También reclamaron el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciaron que el ajuste pone en riesgo la continuidad de los estudios de miles de jóvenes. 

Representantes estudiantiles se movilizaron a Anses, donde presentaron un petitorio dirigido a la conducción nacional del organismo para reclamar un incremento de emergencia en el monto de las becas Progresar y la implementación de un mecanismo de actualización periódica frente a la inflación.En el documento, advirtieron que las becas “perdieron un 60% de su valor en términos reales desde diciembre de 2023” y exigieron que se garantice “un esquema de ajuste periódico frente a la inflación”.Asimismo, reclamaron que Anses ejerza sus facultades institucionales para solicitar ante el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Economía una ampliación de las partidas presupuestarias, para poner fin al incumplimiento de las garantías de permanencia y financiamiento de la educación superior fijadas en la normativa vigente.

Denunciaron el desfinanciamiento de la educación superiorLos estudiantes cuestionaron la responsabilidad del organismo frente al deterioro de las prestaciones y señalaron que en su condición de órgano ejecutor del programa, responsable directo de la administración, liquidación y pago de las becas Progresar, la Anses no puede declararse incompetente frente a la severa licuación de los haberes.Además, sostuvieron que el organismo posee el deber legal y la potestad administrativa de emitir dictámenes técnicos y requerir formalmente la reasignación presupuestaria ante las carteras ministeriales correspondientes a fin de sostener el objeto esencial de la prestación.En ese marco, denunciaron que el desfinanciamiento continuado de las becas Progresar atenta en forma directa contra los principios de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley N.º 27.795).La garantía legal de sostener el presupuesto de la educación superior resulta inexistente si en forma simultánea se destruye el sistema de ayudas económicas directas que permite a los y las estudiantes cubrir el transporte, el material de estudio y la subsistencia básica, expresaron.

También advirtieron que esta caída del valor en términos reales configura un vaciamiento del sistema universitario y vulnera de manera flagrante el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos sociales, lo que termina empujando a miles de jóvenes de sectores vulnerables a abandonar sus estudios por razones económicas.Reclamos por pagos atrasados y solicitudes rechazadasOtro de los planteos estuvo vinculado con las demoras en la liquidación de las becas y la falta de respuestas a estudiantes que tienen sus prestaciones suspendidas o solicitudes pendientes.

En el petitorio señalaron que resulta urgente la agilización en la liquidación de las nóminas de los adjudicados y la resolución de reclamos por haberes detenidos, para evitar nuevas demoras que perjudiquen a los beneficiarios.Por eso, exigieron que Anses regularice de forma inmediata la liquidación de expedientes atrasados y habilite una instancia de revisión masiva de solicitudes rechazadas o pendientes de evaluación.

Solidaridad con jubilados y personas con discapacidadLos estudiantes también expresaron su preocupación por la situación de jubilados, pensionados y personas con discapacidad.Como estudiantes universitarios comprometidos con la defensa integral de los derechos sociales, no podemos permanecer ajenos a la emergencia social que afecta a otros sectores clave que dependen de la Anses, manifestaron.En ese sentido, solicitaron una respuesta y una rectificación de rumbo ante la severa pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y las pensiones, así como el cese inmediato de las bajas e interrupciones injustificadas en las pensiones no contributivas por discapacidad, las cuales privan de su sustento básico a miles de compatriotas en situación de extrema vulnerabilidad.Finalmente, reclamaron que se disponga un incremento de emergencia del haber mensual de la Beca Progresar, implementando un mecanismo de actualización periódica ajustado a la variación del Índice de Precios al Consumidor (Indec).También exigieron que Anses inicie el trámite de actualización presupuestaria ante las autoridades nacionales correspondientes y regularice las liquidaciones atrasadas. (Fuente: AIM)

Las familias que deben abandonar sus viviendas cada vez que avanza el río Uruguay volvieron a poner una pregunta en el centro de la discusión pública: quién las asiste mientras esperan una solución definitiva. El reclamo surgió ante una propuesta legislativa de reparación económica para comercios y clubes afectados por las crecidas, que vecinos de Concordia consideran insuficiente frente al alcance social de las inundaciones.La Comisión Especial de Seguimiento de la Defensa Central, identificada con la sigla CESEDEC, junto con asambleas de damnificados, cuestionó que la iniciativa concentre la asistencia en determinados sectores y no contemple, según su planteo, a las familias que pierden muebles, electrodomésticos y otras pertenencias.

El proyecto presentado en la Cámara de Diputados provincial, impulsado por legisladores de distintos bloques —entre ellos Enrique Cresto—, propone un fondo de reparación para establecimientos perjudicados por las crecientes. Para las organizaciones reclamantes, esa herramienta constituye un paliativo que no reemplaza la infraestructura pendiente.“¿Y a los vecinos afectados, quién los ayuda?”, preguntaron al expresar su desacuerdo con el alcance de la propuesta.El principal pedido es que se otorgue prioridad al financiamiento y la ejecución de la Defensa Central. Según describen los promotores del reclamo, se trata de un sistema de terraplenes y estaciones de bombeo destinado a proteger a más de mil familias y sectores de infraestructura urbana. La inversión necesaria, de acuerdo con la estimación que difundieron, rondaría los 50 millones de dólares.Desde CESEDEC sostienen que la asistencia posterior a cada inundación no puede convertirse en la única respuesta estatal. Consideran que los gastos reiterados en evacuaciones, alojamiento y recuperación deben analizarse junto con el costo de las obras preventivas y las pérdidas que afrontan los hogares.La discusión también tiene una dimensión económica. Los vecinos advierten que la reiteración de imágenes de evacuaciones y barrios anegados afecta la percepción sobre Concordia y puede desalentar visitas e inversiones. Se trata de una preocupación expresada por los reclamantes, que vinculan las emergencias con dificultades para el turismo, la hotelería, la gastronomía y el empleo.

