Los Diputados Nacionales por Entre Ríos de Juntos por el Cambio: Gustavo Hein, Gabriela Lena, Jorge Lacoste, Atilio Benedetti y Alicia Fregonese, enviaron un mensaje rechazando el proyecto que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores.

El responsable de realizar la introducción fue Gustavo Hein, el oriundo de Basavilbaso dio pie al resto de sus compañeros, afirmando de manera contundente: �SNo vamos a votar esta reforma judicial⬝.

Entre los motivos argumentados, Gabriela Lena, destacó el contexto de crisis en el cual se busca dar este debate: �SEstamos atravesando una de las peores crisis, no sólo sanitaria sino económica, por lo que es evidente la falta de oportunidad para tratar este tema⬝.

Lacoste, por su parte, afirmó: �SPara que una reforma jurídica tenga legitimidad, es necesario alcanzar un amplio consenso político y social. Por la media sanción obtenida en el Senado de la Nación, ha quedado demostrado que lo que menos le interesa al kirchnerismo, es esto⬝.

Otro de los motivos, destacado por Fregonese, fue la imposibilidad de un debate fluido y serio: �SEn el Congreso Nacional estamos funcionando con fuertes restricciones para las sesiones, por lo cual es imposible debatir. No se explica la premura del gobierno en tratar este tema, que sólo logrará aumentar las divisiones⬝.

Por último culminó Benedetti: �SEste proyecto de reforma de la Justicia no fue hecho pensando en la gente, fue hecho en beneficio de algunos dirigentes. Por eso los Diputados Entrerrianos de Juntos por el Cambio no lo vamos a acompañar⬝.

El proyecto apunta sencillamente a consagrar la impunidad, avanza en momentos donde el país no está en condiciones de discutir como se debe un tema de esa magnitud, al tiempo que lamentamos que se use la pandemia que nos azota como cortina de humo para el tratamiento de esta ley.

El avasallamiento que se intenta sobre la Corte Suprema y la Justicia Federal sin búsqueda alguna de consensos y de un debate serio y responsable, pone de manifiesto las verdaderas intenciones que esta idea lleva desde su germen.

El nombramiento de centenares de jueces y fiscales suplentes que dependerán del oficialismo para renovar sus cargos en los próximos tres años; la millonaria erogación que demandará en medio de una crisis económica sin precedentes; el aumento de miembros de la Corte Suprema y la división en Salas, donde abogados afines al Gobierno Nacional serían miembros titulares -por ejemplo- de la Sala Penal; son algunas de las razones por las que entendemos que esta Reforma es una medida que va en contra del sentido común y de los derechos los argentinos.

Por todos estos motivos, exhortamos a nuestros legisladores nacionales -cualquiera sea su representación partidaria- a no votar dicha reforma en el Congreso de la Nación, como una expresión genuina de responsabilidad, de empatía con los entrerrianos y de respeto por la Constitución Nacional.

El senador concordiense Edgardo Kueider presentó una iniciativa propia en el marco de la reforma judicial que impulsa el gobierno.

�SEs una alternativa al proyecto del Ejecutivo en lo concerniente a la provincia de Entre Ríos. Me pareció importante trabajar, primero estudiar la propuesta y pensar en una alternativa, si lo merecía⬝, destacó.

�SLo hablé con la ministra de Justicia, previamente hablé con los principales actores involucrados de la provincia para avanzar en una alternativa. Consulté si el proyecto estaba cerrado o abierto a propuestas y me dijo que por supuesto estaba abierto, para sacar el mejor proyecto, y lo presenté a la Comisión de Asuntos Constitucionales⬝, agregó.

La creación de cargos que estipula la iniciativa �Sva en línea contraria al sistema acusatorio⬝, dijo Kueider, y en ese marco dio detalles de su propuesta, que prevé la creación de cargos de acuerdo a las conveniencias de este sistema.

El oficialismo avanzó ayer en el Senado con la discusión de la reforma del Poder Judicial propuesta por el Gobierno, con la intención de llevar al recinto la iniciativa la semana próxima, tras un último plenario de comisiones en el que la oposición ratificó su rechazo y una nueva tanda de expositores se expresó a favor y en contra del proyecto.

 La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnún, quien conduce el debate, anunció este martes por la tarde -tras cinco horas de exposiciones- un cuarto intermedio hasta hoy a las 16 y reafirmó que hasta entonces se podrán acercar propuestas para unificar en el proyecto y avanzar así en la firma del dictamen.

En la última audiencia de ayer, una quincena de expositores, entre jueces, fiscales y abogados convocados por las bancadas mayoritarias del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, se expresó a favor y en contra del texto y, en algunos casos, con propuestas de modificaciones y correcciones.

