La Sociedad Rural Argentina (SRA) volvió a reclamar por la quita de las retenciones al campo y solicitó al Gobierno un “cronograma de eliminación definitiva”. El nuevo pedido se da luego del tuit que escribió Luis Caputo sobre el “boom absoluto” del sector agropecuario.Mediante un comunicado de la entidad, y al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el campo manifestó que “es momento de profundizar el alivio fiscal” para “consolidar el crecimiento”.

En base al posteo del ministro Caputo, el cual afirmaba que el campo va a ser “un motor clave para el crecimiento económico”, el sector del agro sostuvo que responde con “inversión, producción y generación de empleo ante señales claras de reglas previsibles y reducción de la carga impositiva”, pidiendo la eliminación definitiva de los Derechos de Exportación (DEX).También mencionaron el problema del conflicto bélico en Medio Oriente, el cual trajo “costos de guerra”, donde insumos críticos como la urea “han sufrido aumentos superiores al 50 % y el combustible impacta severamente en la logística nacional”.“Desde la SRA consideramos que este proceso debe profundizarse para transformar un alivio estacional en un crecimiento sostenido. Es el momento de avanzar con firmeza hacia un cronograma de eliminación definitiva de las retenciones, cuya persistencia actúa como un techo al desarrollo pleno de las fuerzas productivas”.Para el campo, la Argentina “cuenta con una oportunidad histórica” donde la quita definitiva de las retenciones “será el acelerador definitivo para que el país exprese su máximo potencial agroindustrial y supere el déficit mediante la actividad y no la asfixia”.“Una menor carga fiscal no solo incentiva la inversión y la tecnología, sino que amplía la base imponible, generando mayores ingresos para el Estado de manera sana y genuina vía Ganancias e IVA”, concluyó.La SRA hizo mención al tuit de Caputo en sus redes, donde destacó la respuesta del agro a la baja de impuestos que efectuó el Gobierno y auguró un aumento del volumen de exportaciones.En el mismo, el jefe del Palacio de Hacienda sostuvo que “subió fuertemente la inversión y la producción apunta a una cosecha récord para este año” y estimó que en un “escenario conservador, las exportaciones aumentarían en 3.700 millones de dólares con respecto al año pasado”.“En un escenario de precios y producción más alto (algo que se está convalidando), las expo treparían a casi 42.000 millones de dólares. Esto es 8.700 millones más que el año pasado”, detalló. NA.

La convocatoria a una manifestación por parte de efectivos de la Policía de Entre Ríos el próximo 14 de marzo no es un hecho menor ni una simple expresión simbólica. Es, en esencia, la evidencia de una fractura entre la narrativa política de la seguridad y la experiencia cotidiana de quienes sostienen el servicio en la calle. Bajo la consigna “En memoria de los que ya no están y por condiciones dignas de trabajo”, el reclamo busca visibilizar lo que muchos dentro de la fuerza consideran una situación ignorada o minimizada por la conducción provincial.

Los organizadores dejaron en claro que la protesta será pacífica, fuera del horario de servicio y sin abandono de funciones. Esa aclaración, lejos de ser anecdótica, revela el nivel de presión disciplinaria bajo el que se mueve el personal policial cuando intenta reclamar derechos básicos. La necesidad de justificar que no se pondrá en riesgo la seguridad pública es, en sí misma, un síntoma de la rigidez institucional y del temor a posibles sanciones.

La reacción política frente al malestarEl gobierno provincial, encabezado por Rogelio Frigerio, ha construido un discurso centrado en la modernización de la fuerza, destacando inversiones en patrulleros, chalecos antibalas y equipamiento. Pero la política de seguridad no puede medirse únicamente en cifras o actos de entrega de vehículos. La manifestación policial expone el límite de esa lógica: invertir en equipamiento mientras se descuida el factor humano no resuelve el conflicto de fondo.El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, sostuvo públicamente que no existe un malestar generalizado en la fuerza y defendió el nivel salarial del personal. Sin embargo, el solo hecho de que agentes y familiares decidan movilizarse contradice esa lectura. Minimizar el reclamo o reducirlo a una percepción aislada constituye una postura política que elude enfrentar el problema. Cuando la conducción insiste en negar tensiones visibles, la distancia entre gestión y realidad se vuelve evidente.A esto se suma la contradicción señalada por sectores críticos respecto del financiamiento mediante crédito para la compra de patrulleros, en contraste con discursos previos que descartaban el endeudamiento para este tipo de gastos. Esa inconsistencia erosiona la credibilidad del relato oficial y alimenta la percepción de que la prioridad está en la puesta en escena antes que en una planificación integral.

Conducción policial bajo la lupaLa figura del jefe de Policía, Claudio González, tampoco queda al margen del cuestionamiento. La conducción institucional tiene la responsabilidad de canalizar las demandas internas antes de que se expresen públicamente. Cuando los reclamos llegan a la calle, el mensaje que se transmite es que los mecanismos internos fallaron o resultaron insuficientes.En estructuras jerárquicas como la policial, donde la verticalidad es regla, la falta de contención y representación efectiva puede amplificar el malestar. La movilización no solo interpela al poder político, sino también a la conducción operativa que debería mediar entre la tropa y el gobierno.

La responsabilidad política finalLa gestión de Rogelio Frigerio queda inevitablemente en el centro del análisis. Exaltar a la policía en el discurso mientras emergen protestas por condiciones laborales coloca al gobierno ante una contradicción difícil de disimular.