En estos tiempos que se describen como “del Niño”, discutir prioridades o convocar una mesa de trabajo cuando las familias ya están con “el agua al cuello” resulta especialmente difícil. La urgencia puede reducir los anuncios a un conjunto de buenas intenciones si no llegan acompañados de recursos, responsables y plazos. La fuerza de la naturaleza recuerda que ninguna previsión ofrece garantías absolutas, pero también que las ideas y las decisiones deben aparecer antes de las situaciones límite. Y que la asistencia a los damnificados exige escapar de la tentación de obtener ventajas políticas en medio del desastre.

Eso no vuelve innecesaria la ayuda inmediata a comercios y clubes: plantea la necesidad de integrarla en una respuesta que también alcance a las familias y contemple la prevención. Atender las pérdidas actuales y reducir las futuras son responsabilidades que deben avanzar juntas.Las organizaciones anticiparon que profundizarán sus reclamos, la demanda es que la Defensa Central deje de ser una promesa recurrente y cuente con un camino concreto de financiamiento y ejecución.

La actividad se realizará este jueves 8 de octubre en Plaza Urquiza, con una radio abierta y puesta en común de talleres desde las 18 horas. A las 19, se llevará adelante una marcha.La convocatoria plantea como ejes:* La defensa del derecho social a la educación.* El rechazo a cambios en los planes de estudio.* El rechazo a recortes en la Educación de Jóvenes y Adultos.

Así lo decidió el Frente Sindical de Universidades Nacionales (CONADU) el pasado viernes durante un plenario y buscará coordinar en conjunto con la Conadu Histórica.El gremio aclaró que la medida de fuerza se suspenderá solo si el Gobierno cumple, antes del martes 29, con la recomposición salarial del 33,4% contemplada en la Ley de Financiamiento Universitario.  Por su parte, el Gobierno ofreció una suba del 3% en la última paritaria, pero los docentes rechazaron la propuesta. El desacuerdo derivó en la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre.La secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, sostuvo que el objetivo es fortalecer la organización colectiva frente a un contexto que, según planteó, está marcado por la “fragmentación e individualismo” impulsados por el gobierno de Javier Milei. Según los docentes universitarios, todavía queda pendiente una actualización salarial cercana al 30%. 

Cuatro fueron cesanteadas tras sumarios administrativos y la quinta había renunciado. La documentación publicada no precisa qué haberes se pagaron indebidamente ni permite atribuir esas deudas a las sanciones o a la renuncia.  El Gobierno de Entre Ríos intimó a cinco exagentes del Ministerio de Salud a reintegrar sumas que, según las liquidaciones oficiales, percibieron de manera indebida. Los reclamos, formalizados mediante decretos publicados el 21 de septiembre, suman $30.089.347,87, sin contar los intereses que puedan seguir acumulándose hasta el pago efectivo. Si no se producen las devoluciones dentro de los plazos fijados, los decretos disponen dar intervención a la Fiscalía de Estado para iniciar las acciones de recupero.El monto más alto corresponde a Alfredo José Marcelo Vallejo: $17.775.545,73. Era médico y se desempeñaba como profesional asistente en el Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Materno Infantil San Roque, de Paraná. Un decreto anterior dispuso su cesantía al finalizar un sumario administrativo vinculado con incumplimientos de sus funciones y ausencias. La intimación de reintegro, sin embargo, no identifica los períodos ni los conceptos salariales que componen la deuda.A Daniel José María Ledesma se le reclaman $6.830.807,67. Ocupaba un cargo de personal obrero y maestranza, categoría 10, también en el Hospital San Roque de Paraná. Fue cesanteado luego de un sumario por inasistencias injustificadas registradas durante 2021. El decreto de recupero no establece expresamente que esas faltas sean el origen del dinero reclamado. En Concordia, el reclamo alcanza a Mariela María Almará, quien integraba el personal de servicios generales del Hospital Delicia Concepción Masvernat. La Provincia le exige $3.058.600,47. Su cesantía se resolvió tras un sumario por abandono de servicios: el expediente señala que no se había reintegrado a sus tareas desde julio de 2021. Tampoco en este caso el decreto publicado desglosa los pagos que se pretende recuperar.El cuarto caso es el de Alejandro Jorge Albornoz, personal de servicios del Hospital San Blas de Nogoyá, a quien se le reclama $2.399.397,39. Un sumario iniciado por presunto abandono de servicios terminó con su cesantía en 2025. El antecedente administrativo da cuenta de su situación laboral, pero el decreto de reintegro no explica cómo se formó la cifra exigida.Finalmente, Lucía Andrea Correa, que pertenecía al personal de enfermería del Hospital San Roque de Paraná, deberá devolver, según la liquidación oficial, $24.996,61. Su situación es distinta de las anteriores: había presentado su renuncia por motivos particulares, con efecto desde diciembre de 2022. El decreto que la aceptó indicó que no se encontraba sometida a un sumario administrativo. La publicación del reclamo tampoco especifica qué pago dio lugar a esa deuda.La distinción es central: las cesantías y la renuncia constan en antecedentes oficiales, pero no prueban por sí mismas cómo se generaron los pagos indebidos. Los decretos de recupero aprueban los montos calculados por el Ministerio de Salud y ordenan intimar a los exagentes; no publican el detalle de las liquidaciones, los períodos alcanzados ni la causa concreta de cada diferencia. 

