El peso de los impuestos sobre la economía argentina volvió a quedar bajo análisis a partir de un nuevo relevamiento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). El organismo actualizó su medición anual sobre la relación entre la recaudación y el Producto Bruto Interno (PBI), un ejercicio que realiza desde hace más de tres décadas y que permite comparar la evolución de la carga fiscal a lo largo de distintos ciclos económicos y políticos. El resultado de este año marca un quiebre respecto de la tendencia que predominó durante buena parte de los últimos veinte años.

Según el informe, la presión tributaria efectiva consolidada del sector público argentino, que combina la recaudación de Nación, provincias y municipios, se ubicaría en 2026 en el 26,7% del PBI, dato que surge de una proyección del Iaraf e implica una baja de 0,9 puntos porcentuales respecto del 27,6% del PBI registrado en 2025, año en el que ya se había verificado un descenso interanual de 1,4 puntos porcentuales.Esta reducción “se explicaría exclusivamente por una menor presión tributaria nacional”, dice el Iaraf, y se concentra principalmente en la baja de la carga asociada a los derechos de exportación (retenciones), los impuestos internos y una medida de administración tributaria vinculada al IVA aduanero: la restitución de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del impuesto. A este conjunto de factores se sumó la implementación del Fondo de Asistencia Laboral contenido en la ley de “modernización” durante los dos últimos meses del año.

Tres décadas de evoluciónLa serie construida por el instituto dimensiona el recorrido de esta variable desde 1993, cuando la recaudación tributaria total del sector público era del 23% del PBI, nivel que se mantuvo relativamente estable hasta 2001. A partir del mínimo de 20% del PBI registrado en 2002, la presión tributaria efectiva dibujó una línea ascendente de 13 años y alcanzó su punto más alto en 2015, con 32,6% del PBI, al cabo de un aumento de 12,6 puntos del PBI en poco más de una década.

Tras el pico de 2015, el indicador comenzó a descender. Bajó 3 puntos porcentuales, a 29,2% del PBI en 2019, y desde entonces se mantuvo en torno al 29% del PBI, hasta 2024. Recién en 2025 se produjo la caída interanual más marcada de los últimos años, dinámica que, según la proyección del Iaraf, continuaría en 2026.Nadin Argañaraz, titular del Iaraf, difundió un posteo en la red social X en el que situó el dato en perspectiva histórica. Según explicó, la presión tributaria efectiva consolidada “en 2026 podría estar en niveles similares a los del año 2007, es decir alrededor de 26,7% del PBI”. De confirmarse esa proyección, se trataría del nivel más bajo registrado en cerca de veinte años.La comparación con años más recientes también resulta relevante. Respecto a 2023, la baja proyectada “implicaría una baja de 2 puntos porcentuales del PBI, concentrada en impuestos nacionales al comercio exterior”. Y frente al máximo de 2015, la caída “podría ser del orden de 6 puntos porcentuales del PBI”, una diferencia que, según precisó Argañaraz, está “prácticamente explicada por impuestos nacionales”.

El correlato en el gasto públicoDe hecho, el posteo de Argañaraz también vinculó la evolución de la presión tributaria con el comportamiento del gasto público. En ese sentido, señaló que “la significativa baja del peso del gasto público, del orden de 6 puntos porcentuales del PBI entre 2023 y 2026, se destinaría principalmente a la eliminación del déficit fiscal, siendo de alrededor de un tercio lo que terminaría financiando la baja de recaudación”. Es un hecho que, según esta lectura, la mayor parte del ajuste en las erogaciones estatales se destinó a equilibrar las cuentas públicas, mientras que una porción menor, equivalente a un tercio, sirvió para sostener la reducción de la carga tributaria.

