Un grupo de profesionales de Concordia presentó ante el Concejo Deliberante una propuesta de ordenanza que busca reorganizar el funcionamiento del Estado municipal mediante la disolución de entes autárquicos que, según sostienen, generan superposición de funciones y elevados costos administrativos.

El proyecto fue impulsado por el abogado Pablo Lapiduz, el contador Guido Longo y el contador Álvaro Sierra quienes solicitaron hacer uso de la Banca del Pueblo para exponer formalmente la iniciativa. La propuesta cuenta con el respaldo de más de un centenar de vecinos que acompañaron el pedido con sus firmas, lo que refleja una preocupación creciente por la eficiencia del gasto público y la transparencia en la gestión local.

La iniciativa apunta concretamente a disolver el Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal y el Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto Concordia, integrando sus funciones directamente a las áreas correspondientes del municipio. Los autores sostienen que estos organismos mantienen estructuras propias que implican costos significativos, pese a no contar con autonomía financiera real ni requerir necesariamente un funcionamiento independiente.Según explicaron, el presupuesto conjunto de ambos entes supera los 5.000 millones de pesos anuales, cifra que consideran relevante y que, a su entender, justifica abrir un debate público sobre la conveniencia de mantener estructuras separadas cuando sus funciones podrían ejecutarse desde la administración central con mayor control y menor costo.

La propuesta no implica eliminar programas ni afectar servicios, sino reorganizar su ejecución para evitar duplicaciones, agilizar la gestión administrativa y fortalecer los mecanismos de control. Además, se plantea preservar la estabilidad laboral del personal existente, garantizando la continuidad de los trabajadores dentro del ámbito municipal.Los impulsores consideran que esta reorganización permitiría al municipio optimizar recursos y destinarlos a áreas prioritarias, en un contexto económico que anticipa mayores exigencias financieras para los gobiernos locales. También señalan que la simplificación de la estructura estatal contribuiría a mejorar la transparencia y facilitar el seguimiento del destino de los fondos públicos.El planteo surge desde el ámbito ciudadano y profesional, con el objetivo de instalar un debate sobre el tamaño, el funcionamiento y la eficiencia del Estado municipal, en momentos donde la sociedad reclama mayor responsabilidad en el uso de los recursos públicos.Resta ahora observar cómo impactará esta propuesta en el ámbito político. También será clave analizar si la participación previa del contador Álvaro Sierra en la gestión del exintendente Enrique Cresto puede transformarse en un obstáculo o condicionante para el avance de la iniciativa. Su creciente presencia en distintos espacios mediáticos, además, abre interrogantes sobre si este impulso responde exclusivamente a una inquietud técnica y ciudadana o si forma parte de una proyección más amplia vinculada a la construcción de posicionamiento dentro del escenario político municipal.

El Gobierno Nacional prepara una reforma para otorgar mayor poder a la SIDE para concentrar todo el sistema de inteligencia, donde se establecen que toda las tareas serán “encubiertas” y se habilitara aprehender personas con una orden judicial o cuando están en situación de “flagrancia”.Esa reforma se efectuará a traves de un DNU que podría ser publicado mañana donde  le da mas poder a la SIDE-que conduce Cristian Auguadra, señalaron fuentes oficiales a la Agencia NA.De acuerdo al texto al que tuvo acceso Agencia Noticias Argentinas se establece en el artículo 2  que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.Otro de los artículos que ya despertaron críticas de la oposición es el 19 que fija que “los órganos del Sistema Nacional de Inteligencia proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, encontrándose habilitados a repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo. Lo podrán hacer en toda instalación, durante el desplazamiento, o en los lugares donde se desarrollen las actividades de inteligencia, ya sea en forma permanente, transitoria o circunstancial”“En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”, destaca.

DETALLESUno de los cambios impulsados por el DNU es que la Agencia de Seguridad pasará a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia, la Agencia Federal de Ciberseguridad será reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la a División de Asuntos Internos pasa a denominarse Inspectoria General de Inteligencia.Fuentes oficiales señalaron a NA que la reforma “moderniza, ordena y legitima el Sistema de Inteligencia Nacional: lo integra al Estado, lo separa de funciones policiales, lo adapta a amenazas contemporáneas y lo somete a mayores controles, con el objetivo de mejorar la capacidad estratégica del Poder Ejecutivo”.Establece que los titulares de los órganos desconcentrados serán designados por el Secretario de Inteligencia, reforzando la conducción jerárquica y el control interno del sistema.Aclara que “el sistema no cumple tareas policiales ni judiciales, sino que produce inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo” y “brinda respaldo legal al personal, definiendo con precisión qué está permitido y qué está prohibido.

PRINCIPALES EJESSeñala que los principales ejes de la reforma son la creación de  un ámbito de integración funcional permanente, bajo conducción de la SIDE, para “compartir inteligencia entre todos los organismos especializados del Estado”.Otro aspecto central es la separación entre las áreas de ciberinteligencia y ciberseguridad que pasará a depender de la Jefatura de Gabinete.El Centro Nacional de Ciberseguridad que funcionará en la Secretaria de Innovación dentro de la Jefatura de Gabinete se ocupará de la protección de redes, sistemas y activos, mientras que la ciberinteligencia  que estará en la orbita de la SIDE.