La seguridad pública no se fortalece únicamente con anuncios ni con actos institucionales; requiere coherencia entre lo que se declara y lo que se percibe en la base operativa.

El conflicto policial que asoma en Entre Ríos, sumado a antecedentes recientes en provincias vecinas, demuestra que el malestar en las fuerzas no es un fenómeno aislado ni anecdótico. Ignorarlo, relativizarlo o responder únicamente con estadísticas de inversión puede resultar políticamente cómodo en el corto plazo, pero no resuelve la raíz del problema.

Una señal que no debería ignorarseLa manifestación anunciada no es todavía una crisis abierta, pero sí una advertencia. Es el reflejo de una tensión acumulada que obliga a la dirigencia política a abandonar la autocomplacencia y enfrentar la discusión de fondo.

Si la conducción provincial decide leer este episodio como un hecho menor, corre el riesgo de repetir errores ya vistos en otras jurisdicciones, donde la desconexión entre gobierno y fuerza derivó en conflictos mayores. La seguridad pública no puede sostenerse sobre relatos optimistas mientras quienes la ejecutan sienten que sus condiciones quedan relegadas.

El 14 de marzo no será solo una marcha: será un termómetro político sobre la capacidad —o incapacidad— de la conducción provincial para escuchar, reconocer y actuar antes de que la tensión escale.

La mujer señaló que una de las principales problemáticas es la presencia de pastizales altos y microbasurales a cielo abierto, situación que genera la proliferación de mosquitos y roedores. “Desde que tengo recuerdos, este es un barrio olvidado por cualquier intendencia a cargo. La problemática de siempre es el pastizal, los microbasurales, los mosquitos y los roedores que andan en nuestras casas por la mala higiene y la falta de cloacas”, expresó.Villanueva indicó que el problema se presenta especialmente en la zona de calle Diamante y Solari Centro – Solari Norte, y en el conocido basural ubicado sobre calle Diamante, pasando la vía.Asimismo, manifestó que ha realizado reiterados reclamos sin obtener respuestas. “He llamado al 105 y publiqué esta situación en Facebook, pero no hay respuestas”, afirmó. También remarcó que, en ocasiones, pasa la máquina municipal para el mantenimiento de las calles, aunque aclaró que ocurre de manera esporádica: “Con suerte, a veces pasan la máquina”.La vecina reconoció que la responsabilidad también es social, pero consideró indispensable la intervención del Estado. En ese sentido, explicó que su intención al hacer público el reclamo es que la situación sea atendida por el Municipio. “Si bien somos culpables los humanos de todo esto, jamás obtuvimos respuestas a nuestras quejas. Es un barrio más que olvidado y sinceramente es preocupante la situación”, concluyó.

Los vecinos señalaron que la convocatoria tuvo como objetivo “salir a la calle para que las autoridades escuchen”, remarcando que no responden a partidos políticos ni a estructuras formales de representación barrial, sino que actúan de manera independiente ante la falta de soluciones concretas.Entre los principales puntos planteados, reclamaron el mantenimiento regular de las plazas del barrio y una intervención urgente para erradicar basurales a cielo abierto que se forman en distintas esquinas. En ese sentido, advirtieron que, de no encontrarse una solución inmediata, solicitarán que el servicio de recolección de residuos incluya todas las calles del barrio, incluso pasajes y cortadas internas.Asimismo, denunciaron el estado de abandono de los terrenos laterales del CIC Víctor Oppel, aclarando que esos espacios no cuentan con ninguna declaración de reserva natural ni corresponden a áreas protegidas, como en ocasiones se ha señalado. Según manifestaron, esos sectores se han convertido en focos de acumulación de basura, presencia de roedores y víboras, además de ser utilizados como lugares de refugio ocasional, generando preocupación por la seguridad y la salud de los vecinos.

Situación similar describieron respecto a los terrenos lindantes al Polo Productivo, ubicados sobre calle Moulins, los cuales —afirman— presentan las mismas condiciones de deterioro ambiental y falta de control. Indicaron además que se trata de espacios estatales donde ni siquiera el personal municipal o de seguridad urbana puede intervenir, por tratarse de problemáticas que requieren decisiones directas del municipio.Otro de los reclamos apunta al bacheo realizado meses atrás, que calificaron como una solución provisoria que no tuvo continuidad. También alertaron sobre la presencia de un pino de gran tamaño en una de las plazas del barrio, con riesgo de caída sobre una vivienda cercana, situación que ya fue advertida sin obtener respuestas.

Finalmente, los vecinos adelantaron que continuarán insistiendo por distintas vías institucionales. Si bien aclararon que no tienen definida ninguna medida concreta como cortes de calle, aseguraron que llevarán los reclamos “puerta por puerta y oficina por oficina” ante los funcionarios correspondientes, hasta que cada vecino y vecina obtenga una respuesta efectiva.

Respuesta inmediata tras el reclamo vecinalEn la mañana de este lunes, y a pocas horas de la asamblea realizada por vecinos autoconvocados del barrio Sarmiento, el Municipio de Concordia desplegó un operativo de limpieza y desmalezado en distintos sectores de la zona.Comenzaron las tareas en inmediaciones del CIC Víctor Oppel, con la intervención de personal de Seguridad Ciudadana, funcionarios municipales y cuadrillas de trabajadores.El operativo municipal se produjo casi de manera inmediata al planteo público realizado por los vecinos, quienes habían advertido sobre el impacto ambiental, sanitario y de seguridad que generaba el abandono. 

