De los encuentros participan representantes de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) Seccional Entre Ríos, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el Sindicato de Luz y Fuerza, jubilados autoconvocados, la Federación de Jubilados y jubilados municipales.

La agenda de trabajo se desarrollará hasta el viernes, instancia en la que cada sector presentará sus propuestas en relación con la reforma previsional.

El objetivo de estas reuniones es garantizar la participación de todos los actores involucrados, promoviendo el diálogo y la construcción de consensos en torno a un sistema previsional más equitativo y sostenible.

En ese marco, Bagnat destacó: “La reforma debe construirse con todos los sectores, buscando un equilibrio que garantice la sustentabilidad del sistema sin perder derechos”.Asimismo, señaló que el proceso se encara con una mirada de largo plazo, priorizando decisiones responsables y previsibilidad para los beneficiarios.

Finalmente, subrayó que estas instancias forman parte de una agenda más amplia impulsada por el Ejecutivo provincial, orientada a modernizar el sistema previsional, fortalecer su sustentabilidad y brindar previsibilidad a los beneficiarios, mediante la consolidación de reglas claras y sostenibles en el tiempo.

Desde la entidad remarcaron que el debate debe darse “en serio, con igualdad y con los trabajadores adentro”, y subrayaron que abordar el tema no implica resignar conquistas. “Discutir no es entregar derechos, es defenderlos con responsabilidad”, señalaron.

El sindicato aclaró que no se posiciona a favor ni en contra del proyecto impulsado por el gobierno, pero sí exige ser parte activa del proceso. En ese sentido, cuestionó la actitud de quienes se retiraron de la mesa de diálogo y consideró que evitar la discusión “frente a la gravedad del problema es casi infantil”.

Además, UPCN llamó a evitar divisiones entre sectores y pidió que el debate no se transforme en una confrontación interna. “Esto no es trabajadores contra trabajadores”, advirtieron, al tiempo que insistieron en la necesidad de unidad para enfrentar el desafío previsional.

Análisis técnico y equilibrio del sistema

Durante el encuentro, el gremio estuvo representado por la secretaria adjunta Carina Domínguez y la asesora Sandra Varas, quienes plantearon la necesidad de analizar en profundidad las inequidades del sistema.

“Hay que repensar la Caja hacia adelante, no alcanza con mirar solo el déficit”, indicaron, y señalaron que trabajan con equipos técnicos para evaluar cada variable. El objetivo, explicaron, es garantizar un sistema sostenible sin que el ajuste recaiga sobre los mismos sectores.

En ese marco, UPCN advirtió que existen diferencias entre regímenes que deben ser revisadas, especialmente en relación con edades de retiro, aportes y permanencia dentro del sistema. “El esfuerzo debe ser proporcional al beneficio”, sostuvieron.

También pusieron sobre la mesa temas poco abordados en el país, como la paridad previsional, señalando que se trata de debates modernos que ya se discuten a nivel internacional.

Condiciones para avanzar

El gremio fue enfático en que cualquier avance debe incluir tiempos adecuados para informar y consultar a los trabajadores. “No se puede resolver esto a las apuradas, pero tampoco postergarlo indefinidamente”, indicaron.

En ese sentido, cuestionaron las discusiones formales sobre si el proceso debe partir de lineamientos o de un proyecto de ley, y consideraron que ese planteo es una excusa para evitar el debate de fondo.

“Si no se quiere discutir la Caja, que se hagan cargo”, concluyeron desde UPCN, dejando en claro que el desafío previsional requiere definiciones concretas y responsabilidad compartida.

Rechazan el aumento de la edad jubilatoria y el posible impacto sobre el 82% móvil. Habrá un nuevo encuentro en 15 días.

En el marco del plan de acción para la defensa de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, los gremios que integran la Mesa Intersindical mantuvieron una reunión este miércoles para evaluar los alcances del borrador presentado por el Gobierno provincial. Durante el encuentro, las entidades sindicales coincidieron en un diagnóstico crítico: La reforma previsional proyectada se perfila como un programa de ajuste sobre el sector trabajador.