Rogelio Frigerio encabezó junto a los otros mandatarios de la región centro una nueva instancia de diálogo con el Gobierno Nacional, en la que las provincias volvieron a poner sobre la mesa dos cuestiones que consideran centrales para su desarrollo: la infraestructura vial y las condiciones energéticas que enfrenta el sector productivo.Frigerio, Pullaro y Llaryora analizaron con Santilli el estado de los corredores nacionales que atraviesan sus territorios y las alternativas para avanzar en obras, mantenimiento y recuperación de trazas que presentan problemas.

El tema cobra especial importancia para Entre Ríos por la utilización cotidiana de las rutas nacionales para el movimiento de la producción, el transporte de cargas y la comunicación entre distintas regiones de la provincia y el resto del país.

En ese marco, se evaluaron los mecanismos que nación viene habilitando para que las provincias puedan asumir la gestión de determinados tramos nacionales. El Gobierno de Javier Milei ya avanzó con acuerdos de estas características con Río Negro y Catamarca, contemplando distintas modalidades para obras, conservación e incluso participación privada.

La energía fue el segundo gran capítulo de la reunión. Frigerio y los Gobernadores plantearon la situación de los grandes usuarios industriales y el peso que tienen las tarifas sobre los costos de producción. También se abordó el régimen de zonas frías y la discusión abierta en el congreso sobre el futuro de los subsidios energéticos.

Según fuentes de Casa Rosada, todos los temas fueron tratados conjuntamente y no existieron reuniones individuales con los Gobernadores. Desde nación también señalaron que no formó parte de la conversación la reforma electoral que el ejecutivo pretende volver a impulsar en el congreso.

Participaron además el vicejefe de interior, Gustavo Coria, y el jefe de gabinete cordobés, Manuel Calvo.El encuentro se inscribe en una serie de conversaciones que el gobierno nacional viene manteniendo con mandatarios provinciales. Para Frigerio, la agenda volvió a concentrarse en dos reclamos de fuerte impacto para Entre Ríos: qué hacer con las rutas nacionales deterioradas y cómo reducir el peso de la energía sobre la actividad productiva.

Ambas carreras funcionan en la Escuela Primaria Nº 17 "Diógenes de Urquiza", donde, según expresaron desde la comunidad educativa, los daños ocasionados por el temporal continúan afectando el normal desarrollo de las clases y de la formación académica de los estudiantes.En un comunicado, señalaron que la falta de soluciones concretas genera incertidumbre tanto en alumnos como en docentes, quienes desde hace más de dos semanas esperan que se ejecuten las reparaciones necesarias para garantizar el dictado de clases en condiciones adecuadas.Asimismo, remarcaron que la educación es un derecho que debe garantizarse en espacios seguros y dignos, por lo que reclamaron una pronta intervención de las autoridades competentes."Después de 18 días de espera no queremos más promesas: queremos soluciones", expresaron desde el Profesorado de Educación Primaria y el Profesorado de Educación Especial, al tiempo que exigieron respuestas inmediatas, compromiso y acciones concretas para resolver la situación. Finalmente, sostuvieron que ambas instituciones merecen una respuesta urgente y reiteraron que "la educación no puede esperar". 

En el documento, los directivos reflexionaron que “la escuela siempre es caja de resonancia de lo mejor y lo peor de nuestra sociedad”, y señalaron que actualmente los establecimientos educativos se encuentran atravesados por problemáticas sociales y familiares que exceden las posibilidades de abordaje de las instituciones.Según manifestaron, entre los estudiantes se observan episodios de maltrato entre pares, agresiones dentro y fuera de las aulas y dificultades para sostener acuerdos de convivencia. Además, remarcaron que muchos jóvenes atraviesan situaciones complejas vinculadas a la salud mental y al bienestar integral, requiriendo acompañamiento profesional y recursos específicos con los que las escuelas no cuentan.

En el texto también hicieron referencia al rol de las familias. “En reiteradas oportunidades, se nos manifiesta la preocupación y las dificultades que tienen para acompañar y no saber qué hacer con ‘la rebeldía’ de sus hijos e hijas”, expresaron.Los rectores detallaron las acciones que llevan adelante diariamente para intentar contener estas situaciones: talleres de convivencia, actas disciplinarias, convocatorias a padres, compromisos de no agresión, pedidos de asistencia profesional y articulación con organismos como Copnaf, Fiscalía y Policía. Sin embargo, afirmaron que “estas acciones hoy parecen insuficientes” y alertaron que “las situaciones de violencia se acumulan y se agravan”.En otro tramo del documento, describieron un fuerte sentimiento de “orfandad” dentro de los equipos institucionales, integrado por directivos, docentes, tutores, administrativos y ordenanzas. En ese sentido, reclamaron mayor articulación entre el Consejo General de Educación (CGE), Copnaf, los servicios sociales municipales y provinciales y otras instituciones del Estado.“La escuela sigue siendo el único sostén o refugio de muchos jóvenes en la búsqueda de seguridad, afecto y futuro, pero nos preguntamos ¿hasta cuándo?”, plantearon los firmantes, quienes también advirtieron que la violencia escolar refleja “un tejido social lesionado” y las difíciles condiciones socioeconómicas que atraviesan numerosas familias.Asimismo, denunciaron sentirse víctimas de “violencia institucional”, al considerar que se les exigen resultados sin brindarles los recursos humanos, presupuestarios y profesionales necesarios para enfrentar la problemática. “Nos delegan la gestión de crisis múltiples, familiares, de salud mental y de carencias básicas, pero sin el respaldo efectivo de equipos interdisciplinarios, sin asesoramiento legal, sin capacitación en resolución de conflictos, sin presupuesto”, sostuvieron.Los directivos afirmaron además que este escenario termina afectando directamente la tarea pedagógica. “Nos impide o distrae de nuestra tarea fundamental: la enseñanza”, remarcaron, señalando que gran parte del tiempo institucional se destina a resolver situaciones de crisis y conflictos que ponen en riesgo la integridad física y psíquica de los estudiantes.Finalmente, instaron a las autoridades departamentales y a la sociedad en su conjunto a asumir un compromiso “serio y urgente” para fortalecer la educación pública y construir respuestas concretas antes de que ocurra “una pérdida irreparable”.“No queremos seguir jugando al ‘como si’, no podemos mirar para otro lado: la juventud está en peligro y entonces el futuro está en peligro”, concluye la carta.La manifestación pública fue firmada por rectores y rectoras de distintas escuelas secundarias del departamento Concordia, entre ellas la Escuela N° 23 “República Oriental del Uruguay”, la Escuela Secundaria y Superior N°1 “Cesáreo Bernaldo de Quirós”, la Escuela Técnica N°2 “Independencia”, la Escuela Secundaria N°4 “Damián Pedro Garat”, la Escuela Secundaria N°18 “Vélez Sarsfield” y otras instituciones educativas de la región. (Con información de El Entre Ríos)