Los vecinos señalaron que la convocatoria tuvo como objetivo “salir a la calle para que las autoridades escuchen”, remarcando que no responden a partidos políticos ni a estructuras formales de representación barrial, sino que actúan de manera independiente ante la falta de soluciones concretas.

Entre los principales puntos planteados, reclamaron el mantenimiento regular de las plazas del barrio y una intervención urgente para erradicar basurales a cielo abierto que se forman en distintas esquinas. En ese sentido, advirtieron que, de no encontrarse una solución inmediata, solicitarán que el servicio de recolección de residuos incluya todas las calles del barrio, incluso pasajes y cortadas internas.

Asimismo, denunciaron el estado de abandono de los terrenos laterales del CIC Víctor Oppel, aclarando que esos espacios no cuentan con ninguna declaración de reserva natural ni corresponden a áreas protegidas, como en ocasiones se ha señalado. Según manifestaron, esos sectores se han convertido en focos de acumulación de basura, presencia de roedores y víboras, además de ser utilizados como lugares de refugio ocasional, generando preocupación por la seguridad y la salud de los vecinos.

Situación similar describieron respecto a los terrenos lindantes al Polo Productivo, ubicados sobre calle Moulins, los cuales —afirman— presentan las mismas condiciones de deterioro ambiental y falta de control. Indicaron además que se trata de espacios estatales donde ni siquiera el personal municipal o de seguridad urbana puede intervenir, por tratarse de problemáticas que requieren decisiones directas del municipio.

Otro de los reclamos apunta al bacheo realizado meses atrás, que calificaron como una solución provisoria que no tuvo continuidad. También alertaron sobre la presencia de un pino de gran tamaño en una de las plazas del barrio, con riesgo de caída sobre una vivienda cercana, situación que ya fue advertida sin obtener respuestas.

Finalmente, los vecinos adelantaron que continuarán insistiendo por distintas vías institucionales. Si bien aclararon que no tienen definida ninguna medida concreta como cortes de calle, aseguraron que llevarán los reclamos “puerta por puerta y oficina por oficina” ante los funcionarios correspondientes, hasta que cada vecino y vecina obtenga una respuesta efectiva.

La vecina María Laura Delduca hizo público el reclamo a través de redes sociales, donde difundió imágenes del lugar y describió la situación como “abandonada desde hace años”. Según explicó, el problema se originó cuando un camión desobstructor rompió el pavimento en esa esquina y, desde entonces, nunca se realizó una reparación definitiva.“El asfalto se está rompiendo cada vez más, el agua corre constantemente y se junta basura. Se forma un charco permanente que genera mal olor, pasto crecido y mosquitos”, expresó la vecina.Además, señaló que los reclamos fueron realizados en reiteradas oportunidades ante EDOS, sin que hasta el momento se haya dado una respuesta concreta ni una solución estructural. “Ya se habló miles de veces y todo sigue igual”, lamentó.La acumulación de agua estancada no sólo afecta la circulación y el estado de la calle, sino que también representa un foco de insalubridad para quienes viven en el sector. Los vecinos aseguran sentirse “olvidados” y reclaman una intervención urgente.Desde el barrio piden que las autoridades municipales y el organismo sanitario correspondiente tomen cartas en el asunto y realicen las obras necesarias para reparar la pérdida, sanear la zona y devolver condiciones adecuadas al lugar.

Mientras se espera que la Justicia descubra quién colocó las cámaras que fueron encontradas el jueves, Colello señaló que el descubrimiento “es doblemente grave porque si el exgobernador y el exsecretario general sabían que en sus oficinas habían cámaras ocultas” deberían haberlo informado.En cuanto a los posibles responsables de las cámaras, Colello dio que “son sectores que están interesados en escuchar lo que se habla en la gobernación y que de alguna manera eh se sienten incómodos o molestos con las transformaciones que estamos llevando adelante en la provincia y que no es la primera vez que pasan en la provincia”.Colello confirmó que “hemos encontrado tres aparatos de intercepción de audio y de video dentro de la gobernación” y resaltó que es un “un tema de una gravedad institucional.“Independientemente de quién lo haya puesto ahí es que nosotros nos encontramos con cámaras con capacidad de filmar tanto imágenes como audio camufladas en artefactos de sensores de movimiento. Lo que vulgarmente se llama una cámara oculta”, agregó.Una cámara estaba en “la propia oficina del gobernador, otra en el pasillo que une a la Secretaría General con la oficina del gobernador y un tercero en la Secretaría General”, contó.“Tomamos este hecho primero con mucha angustia porque a nadie le gusta que lo que lo estén espiando, pero por otro lado habida cuenta de que es el gobernador a quien se estaba espiando toma una gravedad institucional”, reiteró.Colello confirmó que el gobierno provincial hizo una denuncia ante la justicia (donde actúa el fiscal Santiago Alfieri) y tras ello también se inició “el proceso administrativo para entender quién las puso. Si alguien habilitó eh la habilitación la de la colocación de esas cámaras ocultas. Pero no sabemos todavía eh desde cuándo están colocadas esas cámaras”, acotó.Ahora “con total certeza puedo decir que son cámaras que están conectadas a corriente y que estaban en capacidad de poder funcionar perfectamente”, agregó.Pero “lo que hay que determinar ahora es si eso efectivamente se estaba usando o no y si la utilización, en el caso de que así sea, era solamente por medio de cable o había una utilización eh de manera de Wi-Fi remoto, es decir que iba un dispositivo de móvil por fuera de las de las oficinas”, advirtió.