Los puntos de conflicto

Tras un análisis técnico de los “vectores” de la reforma, los representantes gremiales manifestaron su preocupación por artículos que consideran regresivos para los derechos adquiridos. Entre los ejes más polémicos de la propuesta oficial se destacan: El temor por posibles modificaciones en el cálculo del 82% móvil; el riesgo de desfasaje en las actualizaciones salariales y el rechazo unánime a cualquier intento de aumento de la edad jubilatoria.

Próximos pasos

Ante lo que califican como una reforma “ajustadora”, cada organización iniciará un proceso de debate interno para profundizar en los detalles del texto oficial.

El objetivo es consolidar una postura de bloque que frene el avance sobre el poder adquisitivo de activos y pasivos.

La Intersindical —conformada por la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE), la Federación de Jubilados y Pensionados, Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), entre otros gremios estatales— volverá a sesionar en 15 días en la sede de AJER para definir los pasos a seguir en su agenda de lucha.

Hay discusiones que no pueden seguir postergándose. La previsional es una de ellas.En Entre Ríos, como en casi todas las jurisdicciones del país, el problema existe y se agrava con el tiempo. La mayor expectativa de vida, la informalidad laboral, la menor densidad contributiva y la creciente presión sobre el Tesoro configuran una combinación que ya no admite negacionismos ni discursos de ocasión. El sistema necesita ser revisado. No hay demasiada discusión seria sobre eso. La verdadera discusión empieza después: cómo se reforma, quién fija las reglas y qué nivel de precisión y legitimidad tendrá esa reforma.Porque una cosa es reconocer que hay que cambiar. Otra, muy distinta, es aceptar que cualquier cambio sea bueno por el solo hecho de llamarse “reforma”. Eso obliga a mirar con mucha atención lo que hoy circula en la provincia. Lo que hasta acá se conoce no es todavía un proyecto de ley articulado y completo, sino un conjunto de “vectores” o lineamientos generales. Y ese dato, lejos de ser menor, ya es un problema.Si se baja el análisis a lo concreto, hay cinco cambios sustanciales que deberían quedar absolutamente claros en el debate público.El primero es el aumento de la edad jubilatoria y de los años de aporte. La jubilación ordinaria pasaría de 62 a 65 años para varones y de 57 a 60 años para mujeres, mientras que los años de servicios exigidos subirían de 30 a 35. Es cierto que el esquema prevé una transición gradual. Pero también es cierto que el efecto de fondo es inequívoco: se posterga el acceso al beneficio y se endurecen las condiciones de elegibilidad. En términos fiscales, puede entenderse la lógica. En términos sociales, el costo recae sobre el trabajador activo, especialmente sobre quienes tuvieron trayectorias laborales interrumpidas, precarias o informales.El segundo cambio es el de la base de cálculo del haber inicial. Acá está una de las claves menos transparentadas del debate. El 82% se mantiene en el discurso, pero cambia la base sobre la cual se aplica. En vez de calcularse sobre el tramo final de la carrera —como ocurre hoy—, pasaría a calcularse sobre la historia laboral real de 30 años de aportes, actualizada a valores actuales. En carreras salariales ascendentes, un promedio de 30 años tiende a ser inferior al promedio del tramo final. Dicho sin eufemismos: no se toca de frente el 82%, pero sí puede reducirse materialmente el beneficio.El tercer cambio es la modificación de la movilidad. El régimen vigente tiene una lógica simple y conocida: cuando aumentan los salarios del personal activo, se reajustan los haberes del pasivo. La propuesta rompe ese vínculo directo y lo reemplaza por índices sectoriales que definiría el Poder Ejecutivo. Este punto es central. No se trata de una cuestión secundaria ni meramente técnica. La movilidad integra el corazón del derecho previsional. Si la ley no fija con precisión la fórmula, las variables, la periodicidad, la fuente estadística y las salvaguardas, entonces la Legislatura no estaría regulando el núcleo del sistema: lo estaría delegando. Y eso es exactamente lo que no debería ocurrir.El cuarto cambio es la habilitación de aportes solidarios previsionales y topes máximos ante eventuales desequilibrios financieros o actuariales. Este es, probablemente, el aspecto más delicado de toda la propuesta. Porque no estamos hablando ya del acceso al beneficio, sino del contenido económico mismo del haber. El borrador sostiene, por un lado, que no se afectarían derechos adquiridos ni beneficios ya otorgados. Pero, al mismo tiempo, deja abierta la posibilidad de imponer descuentos o límites sobre quienes ya están jubilados o pensionados. Esa tensión es demasiado evidente. No se puede prometer que no se tocará a los pasivos y, a la vez, dejar abierta la puerta para tocarlos por otra vía.El quinto cambio sustancial aparece en la vaguedad sobre regímenes especiales, invalidez, pensión y edad avanzada. Se habla de armonización con sistemas nacionales y provinciales, de junta médica externa y de continuidad formal de algunos regímenes, pero sin un desarrollo normativo suficientemente claro. En derecho previsional, esa ambigüedad no es flexibilidad: es fuente de litigiosidad. Una reforma de esta magnitud no puede dejar aspectos esenciales librados a fórmulas abiertas o a reglamentaciones posteriores.Si se observa el cuadro completo, el saldo para el trabajador activo es bastante claro: jubilarse más tarde, acreditar más años de aporte, cobrar potencialmente menos en términos relativos y enfrentar mayor incertidumbre sobre la movilidad futura. El propio informe técnico lo resume de manera nítida: la orientación general de la reforma es ahorrativa, pero el costo recae principalmente sobre las cohortes activas. Para el jubilado actual, la principal amenaza no pasa por la edad de acceso sino por la eventual afectación futura del haber mediante topes, aportes solidarios o una movilidad menos favorable.

