas. Cada peso que perciben vuelve al circuito económico en forma de consumo, comercio, servicios y empleo. Defender esos ingresos no es solamente una cuestión de justicia social; también es una política de desarrollo para la provincia.

Por eso preocupa que se intente enfrentar a entrerrianos contra entrerrianos. Cuando la discusión se concentra en cuánto cobra un jubilado, dejamos de hablar de los recursos que la Nación adeuda, de la generación de empleo, de la distribución de la carga tributaria y de las responsabilidades de gestión.

Las sociedades progresan cuando amplían derechos y construyen consensos. Retroceden cuando buscan culpables entre quienes trabajan y aportan.

La Caja de Jubilaciones necesita ser defendida, fortalecida y modernizada donde sea necesario. Pero jamás a costa de quienes durante toda su vida sostuvieron el sistema con su esfuerzo. Porque defender los derechos previsionales no es defender privilegios. Es defender un compromiso asumido por el Estado y una parte fundamental del entramado económico y social de Entre Ríos.

Manifestó un fuerte respaldo al proceso de reforma previsional que atraviesa Entre Ríos y sostuvo que la provincia no debe desaprovechar la oportunidad de avanzar con modificaciones estructurales.“El debate que se está dando es una oportunidad que no hay que desperdiciar. La reforma hay que hacerla”, afirmó, al tiempo que remarcó que el contexto actual reúne condiciones políticas poco frecuentes para encarar una discusión que lleva décadas postergándose.Elías, reconocido por su trayectoria en materia previsional, señaló que Entre Ríos “está llegando tarde” a este debate y recordó que participó en la elaboración de cinco proyectos de reforma desde 1997.“Hay que evitar desaprovechar la oportunidad porque es muy difícil lograr el contexto político para una reforma”, insistió.En ese sentido, destacó que actualmente existe una decisión política para avanzar en cambios de fondo. “Hay un gobernador decidido y legisladores comprometidos con esta discusión”, indicó, y valoró además el trabajo técnico desarrollado por la Caja de Jubilaciones, al considerar que se trata de un análisis “minucioso” de la situación del sistema.Durante la entrevista, recordó que el primer anteproyecto en el que participó fue presentado en diciembre de 1997, durante la segunda gestión de Jorge Pedro Busti. Posteriormente, intervino en nuevas iniciativas durante los gobiernos de Sergio Urribarri y elaboró otro anteproyecto en la gestión de Gustavo Bordet.“Si ese proyecto en parte hubiera sido aprobado, muchas de las situaciones que hoy enfrenta el sistema previsional se podrían haber evitado”, sostuvo en relación a las propuestas impulsadas hace casi tres décadas.Asimismo, trajo a colación declaraciones de Bordet en 2020 sobre la necesidad de abordar la situación de la Caja de Jubilaciones, al recordar que el entonces mandatario había planteado la importancia de no postergar más esta discusión.Elías consideró que el desafío actual es alcanzar una solución sostenible en el tiempo y, si bien planteó observaciones sobre algunos aspectos puntuales del proyecto, respaldó varios de sus ejes centrales.“Estoy convencido de que hay que elevar las edades jubilatorias y también reformar el esquema de pensiones”, afirmó.Finalmente, subrayó que el sostenimiento del sistema previsional requiere de un esfuerzo compartido y progresivo. “Todos tenemos que hacer un esfuerzo, pero quienes tienen mayor capacidad deben hacerlo en mayor medida”, concluyó.

El secretario general de Agmer, Abel Antivero, aseguró que el resultado legislativo todavía no está definido y consideró que existen senadores que aún analizan el alcance de la iniciativa. En ese marco, destacó las reuniones mantenidas con legisladores de distintos departamentos para exponer los cuestionamientos de los gremios.

Mientras el acampe suma actividades culturales y de difusión, desde el sindicato insistieron en que seguirán trabajando para generar conciencia sobre las consecuencias de la reforma y remarcaron que aún no consideran cerrado el debate en la Cámara alta.

El senador provincial Rubén Dal Molín (JxER-Federación) dio a conocer un documento legislativo de 1997 que muestra que el gobierno de Jorge Busti (PJ) impulsó una reforma previsional “con varios de los mismos principios que hoy cuestiona la oposición”.

“Se trata de un proyecto presentado durante la gestión de Busti que proponía modificaciones en la edad jubilatoria, el cálculo del haber inicial y el régimen de movilidad, aspectos que forman parte del debate previsional que actualmente se desarrolla en la Legislatura”, explicó el legislador.