En los últimos días, el gobierno uruguayo requirió a la empresa HIF Global que incorpore a Colón dentro del área de influencia del estudio de impacto ambiental, un paso que se inscribe en el reclamo impulsado por la Argentina y acompañado activamente por la provincia de Entre Ríos.Desde que se tomó conocimiento de la iniciativa, Entre Ríos manifestó de manera temprana su preocupación por la localización del emprendimiento, solicitó información detallada y advirtió sobre la necesidad de evaluar los impactos ambientales, sociales y económicos que podría generar sobre la costa entrerriana y las comunidades ribereñas.En ese marco, el mandatario viajó en dos oportunidades a la República Oriental del Uruguay para abordar este tema de manera directa, y mantuvo reuniones de trabajo con autoridades nacionales y departamentales, entre ellas un encuentro con el presidente Yamandú Orsi, donde expuso la preocupación de Entre Ríos y la necesidad de revisar el emplazamiento del proyecto.Frigerio planteó desde el comienzo que el desarrollo de energías limpias debe ser compatible con la protección del ambiente, el turismo y la calidad de vida de las comunidades, y sostuvo que la cercanía del proyecto a una ciudad como Colón hacía necesario revisar su emplazamiento.En ese sentido, el gobierno entrerriano reiteró que no se cuestiona la inversión ni el avance de proyectos vinculados a la transición energética, sino a la localización elegida para una iniciativa de gran escala, que podría generar impactos no deseados sobre una de las zonas turísticas más importantes de la provincia.La ampliación de los estudios ambientales representa un reconocimiento a la validez del planteo entrerriano, aunque desde el Ejecutivo provincial se considera que se trata de un paso necesario, pero aún insuficiente, y se mantiene la convicción de que la relocalización del proyecto es la alternativa más razonable para evitar conflictos y garantizar un desarrollo verdaderamente sustentable.Ante ello, el Gobierno de Entre Ríos continuará sosteniendo esta posición con responsabilidad institucional y vocación de diálogo. Haber actuado con anticipación, compromiso personal del gobernador y claridad en los planteos, permitió que el reclamo provincial sea escuchado y genere avances concretos en el análisis del proyecto.

Adriana Hernández, domiciliada en calle San Luis Oeste 1995, explicó que la pérdida se origina en la conexión de un vecino y que, al tratarse de una esquina, el escurrimiento del agua afecta de manera directa a varias viviendas. “Hace más de una semana que estamos con esta pérdida constante. Ya hicimos reclamos varios vecinos, incluido el mío, y no obtenemos respuestas”, señaló.

Según relató, realizó reiterados reclamos a los teléfonos fijos habilitados, sin recibir atención, y también se comunicó a través del WhatsApp, enviando fotografías de la situación. “Me respondieron que pasarían el reclamo, pero hasta ahora nadie vino”, indicó.

La pérdida provocó un marcado deterioro de las calles de tierra, que permanecen anegadas, con formación de barro y pozos, tal como se observa en las imágenes aportadas. Ante la falta de respuestas, algunos vecinos realizaron zanjas improvisadas para desviar el agua hacia otros sectores, aunque estas acciones no resolvieron el problema y empeoraron el estado de las arterias del barrio.

Además del daño a la infraestructura vial, los vecinos expresaron su preocupación por el desperdicio de agua potable, en un contexto en el que se promueve el cuidado del recurso. “La frase ‘Cuidemos el agua’ parece quedar solo para carteles o facturas, porque en la práctica nadie viene a solucionar este problema”, manifestó la vecina.Desde el barrio El Triángulo solicitan una intervención urgente para reparar la pérdida y evitar que la situación continúe agravándose, tanto para las viviendas afectadas como para el estado general de las calles.

La ex trabajadora municipal explica que se enteró de su desvinculación el 5 de enero, cuando al regresar del receso por fiestas no pudo marcar asistencia. Hasta ese momento trabajaba de lunes a viernes, de 7 a 13, realizando tareas de relevamiento y trabajo en territorio, funciones que —remarca— cumplió de manera constante y que nunca estuvieron ligadas a un cargo político ni a contactos partidarios.

Durante la entrevista, recordó un compromiso asumido por el actual intendente cuando aún estaba en campaña. Señaló que en ese momento les dijo que la gente que estaba trabajando no se iba a tocar. Sin embargo, tras la asunción de la nueva gestión, fue despedida por el cierre del área donde prestaba funciones. En aquella oportunidad, decidió acercarse personalmente al Municipio para reclamar. Aunque no fue recibida, finalmente pudo continuar trabajando. Según explicó, se reconoció entonces que había una promesa previa y que ella estaba cumpliendo tareas efectivas.

Hoy, la situación vuelve a repetirse, pero con un escenario más complejo. La mujer es jefa de hogar, vive sola con sus dos hijos, de 13 y 5 años, y actualmente no cuenta con ingresos. La pérdida del trabajo no solo implicó quedarse sin salario, sino también enfrentar deudas y la incertidumbre cotidiana sobre cómo sostener su hogar.

Su madre, Marta López, acompaña el reclamo desde el primer día y aporta un dato clave para entender la dimensión del conflicto: esta no es la primera vez que la familia lucha de esta manera por un puesto de trabajo. En 2013, durante una gestión anterior, permanecieron 96 días dentro de la Municipalidad, acampando en el primer piso, hasta lograr que su hija accediera a una oportunidad laboral.