Hay además una omisión que no debería pasar en silencio: la cuestión de género. La reforma no corrige la brecha histórica entre varones y mujeres. Es decir, la diferencia sigue siendo exactamente la misma: cinco años. No hay una revisión de fondo, ni una propuesta consistente desde la igualdad formal, ni una mirada integral sobre cuidados, interrupciones de carrera, densidad de aportes o trayectorias laborales femeninas. En una reforma que pretende ser estructural, eso no es un detalle. Es una oportunidad perdida.Tampoco habría que perder de vista a los municipios. El informe marca con claridad que el eventual alivio del sistema provincial puede coexistir con una mayor presión sobre las haciendas locales, porque la carga del desequilibrio seguiría recayendo sobre la patronal municipal. Traducido: una parte del ordenamiento provincial puede terminar desplazando tensión fiscal hacia gobiernos locales con menor autonomía financiera, menor capacidad tributaria y alto peso del gasto en personal. Una reforma que ordena arriba pero complica abajo no resuelve todo: a veces solo cambia el lugar donde explota el problema.Pero el punto más delicado de todos sigue estando en otro lado: en la delegación de facultades al Poder Ejecutivo. Ahí aparece el núcleo más serio del problema jurídico e institucional.No todo cambio severo es automáticamente inconstitucional. El aumento de la edad jubilatoria, la suba de años de aporte o el cambio en la base de cálculo pueden ser medidas discutibles, duras e incluso regresivas, pero no por eso son inválidas por sí mismas. Una ley puede reformar expectativas no consolidadas si lo hace de manera gradual, razonable y prospectiva. El problema de mayor intensidad constitucional aparece cuando la ley deja sin definir el corazón del régimen y entrega esa definición al Ejecutivo.Eso ocurre, sobre todo, en dos puntos. Primero, en la movilidad. Si la futura ley no fija por sí misma los elementos esenciales de la fórmula y deja que el Ejecutivo determine sectores, metodología, ponderaciones, periodicidad y salvaguardas, entonces la delegación sería excesiva en una materia alcanzada por la reserva de ley. Segundo, en la facultad de imponer aportes solidarios previsionales y topes máximos sobre beneficios ya en curso. Ahí confluyen todos los riesgos: afectación del haber, delegación abierta y contradicción con la cláusula de no afectación de derechos adquiridos. El informe es terminante: ese es el punto de mayor vulnerabilidad constitucional del esquema.Por eso, las recomendaciones para el debate legislativo son tan importantes como la discusión misma. La Legislatura no debería tratar lineamientos generales, sino exigir un proyecto articulado completo. Debería reclamar un informe actuarial independiente. Debería definir por ley —y no por reglamentación— la fórmula de movilidad. Debería precisar el alcance de los regímenes especiales. Debería aclarar con exactitud si los aportes solidarios y topes alcanzan o no a beneficios ya otorgados. Debería incorporar una evaluación real del impacto de género. Y debería agregar un capítulo específico de transición fiscal para municipios y comunas adheridos. Eso no es sofisticación académica. Es el mínimo de seriedad que un debate así exige.En definitiva, Entre Ríos necesita discutir su sistema previsional. Pero discutir no es obedecer. Y reformar no es firmar un cheque en blanco.