“El hallazgo es importante porque demuestra que el problema previsional no nació ahora ni fue inventado por este gobierno. Hace casi 30 años el propio peronismo identificó las mismas dificultades estructurales y propuso soluciones de la misma naturaleza que las que hoy estamos discutiendo”, afirmó luego.

El legislador recordó que el proyecto de 1997 sostenía que la edad jubilatoria vigente había quedado desactualizada respecto de otros regímenes previsionales y proponía elevarla a 63 años para los varones y 60 para las mujeres. “También planteaba ampliar el período utilizado para calcular el haber inicial y modificar la movilidad de las jubilaciones para darle mayor sustentabilidad al sistema”, acotó.

“Lo llamativo es que quienes hoy rechazan cualquier intento de reforma pertenecen al mismo espacio político que hace casi 30 años advertía sobre estos problemas y proponía cambios para resolverlos”, señaló. 

Como suele ocurrir en la política, el paso del tiempo termina dejando enseñanzas difíciles de ignorar. Muchas veces los argumentos que ayer se utilizaron para justificar determinadas decisiones reaparecen años después en boca de quienes entonces las cuestionaban. Los extremos suelen tocarse más de lo que sus protagonistas están dispuestos a admitir, y no son pocas las ocasiones en que las piedras arrojadas desde una vereda política terminan golpeando exactamente el mismo lugar cuando cambian las circunstancias y las responsabilidades de gobierno. La discusión previsional entrerriana parece ofrecer, una vez más, un ejemplo de esas paradojas que la historia política suele repetir. (I: Analisis-El Heraldo)

Un grupo de rectores de escuelas secundarias del departamento Concordia hizo pública una carta dirigida a los legisladores entrerrianos para expresar su rechazo al proyecto de reforma previsional que analiza la Provincia.En el documento, los directivos sostienen que los trabajadores de la educación no deben ser utilizados como “variable de ajuste” para resolver los problemas financieros de la Caja de Jubilaciones, y remarcan que los docentes han cumplido históricamente con sus aportes previsionales.Asimismo, manifestaron su respaldo a las organizaciones sindicales que representan al sector y reclamaron que no se modifiquen derechos adquiridos vinculados al régimen jubilatorio.Entre los principales cuestionamientos, señalaron que la reforma podría afectar la movilidad de los haberes, elevar la edad de retiro y desalentar el ingreso de nuevas generaciones a la carrera docente. También advirtieron sobre el impacto que estas medidas tendrían en la calidad educativa y en las condiciones de vida de los futuros jubilados.

La carta concluye con un llamado a los legisladores para que escuchen los reclamos de las comunidades educativas y rechacen cualquier iniciativa que implique un retroceso en materia previsional.   Además del planteo previsional, los firmantes reiteraron el reclamo por edificios propios para las escuelas secundarias N.º 22 “Mariano Moreno” y N.º 30 “María Elena Walsh”.

CARTA ABIERTA A LOS LEGISLADORES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS02 de junio de 2026

