El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) acumuló una fuerte reducción presupuestaria desde el inicio de la actual gestión nacional, con una caída real superior al 57% en tres años, acompañada por recortes en gastos operativos, salarios y una disminución significativa de su planta de personal.

Según un informe especializado, el ajuste impactó especialmente en el funcionamiento del organismo, con menos recursos para equipamiento y tareas técnicas, y una reducción sostenida de trabajadores. Además, una reestructuración administrativa lo convirtió en un organismo con menor autonomía dentro del esquema estatal.

El BNDG cumple un rol central en la identificación de personas vinculadas a delitos de lesa humanidad, en particular en la restitución de identidad de hijos y nietos apropiados durante la última dictadura.

Desde distintos sectores se advirtió que el debilitamiento del organismo podría afectar su capacidad operativa y el avance de investigaciones aún en curso, en un contexto donde continúan las búsquedas de personas cuya identidad no ha sido restituida.

En el transcurso de dos años, la dotación de empleados permanentes y transitorios del Estado se redujo en 59.688 cargos, lo que representa una caída del 17,5% del total y un promedio de 82 bajas por día. Según el Gobierno, este ajuste generó un ahorro anual estimado en $3,4 billones.De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, a noviembre del año pasado el Estado nacional contaba con 281.785 empleados, cifra que refleja con claridad el impacto de la política de recorte impulsada por la actual administración. El análisis surge de un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Dónde se concentraron los recortesEn términos porcentuales, la mayor reducción se dio en la administración centralizada, que incluye a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del Ministerio Público. En ese ámbito, la dotación cayó 28,8%, lo que equivale a 15.780 agentes menos en dos años.Sin embargo, si se observa el ajuste en valores absolutos, el mayor impacto se produjo en las empresas y sociedades del Estado, que perdieron 20.602 puestos, una contracción del 18,7% desde fines de 2023.Dentro de ese universo, el Correo Argentino fue la empresa con más bajas, con 5.191 empleados menos, lo que implica una reducción del 30,8% de su plantel. Le siguieron la Operadora Ferroviaria, con 3.504 cargos menos; el Banco Nación, con una disminución de 2.010 agentes; y Aerolíneas Argentinas, que redujo su personal en 1.913 puestos.También se registraron recortes significativos en organismos descentralizados. Entre los más afectados figuran la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con 3.152 bajas; el Conicet, que perdió 2.074 cargos; y la Anses, con 1.573 empleados menos.

Organismos disueltos y estructuras en retiradaEl ajuste incluyó además la eliminación directa de organismos públicos. Uno de los casos más relevantes fue el del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), disuelto en 2024. Sus funciones fueron absorbidas por el Ministerio de Economía y su planta, que contaba con 354 empleados, quedó reducida a cero.Una situación similar atravesó el Inadi, cuyas funciones pasaron al Ministerio de Justicia tras su disolución formal. Otros organismos, como la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la Agencia de Publicidad del Estado (ex Télam), el INCAA y la Casa de la Moneda, también sufrieron recortes profundos, con reducciones que oscilaron entre el 35% y casi el 80% de sus planteles.

Menos empleados y salarios rezagadosLa política de achicamiento del Estado fue acompañada por un ajuste en los salarios del sector público, ya que los aumentos acordados en paritarias se ubicaron sistemáticamente por debajo de la inflación. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, entre noviembre de 2024 y el mismo mes de 2025, el gasto salarial real cayó 10,4% en el Poder Ejecutivo, 5,2% en el Judicial y 12,1% en el Legislativo.

Continúa la restricción a nuevas contratacionesEl Gobierno anticipó que la política de ajuste continuará durante este año. A través del decreto 934/2025, se prorrogó la suspensión de nuevas contrataciones en el Sector Público Nacional. La norma prohíbe designaciones bajo cualquier modalidad, aunque contempla excepciones para áreas específicas como universidades nacionales, Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y el Servicio Penitenciario Federal.Incluso en esos casos, el decreto establece una condición: por cada nuevo ingreso deberán registrarse al menos dos bajas previas, una leve flexibilización respecto del esquema anterior, que exigía tres salidas por cada incorporación.Desde el Ejecutivo sostienen que la reducción de casi 60 mil agentes en dos años se logró sin afectar los servicios esenciales, y la presentan como uno de los pilares del proceso de desregulación y reestructuración del Estado. (Con datos de La Nación)