Por eso, si la provincia va a avanzar en una reforma de esta magnitud, que lo haga bien. Con texto completo. Con estudio actuarial. Con debate político real. Con perspectiva de género. Con precisión legislativa. Y, sobre todo, sin dejar en manos del Poder Ejecutivo facultades que la Constitución y la prudencia exigen que defina la ley.Porque en materia previsional, tan grave como no reformar es reformar mal.

La Vicegobernadora Aluani explicó que estos encuentros permiten realizar un seguimiento del trabajo de cada área del gobierno. “Es una nueva reunión con todas las áreas, con todos los ministerios, donde uno revela cuál es el trabajo que está haciendo cada uno y, fundamentalmente, cuáles son los temas más urgentes para ver en qué etapa están y poder avanzar para resolverlos lo más pronto posible”, señaló.Aluani destacó además la importancia de que todas las áreas del gobierno compartan información sobre sus acciones. “Siempre tratamos de conocer qué se está haciendo en cada área, porque de eso se trata: todos tenemos que estar en conocimiento de lo que hace el otro para tener una mejor comunicación y también una mayor fluidez con el ciudadano”, indicó. Y agregó: “Queremos que sepan que estamos trabajando todos los días desde las distintas áreas para resolver los problemas más urgentes, sin dejar de lado los que requieren más tiempo pero que también se siguen abordando”.Durante la reunión se trabajó especialmente en el borrador del proyecto de reforma previsional que el Ejecutivo provincial prevé presentar para su análisis a legisladores y gremios.“Es un trabajo que se realiza de manera articulada, no solamente con los ministros y directores, sino también con los gremios y los legisladores, para que cada uno pueda aportar su mirada y ver qué aspectos se pueden nutrir o modificar”, explicó Aluani.En ese sentido, remarcó que el objetivo es construir una propuesta consensuada que garantice la sostenibilidad del sistema previsional. “La idea es que entre todos podamos sacar adelante algo tan importante como la reforma previsional”, sostuvo.Respecto al cronograma de trabajo, adelantó que el borrador será enviado en los próximos días a los distintos sectores para su análisis, “a los ministerios, los gremios y legisladores para que puedan interiorizarse de la información y luego recibir sus aportes”, apuntó. Finalmente, subrayó que el propósito de este proceso es fortalecer la sustentabilidad del sistema jubilatorio provincial. “Queremos que nuestra Caja de Jubilaciones sea sustentable en el tiempo y que los futuros jubilados puedan recibir, después de tantos años de trabajo, la jubilación que merecen”, concluyó. 

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bagnat afirmó que “venimos hace dos años haciendo docencia con el tema previsional porque había que explicarle muchas cosas a la sociedad para que vaya entendiendo en qué punto estamos y qué medidas son necesarias tomar. Creo que el gobernador Frigerio en eso ha sido un pionero, en tomar medidas realmente, no solo anunciarlas sino tomarlas, y en ese mismo contexto venimos trabajando hace muchos meses. Ya en la etapa que viene, que es una etapa de muy largo plazo que excede a la gestión, pero que considera el gobernador que es uno de sus objetivos dejar un sistema sustentable a largo plazo. Así que, en ese marco, y coincidiendo un poco con la lectura que hacen todos los actores involucrados en el sistema político estatal, se está llevando a cabo de esa manera, consultando, dialogando, aclarando y profundizando en determinados temas. Lo vengo haciendo yo con todos los sindicatos, la parte política viene interiorizándose absolutamente de todo, y creo que es el marco en el cual se va a dar, no en un marco de urgencia ni de emergencia, sino que en un marco realmente de reforma profunda para que el sistema pueda ser sostenible a largo plazo. Así que, todas esas explicaciones que veníamos dando, explicando qué fue lo que pasó, qué se recibió, por qué los sistemas después de 30 años entran en un desgaste muy acelerado, el desafío que tiene el Estado, la cantidad de gente en activos que se tienen que jubilar y que el sistema los tiene que poder recibir”.