CONTRAINTELIGENCIAEn el DNU se especifica que la Agencia de Seguridad Nacional “se reorienta exclusivamente a la contrainteligencia, evitando superposición con la Policía Federal y dejando la investigación criminal en manos de las fuerzas de seguridad”En ese contexto se define a la contrainteligencia como la forma preventiva, a detectar y analizar: espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia extranjera” con el fin de adaptar el marco normativo a “las nuevas formas de amenaza tecnológica, política y cognitiva”.

DEFENSA Y SEGURIDADLa reforma por DNU habilita formalmente que la inteligencia pueda solicitar apoyo técnico o logístico de Fuerzas Armadas, fuerzas federales y policías, “sin confundir funciones, para optimizar recursos y capacidades”También elimina la Dirección Nacional de Inteligencia de Estratégica Militar y se establece que la producción de inteligencia estratégica militar queda a cargo del Estado Mayor Conjunto.

CONGRESOEse DNU deberá ser tratado en el Congreso por la Comisión Permanente de Tramite Legislativo  que tiene diez días hábiles para tratar ese decreto, luego que el Gobierno lo envíe al Parlamento.El Gobierno debe comunicar el DNU en un plazo de 10 días hábiles, según lo establece la ley 26122.En ese contexto, el diputado Esteban Paulon dijo a Noticias Argentinas que el “Congreso tiene la obligación moral y legal de rechazar este DNU. La inteligencia debe servir para proteger a la Nación de amenazas externas, no para vigilar a los ciudadanos de a pie. Defendamos la libertad, pero la de verdad”.Destacó que luego de cumplirse los días para que sea tratado en comisión  “nosotros lo podríamos rechazar después del décimo día por votación mayoritaria en ambas cámaras”. NA.

Según supo Agencia Noticias Argentinas, el Poder Ejecutivo va a enviar estas iniciativas al Congreso, algunos se tratarán en extraordinarias y otras iniciativas serán tratadas en el período legislativo 2026. Todas las reformas tienen por objetivo “poner nuevamente a Argentina en la senda del crecimiento”, afirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.En el caso de la Ley de Tierras, el objetivo central es eliminar restricciones a la compra de tierras por privados extranjeros y destrabar los cambios de actividad en casos de incendios, entre otras cuestiones normativas.Adorni adelantó que en el proyecto “se libera la compra por parte de privados extranjeros” de tierras rurales.También se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio. Esto es “una ley del diputado Máximo Kirchner que atenta contra la producción”, aseguró el funcionario al presentar el documento.

El gobierno nacional impulsará una adecuación de los convenios laborales que incorpore conceptos como “salarios dinámicos” por nivel de productividad de cada trabajador y la diferenciación de aquellas actividades que son contratadas a autónomos y que no generen la figura de relación de dependencia.Así lo expresó el secretario de Trabajo, Julio Cordero, durante su presentación este viernes en el 61° Coloquio de IDEA. El funcionario aseguró que “todas los temas se van a poner sobre la mesa” cuando se discuta la reforma laboral, que tendrá como primer marco el Consejo de Mayo.A modo de adelanto, Cordero planteó que en caso que los convenios colectivos generales mantengan su actual estructura jurídica pasen a tener un nivel de “exigencia mínimo” con la base de tener en cuenta la “realidad de la empresa más desfavorecida en la zona más desfavorecida del país”.Cordero señaló que a partir de ese piso, luego cada empresa de la misma rama podrá mejorar las condiciones que ofrezca a sus trabajadores. El secretario remarcó que esta idea busca fortalecer el concepto de sostenibilidad económica de las empresas, lo cual está vinculada al área en la que se desempeña.En ese marco, también anunció que se impulsará la introducción del “salario dinámico” para premiar a los empleados de mejor productividad.Cordero explicó que el concepto de “igual paga por igual trabajo” debe contemplar instancias intermedias con un salario básico remunerativo para el empleado que cumple con su tarea, que no necesariamente deba estar atado a la inflación, pero con incentivos adicionales de mejor remuneración para quienes ofrecen un mejor desempeño.“Cada actividad tiene condiciones distintas y tenemos que establecer cuáles son las condiciones en cada actividad que dé lugar a estas diferencias”, añadió. Asimismo, subrayó que en el análisis de “los convenios colectivos se deben analizar los puntos concretos que perjudican los procesos de producción para ser mejorados”.Acerca del ataque a la informalidad marcó que habrá que diferenciar aquellas contrataciones irregulares de aquellas que por su naturaleza son autónomas.“Lo que es genuinamente autónomo debe quedar bien establecido que es así”, subrayó para diferenciar este tipo de vinculación a una contratación por “monotributo que pretende esconder una relación de dependencia”.El funcionario planteó que la reforma debe tener un amplio aval de los sindicatos, pero advirtió que estas organizaciones también están sufriendo procesos internos de debate que complejizan las conversaciones. NA.