El reclamo se intensificó luego de las intensas lluvias registradas la semana pasada, que provocaron filtraciones e inundaciones en aulas y sectores comunes de la institución. Según denunciaron las familias, el agua llegó a zonas cercanas a instalaciones eléctricas, generando preocupación por posibles riesgos para estudiantes y trabajadores de la escuela. Como medida de protesta, muchos padres decidieron no enviar a sus hijos a clases y concentrarse frente a la sede educativa ubicada en la esquina de Carriego y Pellegrini. Allí exigieron respuestas concretas y el inicio inmediato de las obras prometidas por el gobierno provincial. Desde la comunidad educativa señalaron que los problemas estructurales no son nuevos y que desde hace tiempo vienen denunciando filtraciones en techos, cielorrasos deteriorados, hundimiento de pisos y fallas en sanitarios y desagües. Incluso, tras el último temporal, las actividades escolares debieron suspenderse por cuestiones de seguridad. Cabe recordar que recientemente el gobierno de Entre Ríos anunció una obra de refacción integral para la institución, con una inversión estimada en 38 millones de pesos, destinada a solucionar las principales deficiencias edilicias de la escuela. Sin embargo, las familias sostienen que la situación es crítica y que las respuestas llegan demasiado tarde frente al deterioro que atraviesa el edificio.

 La Sociedad Rural Argentina (SRA) volvió a reclamar por la quita de las retenciones al campo y solicitó al Gobierno un “cronograma de eliminación definitiva”. El nuevo pedido se da luego del tuit que escribió Luis Caputo sobre el “boom absoluto” del sector agropecuario.Mediante un comunicado de la entidad, y al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el campo manifestó que “es momento de profundizar el alivio fiscal” para “consolidar el crecimiento”.

En base al posteo del ministro Caputo, el cual afirmaba que el campo va a ser “un motor clave para el crecimiento económico”, el sector del agro sostuvo que responde con “inversión, producción y generación de empleo ante señales claras de reglas previsibles y reducción de la carga impositiva”, pidiendo la eliminación definitiva de los Derechos de Exportación (DEX).También mencionaron el problema del conflicto bélico en Medio Oriente, el cual trajo “costos de guerra”, donde insumos críticos como la urea “han sufrido aumentos superiores al 50 % y el combustible impacta severamente en la logística nacional”.“Desde la SRA consideramos que este proceso debe profundizarse para transformar un alivio estacional en un crecimiento sostenido. Es el momento de avanzar con firmeza hacia un cronograma de eliminación definitiva de las retenciones, cuya persistencia actúa como un techo al desarrollo pleno de las fuerzas productivas”.Para el campo, la Argentina “cuenta con una oportunidad histórica” donde la quita definitiva de las retenciones “será el acelerador definitivo para que el país exprese su máximo potencial agroindustrial y supere el déficit mediante la actividad y no la asfixia”.“Una menor carga fiscal no solo incentiva la inversión y la tecnología, sino que amplía la base imponible, generando mayores ingresos para el Estado de manera sana y genuina vía Ganancias e IVA”, concluyó.La SRA hizo mención al tuit de Caputo en sus redes, donde destacó la respuesta del agro a la baja de impuestos que efectuó el Gobierno y auguró un aumento del volumen de exportaciones.En el mismo, el jefe del Palacio de Hacienda sostuvo que “subió fuertemente la inversión y la producción apunta a una cosecha récord para este año” y estimó que en un “escenario conservador, las exportaciones aumentarían en 3.700 millones de dólares con respecto al año pasado”.“En un escenario de precios y producción más alto (algo que se está convalidando), las expo treparían a casi 42.000 millones de dólares. Esto es 8.700 millones más que el año pasado”, detalló. NA.

La convocatoria a una manifestación por parte de efectivos de la Policía de Entre Ríos el próximo 14 de marzo no es un hecho menor ni una simple expresión simbólica. Es, en esencia, la evidencia de una fractura entre la narrativa política de la seguridad y la experiencia cotidiana de quienes sostienen el servicio en la calle. Bajo la consigna “En memoria de los que ya no están y por condiciones dignas de trabajo”, el reclamo busca visibilizar lo que muchos dentro de la fuerza consideran una situación ignorada o minimizada por la conducción provincial.