Desde la principal bancada opositora, Juntos por el Cambio envió una carta al presidente Alberto Fernández para pedir el retiro del proyecto, al considerar que su discusión �Sno es oportuna⬝ en medio de la pandemia de coronavirus, un día después de la movilización social en la que también se rechazó la iniciativa. El primero de los expositores, el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, dijo que el proyecto busca �Sterminar con la acumulación de poder en pocas manos⬝ y consideró que �Sno es inconstitucional⬝ y que en todo caso el DNU que firmó Mauricio Macri suspendiendo la implementación del Código Procesal Penal �Sfue inconstitucional⬝.

Lucila Larrandart, exjueza de un Tribunal Oral en lo Criminal Federal, declaró que no vio �Sun nivel de arbitrariedad y falta de justicia como hoy⬝, en alusión a los tribunales de Comodoro Py, y elogió el consejo consultivo creado por el Presidente.

La exmagistrada declaró además que �Shay que lograr que la Justicia cumpla su función y que no sea utilizada para lawfare: en vez de los tanques, la guerra jurídica⬝, enfatizó. El exjuez del Tribunal Oral en lo Criminal 3 Miguel Caminos evaluó que �Seste proyecto denota una urgencia inusitada⬝, cuestionó que �Sse deje de lado la participación de sectores académicos⬝ y criticó �Sel aumento desmedido de jueces⬝ que propone, �Ssobre todo en CABA en relación con su población⬝.

El Procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Gullé, quien participó de la videoconferencia previa aclaración de que estaba cumpliendo aislamiento estricto por coronavirus positivo, consideró que �Shay que ir cuanto antes al sistema acusatorio⬝ y advirtió que el actual proyecto �Snos lleva en sentido contrario⬝. El Defensor del Ministerio Público de la Defensa, Carlos Seijas, coincidió con quienes sostienen que se crea �Suna innecesaria cantidad de juzgados⬝ y enfatizó que �Shay un despropósito de personal y nadie va a aceptar traspaso a la ciudad⬝, en alusión al traslado de competencias al Poder Judicial de CABA.

El juez de cámara del tribunal 18 de la capital Ricardo Rojas planteó objeciones a la iniciativa en cuanto a la creación de cargos y al sistema de subrogancias, al entender que �Shabrá 23 jueces federales subrogantes que no van a tener la misma garantía y protección constitucional para funcionar⬝.

Máximo Fonrouge, presidente del Colegio de Abogados de CABA, calificó como �Sinoportuna⬝ la discusión de la normativa en este momento y consideró que si se aprueba �Ssin consensos carecerá de legitimidad y será la reforma de un gobierno para que después venga otro gobierno que alcance la mayoría necesaria e imponga su propia reforma⬝. �SNo podemos hacer leyes por cuestiones personales, tenemos que ir más allá. Lo que nos debería preocupar es cómo se eligen los jueces y cómo se remueven los malos jueces⬝, añadió.

Ernesto Marcer, abogado y profesor de la UBA, destacó que el mayor problema que enfrenta la justicia federal es que �Shay innumerables conflictos de competencia⬝.

Consideró que �Sese es el propósito del proyecto que busca resolver y eso es loable y valioso⬝, y añadió que no encuentra �Sninguna objeción a la unificación desde el punto de vista constitucional⬝.

Para Héctor Chayer, coordinador del programa del macrismo Justicia 2020, es �Sinconstitucional⬝ el sistema de subrogancias propuesto y consideró que la creación de 23 juzgados federales más �Ses innecesario y no tiene ningún fundamento empírico⬝.

�SLas consultas deberían ser amplias, los diálogos francos y los procedimientos muy transparentes. Para culminar en un debate parlamentario de altura, acompañado por una sociedad interesada y crítica. Una victoria de un sector sobre otros sería, en esta cuestión, una derrota de todos⬝, escribió el obispo de San Francisco, monseñor Sergio Osvaldo Buenanueva, en un artículo publicado este martes en el que comparte sus reflexiones sobre la reforma judicial propuesta por el presidente de la Nación.

Para el obispo las �Sreacciones a favor y en contra⬝ que �Scomo era de esperar⬝ comenzaron a expresarse �Sestán bien⬝, ya que �Ses lo que normalmente ocurre en una democracia saludable⬝. Especialmente en un tema tan sensible como es la reforma de la justicia.

�SUna mejora sustancial de la justicia es un viejo anhelo de la sociedad argentina⬝, escribe monseñor Buenanueva, que recordó que �Sfue precisamente uno de los temas de fondo que, en medio de la gran crisis 2001-2002, abordó el �SDiálogo Argentino⬝. �SEl Diálogo Argentino mostró que, en un momento crítico de fuertes tensiones, los argentinos pudimos pensar juntos el futuro común. Después, los vientos amainaron, y todo quedó archivado. Otra historia⬝, escribe el prelado.