Según relató Marta, sabían que existían vacantes, pero los pedidos eran sistemáticamente ignorados. En ese contexto, una abogada les explicó que cuando hay un puesto disponible se puede reclamar, ya que corresponde al primero que lo solicita, con un período de prueba. De ese modo iniciaron el reclamo que permitió el ingreso de la joven al ámbito municipal.

La trabajadora comenzó desempeñándose como monotributista, modalidad que sostuvo durante ocho años, y luego accedió a un contrato con aportes. Durante ese tiempo realizó todos los cursos que dicta la Municipalidad, se presentó a concursos y cumplió con cada tarea asignada, incluso en condiciones climáticas adversas. Su labor fue siempre territorial y de campo y, según su madre, se desarrolló tal como se lo requerían.

Marta también cuestionó los discursos oficiales que asocian los despidos con la existencia de “ñoquis” o ingresos irregulares. Consideró que ese tipo de afirmaciones estigmatizan a todos los trabajadores municipales y generan un perjuicio generalizado. Además, sostuvo que es erróneo afirmar que el puesto de su hija haya sido conseguido por motivos políticos o por intermediaciones, y remarcó que no existe una bandería partidaria que las identifique.

Actualmente, madre e hija permanecen en la puerta del edificio municipal, organizándose como pueden y recurriendo a una estación de servicio cercana para resolver necesidades básicas. Durante la jornada reciben el acompañamiento ocasional de vecinos y personas que se acercan a escuchar su historia y a expresar solidaridad.

El pedido final es que el intendente revise el legajo de la ex operadora territorial, su asistencia, su ficha limpia, los antecedentes presentados en concursos y su situación social actual. Marta insistió en que se tenga en cuenta que su hija trabajó de manera efectiva, que fue vista en tareas de campo y que la desvinculación no responde a la realidad de su desempeño.

Mientras tanto, la joven decidió permanecer en el lugar. Sin trabajo y sin respuestas formales, entiende que sostener la presencia frente al Municipio es la forma que hoy encuentra para hacer visible su reclamo y esperar una instancia de diálogo que, hasta el momento, no se concretó.

“Los vecinos estamos sumamente preocupados por el estado de esta construcción. Hace unos meses se cayó parte de la fachada y, por suerte, no hubo heridos, solo daños materiales y un par de días sin servicios. Pasan los días, las semanas, y sigue como lo dejaron, apuntalado con esos soportes, los cuales empezaron a ceder y están apoyados en cables de alta tensión”, expresó Leandro, uno de los frentistas que difundió el reclamo en redes sociales.Tras el derrumbe inicial, personal municipal se presentó en el lugar y realizó un apuntalamiento precario, pero desde entonces —aseguran los vecinos— nunca más se hicieron controles ni tareas de reparación. “Los dueños brillan por su ausencia, el municipio ni hablar. Día a día caen escombros solo con el movimiento del viento en la estructura. ¿Qué están esperando? ¿Una tragedia evitable?”, se preguntan.En el barrio señalan que ya se han presentado varias denuncias y reclamos formales, pero la situación continúa sin respuesta. Mientras tanto, el temor crece entre los vecinos que a diario deben transitar la vereda donde siguen apareciendo restos de mampostería.“Por favor, intendente y municipio, necesitamos urgentemente que intervengan”, concluyó Leandro, en un pedido que se repite cada vez con más fuerza en la comunidad.

La entidad rechazó las diversas normativas provinciales que imponen pagos a cuenta del impuesto al momento de la entrada de distintos tipos de bienes en su territorio para su posterior comercialización. Si previamente no se acredita el pago anticipado del tributo, no pueden ingresar a la provincia.“Observamos con preocupación que dichos esquemas comienzan a proliferar con grave daño al comercio interjurisdiccional y por tanto a las empresas que representamos. Cada uno de estos regímenes tiene sus particularidades y complejidades: formas de cálculo, tipos de bienes alcanzados, frecuencia de la obligación del ingreso de los pagos a cuenta; y documentación de respaldo que obligatoriamente cada transportista debe exhibir en los distintos puestos de control jurisdiccionales”, afirmaron en la carta.Las empresas que comercializan distintos tipos de mercaderías advierten que es una práctica cada vez más extendida en varias provincias y que afecta el funcionamiento normal del comercio y complica la gestión administrativa. Según señalan, los procedimientos establecidos por las normativas locales generan ineficiencias que obligan a destinar recursos adicionales.El principal obstáculo surge porque los despachos deben adecuarse a los días y horarios hábiles bancarios para emitir comprobantes y realizar pagos. Esto expone a los transportistas al riesgo de pérdidas en productos congelados o perecederos si los camiones son retenidos en los puestos de control por inconsistencias en la documentación.Además, las compañías subrayan que la implementación de estas medidas las obliga a invertir en sistemas específicos solo para cumplir con requisitos que consideran carentes de legalidad, flexibilidad y eficiencia.En consecuencia, “se producen efectos adversos en la logística por la necesidad de, por ejemplo, coordinar horarios de carga y descarga de los bienes, lo cual obstaculiza el desenvolvimiento del comercio interprovincial, genera un alto grado de burocratización e ineficiencias, eleva los costos y se traduce en un incremento de la carga fiscal, tanto por los aspectos financieros como administrativos involucrados”, sostiene el comunicado.“En un extremo, si todas las provincias replicaran esta mala práctica, implicaría que los centros logísticos sólo podrían operar en horarios bancarios, debido a que las transferencias se pueden realizar desde las 7 hasta las 18 horas durante los días de semana, cuando en la práctica estos centros logísticos operan las 24 horas incluyendo sábados y domingos”, agrega.Se agrega que estos regímenes se superponen a varios otros, como los Regímenes Generales, el SIRCREB (Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias) y el SIRTAC (Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra); los cuales se rigen de manera autónoma entre sí y que, en conjunto, generan de forma sistemática y recurrente saldos a favor que permanecen inmovilizados durante períodos indeterminados. Esta situación, advierten, provoca efectos financieros directos sobre las empresas“Todas estas complejidades operativas y efectos financieros atentan contra las constantes búsquedas de eficiencias en los costos de comercialización y distribución de las empresas, lo que potencialmente se traducen en mayores precios de venta al público, yendo en sentido contrario a las políticas de desregularización y desinflación que implementa el Gobierno Nacional, empeorando la competitividad de las empresas argentinas”, consideró la CAC.El presidente de la entidad, Mario Grinman, ya se había quejado días atrás, además de las tasas municipales, de la presión fiscal “descarada” de los gobernadores.En la misma línea se expresó este martes Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), quien reclamó avanzar en una reforma tributaria que reduzca la presión fiscal y simplifique el sistema. “La Argentina no sólo cobra mucho: cobra mal”.A su vez, un informe de la UIA indicó que, en promedio, cada empresa debe realizar 7,4 pagos de tasas municipales, un número que muestra tanto el aumento de tributos como la disparidad de situaciones entre provincias y municipios. Las pymes son las más impactadas, ya que la carga impositiva difiere de manera considerable según la ubicación geográfica. Infobae.