En tal sentido, planteó que “ese fue el primer gran desafío que tuvimos, porque hay un montón de gente que, a la situación recibida ya preocupante, había que agregarle más peso, más presión, y por todo lo que se hizo en el 2024, todas esas medidas que se tomaron, pudimos pasar un 2025 bastante estabilizados, afrontando esos desafíos, recibiéndolos, y sin que eso repercutiera en un agravamiento sustancial de la situación. Obviamente que no alcanza para seguir, hay que adelantarse al desgaste de los próximos años, hay que hacerlo de manera consensuada y de manera muy seria y ese es el proceso en el cual estamos inmersos.  Me excede manejar los tiempos y decir si va a ser ahora, dentro de 10 días, dentro de un mes, dentro de dos meses, pero sí estamos fuertemente trabajando y reuniéndonos mucho para llegar a ese punto”.

Respecto de la preocupación por el 82% móvil, indicó que “es uno de los temas en que también estamos haciendo docencia en este momento, porque el sistema nuestro, la ley nuestra, nos lleva mucho más arriba de ese 82. O sea, cuando vamos a la hora de los números, después de muchos años, ese 82 sobre el bruto es la base, pero sigue habiendo paritarias y ajustes por adicionales que siguen pasando en activos, y la ley exige que se los traslades a pasivos, y el pasivo al otro día ser jubilado deja de aportar, empieza a igualar y a pasar ese líquido que cobra cuando es activo”.

Ejemplificó que “si hoy alguien cobra 100 como activo, mañana se jubila, cobra 82. Al año siguiente dan 10 pesos de aumento, y sobre los 110 el trabajador activo sigue pagando el aporte, 19 puntos, pero el pasivo no lo sigue pagando. Entonces, proporcionalmente empieza a crecer mucho más la jubilación que, cuando ves hoy el promedio de la jubilación contra el promedio de cuánto cobra el mismo en activo, ya la jubilación es superior al 100%”.

Aclaró que “sobre esto se está explicando, para ver cómo se distorsiona el haber, qué se puede incluir y qué no en una reforma, si podemos seguir trasladando cosas sobre las cuales no aportaste. O sea, vos te jubilaste y dentro de cinco años hay un adicional nuevo que no estaba cuando vos eras activo y no aportaste sobre ese adicional, pero al adicional después te lo tengo que trasladar a vos, hay que ver si el sistema lo puede sostener o no”.

“El límite es que no nos da lo mismo que el déficit sea 40.000 millones por mes a que sea 80.000. Entonces, el límite es poder contarle a la sociedad bien cuánto es el déficit y que sea un déficit tolerable, no algo desbocado que te impide tener otras prioridades también en el gobierno, como son obra pública y montones de cosas. Entonces, ese es un poco del lado que estamos todos hoy, que estamos todos preocupados por eso y tenemos que ponernos a discutir seriamente. Por ejemplo, de 110 sistemas previsionales en las edades estamos 94 en los hombres y fuera de rango en las mujeres, ahí hay que decidir si se puede seguir sosteniendo eso, dando ese hándicap. Esos son los debates que tenemos que tener, que van a hacer que el sistema se vaya amortiguando y suavizando en el mediano y largo plazo y vaya empezando a observar toda esa cantidad de activos que hay y que se van a jubilar”, planteó.

Advirtió asimismo que “una característica muy importante de esta gestión es hacer cosas que estén bien hechas y que después no sean judicializables y llenemos de juicios al Estado, y también a una ley hay que implementarla y necesita muchísimas resoluciones. Por eso acá lo que se trata es de dar pasos sólidos, que no tengan una visión de corto plazo, de política, sino de largo plazo, y eso implica que el sistema se sostenga y sea sostenible. Entonces, creo que por ahí pasa, determinar cuáles son los principales vectores, obviamente el cálculo del haber inicial se va a defender, la movilidad posterior es otro de los vectores, las edades, las pensiones, los regímenes especiales”.