De nuestra consideración:Las Rectoras y los Rectores de escuelas secundarias del Departamento Concordia nos dirigimos a ustedes con la urgencia y la gravedad que el momento histórico nos impone. Como directivos de las instituciones educativas que sostienen el sistema público día a día, nos posicionamos con firmeza en este espacio de interpelación pública para exigir el freno inmediato a la reforma previsional que se pretende impulsar en nuestra provincia.Esta carta no es un mero formalismo; es una advertencia institucional sobre el avasallamiento de los derechos de los trabajadores de la educación. Bajo ningún concepto aceptaremos que se utilice a la docencia como variable de ajuste para cubrir baches fiscales ajenos. El desfinanciamiento crónico de nuestra Caja de Jubilaciones y Pensiones es el resultado exclusivo de décadas de malas gestiones políticas, administraciones deficientes y giros discrecionales del Estado. Los trabajadores de la educación jamás fuimos los responsables de esta crisis: hemos realizado nuestros aportes en tiempo y forma, de manera ininterrumpida, durante toda nuestra vida laboral. Sanear con el sacrificio de los aportantes lo que las malas decisiones políticas destruyeron es una profunda injusticia moral y un grave error legislativo.En este escenario crítico, reafirmamos nuestra total adhesión, apoyo y acompañamiento activo a las acciones de lucha y resistencia de nuestras organizaciones sindicales. Empoderamos expresamente a nuestros representantes gremiales para que mantengan la máxima firmeza en las mesas de negociación. No estamos dispuestos a ceder ni un ápice de las conquistas históricas que costaron años de esfuerzo colectivo. La defensa de nuestro régimen previsional es innegociable.Apelamos a su responsabilidad como legisladores para que evalúen los argumentos técnicos, sociales y humanos que hacen que esta reforma sea inviable y perjudicial para el futuro de Entre Ríos:-Ruptura del principio de movilidad y sustentabilidad: Pretender que los docentes activos y jubilados convaliden el retroceso de su propio régimen de retiro es empujarlos a una vejez de precarización, transformando el derecho a una jubilación digna en un haber de miseria.-Aumento injustificado de la edad de retiro: Exigir más años de servicio frente al aula desconoce la naturaleza y el desgaste psicofísico propio de la tarea docente, impactando directamente en la salud de los educadores y en la calidad pedagógica que reciben los estudiantes.-Destrucción de la carrera y el recambio generacional: Advertimos con absoluta gravedad que esta asfixia previsional proyecta un horizonte de colapso inminente en la profesión. Si se avanza con una jubilación de miseria y se aumentan los requisitos para acceder a ella, los institutos de formación superior quedarán vacíos. El Estado provincial está convirtiendo la docencia en una opción expulsiva e inviable para las nuevas generaciones, destruyendo el incentivo para el recambio de nuestras plantas docentes.Legislar en contra de los trabajadores no es una opción aceptable. Defender el sistema previsional es valorar positivamente a la escuela pública, la dignidad de quienes enseñan y el derecho al futuro de los jóvenes entrerrianos.Los instamos a escuchar/atender el reclamo de las comunidades educativas y de los representantes gremiales. La dignidad de la educación pública y de sus jubilados no se negocia, se defiende.Atentamente, Lic. Liliana Rueda - Esc. Sec. N°14 “A. Carbó”Mg. Julio Gallardo Rector Titular de Esc. Sec. N° 31 ‘Benito Juárez’ Prof. Andrea Pascucciello - Esc. Sec. N°44 “Dr. Enrique Romero Brest”Prof. Marina Sanchez Kremer- Rectora Titular- Esc. Sec. N° 22 “Mariano Moreno”Prof. Vanina Siarra, Rectora Esc. Sec. N°19 “Generala Juana Azurduy”Lic. Maria Soledad González- Rectora Titular E.E.A.T. N° 152 “Manuel M. Calderón”Lic. Mariana Bodean - Rectora de la Escuela Secundaria N°23 “República Oriental del Uruguay”Prof. Orge Aracama, Lautaro. Rector Escuela Secundaria N° 32 “Osvaldo Magnasco”.Prof. Eduardo Ibarrola. Rector Titular Esc. Sec. N° 4 “Damián Pedro Garat”Prof. Alejandro Solari, Rector Titular Esc. Sec. N° 18 ‘Vélez Sarsfield’Prof. Silvana Elgart, Rectora Titular Esc. Sec. N° 37 “Ernesto Che Guevara” Prof. Marina Soto. Rectora Esc. Sec. N°7. ‘Gdor. G. R. López Jordán’.Prof. Dariela Paola Giménez.  Rectora Esc. Sec. N° 2 “José Gervasio Artigas”Prof. Paula Benítez. Rectora Esc. Sec. N° 30 ‘María Elena Walsh’Prof. Heit Cynthia M Rectora Escuela Secundaria N 21 “Aurora del Yeruá”Prof. Adriana Acosta - Rectora Titular - Esc. Sec. N°8 - “Don Augusto Niez”. Edificios Propios YA! para las Escuelas SecundariasN° 22 ‘Mariano Moreno’ y N° 30 ‘‘María Elena Walsh’’ 

Pullaro sostuvo que este tipo de decisiones implican costos políticos, pero remarcó que son necesarias cuando se busca “un gobierno que se ocupe de los temas importantes”.