El deterioro del poder adquisitivo volvió a reflejarse en los hábitos de consumo de los hogares argentinos. Según una encuesta elaborada por el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social (Cenarsecs) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el 72% de los consultados afirmó haber reducido sus gastos personales o familiares en los últimos tres meses por motivos económicos.El relevamiento, de alcance nacional y realizado entre el 12 de noviembre y el 12 de diciembre de 2025, muestra que el 43% de los hogares realizó recortes significativos, mientras que otro 29% efectuó reducciones menores. En contraste, el 23% indicó que sus gastos se mantuvieron estables, y apenas el 5% señaló haberlos incrementado en ese período.El informe explica que esta conducta se inscribe en un contexto de caída generalizada del consumo durante 2025, asociada a la pérdida de poder adquisitivo y a la necesidad de priorizar bienes esenciales. “Argentina atravesó una caída generalizada en las ventas minoristas, motivada principalmente por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores”, señala el documento en sus conclusiones.La reducción del gasto no se distribuyó de manera homogénea entre los distintos segmentos de la población. El estudio detectó diferencias relevantes por género: el 76% de las mujeres declaró haber reducido sus gastos, frente a un 66% de los varones.Las brechas también se profundizan al observar el nivel de ingresos del hogar. Entre los sectores de mayores ingresos, identificados como ABC1, solo el 38% manifestó haber ajustado sus gastos. En cambio, el porcentaje asciende al 67% en los hogares de clase media y llega al 82% entre los sectores de menores ingresos (D1 y D2).Estos datos refuerzan la relación directa entre la capacidad de ingreso y el margen de maniobra para sostener el consumo. El reporte señala que, aunque el impacto económico alcanza a todos los segmentos, “muchas familias disponen de un menor presupuesto para sus compras no esenciales”.

Prioridades de consumoEl ajuste en los gastos se tradujo, según el trabajo de la UBA, en una reconfiguración de las prioridades de compra. El informe indica que los consumidores tendieron a privilegiar bienes esenciales, mientras que otros rubros quedaron relegados. En ese marco, se menciona que los sectores de indumentaria y librerías fueron los más afectados por la contracción del consumo, en línea con la dinámica observada por otros relevamientos sectoriales durante el año.El estudio contextualiza estos resultados con datos del mercado minorista: cita que, de acuerdo con un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas de las pymes cayeron 4,1% interanual en noviembre, con una baja mensual desestacionalizada del 9,1%. Si bien estos datos no forman parte de la encuesta, el informe los utiliza como marco para explicar el escenario en el que los hogares tomaron decisiones de ajuste.Aun en un contexto de menor gasto, el relevamiento muestra que una parte significativa de los consumidores mantiene criterios vinculados al impacto social y ambiental de los productos. Ante la consulta sobre si consideran las condiciones sociales o ambientales de los alimentos y bebidas que compran, el 75% respondió afirmativamente.En particular, el 46% señaló que siempre o casi siempre tiene en cuenta estos aspectos al momento de elegir, mientras que solo un 6% afirmó que nunca los considera. El informe destaca que esta conducta también presenta diferencias por género: ese 46% asciende al 50% entre las mujeres y desciende al 40% entre los varones.Por nivel de ingresos, el patrón muestra una distribución inversa a la observada en el ajuste del gasto. Entre los sectores de menores ingresos, el 53% declaró que siempre o casi siempre considera los aspectos sociales y ambientales, frente al 37% en la clase media y al 26% en los hogares de mayores ingresos.El estudio también indagó si los consumidores estarían dispuestos a pagar un precio más alto por productos sustentables. Casi el 70% respondió que sí, mientras que un 11% indicó que siempre prioriza este tipo de productos, sin importar el costo adicional.Esta predisposición se tradujo, según el informe, en decisiones concretas: el 78% de los encuestados afirmó haber optado efectivamente en el pasado por productos orgánicos o sustentables, aunque eso implicara pagar más. Dentro de ese grupo, el 16% lo hizo en la mayoría de sus compras, y el 57% en algunas ocasiones.El documento resume esta relación señalando que más de uno de cada dos consumidores reúne tres condiciones simultáneas: considera el impacto social o ambiental, está dispuesto a pagar un costo extra y ya tiene antecedentes reales de compra de productos sustentables.