Puntualmente sobre regímenes especiales advirtió que “es muy distorsivo porque son edades muy tempranas donde la persona que tiene una expectativa de vida hoy mucho más larga deja de aportar muchísimos años antes, entonces es un tema de debate decidir cuántos años realmente el sistema necesita que uno siga aportando, más allá de que se pueda jubilar o no”. Por eso “esa cláusula que tiene la ley actual, que se ejecutó a través del decreto, de cobrarle 3% a los que ya estaban jubilados pero que no tenían la edad de la jubilación ordinaria, son cosas que por algo están pensadas para no desbalancear el sistema, para no sacarle fondos que se necesitan para poder pagar todos los meses, como se está pagando. Porque también hay que decir que, a pesar de toda la situación difícil y de la mayor cantidad de jubilados que hay, el cronograma se cumple a rajatabla, el aguinaldo se pagó en tiempo y forma, se está pagando bien, no hay reclamos. Entonces, fueron dos años difíciles, pero que sirvieron para ver lo importante”.

“Hoy creo que están todos mucho más permeables a debatir el tema de las edades, a debatir el tema de la movilidad en un Estado tan descentralizado que tenemos y que genera decenas de paritarias por fuera del escalafón general y de adicionales y de cosas que después terminan impactando en los jubilados, y están todos mucho más conscientes de que hay que ser más cautos y que cada decisión que se toma después hay que trasladarla a los jubilados y hay que poder pagarles. En ese plano de diálogo estamos hoy, que es mucho más profundo y más parejo que cuando arrancamos. Creo que es el mecanismo y la forma correcta. Creo que el gobernador, que es el que está liderando todo esto con la iniciativa, está respetando eso y lo está planteando así, y hay muchas reuniones que están sucediendo en la cual todos los que van a formar parte de esa toma de decisiones están participando y no es que se van a enterar por la prensa un día de un proyecto”, sentenció.

En este marco, el funcionario confirmó que “estamos en el proceso” de elaboración de un borrador del proyecto. “Se están terminando de consultar y de definir las cosas más importantes. Hay que ver la composición de la pirámide poblacional de activos, cuántos se van a ir jubilando de acá a tantos años, qué edades tienen, y en función de esos números, después hay que tomar la decisión de corte y decir cómo se va a hacer y la gradualidad con la que se va a hacer, todo en un marco donde el gobernador resalta de que no se afecten derechos adquiridos. Se está siendo muy respetuoso de todo eso, trabajando seriamente, no a las apuradas ni con urgencias. Sí el mismo gobernador lo dice que el 2026 es el año, con lo cual antes o después eso va a pasar”, aseveró.

Finalmente, consultado por los aumentos no remunerativos que dispone el gobierno provincial para los salarios estatales, Bagnat mencionó que “se está haciendo un trabajo muy importante y el gobierno tomó el año pasado una medida trascendental que fue eliminar todos esos contratos que antes aportaban al ANSES y que hoy aportan al sistema. Eso es sumamente importante y es un paso también definitivo a largo plazo. En cuanto a las medidas que tienen que ver con temas financieros de coyuntura, yo no participo de esa toma de decisiones porque tienen que ver con un contexto momentáneo de recursos, de recaudación y de paritaria de activos, pero sí uno levanta la mano y pide que se trate de que sea todo remunerativo. Hay situaciones momentáneas, trimestrales o semestrales de negociaciones paritarias, y donde se toma la mejor decisión en función de los números, pero uno siempre va a insistir en que sea todo remunerativo”.

“Yo tomo como un gran avance que han sido cientos de contratos que antes eran de obra, que tributaban con monotributo, que hoy aportan a la provincia, y eso es un avance. No es fácil cambiar una cultura de 30 años de trabajo en un año. Lleva tiempo y lo importante es ir dando pasos firmes y para adelante”, concluyó. (Análisis)

Gastón Bagnat, presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, avisó con firmeza sobre la necesidad de una reforma previsional en la provincia. En diálogo con el programa “Despertá Con Nosotros” de Oíd Mortales Radio, el funcionario señaló que 2026 será “un año clave” para avanzar en los planes del gobierno de Rogelio Frigerio, cuyo objetivo central es dotar de sustentabilidad al sistema jubilatorio provincial.“La ley actual nos tiene encorsetados; es difícil seguir lijando el déficit, por más que hemos mejorado muchísimo. Empieza otra etapa, saber que se va a seguir desgastando el sistema y que hay que hacerlo sustentable a largo plazo”, remarcó Bagnat, al tiempo que enfatizó la intención de la gestión de “dejar cosas a largo plazo que trasciendan a nuestra gestión”.