Por Felipe Vitola - Durante el 2024, el 29% de los accidentes automovilísticos fatales que se registraron en el país ocurrieron en rutas nacionales, de acuerdo a las estadísticas que recabaron desde el Informe de siniestralidad vial que realiza el Gobierno Nacional. En ese sentido, el foco sobre el estado de los caminos ya elevó el reclamo de varios gobernadores, quienes piden por un esfuerzo del Ejecutivo para reactivar la obra pública.Sin embargo, el presidente Javier Milei ha reiterado en varias oportunidades su búsqueda de implementar un sistema de obras privado para reemplazar al Estado en estas acciones. De hecho, en los últimos días, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció una reforma en el sistema de contratación, diseñada con el objetivo de eliminar antiguos mecanismos de “cartelización” y permitir una mayor competencia y transparencia entre las empresas nacionales y extranjeras.Justamente, según un informe de Chequeado, hasta el mes de mayo de 2025 el Ejecutivo inició solo 18 proyectos de obra pública. En tanto que no se avanzó en el 54% de las construcciones que se comenzaron en la gestión de Alberto Fernández.Esto generó que, desde varias provincias, pongan en el centro de discusión el estado de los caminos nacionales, no solo por la cantidad de accidentes viales, sino por el mal estado de rutas donde circulan automovilistas, camiones de carga y micros de larga distancia.Uno de los que alzó la voz en los últimos días fue Alberto Weretilneck, mandatario de Río Negro, quien criticó el estado de los caminos nacionales y aseguró: “Es el reflejo de un país donde Buenos Aires decide y las provincias pagan las consecuencias”.“La Ruta 22, la 23, la 40 y la 151… heridas, rotas, olvidadas. Hace más de 15 años que estamos esperando. Gobiernos van, gobiernos vienen, y las promesas se archivan. Pero la producción sigue saliendo por caminos destrozados, los turistas llegan por rutas intransitables y la gente se juega la vida todos los días. La respuesta es siempre la misma: que no hay plata. Pero en 2024, el Estado Nacional recaudó más de 2 billones de pesos del impuesto a los combustibles, que por ley deben destinarse a infraestructura vial. ¿Dónde está esa plata? ¿En qué provincia invierten? Porque en Río Negro, no”, continuó en sus redes sociales.El gobernador rionegrino aclaró que los caminos nacionales “son competencia de Nación” y añadió: “No se puede intervenir sin recursos, sin maquinaria, sin acuerdos. Lo propusimos. Lo dijimos en todos los tonos. Y lo volvemos a decir: Río Negro no va a usar sus fondos para cubrir la desidia de un gobierno que se borró”.“Esto no es ideología. Es una pelea justa por lo que nos corresponde. Defendemos a los rionegrinos. Defendemos a nuestra gente. Y tenemos derecho a transitar por rutas seguras. Porque cada vez que salimos a la ruta, salimos a trabajar, a producir, a sostener la economía de este país”, cerró.Por su parte, el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe, Carlos Torres, se refirió al estado de las rutas en la provincia por los baches, la iluminación y la falta de desmalezado. “Parcialmente, han hecho arreglos. En la ruta 33 taparon algunos pozos, pero fue muy precario”, señaló en declaraciones radiales.“Lo que exigimos es tapar pozos, prender las luces y cortar el pasto”, subrayó el funcionario en relación al trabajo que reclaman a Vialidad Nacional. Además, remarcó que “no es correcto desde lo legal”, pero justificó que la provincia debería accionar en los arreglos: “Si uno prioriza la vida de los santafesinos, yo lo haría”.En ese sentido, en los últimos días, se conoció que Alfredo Cornejo, uno de los gobernadores que mantiene una buena relación con el Presidente, firmó un convenio para que el gobierno de Mendoza se haga cargo de los vía nacionales que pasan por esa jurisdicción. Todo esto se dio luego del pedido de diputados nacionales al Gobierno para que declare el estado de emergencia de la Ruta Nacional 7, la principal vía de acceso terrestre a Chile.Cornejo señaló que se harán cargo de “235 kilómetros de rutas nacionales de alto tránsito y vital importancia logística y productiva”. En total será un tramo de la Ruta Nacional 7, uno de la Ruta Nacional 143 y tres sectores de la Ruta Nacional 40, que atraviesa la provincia. Este acuerdo permite la construcción de infraestructuras clave previamente solicitadas por la provincia para mejorar la conectividad y seguridad en diversas rutas. Los trabajos, que ahora se transferirán al ámbito provincial, incluyen cláusulas que imponen a Mendoza la responsabilidad sobre posibles reclamos durante su desarrollo. La administración mendocina tendrá la oportunidad de recuperar las inversiones, ya sea a través de la implementación de peajes en las nuevas rutas o reclamando los costos al Estado nacional si no se autoriza el cobro.