Los organizadores dejaron en claro que la protesta será pacífica, fuera del horario de servicio y sin abandono de funciones. Esa aclaración, lejos de ser anecdótica, revela el nivel de presión disciplinaria bajo el que se mueve el personal policial cuando intenta reclamar derechos básicos. La necesidad de justificar que no se pondrá en riesgo la seguridad pública es, en sí misma, un síntoma de la rigidez institucional y del temor a posibles sanciones.

La reacción política frente al malestarEl gobierno provincial, encabezado por Rogelio Frigerio, ha construido un discurso centrado en la modernización de la fuerza, destacando inversiones en patrulleros, chalecos antibalas y equipamiento. Pero la política de seguridad no puede medirse únicamente en cifras o actos de entrega de vehículos. La manifestación policial expone el límite de esa lógica: invertir en equipamiento mientras se descuida el factor humano no resuelve el conflicto de fondo.El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, sostuvo públicamente que no existe un malestar generalizado en la fuerza y defendió el nivel salarial del personal. Sin embargo, el solo hecho de que agentes y familiares decidan movilizarse contradice esa lectura. Minimizar el reclamo o reducirlo a una percepción aislada constituye una postura política que elude enfrentar el problema. Cuando la conducción insiste en negar tensiones visibles, la distancia entre gestión y realidad se vuelve evidente.A esto se suma la contradicción señalada por sectores críticos respecto del financiamiento mediante crédito para la compra de patrulleros, en contraste con discursos previos que descartaban el endeudamiento para este tipo de gastos. Esa inconsistencia erosiona la credibilidad del relato oficial y alimenta la percepción de que la prioridad está en la puesta en escena antes que en una planificación integral.

Conducción policial bajo la lupaLa figura del jefe de Policía, Claudio González, tampoco queda al margen del cuestionamiento. La conducción institucional tiene la responsabilidad de canalizar las demandas internas antes de que se expresen públicamente. Cuando los reclamos llegan a la calle, el mensaje que se transmite es que los mecanismos internos fallaron o resultaron insuficientes.En estructuras jerárquicas como la policial, donde la verticalidad es regla, la falta de contención y representación efectiva puede amplificar el malestar. La movilización no solo interpela al poder político, sino también a la conducción operativa que debería mediar entre la tropa y el gobierno.

La responsabilidad política finalLa gestión de Rogelio Frigerio queda inevitablemente en el centro del análisis. Exaltar a la policía en el discurso mientras emergen protestas por condiciones laborales coloca al gobierno ante una contradicción difícil de disimular.

La seguridad pública no se fortalece únicamente con anuncios ni con actos institucionales; requiere coherencia entre lo que se declara y lo que se percibe en la base operativa.

El conflicto policial que asoma en Entre Ríos, sumado a antecedentes recientes en provincias vecinas, demuestra que el malestar en las fuerzas no es un fenómeno aislado ni anecdótico. Ignorarlo, relativizarlo o responder únicamente con estadísticas de inversión puede resultar políticamente cómodo en el corto plazo, pero no resuelve la raíz del problema.

Una señal que no debería ignorarseLa manifestación anunciada no es todavía una crisis abierta, pero sí una advertencia. Es el reflejo de una tensión acumulada que obliga a la dirigencia política a abandonar la autocomplacencia y enfrentar la discusión de fondo.

Si la conducción provincial decide leer este episodio como un hecho menor, corre el riesgo de repetir errores ya vistos en otras jurisdicciones, donde la desconexión entre gobierno y fuerza derivó en conflictos mayores. La seguridad pública no puede sostenerse sobre relatos optimistas mientras quienes la ejecutan sienten que sus condiciones quedan relegadas.

El 14 de marzo no será solo una marcha: será un termómetro político sobre la capacidad —o incapacidad— de la conducción provincial para escuchar, reconocer y actuar antes de que la tensión escale.

La mujer señaló que una de las principales problemáticas es la presencia de pastizales altos y microbasurales a cielo abierto, situación que genera la proliferación de mosquitos y roedores. “Desde que tengo recuerdos, este es un barrio olvidado por cualquier intendencia a cargo. La problemática de siempre es el pastizal, los microbasurales, los mosquitos y los roedores que andan en nuestras casas por la mala higiene y la falta de cloacas”, expresó.Villanueva indicó que el problema se presenta especialmente en la zona de calle Diamante y Solari Centro – Solari Norte, y en el conocido basural ubicado sobre calle Diamante, pasando la vía.Asimismo, manifestó que ha realizado reiterados reclamos sin obtener respuestas. “He llamado al 105 y publiqué esta situación en Facebook, pero no hay respuestas”, afirmó. También remarcó que, en ocasiones, pasa la máquina municipal para el mantenimiento de las calles, aunque aclaró que ocurre de manera esporádica: “Con suerte, a veces pasan la máquina”.La vecina reconoció que la responsabilidad también es social, pero consideró indispensable la intervención del Estado. En ese sentido, explicó que su intención al hacer público el reclamo es que la situación sea atendida por el Municipio. “Si bien somos culpables los humanos de todo esto, jamás obtuvimos respuestas a nuestras quejas. Es un barrio más que olvidado y sinceramente es preocupante la situación”, concluyó.