Luego del pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno analiza una reforma previsional en un contexto de crisis del sistema. El fin de la moratoria, a partir de la cual accedieron a una jubilación más de 580.000 personas en el último plan, va en esa línea. Un informe oficial indica cuáles son los puntos sobre los que se hace hincapié para evaluar modificaciones.La reforma parecía algo que no estaba en los planes del Ejecutivo hace dos meses, cuando el ex titular de ANSES, Mariano de los Heros, fue despedido tras afirmar que “el que no llega a los 30 años de aportes, no tiene derecho a la jubilación” y manifestar como cierta la posibilidad de incluir en un hipotético proyecto la creación de una Prestación de Retiro Proporcional.En ese marco, el presidente Javier Milei afirmó: “La reforma previsional no puede pensarse si antes no se arregla la cuestión laboral. Tengo el 40% del segmento de la mano de obra en el sector informal. Es un disparate, primero tengo que corregir los desequilibrios que nos dejó el kirchnerismo cuando nos robaron las jubilaciones”.Por caso, según el último dato del Indec, al cuarto trimestre de 2024, la informalidad alcanzó al 42% de la población ocupada, presentando un incremento frente al 41,4% del mismo período de 2023. Los más afectados son las mujeres y los jóvenes menores de 29 años.Pero el acuerdo con el FMI, vinculado a la meta fiscal, incluye el pedido de cambios en el sistema previsional. La titular del organismo, Kristalina Georgieva, dijo recientemente: “Partiendo del compromiso de las autoridades con un objetivo de déficit cero y de su trayectoria de lograr el primer superávit fiscal en casi dos décadas, el programa se centra en fortalecer la calidad y la sostenibilidad del ancla fiscal. Esto se sustentará en una disciplina continua del gasto, medidas de eficiencia y reformas bien secuenciadas de los sistemas tributario, de coparticipación de ingresos y de pensiones. Se seguirán realizando esfuerzos para proporcionar suficiente margen fiscal para la asistencia social prioritaria y el gasto prioritario en infraestructura”.En el Palacio de Hacienda no hicieron comentarios sobre el tema, aclarando que las posibles medidas que circularon en las últimas semanas son todas versiones y que se anunciará llegado el momento. El FMI puso como fecha límite para que eso suceda diciembre de 2026.Mientras tanto, el informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante el Congreso señala “la sostenibilidad del sistema previsional es un desafío global, atravesado por fenómenos como el envejecimiento poblacional, la informalidad laboral y los cambios en las trayectorias laborales de los trabajadores”.“En este contexto, y con la firme decisión de alcanzar un sistema financieramente sostenible, el Gobierno Nacional está llevando adelante un diagnóstico exhaustivo que contempla tanto el análisis demográfico y financiero del sistema, como el relevamiento de experiencias internacionales que puedan servir como guía analizar pasos a seguir”, indica.El documento sostiene que el trabajo técnico es fundamental para comprender la situación actual y evaluar, en una etapa posterior, posibles ajustes o reformas. Por el momento, apuntan que no se ha definido ninguna línea concreta de acción, ya que “cualquier propuesta debe sustentarse en un análisis riguroso que garantice decisiones responsables, con perspectiva de largo plazo y sin comprometer los principios fundamentales del sistema ni el equilibrio fiscal”.Añadieron que “es importante señalar que todas las medidas de orden fiscal, estabilización macroeconómica y recuperación de la confianza que está llevando adelante el Gobierno Nacional están orientadas a crear las condiciones necesarias para dinamizar la actividad productiva, fomentar la inversión y, en consecuencia, generar más y mejores puestos de trabajo registrados, lo que redundará en el fortalecimiento del sistema previsional”.Otra cuestión que pone en jaque el sistema es la caída de la natalidad y el consecuente envejecimiento previsional. De acuerdo a los últimos datos disponibles, en 2023 hubo 460.902 nacimientos, 315.000 menos que el pico de 2014. Al mismo tiempo, la cantidad de hijos promedio por mujer bajó de 2,4 en ese año a 1,4.

Fin de la moratoriaPor otro lado, el Gobierno decidió recientemente determinar el fin de la moratoria previsional, que ayudaba a jubilarse a quienes no hayan cumplido todo los años de aportes, teniendo en cuenta la predominancia de la economía “en negro”. En 2024, 313.950 personas recurrieron a este esquema para poder jubilarse de un total de 427.505.En dicho informe, Francos sostuvo que “la decisión de no renovar el régimen de moratoria previsional debe comprenderse dentro de un marco más amplio de revisión estructural del sistema de seguridad social”.Además, el Ministerio de Capital Humano informó que “la modalidad de activos del Plan de Pago de Deuda Previsional (PPDP), es decir, la posibilidad de regularizar años de aportes para las personas que están a menos de diez años de la edad jubilatoria, continúa vigente. Las personas que tengan 65 años o más y no reúnan los 30 años de aportes necesarios pueden acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)”.Desde su creación, hace dos años, accedieron a un beneficio previsional 580.623 personas, de las cuales el 62% son mujeres y el 38% son varones.Asimismo, “se informa que el control socioeconómico de la PUAM permite tener ingresos, consumos y un patrimonio muy por encima de la situación de indigencia. De hecho, más del 85% de las personas solicitantes superan dicho control. Finalmente, se informa que a marzo de 2025 perciben la PUAM 203.521 personas”, detalla.En la práctica, esta forma eleva a 65 años la edad de jubilación para las mujeres que no hayan completado los años de aporte.

LA NECESIDAD DE UNA REFORMA

El argumento central del gobierno es que la rigidez del actual sistema laboral es un obstáculo insalvable para la creación de empleo, especialmente en un contexto donde la economía informal representa más del 30 % de la actividad laboral.