Los que pagan y los que noEl propio informe distingue este indicador de otro concepto que también desarrolla el instituto, denominado carga tributaria formal. A diferencia de la presión efectiva, que se calcula sobre la recaudación realmente obtenida, la carga formal se basa en lo que “debería” pagar un contribuyente de acuerdo con la normativa vigente, sin considerar el incumplimiento ni la evasión. Según el Iaraf, esta segunda medición resulta relevante porque, en países con niveles significativos de evasión, la presión efectiva puede subestimar la verdadera incidencia de los tributos sobre quienes cumplen con la totalidad de sus obligaciones.En el caso de la presión tributaria efectiva, en cambio, la medición sí refleja lo que el Estado obtiene efectivamente en concepto de recaudación, comparado con el producto generado por la economía en su conjunto. Es esta última la que, según el informe, se ubicaría en el nivel más bajo en aproximadamente dos décadas durante 2026.En conjunto, los resultados presentados por el Iaraf describen una economía en la que la relación entre recaudación y producto bruto interno retrocedió a niveles que no se observaban desde hace casi veinte años, con una dinámica explicada, según el propio informe, de manera casi exclusiva por la evolución de los tributos nacionales, en particular los vinculados al comercio exterior.

Por Daniel Sticco - Una de las principales causas de la baja de recaudación fue el impacto de la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del impuesto.Febrero comenzó con la difusión de nivel récord del estimador mensual del PBI (EMAE) al cierre de 2025, pese a que otros indicadores alertaban sobre la persistencia de la debilidad del consumo interno y malestar en empresas afectadas por la competencia de importaciones.Esa heterogeneidad en el comportamiento de los diferentes aspectos de la economía real volvió a reflejarse en el resultado negativo de la recaudación tributaria ajustada por inflación, aunque también incidieron otros factores: reducción de impuestos y de alícuotas de Derechos de Exportación, especialmente para soja, trigo y maíz, en relación a las vigentes en febrero 2025, y eliminación de anticipos de IVA Aduanero,La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que en febrero las tres fuentes de ingresos tributarios -DGI, Aduana y Anses- recaudaron en conjunto $16,23 billones, lo que implica una suba nominal de 20,1% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que los precios aumentaron 32,4% en el mismo período.De ahí se desprende una caída de los recursos tributarios de 12,3% en términos reales en comparación con un año antes, y se constituyó en la séptima disminución consecutiva ajustada por inflación.Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), dirigido por Nadín Argañaraz, explica: “Al igual que en enero, una de las principales causas de esta baja de recaudación sería el impacto en la recaudación proveniente de Aduana (IVA DGA) de la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del impuesto”. A ello se suman los efectos de baja y eliminación de retenciones a las exportaciones y de aranceles sobre las importaciones a lo largo del último año, al que se suma desde marzo el fin del Impuesto Adicional a los Autos de Lujo.

Variación por fuente de ingresos fiscalesEn el análisis de la contribución de cada una de las fuentes de ingresos gestionadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se observa la siguiente dinámica:DGI: El componente netamente impositivo aumentó 33%, medio punto porcentual más que la inflación, sobresaliendo el repunte de lo ingresado por Transferencia de Combustibles 58% -por la suba de la alícuota-, y Ganancias con un crecimiento nominal de 38,3%. Por el contrario, se mantuvieron en retroceso en valores reales lo captado por IVA con 28,4% nominal; sobre los Créditos y Débitos Bancarios 22,7% -contó con 3 días hábiles menos con relación al año anterior-; a los Bienes Personales 14,8%; e Internos Coparticipados 10,9 por ciento.Aduana: El total de lo percibido por esta fuente bajó 16,8% en valores nominales. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, anunciaron que durante febrero las empresas del sector liquidaron operaciones por USD 1.289 millones; cayó 30% en comparación con el mes anterior.Destaca el reporte de las entidades exportadores del complejo cerealero-oleaginoso: “Febrero se caracterizó por una marcada reducción de días hábiles, únicamente 15 días, debido a los feriados y, en particular, a los días de paro nacional que decretaron sindicatos aceiteros por motivos políticos ajenos a la industria, relativos a las deliberaciones en las Cámaras de Senadores y Diputados de la Ley de Modernización Laboral finalmente adoptada”.En febrero se registraron paros que decretaron sindicatos aceiteros por motivos políticos ajenos a la industria, y afectaron las exportaciones del complejo oleaginoso.Anses: El crecimiento de lo ingresado al Sistema de Seguridad Social también se mantuvo por debajo de la tasa de inflación, fue de 26,2%, desagregado en 24,1% la suba por Aportes Personales; 27% Contribuciones Patronales y Otros Ingresos a la Seguridad Social 45,1 ciento.En el acumulado del primer bimestre de 2026, los ingresos tributarios tributarios subieron 21,1% interanual, acusaron una disminución de 8,2% ajustados por inflación, pese a que la actividad económico habría registrado un aumento de 2%, según estimaciones privadas.