Los vecinos señalaron que la convocatoria tuvo como objetivo “salir a la calle para que las autoridades escuchen”, remarcando que no responden a partidos políticos ni a estructuras formales de representación barrial, sino que actúan de manera independiente ante la falta de soluciones concretas.Entre los principales puntos planteados, reclamaron el mantenimiento regular de las plazas del barrio y una intervención urgente para erradicar basurales a cielo abierto que se forman en distintas esquinas. En ese sentido, advirtieron que, de no encontrarse una solución inmediata, solicitarán que el servicio de recolección de residuos incluya todas las calles del barrio, incluso pasajes y cortadas internas.Asimismo, denunciaron el estado de abandono de los terrenos laterales del CIC Víctor Oppel, aclarando que esos espacios no cuentan con ninguna declaración de reserva natural ni corresponden a áreas protegidas, como en ocasiones se ha señalado. Según manifestaron, esos sectores se han convertido en focos de acumulación de basura, presencia de roedores y víboras, además de ser utilizados como lugares de refugio ocasional, generando preocupación por la seguridad y la salud de los vecinos.

Situación similar describieron respecto a los terrenos lindantes al Polo Productivo, ubicados sobre calle Moulins, los cuales —afirman— presentan las mismas condiciones de deterioro ambiental y falta de control. Indicaron además que se trata de espacios estatales donde ni siquiera el personal municipal o de seguridad urbana puede intervenir, por tratarse de problemáticas que requieren decisiones directas del municipio.Otro de los reclamos apunta al bacheo realizado meses atrás, que calificaron como una solución provisoria que no tuvo continuidad. También alertaron sobre la presencia de un pino de gran tamaño en una de las plazas del barrio, con riesgo de caída sobre una vivienda cercana, situación que ya fue advertida sin obtener respuestas.

Finalmente, los vecinos adelantaron que continuarán insistiendo por distintas vías institucionales. Si bien aclararon que no tienen definida ninguna medida concreta como cortes de calle, aseguraron que llevarán los reclamos “puerta por puerta y oficina por oficina” ante los funcionarios correspondientes, hasta que cada vecino y vecina obtenga una respuesta efectiva.

Respuesta inmediata tras el reclamo vecinalEn la mañana de este lunes, y a pocas horas de la asamblea realizada por vecinos autoconvocados del barrio Sarmiento, el Municipio de Concordia desplegó un operativo de limpieza y desmalezado en distintos sectores de la zona.Comenzaron las tareas en inmediaciones del CIC Víctor Oppel, con la intervención de personal de Seguridad Ciudadana, funcionarios municipales y cuadrillas de trabajadores.El operativo municipal se produjo casi de manera inmediata al planteo público realizado por los vecinos, quienes habían advertido sobre el impacto ambiental, sanitario y de seguridad que generaba el abandono. 

Los vecinos señalaron que la convocatoria tuvo como objetivo “salir a la calle para que las autoridades escuchen”, remarcando que no responden a partidos políticos ni a estructuras formales de representación barrial, sino que actúan de manera independiente ante la falta de soluciones concretas.

Entre los principales puntos planteados, reclamaron el mantenimiento regular de las plazas del barrio y una intervención urgente para erradicar basurales a cielo abierto que se forman en distintas esquinas. En ese sentido, advirtieron que, de no encontrarse una solución inmediata, solicitarán que el servicio de recolección de residuos incluya todas las calles del barrio, incluso pasajes y cortadas internas.

Asimismo, denunciaron el estado de abandono de los terrenos laterales del CIC Víctor Oppel, aclarando que esos espacios no cuentan con ninguna declaración de reserva natural ni corresponden a áreas protegidas, como en ocasiones se ha señalado. Según manifestaron, esos sectores se han convertido en focos de acumulación de basura, presencia de roedores y víboras, además de ser utilizados como lugares de refugio ocasional, generando preocupación por la seguridad y la salud de los vecinos.

Situación similar describieron respecto a los terrenos lindantes al Polo Productivo, ubicados sobre calle Moulins, los cuales —afirman— presentan las mismas condiciones de deterioro ambiental y falta de control. Indicaron además que se trata de espacios estatales donde ni siquiera el personal municipal o de seguridad urbana puede intervenir, por tratarse de problemáticas que requieren decisiones directas del municipio.

Otro de los reclamos apunta al bacheo realizado meses atrás, que calificaron como una solución provisoria que no tuvo continuidad. También alertaron sobre la presencia de un pino de gran tamaño en una de las plazas del barrio, con riesgo de caída sobre una vivienda cercana, situación que ya fue advertida sin obtener respuestas.

Finalmente, los vecinos adelantaron que continuarán insistiendo por distintas vías institucionales. Si bien aclararon que no tienen definida ninguna medida concreta como cortes de calle, aseguraron que llevarán los reclamos “puerta por puerta y oficina por oficina” ante los funcionarios correspondientes, hasta que cada vecino y vecina obtenga una respuesta efectiva.

La vecina María Laura Delduca hizo público el reclamo a través de redes sociales, donde difundió imágenes del lugar y describió la situación como “abandonada desde hace años”. Según explicó, el problema se originó cuando un camión desobstructor rompió el pavimento en esa esquina y, desde entonces, nunca se realizó una reparación definitiva.“El asfalto se está rompiendo cada vez más, el agua corre constantemente y se junta basura. Se forma un charco permanente que genera mal olor, pasto crecido y mosquitos”, expresó la vecina.Además, señaló que los reclamos fueron realizados en reiteradas oportunidades ante EDOS, sin que hasta el momento se haya dado una respuesta concreta ni una solución estructural. “Ya se habló miles de veces y todo sigue igual”, lamentó.La acumulación de agua estancada no sólo afecta la circulación y el estado de la calle, sino que también representa un foco de insalubridad para quienes viven en el sector. Los vecinos aseguran sentirse “olvidados” y reclaman una intervención urgente.Desde el barrio piden que las autoridades municipales y el organismo sanitario correspondiente tomen cartas en el asunto y realicen las obras necesarias para reparar la pérdida, sanear la zona y devolver condiciones adecuadas al lugar.