Desde esta perspectiva, la reforma busca reducir las cargas sobre los empleadores, especialmente para las PyMEs, que frecuentemente se ven ahogadas por los costos derivados de las indemnizaciones por despido y otras obligaciones laborales.

La propuesta de un Fondo de Cese Laboral, por ejemplo, busca aliviar la presión sobre las empresas al permitir que estas contribuyan anticipadamente a un fondo destinado a cubrir las indemnizaciones. Sin embargo, este mecanismo plantea serios interrogantes sobre la seguridad y estabilidad laboral, dado que traslada gran parte del riesgo del empleo a los trabajadores.

IMPACTO EN LOS DERECHOS LABORALES

Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la modificación del período de prueba, que podría extenderse hasta un año en algunas empresas. Durante este tiempo, los trabajadores podrían ser despedidos sin derecho a indemnización ni preaviso, lo que aumenta la precariedad laboral y debilita la posición negociadora de los empleados.

Además, la limitación de las indemnizaciones, excluyendo conceptos como bonos y viáticos, representa un claro retroceso en los derechos laborales que han sido conquistados a lo largo de décadas de lucha sindical.

Otro punto de preocupación es la redefinición de las causas de despido. La participación en huelgas que afecten la operatividad de las empresas podría ser motivo de despido justificado, lo que restringe gravemente el derecho a la protesta y la organización sindical, pilares fundamentales en una sociedad democrática.

EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y LA PERSPECTIVA LOCAL

La reforma laboral de Milei no es un fenómeno aislado. En muchos países de América Latina, la flexibilización laboral ha sido presentada como la solución mágica para reducir el desempleo y atraer inversiones. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que tales reformas, en ausencia de un sólido marco de protección social, tienden a aumentar la precarización y la desigualdad.

En países como Brasil y México, reformas similares han generado empleos de baja calidad, con escasa estabilidad y menor poder adquisitivo para los trabajadores.

En Entre Ríos, donde la economía se sustenta en gran medida en la agricultura, el comercio y las pequeñas industrias, esta reforma podría tener efectos mixtos. Si bien podría facilitar la contratación en sectores que requieren flexibilidad, también podría generar un ambiente laboral más incierto y desalentador para los trabajadores, especialmente para aquellos que ya se encuentran en situaciones vulnerables.

EQUILIBRIOS

La reforma laboral del gobierno de Javier Milei representa una apuesta arriesgada en un país donde las tensiones sociales y económicas están a flor de piel.

Si bien el objetivo de mejorar la competitividad y reducir la informalidad laboral es legítimo, los medios propuestos para lograrlo podrían traer más desventajas que beneficios para la mayoría de los trabajadores argentinos.

Desde el Centro de Estudios Políticos y Sociales “José Gervasio Artigas”, instamos a una reflexión profunda sobre las implicaciones de esta reforma, a fin de garantizar que el progreso económico no se logre a costa de los derechos laborales que tanto han costado conseguir.

Es crucial que cualquier reforma laboral se lleve a cabo con un enfoque equilibrado que considere tanto las necesidades de los empleadores como los derechos y la dignidad de los trabajadores.

Solo así se podrá construir un futuro laboral justo y sostenible para todos los argentinos.

Centro de Estudios Políticos y Sociales “José Gervasio Artigas” 

La sesión de este miércoles sobre la reforma de la fórmula de jubilaciones había sido pedida por Hacemos Coalición Federal, y estaba convocada para las 12. Media hora después del horario convenido faltaban 10 diputados para alcanzar el quórum, motivo por el cual el presidente Martín Menem les dio uso de la palabra a los legisladores de la coalición.

El diputado Juan Manuel López, uno de los representantes de Hacemos que había solicitado la sesión para tratar la modificación de la movilidad jubilatoria, aseguró que la falta de legisladores se debió a las inclemencias climáticas y advirtió que “hubo un quórum bastante cercano a poder debatir.

“Estamos a 10 diputados con el clima que hay, con los problemas de los vuelos y también con las cuestiones políticas que hacen que algunos diputados especulen con bajar o no bajar”, remarcó. Entre los 119 diputados ubicados en sus bancas, 92 de ellos pertenecían a Unión por la Patria, 17 a Hacemos Coalición Federal, 5 del Frente de Izquierda y de Trabajadores y 5 de la UCR.

Cuando Martín Menem le dio tiempo para hablar sobre la propuesta, López aseguró que “en un tiempo prudente de no más de 15 días debe haber un dictamen para poder debatir en una sesión de tablas y darle una solución a la terrible situación de los jubilados”.

El legislador se dirigió directamente a Javier Milei, asegurando que “al presidente le cuesta tener sensibilidad y empatía”.

“No le estamos pidiendo eso, le pedimos que sea inteligente y que corra esta discusión de los jubilados de la disputa legítima fiscal que hay entre la Nación y las provincias”, indicó López, quien preguntó si los diputados deben ser “rehenes” de esa situación.

En una jornada marcada por la protesta y la tensión, se han registrado seis cortes de rutas en la provincia de Jujuy, según confirmó la Secretaría de Seguridad Vial, en oposición a la reforma de la constitución provincial. 

Los manifestantes, en su mayoría comunidades originarias, han llevado a cabo bloqueos en diferentes puntos estratégicos de las carreteras. 