El Gobierno avanza en el plan de privatización de las rutas nacionalesDesde la Casa Rosada, bajo la dirección de la Dirección Nacional de Vialidad, han puesto en marcha audiencias públicas para discutir la privatización de más de 4.400 kilómetros de rutas que estaban bajo la gestión de la empresa estatal Corredores Viales S.A.. Este movimiento busca traspasar rutas a concesionarios privados como parte del plan mayor de cerrar la empresa estatal, según anunciaron fuentes oficiales al adelantar el medio Infobae.La resolución 827/2025 establece audiencias para la segunda fase de la Red Federal de Concesiones (RFC) que incluye ocho tramos estratégicos, distribuidos en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa. Estos representan una porción significativa del tránsito nacional, con la expectativa de concesionar un total de 9.342 kilómetros. En su fase inicial, el RFC discutió la concesión del Corredor 18, una ruta crucial para el Mercosur.Los futuros concesionarios podrían gestionar rutas de alto valor comercial como las autopistas Ezeiza-Cañuelas y Riccheri. De aprobarse, la privatización se llevará a cabo sin subsidios estatales, rompiendo con el esquema anterior que era considerado deficitario. Las vías nacionales ya no recibirán apoyo fiscal, centrando la estructura de financiamiento en los operadores privados.Durante las audiencias, divididas en fechas a mediados de junio, se dará voz a usuarios y vecinos para expresar sus opiniones y propuestas. Estas participaciones ciudadanas son parte del esfuerzo por mantener la transparencia en la adjudicación, que se completará usando resultados de un Data Room donde los oferentes han podido evaluar y sugerir mejoras a los documentos preliminares.La consolidación de la fase inicial se anticipa para completarse entre septiembre y octubre, señalando un nuevo modelo de gestión vial que buscará redefinir el panorama de infraestructura en Argentina. Infobae.

Las rutas afectadas son de vital importancia para el comercio internacional, y su deterioro en los últimos años ha generado preocupación.Según los trabajadores, ni el Gobierno ni Vialidad Nacional han tomado medidas para garantizar el mantenimiento adecuado de las vías, asfixiando a la concesionaria al no permitirle aplicar una tarifa que permitiera sostener la operatividad. Desde el sector denuncian que esta situación busca forzar la privatización sin garantizar la continuidad laboral de quienes dependen de este empleo."Lo único que han hecho es ahogar a la empresa y provocar que los trabajadores se queden sin empleo. Siempre los que pagan el ajuste son los eslabones más débiles", expresaron los empleados en el marco de asambleas informativas que están llevando a cabo en todos los turnos de trabajo.Actualmente, los peajes se encuentran liberados, lo que permite la circulación sin cobro en las rutas afectadas. Mientras tanto, los trabajadores continúan en estado de alerta, reclamando que el Gobierno Nacional asuma su responsabilidad y garantice el futuro de las 500 familias que dependen de esta fuente de trabajo."No somos la casta, no somos ‘ñoquis’. Somos trabajadores que cumplen con su horario y que merecen una respuesta clara sobre su futuro", enfatizaron desde el sector.Las acciones de protesta continúan y se espera que, en los próximos días, el reclamo cobre mayor visibilidad, en busca de una solución que garantice la estabilidad laboral y el mantenimiento de una infraestructura vial clave para la región.

El caso había fracasado en su instancia conciliatoria pero finalmente, como los abogados de la provincia pudieron demostrar que el producto contenía un desperfecto en la pantalla, se aplicó la nueva normativa del organismo de defensa del consumidor provincial sobre Daño Directo implementada a principio de año, donde además de abonar la multa, la empresa debió resarcir a su cliente. Este es el primer caso en 10 años donde se aplica esta herramienta, que asegura una compensación directa cuando las empresas violan la ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 perjudicando los derechos de los ciudadanos.Hasta ahora, cuando una empresa no resolvía un reclamo en la conciliación, solo se le imponía una multa a la compañía, pero el consumidor no era compensado. "Este caso marca un antes y un después en la protección de los derechos de los entrerrianos. Ya no se trata únicamente de imponer sanciones a las empresas que no cumplen con la normativa, sino de garantizar que el afectado reciba una compensación justa por los daños sufridos", señaló el coordinador de Defensa del Consumidor, Fernán Poidomani, al explicar la relevancia de la medida. El caso fue detectado con las herramientas de inteligencia artificial (IA) implementadas en la Dirección de Comercio Interior y Defensa del Consumidor de la Provincia, a partir de un convenio de trabajo con la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Este sistema analiza miles de reclamos en simultáneo y detecta patrones, como ocurrió en este caso, donde se identificó que más consumidores de lo habitual estaban reportando problemas similares con el mismo estilo de celular. Esto permitió que el caso fuera investigado más a fondo y se resolviera a favor del usuario.