En ese sentido, planteó que el objetivo final es generar condiciones para que la provincia pueda beneficiarse en el tiempo, a partir de un uso más eficiente de los recursos del Estado.El mandatario santafesino puso como ejemplo la experiencia de Santa Fe, donde su gestión avanzó en una reforma del sistema previsional para reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones de los empleados públicos. Según explicó, al inicio de su gobierno el desequilibrio era “sumamente alto y sentíamos que no era justo que un kiosquero, que un productor agropecuario, que un industrial, con sus impuestos tengan que cubrir a través del Tesoro el déficit que tenía la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe”.Y agregó: “Llevamos adelante una ley que nos permitió equilibrar la caja. No eliminamos completamente el déficit, pero logramos reducirlo a un tercio de lo que era”. Además, precisó que en un año se recortaron alrededor de 500.000 millones de pesos, lo que permitió liberar recursos para inversión en infraestructura y servicios esenciales.

En ese marco, Maximiliano Pullaro destacó el impacto concreto de ese ordenamiento: “Estamos hablando de recursos que pueden destinarse a rutas, hospitales o escuelas, y a promover el desarrollo”. A modo de ejemplo, señaló que el monto ahorrado equivale a cientos de kilómetros de obra vial.

Finalmente, consideró que la iniciativa entrerriana va en la misma dirección y la calificó como “una decisión muy valiente”. Reconoció que este tipo de reformas generan resistencias, especialmente de sectores gremiales, pero insistió en que son necesarias para transformar estructuras que arrastran problemas históricos.

“Dos años después, en Santa Fe podemos mostrar una caja mucho más equilibrada y, fundamentalmente, que el sector privado ya no tiene que financiar el déficit del sistema previsional público”, concluyó.

El proyecto de Rogelio Frigerio implica un ajuste concreto sobre los actuales y futuros jubilados, sobre los trabajadores activos y sobre los municipios entrerrianos.En primer lugar, advertimos que las medidas propuestas trasladan el costo del déficit a quienes menos margen tienen para afrontarlo. Se propone aumentar aportes, extender condiciones y modificar reglas de cálculo sin estudios actuariales serios que justifiquen la magnitud del sacrificio exigido.Esto impacta directamente en los trabajadores activos de hoy, que verán deterioradas sus condiciones de acceso a la jubilación, y en los jubilados actuales, cuyos ingresos ya vienen perdiendo frente a la inflación.Además, el proyecto consolida una interpretación equivocada del sistema: pretende hacer creer que el problema son los haberes, cuando en realidad el deterioro proviene de salarios activos deprimidos. En este contexto, cualquier modificación terminará profundizando la pérdida de ingresos de toda la cadena previsional.

82% MÓVIL EN RIESGOCon esta reforma, el 82% móvil deja de ser una garantía real.Al modificarse las condiciones de cálculo y extenderse los períodos considerados, junto con la falta de reglas claras de actualización, el resultado concreto será una reducción del haber inicial y de su evolución en el tiempo.Esto implica que los futuros jubilados cobrarán menos en relación a su salario en actividad, rompiendo uno de los principios históricos del sistema previsional.

ACTUALIZACIONES SIN CERTEZAEl proyecto tampoco garantiza un mecanismo claro y justo de actualización.Al vincular la movilidad a variables como paritarias que vienen sistemáticamente por debajo de la inflación, se consolida un esquema donde los haberes pierden poder adquisitivo.Esto afecta tanto a jubilados como a activos, ya que deteriora progresivamente toda la estructura del sistema.

AUMENTO DE EDAD SIN RESPALDOEl proyecto establece la edad jubilatoria en 68 años para los nuevos afiliados, la más alta del sistema público argentino, sin ningún estudio previo sobre expectativa de vida activa o empleabilidad en edades avanzadas dentro del sector público provincial. Además, al unificar la edad de retiro en 65 años para el personal actual y en 68 para los ingresantes, se ignoran las brechas de género preexistentes y las tareas de cuidado no remuneradas que históricamente asumen las mujeres. Esta equiparación es carga desproporcionada para las trabajadoras, quienes enfrentan un aumento de hasta ocho años en su edad de jubilación, en comparación con cinco años de los varones.

IMPACTO SOBRE LOS MUNICIPIOSLos municipios también serán directamente perjudicados.El aumento de contribuciones patronales y la posibilidad de que estas sean modificadas discrecionalmente implica más presión financiera sobre los gobiernos locales, comprometiendo su funcionamiento y la prestación de servicios esenciales.

DISCRECIONALIDAD DEL PODER EJECUTIVOUno de los aspectos más graves del proyecto es la enorme discrecionalidad que se le otorga al Poder Ejecutivo.Se lo faculta a modificar aportes, contribuciones y condiciones del sistema sin límites claros, incluso por fuera del debate legislativo. Esto incluye la posibilidad de alterar porcentajes, bases de cálculo y cargas sobre trabajadores y municipios.Estamos frente a una delegación de facultades que vacía de contenido a la ley y debilita el rol de la Legislatura. La llamada “emergencia” se utiliza como excusa para avanzar con cambios permanentes y habilitar decisiones por decreto, lo que constituye un grave antecedente institucional.