La Ruta Nacional 9, en la localidad de La Quiaca, fue escenario de un corte total, mientras que en Paraje San Roque (cerca de Humahuaca) y Tilcara se han realizado cortes intermitentes, con aperturas cada una hora. 

En Purmamarca, en la intersección de la Ruta 9 y la Ruta 52, también se permite el paso de manera esporádica. 

Además, docentes se manifiestan junto a la Ruta Libertador General San Martín, en la Ruta 34, pero al costado de la misma. 

Mercedes Mairana, representante de la comunidad indígena del pueblo Humahuaca, manifestó a Cadena 3 que mantendrán la medida de protesta por tiempo indeterminado, llevando a cabo cortes de ruta intermitentes. 

“Pedimos que suelten a los detenidos sin causa, derogación de la reforma parcial inconstitucional de la provincia de Jujuy, renuncia inmediata del gobernador Gerardo Morales. Hacemos responsable al señor Gerardo Morales de las lesiones, daños físicos, en particular la pérdida de ojo del del joven Miguel Mijael Lamas, Sergio Matías Cañares, y desgarro de pierna de Griselda Cañares. Puesto que nos han golpeado, baleado, intimado, agredido verbalmente, han tirado gas lacrimógeno y piedras de forma indiscriminada. Aparición con vida del señor Robinson Suárez y su hijo Tupac Llamas de la Nación Coya”, expresó. 

En cuanto a las repercusiones del conflicto, se ha recuperado el corte intermitente, permitiendo el paso de los automovilistas cada cierto tiempo en la Ruta Nacional 9. 

Sin embargo, el número de personas heridas ha aumentado debido a los cuatro intentos fallidos de la policía de Jujuy por desalojar la ruta. Hasta el momento, se han realizado 17 detenciones, no solo de miembros de comunidades originarias, sino también de turistas y periodistas.

Por su parte, el presidente de la Comisión Redactora de la Convención Constituyente, Alejandro Nieva, afirmó que la próxima semana se llevará a cabo la juramentación de la reforma constitucional tal como fue aprobada la semana pasada. 

El Ministerio de Salud Pública de Jujuy desestimó los rumores sobre un fallecimiento en el hospital de Tilcara, que circulaban en redes sociales. Además, se ha informado que el SAME ha brindado asistencia a todas las personas heridas, con traslado principalmente de personal policial a los hospitales. 

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy advierte sobre amenazas y extorsiones a personas obligadas a participar en los reclamos de las rutas. Ante este clima social tenso en Jujuy, se ha habilitado un número de teléfono para brindar asistencia a aquellos que se encuentren en situaciones de riesgo.

 El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este lunes en un mensaje televisado en vivo que entiende la �Sira⬝ de los franceses contra su impopular reforma de las pensiones, pero dijo que es �Snecesaria⬝ y que entrará en vigor �Sa partir del otoño boreal⬝ (en el tercer trimestre de este año).

En el discurso pronunciado en el Palacio del Elíseo, el presidente liberal lamentó que no se haya logrado un �Sconsenso⬝ sobre esta reforma, clave para su segundo mandato, y expresó que �Snadie puede permanecer sordo⬝ a esta �Sira⬝ de los manifestantes.

Mientras el mandatario dirigía este mensaje se producían cacerolazos ante ayuntamientos de varias ciudades de Francia, informó la agencia de noticias AFP.

La promulgación de la cuestionada reforma jubilatoria figura ya en el boletín oficial del Estado francés con la frase �Sen el primer párrafo (de la norma sobre jubilación), la palabra ��62�" se sustituye por la palabra ��64�"⬝, con lo que quedó en vigencia el decreto que eleva la edad de jubilación, pese al rechazo de las centrales sindicales y la oposición, que llamaron a redoblar las protestas que desde hace tres meses se suceden en todo el país, pese a la represión policial.

Una crisis política y social azota Francia desde enero por esta reforma que retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, para cobrar una pensión completa.

Macron decidió en marzo adoptar por decreto esta ley, ante la posibilidad de perder la votación en el Parlamento, lo que radicalizó las protestas y acrecentó el malestar generalizado en la sociedad francesa.

El presidente, de 45 años, anunció un �Snuevo pacto sobre la vida en el trabajo⬝, que abordará la �Smejora de ingresos⬝ y de las condiciones laborales y un �Smejor reparto de la riqueza⬝, entre otros aspectos, informó la agencia AFP.

Su objetivo es construir este pacto con los sindicatos, a los que dijo que su puerta estará �Ssiempre abierta⬝, pese a que durante el trámite parlamentario de la reforma rechazó reunirse con ellos, como le habían pedido en una carta.

La principal central obrera del país, la Confederación General de Trabajadores (CGT), reprochó a Macron que, pese a tener 15 días para promulgar la norma, lo haya hecho de inmediato y con nocturnidad �Sdespreciando a millones de trabajadoras, de trabajadores, jóvenes y menos jóvenes que durante meses han manifestado su rechazo a esta reforma y los métodos antidemocráticos del presidente y su gobierno⬝.

La dirigente de la CGT francesa, Sophie Binet, dijo el domingo en una entrevista con medios locales que Macron estaba en camino a convertirse el �Spresidente del caos⬝, y agregó que los sindicatos convocaban a una �Soleada popular e histórica⬝ de movilizaciones para oponerse a la reforma el 1° de mayo.