El Gobierno recortó 52.309 empleos públicos en los 19 meses que lleva de gestión, en el marco del ajuste permanente que se busca en el Estado. Las principales reducciones de personal se hicieron en la Administración Pública Nacional y empresas y sociedades en manos estatales.En diciembre de 2023, previo a la llegada del gobierno libertario, la Administración Pública contaba con 205.550 empleados, mientras que las empresas estatales con 91.166. Esas cifras se redujeron a 175.146 y 74.933, respectivamente. El personal militar y de seguridad disminuyó en 5.672 puestos.Entre las carteras que más personal perdieron figuran el Ministerio de Economía, que pasó de tener 69.297 empleados en diciembre de 2023 a 58.100 en junio de 2025, y la Jefatura de Gabinete, que redujo su planta de 34.971 a 29.771 personas en ese mismo período. El Ministerio de Capital Humano registró una baja de más de 6.300 trabajadores.En el universo de las empresas y sociedades del Estado, varias compañías emblemáticas redujeron su plantilla de forma significativa. Aerolíneas Argentinas recortó 1.734 puestos (de 11.617 a 9.883), mientras que Radio y Televisión Argentina (RTA), que incluye Canal 7 y Radio Nacional, perdió 229 empleos. También se destacó la caída en la Agencia de Publicidad del Estado, que pasó de 790 a 166 trabajadores.La empresa AYSA, que ahora se busca privatizar, redujo su personal de 7.680 a 6.187 empleados, y Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) pasó de 23.875 a 21.522. En el caso de Casa de la Moneda, el recorte fue del 40%: bajó de 1.390 a 821 trabajadores.El ajuste impactó con mayor fuerza en el personal contratado. Según el informe, mientras la planta permanente y transitoria cayó un 9,1%, los contratos regulares bajaron un 21,5% y los contratos especiales sin relación de dependencia (LOYS) se redujeron un 52,7%: de 6.810 en diciembre de 2023 a 3.221 en junio de 2025.El Ministerio de Capital Humano, por ejemplo, disminuyó de 610 a 410 contratos LOYS en ese lapso. En el Ministerio de Economía, ese tipo de contratación pasó de 2.958 a 1.329 casos.En paralelo, se contabilizan 1.081 trabajadores en situación de disponibilidad, un mecanismo que permite mantener la relación laboral en suspenso y reubicar al personal en otras áreas del Estado. La mayoría de estos casos se concentraron en el Ministerio de Capital Humano (798 personas), seguido por el Ministerio de Economía (207) y el de Desregulación y Transformación del Estado (52).Mientras tanto, continúa el conflicto salarial entre aquellos que siguen formando parte de la planta estatal. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informó este miércoles que rechazó la propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional en el marco de las negociaciones paritarias para los empleados del sector público. “La propuesta ni siquiera contempla la compensación del poder adquisitivo perdido en el periodo anterior”, sostuvo el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.Mediante un comunicado, el sindicato señaló que la oferta fue desestimada por considerar insuficiente el incremento propuesto del 7,5%, distribuido en seis tramos. La postura de ATE difirió de la adoptada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que aceptó el ofrecimiento del Ejecutivo.Según detalló ATE, el esquema contemplaba subas acumulativas del 1,3% en junio, 1,3% en julio, 1,3% en agosto, 1,2% en septiembre, 1,1% en octubre y 1,1% en noviembre. A eso se sumaba una suma fija por única vez de $25.000 correspondiente a junio, julio y agosto, y otra de $20.000 para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Infobae.

Desde el Poder Ejecutivo señalaron a Infobae que se modificará el artículo que otorga autarquía al Instituto Nacional de Teatro (INT), que pasa de descentralizado a centralizado. Además, se informó que se mantendrá el mecanismo de financiación actual y que se eliminarán el Consejo Directivo y los representantes provinciales, “resultando en un ahorro significativo que se destinará al teatro”. También se anunció que Federico Brunetti asumirá como director nacional.Además, se centralizarán estructuras como el Museo de Bellas Artes, Palacio Libertad, Tecnópolis y CONABIP. Y se creará el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, que abarcará el estudio de próceres y personalidades relevantes. Dentro de esta área, institutos como el Sanmartiniano y Evita serán transformados en museos nacionales.Otros institutos, como el Yrigoyeneano y el Instituto Rosas, se fusionarán, mientras que otros como el Browneano, Newberiano y Belgraniano serán disueltos, centralizando sus funciones en el nuevo organismo.“El objetivo declarado de estas medidas es maximizar la eficacia de la gestión pública y reducir los costos en administración, promoviendo la inversión directa en las líneas de gestión cultural. Además, se busca evitar la dispersión de decisiones políticas a través de la centralización y garantizar que los recursos públicos se asignen de manera más eficiente”, afirmaron desde el gobierno.