Mientras se espera que la Justicia descubra quién colocó las cámaras que fueron encontradas el jueves, Colello señaló que el descubrimiento “es doblemente grave porque si el exgobernador y el exsecretario general sabían que en sus oficinas habían cámaras ocultas” deberían haberlo informado.En cuanto a los posibles responsables de las cámaras, Colello dio que “son sectores que están interesados en escuchar lo que se habla en la gobernación y que de alguna manera eh se sienten incómodos o molestos con las transformaciones que estamos llevando adelante en la provincia y que no es la primera vez que pasan en la provincia”.Colello confirmó que “hemos encontrado tres aparatos de intercepción de audio y de video dentro de la gobernación” y resaltó que es un “un tema de una gravedad institucional.“Independientemente de quién lo haya puesto ahí es que nosotros nos encontramos con cámaras con capacidad de filmar tanto imágenes como audio camufladas en artefactos de sensores de movimiento. Lo que vulgarmente se llama una cámara oculta”, agregó.Una cámara estaba en “la propia oficina del gobernador, otra en el pasillo que une a la Secretaría General con la oficina del gobernador y un tercero en la Secretaría General”, contó.“Tomamos este hecho primero con mucha angustia porque a nadie le gusta que lo que lo estén espiando, pero por otro lado habida cuenta de que es el gobernador a quien se estaba espiando toma una gravedad institucional”, reiteró.Colello confirmó que el gobierno provincial hizo una denuncia ante la justicia (donde actúa el fiscal Santiago Alfieri) y tras ello también se inició “el proceso administrativo para entender quién las puso. Si alguien habilitó eh la habilitación la de la colocación de esas cámaras ocultas. Pero no sabemos todavía eh desde cuándo están colocadas esas cámaras”, acotó.Ahora “con total certeza puedo decir que son cámaras que están conectadas a corriente y que estaban en capacidad de poder funcionar perfectamente”, agregó.Pero “lo que hay que determinar ahora es si eso efectivamente se estaba usando o no y si la utilización, en el caso de que así sea, era solamente por medio de cable o había una utilización eh de manera de Wi-Fi remoto, es decir que iba un dispositivo de móvil por fuera de las de las oficinas”, advirtió.

En los últimos días, el gobierno uruguayo requirió a la empresa HIF Global que incorpore a Colón dentro del área de influencia del estudio de impacto ambiental, un paso que se inscribe en el reclamo impulsado por la Argentina y acompañado activamente por la provincia de Entre Ríos.Desde que se tomó conocimiento de la iniciativa, Entre Ríos manifestó de manera temprana su preocupación por la localización del emprendimiento, solicitó información detallada y advirtió sobre la necesidad de evaluar los impactos ambientales, sociales y económicos que podría generar sobre la costa entrerriana y las comunidades ribereñas.En ese marco, el mandatario viajó en dos oportunidades a la República Oriental del Uruguay para abordar este tema de manera directa, y mantuvo reuniones de trabajo con autoridades nacionales y departamentales, entre ellas un encuentro con el presidente Yamandú Orsi, donde expuso la preocupación de Entre Ríos y la necesidad de revisar el emplazamiento del proyecto.Frigerio planteó desde el comienzo que el desarrollo de energías limpias debe ser compatible con la protección del ambiente, el turismo y la calidad de vida de las comunidades, y sostuvo que la cercanía del proyecto a una ciudad como Colón hacía necesario revisar su emplazamiento.En ese sentido, el gobierno entrerriano reiteró que no se cuestiona la inversión ni el avance de proyectos vinculados a la transición energética, sino a la localización elegida para una iniciativa de gran escala, que podría generar impactos no deseados sobre una de las zonas turísticas más importantes de la provincia.La ampliación de los estudios ambientales representa un reconocimiento a la validez del planteo entrerriano, aunque desde el Ejecutivo provincial se considera que se trata de un paso necesario, pero aún insuficiente, y se mantiene la convicción de que la relocalización del proyecto es la alternativa más razonable para evitar conflictos y garantizar un desarrollo verdaderamente sustentable.Ante ello, el Gobierno de Entre Ríos continuará sosteniendo esta posición con responsabilidad institucional y vocación de diálogo. Haber actuado con anticipación, compromiso personal del gobernador y claridad en los planteos, permitió que el reclamo provincial sea escuchado y genere avances concretos en el análisis del proyecto.

Adriana Hernández, domiciliada en calle San Luis Oeste 1995, explicó que la pérdida se origina en la conexión de un vecino y que, al tratarse de una esquina, el escurrimiento del agua afecta de manera directa a varias viviendas. “Hace más de una semana que estamos con esta pérdida constante. Ya hicimos reclamos varios vecinos, incluido el mío, y no obtenemos respuestas”, señaló.

Según relató, realizó reiterados reclamos a los teléfonos fijos habilitados, sin recibir atención, y también se comunicó a través del WhatsApp, enviando fotografías de la situación. “Me respondieron que pasarían el reclamo, pero hasta ahora nadie vino”, indicó.

La pérdida provocó un marcado deterioro de las calles de tierra, que permanecen anegadas, con formación de barro y pozos, tal como se observa en las imágenes aportadas. Ante la falta de respuestas, algunos vecinos realizaron zanjas improvisadas para desviar el agua hacia otros sectores, aunque estas acciones no resolvieron el problema y empeoraron el estado de las arterias del barrio.