Macron, en tanto, busca relanzar su segundo mandato hasta 2027 y anunció una serie de medidas como la lucha contra la �Sinmigración ilegal⬝ y los fraudes sociales y fiscales, así como priorizar la educación y la sanidad, informó AFP.

�STenemos ante nosotros 100 días de apaciguamiento, de unidad, de ambición y de acción al servicio de Francia⬝, urgió Macron, y anunció que hará �Sun primer balance⬝ de la situación el 14 de julio, con motivo de la Fiesta Nacional de Francia.

 El Consejo Constitucional francés validó este viernes la medida que eleva a 64 años la edad jubilatoria, punto principal de la reforma impulsada por el presidente Emmanuel Macron y resistida por los sindicatos que como respuesta convocaron a una �Smovilización excepcional⬝ para el 1º de mayo.

La institución garante de la Constitución rechazó además un pedido de la oposición de izquierda de celebrar un referendo para limitar la edad de jubilación a 62 años, mientras censuró algunos puntos menos controvertidos del proyecto sacado por decreto.

La decisión fue recibida con abucheos por unos 3.000 manifestantes congregados en la plaza de la Alcaldía de París. Poco antes corearon: �SConstitucional o no, esta ley no la queremos⬝, �SContinuaremos hasta su retirada⬝ y �SFuera Macron⬝, constató la agencia de noticias AFP.

El Constitucional validó el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, a partir de 2027, para cobrar una pensión completa, pese al constante rechazo desde enero de los sindicatos y de una mayoría de franceses, según los sondeos.

Aunque anuló partes de la reforma, como la obligación para las grandes empresas de comunicar cuántos trabajadores de más edad tienen contratados, la validación de los puntos clave de la ley es un triunfo para el Gobierno.

Macron podría promulgar la ley �Smañana o pasado mañana⬝ como �Ssuele hacer⬝, indicó la Presidencia francesa este viernes, aunque los sindicatos instaron en un comunicado a no hacerlo, como �Súnica manera de calmar la ira expresada en el país⬝.

�SLa entrada en vigencia de esta reforma marcará la ruptura definitiva entre el pueblo francés y Macron⬝, advirtió la líder ultraderechista Marine Le Pen, a quien la crisis actual beneficia en los sondeos.

�SLa lucha continúa⬝, dijo el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon. �STemo un estallido social⬝, manifestó por su parte el jefe del Partido Comunista, Fabien Roussel.

�SNo hay ni vencedores ni vencidos⬝, tuiteó en tanto la primera ministra �0lisabeth Borne tras conocerse la decisión favorable para su gobierno.

Del lado de los sindicatos, sus líderes convocaron a una �Smovilización excepcional⬝ para el 1° de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, y advirtieron que no se reunirán ni con Macron ni con el gobierno antes de esa fecha.

Unas horas antes de conocerse la decisión, el mandatario propuso a los gremios una reunión el próximo martes, como �Sel inicio de un ciclo (...) que continuará las próximas semanas⬝.

Las centrales son la punta de lanza desde el inicio de las protestas en enero: el 7 de marzo lograron movilizar entre 1,2 y 3,5 millones de personas, según las autoridades y la Confederación General del Trabajo (CGT), respectivamente, pero las marchas son menos concurridas desde entonces.

El líder de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), Laurent Berger, afirmó en una carta publicada en Twitter que �Sno ha terminado⬝ la lucha contra la reforma y tildó de �Sinédita⬝ la situación actual.

Tras el dictamen, se espera un crecimiento de las manifestaciones que, desde mediados de marzo, se caracterizaron también por acciones puntuales de protesta, entre ellos bloqueos de acceso a ciudades como el registrado este viernes en Ruán (noroeste).

Previo al fallo, los líderes sindicales adelantaron que su lucha iba a continuar, previendo que la decisión iba a ser favorable al Gobierno.

Los denominados nueve �Ssabios⬝ del Consejo Constitucional son escogidos por los presidentes de Francia y de las dos cámaras del Parlamento y su composición actual es favorable a Macron. Entre ellos se encuentran dos ex primeros ministros, el socialista Laurent Fabius y el conservador gaullista Alain Juppé.

La oposición de izquierda también esperaba un dictamen en contra a su propuesta de una consulta para limitar la edad de jubilación a 62 años, llamada Referendo de Iniciativa Compartida (RIP, por sus siglas en francés).

Con esta ley, Macron también se juega poder aplicar su programa reformista durante su segundo mandato hasta 2027.

Ante esta situación, el jueves pasado presentó una segunda demanda de RIP con una formulación diferente y, a su juicio, con más posibilidades de prosperar. El Consejo Constitucional comunicará su decisión sobre esta el 3 de mayo, indicó en un comunicado.

Macron está acusado de haber creado una �Scrisis democrática⬝ al decidir el 16 de marzo adoptar por decreto su reforma, ante el temor de perder la votación en el Parlamento donde carece de mayoría absoluta desde junio.

Con esta ley, que según el Gobierno busca evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, el presidente también se juega poder aplicar su programa reformista durante su segundo mandato hasta 2027.

�SMantener el rumbo, ese es mi lema⬝, dijo durante una visita de las obras de restauración de la catedral de Notre-Dame en París.