Con el levantamiento del cepo cambiario ya en marcha y tras el reciente desembolso del FMI, el presidente Javier Milei confirmó que su gobierno continuará profundizando el programa de ajuste y desregulación del Estado. En una entrevista radial, el mandatario aseguró que se avecina “el mayor shock regulatorio de la historia argentina” y ratificó la vigencia de la llamada “motosierra” en cada ministerio.Milei remarcó que su administración ya ha avanzado en más reformas que las implementadas “en los últimos cien años”, y explicó que cada cartera recibió la instrucción de revisar su marco legal: “Se le pidió a cada ministro que identifique qué normas efectivamente se utilizan. El resto va a la motosierra”, señaló.Según detalló, el Estado argentino está atravesado por una estructura normativa excesiva: más de 42.000 leyes, 700.000 decretos y 220.000 circulares. La idea, indicó, es depurar ese entramado para liberar al sector privado de trabas burocráticas y redundancias legales.

Reconocimiento al papa Francisco antes del viaje a RomaEn otro tramo de sus declaraciones, Milei se refirió al fallecimiento del papa Francisco y confirmó su viaje a Roma para asistir al funeral. “Es un evento de enorme relevancia. Le guste a quien le guste, el Papa ha sido el argentino más importante de la historia”, afirmó.El presidente destacó la figura del pontífice tanto desde lo espiritual como desde su influencia política y global: “Quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo personalmente, sabemos la estatura que tenía como líder”, expresó.Finalmente, señaló que su presencia en el Vaticano será en representación de todos los argentinos, en especial aquellos de fe católica: “Espero estar a la altura de un momento tan trascendente”.

Ciudad de Buenos Aires: excepción en los recortes

En el balance no se incluyen los $112.676 millones girados a la Ciudad de Buenos Aires, monto que responde al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que ordenó la restitución de los fondos de Coparticipación retenidos durante el gobierno de Alberto Fernández.Si bien el Gobierno de Javier Milei acata la sentencia, lo hace a través de giros semanales, en lugar de transferencias diarias mediante el sistema de coparticipación.

Las provincias que más fondos recibieron

Durante febrero, las provincias que captaron más recursos fueron:Neuquén: $8.619 millonesRío Negro: $5.160 millonesMendoza: $3.337 millonesMisiones: $3.092 millonesBuenos Aires: $2.927 millones

En contraste, las 18 provincias restantes recibieron menos de $700 millones cada una. La Pampa fue la más afectada, con apenas $27 millones en todo el mes.Aportes del Tesoro Nacional (ATN): el principal recursoEl informe destaca que la mayor parte de los fondos girados a las provincias correspondieron a Aportes del Tesoro Nacional (ATN), los cuales sumaron $18.000 millones en febrero, representando el 61,4% del total de transferencias no automáticas, excluyendo los pagos a CABA.

Las provincias que más ATN recibieron fueron:Neuquén: $7.000 millonesRío Negro: $5.000 millonesMendoza: $3.000 millonesMisiones: $3.000 millones

En comparación, en febrero de 2024, el total de ATN distribuidos había sido de apenas $3.500 millones. Es decir, este año los $18.000 millones representan un incremento significativo, alcanzando el 25,7% del fondo total de ATN conformado en febrero, que sumó $70.161 millones, según la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP). NA. 

Un informe de Éforo Data reveló que Entre Ríos recibió $16.398 millones en 2024, ubicándose como la cuarta provincia con mayor inversión nominal en obras públicas, superando incluso a Córdoba y Santa Fe. Esto contrasta con la caída promedio del 83% en términos reales de la obra pública nacional, que afectó especialmente a provincias como La Rioja y San Luis, con reducciones de hasta el 97%.El ajuste marcó disparidades significativas, mientras algunas provincias lograron sostener mejor los recursos. Además, el informe destacó que el Gobierno busca reconfigurar la inversión pública hacia un modelo de participación privada, lo que podría transformar el futuro de la infraestructura en el país.