Coparticipación y transferencias automáticasEn febrero de 2026, el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $5,42 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una baja real del 7,4% (en enero la baja fue del 7%) “La coparticipación, es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habría caído un 8,8% real.En febrero el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $5,42 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, cayó 7,4% en términos realesA partir de datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), el Iaraf estimó: “La caída de la coparticipación neta en febrero se debería principalmente a la disminución real interanual del IVA”.Al analizar la evolución de las transferencias automáticas por jurisdicción, Iaraf detectó que todas registraron variaciones reales negativas. No obstante, la dispersión fue de 5 puntos porcentuales entre CABA, con la mayor caída (8,6%), y Salta, con la menor (3,6%). En CABA, La Rioja y Santa Cruz, el mayor descenso relativo se explica por una menor participación en Leyes Especiales y compensaciones, las cuales aumentaron un 9% real interanual. En cambio, Salta, Tucumán y Catamarca tuvieron una caída menor debido a su mayor participación en estos componentes del reparto. Infobae.

 La recaudación fiscal de 2021 cerró con un incremento del orden del 66 por ciento, con un total de 11 billones de pesos, de acuerdo con estimaciones privadas, en base al comportamiento que han tenido los ingresos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a lo largo del año.

La mayor parte de esa suba se consiguió en los primeros meses del año.

En abril la recaudación fiscal trepó 105% en términos nominales, todo ello, debido a la baja base de comparación que había dejado el 2020.

Precisamente, en ese mes, del año anterior, se había producido el momento más duro del cierre de actividades que dispuso el gobierno para contrarrestar los contagios de Covid- 19.

Luego de ello, la tasa de mejora se fue acortando hasta estacionarse en los últimos meses del 2021 en el orden del 58 al 59 por ciento nominal, siempre por arriba de la tasa de inflación.

El comportamiento se debe al aporte que dejaron las retenciones a las exportaciones del campo, sobre todo por el efecto de la suba de los precios de la soja y los granos que vende la Argentina.

También, a lo largo del año, hubo ciertos ingresos extraordinarios que no van a estar presente en el 2022, porque su prórroga estaba incluida en el Presupuesto 2022 que fue rechazado por el Congreso.

Uno de los recursos con los que Guzmán no va a contar este año, si no se aprueba una nueva ley, es el Aporte Solidario, conocido como Impuesto a la Riqueza, que aportó unos 500.000 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones privadas.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) que es uno de los pilares de la recaudación, terminó el año en un nivel del orden de los 2,3 billones de pesos, mientras que la otra base, el Impuesto a las Ganancias, superaría los $3 billones.

En tanto, los aportes y contribuciones de la Seguridad Social concluyeron con ingresos del orden de los 2 billones de pesos.

La mayor parte de la recuperación de esos impuestos se registró en el segundo semestre, y se explica por la recomposición del empleo registrado.

El dato final se conocerá este lunes, cuando el Ministerio de Economía difunda las planillas con los datos.