 El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aplazó este lunes el proceso de adopción parlamentaria de una polémica reforma judicial, luego de meses de protestas masivas que alcanzaron su clímax esta semana.

 �SCuando hay una posibilidad de impedir una guerra civil mediante el diálogo, como primer ministro hago una pausa para el diálogo⬝, declaró Netanyahu en un mensaje a la nación televisado al cierre de una convulsa jornada.

El premier anunció que la adopción de los distintos proyectos de ley de la reforma se aplazaba a la próxima sesión parlamentaria que se abrirá tras las vacaciones de la Pascua judía, del 5 al 13 de abril, cediendo así en parte a las exigencias de los opositores.

Inmediatamente después del anuncio, la Histadrut, la principal confederación sindical del país, proclamó el fin de la huelga general convocada unas horas antes.

El jefe de la oposición israelí, Yair Lapid, dijo estar �Sdispuesto a entablar un verdadero diálogo⬝, pero solo si la legislación se detiene �Stotalmente⬝.

El exministro de Defensa y ex jefe de las Fuerzas Armadas israelíes Benny Gantz, otras de las principales figuras opositoras, también expresó su beneplácito por la decisión. El presidente de Israel, Isaac Herzog, dio la bienvenida a la pausa y dijo que era �Shora de una discusión franca, seria y responsable que conducirá urgentemente a calmar los ánimos y apagar las llamas⬝.

 Estados Unidos, gran aliado de Israel, aplaudió la medida, que �Sda más tiempo para encontrar un compromiso⬝, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

 En su mensaje a la nación, Netanyahu dijo que quería dar tiempo para buscar un compromiso con sus oponentes políticos sobre la polémica iniciativa, que fue una de sus promesas de campaña antes de ganar las elecciones de noviembre pasado y de asumir el Gobierno, en diciembre.

Agregó que era consciente de las crecientes tensiones en la sociedad israelí y de la voluntad de resolverlas.

No obstante, afirmó que hay una �Sminoría extremista⬝ que está �Sdesgarrando a Israel⬝ y condenó la decisión de soldados reservistas de no servir en el Ejército en rechazo a la reforma del sistema judicial,

El domingo, miles de personas salieron a protestar de manera espontánea por las calles de la ciudad capital Tel Aviv después de que Netanyahu cesara al ministro de Defensa, Yoav Gallant, por pedir una suspensión de un mes en el proceso legislativo de aprobación de la reforma.

Tras los disturbios que se produjeron, el presidente Herzog había hecho un llamado �Sa detener inmediatamente el proceso legislativo⬝.

 Una multitud -unos 80.000 manifestantes, según la prensa local- volvió a salir a la calle en Jerusalén para protestar contra la reforma.

Por la noche, una contramanifestación, con miles de participantes, tuvo lugar no muy lejos de la primera.

 �SPedimos al gobierno que detenga esta reforma de locos⬝, dijo Keren Mimran, una manifestante de 57 años que trabaja en el sector de la alta tecnología, a la agencia de noticias AFP.

También este lunes, antes del anuncio de Netanyahu, la comisión parlamentaria de leyes votó en favor de uno de los elementos clave de la reforma: el proyecto de ley por el que se modifica el proceso de nombramiento de los jueces.

La reforma promovida por el gobierno de Netanyahu, el más de derecha de la historia de Israel, busca incrementar el poder de los políticos sobre los jueces y disminuir el rol de la Corte Suprema.

Netanyahu -que enfrenta causas de corrupción- y sus aliados ultraortodoxos y de extrema derecha defienden el cambio con el argumento de que debe equilibrarse la correlación de fuerzas entre los cargos electos y la Corte Suprema, a la que consideran politizada.

Sus detractores consideran que la reforma amenaza la separación de poderes y el carácter democrático del Estado de Israel.

El rechazo al proyecto generó en los tres últimos meses uno de los mayores movimientos populares de protestas de la historia del país.

Este lunes, las principales organizaciones patronales se distanciaron del llamado a la huelga pero pidieron diálogo para detener el proceso.

Muchas empresas privadas --bancos, aseguradoras, cadenas de ropa y de restauración-- se sumaron a la huelga, en un hecho poco habitual en el país.

En un discurso televisado, Netanyahu se comprometió a �Sponer fin a la división⬝, pero reiteró su determinación con hacer avanzar la reforma.

Al día siguiente, el primer ministro fue llamado al orden por la justicia, que consideró �Silegal⬝ su intervención pública a propósito de la reforma judicial, dado que está implicado en procesos por soborno, fraude y abuso de confianza, cargos que él niega.

El papa Francisco designó un nuevo consejo asesor de nueve cardenales para que lo asistan en el proceso de reforma de la curia, entre los que se encuentran, entre otros, los arzobispos de Barcelona, Boston y San Salvador de Bahía.

El secretario de Estado del Vaticano, el italiano Pietro Parolin; el gobernador de la Ciudad-Estado del Vaticano, el español Fernando Vérgez Alzaga; el congoleño Fridolin Ambongo Besungu; el estadounidense arzobispo de Boston, Seán Patrick O�"Malley; y el indio arzobispo de Bombay, Oswald Gracias, fueron confirmados en la continuidad del denominado C9.