En el marco de un plan de ajuste en el sector público, el Gobierno Nacional hizo oficial medidas en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Según fuentes del Ejecutivo, el INCAA es considerado un "organismo sobredimensionado" y ya se han implementado medidas de austeridad en su funcionamiento, como la restricción de viajes en avión, reducción de gastos evitables y eliminación de flotas de celulares.

Algunos de los recortes en el INCAA son:

- Suspender la realización de toda erogación económica vinculada a apoyos y aportes institucionales.

- Suspender la realización de todo apoyo económico destinado a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Disponer que las contrataciones de locación de obra y las contrataciones de obra por especialidad (monotributistas) del Organismo con vencimiento el 31 de marzo de 2024 no serán renovadas. Asimismo, se establece la imposibilidad de realizar nuevas contrataciones de personal bajo las modalidades mencionadas.

- Suspender la asignación y el pago en concepto de horas extras al personal del Organismo a partir del 1 de marzo de 2024.

- Suspender los adicionales en materia de servicio de Seguridad en todos los edificios del Organismo a partir del 1 de marzo de 2024.

- Suspender los desplazamientos del personal del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES, así como de invitados, dentro y fuera del territorio de la República Argentina, en cumplimiento de misiones y comisiones de carácter oficial, reglamentados por la Resolución INCAA N° 489- E/2023.

- Disponer la terminación de todos los contratos con compañías de telefonía celular a partir del 1 de marzo de 2024.

- Suspender las erogaciones correspondientes a la compra de suministros comestibles para el personal del Organismo, y los servicios y pago de motomensajeria, traslados en taxi o servicios afines.

- Suspender los reintegros en concepto de gastos de combustible, estacionamiento, comida, y/o cualquier otro gasto de representación institucional.

El INCAA, que depende de la secretaría de Cultura liderada por Leonardo Cifelli, cuenta con un presupuesto de $10.778.658.800 en el año 2023, con asignaciones provenientes de los ingresos corrientes. Además, tiene 645 empleados, de los cuales 500 son de planta permanente y 145 son temporarios, distribuidos en diversos roles técnicos y administrativos.

El instituto financia sus actividades a través del Fondo de Fomento Cinematográfico, el cual se nutre de impuestos a la cultura, como el 10% sobre el precio de las entradas de espectáculos cinematográficos en todo el país y el 10% sobre el precio de venta o locación de videogramas grabados. También recibe un porcentaje de la facturación bruta por publicidad en los servicios de comunicación audiovisual.

Además, el INCAA genera ingresos por la clasificación y exhibición de películas para cine, la venta de entradas en la red de salas "CINE.AR Sala" y el alquiler de estrenos cinematográficos argentinos a través de la plataforma "CINE.AR Play" y "CINE.AR Estrenos". También cobra aranceles por la clasificación de películas y otros conceptos establecidos en la ley.

Esta reducción de contratos en el INCAA se suma a otras medidas de ajuste en el sector público, como los 40 despidos en el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) y las posibles desvinculaciones en Trenes Argentinos y la secretaria de Comunicación.

El Gobierno implementa despidos masivos en empresas estatales, afectando a 200 trabajadores de AySA y a 50 funcionarios de Enacom, tras asumir su control el jefe de Gabinete Nicolás Posse. Estos recortes se enmarcan en una serie de ajustes que la gestión libertaria pretende aplicar en distintas sociedades del Estado, con el objetivo de reducir gastos o prepararlas para una posible privatización. Además, se espera un recorte más amplio a fin de mes, afectando a empleados estatales cuyos contratos de 90 días culminan en marzo, con la expectativa de cesantías adicionales en todos los niveles gubernamentales. Mientras tanto, la designación de autoridades superiores en diversas áreas avanza lentamente. Los despidos en AySA y Enacom han combinado motivos políticos con justificaciones por presuntas inasistencias o mala conducta, y representan un cambio en áreas que estaban bajo la influencia del ex funcionario Sergio Massa. Por otro lado, otras empresas estatales también están llevando a cabo relevamientos de personal para implementar recortes, como Trenes Argentinos, donde se produjo un cambio significativo en la cúpula directiva.