Además del daño a la infraestructura vial, los vecinos expresaron su preocupación por el desperdicio de agua potable, en un contexto en el que se promueve el cuidado del recurso. “La frase ‘Cuidemos el agua’ parece quedar solo para carteles o facturas, porque en la práctica nadie viene a solucionar este problema”, manifestó la vecina.Desde el barrio El Triángulo solicitan una intervención urgente para reparar la pérdida y evitar que la situación continúe agravándose, tanto para las viviendas afectadas como para el estado general de las calles.

La ex trabajadora municipal explica que se enteró de su desvinculación el 5 de enero, cuando al regresar del receso por fiestas no pudo marcar asistencia. Hasta ese momento trabajaba de lunes a viernes, de 7 a 13, realizando tareas de relevamiento y trabajo en territorio, funciones que —remarca— cumplió de manera constante y que nunca estuvieron ligadas a un cargo político ni a contactos partidarios.

Durante la entrevista, recordó un compromiso asumido por el actual intendente cuando aún estaba en campaña. Señaló que en ese momento les dijo que la gente que estaba trabajando no se iba a tocar. Sin embargo, tras la asunción de la nueva gestión, fue despedida por el cierre del área donde prestaba funciones. En aquella oportunidad, decidió acercarse personalmente al Municipio para reclamar. Aunque no fue recibida, finalmente pudo continuar trabajando. Según explicó, se reconoció entonces que había una promesa previa y que ella estaba cumpliendo tareas efectivas.

Hoy, la situación vuelve a repetirse, pero con un escenario más complejo. La mujer es jefa de hogar, vive sola con sus dos hijos, de 13 y 5 años, y actualmente no cuenta con ingresos. La pérdida del trabajo no solo implicó quedarse sin salario, sino también enfrentar deudas y la incertidumbre cotidiana sobre cómo sostener su hogar.

Su madre, Marta López, acompaña el reclamo desde el primer día y aporta un dato clave para entender la dimensión del conflicto: esta no es la primera vez que la familia lucha de esta manera por un puesto de trabajo. En 2013, durante una gestión anterior, permanecieron 96 días dentro de la Municipalidad, acampando en el primer piso, hasta lograr que su hija accediera a una oportunidad laboral.

Según relató Marta, sabían que existían vacantes, pero los pedidos eran sistemáticamente ignorados. En ese contexto, una abogada les explicó que cuando hay un puesto disponible se puede reclamar, ya que corresponde al primero que lo solicita, con un período de prueba. De ese modo iniciaron el reclamo que permitió el ingreso de la joven al ámbito municipal.

La trabajadora comenzó desempeñándose como monotributista, modalidad que sostuvo durante ocho años, y luego accedió a un contrato con aportes. Durante ese tiempo realizó todos los cursos que dicta la Municipalidad, se presentó a concursos y cumplió con cada tarea asignada, incluso en condiciones climáticas adversas. Su labor fue siempre territorial y de campo y, según su madre, se desarrolló tal como se lo requerían.

Marta también cuestionó los discursos oficiales que asocian los despidos con la existencia de “ñoquis” o ingresos irregulares. Consideró que ese tipo de afirmaciones estigmatizan a todos los trabajadores municipales y generan un perjuicio generalizado. Además, sostuvo que es erróneo afirmar que el puesto de su hija haya sido conseguido por motivos políticos o por intermediaciones, y remarcó que no existe una bandería partidaria que las identifique.

Actualmente, madre e hija permanecen en la puerta del edificio municipal, organizándose como pueden y recurriendo a una estación de servicio cercana para resolver necesidades básicas. Durante la jornada reciben el acompañamiento ocasional de vecinos y personas que se acercan a escuchar su historia y a expresar solidaridad.

El pedido final es que el intendente revise el legajo de la ex operadora territorial, su asistencia, su ficha limpia, los antecedentes presentados en concursos y su situación social actual. Marta insistió en que se tenga en cuenta que su hija trabajó de manera efectiva, que fue vista en tareas de campo y que la desvinculación no responde a la realidad de su desempeño.

Mientras tanto, la joven decidió permanecer en el lugar. Sin trabajo y sin respuestas formales, entiende que sostener la presencia frente al Municipio es la forma que hoy encuentra para hacer visible su reclamo y esperar una instancia de diálogo que, hasta el momento, no se concretó.

“Los vecinos estamos sumamente preocupados por el estado de esta construcción. Hace unos meses se cayó parte de la fachada y, por suerte, no hubo heridos, solo daños materiales y un par de días sin servicios. Pasan los días, las semanas, y sigue como lo dejaron, apuntalado con esos soportes, los cuales empezaron a ceder y están apoyados en cables de alta tensión”, expresó Leandro, uno de los frentistas que difundió el reclamo en redes sociales.Tras el derrumbe inicial, personal municipal se presentó en el lugar y realizó un apuntalamiento precario, pero desde entonces —aseguran los vecinos— nunca más se hicieron controles ni tareas de reparación. “Los dueños brillan por su ausencia, el municipio ni hablar. Día a día caen escombros solo con el movimiento del viento en la estructura. ¿Qué están esperando? ¿Una tragedia evitable?”, se preguntan.En el barrio señalan que ya se han presentado varias denuncias y reclamos formales, pero la situación continúa sin respuesta. Mientras tanto, el temor crece entre los vecinos que a diario deben transitar la vereda donde siguen apareciendo restos de mampostería.“Por favor, intendente y municipio, necesitamos urgentemente que intervengan”, concluyó Leandro, en un pedido que se repite cada vez con más fuerza en la comunidad.