Además, el Papa convocó al arzobispo español de Barcelona, Juan José Omella Omella; al canadiense Gérald C. Lacroix, arzobispo de Quebec; al arzobispo de Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich; y al brasileño arzobispo de San Salvador de Bahía, Sérgio da Rocha, para que integren el cuerpo de purpurados que lo asiste, con miembros rotativos, desde 2013.

En sus primeros diez años como Papa, Francisco se apoyó en el consejo de cardenales para redactar la Constitución Apostólica Prediquen el Evangelio, que promulgó en 2022 para sustituir a la anterior, Pastor Bonus, de 1988. Con la nueva Constitución, el Papa y sus asesores buscaron plasmar �Sen lenguaje canónico⬝ la reforma que impulsa desde su elección en 2013, con la incorporación con rango constitucional de sus decretos y leyes de lucha contra la pederastía y por la transparencia financiera. Entre los puntos más importantes de la nueva carta magna estuvo la creación de un nuevo Dicasterio dedicado a la evangelización y la fusión de varias oficinas vaticanas, por ejemplo las destinadas a educación y cultura. De importancia fue también la incorporación con rango constitucional de toda la nueva legislación en materia de lucha a la pederastía promulgada por Jorge Bergoglio, incluida la abolición del secreto pontificio para los casos de abusos dispuesta a fines de 2019.

Durante el taller de trabajo titulado �SRevisiones al CPPER⬝, disertaron la vocal del Superior Tribunal de Justicia Claudia Mizawak y el vocal Daniel Carubia, quienes destacaron que las propuestas elevadas al Poder Ejecutivo consistieron en el compendio del trabajo realizado durante meses y producto del diálogo establecido con integrantes de todo el fuero penal de la provincia.

  Se mantuvieron reuniones con jueces/zas de Garantías; de Ejecución de Penas; vocales de Tribunales de Juicios y Apelaciones; representantes del Colegio de la Abogacía; Oficinas de Gestión de Audiencias; mediadores penales y la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, que a su vez mantuvo encuentros con miembros de la magistratura penal provincial, con representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, de la oficina de medios alternativos, y del cuerpo médico forense.

Todas las sugerencias para reformar el CPPER surgieron de la compilación de las ideas planteadas en esos ámbitos, por lo que se destacó la participación de todos los sectores del fuero.

En su discurso ante la Asamblea Legislativa el mandatario anunció que enviará un proyecto de ley para reformar el CPPER.

En ese sentido, en el encuentro encomendó a la Sala Penal la elaboración de propuestas para que sean consideradas por la legislatura.

Desde la Sala Penal se realizarán reuniones con integrantes del foro de toda la provincia para elaborar y presentar las sugerencias al Poder Legislativo.

⬨⬨Ante las declaraciones del presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Edgardo Scarione, de posibles cambios en el sistema previsional, Ávalos consideró que �Sla reforma se viene, indudablemente, y la vamos a resistir en la calle⬝.⬨⬨

En ese marco, la gremialista advirtió que el gobierno maneja los números del organismo a discreción: �SLa única manera de saber si el déficit es real es realizando una auditoría⬝. Actualmente, la Caja �Sno dispone de su recaudación y no tiene la autarquía que establece la Ley, por lo que no maneja el déficit⬝.⬨⬨

Ante ese escenario, Ávalos consideró que �Sque los activos deben exigir la auditoría pertinente⬝ y agregó que los sindicatos �Sdeberían pedir a la Caja, a los legisladores y Gustavo Bordet los auditores pertinentes y nosotros vamos a acompañar para que no reformen⬝.

El Ministerio Público Fiscal es un instituto creado en la Reforma Constitucional de 1994 y tiene por objetivo promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Que se �Snegocien⬝ votos para cambiar su mecanismo de funcionamiento, en especial el requisito de mayoría agravada para la designación y remoción del Procurador General, prende una luz de alarma. ¿Por qué es tan relevante? Porque ataca de frente un pilar de toda democracia que se precie de tal: modificar las leyes fundamentales con base en consensos amplios y no como resultado de una lucha coyuntural de fuerzas.

Las entidades abajo firmantes hacemos un llamado a la reflexión de nuestros representantes en el Congreso de la Nación y adhiere al comunicado emitido el martes por la Mesa de la Producción de Córdoba, que se pronunció en el mismo sentido. Pedimos que los legisladores actúen en defensa de la Constitución y del bien común y que preserven la independencia y autonomía que previó la Carta Magna para el Ministerio Público Fiscal, garantía de que actuará libremente y no condicionado por la mayoría gobernante o una sola fuerza política.

Convocamos también a los ciudadanos para que reclamen a sus representantes una rendición de cuentas sincera sobre cómo defienden los intereses de cada provincia y sus habitantes. Hoy las prioridades son la salud, la reactivación económica, la erradicación de la pobreza y la educación, único faro que iluminará nuestro futuro.

Entidades firmantes: 

·         Bolsa de Cereales de Entre Ríos

·         Bolsa de Comercio de Entre Ríos

·         Cámara de Comercio Exterior de Entre Ríos

·         Corporación Para el Desarrollo de Paraná

·         Consejo Empresario de Entre Ríos

·         Federación Agraria Argentina Entre Ríos

·        Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos

·         Federación Entrerriana de Cooperativas

·         Sociedad Rural Argentina Distrito Entre Ríos

·         Unión Industrial de Entre Ríos