 Luego de haber presentado en la Secretaría de Trabajo una denuncia por incumplimiento del acuerdo paritario por parte del Ministerio de Salud, el sindicato reclamó respuestas a las autoridades de Salud pública.

 �SUpcn y el gobierno, en sucesivas reuniones, han jerarquizado el ámbito paritario para debatir y acordar y en los trabajadores es cada vez mayor la conciencia sobre la importancia de que las decisiones se adopten en ese ámbito institucionalizado.

Sin embargo, la Ministra de Salud desmerece y desvirtúa la paritaria cuando evidentemente se toma un tiempo injustificablemente prolongado para poner en vigencia los acuerdos.

¿Podría explicar a los trabajadores por qué no cumple lo que se acordó en paritaria hace un año y dos meses, en octubre de 2021?⬝, dijo la secretaria Adjunta de Upcn, Carina Dominguez. En ese sentido, indicaron que �Slamentablemente aumentan los casos de covid y con ello, los trabajadores de Salud, siempre necesarios y responsables, renuevan el compromiso que tienen con su trabajo.

Está claro que ese compromiso no se corresponde con el de la ministra cuando tiene que resolver la situación de revista de 1500 trabajadores⬝.

Los trabajadores �Screen en la negociación paritaria, confiaron en la validez del acuerdo y no pueden comprender el silencio del Ministerio⬝, dijeron desde el sindicato y agregaron: �SPor su parte, Upcn considera que es gravísimo el incumplimiento porque la ministra no está dando curso a una decisión política que el gobierno ya tomó en la mesa paritaria. Pareciera que está más allá, tomando sus propias decisiones, manejando los tiempos como le parece⬝.

Públicamente Upcn ya hizo este reclamo y recientemente presentó una nota en la Secretaría de Trabajo. �SHoy volvemos a preguntar: ¿Hasta cuándo los trabajadores que están en una situación laboral precaria tienen que esperar para que se les reconozcan sus derechos?⬝, remarcó Domínguez.

La medida de protesta obedece al pedido de apertura del paso a nivel cerrado por la Municipalidad por ser un paso a nivel clandestino.

El hecho ocurrió pasado el mediodía y se extendió por varias horas ya que se esperaba la intervención urgente del juzgado Federal, ya que cortar el paso del tren es un atentado contra los trabajadores del ferrocarril y los bienes del Estado, por tal motivo constituye un delito Federal.

En el mes de Julio se abonó un 12% de aumento, tal cual lo convenido oportunamente con los gremios. En un principio el aumento iba a ser del 6% pero ante el contexto económico se decidió duplicar el aumento previsto.

Lo que sumado a los aumentos otorgados previamente este mismo año, representa un total anual que será del 60% acumulado en los incrementos salariales.

De esta forma, la Municipalidad de Concordia es uno de los Municipios del país que mayor aumento han otorgado. Durante los últimos dos años, los incrementos acordados con los gremios siempre han estado por encima de la inflación, garantizándose además el equilibrio de las finanzas municipales.

Ante la necesidad de incorporar personal a determinadas áreas esenciales, se avanza en la posibilidad de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de incorporar personal calificado que permita reforzar los servicios que el Municipio brinda.

Estas medidas se toman teniendo como premisa continuar mejorando la situación de los trabajadores sin comprometer los recursos públicos de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias.

Teniendo en cuenta los beneficios otorgados oportunamente, los cuales fueron acordados con las entidades gremiales, y existiendo siempre la buena voluntad de diálogo, el Ejecutivo Municipal considera extremas e inoportunas determinadas medidas tomadas por solo una de las entidades gremiales, que afectan al conjunto de la población, en un contexto muy difícil en el que debe primar el diálogo y el consenso, para poder avanzar en mejoras para nuestros vecinos y los trabajadores municipales, sin comprometer y provocar perjuicios irreparables a las arcas municipales.

Ante la situación presentada este lunes, el Municipio actuando con responsabilidad se presentó ante el Ministerio de Trabajo solicitando la conciliación obligatoria para que se retomen los servicios con normalidad mientras se avanza en los planteos presentados por el gremio que convocó a la medida de fuerza.

�SHicimos todos los reclamos pero no tenemos una solución. Estamos es una época donde debemos higienizarnos y no alcanza el agua⬝ afirmaron los vecinos.

�SCon estas altas temperaturas que estamos sufriendo no tenemos presión de agua y no podemos llenar los tanques⬝ coincidieron todos los vecinos damnificados quienes adelantaron que de no tener una respuesta pronta llamarán a todos los medios para plasmar el festejo de su tercer cumple mes.

 De acuerdo al Decreto 808/21, hasta el 3 de mayo no están permitidas las actividades culturales, y los artistas solicitan que de extenderse el plazo de las restricciones, ese punto en particular sea considerado especialmente.

Hacia fin del año de 2020 Concordia presentaba alrededor de 200 casos diarios y las actividades artísticas se desarrollaron sin inconvenientes, no registrándose casos de contagios relacionados a dicha actividad; por lo que esta medida resulta sorpresiva y deja sin trabajar a un sector ya muy castigado.

En principio aclararon que también se le envió carta al intendente de Concordia Alfredo Francolini para que esté al tanto de la misma que de acuerdo a lo informado desde la asociación, ya lleva más de mil firmas con el pedido para que puedan continuar trabajando.