Sin embargo, el obispo rescata que �Seste ejercicio de la memoria me permite algunas preguntas: ¿Tenemos los católicos argentinos que seguir interesándonos por la justicia secular y su complejo funcionamiento? ¿Debemos preguntar por la validez y oportunidad de esta iniciativa del presidente Alberto Fernández?

Monseñor Buenanueva responde que �Scomo discípulos de Cristo, los católicos estamos llamados a tomar parte activa en la edificación de la mejor justicia posible. La fe nos aporta motivos, luces y, sobre todo, la energía inagotable de la esperanza, especialmente valiosa cuando se trata de empresas arduas. Eso sí, cada uno, según su vocación y misión propias⬝.

Y aclara al respecto que �Slos pastores no podemos abordar las cuestiones formales y técnicas. Nos compete alentar el compromiso laical, sobre todo, de quienes poseen ciencia y competencia en esta materia⬝. �SLa voz laical de la Iglesia, todo lo ricamente pluriforme que es, tiene que hacerse sentir en el debate público⬝, subrayó.

Sobre la oportunidad del debate y de esta iniciativa del poder ejecutivo, el prelado reconoce que �Ses cierto que nunca tendremos escenarios ideales⬝, pero invita a preguntarse �Ssi están dadas, al menos, las condiciones suficientes. Somos además una sociedad con fuertes tensiones internas. Nos cuestan el diálogo y los consensos. Y, cuando se dan, resulta difícil sostenerlos en el tiempo⬝, escribe.

�SEn materia tan sensible lo óptimo sería el acuerdo más amplio posible. Lo cierto es que el proyecto de reforma está sobre la mesa. Las consultas deberían ser amplias, los diálogos francos y los procedimientos muy transparentes⬝, se lee en el texto del obispo de San Francisco.

Si a este aspecto -señala el prelado- añadimos la preocupación bien concreta por la impunidad de la corrupción, el anhelo ciudadano de una justicia independiente, efectiva y despolitizada añade nuevas y fundadas razones para estar atentos⬝.

�SLa sospecha de que esta iniciativa busca nuevas impunidades para viejos vicios de la política merece ser atendida. Sin instituciones republicanas sólidas, la arbitrariedad hace cada vez más difícil erradicar el mal de la corrupción. Así, la pendiente hacia la pobreza se vuelve más empinada, como lamentablemente venimos experimentando los argentinos⬝ concluye monseñor Buenanueva.

En la apertura del encuentro, Gómez Alcorta se refirió a las estructuras patriarcales en el ámbito judicial y el impacto que tienen sobre las mujeres y personas LGBTI+. �SEs esencial abordar seriamente las relaciones de poder en la administración de justicia y entender que los usos, los actores, los discursos, las significaciones del Poder Judicial operan sobre las subjetividades en clave de género⬝. En ese marco, agregó: �SEl sistema normativo y las prácticas judiciales retroalimentan las subjetividades sobre los roles de las mujeres y las diversidades y también orientan y disciplinan en este mismo sentido⬝.

Como parte de un diagnóstico del impacto diferencial que tienen las estructuras patriarcales en varones y mujeres, enunció tres puntos: los obstáculos para el acceso a los cargos jerárquicos en el Poder Judicial y los ministerios públicos; la ausencia de perspectiva de género al momento de resolver los conflictos que llegan a la administración de justicia y las dificultades que esto genera en lo que se refiere al acceso a la justicia; y por último, el rol del sistema penal como reproductor de la distribución asimétrica de poder entre varones y mujeres.

Para concluir, definió: �SUna administración de justicia para ser democrática tiene que ser inclusiva y feminista. Tengo en claro que a pesar de las dificultades que nos están tocando atravesar, es la hora de poner esta reforma en agenda. El movimiento de mujeres tiene una potencia arrolladora cuando se presenta la oportunidad de ser críticas y repensar una y mil veces las instituciones. No hay muchas oportunidades donde esto ocurre.

Entonces cuando sucede no podemos darnos el lujo de dejarla pasar. Agradezco que tengamos mucho para discutir, disentir y multiplicar. Estamos aquí para dar esas peleas⬝.

También participaron del panel Laura Pautassi, abogada e investigadora del CONICET; Víctor Abramovich, procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; Alberto Lugones, Presidente del Consejo de la Magistratura, y como investigadora invitada, Diana Maffía, directora del Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura en la Ciudad de Buenos Aires. La moderación estuvo a cargo de la trabajadora social y especialista en salud mental Mila Montaldo.

La falta de corresponsabilidad en las tareas de cuidado, que condicionan la baja participación de mujeres en los concursos de cargos; la importancia de promover una normativa de paridad en el acceso a cargos jerárquicos; la necesidad de incorporar auxiliares con otras especialidades distintas al derecho; fomentar aspectos de democratización de la justicia; la necesidad de revisar las prácticas, de aplicar evaluaciones de desempeño con perspectiva de género y de medir el déficit en la administración de justicia, fueron otros temas que se abordaron durante la actividad.

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