El déficit gigante y la edad jubilatoriaEl titular de la Caja expuso la crítica situación financiera del organismo, detallando que la diferencia entre aportes y pagos (el déficit) es de 30.000 millones de pesos mensuales. “Es un número gigante”, admitió, aunque destacó que representa la mitad del déficit que hubieran alcanzado si no se hubieran tomado medidas previas.Bagnat confirmó que uno de los puntos a debatir es la edad jubilatoria, aunque no explicitó los nuevos parámetros. “Estamos con un promedio muy bajo con respecto a la Nación, y encima la Nación está planteando subirla. Estamos lejos. Es un debate que tenemos que dar con sentido común”, insinuó.

Las medidas ya adoptadasAntes de encarar la reforma de fondo, Bagnat repasó las medidas implementadas hasta el momento para controlar el gasto y optimizar el ingreso de recursos: Aporte Diferido: Quienes se jubilan antes de la edad ordinaria continúan aportando hasta alcanzarla.Regímenes Especiales: Si un agente tiene múltiples cargos, cobra el beneficio del régimen especial (si corresponde) recién al alcanzar la edad de jubilación ordinaria para ese cargo.

Aumento de Aportes: Suba de tres puntos de aporte a todos los activos.Control del Gasto: Auditorías y cruces de datos para detectar incompatibilidades, deudas y beneficios que perdieron su derecho.Gestión con ANSES: Gestiones para la obtención de los fondos correspondientes, siendo la única provincia que firmó el anticipo por dos años y está en proceso de auditoría para el control de stock de deuda. Blanqueo de Códigos: Controlar los aportes de municipios y escuelas, exigiendo que pongan en blanco todos los códigos de pago para evitar el “pago en negro” que no genera aportes.

El 82% móvil: Defensa sobre el brutoRespecto a las preocupaciones sobre una posible modificación en la forma de cálculo, Bagnat reiteró que el objetivo de la reforma no es quitar el 82% móvil, sino garantizar su continuidad.“Se hará todo lo que hay que hacer que defienda el 82% móvil sobre el bruto, como lo liquidamos nosotros, que es único creo yo en el mundo”, afirmó. Consultado sobre si estaba entre las posibles reformas cambiar el cálculo al haber neto, el funcionario fue enfático: “No, no creo, no es intención del gobernador”.No obstante, señaló que sí será necesario corregir aspectos ligados al cálculo de la ley inicial y la movilidad, en particular el impacto de los 84 escalafones descentralizados que dictan sus propios incrementos.

La ecuación activo/pasivo, en emergenciaEl titular de la Caja advirtió que la relación entre la cantidad de activos (aportantes) y pasivos (jubilados) está en un nivel crítico. Relación Óptima: 3,50 activos por cada pasivo.Relación Actual: 1,8 y pico activos por cada pasivo (menos de dos a uno).Bagnat explicó que, bajo la fórmula actual, “por cada 100 pesos que vos le echas al sistema, te devuelve 20 de déficit”. Advirtió que esta relación “va a empeorar” debido a que la política de no cubrir vacantes si no están justificadas generará cada vez menos ingresos de nuevos activos, sumado al aumento de la expectativa de vida.

La deuda histórica con bancarios y energíaFinalmente, el presidente de la Caja se refirió a un “grave error” cometido al privatizarse el banco provincial y la empresa de energía. Explicó que los empleados de estas compañías pasaron a aportar al régimen nacional (ANSES), pero sus jubilaciones siguen siendo pagadas por la Caja de Entre Ríos.“No solo rompés esa cadena en esos dos escalafones... sino que muchos de los que siguen trabajando en el banco se van a terminar jubilando por la provincia como pasó, pero esos aportes los siguieron haciendo a Nación”, lamentó. Esto, que hoy representa unos 5.000 millones de pesos en jubilaciones para la Caja sin el ingreso de aportes, es una “deuda histórica que tiene la política con el sistema previsional”, publicó El Entre Ríos.