NUESTRA POSICIÓNDaremos todo el debate que sea necesario al proyecto de ley, al que recién tuvimos acceso para poder analizarlo, en las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda a los que deberá ser girado por el Pleno de la Cámara.   Convocaremos a representantes de activos y pasivos, y también a los gobiernos municipales. Defenderemos el 82% móvil real y efectivo. Rechazamos cualquier ajuste sobre jubilados y trabajadores activos. No aceptamos que se traslade el costo del sistema a los municipios. Necesitamos reglas claras de actualización que protejan el poder adquisitivo.Nos oponemos a la delegación de facultades que concentran poder en el Ejecutivo.

CONCLUSIÓNEs el momento de convocar a un debate serio, con datos, con transparencia y con responsabilidad política, para garantizar un sistema sostenible sin afectar a quienes sostienen y dependen de él.Entre Ríos necesita un sistema previsional sustentable. Pero sustentable para los trabajadores, no a costa de ellos.

El senador provincial Gustavo Vergara se refirió al proyecto de reforma previsional enviado por el Poder Ejecutivo al Senado entrerriano y defendió los principales lineamientos de la iniciativa, en un contexto de fuerte discusión política y gremial sobre el futuro de la Caja de Jubilaciones.El legislador del bloque Frente por Entre Ríos explicó que comenzó a analizar el articulado una vez ingresado formalmente a la Cámara Alta y reconoció que parte de las modificaciones incorporadas habrían surgido de reuniones mantenidas previamente con organizaciones sindicales.

En ese sentido, mencionó especialmente a UPCN entre los gremios que realizaron aportes al texto final y consideró que el proyecto refleja parte de esas discusiones previas.

Vergara definió la propuesta como “razonable” y remarcó que uno de los aspectos centrales es la aplicación gradual de los cambios, buscando llevar tranquilidad a quienes actualmente están jubilados o próximos a acceder al beneficio.

Uno de los ejes principales de la reforma es la modificación progresiva de la edad jubilatoria. Según detalló, el esquema prevé equiparar en 65 años la edad de retiro para hombres y mujeres, aunque aclaró que el cronograma comenzará a aplicarse recién en 2031 y se extenderá hasta 2039.

El senador sostuvo además que los actuales trabajadores del sistema no deberán superar esa edad para jubilarse y explicó que la exigencia de 68 años quedará reservada únicamente para quienes ingresen al Estado provincial bajo el nuevo régimen previsional.Otro de los cambios contemplados en el proyecto apunta al cálculo del haber jubilatorio. La iniciativa propone ampliar de diez a veinte años el período tomado como referencia para determinar el beneficio inicial.

Según argumentó Vergara, el objetivo es evitar desequilibrios generados por ascensos, recategorizaciones o incrementos salariales producidos en la etapa final de la carrera laboral, buscando que el haber refleje de manera más equilibrada toda la trayectoria de aportes.

En relación con la movilidad jubilatoria, explicó que la intención del oficialismo es avanzar hacia un único mecanismo de actualización de haberes vinculado a la paritaria general de la administración pública provincial.

El legislador indicó que actualmente cerca del 70% de los jubilados ya percibe aumentos asociados a los acuerdos salariales estatales, mientras que otros sectores cuentan con regímenes especiales que impactan sobre el déficit previsional.

Incluso señaló que la propuesta alcanzaría a sectores como el Poder Judicial, cuyos haberes pasarían a actualizarse bajo el mismo esquema general.

Vergara también defendió la incorporación de una declaración de emergencia previsional dentro del proyecto. Afirmó que esa herramienta permitiría agilizar acuerdos y mecanismos de financiamiento destinados a sostener la Caja de Jubilaciones.

Por último, confirmó que el oficialismo buscará abrir una etapa de debate en comisión con participación de sindicatos, entidades intermedias y especialistas antes de avanzar con el tratamiento legislativo definitivo.

El proyecto impulsado por el gobierno provincial comenzará ahora su análisis formal en el Senado y contempla cambios en la edad jubilatoria, la movilidad, el cálculo de haberes y el financiamiento del sistema previsional entrerriano.